STSJPV de 12 de abril de 1991

En Bilbao, a doce de abril de mil novecientos noventa y uno.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia que con fecha 9 de noviembre de 1989 dictó la Sección 1.^a de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en apelación le la dictada en juicio de cognición n.° 279/86 sobre acceso a la propiedad de Inca rústica por el Juzgado de 1^a Instancia de Durango; figurando como recurrente D.ª Cecilia, representada por la Procuradora Sra. Basterreche Arcocha y como recurrido D. Roberto representado por el Procurador Sr. Ors Simon.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Por el procurador D. Carlos Javier Sainz de Trueba en nombre de D. Roberto, se dedujo demanda de cognición contra D. Felipe en la que se alegó: 1.°) La Casería B., sita en el barrio de Apatamonasterio, término de Atxondo, fue cedida junto a sus pertenecidos en arrendamiento a los antecesores de su representado, en una fecha que no es posible determinar, puesto que carecemos de noticia exacta;obre la fecha inicial del arriendo, pero ya los ascendientes del actor explotaban a casería, por cuanto que el 31 de diciembre de 1910 figuraba ya empadronado con domicilio en la misma D. Benito abuelo de su representada-do. Siendo arrendatario el citado Benito nació en el caserío su hijo y padre del actor D. Timoteo en el año 1918, el cual fallecido su padre continuó como sucesor de éste en el arrendamiento, presentó algunos recibos de renta que han sido localizados expedidos a nombre de Timoteo. 2.º) D. Timoteo, padre del actor se vio sorprendido por una carta de fecha 14 de enero de 1986, remitida por conducto notarial en que:1 arrendador la manifestaba su decisión de resolver el contrato alegando la pérfida de la condición de profesional de la agricultura en el arrendatario, siendo la realidad que éste nunca había dejado de explotar la finca y que cultivaba las tierras personal y directamente con ayuda de los familiares que con él habitan en la casería, y que como tal cultivador personal, a todos los efectos de la Ley de Arrendamientos Rústicos debía ser considerado profesional de la agricultura. En la misma carta se alegaba también una supuesta subrogación en la persona de la nuera del entonces arrendatario, Timoteo, subrogación que nunca existió. 3.°) D. Timoteo consciente de los derechos que la Ley le otorgaba en orden a la adquisición forzosa de la casería y tierras que llevaba en arriendo, decidió ejercitar dichos derechos de acceso a la propiedad en vía de conciliación ante la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos de Vizcaya, tramitándose ante ésta el oportuno expediente y concluyendo el mismo con el acta de la propia junta en la que se expresa la no comparecencia del demandado de conciliación se dio por finalizada sin avenencia. 4.°) El actor comunicó a su padre su propósito de cara al futuro de continuar personalmente con la explotación del caserío en la forma en que sus anteriores lo habían venido haciendo, a lo que éste en atención a la

colaboración que el actor siempre le había prestado en los trabajos propios de la explotación, le contestó ofreciéndole la posibilidad de subrogarle en el contrato, propuesta que fue aceptada por el actor. Mediante carta certificada remitida por conducto notarial, ambos comunicaron al demandado la subrogación efectuada en cumplimiento de las formalidades prescritas. 5.°) Los terrenos objeto de arriendo son además la casería, la huerta de 2 áreas y 28 centiáreas, la heredad "E." de 4 hectáreas, el herbal de 16 áreas y 55 centiáreas y el jaro de 1 hectárea, 52 áreas y 85 centiáreas, es decir un total de 57.168 metros cuadrados, dedicados fundamentalmente a la producción de hierba y forraje para alimentación del ganado y con algún corro de huerta. El actor trabaja personal y directamente todos los terrenos afectos a la explotación ganadera de que es titular todo ello con la ayuda de sus padres y esposa, que con el conviven en la casería B. o B.. En vista de la actitud manifestada por el arrendador ante la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos, de obstrucción al ejercicio del derecho de adquisición forzosa iniciado por el entonces arrendatario, padre del actor, se decidió presentar la reclamación judicial. Alegaba los fundamentos de derecho del actor D. Roberto, en su calidad de arrendatario rústico, al acceso a la propiedad del caserío "B." o "B.", radicante en el barrio de Apatamonasterio, término municipal de Atxondo, y terrenos anejos con un total de 57.168 metros cuadrados, mediante el pago y contado y en metálico del precio que para dicho caserío y pertenecidos se determine bien en sentencia o bien en su ejecución, conforme a las normas de valoración que establece la legislación de expropiación forzosa, condenando al demandado D. Felipe, a estar y pasar por la precedente declaración y al otorgamiento de la escritura pública de compraventa; e imponiendo a dicho demandado el pago de las costas del juicio.

