STS de 28 de noviembre de 1867

En la villa y corte de Madrid, a 28 de noviembre de 1867, en los autos que en el Juzgado de primera Instancia de Bilbao y en la Sala segunda de la Real Audiencia de Burgos ha seguido D. Luis de la Cuadra Ordóñez de Barraicúa, Marqués de Villarias, con D. Santiago de Arana y consortes, y como citado por éstos de evicción el Ministerio fiscal, sobre reivindicación de ciertos terrenos; los cuales penden ante nos en virtud del recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia que en 15 de marzo de 1867 dictó la referida Sala:

Resultando que por auto que en 20 de octubre de 1868 dictó el Corregidor del Señorío de Vizcaya a una instancia presentada por D. Diego Ordóñez de Basurto y Barraicúa, declaró que por ministerio de la ley había pasado a éste la posesión civil y natural del vínculo y mayorazgo fundado por D. Juan Basurto de Acha y Doña María Sáenz de Arbieto, su mujer, y del patronato de la anteiglesia de Abando, con sus honores y diezmos de la iglesia de ella, agregado al dicho vínculo y mayorazgo por el Licenciado D. Juan Basurto de Barraicúa, mandando que se le diera la real y corporal, sin perjuicio de tercero que tuviera mejor derecho, como en efecto se le dio en 10 de noviembre en la casa y torre de Basurto de Acha y Astillero y montes de Montehermoso y Bustinzaurreta, que estaban frente de ella:

Resultando que en 26 de junio de 1755 D. José Ordóñez de Barraicúa, hijo del D. Diego, confirió poder a D. Juan Ventura de Barandiarán para que practicara las diligencias necesarias a fin de vender a las comunidades de la villa de Bilbao su universidad y casa de contratación, una heredad que le pertenecía en el campo de Ripa, como poseedor que era del mayorazgo de Basurto de Acha, y que dichas comunidades necesitaban y le habían pedido para profundizar y ensanchar la madre de la ría a fin de facilitar la subida de los navíos en utilidad común del comercio de la propia villa, sus naturales y vecinos, y aun de todo aquel muy noble y muy leal Señorío, cuya heredad reconocido y medido el maestro de obras Mateo Entrambasaguas, tasándola en 17,847 rs.:

Resultando que con este poder acudió Barandiarán al Alcalde y Juez ordinario de Bilbao, pidiendo se le concediera licencia judicial para otorgar formalmente dicha venta, y que previa la oportuna información que dio por medio de cuatro testigos de su utilidad y provecho para el mayorazgo, y con audiencia y aprobación del curador de D. Mariano Ordóñez, hijo de D. José, e inmediata reserva en los mayorazgos que éste poseía, concedió dicho alcalde, con acuerdo de su Asesor, la licencia para la expresada venta, a condición de que los 17,847 rs. de su precio se habían de depositar en D. Juan Antonio de Goyri para invertirlos en reedificar la torre solar de Basurto de Acha, que se hallaba arruinada en su interior por un incendio:

Resultando que en 13 de septiembre de dicho año de 1755 se otorgó la escritura

de venta, diciéndose en ella que Barandiarán, a nombre de Don José Ordóñez, como poseedor del expresado mayorazgo de Basurto de Acha, sus hijos y sucesores, con la concurrencia del curador de D. Mariano, vendía a las dos comunidades de Bilbao, su universidad y casa de contratación, los ... estados de heredad de pan sembrar separados por Mateo de Entrambasaguas para la obra de la ría o para que dichas comunidades quisieran destinar del campo de Ripa de la anteiglesia de Abando, dejando reservados para el D. José y sus sucesores la torre solar de Basurto de Acha y los 449 estados de la misma heredad que por no ser útiles para dicha obra separó y amojonó el mismo Mateo enfrente de la torre solar; y que también les vendía los 1.500 estados de campo y tierra inculta que con dos árboles crecidos tasó para el mismo fin el citado Mateo, cuya porción de heredad y campo componían 3,621 estados de terreno, que lindaban por la parte de hacia la iglesia de Abando con una zanja o callejón por donde corría el agua de un regachuelo que bajaba junto a dicha torre solar; por otro lado con los 449 estados de heredad que quedaban reservados para el D. José y sus sucesores; por otro lado con la porción de campo que en dicha Ripa pertenecía a la fábrica de la iglesia de Abando, y el resto con la ría que bajaba desde Bilbao a la de Olaveaga, verificando la venta por los 17,487 rs. que se entregaban al depositario Goyri:

Resultando que por otra escritura de 4 de enero de 1756 D. José Ordóñez de Barraicúa manifestó que del importe de la venta que comprende la anterior se habían entregado ya 11,000 rs. a los maestros canteros que tenían contratada la reedificación de la torre solar de su mayorazgo de Basurto en lo tocante a su arte; y que habiéndose dejado de incluir en dicha escritura de venta de 13 de septiembre de 1755, que aprobaba y ratificaba en todo y por todo, otros 298 estados de tierra inculta, exclusos 128 que comprendía el camino real y servidumbre, con cinco árboles, cuyos estados podían ser de poco o ningún aprovechamiento para él y los sucesores en el mayorazgo, había propuesto a dichas dos comunidades que se los comprasen, y éstas habían convenido en ello, conformándose ambos en que se cortarían los árboles para la obra de la torre, y en que se tasasen los 298 estados de tierra, como lo habían sido por peritos; y que usando de la licencia inserta en la escritura de venta del año anterior, vendía a las mismas comunidades de Bilbao y su consulado los dichos 298 estados de tierra en precio de 1,192 rs., que habían depositado también en poder de Goyri para invertirlos en la obra de la torre solar:

Resultando que el referido D. José Ordóñez de Barraicúa en el poder para testar que confirió a su esposa Doña María Francisca de Castaños declaró, entre otras cosas, que durante su dicho matrimonio se había reedificado la torre de Asúa invirtiendo en ella, además de otros caudales, 2,000 ducados que suplió su mujer; y que para la fábrica de otra torre que hacía pocos años reedificó en la anteiglesia de Abando, en propio territorio de su vínculo de Basurto de Acha, tomó en unión de su mujer 3,000 escudos a censo sobre los bienes de ésta, los que se emplearon en la citada torre de Abando:

Resultando que por escrituras de 20 y 24 de julio, 27 de octubre y 3 de noviembre de 1860 se vendieron judicialmente, como procedentes de bienes del Estado, un terreno

en Campo de Ripa y jurisdicción de Abando, de 104 y medio metros cuadrados, otro de 78 metros, otro de 8,301, con inclusión de la área que ocupaba una teja vana, y una casa en dicho Campo de Ripa, jurisdicción de Abando, con 123 metros cuadrados de extensión superficial, por las cantidades en que fueron rematados, y que hacían un total de 1.398,100 rs., a pagar en veinte plazos; y que dicha casa y terrenos los adquirieron, unos por remate a su favor, y otros por cesión a venta posterior, D. Santiago Zarauz y D. Ezequiel de Uriguen, habiendo después señalado estos mismos por otra escritura la parte que a cada uno correspondía:

Resultando que el Marqués de Villarias pidió a la Junta superior de Ventas de bienes del Estado que suspendiese la aprobación de las ventas indicadas; y negada esta solicitud, previo informe de la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado y Asesoría general del Ministerio de Hacienda, entabló dicho Marqués en 3 de septiembre de 1864 la actual demanda de reivindicación, pretendiendo que se obligase a Arana y consortes a dejar a su disposición dichos terrenos vendidos por el estado, y que ellos poseían, con los incrementos que hubieran tenido por aluvión, previa devolución que haría del precio que su tatarabuelo D. José Ordóñez de Barraicúa recibió por ellos, según la escritura de 13 de septiembre de 1755 y 4 de enero de 1756, y al abono de las costas, daños y perjuicios que por su causa se le irrogasen; fundándose obtenido ésta, fueron nulas las enajenaciones de 1755 y 1756, en que no habían pasado los 30 años desde el 30 de agosto de 1836 que serían necesarios para que se hubieran adquirido tales bienes por prescripción; y en que Arana y consortes no tenían otro carácter que el de detentadores de ellos, y el verdadero y legítimo poseedor era él, como sucesor en el vínculo de Basurto de Acha:

Resultando que D. Santiago Arana y consortes pretendieron que se desestimara la demanda y se condenara al actor en las costas y perjuicios, alegando para ello que no habiendo presentado el demandante la escritura de fundación del vínculo a que se decían corresponder dichos terrenos, y viendo también que se había negado a declarar sobre este punto, negaban que aquellos terrenos hubiesen sido vinculados: que la demanda no se había entablado respetando las disposiciones vigentes: que los bienes estaban prescritos por la posesión inmemorial: que aun la prescripción ordinaria bastaba para que ellos los hubiesen adquirido, porque los tenían con justo título y buena fe, siendo aún más corto el tiempo que señala la legislación foral que el que marca la general para tales prescripciones; y que el demandante, como heredero del vendedor, tenía que responder de la evicción y saneamiento:

Resultando que puestos los escritos de réplica y dúplica se recibió el pleito a prueba, y durante este trámite compareció el Promotor Fiscal de Hacienda como citado de evicción, pidiendo la nulidad de todo lo obrado por no haber acudido el demandante a la vía gubernativa antes de deducir se abrió de nuevo el término de prueba, y las partes practicaron las que estimaron convenirles, apareciendo de ella, entre otras cosas, que el demandante siempre había sido vecino del concejo de San Julián de Muzquiz:

Resultando que en 16 de agosto de 1866 el Juez de primera instancia dictó sentencia, que confirmó la Sala segunda de la Real Audiencia de Burgos por la suya de 15 de marzo de este año, absolviendo de la demanda a D. Santiago de Arana y consortes, y al Promotor fiscal en representación del Estado, de la subsidiariamente dirigida contra él por aquéllos:

Y resultando que contra este fallo interpuso el Marqués recurso de casación, porque en su concepto infringe:

1 .° La ley 2.^a, tít. 15, Partida 2.⁰, base y regla a que debían atemperarse todos los vínculos y mayorazgos de España, y de la que se habían sacado las reglas: primera, de que el reino de España, es una verdadero mayorazgo, cabeza de todos los demás mayorazgos, que como miembros se derivan y toman de él la razón o modo de ser; segunda, de que los mayorazgos por su propia naturaleza son indivisibles, no sólo porque también lo es el reino, cabeza de todos los mayorazgos, sino también porque el fin principal de aquéllos es conservar la memoria y lustre de la familia, el cual, como también lo pingüe de los patrimonios, se destruyen por la división; y tercera, de que la sucesión en los mayorazgos es perpetua en todos aquellos que vienen de la familia del fundador, por lo que los bienes mayorazgados son por su naturaleza inenajenables; sólo el Rey puede conceder facultad para enajenarlos, y lo suele hacer cuando lo exige la pública causa o la necesidad o utilidad del mayorazgo.

2 .° La doctrina establecida por la jurisprudencia de los Tribunales, consignada en la sentencia de este Supremo de 28 de junio de 1860, de que es ineficaz la escritura de cesión de bienes vinculados otorgada entre los poseedores de diferentes mayorazgos, aunque tenga por objeto aclarar y deslindar las correspondientes a cada uno de éstos, en atención a que carecen de facultades los poseedores de vinculaciones para ceder los bienes que les constituyen.

3 .° La misma doctrina consignada en la sentencia de 25 de noviembre de 1864, en que se establece que "la facultad de conceder licencia para la enajenación de bienes vinculados, que competía a los soberanos durante el régimen de la Monarquía pura, es de orden administrativa, y en sus resultados comprende al derecho privado" y que "en las enajenaciones de fincas pertenecientes a mayorazgos, la Real cédula facultando para ello es la ley de la materia".

4 .° El principio establecido en la sentencia de 30 de enero de 1864, dictada en un recurso de casación procedente de la audiencia de Valladolid; en cuanto por la de este pleito se determina que era necesario discutir antes en juicio separado la nulidad de las enajenaciones, sin reconocer que él había presentado los documentos y afirmado que no eran verdaderas y legales enajenaciones, y que consideraba a su vinculación en la verdadera y legal posesión de aquellas fincas, porque no habiendo salido nunca legalmente del mayorazgo, por ministerio de la ley estaban a él unidas, y por este mismo ministerio le correspondían como verdadero y legítimo sucesor en la vinculación.

5 .° La ley 41 de Toro, o sea la 1.^a, tít. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación, y la doctrina consignada en las sentencias de este Supremo Tribunal de 7 de marzo y 4 de junio de 1866, en que se declara "que no es necesaria la presentación de la escritura de fundación para la prueba de que ciertos bienes son vinculados, pudiendo dar otra supletoria", por cuanto se daba mérito a la observación de que los bienes cuya reivindicación se pretendía no eran vinculados, por no haber acompañado la escritura de fundación del vínculo, siendo así que la calidad de vinculados fue reconocida indisputablemente al verificarse las enajenaciones de 1755 y 1756, pues sólo en tal sentido se practicaron las diligencias de información incompletas, insuficiencia y nulas, subsistiendo dicho reconocimiento y confesión en la actualidad, porque las corporaciones adquirentes en aquella época tenían los mismos compromisos que la Hacienda pública que las representadas en 1860.

6 .° Que al admitir la doctrina de que en falta de la legalidad que no podía reconocerse en las escrituras de 1755 y 1756, podía invocarse la prescripción inmemorial, y lo que es más, la ordinaria de 10 a 20 años; el espíritu, la legalidad y la filosofía de la prescripción en todas sus acepciones, que era suplir la falta de título, y por consiguiente en aquellos casos en donde el título existía con sus condiciones especiales y características, buenas o malas, y se discutía, se apreciaba y juzgaba dicho título, era imposible que pudiera darse entrada a la prescripción.

7 .° La doctrina consignada en las sentencias de 25 de junio de 1859 y 23 de mayo de 1863, en las que se establece que la prescripción no es aplicable a los bienes que fueron vinculados mientras conservasen este carácter, y que por consiguiente no corre contra los mismos sino desde que se restablecieron las leyes desvinculadoras en 30 de agosto de 1836.

