STS de 17 de enero de 1962

En la Villa de Madrid a 17 de enero de 1962; en el juicio declarativo de mayor cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia de Guernica y en grado de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, promovidos por doña María Aránzazu Larruces Aramberri, sin profesión especial, con licencia de su esposo don Marcelino Urresto Lamíquiz, jornalero, mayores de edad y vecinos de Mendata; contra don Vicente Larrucea Zuzaeta y doña María del Carmen Aramberri Churruca, mayores de edad, labradores y vecinos de Mendata, declarados en rebeldía y contra los hermanos don José Domingo, don Daniel y don Alberto Sarricolea Olabarría, casados los dos primeros y soltero el último, todos mayores de edad, industriales y vecinos de Mendata; sobre nulidad de venta; pendiente ante NOS en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la demandante, representada por el Procurador don Francisco Brualla Entenza y dirigida por el letrado señor Madariaga y en el acto de la vista por el abogado don Felicísimo de Larrínaga; habiendo comparecido ante este Tribunal Supremo los demandados y recurridos, representados y defendidos, respectivamente por el Procurador don Fernando Poblet Alvarado y el letrado don Pedro Alfaro:

Resultando que ante el Juzgado de Primera Instancia de Guernica y en escrito de fecha 27 de mayo de 1957, el Procurador don Francisco Carrilero, en representación de doña María Aránzazu Larrucea Arambarri, formuló demanda de juicio declarativo de mayor cuantía, contra don Vicente Larrucea Zuzaeta y doña María del Carmen Arambarri, y contra don José Domingo, don Daniel y don Alberto Sarricolea Olabarría, alegando los siguientes sustanciales hechos:

Primero.- A) Que mediante escritura pública de 30 de mayo de 1956, ante notario, los cónyuges demandados don Vicente Larrucea y doña María del Carmen Arambarri, vendieron a los otros demandados, hermanos Sarricolea Olabarría, por terceras e iguales partes indivisas entre sí, y en precio conjunto de noventa mil pesetas, las fincas rústicas sitas en la Anteiglesia de Mendata, cuya descripción era la siguiente:

Primero. La casa principal, titulada Sagargaste, señalada con el número 7, situado en el Barrio de Mendata, de la Ante-iglesia de Mendata, consta de dos viviendas, dos cocinas, dos dormitorios y cuadra en la planta natural y dos salas, cuatro dormitorios, y pareja en el principal. La planta y solar ocupaban una superficie de 372 metros cuadrados. Sus pertenecidos son: Las heredades llamadas Saconso, Guiñera y Aldapea, contienen con inclusión de las mugas 23.508 metros. Los montes llamados Garamendi, Errequeta, Sarratúa y los terrenos antuzanos adyacentes a la casa, contienen 49.912 metros, que hacen 13.066 estados. La casa, heredades y demás terrenos montes arriba expresados, se hallan bajo un perímetro y confinan con el arroyo, montes y con herederos y montes de otras caras. La casa accesoria señalada con el número ocho, se

halla frente a la principal y consta de una vivienda destinada a cuadra, la planta natural, piso principal con una cocina, sala, dos dormitorios, despensa y cuarto excusado. La planta solar, incluso el horno, ocupan 114 metros de superficie. Las heredades llamadas Comin-Solo, Arlonagusia, Ascalde, el viñedo Alcaldegoena, el jaro y monte llamado Alcalde-barreanso, confinan con monte y heredades de otros propietarios.

Segundo. Heredad Elorriaga, de 38 áreas de superficie.

Tercero. Viñedo Erromenteriene, de 7 áreas y 60 centiáreas de superficie. Cuarto. Heredad Ascalde, de 57 áreas y 5 centiáreas de superficie. Quinto.– Monte Becobaso, de 34 áreas y 23 centiáreas.

b) Que por no haber sido la actora parte en dicha escritura, no le había sido posible obtener reglamentariamente copia autorizada de la misma, teniendo que limitarse para las justificaciones precisas, a señalar el original obrante en el protocolo del notario.

Que la relacionada compraventa y escritura quedó consignada con fecha 3 de mayo en el Registro de la Propiedad del partido de Guernica, en el libro cuarto de Mendata, describiendo a continuación las inscripciones de dicho Registro de la finca Sagargaste y pertenecidos.

Segundo.- Que para la compraventa relacionada no se efectuaron los llamamientos previos prevenidos en la Ley Primera del Título XVII del Fuero de Vizcaya, y así se hacía constar de modo expreso en las inscripciones registrales.

Tercero.- Que la actora era hija legítima de los cónyuges vendedores don Vicente Larrucea y doña Maria del Carmen Aramberri.

Cuarto.- Que los compradores, hoy demandados, no tenían parentesco alguno con los vendedores y resultaban extraños a éstos en cuanto a las fincas de que se trataba.

Quinto.- Que considerándose la actora asistida del derecho de anular la compraventa relacionada y adquirir o sacar para sí a precio de hombres buenos las fincas objeto de la misma, ejercitaba la acción correspondiente a tal derecho, dentro del plazo legalmente establecido por medio de la presente demanda, en preparación de la cual había instado oportunamente contra vendedores y compradores sendos actos de conciliación, de los que no se había derivado avenencia alguna. Y después de alegar los fundamentos de derecho que estimó pertinente, suplicó se dictara sentencia declarando:

