STS de 2 de mayo de 1964

En la villa de Madrid, a 2 de mayo de 1964; en los autos de juicio ordinario declarativo de mayor cuantía, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia de Durango, por doña María Teresa, doña Dorotea y doña Aurelia Rementería, Ugarte, mayores de edad, casadas las dos primeras y viuda la otra, con licencia aquéllas de sus esposos, don Jesús Urrutia Eguía y don Mateo Aspe Arrieta, vecinas de Bilbao, Ochandiano y Galdácano, respectivamente, contra doña Vicenta Basaldúa Bilbao, viuda y don Nicolás Gandarias Basaldúa, mayores de edad, casado, productora y mecánico respectivamente, vecinos de Galdácano, sobre nulidad de escritura y otros extremos; vistos en grado de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos y pendientes ante Nos en virtud de recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por los demandados representados por el Procurador don Juan Corujo y López y con la defensa del Letrado don Joaquín Díaz, no habiendo comparecido ante este Supremo Tribunal la parte recurrida.

Resultando que por el Procurador don Luis María Aranda Larrañaga, en representación de doña María Teresa, doña Dorotea y doña Amalia Rementería Ugarte, las dos primeras con licencia de sus respectivos esposos, don Jesús Urrutia Eguía y don Mateo Aspe Arrieta y la tercera viuda, se formuló demanda de juicio ordinario de mayor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia de Durango, contra doña Vicenta Basaldúa Bilbao y don Nicolás Gandarias Basaldúa, sobre nulidad de escritura e inscripciones registrales y otros extremos, estableciendo los siguientes hechos:

Primero.- Que don Juan Rementería Ugarte, natural de Abanto y Ciérvana, falleció en su domicilio de Galdácano, en 19 de octubre de 1955, no dejando descendientes ni ascendientes a su fallecimiento, sobreviviéndole su esposa, hoy demandada, doña Vicenta Basaldúa Bilbao, con quien contrajo matrimonio en Galdácano el 3 de junio de 1916 lo que acreditaba con las oportunas certificaciones del Registro Civil.

Segundo.- Que sus mandantes son hermanas de doble vínculo de don Juan Rementería Ugarte, lo que acredita asimismo con las oportunas certificaciones del Registro Civil.

Tercero.- Que el citado don Juan Rementería heredó de sus padres don Francisco Rementería y doña Rosalía Ugarte, un terreno llamado Rementerisolo, sito en el barrio de Usansolo-Galdácano, de 749,50 metros, que describía, inscribiéndose dicho terreno en el Registro de la Propiedad de Bilbao, al libro 33 de Galdácano, primera posesión, folio 126, finca número 1.301.

Cuarto.- Que la referida finca la vendió dicho don Juan Rementería con el consentimiento de su esposa doña Vicenta Basaldúa, a don Nicolás Gandarias Basaldúa,

en el precio de 1.500 pesetas según escritura otorgada ante el Notario de Villaro, don Mario de Zubiaga, con fecha 21 de junio de 1953, figurando el precio de compraventa como pago confesado.

Quinto.- Que el comprador del terreno citado, con fecha 20 de septiembre de 1953 vende el mismo terreno a su tía doña Vicenta con licencia del esposo de esta señora don Juan Rementería, cuyo pago aparece también confesado, también le interesa hacer constar que, entre ambas ventas sólo han transcurrido tres meses.

Sexto.- Que por la certificación del Registro que presenta se prueba cuanto se viene exponiendo, figurando también en dicha certificación como en escritura otorgada por el mismo Notario con fecha 9 de mayo de 1945, se construyó una casa sobre el referido terreno que se denominó Villa Vicenta, que describía.

Séptimo.- Que le interesa hacer constar que la mencionada casa fue edificada por el finado Juan Rementería en el año 1923, según se acredita por la certificación del Ayuntamiento de Galdácano que acompañaba.

Octavo.- Que dicho don Juan Rementería falleció bajo testamento otorgado ante el mismo Notario de Villaro, el 21 de junio de 1953, que resulta ser el mismo día en que hizo la venta del terreno cuestionada a don Nicolás Gandarias, nombrando heredera única y universal de sus bienes a su esposa doña Vicenta Basaldúa.

Noveno.- Que este hecho hacía resumen de los anteriores.