Segundo.– Que admitida a trámite la demanda y dentro del plazo, por la procuradora D.^a Esther Asategui Vizcarra en nombre de D. Felipe, se contestó a la demanda, oponiéndose a la misma y presentando reconvención en la que solicitaba se dictase sentencia desestimatoria de la petición de acceso a la propiedad del caserío "B." y pertenecidos, por parte de D. Roberto, ya que el mismo carece de toda legitimación poseyendo, simplemente el carácter de hijo del que fue arrendatario de dicho caserío y pertenecidos y que es y ha sido desde el año 1970, en que empezó a prestar servicios a la empresa "J. M. A.", actualmente, por cambio de nombre, D., S.A., Ajustador, como el mismo acredita en el requerimiento notarial aportado con la demanda, y que por lo tanto ni es ni ha sido profesional de la agricultura nunca, es decir ni durante el tiempo en que su padre era arrendatario ni ahora después de jubilado el padre, con expresa condena en costas.

Que conferido traslado de la reconvención a la parte demandante se contestó por la misma, y solicitando nuevamente se dictase sentencia estimando la pretensión formulada en la demanda de cognición y desestimando íntegramente la demanda reconvencional con expresa imposición de costas al demandado.

Cuarto.– Que de conformidad con lo dispuesto se celebró el juicio verbal, con el resultado que consta en el acta extendida al efecto.

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Quinto.– Que al haber fallecido el demandado D. Felipe, se persona su heredera D.ª Cecilia, con la misma representación y dirección letrada, teniéndose a la misma por parte.

Sexto.– Que unidas las pruebas a los autos se trajeron a la vista y se dictó sentencia con fecha 29 de abril de 1989, en la que se estimaba la demanda promovida por el procurador Sr. Sainz de Trueba Pérez, en representación de D. Roberto contra D. Felipe, y en la actualidad sus herederos y declaró que D. Roberto tiene el derecho al acceso mediante adquisición forzosa de la propiedad correspondiente al caserío B. y sus pertenecidos con excepción de los montes sitos en Apatamonasterio (Atxondo). En trámite de ejecución de sentencia, se realizará la valoración exigida por la Ley de Arrendamientos Rústicos para la fijación del precio de adquisición, y una vez obtenido el mismo se entenderá el resultante como el precio de venta, según el artículo 52 de la Compilación Foral de Vizcaya y Álava de 1959, exigiéndose como requisitos concurrentes en el pariente tronquero los establecidos en los artículos 26 y 27 de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

Si no concurriere ningún pariente tronquero o éste incumpliese las obligaciones y requisitos antedichos, D. Roberto ejercerá su derecho de modo inmediato, sin dar lugar a nuevo llamamiento a parientes tronqueros. Con imposición de costas a la parte demandada. Desestimando la demanda reconvencional.

Séptimo.– Apelada la referida sentencia por las representaciones de las partes demandante y demandada y sustanciada la alzada con arreglo a derecho, la Sección 1.º de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dictó sentencia con fecha 9 de noviembre de 1989, en la que desestimaba el recurso promovido por la representación de la parte demandada y estimaba el recurso presentado por la parte demandante y en su consecuencia: a) confirmaron la sentencia de primera instancia en su primer párrafo del fallo que declara el derecho del actor al acceso por adquisición forzosa de la finca de autos, b) Revocaron la sentencia en los párrafos 2.° y 3.° del fallo, y por lo tanto el precio de la adquisición se fijará conforme al artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa atendiendo al valor real o de mercado de los bienes que se determinará previos informe pericial y cualquiera otra prueba al efecto, vendrá incrementado en el precio de afección del 5%, según el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin aplicación de la Compilación. Este justiprecio se fijará en ejecución de sentencia. Con imposición de costas al apelante-demandado, como también se imponen las de primera instancia.

