Resolución de la DGRN de 10 de febrero de 1928

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por don Ignacio Arambarri y Aguirremalloa contra la negativa del Registrador de la propiedad de Marquina a inscribir una escritura de protocolización de operaciones particionales de herencia, pendiente en este Centro en virtud de apelación del recurrente;

Resultando que el 24 de agosto de 1927, ante el Notario de Marquina don Juan Puig Lázaro se otorgó una escritura de protocolización de operaciones testamentarias, aprobadas por el Juzgado de primera instancia de Guernica, con motivo del fallecimiento de doña Francisca Nachiondo y Archaval, y en el mismo documento se expone: que la causante falleció en la anteiglesia de Ispaster, el 18 de mayo de 1924, sin testamento, por lo que el Juzgado de Guernica, por auto de 7 de abril de 1927, declaró herederos a sus hijos legítimos de su matrimonio con don Antonio Galletabeitia: Juan, María, Clotilde y Emeteria; que el cónyuge viudo renunció, en beneficio de sus hijos, a la cuota vidual; que del inventario resulta que sólo existe en la herencia una casa y nueve pertenecidos, finca que fue adquirida durante el matrimonio de la causante; que el valor de este caudal o herencia se tasó en 10.000 pesetas, de lo que corresponde a la causante, como mitad del haber, en concepto de ganancial, 5.000 pesetas, y la otra mitad al viudo, quedando en esta forma liquidada la sociedad de gananciales; que para facilitar las adjudicaciones se hicieron tres lotes de la finca, incluyendo en el primero la casa- habitación, con un valor de 2.000 pesetas; en el segundo, los pertenecidos señalados con los números 1 y 2, y con un valor de 4.000 pesetas, y en el tercer lote de los siete restantes pertenecidos, con un valor de 4.000 pesetas; que para las operaciones divisorias se nombró defensor judicial de los menores a don Francisco Nachiondo, y que el documento fue firmado por este último, no sabiendo firmar don Antonio Galletabitia, quien se ratificó verbalmente en su contenido;

Resultando que, presentada la escritura anterior en el Registro de la propiedad de Marquina, puso el Registrador la siguiente nota: "Denegada la inscripción del precedente documento, por encontrar en él los siguientes defectos: 1. Que si bien es aplicable en toda España el orden de suceder abintestato, que establece el capítulo cuarto, título tercero, del libro tercero del Código civil, lo que en este caso concreto no tiene trascendencia práctica, en todo lo demás las sucesiones legítimas como las testamentarias, se rigen, según el artículo 10 del Código civil, por la ley personal del causante; y, en todo caso, el régimen económico del matrimonio está sometido a la ley personal de los cónyuges, que en este caso, por tratarse de vecinos de Anteiglesia, es el Fuero de Vizcaya, por lo que, al disolverse con hijos, el matrimonio de doña Francisca Nachiondo y don Antonio Galletabeitia, por la muerte de la primera, ha tenido lugar la comunicación foral establecida por la Ley primera del título XX de dicho Fuero, corres­pondiendo, por tanto, la mitad indivisa de la finca inventariada al viudo, don Antonio Galletabeitia, y constituyéndole otra mitad indivisa la herencia de la causante; y 2. No

expresarse con claridad la forma en que se desea sean inscritos los tres lotes que se forman con la casería de Orisolo y sus pertenecidos, que en el Registro son una sola finca. Si, como parece, se desea que cada lote formado constituya una sola finca independiente, no puede ello tener lugar, por no reunir las diferentes piezas o suertes de tierra que forman los lotes segundo y tercero las circunstancias que exige el artículo 57 del Reglamento Hipotecario, y, además, porque aunque las reuniesen, no se solicita. Y no pareciendo subsanables estos defectos, tampoco procede anotación preventiva";