Décimo.- Que dada la mala fe y temeridad con que han procedido los demandados no se ha intentado acto de conciliación, que se intentara una vez sea tomada anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad. Alegaba los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminaba suplicando al Juzgado que teniendo por presentada dicha demanda con las escrituras de poder, hojas de bastanteo, documentos de su referencia y copias de todo ello, se sirviera admitirla y sustanciándola con arreglo a derecho en su día dictar sentencia declarando: Primero. Nula y carente de todo valor y efecto legal la escritura de fecha 21 de junio de 1953, otorgada ante el Notario de Villaro don Mario Zubiaga por don Juan Rementería Ugarte, con el consentimiento de su esposa doña Vicenta Basaldúa Bilbao en favor de don Nicolás Gandarias Basaldúa, por la que se vendía a éste señor el terreno llamado Rementerisolo, sito en el barrio de Usansolo de Galdácano, de 749,50 metros cuadrados, de cabida, cuyos linderos son: Norte, doña Dorotea Rementería; Sur, doña María Teresa Rementería; Este, don Juan Bautista Azcuanagal; y Oeste, camino de Laminarrieta, por tratarse de una compraventa simulada. Segundo. Nula y carente de todo valor y efecto legal la escritura otorgada por don Nicolás Gandarias Basaldúa a favor de doña Vicenta Basaldúa Bilbao, con licencia del esposo de éste don Juan Rementería ante el Notario de Villaro don Mario Zubiaga el 20 de septiembre de 1953 en la que el citado señor Gandarias vendía a doña Vicenta Basaldúa Bilbao, el terreno descrito en el número precedente, por tratarse asimismo de una compraventa simulada. Tercero. Que el terreno llamado Rementerisolo, sito en el

Barrio de Usansolo, Galdácano, descrito en el número primero, es un bien raíz troncal por haberle heredado don Juan Rementería Ugarte de sus finados padres y estar enclavado en terreno aforado. Cuarto. Que la casa construida sobre dicho terreno, denominada Villa Vicenta, señalada con el número 14, que consta de planta baja, desván o camarote, y que tiene su entrada por el camino de Laminarrieta, y que confina por todos los lados con el resto del terreno dicho y mide 10 metros de frente por 9 de fondo, es conforme al Fuero de Vizcaya, un mejoramiento. Quinto. Que cualquier otro mejoramiento o edificación que exista o pudiera existir sobre el mencionado terreno, es también, conforme al Fuero de Vizcaya, un mejoramiento. Sexto. Nula y carente por tanto, de todo efecto legal aquella parte de la cláusula del testamento otorgado por don Juan Rementería Ugarte ante el Notario de Villaro don Mario de Zubiaga el día 21 de junio de 1953, que dice: que el testador carece..."de propiedad alguna de carácter truncal", quedando subsistente todo lo demás del mencionado testamento, Séptimo. Nulas por consiguiente y sin valor legal ni efecto alguno las inscripciones tercera, cuarta, quinta y sexta de la finca reseñada en el Registro de la Propiedad de Bilbao, bajo el número 1.301 de las del Ayuntamiento de Galdácano, libro 33 de Galdácano. Octavo. Que como consecuencia de lo anteriormente solicitado procede abrir la sucesión legítima foral de don Juan Rementería Ugarte en lo que respecta a los bienes raíces troncales y mejoramientos que existan o pudieran existir en los mismos y que conforme al Fuero de Vizcaya los herederos de dichos bienes son, por carecer de descendientes y ascendientes el citado causante, los parientes más próximos o cercanos de donde provienen los tales bienes raíces, encontrándose entre éstos herederos las demandantes, hermanas de doble vínculo de don Juan Rementería Ugarte estando obligados los herederos de tales bienes, por lo que respecta a los mejoramientos, a la que establece en favor de la viuda o de los sucesores de ésta la Ley VIII, título XX del Fuero de Vizcaya. Noveno. Condenar a los demandados a estar y pasar por las precedentes declaraciones y al pago de las costas si se opusieren a estas pretensiones. Por otros solicitaba la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad. Acompañó a la demanda los documentos a que en la misma se hace referencia.

Resultando que admitida a trámite la demanda y celebrado el acto de conciliación oportuno sin avenencia, se confirió traslado de la demanda a los demandantes, que por medio de su Procurador don Carmelo Bengos Uribaste, contestaron la demanda, alegando como hechos:

Primero a Noveno. Sin ningún inconveniente aceptan como ciertos los hechos que se aducen en los números uno al noveno de la demanda, bien que, como es obvio, no en modo alguno los comentarios o apreciaciones con que se rodean algunos de ellos y que por su parte se rechazan en absoluto.

Décimo. Como igualmente rechazan por inciertos de inadecuados los que se contienen en el hecho décimo de la demanda. Alegaba los fundamentos de derecho que estimaba aplicables y terminaba suplicando al Juzgado, que teniendo por presentado dicho escrito con su copia, y por evacuado en tiempo y forma el trámite de contestación

a la demanda, se sirviera, previa la tramitación del caso resolver el litigio por sentencia desestimatoria de la demanda y absolviendo a los demandados, y representados suyos de todas y cada una de las pretensiones que en ella se deducen, con expresa imposición a los actores de todas las costas del juicio.

