STS de 1 de julio de 1922 (T. S.)

En la villa y corte de Madrid, a 1.º de de julio de 1922, en el juicio declaratorio de mayor cuantía, seguido en el Juzgado de primera instancia de Durango, y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos, por doña Luisa Iraurgui e Iturriaga, sirvienta y vecina de Bilbao, contra D. Tomás Lapatza Goicuria, y por su fallecimiento, después de incoado el pleito, su esposa doña Juana Orbea Gorostiaga, por sí y como representante de sus hijos menores D. José Luis y D. Pedro Lapatza, D. Telesforo de Abásolo y D. José Higinio Cerraeta e Iraurgui, presbíteros los dos últimos y vecinos todos de Ceanuri, partido de Durango, excepto D. Higinio, que lo es de la ciudad de Cienfuegos, sobre nulidad de contratos de compraventa, pendiente ante Nos, en virtud de casación por infracción de ley, interpuesto por el procurador D. José Vicedo, bajo la dirección del letrado D. Ricardo Oreja, a nombre de la demandante doña Luisa Iraurgui, no habiendo comparecido los demandados y recurridos:

Resultando que el caserío denominado La Morronena, situado en la anteiglesia de Ceanuri (Vizcaya), perteneció en pleno dominio a D. Juan Iraurgui y Zuloaga, siendo inscrito en el Registro de la Propiedad de Durango, y al fallecimiento de dicho señor lo heredó e inscribió su hijo D. Antonio, y a su vez, a la muerte de éste, lo heredó su hermana doña Lorenza, que también lo inscribió en el Registro, heredándolo a su fallecimiento su hijo D. José Higinio de Cearreta, a quien se le adjudicó la mitad de la finca siéndolo la otra mitad a su padre, D. Gregorio, como cónyuge viudo, que la adquirió por comunicación foral, inscribiéndose esas dos mitades en el Registro, y, finalmente, por escritura pública de 16 de agosto de 1915, D. José Higinio vendió a su padre D. Gregorio su mitad del caserío, y a su vez éste, por otra de 13 de julio de 1916, ratificada en 15 de octubre siguiente, vendió una parte importante de dicho caserío a D. Telesforo Abásolo y D. Tomás Lapatza:

Resultando que doña Luisa Iraurgui e Iturriaga, demandante en este pleito, hija legítima de D. Juan Iraurgui y hermana de D. Antonio y D. Lorenzo, invocando la condición de pariente tronquera, celebró acto de conciliación con los demandados de autos, por entender que las ventas referidas eran nulas, celebrándose dichos actos en 29 de septiembre y 5 de octubre de 1917, y asimismo la propia doña Luisa interpuso ante el Juzgado de primera instancia de Durango, en 12 de marzo de 1918, demanda de pobreza para seguir el presente pleito, obteniendo dicho beneficio por sentencia que quedó firme, según aparece de certificaciones aportadas en periodo de prueba:

Resultando que habiendo fallecido en 5 de febrero de 1919 D. Gregorio Cearreta, le sucedió en los derechos troncales del caserío en litigio su hijo, el nombrado D. José Higinio, y en 17 de marzo del propio año de 1919, la doña Luisa Iraurgui dedujo ante el Juzgado de primera instancia de Durango demanda de mayor cuantía contra el D. José Higinio, por sí y como heredero de su padre, y contra D. Telesforo de Abásolo y D. Tomás Lapatza, haciendo referencia de lo expuesto, y añadiendo que las ventas en 1

cuestión se hicieron sin los llamamientos forales, y que de ellas no tuvo conocimiento la demandante hasta septiembre de 1917, invocó como fundamentos de derecho las leyes y 6.ª del título XVII del Fuero de Vizcaya, y terminó pidiendo que se declarasen nulas las dos ventas del caserío La Morronena, hechas por escrituras de 16 de agosto de 1915 de julio de 1916, ratificada en 15 de octubre siguiente, y que la demandante, como pariente tronquera, tenía derecho a sacar a precio de hombres buenos las porciones vendidas del caserío por dichas escrituras, a cuyo efecto se ordenase al registrador de la Propiedad de Durango que cancelase las correspondientes inscripciones hechas por virtud de esas escrituras, y se otorgase otra a favor de la actora declarándose que tenía derecho a traer para sí a precio de hombres buenos, como tal parienta tronquera, y con costas a los demandados.