Octavo.– Por la representación de la demandada D.ª Cecilia, se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia en segunda instancia, al amparo del número 5.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del apartado 1 de la disposición adicional de la Ley de Arrendamientos Rústicos de fecha 31 de diciembre de 1980 e infracción, en consecuencia, del artículo 98 de la citada ley y de los artículos 51 a 59, ambos inclusive, de la Compilación del Derecho Foral de Vizcaya y Álava de 30 de julio de 1959.

Noveno.– Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el día 22 de marzo de 1991. Ha sido ponente el Magistrado D. Julián María Arzanegui Sarricolea.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Los términos en los que está estructurado el recurso hacen que, antes de proceder a su examen resulte conveniente recoger las pretensiones que ambas partes causaron en sus respectivos escritos de alegaciones y las resoluciones que sobre ellas recayeron en ambas instancias, junto con el enunciado del único motivo de casación que se invoca: 1) El demandante, arrendatario de la casería que es objeto del litigio, solicitó se declarase su derecho para acceder a la propiedad de la misma por precio que sería fijado según la legislación de expropiación forzosa, con la consiguiente condena a la parte demandada, para que otorgara la escritura pública de transmisión a su favor. 2) El demandado, por cuyo fallecimiento compareció más tarde en juicio la actual recurrente, se opuso a la pretensión del demandante, pidiendo en su contestación que se desestimara la demanda y formuló reconvención solicitando que se declarase el desahucio del arrendatario. 3) El Juzgado de la Instancia en su sentencia estimó la demanda y desestimó la reconvención, añadiendo respecto de la primera que, una vez valorada la finca y fijado el precio de adquisición, éste se entendería como precio de venta a efectos del artículo 52 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, dándose cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes y exigiéndose como requisitos concurrentes en el pariente tronquero los que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley de Arrendamientos Rústicos y, solamente si no concurriese ningún tronquero o si éste incumpliese las obligaciones y requisitos antedichos, se verificaría la transmisión al arrendatario demandante. 4) Habiendo recurrido ambas partes en apelación, la Audiencia Provincial dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto por la parte arrendadora-demandada y estimando el del arrendatario-demandante, confirmó el pronunciamiento relativo a la declaración de su derecho de acceso a la propiedad, estableciendo los criterios con arreglo a los cuales se fijará el precio de la finca, "sin aplicación de la Compilación". 5) Contra esta sentencia se alza el presente recurso de casación en el que, al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se formula como motivo único la infracción del apartado 1 de la Disposición Adicional de la Ley de Arrendamientos Rústicos y los artículos 98 de la misma ley y 51 a 59 de la referida Compilación y, aun cuando en la enunciación del motivo no se concreta cuál de las diversas disposiciones que contienen los preceptos citados es la que se considera infringida, de su desarrollo se desprende —y lo confirma la petición que se causa— que se hace consistir la infracción legal en haber excluí-do la Audiencia Provincial el pronunciamiento de que en los trámites de enajenación de la casería habrán de seguirse las reglas que la Compilación establece para la enajenación de los bienes troncales, en los términos que declaró la sen­tencia del Juzgado y se han recogido anteriormente.

Segundo.— Para el examen del motivo de casación, constituye punto de partida 4

la consideración de que los recursos no proceden contra los fundamentos de la resolución de la que se recurre, sino contra la parte dispositiva de la misma, por ser ésta la que contiene la decisión jurisdiccional respecto del derecho subjetivo controvertido, y partiendo de esta premisa la cuestión del recurso consiste en resolver si, teniendo en cuenta la materia del proceso y los límites en los que, dentro de esa materia, se configuraron las pretensiones de las partes, la decisión que sobre ellas contiene la sentencia recurrida viene a infringir las normas legales que se dicen vulneradas o, más concretamente, si los pronunciamientos de dicha sentencia debieron decretar de manera expresa que se aplicaran en su ejecución las reglas que la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava establece para la enajenación de los bienes troncales.