Primero.- Nula y sin valor ni efecto alguno la compraventa de las fincas rústicas relacionadas, formalizada en escritura pública de 30 de mayo de 1956, ante el notario de Guernica don Carlos José de Múzquiz y Ayala; segundo, anular las inscripciones de tal venta y escritura en el Registro de la Propiedad de Guernica, efectuadas a los libros, tomos, folios y demás indicados, y las demás inscripciones que se hubieran efectuado o pudieran efectuarse en dicho Registro con referencia a las expresadas compraventa y 2

escrituras; tercero, declarar el derecho de doña María Aránzazu Larrucea como hija legítima de los demandados vendedores, don Vicente Larrucea y doña María del Carmen Aramberri y sacarla o adquirirla para sí a precio de hombres buenos en consonancia y con ajuste a lo preceptuado en la Ley Sexta en relación con la Primera y concordantes del Título XVII del Fuero de Vizcaya, otorgando al efecto la correspondiente escritura pública y cubriendo los trámites de prestación de fianzas y apreciación o tasación de la finca a que se referían las leyes citadas; cuarto, condenar a los demandados a estar y pasar por las declaraciones precedentes que respectivamente les correspondan y a cumplirlas con otorgamiento de los actos y documentos y demás preciso al efecto; quinto, condenar a los demandados al pago de las costas. Y acompañó los documentos referidos en los hechos:

Resultando que admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados, no comparecieron don Vicente Larrucea Zuzueta y su esposa doña Maria del Carmen Arambarri Churruca, declarándoselos en rebeldía; y habiéndolo verificado don José Domingo, don Daniel y don Alberto Sarricolea Olabarría, representados por el Procurador don Rodrigo Luango Berbier, que en escrito fecha 8 de junio de 1956 contestó y se opuso a la demanda, alegando sustancialmente como hechos:

Primero.- Que alejaba la excepción de falta de personalidad en la actora para accionar en nombre propio sin la debida licencia ni asistencia de su esposo, porque la prestada por éste para el otorgamiento del poder general para pleitos era, incluso, la otorgada en el acto conciliatorio para poder intervenir en dicho acto, y no era suficiente para la interposición y formalización de la demanda, promoviendo juicio de mayor cuantía, porque la conciliación y el juicio eran negocios diferentes aun cuando constituyera acto previo necesario para la interposición de éste.

Segundo.- Que estaban conformes con el hecho primero de la demanda, con la salvedad de que el precio de venta pactado y satisfecho por los demandados, en pago de las fincas rústicas que describía, no fue el de 90.000 pesetas sino el de 405.000 pesetas, extremo que no dudaban sería reconocido de contrario.

Tercero.- Que era cierto también que a la compraventa de referencia no precedieron los llamamientos previstos y exigidos por la Ley Primera, Título XVII, del Fuero de Vizcaya, pero tal omisión tuvo una génesis digna de ser contada y tenida en cuenta, porque constituía la base de esta demanda, a la que habían sido arrastrados los demandados, y por ello se vería que la actora actuaba de testaferro de tercera persona interesada y que el ejercicio de su acción respondía a móviles completamente extraños y opuestos a los que informaron al honrado pero un tanto anticuado Fuero de Vizcaya; que en 7 de marzo de 1956, el vecino don Jesús María de Obieta, entregó a don Vicente Larrucea Zuzoeta, padre de la actora, la cantidad de 30.000 pesetas en concepto de préstamo y para atender al pago urgente de los intereses acumulados y pendientes de pago, dimanantes de otros préstamos, y en compensación el señor Larrucea concedió al

señor Obieta un derecho de opción de compra de varios montes pertenecientes o pertenecidos de la casería Sagargaste; que posteriormente los demandados pretendieron adquirir por compra la citada casería y pertenecidos suscribiéndose al efecto entre partes, un documento privado de compromiso sobre el precio a que había de pagarse el metro de tierra, y para ello exigieron la oportuna medición de la finca y el levantamiento del correspondiente plano, así como la inclusión, bajo un perímetro, de todos los montes de Sagargaste, para lo cual se precisaba de una permuta con otros señores, los cuales accedieron a ello en vista de la apurada situación en que se encontraba el señor Larrucea, quien antes había pretendido vender su finca inútilmente por falta de compradores; que en esa medición intervino un perito y de ella tuvo conocimiento perfecto la actora, única hija convivente con el vendedor don Vicente Larrucea; que con el fin de poder llevar a cabo la operación con los demandados, se gestionó de don Jesús Obieta la renuncia al derecho de opción de compra aludido, y ese señor, en atención al señor Larrucea, accedió a la renuncia y simultáneamente se consiguió también de varios colindantes la permuta de sus terrenos por otros de Sagargaste para que esta finca quedara encuadrada en lo sucesivo bajo un solo perímetro; que tanto los hermanos Sarricolea, como el notario autorizante, don Carlos José Muzquiz, insistieron en la necesidad de proceder a los llamamientos forales, pero el vendedor, señor Larrucea, ante el acuciante apremio de sus acreedores, rogó, imploró y lloró ante los compradores y el notario, asegurando que todos sus hijos tenían conocimiento de la venta, y al insistirles sobre la necesidad de tales llamamientos, juró que no solamente contaba con la conformidad de sus hijos, sino que en el caso de que saliera algún pariente a ejercitar su preferente derecho en beneficio de los señores Sarricolea, ya que esa venta era la mejor solución de la familia Sarricolea, y en ella estaban todos conformes, que a pesar de cuanto antecede, los demandados, un tanto reacios a la compra sin llamamientos por recientes desengaños, volvieron a insistir al señor Larrucea para que, a poder ser, encontrara dinero entre sus hijos y parientes tronqueros, pero éste respondió diciendo que la situación económica de sus hijos era nula, que bastante había hecho con ponerlos en situación de ganar su vida y que sus únicos proyectos eran los de pagar sus deudas y marchar a Durango para orientar su nueva vida; que no obstante la certeza de que los hijos del vendedor conocían la venta proyectada, que no tenían la intención de adquirirla y de que carecían de bienes para comprarle, a instancia de los demandados se volvió a realizar una última gestión encaminada a obtener del último pariente troncal, primo del vendedor, su respuesta respecto a la compraventa convenida, y ese pariente manifestó que él no tenía el menor interés en comprar la finca cuestionada, a pesar de lo cual y de nuevas y reiteradas conversaciones con el señor Larrucea sobre la necesidad de practicar los llamamientos forales, éste vuelve a jurar y a suplicar que puesto que sus hijos son conocedores de la venta de Sagargaste y no tenían el propósito de adquirirla, no eran necesarios los llamamientos, solicitando la rápida terminación del asunto dada su situación económica apremiante y de conformidad con los señores Sarricolea, convino prescindir de ellos y se otorgaron los siguientes documentos:

a) El 29 de mayo de 1956 una escritura de segregación, permuta y agrupación de

fincas, entre don Vicente Larrucea Zuzueta y don José Domingo Oguía y don Jacinto Zabala, para poder acceder a los deseos de los señores Sarricolea, que estaban reacios de adquirir la finca y exigían que éste tuviera todos sus pertenecidos comprendidos en un perímetro.