Resultando que los demandados contestaron a la demanda haciendo una relación de hechos sustancialmente conforme con los expuesto por la actora, añadiendo que si bien con respecto a la venta hecha por la escritura de 16 de agosto de 1915, no se hicieron los llamamientos forales, no podía desconocer la actora que dicha escritura se inscribió en el Registro en 15 de octubre del mismo año, y que si tampoco se hicieron esos llamamientos, en cuanto a la venta hecha por la escritura de 13 de julio de 1916, en cambio se la dio publicidad más que suficiente para que la demandante la conociera; que no era exacto que ésta fuera tronquera, pues en todo caso sólo podía serlo en cuanto a la mitad de la finca que D. José Higinio Cearreta vendió a su padre D. Gregorio, pero no en cuanto a la otra mitad, que éste adquirió, por comunicación foral y que vendió a D. Telesforo Abásolo y D. Tomás Lapatza; invocaron los fundamentos de derecho que estimaron oportunos, citando diversas leyes del Fuero de Vizcaya y oponiendo, entre otras, la excepción de prescripción de la acción ejercitada por la actora, y terminaron pidiendo se les absolviera de la demanda, con costas a la demandante:

Resultando que formulados los escritos de réplica y dúplica, en los cuales las partes mantuvieron sus respectivos puntos de vista, solicitando, como lo habían hecho, y abierto el juicio a prueba, se practicó, a instancia de la actora, la documental, testifical y de confesión en juicio, en virtud de la que el demandado D. Telesforo Abásolo, absolviendo posiciones, manifestó que era cierto que no se habían hecho los llamamientos forales en la forma que establece el Fuero de Vizcaya, pero que se publicó en los periódicos; que a instancia de los demandados se practicó la de testigos y de confesión en juicio de la demandante, quien afirmó que no tuvo conocimiento de la venta del caserío La Morronena, como ya había manifestado en la demanda:

Resultando que seguido el pleito por los restantes trámites de dos instancias, en 25 de abril del pasado año de 1921, la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos dictó sentencia revocatoria, y en su virtud absolvió a los demandados D. José Higinio Cearreta y demás litis-socios de la demanda interpuesta contra los mismos por Doña Luisa Iraurgui Iturriaga, para sacar bienes vendidos sin llamamientos, y sin hacer expresa declaración de costas en ninguna de las dos instancias:

Resultando que doña Luisa Iraurgui e Iturriaga ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números 1.° y 7.° del art. 1692, de la ley de Enjuiciamiento civil por los siguientes motivos:

Primero.- Por infringir la Sala sentenciadora, por omisión, falta de aplicación e interpretación errónea, las leyes, 1.^a y 6.ª del título XVII del Fuero de Vizcaya, de aplicación en el presente caso, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.° del código civil y sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, las de 31 de marzo de 1892, 3 de junio de 1896, 18 de junio de 1900, 29 de noviembre de 1913 y 24 de febrero de 1914, pues los demandados reconocieron al absolver posiciones, y no negaron a contestar a la demanda que la demandante y recurrente era tronquera, y que la compraventa, cuya nulidad se pretendió y acordó el Juzgado, fueron hechas sin los llamamientos que establece el Fuero, entre los tronqueros y parientes propincuos, doctrina que es la cierta y que no debió ser revocada por la Sala, al sostener que las disposiciones forales están derogadas por la Ley Hipotecaria vigente, con manifiesto error jurídico, puesto que ni las disposiciones de esta ley son opuestas al Fuero de Vizcaya, ni aquélla derogó o modificó éste;

