STS de 22 de diciembre de 1962

En la villa de Madrid a 22 de diciembre de 1962; en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Bilbao, y en grado de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos por don Porfirio Sánchez Sauthier, mayor de edad, casado, industrial y vecino de Guecho, con doña María Guisasola Bilbao, mayor de edad, casada, sus labores; doña Concepción Guisasola Bilbao, mayor de edad, viuda, sus labores; doña Carmen Guisasola Bilbao, mayor de edad, casada, sus labores; doña Amelia Guisasola Bilbao, mayor de edad, casada, sus labores; don Rafael Guisasola Bilbao, mayor de edad, todos vecinos de Bilbao, y estos dos últimos por sí y como herederos de su finados padres, y contra don Juan Guisasola Bilbao, mayor de edad, vecino de Bilbao, por sí y como heredero de su finado padre, sobre otorgamiento de escritura de venta de terrenos y pabellones y devolución de renta; autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación de infracción de ley interpuestos por el actor don Porfirio Sánchez Sauthier, representado por el Procurador don José Granados Weil, y dirigido por el Letrado don Tomás Gistau y en el acto de la vista por el también Letrado don José Luis del Valle Iturriaga, y por los demandados doña María, doña Carmen, doña Amelia, doña Concepción, don Higinio, don Rafael, don Miguel Guisasola Bilbao y don José María Angulo, don Edimundo Palacios y don José María Ezcanga, esposos de las tres primeras, representados por el Procurador don Adolfo Morales Villanova y dirigido por el Letrado don Felicísimo Larrinaga;

Resultando que ante el Juzgado número uno de los de Bilbao –al que correspondió su sustanciación por reparto– se presentó demanda por don Porfirio Sánchez Sauthier, contra doña María, doña Concepción, doña Carmen, doña Amelia, don Higinio, don Rafael, don Juan y don Miguel Guisasola Bilbao, aduciéndose por el actor que el 21 de noviembre de 1934, don José Antonio Guisasola Espillar, causante de los demandados y esposo de doña Concepción Bilbao Madariaga otorgó a la Compañía Mercantil Anónima "Material Electrónico" el arrendamiento y la opción de compra de cinco pabe­llones de su propiedad sitos en Zabalbide, 24, en Iturralde, 102 y 104, del término municipal en aquel entonces de Begoña y hoy de Bilbao, opción conferida concediendo como plazo el de cincuenta y cinco años, siendo su precio el de 120.000 pesetas a cuenta del que recibió 10.000, debiendo abonar la Mercantil indicada 2.000 pesetas anuales y el interés de las sumas diferencias, digo diferidas. Que este contrato sufrió diferentes vicisitudes y fue renovado sucesivamente por el señor Guisasola primero y posteriormente por don José Gallano Bengoechea en representación de los herederos del señor Guisasola Espillar y por la viuda del mismo a quien había concedido poder testatorio, variándose la merced de la locación en los diversos contratos a que hacía referencia en su escrito de demanda; terminando con la súplica de que en su día se dictara sentencia por el Juzgado, en la que se hiciera las siguientes declaraciones:

Primero.– Condenando a los demandados a que, previo el pago que les haga el

actor del precio estipulado de 120.000 pesetas, que se les ofrece desde ahora, otorguen a favor del mismo escritura pública de venta de los terrenos y los pabellones aludidos en el contrato de 24 de enero de 1950, de modo que pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad del distrito hipotecario.

Segundo.– Condenando asimismo a los demandados a que devuelvan al de­mandante cuantas cantidades les entregue éste desde el 1 de febrero de 1955, y en adelante en concepto de renta de los terrenos y de los pabellones repetidos, reputándose por tal, no sólo el alquiler en sí, sino todos los impuestos y contribuciones de toda índole a cuyo abono se obligó el actor en el pacto de arriendo expresado.