b) El 30 de mayo de 1956 una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca a favor de los señores Zugazabeitia y Oles, por préstamo de 200.000 pesetas que adeudaba don Vicente Larrucea.

c) El mismo 30 de mayo otra escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca a favor del señor Oles por cantidad de 25.000 pesetas, adeudadas por el señor Larrucea.

d) En la misma fecha anterior, la escritura de compraventa del caserío Sagargaste y demás pertenecidos y suertes de terreno de que en ella se habla, a los demandados, señores Sarricolea.

e) Y el día 4 de junio del mismo año la escritura de renuncia al derecho de opción de compra de don Jesús de Obieta y carta de pago de las 30.000 pesetas prestadas por éste a don Vicente Larrucea.

Cuarto.- Que en confirmación de cuanto antecede, convenía incluir que don Vicente Larrucea y los demandados otorgaron en 30 de mayo de 1956 un documento de constatación del convenio entre ellos existente, en cuya cláusula primera se hacía constar: "Con Vicente Larrucea se compromete a ejercitar por medio de sus hijos el derecho que a éstos corresponde como parientes tronqueros de la finca Sagargasta, que en el día de hoy se ha vendido a los señores Sarricolea, por el ejercicio de sus derechos de cualquier otro pariente más llamado; y en caso de que incumpliese esta obligación se comprometió a abonarles la diferencia existente entre el precio real de 405.000 pesetas, en que se ha formalizado dicha compraventa y el que resulte de la tasación que los peritos hicieren con arreglo al Fuero de Vizcaya". Que de esa cláusula se deducía que el señor Larrucea contaba con la renuncia de sus hijos, el ejercicio del derecho de saca foral que ahora esgrimía, precisamente la única hija que vivía en su compañía, casa y mesa.

Quinto.- Que la demanda omitía que los demandados, confiados en la firmeza de la compra realizada, verificaron en los pertenecidos de Sagargaste y demás trozos de terreno adquiridos de don Vicente Larrucea, una intensa repoblación forestal de los mismos, revalorizándolos en tal forma que hoy probablemente su precio excedía del doble o triple del pactado, y a ello había que añadir la plusvalía experimentada en el año transcurrido desde la fecha de la venta hasta la promoción de la demanda, tanto por las fincas rústicas como por los aprovechamientos forestales, y esos elementos fueron, sin duda, los que despertaron la codicia de quienes se escudaban tras la actora y tras sus pretendidos derechos, al amparo de un Fuero cuya protección no alcanzaba a maniobras

de ese tipo.

Sexto.- Que negaban los hechos de la demanda que no hubieran sido expresamente reconocidos. Y después de alegar los fundamentos de Derecho que estimaba pertinente, suplicó el Juzgado se dictara sentencia desestimando la demanda interpuesta por doña María Aránzazu Larrucea y absolviendo de ella a los demandados y en el supuesto improbable de que se accediera a la misma declarar que las partes como consecuencia de la nulidad decretada están obligadas a restituirse recíprocamente las cosas que fueron materia de contrato de la compraventa con sus frutos, y el precio consistente en 405.000 pesetas más la diferencia que resultara entre ese precio y la valoración de las fincas vendidas a los demandados y que en su día se practique sus intereses correspondientes y gastos de legítimo pago, tales como derechos reales, otorgamiento de escritura, etc., sin que puedan ser compelidos los demandados a la entrega de dichas fincas en tanto no les sean pagadas o puestas a su disposición las indicadas partidas. Y acompañó los documentos citados en los hechos:

Resultando que en réplica y dúplica las partes mantuvieron sus alegaciones, rebatiendo las alegadas de adverso, y después de consignar los fundamentos de Derecho que estimaron pertinentes, suplicaron se dictara sentencia conforme tenían solicitado en sus escritos de demanda y contestación:

Resultando que recibido el pleito a prueba se practicará a instancia de la parte actora la de confesión judicial de los demandados y los documentos, y a propuesta de la demandada, las de confesión judicial, documental, pericial y testifical. La que fue unida a los autos:

Resultando que evacuados los traslados que a las partes se confirió para conclusiones, el Juez de Primera Instancia de Guernica, en 10 de marzo de 1958, dictó sentencia declarando:

Primero.- Que desestimada la excepción de falta de personalidad propuesta por los demandados comparecientes.

Segundo.- Nula y sin valor ni efecto alguno la compraventa de las fincas rústicas Sagargaste y pertenecidos, relacionada en el apartado A) del hecho primero de la demanda, formalizada en escritura pública de 30 de mayo de 1956 ante el Notario de aquella villa don Carlos José de Muzquiz y Ayala.

Tercero.- Que se cancelarán las inscripciones de tal venta y escrituras en el Registro de la Propiedad de Guernica.

Cuarto.- No haber lugar a cancelar las demás inscripciones que se hubieren efectuado o pudieran efectuarse en dicho Registro en relación a las expresadas compraventa y escritura, sin perjuicio del derecho de la demandante a pedir la cancelación de cada una de ellas en particular.