Resultando que las partes evacuaron los traslados que para réplica y dúplica les fueron conferidos ratificando el contenido de sus escritos de demanda y contestación, y solicitando se dictase sentencia en los términos pretendidos en los mismos; y recibido el pleito a prueba a instancia de la actora se practicó la de confesión judicial de los demandados y la documental, sin que por la parte demandada se produjera prueba alguna.

Resultando que unidas a los autos las pruebas practicadas no habiendo solicitado las partes la celebración de vista pública, se les entregaron los autos por su orden para conclusiones, lo que verificaron dentro del término, quedando los autos conclusos para sentencia.

Resultando que por el señor Juez de Primera Instancia de Durango con fecha 21 de mayo de 1959, se dictó sentencia por la que desestimó la demanda absolviendo de la misma a los demandados, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas.

Resultando que interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia por la representación de los demandantes, doña María Teresa, doña Dorotea y doña Amalia Rementería Ugarte, admitido el recurso en ambos efectos y tramitado con arreglo a Derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, dictó sentencia con fecha 10 de febrero de 1960, por la que revocó la sentencia apelada y estimando la demanda formulada por doña María Teresa, doña Dorotea y doña Amalia Rementería Ugarte, contra doña Vicenta Basaldúa Bilbao y don Nicolás Gandarias Basaldúa, declaró nulas y carentes de todo valor las escrituras públicas de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953, y a que se hace referencia de manera expresa en la demanda; que el terreno Rementerisolo, sito en el barrio de Usansolo (Galdácano), descrito en la misma es un bien raíz troncal, por haberlo heredado don Juan Rementería Ugarte de sus finados padres y estar enclavados en territorio aforado, que la casa en el construida denominada Villa Vicenta, señalada con el número 14 y que asimismo se describe en la demanda, es conforme al Fuero de Vizcaya un mejoramiento, como a su vez lo es cualquier edificación que exista o pudiese existir sobre dicho terreno; que es nula y carente de valor, la cláusula del testamento otorgado por don Juan Rementería Ugarte, ante el Notario de Villaro don Mario Zubiaga en 21 de junio de 1953,que dice que el testador carece " y de propiedad alguna de carácter troncal", quedando subsistente en todo lo demás dicho testamento; nulas y sin valor alguno las inscripciones a que hace referencia en el número séptimo del suplico de la demanda, procediendo por último, abrir la sucesión legítima foral de don Juan Rementería en lo que respecta a bienes troncales y mejoramientos que existen o pudiese existir en los mismos y que conforme a las disposiciones recogidas el efecto por el Fuero de Vizcaya los herederos de dichos

bienes por carecer de descendientes, y ascendientes al citado causante, los parientes más profincos o cercanos de donde proceden tales bienes raíces, entre los que se encuentran las demandantes, y estando obligados los herederos de tales bienes por lo que respecta a los mejoramientos, a lo prevenido en la Ley VII, Título XX del Fuero de Vizcaya, respecto a su viuda y sus sucesores, sin hacer condena de las costas causadas en ambas instancias.

Resultando que por el Procurador don Juan Corujo y López Villamil, en nombre y representación de doña Vicenta Basaldúa Bilbao y don Nicolás Gandarias y Basaldúa, se ha interpuesto recurso de casación por infracción de Ley contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, con apoyo en los siguientes motivos:

Primero.- Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alegó error de derecho en la apreciación de la prueba practicada, con infracción del artículo 1.253 del Código Civil. Contra lo que opina la Sala de instancia no tiene nada de extraño ni menos de señal o indicio revelador de simulación: a) Que en la compraventa de un terreno inscrito en el Registro de la Propiedad, sobre el que haya una edificación no inscrita, aun cuando la compraventa comprenda la totalidad del inmueble, se mencione solamente el terreno, con fines fiscales, buscando una economía de gastos tributarios. La casa denominada "Villa Vicenta", sobre él construida, de forma rectangular, tan solo mide diez metros de frente por nueve de fondo —según se consigna en la demanda; esto es, 90 metros cuadrados de superficie, contra 749,50 metros cuadrados de terreno; b) Que haya diferencia entre el precio real de la venta y el escriturado, puesto que como se establece en las sentencias de esa Sala de 4 de mayo de 1950 y 10 de junio de 1954, es válida la venta cualquiera que sea la desproporción entre el valor de la cosa vendida, y el precio asignado; c) Que vendida por una persona la única finca troncal de su propiedad otorgue solo seguido, aquella su testamento, en el que consigue la veraz declaración de no tener bienes troncales, con el solo fin de poner de manifiesto su libertad de testar, por la carencia de herederos forzosos; d) Que las contraventas en cuestión tuvieron lugar entre parientes en grado próximo, puesto que no existe incompatibilidad alguna entre el parentesco y el contrato de compraventa: Es copiosa la jurisprudencia de esa Sala en el sentido de que las deducciones, derivadas de hechos reales, son de la libre apreciación del juzgador de instancia en la prueba de presunciones, con la salvedad de que si resultan contrarias a las reglas del criterio humano. A guisa de ejemplo cita la doctrina de las sentencias de esa Sala, de 11 de octubre de 1906, 22 de octubre de 1914, 9 de enero y 4 de junio de 1947, 25 de junio de 1948, 13 de febrero de 1951 y 8 de mayo 1956. Es contrario a las reglas del criterio humano y al recto proceso lógico y de enlace entre lo deducido y los hechos que sirven de base para la deducción que las compraventas de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953, del terreno "Rementerisolo", son simuladas, no solo por lo ya dicho, sino también porque no hay ninguna relación de causa a efecto entre dichas ventas y la pérdida del carácter de troncal por el inmueble "Rementerisolo". Y no hay ninguna relación de causa a efecto entre las compraventas y la conservación o pérdida 5