8 .° Y por último, la doctrina establecida en la sentencia de este Supremo Tribunal de 25 de enero de 1861, en que se consigna -que las leyes 14 y 15, título 31, Partida 3.^a, que tratan de los diferentes modos de constituirse las servidumbres y del tiempo porque se ganan por la prescripción, no tienen aplicación al caso en que la posesión no reúna todas condiciones legales", puesto que estas condiciones no las reunían los títulos de 1755 y 1756, y no podía concederse buena fe a los adquirentes de una cosa con vicios tan marcados:

Vistos: siendo Ponente el Ministro D. Laureano de Arrieta:

Considerando que fundándose la demanda reivindicatoria del Marqués de Villarias en la cualidad vincular que atribuye a los terrenos litigiosos, y habiéndose negado esta cualidad por los demandados, incumbía al mismo demandante el deber de probarla directa y acabadamente por alguno de los medios que establece la ley 1.^a, tít. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación:

Considerando que el Marqués no ha suministrado ni aún intentado la indicada prueba, suponiéndola equivocadamente suplida por las diligencias de la posesión

conferida a uno de sus causantes, del mayorazgo de Basurto de Acha, y por las escrituras de enajenación de 1755 y 1756, puesto que ni aquellas diligencias en que no se mencionan siquiera los terrenos en cuestión, ni estas escrituras, que tuvieron por objeto único aquella enajenación y en que se supone sin acreditarlo que dichos terrenos pertenecían al expresado mayorazgo, reúnen las condiciones y circunstancias exigidas para este objeto por la citada ley y por la jurisprudencia de los Tribunales:

Considerando que aun en las hipótesis de que el Marqués hubiese realizado la mencionada prueba, obstaría a su demandada la excepción de prescripción opuesta igualmente por los demandados bajo el doble concepto de haber adquirido ellos por este medio el dominio de dichos terrenos mediante reunir todos los requisitos que al efecto determinan las leyes, y de haberse extinguido y caducado por el simple lapso de tiempo y el silencio o inacción del Marqués y de sus causantes toda acción que éste pretendiera intentar respecto de aquellos terrenos, mediante que es un hecho notorio que desde el 30 de agosto de 1836, en que los bienes anteriormente vinculados fueron restituidos a la condición de libres y sometidos a las prescripciones del derecho común, ha transcurrido con grande exceso el término de 10 años de posesión, que en el presente caso basta para que tenga lugar la prescripción ordinaria, como medio de adquisición del dominio, atendidas las circunstancias de haber residido el Marqués constantemente en Vizcaya y de concurrir en los demandados y sus causantes las demás condiciones necesarias de justo título y buena fe, según lo reconoce y declara la Sala sentenciadora:

Considerando que la caducidad de la acción promovida por el Marqués aparece aún más evidente y manifiesta con arreglo a la ley 3.^a. tít. 12 del Fuero de Vizcaya, que según lo declarado por este Supremo Tribunal rige y regula en la tierra de Infanzón, en que las mencionadas fincas radican, todo lo relativo a prescripción de acciones, porque terminatemente previene que toda acción que otro tenga sobre bienes y raíces entre extraños se prescriba entre presentes por tiempo de 10 años, y entre ausentes por 15 años:

Considerando, por tanto, que al estimar la Sala sentenciadora las indicadas excepciones propuestas, entre otras, por los demandados, absolviendo en su virtud de la demanda a éstos y al representante de la Hacienda pública, no ha infringido ninguna de las leyes y doctrinas que se citan en el recurso, unas bajo la equivocada suposición de hallarse probada la cualidad vinculada de los terrenos litigiosos, otras sin aplicación posible al presente litigio, y las demás con relación a algunos considerandos de la ejecutoria que no constituyen su esencial y decisivo fundamento;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Luis de la Cuadra Ordóñez de Barraicúa, Marqués de Villadas, a quien condenamos en las costas y a la pérdida de los 400 escudos depositados, que se distribuirán en la forma prevenida por la ley, y devuélvanse los autos a la Real Audiencia de Burgos con la certificación correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Gabriel Ceruelo de Velasco.—Ventura de Colsa y Pando.— José María Cáceres.— Laureano de Arrieta.— Valentín Garralla.— José María Haro.— Joaquín Jaumar.

Publicación.— Leída y publicada fue la sentencia anterior por el Ilustrísimo Sr. D. Laureano de Arrieta, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública la Sección primera de la Sala primera del mismo, el día de hoy, de que certifico como Secretario de S.M. y su Escribano de Cámara.

Madrid, 28 de noviembre de 1867.— Dionisio Antonio de Puga.— (Gaceta de 1.° de enero de 1868.)