Quinto.- Reconociendo el derecho de doña María Aránzazu Larrucea Arambarri a sacar o a adquirir para sí la finca Sagargaste y pertenecidos, descrita en el hecho primero de la demanda, a precio de hombres buenos, otorgándose al efecto la correspondiente escritura pública y cubriendo los trámites de prestación de fianza o apreciación o tasación de la finca.

Sexto.- Que los demandados estaban obligados a restituirse recíprocamente las cosas que fueron materia del contrato de la compraventa, objeto de este litigio, con sus frutos y el precio con sus intereses y gastos de legítimo pago, sin que puedan ser compelidos los demandados, don José Domingo, don Daniel y don Alberto Sarricolea Olaberría, a la entrega de las fincas en tanto no les sean pagadas o puestas a su disposición las indicadas partidas.

Séptimo.- Que no procedía acceder al resto de las peticiones hechas por la representación de los demandados, señores Sarricolea, o reservándoles el ejercicio de la correspondiente acción.

Octavo.- Condenó a las partes a estar y pasar por las declaraciones que respectivamente les correspondían y a cumplirles con otorgamientos de los actos y documentos y demás preciso al efecto.

Noveno.- Que no hacía declaración sobre condena en costas, debiendo pagar cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad:

Resultando que admitida en ambos efectos la apelación que contra la anterior sentencia interpuso la representación de la parte demandada, se elevaron los autos a la superioridad, y sustanciada la alzada en legal forma, con la intervención de ambas partes, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, con fecha 26 de septiembre de 1958, dictó sentencia confirmando y revocando en parte la dictada por el Juzgado, desestimando la demanda formulada por doña María Aránzazu Larrucea Arambarri y, en su consecuencia, absolviendo de todos los pedimentos formulados en el suplico de la misma a los demandados, don Vicente Larrucea Zuzaeta y doña María del Carmen Arambarri Churruca, don José Domingo, don Daniel y don Alberto Sarricolea Olaberría, confirmando la recurrida en cuanto estuviere de acuerdo con los anteriores pronunciamientos y revocándola en lo demás, sin expresa imposición de costas en ninguna de las instancias:

Resultando que, sin constituir depósito, el Procurador don Francisco Brualla Entenza, en nombre de doña María Aránzazu Larrucea Arambarri, asistida de su esposo, don Marcelino Urresti Lemiquiz, interpuso recurso de casación por infracción de Ley, alegando los siguientes motivos:

Primero.- Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, alegando infracción de las Leyes primera y sexta del título XVII del Fuero de Vizcaya por inaplicación. Don Vicente Larrucea Zuzaeta y su esposa, doña

maría Arambarri Churruca, vendieron las fincas Casería Sagargaste y pertenecidos, la heredad Elorrieta, el viñedo Errementeriena, la heredad Ascalde y el monte Bacobaso, radicantes en la anteiglesia de Mendata, tierra llana o infanzonada de Vizcaya, a los extraños don José Domingo, don Daniel y don Alberto Sarricolea, mediante la escritura de 30 de mayo de 1956, sin los preceptivos llamamientos forales precisos, y doña María Aránzazu Larrucea Arambarri, hija de los vendedores, por demandas de 24 de mayo de 1957, a las que habían precedido actos de conciliación, ejercitó la acción de saca y solicitó de un modo conecto, dentro del plazo legal de año y día que se declare la nulidad de la compraventa de 30 de mayo de 1956, a la que no habían precedido los llamamientos forales, y la nulidad de las consiguientes inscripciones en el Registro de la Propiedad y su derecho a adquirir a precio de tasación los inmuebles objeto del contrato escriturario, cuya anulación se pretendía. La sentencia recurrida al desestimar la demanda de doña María Aránzazu y no aplicar a la compraventa los preceptos de las Leyes primera y Sexta del Fuero de Vizcaya, infringió dichas Leyes por inaplicación, y tal sentencia debe ser casada y anulada dictándose otra por la que se acceda a todos los pedimentos de la demanda de la recurrente.

Segundo.- Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por infracción de las Leyes primera y sexta del Fuero de Vizcaya, por interpretación indebida. La sentencia recurida parte del criterio de que las Leyes del Fuero de Vizcaya, referentes a la troncalidad, tienen como fin la vinculación de la tierra vizcaína a la familia vizcaína, para dar una sólida cimentación económica al organismo familiar, pero a renglón seguido de sentar este criterio sobre interpretación de los preceptos forales, entiendeque el vizcaíno pariente tronquero para tener derecho a ejercitar la acción de saca ha de reunir unas condiciones subjetivas que la Ley no requiere, y así cierra el paso a la acción de saca interpuesta por la recurrente y desestima su demanda. No resulta fácil saber lo que la sentencia recurrida quiere decir con la frase de su considerando penúltimo de "que no concurran en la actora los altos principios de sentido familiar anímico de afección necesarios para que el legítimo derecho de saca foral tenga existencia de acuerdo con los principios en que se inspiraran para su creación de legisladores", pero sí puede asegurarse que el Fuero de Vizcaya no exige para el ejercicio de la acción de saca sino los requisitos del "jus soli" y plazo de año y día a partir de la verificación de la compraventa, sin llamamientos, pero el Fuero no exige que en el vizcaíno que pusiera en ejercicio la acción de saca concurran o dejen de concurrir determinados principios de sentido familiar anímico de afección. Puede darse un vizcaíno a quien le importe poco o nada la troncalidad, que carezca de los altos principios de sentido familiar anímico de afección, pero si su padre o su tío venden una raíz de la tierra llana y de carácter troncal a un extraño, ese vizcaíno estará en su perfecto derecho al ejercitar la acción de saca foral y al ejercicio de su acción no se le podrá poner ningún reparo, ni se le podrá calificar de fraude legal. Que el vizcaíno que trate de adquirir una raíz troncal de la tierra llana con preferencia a extraño y tal es el caso de la recurrente, no puede contrariar con ese acto, al sentido y las finalidades de la Ley Foral, porque lo que la Ley se propone es que la raíz quede en la familia y el