del carácter troncal de la raíz, ya que por el hecho de que un vizcaíno venda a un extraño un inmueble de carácter troncal, éste no pierde tal condición. Se equivoca, pues –con la consiguiente infracción del precepto del artículo 1.253 sobre valoración de la prueba de presunciones– la Sala sentenciadora, en su apreciación de hecho, derivada de meras presunciones, de que las escrituras públicas de compraventa de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 son simuladas, apreciación que es el pilar y sustento único de la estimación, por la Sala sentenciadora, de la demanda de las señoras Rementería Ugarte.

Segundo.- Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alegó error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, resultante, el de hecho, de un modo evidente, de documentos auténticos, y el de derecho, por la infracción del artículo 1.218 del Código Civil. Como muy acertadamente razona el señor Juez de Primera instancia es a la parte actora a quien corresponde la prueba de la inexistencia por simulación de las ventas otorgadas por don Juan Rementería a favor de Nicolás Gandarias y por éste a favor de la esposa del primero doña Vicenta Basaldúa, tanto por ser dicha inexistencia el hecho constitutivo y fundamento único de la demanda, como porque realizadas tales ventas mediante escrituras públicas e inscritas en el Registro de la Propiedad, han creado una situación jurídica en la que la parte demandada se halla amparada por la presunción de veracidad que emana de dichos instrumentos y del contenido del Registro de la Propiedad. No solo existe, pues, el error de derecho notoriamente derivado de la infracción del artículo 1.218 de Código Civil, sino también el error evidente de hecho, demostrado por el texto de escrituras públicas de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953, que no puede ser en ninguna manera desvirtuado, según lo entendió rectamente el Juzgado de Primera Instancia de Durango, por la única prueba practicada, que fue la de la confesión del demandado don Nicolás Gandarias pues no puede estimarse que realidad de las transmisiones del dominio operadas con arreglo a las repetidas escrituras quede desvirtuada y anulada porque el señor Gandarias dijera en su confesión que el precio real fuese el de 60.000 pesetas, en lugar de 1.500 pesetas, ni porque el señor Gandarias manifestara, en la propia diligencia, que compró el terreno para edificar, puesto que como ya se ha dicho ese propósito resulta perfectamente factible y razonable si se tiene en cuenta que cuando el señor Gandarias compró el terreno de 749,50 metros cuadrados tan solo estaba edificado, cuando ya antes se apuntó en menos de la octava parte.

Tercero.- Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alegó infracción, por errónea e indebida aplicación del artículo 1.261 del Código Civil. La sentencia recurrida acepta equivocadamente el hecho de la simulación de las escrituras de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953, pero sin invocar precepto alguno legal sobre el particular. Parece que la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial, aun cuando se lo menciona, hace aplicación del artículo 1.261 del Código Civil. Sobre la base de que los contratos escriturarios de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 son simulados, con tácita aplicación del artículo mencionado, 1.261 del Código Civil decreta la ineficacia de tales contratos, pero equivocándose al apreciar la prueba de presunciones, según lo establecido en el motivo de casación anterior. Pero 6

demostrado que la simulación no existió, y que los contratos de referencia fueron reales y efectivos, la aplicación a los mismos, del artículo 1.261 del Código Civil hecha por el Tribunal de Instancia resulta de todo punto improcedente, en la forma y escrito en que la ha llevado a cabo la sentencia recurrida. Válida y eficaces los contratos escriturados de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953, por reunir todos los requisitos señalados en el artículo 1.261 del Código Civil la demanda cae por su base, y la sentencia que la estima y acoge, debe ser anulada y casada.

