STS de 27 de diciembre de 1895

En la villa y corte de Madrid, a 27 de diciembre de 1895, en el pleito pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casación por infracción de ley, seguido en el Juzgado de primera instancia de Bilbao y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por D. José Antonio de Arana y Larrauri, carpintero, vecino de Baracaldo, y D. Esteban de Landaburu y Arza, cantero, vecino de Sestao, como marido de Doña Máxima de Arana y Larrauri, representados por el Procurador D. José Martínez Carvajal y defendidos por el Licenciado D. Luis de Zavala y Arellano, con Doña María de los Dolores de Zobarán y Torribiarte, viuda, propietaria, vecina de Erandio, y en su nombre el Procurador D. Manuel Bru, bajo la dirección del Letrado D. Tirso Rodríguez, sobre nulidad de una institución hereditaria:

Resultando que D. Antonio de Arana y Larrauri contrajo matrimonio en la anteiglesia de Erandio en 22 de noviembre de 1877 con Doña Dolores de Zobarán y Torreibiarte:

Resultando que D. Francisco de Arana y Garmendia vendió por escritura de 18 de octubre de 1883, por mitad e iguales partes, a D. Antonino de Arana y Larrauri y D. Marcos de Uranga y Arregui las obras que tenía ejecutadas para la construcción de una casa de nueva planta en el barrio de Urbinaga, del concejo de Sestao, en precio de 7.780 pesetas, que le entregaron los compradores, cada uno su mitad, traspasándoles todos sus derechos para que continuasen la casa en construcción como les acomodase; y que por escritura de 16 de febrero de 1884, D. Marcos de Uranga y Arregui vendió a D. José Antonio de Arana y Larrauri su parte o mitad en dichas obras en la cantidad de 3.890 pesetas que a él le costaron; habiéndose construido una casa doble, correspondiendo la mitad, o la del lado del Poniente, a D. José Antonio de Arana, y la del lado de Oriente, a su hermano D. Antonino:

Resultando que en 25 de enero de 1886 otorgó testamento en Bilbao D. Antonino de Arana y Larrauri, en el que declaró: que estaba casado con Doña Dolores Zobarán y que no tenían sucesión; que los bienes de que era dueño resultaban en documentos, libros y apuntes que se encontrarían entre sus papeles; nombró albacea y ejecutor de su voluntad a su citada esposa, con las más amplias facultades, instituyéndola, en atención a no tener ascendientes ni descendientes, heredera única y universal de todos sus bienes, sin exclusión ni separación alguna:

Resultando que, ocurrido el fallecimiento de D. Antonino de Arana y Larrauri, sus hermanos D. José Antonio y Doña Máxima, representada ésta por su marido D. Esteban de Landaburu, dedujeron en 23 de septiembre de 1881 la demanda objeto de estos autos, en la que, consignando como hechos los antecedentes que quedan referidos, dedujeron de ellos como fundamentos legales: que el concejo de Sestao se regía por el Fuero de Vizcaya, y la finca mencionada radicaba en dicho concepto, rigiéndose, por tanto, por la

ley del Fuero 15, tít. 20, con arreglo al párrafo último, art. 10 del Código civil; que la ley 16 del mismo título dispone que la raíz comprada sea de la misma calidad y condición que la heredada, como si hubiera sido habida de patrimonio de abolengo, y no puede ser dada ni mandada a extraños, sino al heredero profinco que de derecho, conforme al Fuero, deba heredar, según que los otros bienes que hubiese; de suerte que la parte de la finca adquirida por D. Antonino, constante matrimonio, formó tronco en ambos cónyuges, y la mitad de ella debió ser dejada a sus parientes tronqueros más próximos, que lo eran los demandantes y D. Fernando de Arana; que teniendo hermanos, no pudo D. Antonino dejar a su mujer la parte de finca de que se trataba, en lo que era nula y de ningún valor la institución que hizo respecto de la cláusula por la que se nombraba a la mujer heredera única y universal de todos sus bienes raíces, muebles, derechos y acciones; que según la ley 8.ª del mismo tít. 20 del Fuero, en la sucesión abintestato respecto de los bienes raíces en Vizcaya, los parientes más próximos excluían a los más remotos, y no podía haber parientes más próximos de D. Antonino, que no tenía ascendientes ni descendientes, que sus hermanos, por lo cual éstos debían heredarle en dicha media casa de Sestao, y la institución en cuanto a ella hecha en favor de la demandada, era nula y de ningún valor; terminando por todo ello con la pretensión de que se declarase nula y de ningún valor ni efecto la institución de heredera que D. Antonino de Arana hizo a favor de su mujer doña Dolores de Zobarán, en cuanto a la mitad de la casa doble de la parte de Oriente, que con la otra del Poniente construyeron D. Antonino y D. José Antonio de Arana en el barrio de Urbinaga, del concejo de Sestao; y que esta mitad pertenecía a D. Fernando, D. José Antonio y Doña Máxima de Arana y Larrauri, en cuanto a los derechos que en ella tenía el D. Antonino, como legítimos herederos de éste, la cual les fuera entregada por Doña María de los Dolores, con los frutos y rentas producidos y debidos producir desde la muerte de D. Antonino, imponiéndole las costas:

Resultando que Doña María de los Dolores de Zobarán contestó a la demandada, admitiendo los hechos de la misma, a los que añadió: que dueña por derecho propio de la mitad de la citada casa y de la otra mitad en virtud de la última disposición de su esposo D. Antonino, la vendió en su totalidad a Doña Sinforosa Torreibiarte y Hormaeche por escritura de 6 de febrero de 1882, que acompañaba; que los títulos 20 y 21 del Fuero de Vizcaya determinaban los derechos de los herederos forzosos que tenía el deber de respetar el testador, pero entendiéndose que no concedía tal carácter sino a los profincos tronqueros en particular, y para que el profinco fuera heredero forzoso era preciso que reuniera la cualidad de tronquero; que tronco, según la ley 8.^a, tít. 21, era la línea de donde pendían tales bienes raíces, doctrina sentada por sentencias de este Tribunal Supremo de 1.° de marzo de 1866 y 26 de abril de 1868; que constituyendo la base del derecho foral en materia de sucesiones el principio de la troncalidad, tendría que ser también el fundamento para limitar la facultad de disponer de los bienes raíces, en consonancia con la ley 8.^a, tít. 21, referentes a las sucesiones intestadas; que la ley 16, tít. 20 del Fuero, no deroga ni modifica las citadas leyes, concretándose a ordenar que los bienes raíces comprados deben reservarse para los profincos que conforme al

Fuero los deban heredar; que adquiridos los bienes por el finado D. Antonino a título de compra, nació en él la troncalidad, y sólo sus descendientes podían obtener ese derecho, siendo sus hermanos parientes cercanos, pero no tronqueros, debían ser habidos por extraños en cuanto a la troncalidad; y que era, por lo tanto, válido en todas sus partes el testamento del mencionado D. Antonino, y temeraria la demanda en que se reclamaba la mitad de la casa de Sestao; terminando, en su virtud, con la pretensión de que se declarase válido y subsistente en todas su partes el testamento otorgado por D. Antonino Arana Larrauri en 25 de enero de 1886, bajo el que falleció, instituyendo por heredera universal a su esposa Doña Dolores Zobarán, por no tener herederos forzosos, y reconviniendo al demandante D. José Antonio Arana, pidió se le condenara al pago de la cantidad de 3.700 pesetas procedentes de un préstamo y de un pagaré, con los intereses legales devengados y que se devengasen, con imposición de costas a los demandantes:

Resultando que éstos insistieron en su demanda, conformándose el demandado D. José Antonio Arana con la reconvención y pagar cuando pudiera a la demandada la cantidad que le reclama y la liquidación de intereses; y evacuado por Doña Dolores de Zobarán el trámite de dúplica, y conformes en que el pleito no se recibiera a prueba, por estarlo en los hechos, sustanciado el juicio en dos instancias, la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos dictó en 9 de junio de 1894 sentencia confirmatoria, con la costas, declarando válido el testamento otorgado por D. Antonino de Arana y Larrauri el 25 de enero de 1886, bajo el que falleció, instituyendo por heredera universal de sus bienes a su mujer, la demandada Doña Dolores de Zobarán y Torreibiarte, no habiendo, por tanto, lugar a la nulidad solicitada por los demandantes, de cuya demanda se absuelve a Doña Dolores Zobarán; y declarando haber lugar a la reconvención interpuesta, se condena al demandante D. José Antonio de Arana al pago a la demandada de las 3.700 pesetas, con los intereses estipulados y legales devengados y que se devenguen, sin hacer especial imposición de costas de la primera instancia:

Resultando que D. José Antonio Arana y Larrauri, y D. Esteban de Landaburu y Arza, como marido de Doña Máxima Arana y Larrauri, han interpuesto recurso de casación, alegando:

Primero.- Que la sentencia infringe la ley 16 del Fuero de Vizcaya, por haberle dado una interpretación completamente contraria a la que terminante mente expresa, toda vez que, según su texto literal, la raíz comprada debe seguir la misma condición de la de patrimonio o abolengo; según la ley 18, tít. 20, los bienes raíces deben ir a los profincos tronqueros dentro del cuarto grado; y la ley 8.^a, tít. 21, dice que no habiendo descendientes ni ascendientes, hereden los parientes más próximos de la línea por donde vienen los bienes raíces, y como los que eran objeto de este litigio fueron comprados por D. Antonino de Arana durante su matrimonio con Doña Dolores Zobarán, era claro y conforme con lo que mandaba el Fuero de Vizcaya que la mitad de ellos habían de reputarse como de la línea del marido y la otra mitad como de la línea de la mujer, y en

su consecuencia los parientes de uno y otro tendrían los derechos respectivos de sucesión y troncalidad con relación a cada una de dichas mitades:

Segundo.- Que se infringe asimismo la doctrina legal establecida por este Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de abril de 1868, en la que se dispone que al atribuir la ley 16, tít. 20 del Fuero de Vizcaya, a la cosa raíz comprada el mismo carácter de troncalidad que si proviniese de patrimonio o abolengo, no permite que pueda ser donada o legada a otra persona que al heredero y profinco que conforme al mismo Fuero la deba heredar, no cabiendo duda que era aplicable al presente caso la sentencia citada, porque los bienes raíces objeto del litigio se hallaban sitos en Sestao, lugar donde regía la ley foral, siendo necesario para aplicar la legislación común, que era la que aplicaba la sentencia recurrida, que se probase que no regía la foral en el lugar donde se hallaba sito el bien raíz, lo cual no ocurría en este caso; confirmando lo expresado la sentencia de este Supremo Tribunal de 16 de marzo de 1865, en que se consigna que para que puedan regir las leyes generales del Reino sobre bienes de un aforo de Vizcaya, es menester que, según dispone la ley 3.^a, tít. 36 del Fuero, que se pruebe que aquellos bienes radican en punto donde no rige la legislación foral, y la dictada en 8 de junio de 1874, en que se expresa que si bien las ordenaciones de varios Reyes referentes a los Fueros de Vizcaya disponen que los pleitos que se promuevan entre vizcaínos se determinen por la ley del Fuero, y lo que no se puede determinar por ellas lo hagan por las generales del Reino, ninguna altera el principio de que los bienes sitos en Vizcaya han de regirse para las sucesiones por las leyes forales:

Tercero.- Y que, en resumen, la sentencia infringe los preceptos consignados en el Fuero de Vizcaya, especialmente en su ley 16, tít. 20, y la doctrina legal establecida por este Tribunal Supremo, toda vez que la teoría sostenida en toda la sentencia, cuyos considerandos se contradicen e impugnan, es que un bien raíz sito en donde rige el Fuero de Vizcaya y que ha sido comprado, no adquiere la condición de los demás bienes raíces que procedan de patrimonio o abolengo hasta que por muerte del que los compre hereden sus descendientes, sin tener presente que, además de que en tal caso deja el inmueble de ser comprado y pasa a ser heredado, se opone a lo consignado en las leyes tantas veces citadas y a lo establecido en la jurisprudencia.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Joaquín González de la Peña:

Considerando que las leyes 14 y 18, tít. 20 del Fuero de Vizcaya, regulando en términos precisos la facultad de disponer de los bienes raíces, prohíben hacerlo en favor de extraños tan sólo cuando el dueño tuviere descendientes, ascendientes o colaterales tronqueros dentro del cuarto grado, siguiéndose de ello, como lo tiene declarado este Tribunal Supremo, que si careciese de tales herederos y parientes colaterales, puede disponer libremente de todos sus bienes raíces, aunque estén sitos en el infanzonado:

Considerando que, conforme a esta regla, de derecho positivo, el que comprare bienes, no por retracto de abolengo, sino mediante venta libre hecha por un extraño, puede disponer de ellos a su voluntad si careciese de descendientes y ascendientes, por 4

ser indudable que no habiéndolos poseído persona alguna de la familia del comprador, no puede éste tener parientes colaterales tronqueros, calidad ésta indispensable, según las leyes y según la misma sentencia de 1868, invocada en apoyo del recurso, para que los colaterales deban heredar por derecho de troncalidad:

Considerando que la ley 16 del mismo título 20 no contiene precepto alguno del que pueda inferirse que los parientes colaterales del comprador de bienes raíces deban heredarlos por derecho propio sin ser tronqueros, pues dicha ley tiene por único y exclusivo objeto consagrar el principio necesario para llevar, como lleva el Fuero, hasta sus últimas consecuencias lógicas el régimen troncal de que la propiedad patrimonial y de abolengo no pierde este carácter mientras se conserve en la familia, aunque se hubiere transmitido de uno a otro miembro de ella por título de compra; y por eso, la ley, en su primera parte, no equipara los bienes comprados a los heredados, lo que implicaría una modificación de su calidad, trascendente al derecho de sucesión, sino que tan solamente equipara, lo cual es sustancialmente distinto, los títulos de adquirir la propiedad, o sean la compra y la herencia, según claramente se colige de su texto y de su epígrafe; de suerte que respetando, como respeta el legislador, la diversa calidad que pueden tener los bienes comprados, atendida su procedencia, es lógico consigo mismo, cuando al determinar en la segunda parte de la ley los efectos de esa equiparación, no concede derechos hereditarios distintos de los regulados por las demás leyes del Fuero, ni por tanto los concede a los parientes del comprador aunque no sean tronqueros, sino tan solamente al heredero y profinco que conforme al mismo Fuero, y según se heredan los demás bienes raíces, deban suceder en la cosa comprada, con lo cual manifiestamente excluye de la sucesión a los colaterales en quienes no concurra la calidad de tronquero:

Considerando que, según lo expuesto, el comprador tiene las mismas facultades y los mismos deberes respecto a los bienes comprados que tendría si se le hubieran transmitido por título de herencia; y en su virtud, es manifiesto que si la compra se efectuó entre parientes, y por tanto al amparo del retracto de familia, deberá el comprador que careciese de herederos descendientes o ascendientes reservarla a los colaterales tronqueros que tuviere; y^, que, por el contrario, si los bienes se compraron a un extraño, podrá, a falta de aquellos herederos, disponerse de ellos libremente con el mismo derecho que en igualdad de circunstancias podría hacerlo el dueño de bienes heredados de un extraño, y también el que los hubiere heredado de abolengo, si además de no tener descendientes ni ascendientes, careciere de colaterales tronqueros, porque en todos estos casos existe la misma razón legal en favor de la libertad de la propiedad, que consiste en la falta de colaterales con derecho a suceder forzosamente:

Considerando, en consecuencia de todo ello, que tratándose en este pleito del derecho a suceder en una finca comprada a persona extraña a la familia del comprador, respecto a la cual no cabe la existencia de colaterales tronque-ros, es evidente que al reconocer en el testador la facultad de dejarla a su mujer, prescindiendo de sus

hermanos, no se infringen la mencionada ley 16 ni las sentencias de este Tribunal Supremo invocadas en apoyo del recurso:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. José Antonio Arana y Larrauri y D. Esteban de Landaburu y Arza, como marido de Doña Máxima Arana y Larrauri, a quienes condenamos, por razón de depósito, al pago de la cantidad de 1.000 pesetas, que satisfarán si viniesen a mejor fortuna, distribuyéndose entonces con arreglo a la ley, y en las costas; y líbrese a la Audiencia de Burgos la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que ha remitido.– (Sentencia publicada el 27 de diciembre de 1895, e inserta en la Gaceta de 16 de enero de 1896.)