familiar tronquero produce necesariamente ese efecto perseguido por la Ley al adquirir la raíz troncal. Ni hay fraude legal ni posibilidad de fraude legal, y en manera alguna puede contar un supuesto fraude objetivamente imposible. Los señores Sarricolea apuntaron en su contestación a la demanda la idea de que doña María Aránzazu era un testaferro y actuaba por cuenta de un imaginario tercero, pero esto no pasa de ser una invención en beneficio propio; la imaginaria actuación en favor de un tercero es una especie sin sentido, puesto que en cuanto se pretendiera que la raíz troncal saliera de la propiedad de doña María Aránzazu para ir a parar a un extraño, volvería a ponerse en juego el dispositivo de la legislación foral, pero reintegrar los bienes inmuebles trocales al patrimonio familiar de donde no deben salir, si las leyes han de ser observadas y cumplir, mientras existen parientes que los reivindiquen para sí.

Tercero.- Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción por interpretación errónea de las Leyes primera y sexta del Fuero de Vizcaya. La sentencia recurrida establece que doña María Aránzazu Larrucea tuvo conocimiento de la venta de los inmuebles objeto de este pleito, y que prestó su anuencia a tal venta. Si la sentencia se inspira en el criterio de que por haber conocido doña María Aránzazu previa, simultánea o posteriormente a su realización, la compraventa de 30 de mayo de 1956 y por haberla prestado su anuencia, debe descartarse en este caso la aplicación de las Leyes primera y sexta del título XVII del Fuero de Vizcaya, interpreta también erróneamente este aspecto de tales preceptos legales. El conocimiento de la compra y venta no es en ninguna forma motivo para que el derecho de saca quede enervado; el conocimiento de la compra y venta no es en ninguna forma motivo para que el derecho de saca quede enervado; el conocimiento de la compraventa sin la práctica de los llamamientos forales, es tan sólo el punto de arranque del derecho de saca del transcurso del plazo prescriptorio de año y día para su ejercicio.

Cuarto.- Amparado en el número sétimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y error de derecho en la apreciación de la prueba con infracción del artículo 1.253 del Código Civil. Para establecer la sentencia recurrida, en cuanto a doña María Aránzazu Larrucea, sus asertos sobre conocimiento de la compraventa escrituraria de 30 de mayo de 1956, anuencia de la misma, carencia de doña maría Aránzazu de altos principios de sentido familiar anímico de afección, propósitos contrarios a las finalidades que se propuso el legislador al dictar los preceptos reguladores de la troncalidad vizcaína y fraude legal y puesto que nada de eso se ha exteriorizado por la recurrente, lo ha inferido del hecho de que doña María Aránzazu convivía con sus padres, los vendedores, de que no tiene medios económicos propios para adquirir los bienes inmuebles sobre los que versa el presente litigio y de que la venta de las fincas rústicas la llevaron a cabo don Vicente Larrucea y su esposa, padres de doña María Aránzazu para pagar deudas que tenían y que demuestran una precaria situación económica; de que don Vicente Larrucea firmó el documento privado a conti­nuación del otorgamiento de la escritura pública de 30 de mayo de 1956, y después de 9

rogar e implorar al señor Larrucea que todos sus hijos tenían conocimiento de la venta y de jurar que no solamente le constaba la conformidad de los hijos, sino que en el caso de que saliera algún pariente a ejercitar su preferente derecho en beneficio de los señores Sarricolea ya que la venta era la mejor solución de la familia Larrucea y en ello estaban todos conformes. Basta cotejar estos hechos, quela sentencia recurrida estima probados, con las conclusiones que de los mismos infiere, para persuadirse de que entre los hechos que dicha sentencia declara probados y aquellos otros deducidos en la sentencia recurrida, no existe el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano exigido por el artículo 1.253 del Código Civil y que esa falta de enlace preciso y directo se da de una manera patente y de la entidad y volumen necesarios como para que la apreciación de la Sala de la Audiencia sea revisada y corregida en casación. De la convivencia de doña María Aránzazu y su marido con los padres de la primera es completamente gratuito y arbitrario el deducir que dicha señora conociese previamente la compra y venta que se consumó en escritura pública de 30 de mayo de 1956. Lo lógico es suponer que don Vicente Larrucea se considerara avergonzado ante sus hijos por la situación económica angustiosa en que se encontraba y por la enajenación del solar y del patrimonio ancestral de la familia, y que ocultara a sus hijos todo ello. Aparte de que el conocimiento de la compra y venta, aun cuando hubiera sido conocido previamente por la recurrente el propósito de realizarla no desvirtuaría en lo más mínimo el derecho de saca. Sería absurdo derivar del hecho de la convivencia la deducción de que doña María Aránzazu otorgara su anuencia a la compraventa. Siendo el derecho de saca un derecho preferente que se da a los hijos, el hecho de que el hijo que convive con sus padres sea quien pretenda con preferencia a extraños la adquisición de bienes de carácter troncal es un supuesto que ha de darse y de hecho se da, con preferencia. Más absurdo aún sería derivar del derecho de la convivencia la conclusión de que doña María Aránzazu carece de altos principios de sentido familiar anímico de afección y que al poner en ejercicio la acción de saca tratare de someter fraude alguno legal, o proceder en contra de las finalidades del Fuero de Vizcaya acerca de la troncalidad. Lo propio cabe decir de que doña María Aránzazu no disponga de metálico o de bienes que le permitan adquirir con su fortuna propia los inmuebles sobre que versa el presente litigio. Con el ejercicio de la acción de saca por doña María Aránzazu y su éxito, el patrimonio de don Vicente Larrucea no se verá mermado, ni su solvencia disminuida, sino acaso incrementada. Anulada la venta de 30 de mayo de 1056, don Vicente Larrucea tendría que devolver el dinero percibido por tal operación, pero sería para recibir igual o mayor suma, pues está probado y la sentencia recurrida lo proclama, que los bienes adquiridos por los hermanos señores Sarricolea valen mucho más de lo que ellos pagaron por tales bienes. Incluso no puede afirmarse que la sentencia recurrida establezca que la tan repetida anuencia a la compraventa carecía de principios de sentido familiar, propósitos contrarios a los fines de la troncalidad y supuesto fraude legal, se derivan de la convivencia de doña María Aránzazu con sus padres y de las demás circunstancias consideradas hasta aquí, pues parece que el hecho del cual infiere sus deducciones, que la llevan a la desestimación de la demanda, es el otorgamiento del documento privado que siguió a la firma de la escritura de 30 de mayo de 1956, y de las 10