Segundo.- Por infringir asimismo la ley 1.ª Título XX de dicho Fuero de Vizcaya, en relación con la ley 1^a y con la 7.^a del título XVII del mismo Cuerpo legal, por omisión, falta de aplicación y errónea interpretación, infringiendo asimismo las sentencias citadas en el anterior motivo; pues establece dicho Fuero dos plazos para pedir la nulidad de las ventas, hechas sin los llamamientos forales, uno de un año y un día y otro de tres años, exigiendo éste como condición para ejecutar esa acción que el que interponga la demanda jure que no tuvo conocimiento de tal venta, como ocurrió en el presente caso; siendo erróneo que, como sostiene la Sala, haya prescripto la acción, incurriendo al hacerlo así en error de hecho, pues la primera de las ventas se hizo el 16 de agosto de 1915, y la demanda incidental de pobreza para tramitar estos autos se presentó en 15 de marzo de 1918, por lo cual la reclamación se había planteado antes del plazo de tres años de prescripción;

Tercero.- Infracción de los artículos 33, de la ley Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909, en el concepto de omisión a falta de aplicación en el presente caso, y 36 y 38, regla quinta del mismo Cuerpo legal, por interpretación errónea y aplicación indebida, pues si bien es cierto que en los contratos inscritos en el Registro de la Propiedad y contra tercero; por causas que no consten en dicho Registro, no se dan acciones resolutorias y rescisorias, también lo es que el art. 33 de la ley Hipotecaria establece como regla general que la inscripción en el Registro no convalida los actos o contratos que, con arreglo a las leyes, sean nulos, y con arreglo a las citadas del Fuero de Vizcaya, la venta de bienes troncales sin los llamamientos forales son nulas, y, por lo tanto, no dispone dicho art. 33 de la ley Hipotecaria, cuya prescripción no aplica la Sala senten­ciadora, infringiéndola en dicho sentido, pues como aparece de autos el caserío La Morronena lleva varias inscripciones a favor de los antepasados, conociéndose perfectamente el tronco de donde proceden y sus antecedentes, causas y motivos que

constan en el Registro, no siendo ajenas al mismo, y, por lo tanto, resulta evidente la improcedencia y errónea aplicación de los artículos 36 y 38 de la ley Hipotecaria, no constando tampoco ni en la escritura de compraventa, ni en el Registro, que las ventas se hayan verificado con los debidos llamamientos, falta que implica asimismo, con arreglo al Fuero, vicio de nulidad, corno así lo declaró el Juzgado y sostuvo en su voto particular el magistrado que disintió de la Sala;

Cuarto.- Por incurrir ésta en error de hecho en la apreciación de la prueba, al estimar la excepción de prescripción, confundiendo, para hacer el cómputo de los tres años, la demanda principal con la incidental de pobreza, y prescindiendo también de las certificaciones de los actos de conciliación que obran en autos, aparte de que, como se ha dicho, los demandados reconocieron que la recurrente era tronquera, y que no se hicieron los llamamientos que determina el fuero, reconociendo la nulidad de la venta, corno así debió acordarse por la Audiencia, y

Quinto.- Por incurrir, finalmente, en error de hecho y de derecho al prescindir de las disposiciones citadas en los motivos primero y segundo de este recurso, del repetido Fuero de Vizcaya, afirmando que están derogadas por la ley Hipotecaria, cuando dichos preceptos están vigentes, según los preceptos legales, y sentencias que en aquellos motivos se invocaron; además de que la regla quinta del art. 38 de la ley Hipotecaria habla de leyes y fueros especiales, luego esa misma ley, que se invoca como derogativa de la del Fuero de Vizcaya, le reconoce su vigencia y fuerza obligatoria, y porque además, hablando de causas que no constan en el Registro, dicho queda que esto no tiene aplicación al caso presente, en el que se ha debido tener en cuenta lo dispuesto en el art. 33 de la ley Hipotecaria, pero no lo que determina los 36 y 38 de la misma ley.