Tercero.– Condenando también a los demandados a estar y pasar por lo que antecede y al pago de las costas;

Resultando que conferido traslado de la demanda a los demandados com­parecieron éstos, contestándola y a su vez formularon reconvención rechazando las pretensiones del señor Sánchez Sauthier, por estimar ineficaces los contratos en que como sucesor de "Material Electrónico" invocaba frente a ellos en concepto de causahabiente de sus padres, afirmando por el contrario que los bienes a que el contrato se refería habían sido inventariados precisamente por don José Gallado y por la Comisaría Foral doña María Concepción Bilbao en la partición de la herencia del señor Guisasola, no reconociendo al señor Sánchez Sauthier más que como arrendatario de tales terrenos, afirmando que tanto los demandados como sus causantes eran vizcaínos de la tierra llana o infanzonada y terminando su contestación con la súplica de que en su día se dictase sentencia que contuviera las siguientes declaraciones:

a) Que no se otorgó ni asiste por tanto a don Porfirio Sánchez Sauthier el derecho u opción de compra en que pretende fundar su demanda, absolviendo de ésta a los demandados.

En defecto de la precedente declaración que no existe contrato de opción válido y eficaz en derecho y que pueda llevarse a cabo legalmente, siendo nula e inexistente, sin valor e ineficaz y además no susceptible en caso alguno de cumplimiento la supuesta opción base de la demanda, absolviendo de la misma a los demandados.

c) Haber lugar, en cualquier caso a la resolución del contrato de arrendamiento que liga al actor con los demandados en orden a los pabellones o finca a que se hace referencia el pleito y, por consecuencia, que aquél tiene obligación de dejar a la libre y entera disposición de estos dichos pabellones o finca dentro del término legal.

d) En todo caso, con carácter subsidiario y para el improbable supuesto de no darse paso a los anteriores pedimentos y admitirse la existencia y validez de la opción de compra invocada por la contraparte y que la misma constituye un contrato único y complejo con el arrendamiento, resuelto tal contrato en su integridad, por haberlo incumplido culpablemente el actor; que éste viene obligado a desalojar y dejar a la libre

y entera disposición de los demandados, dentro de término legal, los pabellones o finca susodichos, y absolviendo, por tanto, a los referidos demandados de las pretensiones del actor; condenándose a don Porfirio Sánchez Sauthier a estar y pasar por las pertinentes declaraciones; hacer lo necesario para su debida efectividad y al pago de las costas y gastos del procedimiento;

Resultando que al evacuar las partes los respectivos traslados de réplica y dúplica mantuvieron sus respectivos puntos de vista, sustanciándole el proceso por sus restantes trámites y resolviéndose por sentencia de 5 de junio de 1957, estimando en parte la demanda y condenando a los demandados doña María Guisasola Bilbao, doña Concepción Guisasola Bilbao y don Higinio, don Rafael, don Juan y don Miguel Guisasola Bilbao a que previo el pago que les haga el acto de 60.000 pesetas otorguen a favor del mismo escritura pública de venta de la participación indivisa del 50 por 100 de los terrenos y pabellones aludidos en el primer resultado de la sentencia, condenándolos igualmente a que devuelvan al actor la mitad de las cantidades entregadas por éste desde el 1 de febrero de 1955, en concepto de alquiler y la mitad igualmente de las pagadas por el actor por impuesto y contribuciones que graven dichas propiedades, y desestimando la reconvención formulada por los demandados doña María, doña Concepción, doña Carmen, doña Amelia Guisasola Bilbao y don Higinio, don Rafael y don Miguel Guisasola Bilbao, absolvió de la misma la demandante, todo ello sin expresa condena de costas;

Resultando que interpuesto contra dicha sentencia recurso de apelación por el actor, y admitidos en ambos efectos, se adhirieron al mismo en el trámite procesal correspondiente los demandados en cuanto desestimaban la sentencia recurrida, parte de las pretensiones por ellos formuladas, y el Tribunal "a quo" resolvió los recursos por su sentencia de 18 de enero de 1958, confirmatoria íntegramente de la recurrida;

Resultando que contra meritada sentencia, la representación de don Porfirio Sánchez Sauthier preparó y sucesivamente formalizó recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal que apoyó en los siguientes motivos:

Primero.– Amparado genéricamente en el número primero del artículo 1.691 y de un modo específico o en el número primero del artículo 1.692, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por violación de los artículos 1.203, 1.204 y 1.205 del Código Civil. Que la clase de pleito estriba en la tesis sostenida por la sentencia que el Tribunal "a quo" recoge en el derecho de opción de compra ejercitada en el presente juicio, sólo puede derivarse del último de los contratos reseñados en la demanda, o sea el suscrito el 24 de enero de 1950, pues el mismo derecho concedido en los anteriores de primero de febrero de 1940 y 2 de febrero de 1945, habían caducado por haber transcurrido el plazo concedido al demandante para hacer uso de dicha facultad; esta tesis la recoge la sentencia de la Audiencia en su primer considerando que copia el recurso. Que éste es únicamente el punto contra el que se endereza el presente recurso, toda vez que esta parte consiente el resto de la sentencia recurrida; afirmándose por el recurrente que la

Sala sentenciadora ha incurrido en el error de estimar que su derecho emerge del contrato de 24 de enero de 1950 y no del de 1 de febrero de 1940, origen de los que sucesivamente se fueran celebrando hasta la fecha que tiene en cuenta la Sala.

Segundo.– Amparado genéricamente en el número primero del artículo 1.691 y de un modo específico en el número primero del artículo 1.692, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 1.088, 1089, 1.091, 1.254, 1.255 y 1.460 del Código Civil y de la doctrina legal representada, entre otras, por las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1947 y 10 de julio de 1946, relativas todas ellas al denominado contrato de opción, y violación de la ley cuarta, título 11 del Fuero de Vizcaya que regula el testamento por Comisario; haciendo un estudio de la naturaleza y efectos del contrato de opción para llegar a la conclusión de ser de esta naturaleza los concertados por el recurrente con los causantes de los recurridos.

Tercero.– Amparado genéricamente en el número primero del artículo 1.691 y de un modo específico en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error de hecho en la apreciación de la prueba derivada de documento auténtico. Que los documentos números seis del escrito de demanda y el número cinco del escrito de contestación constitutivos, el primero de protocolización de los contratos otorgados por don Porfirio Sánchez, sobre contrato de arrendamiento y derecho de opción y el segundo, formalización de las operaciones particionales de don José Antonio Guisasola Espilla, son documentos auténticos, por cuanto están revestidos de todos los requisitos extrínsecos, dan fe de su contenido y demuestran el error padecido en la apreciación de la prueba, al no estimarse que el derecho de opción adquirido por don Porfirio Sánchez se extendió a la totalidad de los bienes objeto de esa litis. En los precedentes términos queda denunciado el expresado error en la apreciación de la prueba.

Cuarto.– Amparado genéricamente en el número primero del artículo 1.691 y de un modo específico en el número primero del artículo 1.692, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil por aplicación indebida de los artículos 399 y 1.068. Se denuncia en este motivo la infracción cometida al darse al "proindiviso" de los bienes del causante y a la partición de sus bienes por su viuda y albacea un alcance que pugna con la institución del testamento por Comisario del Fuero de Vizcaya tal como lo deja razonado;

Resultando que los demandados señores Guisasola Bilbao, también prepararon y sucesivamente formularon contra la sentencia proferida por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal, que articularon en las siguientes formas:

Motivo primero.– Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alega infracción por inaplicación de las leyes primera y sexta del título 17 del Fuero de Vizcaya; discurriendo los recurrentes sobre el espíritu que informa los principios básicos del Fuero de Vizcaya, para llegar a la conclusión que el 4

principio de la troncalidad foral, establecida por dicho fuero les ampara y permite incluso ejercitar el derecho de saca como hijos de los vendedores y parientes tronqueros en el grado más profinco o próximo; invocando la sentencia de esta Sala de cuatro de julio de 1935, en apoyo de su tesis.