circunstancias en que se otorgó tal documento. No ya lo que se infiere del documento, ni lo que el documento deja de presumir, sino de lo que en el documento consta expresamente resulta todo lo contrario de lo que la sentencia recurrida da por probado; fraudes por parte de los señores Sarricolea de los que ni siquiera las salpicaduras pueden afectar a doña María Aránzazu. Comenzaron los señores Sarricolea por defraudar, determinando que en la escritura de 30 de mayo de 1956 se asignara a lo vendido un precio de 90.000 pesetas, siendo así que el precio de la transmisión de las fincas que adquirieron fue el de 405.000 pesetas. Salta a la vista en el documento privado que los señores Sarricolea sabían que compraban las fincas de la propiedad de don Vicente Larrucea y consorte en un precio muy inferior al real y esto cuando la situación de don Vicente Larrucea era delicada y crítica y se hallaba asediado por sus acreedores. Las fincas vendidas valen, según valoración pericial practicada en el pleito y que la sentencia recurrida acoge, 1.244.400 pesetas más que la cantidad en que fueron compradas por los señores Sarricolea. Después de realizado este negocio con don Vicente Larrucea quisieron los señores Sarricolea asegurarlo con una maquinación a todas luces ilegal, tendente a lo que la sentencia recurrida llama firmeza de la trasmisión efectuada, y para ello en el documento privado de 30 de mayo de 1956 no se comprometió don Vicente Larrucea a que sus hijos no ejercitaren el derecho de saca, pues ese compromiso lo da por existente la sentencia con arreglo a otras pruebas, sino que se comprometió a él, no doña María Aránzazu, a que si algún otro pariente tronquero ejercitara el derecho de saca, los hijos de don Vicente Larrucea lo ejercitarían también y lo ejercitarían de una manera positiva y efectiva, con éxito previsto en el documento, pero para producir el efecto de que lograda por los hijos la adquisición de los bienes que les correspondía por razón de troncalidad, según el propio documento privado, don Vicente Larrucea se obligara a entregar la diferencia entre el precio asignado a los bienes objeto de la compraventa escrituraria de 30 de mayo de 1956 y el que obtuvieran en la tasación pericial practicada con arreglo a Fuero, lo que demuestra que los señores Sarricolea sabían que realizaban un auténtico despojo al comprar, en el precio en que compraron, la casería Sugargaste. Pacto éste del documento doblemente fraudulento, por tener como finalidad el vulnerar la Ley Foral, y consolidar una compraventa leonina en contravención con los principios de troncalidad, sancionados por el Fuero por versar sobre una combinación en la que estaba previsto el ejercicio de la acción de saca por los hijos de don Vicente Larrucea como una maquinación para que este señor en tal caso se viera obligado a entregar a los señores Sarricolea, contra lo que. la Ley y la equidad disponen un justo precio de las fincas, superior al precio injusto, y como tal precio injusto y consciente de que lo era abonaron los señores Sarricolea en la escritura de 30 de mayo de 1956. La sentencia recurrida no establece como supuesto de su resolución la existencia de una supuesta renuncia por parte de doña María Aránzazu el derecho de saca foral que si desestima la demanda lo hace por otros motivos, por la carencia de altos principios de sentido familiar anímico de afección necesarios, propósitos contrarios a los que inspiraron al legislador al regularla troncalidad vizcaína, supuesto fraude legal. La sentencia de esta Sala de 29 de noviembre de 1903 declara que "es condición jurídica y necesaria de las renuncias de derechos a la de que éstas sean 11

personalísimas y no fundadas sobre formulismos deducidos de actos indeliberados de otras personas"; y la de 17 de noviembre de 1931, "que la renuncia de los derechos permitida en el artículo 4.° del Código Civil ha de ser explícita, clara y terminante, sin que sea lícito deducirla de expresiones de dudosa significación ni menos aún de párrafos fragmentarios, separados de un todo armónico integrante de un documento público"; y de modo parecido la de 13 de junio de 1942. El doña María Aránzazu hubiera tenido el ánimo de renunciar y hubiese estado de acuerdo con las combinaciones entre su padre y el señor Sarricolea, nada hubiera sido más sencillo y fácil que la suscripción del perti­nente documento de renuncia a la acción de saca o de ejercicio maniobrado de esa acción frente a otros posibles parientes tronqueros que pretendieran adquirir la propiedad de los bienes vendidos. No es verosímil la presunción de que doña María Aránzazu diera su anuencia, a la compra y venta de cuya nulidad se trata, de que dicha doña María carezca de los altos principios de sentido familiar anímico de afección o de que tuviera propósitos contrarios a los fines perseguidos por el Fuero de Vizcaya, al regular la troncalidad, circunstancias que, por otra parte, son inoperantes y es más absurda la presunción de que doña María Aránzazu haya renunciado al derecho de saca o pretenda llevar a efecto un fraude legal:

Resultando que admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción la Sala declaró conclusos los autos, mandando traerlos a la vista con las debidas citaciones y previa formación de nota; acto que ha tenido lugar en 11 de los corrientes, con asistencia de los letrados de las partes, que informaron en apoyo de sus respectivas y contrarias pretensiones:

Visto siendo Ponente el Magistrado don Manuel Taboada Roca:

Considerando que en el primer motivo del recurso, formulado al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, se alega que la sentencia recurrida comete infracción de las Leyes primera y sexta del título XVII del Fuero de Vizcaya, por inaplicación, ya que tales Leyes establecen: la primera, la obligatoriedad de determinados llamamientos en la Iglesia, durante tres domingos consecutivos, cuando se hayan de vender bienes raíces tronqueros, para que los parientes próximos puedan adquirirlos a precio de hombres buenos; y la última impone la nulidad de las ventas que no se hayan verificado con aquellos llamamientos previos; y como en el caso de autos se han realizado las enajenaciones litigiosas, sin tales llamamientos, y la recurrente ha ejercitado en tiempo y forma, el llamado "derecho de saca", pidiendo la nulidad de las enajenaciones, y la adquisición de los bienes vendidos, a precio de tasación, resulta clara –dice la recurrente– la inaplicación de aquellas Leyes, y la procedencia de la casación de la sentencia, que debe ser anulada, dictándose otra en su lugar, que acceda a los pedimentos de la demanda:

Considerando que nuestra Ley de Enjuiciamiento civil, al igual que otros ordenamientos extranjeros, aunque configura el recurso de casación con un gran rigor

formal, no tiene, sin embargo, cuidado de emplear la debida terminología cuando trata de determinar cuáles son los modos como la infracción de la norma puede cometerse, y se limita a decir –con gran impropiedad– que la infracción de Ley, denunciable en casación, sólo puede ser la que se cometa por violación de la norma, por interpretación errónea o por aplicación indebida, haciendo de la palabra "violación" una especie del género infracción, cuando, en realidad, según el Diccionario de la Lengua Española, significa lo mismo, ya que "violación" es la acción de violar, y "violar" es "infringir", quebrantar una Ley:

Considerando que, por tanto, nada de extraño tiene que la formalización de los recursos adolezca, en general, de esa misma impropiedad, y que también la jurisprudencia haya tenido vacilaciones, proclamando, unas veces, que no había más que aquellas tres maneras de infracción de la norma, y que eran antitéticas entre sí, y admitiendo, otras, que también se infringía la Ley cuando, siendo aplicable a la relación jurídica, dejaba de aplicarse –sentencias de 1 de marzo de 1934, 7 de noviembre de 1940, 2 de enero de 1943, 13 de enero de 1944, 8 de enero de 1945 y 25 de marzo de 1947–, pues, como proclama la doctrina científica extranjera, enfrentándose con análogas incorrecciones de léxico, se comete violación, lo mismo cuando se aplica una norma a un hecho inexistente que cuando se niega su aplicación a un hecho existente que la norma regulaba:

Considerando que, efectivamente, la Ley primera del título XVII del Fuero de Vizcaya, atendiendo al espíritu eminentemente familiar en que se basa la organización de aquella comarca, regula con toda minuciosidad las formalidades que deben preceder a la enajenación de bienes raíces tronqueros, imponiendo los denominados "llamamientos forales", para que los parientes que se encuentren dentro de cierto grado puedan adquirirlos con preferencia a extraños y por el precio que fijan los hombres buenos, en cuya última característica se diferencia del derecho de retracto gentilicio existente en otras regiones, y con cuyo cumplimiento de formalidades "queda la tal venta, firme y valedera": y la Ley VI del mismo título, atendiendo a esa finalidad, dispone, clara y concretamente, bajo una rúbrica que así lo proclama, que "si acaeciese que algún vizcaíno vende bienes raíces algunos de Vizcaya, sin dar primero los dichos llamamientos en la Ante-Iglesia, que en tal caso, los Hijos o Parientes mas profincos de aquella línea, puedan sacar tales bienes":

Considerando que, como sostienen uniformemente todos los foralistas, el vizcaíno que haya de vender bienes tronqueros en territorio regido por el Fuero de Vizcaya, debe anunciarlo por medio de los llamamientos forales, para que los parientes a quienes corresponda el derecho de adquirirlos por el precio que fijen los hombres buenos, puedan comprarlos, y, por consiguiente, si no se llena ese requisito y se verifica la venta, se infringe la Ley y se deja incumplida una solemnidad exigida bajo pena de nulidad, y el que pretenda adquirir o "sacar" los bienes vendidos, debe solicitar, en primer lugar, la nulidad de esa venta, por el procedimiento del juicio declarativo que

corresponda según la cuantía; cuya doctrina también es recogida en la vigente compilación del Derecho Civil de Vizcaya, de 30 de julio de 1959, en los artículos 51 y 57:

Considerando que, como en el caso de autos, la enajenación de bienes que se impugna:

a) Fue realizada por vizcaínos.

b) Versaba sobre bienes raíces tronqueros.

c) Tuvo lugar en la Ante-Iglesia de Mendata, en la que regía el Fuero de Vizcaya –y hoy la Compilación–.

d) No estuvo precedida de los llamamientos forales preceptivos.

e) Fue pedida su nulidad por la actora dentro del año siguiente a su realización; ^y

f) Tal actora es hija de los vendedores, y está, por tanto, dentro del grado de parentesco que determina la ley; resultaban de inexcusable aplicación las dos Leyes referidas, que, al no aplicarse, se infringen por no aplicación, sin que, como más adelante se razonará, sean causa bastante para excusar su aplicación, los argumentos en que se apoya la sentencia recurrida:

Considerando que en el motivo segundo, artículo también al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley procesal, se atribuye a la sentencia impugnada, infracción de aquellas dos Leyes del Fuero "por interpretación indebida", pues, aun reconociendo que tales Leyes tienen como finalidad la vinculación de la tierra vizcaína a la familia, para dar sólida cimentación económica al organismo familiar, exige en el que ejercita la "acción de saca", la concurrencia de unas condiciones subjetivas que las Leyes del Fuero no requieren, y desestima la demanda porque "no concurren en la actora los altos principios de sentido familiar anímico de afección necesarios para que el legítimo derecho de saca foral tenga existencia de acuerdo con los principios en que se inspiraron para su creación los legisladores del Fuero de Vizcaya":