Cuarto.- Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alegó infracción por errónea e indebida aplicación del artículo 1.275 del Código Civil. Según la sentencia recurrida la causa de los contratos escriturarios de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953, fue falta e ilícita, porque la finalidad de esos contratos no fue otra, según el Tribunal de Instancia, que la de privar a los parientes tronqueros del inmueble "Rementerisolo", mediante las sucesivas transmisiones del mismo de don Juan Rementería a don Nicolás Gandarias, y de éste a la esposa del señor Rementería, doña Vicenta Basaldúa, para que, a fin de cuentas, fuese esta señora quien se constituyera en propietaria de "Rementerisolo". Al hacer de esta suerte una aplicación, también tácita, del artículo 1.275 del Código Civil, al que ni se mencionaba ni se alude en los razonamientos de la sentencia recurrida, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, infringe tal artículo por errónea e indebida aplicación del mismo porque confunde la causa de los contratos con lo que entiende fue el móvil o la finalidad de los mismos; y segundo, porque la finalidad de lograr que un determinado bien inmueble, radican-te o no en tierra llana, pase a ser de la propiedad de la esposa y no de otros parientes, por muy tronqueros que éstos sean, no es una finalidad ilícita, ni inmoral, ni contraria a la Ley, sino simpática, legal, moral y plausible. Que un marido amante de su esposa, con la que ha compartido la mayor parte de su vida, se preocupe de su mujer, de la condición económica de su mujer si quedare viuda, y que quiera que sus bienes pasen a la compañera que Dios le deparó y no a colaterales que tal vez la amargaran la existencia o no se acordaran de él, sino a la hora en que creyeron posible heredarle, no es reprochable ni es ilícito, no lo prohíbe el Fuero de Vizcaya. El Fuero de Vizcaya no prohíbe las ventas ni las transmisiones de propiedad de bienes raíces troncales a extraños, como la venta de don Juan Rementería hizo a favor de don Nicolás Gandarias por escritura pública de 21 de junio de 1953. El Fuero de Vizcaya se limita a exigir que si un vizcaíno vende un bien raíz radicante en tierra llana, lo anuncie en la forma que el Fuero determina, y que si no lo anuncia así los parientes tronqueros puedan hacerse con la propiedad de la raíz no gratuitamente, sino pagando su justo precio. Así pues, aun desde el equivocado punto de vista de que la finalidad exclusiva de las compraventas contenidas en las escrituras públicas de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 fuera la de evitar que el inmueble "Rementerisolo" pasara a los parientes tronqueros de don Juan Rementería, sería errónea e indebida la aplicación al presente caso del artículo 1.475 en la forma y de la suerte en que lo ha aplicado y entendido la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos.

Quinto.- Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de 7

Enjuiciamiento Civil alegó infracción, por inaplicación de la ley VI del título XVII del Fuero de Vizcaya, que previene. Cuando un vizcaíno, como lo fue don Juan Rementería, vende un inmueble sito en tierra llana, como lo es el terreno "Rementerisolo" de Usansolo –Galdácano–, a un extraño, como para los efectos de este pleito lo eran don Nicolás Gandarias, sin la solemnidad previa de los llamamientos forales, esa venta no es nula, "per se" sino anulable a instancia de los parientes más profincos de la línea de donde el inmueble procede, precisa y exclusivamente mediante la puesta en ejercicio de la acción de "saca", regulada por la Ley VI del Título XVII del Fuero de Vizcaya, dentro de los cauces y de los términos prevenidos por dicha Ley. Al no haber ejercitado doña María Teresa, doña Dorotea y doña Amalia la acción de saca que les otorga la Ley VI de Título XVII, dentro de los términos señalados en esa Ley, no debieron ser oídas ni admitidas –esto es, su demanda debió ser rechazada y repelida, y absueltos de la misma los demandados– como taxativamente lo ordena la repetida Ley, y la transmisión de propiedad del terreno "Rementerisolo" de don Juan Rementería a don Nicolás Gandarias, de 21 de junio de 1953, quedó firme e inatacable para las demandantes y consiguientemente también la que después hiciera el señor Gandarias a favor de doña Vicenta Basaldúa. Al no entenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido la Ley VI del Título XVII del Fuero de Vizcaya, infracción hábil por sí sola para motivar la anulación y la casación de la sentencia recurrida.