Segundo.– Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alega infracción, por aplicación indebida, de la Ley sexta del título 17 del Fuero de Vizcaya, en cuanto considera y estima la Sala sentenciadora decaídos en su derecho a los recurrentes los señores Guisasola Bilbao para oponerse al cumplimiento de la opción de compra, y solicitar que se declare inválida y sin efecto contra ellos, por haber transcurrido con exceso los plazos de uno y tres años de la prescripción extintiva establecida por la repetida Ley. Que el error de la Sala, al respecto, no puede ser más patente y notorio. La Ley sexta del título 17 del Fuero de Vizcaya pone el punto de arranque para el plazo de prescripción por la misma mencionado, y el propio origen y el nacimiento de la acción cuya prescripción regula, en la verificación de la venta llevada a cabo sin los previos llamamientos forales; no en el hecho, ni en el negocio jurídico, ni en el momento de convenirse una simple opción de compra; aduciendo diferentes razones para demostrar no había prescrito el derecho de ellos para ejercitar la acción que mantenían.

Tercero.– Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, resultante de documentos públicos y auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, y que por su carácter de documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, tanto más contra quien no lo es, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, por la que también la sentencia recurrida infringe el artículo 1.218 del Código Civil; expresando que las diferentes cesiones realizadas por el demandante a las distintas personas que enumera sin la debida autorización y consentimiento, le constituye en la situación de considerase resuelto el contrato que invoca como causa de su demanda que haberla realizado infringiendo la obligación contraída de comunicar tales cesiones a los arrendadores.

Cuarto.– Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alega infracción por no aplicación, de los artículos 1.124 y 1.569, número tercero del Código Civil. Que las cesiones de arriendo inconsentidas, en la forma en que se llevaron a cabo por don Porfirio Sánchez, a favor, sucesivamente, de los señores don Arturo Tabares, don Roque Zulueta y don Juan Gómez, de la sociedad limitada "Monolito" y la sociedad también limitada "Material Electrónico", constituyen una vulneración clara y fundamental de los contratos concertados por don Porfirio Sánchez y doña Concepción Bilbao relatados en el antecedente quinto de este escrito, tanto en sí, y como tales cesiones, como por las circunstancias en que se efectuaron; insistiéndose por los recurrentes en el error padecido por la Sala, al no considerar al señor Sánchez Sauthier incurso en la causa de resolución que se le ha opuesto, cuando se demuestra que las cesiones que se relacionan se las comunicó a los dueños del

inmueble:

Visto, siendo Ponente el Magistrado don Francisco Rodríguez Valcarce:

Considerando que en la demanda principal el actor, amparado por la cláusula tercera del contrato de arrendamiento de 24 de enero de 1950, ejercita el derecho de opción de compra por el precio de 120.000 pesetas sobre el inmueble en ella descrito dedicado a local de negocio, y en la reconvencional, la acción resolutoria de dicho contrato locativo por causas determinadas en la legislación excepcional urbana, estimándose sólo en parte la primera y desestimándose totalmente la segunda; aquélla, porque el pacto accesorio del arrendamiento únicamente podía vincular, por la mitad, a la madre de los demandados que lo suscribió y a ellos como herederos de la misma; y la reconvención se rechaza por no ser adecuado el procedimiento donde se inserta; problemas traídos a casación por ambas partes en litis con sus privativos recursos:

Considerando que en Vizcaya, según su derecho foral, rige el principio de comunidad o comunicación de bienes (comunicación foral) cuando el matrimonio se disuelve con hijos o descendientes y el de gananciales cuando se disuelve sin ellos, y en este último supuesto en méritos a que toda raíz en tierra llana es troncal, los bienes inmuebles que el marido o la mujer aporten al matrimonio vuelven al que los aportó o sus sucesores, y sólo en atención –se dice– al estrecho vínculo que une a los esposos, se admite comunicación por mitad en lo mejorado y multiplicado durante el matrimonio, y si quedan hijos o descendientes, no hay aplicación de la troncalidad, por faltar la "clave" de toda idea de tal retorno, ya que la sucesión en línea recta se funda en el parentesco natural (Ley primera, título XX del Fuero de Vizcaya), y de tal modo es esto, que se hace extensiva la sociedad conyugal a los patrimonios disponiendo que los bienes sin distinción de clases, y aunque haya diferencia entre los del marido y los de la mujer, son comunes por mitad, y hay "entre éstos hermandad y compañía de todos"; normas que es preciso tener presentes por producirse los hechos litigiosos con anterioridad a la actual Compilación del Derecho Civil Foral de Vizcaya, aprobada por la Ley de 30 de julio de 1959:

Considerando, que el fallo del Tribunal "a quo", confirmatorio del Juzgado, se impugna por dos recursos, correspondientes al actor, don Porfirio Sánchez Sauthier, y a los demandados hermanos señores Guisasola Bilbao; el primero en orden se apoya en la forma en cuatro motivos, amparados o comprendidos en el apartado inicial del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, excepto el tercero que se conduce por el séptimo de la propia Ley; en el que encabeza el recurso se invoca la violación de los artículos 1.203, 1.204 y 1.205 del Código Civil, normas que se contraen a la novación de las obligaciones y que no son de estricta aplicabilidad a los problemas discutidos en las instancias donde sólo se pretendió, por el recurrente, el cumplimiento y efectividad del derecho de opción sobre la compra de la finca expresada en su demanda, y por ello, decae, sin más, este motivo primero; sin que valga argüir en su sustentación la circunstancia de que el contrato de 24 de enero de 1950 es mera o simple novación de

otros anteriores que se han ido reiterando "inter partes", pues la novación, aunque sólo sea modificativa, supone el "animus novandi", que la Sala no proclama en ningún pasaje de su resolución, problema además de hecho con tratamiento en el recurso por la vía del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley rituaria, aquí no utilizada por el recurrente:

Considerando, respecto al segundo, que en él se acusa la infracción, sin expresar el concepto, lo cual lleva ahora implícita la desestimación (artículo 1.720, relacionado con el número cuarto del 1.729 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) de los artículos 1.088, 1.089, 1.254, 1.255 y 1.470 del Código Civil, y también la violación de la Ley tercera¹ (1), Título XXI del Fuero de Vizcaya, que regula el testamento por Comisario; mas este particular extremo plantea en realidad un problema nuevo en casación, pues dicha forma de testar y el antecedente poder testatorio otorgado en 8 de julio de 1903 por el padre de los demandados a favor de su esposa, madre de éstos, del cual hizo uso en 3 de noviembre de 1939, protocolizándose las operaciones divisorias en 9 de enero de 1940, no fueron objeto directo de controversia en el período expositivo del juicio y únicamente de modo incidental se aludió a dichos negocios jurídicos sin atribuirles taras de invalidez ni menos con concretas pretensiones de ineficacia en los oportunos escritos:

Considerando que igualmente perece el tercero de los motivos en cuanto en él se atribuye a la Sala sentenciadora error de hecho en la apreciación del elemento probatorio, indicándose como auténticos para demostrar tal pretendido vicio los documentos números 6 del escrito de demanda y el 5 del de contestación, y es incuestionable que dichos documentos, por ser ya examinados por el Tribunal y no revelar por sí mismos una realidad de significado contrario a la afirmada en la instancia, no son idóneos en casación para los fines pretendidos por el aquí recurrente:

Considerando que el cuarto y último motivo de este recurso primero alega la aplicación indebida de los artículos 399.078² (2) del Código Civil, son observar –y con esto queda enervado el motivo– que la Sala los aplicó correctamente atendidas las operaciones divisorias realizadas por la viuda con facultades testatorias de su marido premuerto, según ya se deja expuesto, en las cuales se asignó a dicha viuda –fallecida en 16 de julio de 1939– la mitad de la finca en litigio, por lo que prosperó, y sólo por ella, el derecho de opción de compra:

Considerando que el segundo recurso se basa también en cuatro motivos invinculados procesalmente, excepto el tercero, en el número primero del artículo 1.692

¹ Por simple error de transcripción la copia decía "cuarta".