Visto, siendo ponente el magistrado D. Edelmiro Trillo:

Considerando que reconocida por la Sala sentenciadora la vigencia de la ley 6. ^a, título XVII del Fuero de Vizcaya, subordinada a su juicio en cuanto a los efectos de la prescripción de acciones que la expresada ley reserva a los parientes tronqueros, a la fecha en que resulten inscritos en el Registro de la Propiedad los respectivos títulos traslativos de dominio, desde cuya fecha entiende aquélla que los mencionados parientes han tenido conocimiento legal de las ventas; el problema jurídico sometido hoy a la casación queda limitado a examinar y decidir en concreto acerca de la procedencia o improcedencia de la única tesis de que parte el Tribunal sentenciador para dictar su fallo, al estimar prescrita la acción de la actora, por haberse ejercitado transcurrido un año y un día desde las correspondientes inscripciones en el Registro y no serle ya lícito, según el criterio que la Sala sustenta, acogerse al plazo de tres años que el Fuero le reconoce para "sacar los bienes raíces enajenados" sin las formalidades que el mismo requiere:

Considerando que las leyes 1.ª y 6.° del título XVII del Fuero de Vizcaya responden a los especiales vínculos de estrecha solidaridad que por tradiciones informadas en la constitución íntima del pueblo vasco estableció su fuero entre la 4

familia y los bienes raíces procedentes de ella, rindiendo así tributo al principio de troncalidad en que esas leyes forales se inspiran; y como el texto de las enunciadas leyes es harto claro y explícito, se impone reconocer que cuando en la venta de bienes troncales no se hacen en el tiempo, número y forma que el fuero preceptúa los llamamientos prevenidos, nace en favor de los parientes "propincuos" la acción para "sacar" los aludidos bienes en el lapso de dos plazos, que regulan su ejercicio, uno ordinario, de año y día a contar desde la venta, y otro extraordinario de tres años " dentro del día de la venta", si con juramento protestasen no haber tenido conocimiento de las enajenaciones, cual se afirmó en la demanda por la recurrente:

Considerando que estimado asimismo en la sentencia recurrida que la parte actora no pudo utilizar el plazo extraordinario de los tres años para ejercitar su acción, porque a ello obstaba el conocimiento legal de las ventas realizadas, que asevera debió adquirir la doña Luisa Iraurgui, exclusivamente, por las meras inscripciones en el Registro, y no formulada por el Juzgado de instancia declaración alguna probatoria en que se afirme que la actora conocía por otros medios la realidad de las ventas, es notorio que incide aquél en las infracciones que se concretan en los motivos primero y segundo del recurso y en la del art. 33 de la ley Hipotecaria que se invoca en el motivo tercero, puesto que el carácter general que ésta reviste, de aplicable a todas las comarcas de España, no excluye la observancia de las leyes del Fuero de Vizcaya, que se refieren a la venta de bienes raíces troncales; y cuando como en el caso de este litigio, acontece, se procedió a la enajenación de los bienes sin las formalidades que para su validez exige el Fuero, recuerda y estatuye la propia ley Hipotecara en su citado art. 33, que la inscripción no convalida los actos o contratos nulos con arreglo a las leyes, sin que quepa tampoco el olvidar que las disposiciones de esa ley –que en rigor lo es de "terceros"– han de interpretarse de un modo armónico, sin violentar su natural sentido, porque el principio de publicidad que informa la ley Hipotecaria constituye una garantía de privilegio, únicamente para las personas que sus preceptos amparan en su condición de "terceros", y no es lícito atribuir al expresado principio un alcance tan absoluto que llegue al extremo de convalidar actos o contratos sustancialmente nulos, evidenciándose así el error que indujo a la Sala sentenciadora a reputar prescrita la acción ejercitada en la demanda, en el supuesto de que sólo cabía su ejercicio dentro del plazo extraordinario de tres años cuando se omitía la inscripción en el Registro:

Considerando que procediendo la casación por las infracciones mencionadas, resulta ocioso para la finalidad del recurso el examen y apreciación de las demás que se alegan en los motivos del mismo;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por doña Luisa Iraurgui Iturriaga, y, en su consecuencia, casamos y anulamos la sentencia que en 25 de abril de 1921 dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.= Antonio Gullón.= El conde de Lerena.= Manuel del Valle.= Mariano Luján.= Alfredo Souto.= Edelmiro Trillo.= Ernesto Jiménez.

Publicación.= Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Edelmiro Trillo, ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el día de hoy, ante mí, de que certifico como secretario de la misma.

Madrid, 1.° de julio de 1922. = Juan de Leyva.