Sexto.- Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alegó infracción, por inaplicación de la Ley VI del Título XVII del Fuero de Vizcaya, en un aspecto distinto del considerado en el motivo de casación precedente, y del artículo 1.302 del Código Civil, y de la relación de ambos preceptos legales. La Ley VI del Título XVII de Fuero de Vizcaya sería igualmente aplicable al caso, e igualmente eficaz a los efectos del recurso de casación, aun en el hipotético y falso supuesto de que las escrituras de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 fueran simuladas. Según el artículo 1.302 del Código Civil tan solo pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos, circunstancia que de ninguna manera concurre en las señoras Rementería Ugarte respecto de los contratos de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 por ellas impugnados. Cierto que la jurisprudencia ha sancionado que aun quienes no son parte en un contrato, ni hayan quedado obligados ni principal ni subsidiariamente por razón del mismo puedan ejercitar la acción de nulidad respecto de tal contrato si las per­judicaba o les priva de sus derechos; pero ese remedio de la nulidad para reparar un daño es un remedio excepcional y extraordinario, que no compete a los perjudicados por un contrato en el que no hayan sido parte si la Ley, pone en sus manos otros medios, digamos normales y ordinarios, encaminados a tal fin y eficaces, para lograrlo en derecho. No puede caber duda alguna acerca de que el otorgamiento de la escritura pública de venta por don Juan Rementería a don Nicolás Gandarias de la finca "Rementerisolo" facultó a los señores Rementería Ugarte para el ejercicio de la acción de "saca" y establecida en la Ley VI del Título XVII del Fuero de Vizcaya, aun cuando la compra y venta fuese simulada, hipótesis que consigno a los únicos efectos de su

razonamiento. No puede admitirse, no puede sancionarse, que después de que las señoras Rementería Ugarte hicieron dejación de la acción de "saca" -herramientas que la Ley ponía en su mano para hacer prevalecer los derechos de troncalidad, institución a la que tanto respeto aparentan profesar- puedan ejercitar en su provecho el remedio excepcional y extraordinario de la acción de nulidad, previsto para cuando no existan los normales y ordinarios. Parecería antijurídico y aun contrario a la ética, que la dejación de su derecho de "saca" por las señoras Rementería Ugarte cuando correctamente lo pudieron ejercer, mediante el pago del justo precio de "Rementerisolo", raíz troncal a la razón, según tasación pericial y como lo manda el Fuero de Vizcaya, se premia ahora con el regalo, con la entrega a título gratuito, de lo que no quisieron adquirir en tiempo y forma, y con los requisitos justos y oportunos.

Séptimo.- Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alegó infracción, por aplicación indebida, de la Ley VIII del Título XX del Fuero de Vizcaya, y por no aplicación del principio de derecho de que lo accesorio sigue a lo principal, y del precepto contenido en el artículo 353 del Código Civil. La sentencia recurrida califica a la casa construida sobre el terreno "Rementerisolo" como "mejoramiento", según las disposiciones de la Ley VIII del Título XX del Fuero de Vizcaya. Pero claro es, esa calificación de "mejoramiento" se basa en el error de que el terreno "Rementerisolo" es un bien relicto al fallecimiento del señor Rementería, y que debe corresponder, por tal fallecimiento a los parientes profincos de la línea de donde tal raíz procede:"Mejoramiento" viene a ser como un adjetivo calificativo del sustantivo "raíz troncal relicto". No puede haber "mejoramiento" de una raíz que debe pasar a los parientes profincos de la línea de donde la raíz procede, si no ha quedado raíz troncal relicta, como ha demostrado no haber quedado en los precedentes motivos de casación. Si no existe raíz troncal relicta, ni derecho a la misma de los parientes profincos respecto del terreno "Rementerisolo", contraría al principio general de derecho de que lo accesorio sigue a lo principal, tantas veces sancionado por la Jurisprudencia, y su aplicación en especial al dominio y la capacidad, contenida en el artículo 353 del Código Civil, el pronunciamiento de la sentencia recurrida de que la casa construida sobre el terreno cuestionado tiene la condición legal y foral de "mejoramiento".

Octavo.- Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegó infracción de la doctrina de esa Sala, contenida en numerosísimas sentencias, en el sentido de que en materia de sucesión instada rige el Código Civil en toda España, como consecuencia del carácter general que, alcanzó la Ley de Mostrencos de 1835, a la que sustituye. La Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos ha corrido un camino equivocado -estimación de que las escrituras públicas de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 son simuladas, con simulación absoluta, no toma en consideración de que la única acción pertinente que pudieron haber puesto en ejercicio las demandantes era la establecida en la Ley VI del Título XVII, declaración consiguiente de raíz troncal relicta -para llegar a la meta de que debe procederse, según lo expresa el fallo impugnado, a abrir la cuestión legítima foral de 9