² Debe querer decir 399 y 1.068.

de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en el que encabeza el ataque se acusa la infracción, por inaplicación de las leyes primera y sexta del título XVII del Fuero de Vizcaya; argumentados en el desarrollo de la tesis que uno de los principios cardinales del Fuero es el de la troncalidad, o sea, el de la vinculación de la raíz vizcaína a la familia vizcaína, cuya infracción se invoca porque la opción de compra concedida a don Porfirio Sánchez es contraria al Derecho Foral, pues significa el punto de arranque de la salida de bien raíz, sito en el infanzonado o tierra llana de Vizcaya, de una familia vizcaína, la familia Guisasola Bilbao, para ingresar en el patrimonio de un extraño, el citado don Porfirio Sánchez Sauthier; y que dicho negocio de opción de compra fue concluido sin preceder los llamamientos de los parientes tronqueros con derecho a falta ³; motivo que debe desestimarse en méritos a las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución, ya que –se repite– en rigor no puede hablarse del principio de troncalidad foral cuando el matrimonio se disuelve con hijos o descendientes, como aquí ocurre sin ninguna duda, razón válida para rechazar asimismo el segundo motivo, en cuanto en él se invoca la infracción, por aplicación indebida, de la Ley sexta del Título XVII del repetido Fuero de Vizcaya, que regula la prescripción extintiva de la acción para impugnar la venta llevada a cabo sin los previos llamamientos forales, que arranca de la "venta" y no de una opción de compra que puede ser o no puesta en práctica por su titular, que es lo que aquí cuenta:

Considerando que el motivo tercero, por la vía del número séptimo del mencionado artículo 1.692 de la rituaria, alega error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas; para apoyar el primero invoca como documentos auténticos las escrituras públicas de 24 de marzo de 1942, 4 de octubre de 1944, 24 de abril de 1948 y 20 de enero de 1950, documentos que, a pesar de ser públicos, no tienen carácter de auténticos en casación, por no demostrar por sí mismos una realidad contraria a la afirmada por el Tribunal "a quo"; y para hacer eficaz el segundo error (de derecho) se cita el artículo 1.218 del Código Civil, referente al valor de los documentos públicos, que la Sala en ningún momento desconoció, vulnerándolo; y todo esto hace desestimable el motivo:

Considerando que el cuarto y final motivo de este segundo recurso denuncia la infracción por no aplicación, de los artículos 1.124 y 1.569 del Código Civil, en su párrafo segundo, desconociéndose que el arrendatario hallase protegido, en concepto de local de negocio, por la legislación excepcional sobre la materia, y a esta fuente principal debe acudirse, y no a las normas del derecho civil común, para ejercitar las conducentes acciones resolutorias del vínculo debido a las conculcaciones atribuidas en éste y en el anterior motivo al inquilino, dado que si es admisible en derecho procesal que todo lo que es o puede ser materia peculiar de un juicio especial, puede asimismo llevarse a otro ordinario de mayores garantías, pero a condición siempre de no

³ Debe querer decir "saca".

vulnerarse las normas reguladoras de derecho material ni las determinantes de la compe­tencia funcional de los órganos jurisdicentes, de manifiesto orden público para imponerse como tales a todos, y por ello, sin entrar en el fondo, que desestimada en ambos grados la demanda reconvencional en el particular extremo de este motivo, que también debe rechazarse:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos:

Primero.— No haber lugar al recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal interpuesto por don Porfirio Sánchez Sauthier contra la sentencia dictada en 18 de enero de 1958 por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos.

Segundo.— Que igualmente no ha lugar al recurso de la misma naturaleza contra idéntica resolución interpuesto por doña María, doña Carmen, doña Amalia, doña Concepción, don Higinio, don Rafael y don Miguel Guisasola Bilbao, y don José María Angulo Baroja, don Edimundo Palacios Conto y don José María Urcanga San Sebastián, esposos y representantes legales de doña María, doña Carmen y doña Amelia, respectivamente.

Tercero.— Imponemos las costas procesales a los recurrentes formando los del segundo recurso una sola parte procesal, con las pérdidas de sus depósitos, que recibirán el destino legal; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución del apuntamiento que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.— Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Francisco Rodríguez Valcerce, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, de que como Secretario certifico.—Firmado: Indalecio Cassinello.