STS de 25 de abril de 1868

En la villa y corte de Madrid, a 25 de abril de 1868, en el pleito pendiente ante Nos por recurso de casación, seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y en la Sala segunda de la Real Audiencia de Burgos por D. Eduardo de Azuar y la Sota con D. Antonio de la Sota y Llano, sobre división de bienes:

Resultando que Doña Josefa Ramona de Llano, vecina de San Julián de Musques, en Vizcaya, falleció en 1.° de abril de 1835, y que en 6 de febrero de dicho año había conferido a su marido D. Nicolás de la Sota poder para que hiciese la disposición testamentaria en nombre de los dos, teniendo presente que su voluntad era mandar por razón de mejora a sus dos hijas Doña Antonia y Doña Félix todos los bienes muebles, cosechas pendientes y dos casas de las que tenían en Musques, apartando a sus demás hijos del derecho que pudieran tener a dichos bienes, con una braza de tierra, un árbol, el más remoto, y un real de 34 maravedís, con arreglo al fuero:

Resultando que D. Nicolás de la Sota, que falleció en 26 de octubre de 1844, usando de la facultad expresada, otorgó testamento en el referido Concejo de San Julián de Musques a 24 de octubre de dicho año, declarándose fuese válida la mitad de la manda que su citada mujer hizo respectivamente a sus hijas Doña Antonia y Doña Félix, por haber fallecido posteriormente la última; e instituyendo por únicos y universales herederos a sus hijos D. Antonio y Doña Antonia, apartando a los demás de sus bienes y de los de su mujer con un real de 34 maravedís, un árbol y una haza de tierra en lo más remoto, conforme a fuero:

Resultando que, hallándose aún pro indiviso los bienes dejados por las anteriores disposiciones a Doña Antonia y D. Antonio de la Sota, Doña Antonia, soltera y mayor de 70 años, hizo donación con ciertas cargas, por escritura de 15 de julio de 1864, a D. Eduardo Aznar de todos sus bienes raíces sitos en Vizcaya, muebles, créditos, derechos y acciones que por sus herencias paterna y materna la correspondieran o pudieran corresponder, apartando para siempre a sus demás parientes tronqueros del derecho a ellos con un real de vellón, un árbol, una teja y un estado de tierra en lo más remoto de los mismos; declarando que si por provenir algunos de los bienes raíces cedidos de distinta línea de la que procedía D. Eduardo Aznar, o por otra causa, no fuese subsistente con respecto a ellos la cesión hecha a éste, se entenderían cedidos con las mismas cargas en favor de D. Ricardo de Llano, apartando igualmente a los demás parientes de este línea con arreglo a fuero; pero debiendo tener presente que su voluntad era que fuesen todos para D. Eduardo Aznar, y sólo con respecto a los bienes que pudieran resultar no procedentes del tronco de que procedía D. Eduardo; y que en atención a que entre la otorgante y su hermano Don Antonio no se había hecho una división formal y exacta de los bienes que a su fallecimiento dejaron sus padres, debería Aznar proceder cuanto antes a hacer la división de ellos y formar las correspondientes hijuelas, a fin de que, deslindados con exactitud, pudieran inscribirse en el Registro de 1

la Propiedad:

Resultando que fallecida Doña Antonia de la Sota en 16 de noviembre del citado año 1861, en 5 de junio de 1866 dedujo demanda D. Eduardo de Aznar, en la que, alegando que de los antecedentes referidos se deducía el derecho con que representando a Doña Antonia de la Sota podía pedir la partición de los bienes correspondientes a las herencias de D. Nicolás de la Sota y de su mujer Doña Josefa Ramona de Llano; que cada uno de los herederos le tenía para pedir la citada división de la herencia, y que el mismo derecho asistía a quien por virtud de una renuncia o donación formal y válida se subrogaba en lugar del heredero, suplicó se condenara al Don Antonio de la Sota a que se verificase la partición de los bienes que a él y a su hermana habían correspondiendo por fallecimiento de sus padres:

Resultando que D. Antonio de la Sota impugnó la demanda, pretendiendo que se negara la división de los bienes solicitada, declarando nula la donación en que se apoyaba, y que los bienes donados le pertenecían como propincuo tronquero dentro del cuarto grado civil; alegando para ello que los que habían quedado por fallecimiento de sus padres habían sido adquiridos durante su matrimonio: que el demandante estaba fuera del cuarto grado civil con la donante y el demandado estaba dentro de él, empezando la troncalidad de los referidos bienes en aquellos por haberlos adquirido durante su matrimonio: que por lo tanto, el demandante no era propincuo tronquero de los referidos D. Nicolás de la Sota y su mujer, ni estaba dentro del cuarto grado civil de parentesco con la donante Doña Antonia de la Sota, por lo que no podía ser instituido ni obtener bajo ningún concepto los bienes raíces que procedían de los mismos: que los propincuos tronqueros dentro del cuarto grado civil, en cuyo caso se hallaba el demandado, eran colectivamente herederos necesarios de los bienes troncales; y que la escritura de donación no sólo era nula en el fondo, sino en la forma, por no estar arreglada a las prescripciones del derecho:

Resultando que el demandante replicó que lo que a Doña Antonia de la Sota había debido corresponder por fallecimiento de sus padres, no sólo se componía de bienes raíces de infanzonado, sino también de bienes inmuebles, de tal modo que en estos consistió la mejora hecha por su madre: que el demandante era pariente trasversal en quinto grado civil de la donante: que aun suponiendo que se declarase nula la donación en cuanto a los bienes del infanzonado, todavía subsistía la acción para dividir los demás bienes y derechos; y que la donación era válida y subsistente con relación a los bienes raíces regidos por la legislación especial de Vizcaya, según se declaraba en la sentencia de este Supremo Tribunal de 28 de junio de 1862:

Resultando que, practicada por el demandado prueba de testigos sobre los hechos alegados, dictó sentencia el Juez de primera instancia, que confirmó la Sala segunda de la Real Audiencia de Burgos en 18 de septiembre de 1867, declarando que D. Antonio de la Sota viene obligado a dividir los bienes que al mismo con su hermana Doña Antonia correspondieron por muerte de sus padres D. Nicolás Agustín de la Sota y

Doña Josefa Ramona de Llano:

Resultando que el demandado interpuso recurso de casación, citando como infringidas:

1 .° La ley 8.^a, tít. 21 del fuero de Vizcaya, en que se declara que a falta de descendientes y ascendientes hereden los parientes más propincuos o cercanos de la línea de donde dependen los tales bienes raíces; y si el difunto dejase bienes raíces que hubo adquirido de parte del padre, hereden los parientes de aquella línea por su orden y grado, aunque viva la madre; y si hubiere bienes raíces que hubiera heredado de parte de la madre, los parientes de parte de ésta los heredasen por su orden y grado, sin parte del padre si viviese; toda vez que se otorgaban derechos de troncalidad el demandante respecto de bienes de los padres del recurrente, de los que no era tronquero, aun cuando se le calificase de pariente en quinto grado civil, con perjuicio de herederos tronqueros que existían, sin hacer excepción ni división de bienes y dando preferencia a un pariente que no venía del tronco de que procedían los bienes raíces de infanzón que se trataban de dividir.

2 .° La ley 15, tít. 20 del expresado fuero de Vizcaya, en que se establece que toda la tal raíz que el vizcaíno tuviere en la tierra llana y Juzgado de Vizcaya sea de la condición y calidad, privilegio y fuero que la otra raíz que poseen los vizcaínos de la tierra llamada troncal.

3 .° La ley 16 del mismo título, en que se dispone que la raíz comprada sea de la misma condición que la heredada.

4 .° La jurisprudencia establecida por este Supremo Tribunal en sentencia de 1.° de marzo de 1866, en que se declara que es indispensable que concurra el requisito de la troncalidad en quien haya de recibir bienes raíces sitos en infanzonado, o ejercitar sobre los mismos cualquiera clase de derechos.

Y 5.° La ley 14, tít. 20 del propio fuero, que define en qué manera se puede disponer de los bienes muebles y raíces tronqueros, habiendo o no hijos, y establece que a falta de ascendientes y descendientes legítimos pueda disponer el donador de todo el mueble a su voluntad, reservando la raíz para los propincuos tronqueros.

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Calixto de Montalvo y Collantes:

Considerando que si bien la ley 14, tít. 20 del fuero de Vizcaya concede derecho al que no tiene descendientes legítimos para disponer a su arbitrio de los bienes muebles y semovientes que le pertenezcan, le impone por el contrario en cuanto a los raíces la obligación de reservarlos para los profincos tronqueros, entendiéndose por tales, según la ley 8.^a, título 21 del mismo fuero, los parientes cercanos de la línea de donde los expresados bienes proceden:

Considerando que al atribuir la ley 16 de dicho tít. 20 del propio fuero a la cosa

raíz comprada el mismo carácter de troncalidad que si proviniese de patrimonio o de abolengo, no permite que pueda ser donada o legada a otra persona que al heredero y profinco que conforme al mismo fuero la deba heredar:

Considerando que, con arreglo a estos principios, la donación de que se trata no ha podido válidamente comprender los bienes raíces troncales que constituían las herencias paterna y materna de la donante, pues ni concurre en el donatario la indispensable cualidad de ser profinco tronquero, toda vez que no procede de la línea de donde aquellos bienes dimanan, ni por esta causa podría tampoco heredarlos, según el fuero en concurrencia con otro pariente que tiene la cualidad requerida:

Considerando que no pudiendo por consiguiente producir la mencionada donación efecto alguno legal respecto a los bienes troncales hereditarios que a la donante pudieron corresponder, la ejecutoria que se lo atribuye, al declararlos divisibles a instancia del donatario, infringe las leyes de que se ha hecho mérito y que entre los motivos del recurso han sido invocadas:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al de casación interpuesto por Don Antonio de la Sota y Llano en cuanto a la ejecutoria comprende en la división acordada los expresados bienes troncales, y en este concepto la casamos y anulamos, devolviéndose al recurrente el depósito que constituyó.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Joaquín de Palma y Vinuesa.– Tomás Huet.– Gregorio Juez Sarmiento.– José María Herreros de Tejada.– Teodoro Moreno.– Buenaventura Alvarado.– Calixto de Montalvo y Collantes.

Publicación.– Leída y publicada fue la sentencia anterior por el Ilustrísimo Sr. D. Calixto de Montalvo y Collantes, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala primera, Sección segunda, el día de hoy, de que certifico como Secretario de S.M. y su Escribano de Cámara.

Madrid, 25 de abril de 1868.– Gregorio Camilo García.– (Gaceta de 16 de mayo de 1868.)