Tercero.— El carácter rogado de la jurisdicción civil y su relación con los principios de audiencia y de contradicción obligan a pronunciar la decisión jurisdiccional dentro de los límites que a la contienda judicial señalan las pretensiones causadas por las partes y, correlativamente, a evitar que esa decisión llegue a recaer sobre cuestiones no planteadas oportunamente en el proceso. Consecuencia de ello es que los términos del debate son los que hayan sido fijados de manera definitiva en los respectivos escritos de alegaciones, como se desprende de los artículos 680 y 687, en relación con el 524, 540 y 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las precisiones de la regla 2.º del artículo 693 de la misma ley, para así dar satisfacción plena a los expresados principios, según constante jurisprudencia (sentencias de 5 de febrero de 1973, 18 de junio de 1979, 27 de junio, 6 de octubre y 8 de octubre de 1980, 17 de julio de 1982, 10 de octubre y 15 de diciembre de 1984 y 23 de febrero de 1987) y dado que la segunda instancia, de marcado carácter revisor en nuestro sistema procesal, cir­cunscribe el ámbito de su conocimiento a aquel contenido de la resolución recurrida que haya sido objeto de recurso, resulta que los límites de la materia sometida a decisión en la alzada nunca podrán rebasar aquéllos que las partes establecieron en la primera instancia, como también repetidamente ha venido declarando la doctrina jurisprudencial, (sentencias de 20 de junio de 1981, 22 de junio de 1983 y 6 de octubre de 1984, entre otras).

La aplicación de estos criterios lleva necesariamente a entender que cualquier otra pretensión, que difiera de aquellas que las propias partes establecieron como ámbito del debate en el momento procesal oportuno, ha de merecer la consideración de cuestión nueva dentro del proceso, que por ello debe ser rechazada sin más al venir propuesta extemporáneamente, y desde luego este mismo efecto se ha de producir cuando se trate del recurso de casación como reiteradamente ha resuelto en estos supuestos el Tribunal Supremo (sentencias de 15 de junio, 30 de junio y 12 de noviembre de 1982, 3 de octubre de 1983 y 27 de enero y 21 de diciembre de 1984), razones que hacen improcedente el recurso interpuesto, al suscitarse en el mismo cuestiones que no fueron propuestas en la fase alegatoria del procedimiento.

Cuarto.– Sobre lo expuesto en el fundamento precedente, se ha de tener en cuenta así mismo que las normas contenidas en los artículos 51 a 59 de la Compilación 5

de Derecho Civil Foral vizcaíno, que son los preceptos que se invocan como infringidos, tienen como materia el reconocimiento del derecho de los parientes tronqueros para adquirir con carácter preferente los bienes troncales, cuando el titular de éstos intente enajenarlos a título oneroso, así como la regulación de su ejercicio y efectividad, de donde se desprende que el derecho que pudiera resultar lesionado como consecuencia de la infracción denunciada correspondería en todo caso a los parientes tronqueros, pero en ningún supuesto a la propia recurrente y esto priva a la misma de legitimación para sostener el recurso, toda vez que el artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce esa facultad únicamente a quienes, sin estar comprendidos en la situación descrita al final del precepto, reúnan la doble condición de haber sido actores o haber figurado como demandados y puedan resultar perjudicados por la sentencia o resolución recurrida, de lo que se infiere que, al referirse los citados artículos 51 a 59 de la Compilación a derechos de terceros, pero no de la propia recurrente, no puede ésta fundar su recurso en la infracción de aquellos artículos, de acuerdo con constante jurisprudencia (sentencias de 5 de noviembre de 1983, 11 de diciembre de 1985, 27 de mayo de 1987, 11 de febrero de 1988 y 1 de febrero de 1990). De ahí que, a falta del expresado requisito, haya de ser rechazado igualmente el recurso por la razón expuesta, al no poder constituirse la recurrente como valedora de intereses cuya defensa no le incumbe, si bien debiendo entenderse, en obligada correspondencia, que el problema sobre cualquier posible colisión entre el derecho del arrendatario y el de los parientes tronqueros, ajenos como son éstos al juicio, constituye para ellos cuestión imprejuzgada, en acatamiento a los principios procesales antes invocados y por respecto al derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución.

Quinto.– La desestimación del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo último del artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procediendo la devolución a la misma del depósito que constituyó innecesariamente por no ser conformes de toda conformidad las sentencias recaídas en ambas instancias.

Y en virtud de los fundamentos expuestos, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto en nombre de D.ª Cecilia contra la sentencia dictada con fecha 9 de noviembre de 1989 por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, condenando a dicha recurrente al pago de las costas del recurso. Devuélvase a la recurrente el depósito que innecesariamente constituyó; y líbrese a la expresada Audiencia la correspondiente certificación, enviándole los autos y rollo de Sala que remitió.

Así por esta mi sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.