Considerando que, con relación a este motivo, también es de tener en cuenta: en primer lugar, que aunque la terminología empleada en la motivación no es la que literalmente exige el precepto que se invoca, sin embargo, a ella es equivalente, ya que lo mismo significa "interpretación errónea –o no correcta– que interpretación indebida, que es la no ajustada al verdadero sentido del precepto; y, en segundo lugar, que, efectivamente, y como la recurrente sostiene, la Ley no exige semejante requisito subjetivo, cuyo concepto tampoco determina la sentencia recurrida, y, por tanto, aunque realmente la actora no tuviere esos altos principios de sentido familiar a que tal sentencia alude, sin embargo, como ejercitó la acción de saca en tiempo y forma, no puede privársele de su derecho a obtener la nulidad de la venta realizada sin la práctica

de los llamamientos forales previos:

Considerando que el tercer motivo del recurso, formulado igualmente al amparo del mismo número primero del artículo 1.692, denuncia la interpretación errónea de las dos mencionadas Leyes del Fuero de Vizcaya, que afirma ha cometido la sentencia impugnada, porque, partiendo de la base de que doña María Aránzazu Larrucea tuvo conocimiento de la venta litigiosa y que prestó anuencia a tal venta, llega a la conclusión de que por ello debe descartarse la aplicación de aquellas dos Leyes del Fuero de Vizcaya, cuando, según la recurrente, el conocimiento de la venta no es motivo para que el derecho de saca sea enervado, sino sólo determinante del punto de arranque del derecho, y la anuencia no bastaría tampoco para ese enervamiento, si no era prestada en términos tales que implicara una verdadera renuncia que la sentencia recurrida lo ha establecido de ninguna manera:

Considerando que, efectivamente, el hecho de que la hoy recurrente hubiera tenido conocimiento de la venta cuando se efectuó –que la sentencia estima probado por presunciones–, no enerva el derecho de saca que pudiera corresponderle, porque precisamente la Ley VI del título XVII del Fuero de Vizcaya otorga a los "profincos parientes" el derecho a ejercitar esa acción de "saca", si acuden dentro del año y día, y amplía ese plazo hasta tres años, si jurasen que ignoraban tal venta; por ello la referida Ley, puntualiza que "si acudiera después de pasado año y día no sea oído ni admitido, salvo que con juramento y solemnidad que haga que no supo de la dicha venta, en tal caso, aunque acuda después, dentro de tres años del día de la tal venta, sea admitido:

Considerando que tampoco la anuencia que hubiera podido prestar por aquel entonces la doña María Aránzazu a la enajenación impugnada, puede implicar la renuncia al derecho de saca que le correspondiera por aquella venta clandestina, porque para que la tal renuncia sea válida es necesario:

a) Que sea personalísima y no fundada sobre deducciones de actos de otra persona –sentencia de 27 de octubre de 1903–, y esto fue lo que dedujo la Sala sentenciadora de la actuación del padre de la recurrente; y

b) Que la renuncia, lo mismo la prestada en forma expresa que la deducida de manera tácita, tiene que ser clara, terminante e inequívoca –sentencia de 17 de noviembre de 1931 y 13 de junio de 1942–.

Considerando que, por último, con referencia a esa alegada anuencia, es de destacar que la sentencia recurrida se limita a sentar, como meras suposiciones: Primero, que "conviviendo con su hija es de presumir que contara con ésta para celebrar un compromiso de tanta trascendencia... ya que no tiene explicación el que lo hiciera sin su anuencia..."; segundo, que "tampoco tiene lógica explicación el que ...don Vicente, sin contar con sus hijos, accediera a que los compradores retuvieran en depósito la suma de cinco mil pesetas..."; y tercero, que "todo ello abona la presunción de que a la actora

no le interesa el derecho de saca que pretende en los autos"; lo cual no es la clara y terminante renuncia que se exige para que se produzca la pérdida de un derecho.

Considerando que en el cuarto motivo se denuncia, al amparo del número séptimo del tantas veces citado artículo 1.692 "error de derecho en la apreciación de la prueba, con infracción del artículo 1.253 del Código Civil", porque la sentencia, a juicio de la recurrente, de unos determinados hechos deduce unas consecuencias que no surgen de ellos inexcusablemente, ya que, de la circunstancia de vivir la actora con su padre no puede deducirse que hubiese tenido conocimiento de la venta litigiosa, ni tampoco del hecho de que ella tenga una precaria situación económica puede colegirse que no le interese ejercitar su derecho saca; más como la infracción del artículo 1.253 del Código Civil no se denuncia al amparo del número primero, tiene que ser desestimado, conforme así lo tiene establecido reiterada jurisprudencia de esta Sala –sentencias de 3 de mayo de 1944 y 24 de marzo de 1955–.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto a nombre de doña María Aránzazu Larrucea Arambarri, asistida de su esposo don Marcelino Urresti Lamiquiz, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, con fecha 26 de septiembre de 1956, la que casamos y anulamos, privándole de todo efecto legal, recaída en autos promovidos contra don Vicente Larrucea Zuzaeta y doña María del Carmen Arambarri Churruca y los hermanos don José Domingo, don Daniel y don Alberto Sarricolea Olabarría, sobre nulidad de venta; no haciendo declaración especial respecto a las costas causadas en este Tribunal Supremo; y, a su tiempo, líbrese a la mencionada Audiencia certificación de esta resolución y de la que seguidamente se dicta, devolviéndose el apuntamiento que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Francisco Bonet.– Joaquín Domínguez.– Mariano Jimeno.– Manuel Taboada Roca.– Tomás Ogáyar (rubricados).