don Juan Rementería. El fallo recurrido emplea la frase "procediendo por último a abrir la sucesión legítima foral de don Juan Rementería en lo que respecta a bienes raíces troncales y mejoramiento que existan o pudiesen existir en los mismos". Esa frase es netamente equivalente a la que hubiera podido emplearse decretando la apertura de la sucesión intestada. La Sala sentenciadora ha entendido que el señor Rementería falleció parte testado y parte intestado, y en cuanto murió intestado, ordena la apertura de la sucesión legítima o abintestato. Ello contra lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Sala cuya doctrina resulta infringida. Citó a modo de ejemplo las sentencias de esa Sala de 10 y 13 de junio de 1914, y 7 de junio de 1914 y 7 de julio de 1915, 10 y 13 de octubre de 1919, 27 de octubre de 1920, 11 de diciembre de 1922, 24 de junio de 1925, 25 de febrero de 1926, 19 de enero de 1927, 4 de julio de 1928, 17 de diciembre de 1928, 18 de enero de 1930,30 de mayo de 1940, 19 de diciembre de 1940,30 de diciembre de 1942, 31 de enero de 1950, 23 de enero y 1 de febrero de 1958, etc., en las que se establece la doctrina de que los preceptos de las legislaciones forales no rigen cuando se trata de sustituir mediante lo ordenado por disposiciones legales la voluntad no expresada por el causante.

Resultando que admitido el recurso e instruida la parte recurrente, única comparecencia, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la Vista con las debidas citaciones, acomodándose posteriormente la tramitación a lo dispuesto en la Ley de 8 de julio de 1963, evacuándose por la parte recurrente el trámite que para alegaciones le fue conferido y señalándose el día 17 de abril para el fallo del recurso.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Diego de la Cruz Díaz.

Considerando que la conclusión –determinante de la nulidad absoluta de las escrituras de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 sentada por el Tribunal de Instancia– de ser simulados los contratos de compraventa que en ellas tienen constancia y que no tuvieron otra finalidad que la de despojar, mediante la apariencia de tales convenciones, del carácter de bien troncal al inmueble objeto de ellas, sustrayéndolo así, del régimen del Fuero de Vizcaya a que estaba sometido y, hacer posible que llegase a ser propiedad de la demandada, es censurada en los dos primeros motivos del recurso que, formulados por el cauce del número siete del artículo 1.692 de la Ley Procesal denuncian, uno error de derecho en la apreciación de la prueba con infracción del artículo 1.253 del Código civil, y de hecho y de derecho el otro, con cita, como documentos auténticos, de las escrituras discutidas, y como regla de valoración de prueba no tomada en consideración por la sentencia recurrida el artículo 1.218 del mismo cuerpo legal, ninguno de cuyos motivos, puede prosperar, el primero porque, aceptados los hechos de los que el Tribunal " a quo " deduce que las enajenaciones que constan en las escrituras son pura ficción dirigida a conseguir el tránsito del inmueble que se dice vender, a la propiedad de la demandada, es en realidad, el proceso deductivo que el Tribunal de instancia hace para obtener la conclusión que sienta, lo único que en el motivo se critica, y esto solo puede impugnarse, conforme a reiterada Jurisprudencia de esta Sala –sentencias de 30 de noviembre de 1961 y 7 de febrero de 1962– por el

número primero del artículo 1.692 de la Ley Procesal, y en cuanto al motivo segundo, su desestimación la impone, por lo que el error de hecho se refiere, el que los documentos en que éste se funda son las propias escrituras discutidas en el proceso, incapaces de hacer prueba de sí misma y, en cuanto a la infracción del artículo 1.218, porque los documentos públicos, solo prueban, que los otorgantes hicieron las manifestaciones que en ellos se consignan pero en manera alguna que estas manifestaciones se acomoden a la realidad, sin que sea obligado acertar como inconcuso que la expresión externa corresponda a lo internamente y en verdad querido por los que en el documento intervienen.

Considerando que los motivos tercero y cuarto en los que al amparo del apartado primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento se denuncian las infracciones de los 1.261 y 1.265 del Código Civil también son desestimables, por cuanto, firmes e inmutables las conclusiones sentadas por el Tribunal de instancia consistentes en que, en las escrituras de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 se simuló una compraventa, siendo así que lo voluntariamente querido por las partes fue el hacer propietaria del bien troncal objeto de las mismas a la demandada, sustrayéndole de tal condición mediante estas fingidas ventas, es obvio que, ante esta apariencia de contrato de compraventa, y la evidente ilicitud por oponerse a la Ley, de la causa que real y ciertamente motivaba la expresión de voluntad, no han podido infringirse los preceptos citados en los motivos que se examinan, cuya vulneración requeriría, el aceptar la realidad de los contratos que en las escrituras tienen constancia, por contener la totalidad de requisitos que el .artículo 1.261 del Código Civil exige, o cobijarse otro que tuviese causa verdadera y lícita.

