STS de 26 de enero de 1885

En la villa y corte de Madrid, a 26 de enero de 1885, en el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por Doña Sotera de la Mier y Elorriaga, propietaria, vecina de Portugalete, con Doña Petra de Ariño y Gorostiza, propietaria, de igual vecindad, Doña Mónica de Ariño y Gorostiza, propietaria y de la misma vecindad, en representación de sus hijos menores D. José Zoilo, Doña Juana Josefa, Doña Antonia y D. José Roberto de Gorostiza, D. Fabriciano de Uraga y Ariño, labrador, vecino del Concejo de Sestado, como padre legítimo de los menores Doña Gervasia, Doña Facunda, D. Atanasio, Doña Leona y Doña Crisanta de Uraga y Landavaro y D. Ricardo de Balparda y Fernández, Abogado, vecino de Bilbao, sobre reivindicación de parte de varias minas por título hereditario; pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la demandante, defendida por el Licenciado D. Aureliano Linares Rivas y representada por el Procurador D. José María Cordón y Estedia; habiendo sido defendidos y representados en estos recursos los demandados Balparda y consortes por el Doctor D. Eugenio Montero Ríos y el Procurador D. Daniel Doze:

Resultando que en 12 de septiembre de 1885 otorgó testamento D. José Gorostiza en el Concejo de San Pedro de Abanto, en el que distribuyó algunos legados de escasa importancia entre sus sobrinos, declaró que en su matrimonio con Doña Sotera de la Mier no había tenido hasta entonces descendencia, y establecido en las cláusulas 12 y 13 que desde principio del año 1844 había pertenecido a la Sociedad de Ibarra, Mier y Compañía, del comercio de Bilbao, habiendo adquirido bastante capital, según resultaría de sus libros y los de la Sociedad, y que durante su matrimonio había comprado con su esposa algunos bienes raíces altos en el Infanzonado, cuya mitad le correspondía, expresando que toda vez que, según las leyes del Fuero de Vizcaya, debía ser dicha mitad para sus parientes tronqueros, quería que se considerasen y entrasen dichos bienes en los legados que dejaba hechos a su familia, siendo su intención que se pagasen de sus bienes, y muebles, ya raíces, según su esposa dispusiera; en la siguiente nombró sus albaceas, y por último en la 15 declaró que del remanente de sus bienes muebles, raíces, sitos fuera del Infanzonado, créditos, derechos y acciones instituía y nombraba por su único y universal heredero a su esposa Doña Sotera de la Mier, pudiendo disponer de ellos para después de sus días como mejor su prudencia le dictara, y suplicándole que tuviera presente el estado en que su familia se encontraba:

Resultando que por codicilo otorgado en Portugalete en 28 de julio de 1876 declaró el mismo D. José de Gorostiza que quería se cumpliera su testamento e hizo nuevo nombramiento de albaceas, instituyendo algunos legados, entre ellos uno de 10.000 duros en metálico para su sobrino D. Emilio Saracho y Mier, al cual legó además la décima parte de las minas libres que poseía en propiedad en compañía de los Ibarra sus socios:

Resultando que en escritura pública otorgada en Bilbao en 3 de julio de 1875 por D. Luis Zubiría en nombre de D. Juan María y D. Manuel María de Ibarra y D. Cosme de Zubiría, únicas personas que componían la Sociedad Ibarra Hermanos y Compañía, y D. José de Gorostiza, se declaró por dichos otorgantes que habían tenido constituida Sociedad mercantil, de que se había separado el último en 31 de diciembre de 1885, en cuya fecha, acordada por los socios la oportuna liquidación, y verificada ésta, había quedado proindivisa la propiedad de varias minas, quedando su explotación de cuenta exclusiva de los individuos que continuaban formando Sociedad: que puestos de acuerdo en 1.° de enero de 1864, habían convenido en que representara en la explotación de las minas D. José de Gorostiza una cuarta parte; que las minas que antes se encontraban a nombre de diferentes personas tenían ya en su mayor parte la titulación corriente a nombre de la Sociedad, en cuya consecuencia el citado D. Luis Zubiría reconoció y declaró que en las minas que en totalidad o en parte pertenecían a la Sociedad Ibarra, Hermanos y Compañía tocaba y correspondía a D. José de Gorostiza una cuarta parte íntegra, o sea un 25 por 100, declaración que aceptó éste, continuando, sin embargo, la gestión y administración a cargo exclusivo de la Sociedad como hasta entonces:

Resultando que ocurrido el fallecimiento de D. José de Gorostiza bajo el testamento y codicilo relacionados se promovió por su sobrina Doña Mónica de Ariño en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, expediente sobre declaración de herederos tronqueros en los bienes sitos en el Infanzonado de Vizcaya, en cuyo expediente y promovido el juico de abintestato respecto de aquellos bienes, dictó auto el mencionado Juez de Valmaseda en 11 de noviembre de 1878, por el cual y fundándose en que, según la ley 8.^a, tít. 25 de la ley Foral, corresponde suceder a los más próximos parientes tronqueros en los bienes radicantes en el Infanzonado de Vizcaya del que muere abintestato, y en que Gorostiza no había instituido heredero de los que en el Infanzonado tenía, limitándose a consignar que los que había comprado durante su matrimonio debían ser en su mitad para sus parientes tronqueros, declaró herederos abintestato de D. José de Gorostiza, respecto de los bienes raíces sitos en el Infanzonado de Vizcaya, a la mencionada Doña Mónica de Ariño, a los hijos de ésta D. José Zoilo, Doña Juana Josefa, Doña Antonia y D. José Roberto de Gorostiza, a Doña Petra y Doña Carlota de Ariño, a D. Juan Domingo y D. Pedro Juan de Landavaro, y por fallecimiento de Doña Ignacia de la Sotera de Landavaro a sus hijas Doña Gervasia, Doña Atanasia, Doña Leona y Doña Melitona, parientes tronqueros todos más próximos de Gorostiza:

Resultando que pendiente aún el referido abintestato y antes de recaer el auto de declaración de herederos, otorgaron escritura pública en Bilbao en 2 de noviembre de 1878 Doña Carlota y Doña Mónica de Ariño y Gorostiza, de venta y enajenación a D. Ricardo de Balparda y sus sucesores de las dos décimas partes que les correspondían de la herencia de Gorostiza, en precio de 35.000 pesetas:

Resultando que en tal concepto promovió pleito D. Ricardo Balparda en unión de

los demás herederos de D. José de Gorostiza contra D. Emilio Saracho, sobre petición de herencia, y en su caso declaración de nulidad del legado hecho en el codicilo de la décima parte de las minas que correspondían al testador en compañía con los Ibarra, fundándose en que nadie podía hacer donación ni otra manda a extraños, habiendo parientes dentro del cuarto grado, de bienes raíces de ninguna clase, por lo que era nulo el legado en cuanto a las minas sitas en el Infanzonado, que no eran sino bienes raíces; a lo que opuso D. Emilio Saracho que las diferentes legislaciones sobre minas establecen una diferencia esencial entre el suelo y el subsuelo, perteneciendo o pudiendo perte­necer el suelo al dominio privado, al que alcanzan las disposiciones del Fuero de Vizcaya y el derecho de troncalidad, y perteneciendo al Estado el subsuelo, que nace donde concluye aquél, por lo que no está sujeta a legislaciones forales; y por sentencia de la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos, a cuya casación se declaró no haber lugar en 23 de febrero de 1882, fue absuelto Saracho en atención a que las minas sitas en el Infanzonado eran bienes libres; que el mismo testador declaró en su testamento que había comprado con su esposa algunos bienes raíces en el Infanzonado, cuya mitad correspondía a sus parientes tronqueros, expresando en otra cláusula distinta que desde 1844 había pertenecido a la Sociedad Ibarra, habiendo adquirido bastante capital, según resultaría de sus libros y los de la Sociedad, cuya diferente expresión respecto de unos y otros bienes, guardando las leyes del Fuero, respecto de los primeros demostraba el concepto del testador respecto de la libertad de los segundos, y la razón del legado en este sentido de la décima parte a favor de Saracho:

Resultando que acompañando copia autorizada del testamento y codicilo de Gorostiza, y testimonio de las escrituras de 8 de julio de 1875 y 2 de noviembre de 1878, presentó Doña Sotera de la Mier en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, en 7 de junio de 1882, la demanda origen de este pleito contra D. Ricardo Balparda y demás herederos de D. José Gorostiza, solicitando se declarase: primero, que las concesiones mineras dejadas por Gorostiza no se hallan sujetas al derecho de troncalidad; segundo, que la escritura de 2 de noviembre de 1878 es nula, en cuanto por ella vendieron Doña Mónica y Doña Carlota de Ariño a D. Ricardo Balparda las dos décimas partes de las minas de la herencia de Gorostiza; y tercero, que Doña Sotera de la Mier es heredera única y universal de todos los bienes de su finado marido Don José de Gorostiza no sujetos al derecho de troncalidad; y se condenase en su consecuencia a D. Ricardo Balparda y demás demandados a que restituyeran a la demandante y dejasen a su libre disposición las nueve décimas partes de las minas correspondientes a la herencia del finado D. José de Gorostiza, con más los productos y ganancias percibidos y debidos percibir desde que las poseyeron injustamente, con imposición de todas las costas del interdicto de adquirir la posesión de dichas minas que siguieron los demandados, y de las causadas y que se causen en el pleito; alegando en apoyo de estas pretensiones, que al poco tiempo de ocurrir el fallecimiento de D. José de Gorostiza había promovido el legatario D. Emilio Saracho un interdicto de adquirir solicitando la posesión de la décima parte de las minas objeto del legado, que le otorgó el Juzgado de Valmaseda, pero no de la décima parte de todas las minas pertenecientes a la Sociedad

Ibarra Hermanos y Compañía, sino de la décima parte de lo que en dichas minas correspondía al testador; que declarados los parientes de Gorostiza herederos abintestato y dueño Balparda de la participación que en definitiva correspondiera a Doña Mónica y Doña Carlota de Ariño, habían deducido interdicto de adquirir la posesión de las nueve décimas partes de las minas sitas en el Infanzonado o tierra llana de Vizcaya, posesión que les había sido otorgada bajo el supuesto de que las posesiones mineras eran en Vizcaya bienes troncales, no pudiendo disponer el testador de dichos bienes en favor de personas que no fuesen parientes tronqueros, en cuyo interdicto se había hecho a distribución, correspondiendo el 75 por 100 a la Sociedad Ibarra, un 12,50 por 100 a la demandante por sus gananciales, 1,25 por 100 a D. Emilio Saracho por su legado y un 11,25 por 100 para los demás herederos tronqueros, división que inexactamente se suponía hecha de acuerdo con Doña Sotera de la Mier, y que en todo caso sólo podía invalidar por medio de la demanda de reivindicación; que la voluntad del testador es la ley suprema en materia de testamento, siempre que no se oponga a las leyes vigentes en el país donde ha de aplicarse, debiendo entenderse las palabras de dichos testamentos llanamente y como ellas suenan, salvo cuando pareciese que la voluntad del testador fue otra, que se debía observar en su consecuencia la línea divisoria establecida por Gorostiza entre las minas que consideró como capital, disponiendo libremente de él, y los bienes raíces sitos en el Infanzonado, que declaró haber adquirido durante su matrimonio, y cuya mitad expresó correspondía a sus parientes tronqueros, carácter que ratificó en el codicilo al legar una parte de las minas a D. Emilio Saracho, que no era pariente tronquero suyo, y que se desprendía del contexto general del testamento y del codicilo, en los que dominaba el pensamiento de instituir heredera única y universal a Doña Sotera de la Mier, toda vez que de no ser así a nada hubieran conducido los insignificantes legados dejados a sus parientes, si los legatarios, como parientes tronqueros que eran, habían de disfrutar, no sólo de los bienes raíces, sino también de las nueve décimas partes de las minas que absorbían la casi totalidad de la herencia; a nada hubiera conducido la institución de heredera única y universal si no se comprendían las minas en esa institución, y a nada habría conducido la súplica que a su esposa hacía de que, al disponer de la herencia para después de sus días, no olvidase el estado en que la familia del testador quedaba; que las leyes y la práctica constante del país acusaban que las concesiones mineras no se hallan sujetas al derecho de troncali- dad, doctrina que sentaba también la sentencia de este Supremo Tribunal de 23 de febrero de 1882, que consigna que al definir la ley 1.^a, tít. 18, Partida 2.^a, qué cosas son raíces, no comprende las minas, y que marca una línea divisoria entre el suelo de la tierra llana de Vizcaya y el subsuelo de la misma, inferior al Infanzonado, y al que no alcanzan las leyes forales; que ni el fuero de Vizcaya consignaba si las minas están o no sujetas al derecho de troncalidad, debiendo por tanto acudir a la legislación común, ni se había ejercitado jamás ese derecho de Vizcaya respecto de las minas; que el derecho de troncalidad, como limitativo del derecho de propiedad, debe interpretarse restrictivamente, y que como nadie puede vender lo que no tiene, era nula la venta que Doña Mónica y Doña Carlota Ariño hicieron a Balparda de sus participaciones, y nula por tanto la escritura de noviembre de 1878, por la que aquella venta se efectuó:

Resultando que D. Ricardo de Balparda y consortes contestaron la demanda, pidiendo que se les absolviese de ella, y al efecto alegaron que había más de un año y medio que se les había dado la posesión en el interdicto de adquirir, en el que había sido parte la demandante, la que no hubiera deducido la demanda a no recaer la sentencia de este Supremo Tribunal de 23 de febrero de 1882 en el pleito seguido contra D. Emilio Saracho, que creyó favorable a sus derechos; que los demandados fueron declarados herederos abintestato de los bienes sitos en el Infanzonado, y no herederos tronqueros, no siendo cierto que lo hicieran como si Gorostiza no hubiera otorgado testamento, puesto que lo presentaron precisamente porque de él resultaba que había muerto sin testar, respecto de aquellos bienes; que no era cierto que en el interdicto de adquirir se partiera del supuesto de que las minas de Vizcaya fueran bienes troncales, pues se presentaron como herederos legítimos abintestato sin invocar la troncalidad, con derecho a herederarle en aquellos bienes que excluyó expresamente de la herencia testamentaria, y respecto de los cuales murió intestado, por cuya razón no invocaban el derecho de troncalidad, a diferencia del caso en que se opusieron a la validez del legado hecho a Saracho, en que lo invocaron porque la ley del Fuero prohíbe mandar a extraños bienes raíces, habiendo parientes dentro del cuarto grado; que en el año 1855, fecha del testamento, sólo tenían Gorostiza y sus socios los Ibarra un escaso número de minas, de lo cual se infería que no pudo referirse a esas minas el testador cuando decía en su testamento que había adquirido en aquella Sociedad bastante capital, sino que se refería a las ganancias metálicas, que en efecto eran cuantiosas, y por cuya razón tampoco era de extrañar que aun dejando Gorostiza a sus hermanos y sobrinos los bienes raíces del Infanzonado y las minas que valían pocos miles de reales, les añadiese algunos legados, y no los considerase acaudalados, sino dignos todavía de la consideración de su viuda, heredera de una gran fortuna; que las palabras del testador deben entenderse llanamente y como suenan, razón por la cual, al instituir Gorostiza heredera a su esposa con las palabras "del remantente de mis bienes muebles raíces sitos fuera del Infanzonado, créditos, derechos y acciones", no podía ofrecer duda que excluía de la herencia de su mujer una clase de bienes, los inmuebles, sitos en el Infanzonado o tierra llana de Vizcaya, que las minas son por su naturaleza bienes raíces o inmuebles, lo cual no ofre­cía duda, ya se atendiera a la noción jurídica de los inmuebles y a las sentencias de este Tribunal Supremo de 19 de abril de 1861, 22 de marzo de 1877 y 6 de febrero de 1880, ya también a la invocada de 23 de febrero de 1882, en la que se declara que las minas no son raíces sujetas al derecho de troncalidad, pero se parte del supuesto de que son bienes raíces, lo que implica una gran diferencia; y si Gorostiza excluyó de la herencia de su mujer los bienes raíces sitos dentro del Infanzonado y las minas son raíces, claro era que no había sido instituida heredera de ellas y pertenecían a los más próximos parientes y herederos legítimos del finado, y que no se trataba por tanto del fuero de Vizcaya ni había cuestión sobre la troncalidad de las minas, sino que se trataba del derecho común y de la ley de Partida:

Resultando que en el escrito de réplica añadió Doña Sotera a lo alegado en su demanda que los demandados no eran herederos legítimos de Gorostiza, si con este

concepto se quería dar a entender que lo fueran, aun en aquellos bienes no sujetos al principio de troncalidad; que en virtud de las leyes forales que consagran este principio obtuvieron los demandados la declaración de herederos abintestato, y por tanto el título y el derecho de los demandados concibía allí donde terminaba el principio de troncalidad, que aun cuando se concediera que los demandados son herederos abintestato respecto de los bienes raíces sitos en el Infanzonado, sin distinguir que sean o no troncales, ningún argumento favorable se les seguiría, porque todo bien raíz sito en el Infanzonado es troncal y recíprocamente; que las minas que poseyó Gorostiza estaban fuera del Infanzonado, esto es, en el subsuelo del Infanzonado, que es una región completante distinta, adonde según había dicho el Tribunal Supremo no alcanzan las leyes forales; por lo que Doña Sotera de la Mier, heredera única y universal de los bienes raíces sitos fuera del Infanzonado, no estaba excluida de ellos, y que aun supuesta toda la buena fe posible, deben restituirse siempre los frutos naturales de la tierra, cuyo concepto merecen las minas, porque si bien es necesario el trabajo para explotarlas, son siempre producto espontáneo de la naturaleza:

Resultando que los demandados reprodujeron al duplicar los fundamentos y pretensiones del escrito de contestación y practicadas pruebas por ambas partes se sustanció el pleito en dos instancias, y por sentencia de la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos de 29 de marzo próximo pasado, confirmatoria de la que había dictado el Juzgado, se absolvió a D. Ricardo de Balparda y consortes de la demanda interpuesta por Doña Sotera de la Mier, sin hacer especial condenación de costas:

Resultando que acreditando con el resguardo correspondiente haber constituido el depósito de 1.000 pesetas para los efectos legales correspondientes, interpuso Doña Sotera de la Mier y Elorriaga recurso de casación por considerar infringidas:

1 .° La ley 5.^a, tít. 33 de la Partida 7.º, según la que las palabras del facedor del testamento deben ser entendidas llanamente, así como ellas suenan, y no debe el juzgador apartarse de la inteligencia de ellas, sino cuando aparezca ciertamente que la voluntad fue otra que la que resulte de la letra escrita; porque las palabras del testador llanamente interpretadas y como ellas suenan querían decir que instituía heredera en el remanente de todos sus bienes menos los tronqueros a su esposa, como lo demostraba el ser llano y usual para los hijos de Vizcaya, que todo bien troncal es raíz sito en el Infanzonado, y viceversa, axioma, que los Notarios de Vizcaya no ignoraban; el que Gorostiza sabía que las minas no están sujetas al Fuero de troncalidad, y que por tanto no radican en la tierra llana o Infanzonado de Vizcaya; el ser llano y usual que las minas radican en el subsuelo, y que el Fuero no extiende su imperio más allá del suelo; y el haber declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que las minas, aunque bienes raíces, no están sitas en la tierra llana de Vizcaya, y porque resultaba del espíritu del testamento que Gorostiza dispuso de todos sus bienes, reservando los troncales a sus parientes, e instituyendo única y universal heredera a su esposa en el remanente de todos los demás, como así se deducía de la cláusula 12, en que daba el testador a las minas la consideración de capital y establecía entre ellas y los bienes troncales una com­

pleta separación, y del hecho de rogar a su esposa que atendiera a sus parientes, sabiendo y consignando que su riqueza la constituían las minas, no concibiéndose además que otorgara un testamento y una codicilo para reservar los bienes troncales a sus parientes, cosa innecesaria, dejando de disponer en ambos documentos de los bienes libres, ni concibiéndose tampoco que se otorgaran el testamento y codicilo para instituir legatarios de 9,5 y 4.000 reales a los mismos a quienes había de corresponder, como herederos abintestato, una verdadera fortuna:

2 .° La doctrina legal, confirmatoria de las reglas de sana crítica, según la que la voluntad del testador no ha de deducirse de palabras o conceptos aislados, sino del sentido general del documento, relacionando unas con otras todas sus cláusulas, por cuanto la idea dominante en el testamento y en el codicilo, fue la de instituir heredera única y universal de todos sus bienes no reservables a Doña Sotera de la Mier, según se deducía de las cláusulas relacionadas y de las observaciones hechas en la infracción anterior:

3 .° La ley 8.^a, tít. 21 del Fuero de Vizcaya y sus concordantes, con arreglo a las cuales todo bien raíz sito en el Infanzonado es troncal y recíprocamente todo bien troncal es raíz sito en el Infanzonado, disposiciones a que daba la sentencia una interpretación extensiva, cuando debían aplicarse restrictivamente y a los casos taxativamente marcados, por restringir el derecho de propiedad, toda vez que entendía que las minas están sitas en el Infanzonado, no siendo, sin embargo, bienes raíces sitos en la tierra llana de Vizcaya, ni estando por tanto comprendido en las leyes del Fuero;

Y 4.° La doctrina legal de este Tribunal Supremo, consignada entre otras sentencias en la de 23 de febrero de 1882, dictada en el pleito seguido por D. Ricardo Balparda y consortes contra D. Emilio Saracho, sobre nulidad del legado de la décima parte de las minas litigiosas, conforme a la cual las minas son bienes libres y no troncales; son bienes raíces sitos en el subsuelo y no en la tierra llana de Vizcaya o Infanzonado, todo bien raíz sito en el Infanzonado es troncal, y no son troncales las minas, porque no están sitas en el suelo del Infanzonado, donde rige el Fuero, sino en el subsuelo, donde rige la ley común, puesto que la sentencia recurrida considera las minas en cuestión sitas en la tierra llana o Infanzonado, deduciendo de ese error que la recurrente fue excluida de la herencia de ellas.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Ricardo Gullón:

Considerando que según dispone la ley 5.º, tít. 33, Partida 7 .^a , las palabras del testador deben ser entendidas llanamente, así como ellas suenan, salvo cuando apareciese ciertamente que la voluntad del testador fuera otra que non como suenan las palabras que están escritas:

Considerando que atendidas las diferentes cláusulas del testamento otorgado por D. José de Gorostiza, en las que declaró que la mitad de los bienes raíces sitos en el Infanzonado correspondían a sus parientes tronqueros; que dichos bienes entrasen en los

legados dejados a éstos y que del remanente de sus bienes muebles, raíces, sitos fuera del Infanzonado, créditos, derechos y acciones, instituía por su única y universal heredera a su esposa Doña Sotera de la Mier, suplicándola que tuviese presente el estado de su familia, es indudable el propósito del testador de que su mujer le sucediese en todos los bienes que le pertenecían, de cualquiera clase que fuesen, con la sola excepción de aquellos de que no podía disponer conforme a la ley que rige en la tierra llana de Vizcaya, y sin que a esta verdadera inteligencia de la voluntad del finado se oponga el carácter de inmuebles que tienen las minas, ni tampoco el que el derecho de la heredera respecto a bienes raíces esté limitado a los sitos fuera del Infanzonado, porque estas palabras quieren decir bienes que no sean troncales o que no se hallen sujetos al fuero especial de aquel país:

Y considerando que la sentencia recurrida, al absolver de la demanda a D. Ricardo de Balparda y litisocios, fundándose en que Don José de Gorostiza murió, parte testado y parte intestado, por estimar que no dispuso de las minas, las cuales deben reputarse como bienes raíces sitos en el Infanzonado, aunque a ellas no es aplicable el Fuero de Vizcaya, infringe la mencionada ley 5.^a, tít. 33, Partida 7.^a, y la doctrina legal que se invocan en los dos primeros motivos del recurso;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al de casación interpuesto por Doña Sotera de la Mier y Elorriaga, y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que en 29 de marzo de 1884 dictó la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos; devolviéndose a dicha recurrente el depósito constituido.– (Sentencia publicada el 26 de enero de 1885, e inserta en la Gaceta de 13 de agosto del mismo año.)