Considerando que al amparo del apartado primero del artículo 1.692 del Ley de Enjuiciar los motivos quinto y sexto denuncian la infracción, en el concepto de inaplicación de la Ley VI del título XVII del Fuero de Vizcaya, cada uno de ellos desde punto de vista distinto, en uno argumentado, que el bien raíz vendido solo puede ser, conforme a Ley citada, objeto de "saca" por los parientes tronqueros, a lo sumo dentro de los tres años a partir de la venta y aduciendo desde otro supuesto el sexto que , aun cuando fuesen simuladas las escrituras de venta los actores carecerían de la acción que concede el artículo 1.302 del Código Civil, pues solo se encontraban investidos de la que conforme a la Ley que se afirma infringida podían ejercitar dentro de determinado plazo, más, como fácilmente se advierte, lo argumentado carece de eficacia para demostrar las infracciones que se denuncian, pues parten, respecto a lo sostenido en el motivo quinto del supuesto de que los contratos de compraventa figurados en las escrituras de 21 de junio y 20 de septiembre de 1953 son válidos, y en cuanto a lo defendido en el sexto de que dichos contratos serían solo anulables, pero como contrariamente a tales premisas que los activos requieren es conclusión de la Sala sentenciadora, que los negocios que dichas escrituras reflejan son simulados, con apariencia contraria a la realidad y en los que existen absoluta disconformidad entre lo expresado por los que en ellas intervienen y lo realmente querido, sin que disimulen ningún otro que por su licitud fuese válido, obvio es que, al no tener existencia las compraventas en cuya supuesta validez se fundamentan los motivos examinados, éstos 11

no pueden ser estimados, como por idéntica razón ha de rechazarse el motivo séptimo, en el que por la misma vía procesal se denuncia en el concepto de aplicación indebida la infracción de la Ley octava del Título XX del Fuero de Vizcaya, pues al basarse en que por ser válidas y eficaces las ventas del bien troncal éste perdió su carácter de tal y consecuentemente del de "mejoramiento" lo en él edificado, pues parte también del mismo supuesto no admitido por la Sala, de que determina la desestimación del motivo.

Considerando por último el motivo octavo en el que también a través del número uno de artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciar se sostiene que "al disponer la sentencia impugnada la apertura de la sucesión legítima foral en lo que respecta a los bienes raíces troncales y mejoramientos que existen o pudieran existir en los mismos se infringe la doctrina jurisprudencial en cuanto tiene establecido que en materia de sucesión intestada rige el Código Civil como consecuencia del carácter general que adquirió la Ley de 16 de mayo de 1835; tampoco puede prosperar, porque, aparte de ser causa bastante para desestimarlo el defecto formal en que incurre al no expresar el concepto de la infracción de que el fallo impugnado acusa, incumpliendo con tal omisión lo imperativamente ordenado por el artículo 1.720 de la Ley Procesal, omisión que es sancionada con la inadmisión del recurso por el 1.729 y en esta fase procesal con su desestimación, es que además, el tema que los recurrentes ahora plantean censurando la decisión del Tribunal de instancia referente a expresa petición de las actoras en sus escritos fundamentales, no solo no fue discutido en el proceso, sino que la oposición de aquellos se concretó a sostener la validez de los contratos de compraventa que en las escrituras de 21 de junio de 20 de septiembre de 1953 se reflejan y a que, por esta validez, al no haberse ejercitado el derecho^« de "saca" a que se refiere la Ley VI de Título XVII del Fuero de Vizcaya, no eran de aplicación las que regulaban la sucesión de los bienes de raíz troncal, lo que pone de relieve, el carácter de cuestión nueva que la proposición actual de los recurrentes tiene, la Sala no puede suscitarse inicialmente en estos recursos extraordinarios.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por doña Vicenta Basaldúa Bilbao y don Nicolás Gandarias y Basaldúa contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos con fecha 10 de febrero de 1960 en los autos promovidos por doña María Teresa, doña Dorotea, y doña Amalia Rementería Ugarte contra los expresados recurrentes, sobre nulidad de escrituras públicas y otros extremos; se imponen las costas causadas ante este Tribunal a los indicados recurrentes, y a su tiempo comuníquese esta resolución a la Audiencia de su procedencia con devolución del Apuntamiento remitido.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa, para lo que se facilitarán las oportunas copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Juan Serrada Hernández.– Diego de la Cruz Díaz.– Antonio de Vicente Tutor y Guelbenzu.– Manuel Taboada Roca.– Federico

Rodríguez Solano y Espín.– Rubricados.

Publicación.– Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente excelentísimo señor don Diego de la Cruz Díaz, celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de que certifico.– Ramón Morales.– Rubricado.