Resultando que don Ignacio Arambarri interpuso recurso gubernativo contra la calificación anterior por las siguientes razones: que debe tenerse en cuenta lo establecido en el texto de la Ley primera del título XX del Fuero de Vizcaya; que aplicando esa disposición al caso del recurso, ha de prescindirse, al determinare] haber del cónyuge supérstite, del origen de los bienes con que se le ha de hacer pago, así como de la cantidad que aportó al matrimonio, y lo mismo ocurrirá al formar el haber de los herederos del difunto, porque todos los bienes son unos, y ha de haber indivisión, hermandad y compañía en el momento de partir; que, en consecuencia, podrá ocurrir que se haga a los herederos del difunto con bienes propios del cónyuge vivo, supuesto necesario a que se refiere el Fuero; que en esto consiste la especialidad de la comunicación al ocurrir la disolución de un matrimonio con hijos; que el título presentado en el Registro es inscribible por ser de los comprendidos en el artículo 2. de la Ley Hipotecaria y contener todas las circunstancias que exige el artículo 9. de dicha Ley y el 61 de su Reglamento; y que en cuanto al segundo motivo de la nota, puesto que el Registrador no sabe cómo se debe practicar la inscripción, ha de informar que cada pertenecido, formando finca independiente, se inscribirá a nombre del padre, los suyos, y en proindiviso entre los hermanos los correspondientes a ellos; la parte urbana, en proindiviso, entre el padre y los hijos y con la extensión que marca el título;

Resultando que el Registrador de la propiedad alagó en defensa de su nota: que es indudable que por ser la causante y su marido vecinos de la anteiglesia de Ispaster, y por tratarse de finca sita en el mismo término, la legislación foral de Vizcaya es la única que puede regir la liquidación de la sociedad conyugal disuelta por muerte de la causante y la sucesión de la misma, con arreglo a los artículos 9. y 10., en relación con el 14 del Código civil; que no es exacto que éste rija los abintestatos en territorio foral, pues varias Sentencias del tribunal Supremo sólo le declaran aplicable en cuanto al orden de suceder; que no puede admitirse que al liquidar la sociedad conyugal de personas sujetas al Fuero, se aplique la legislación común, atribuyendo al viudo una cuota usufructuaria que el Fuero de Vizcaya no admite sino en el caso de disolverse el matrimonio sin hijos; y haciéndolo después, renunciar a ese usufructo, al que no tiene derecho, y, sobre todo, adjudicándole los bienes que se atribuyen en el pago de su mitad de gananciales, adjudicación que no puede tener validez, ya que el matrimonio vizcaíno con hijos está sometido, no al régimen económico de ganancias, sino al de comunicación foral; que por la escritura es imposible determinar en qué forma desean los interesados dividir materialmente la finca inventariada, y con ello se falta a la claridad exigida por el artículo 252 del vigente Reglamento Notarial y reiteradas 2

Resoluciones de este Centro, ya que el Registrador no puede adivinar la voluntad de los otorgantes de un documento mientras los mismos no lo manifiesten en él; y que si en una escritura los otorgantes se limitan a manifestar que desean dividir materialmente una finca determinada, formando con ella otras varias independientes, pero no se concreta ni cuántas fincas son las que se forman ni cómo se constituye cada una de ellas, no podrá nunca el Registrador, por imposibilidad material y por no estar automanifestada;

Resultando que el Presidente de la Audiencia confirmó la nota del Registrador de la propiedad de Marquina puesta en la escritura calificada en virtud de consideraciones análogas a las expuestas por dicho funcionario en su informe.

Resultando que el recurrente se alzó de la anterior resolución presidencial ante este Centro, alegando, en resumen, respecto del primer defecto, que tanto al Registrador como el Presidente de la Audiencia se han dejado llevar del espejismo de ver el Código civil aplicado por el hábito de considerar los términos gananciales, etc., como de uso exclusivo en el régimen económico de la sociedad legal de gananciales, olvidando la exactitud y procedencia de ese lenguaje en el Fuero de Vizcaya, y, entre las consideraciones que hace, aduce la de que, desarrollando uno u otro sistema legal, el "quantum" económico de cada interesado en la sucesión, es el mismo; y en cuanto al segundo defecto, hace y extiende las consideraciones que puso en el escrito de informe;

Vistas las Leyes I, VI, VII y IX, título XX, del Fuero de Vizcaya y las Resoluciones de esta Dirección general de 13 de diciembre de 1908, 30 de marzo de 1910, 28 de mayo de 1924 y el 12 de diciembre de 1927;

Considerando que en este recurso debe discutirse primeramente si la división de la casa en Ispaster, con sus nueve pertenecidos, hecha por valores iguales entre don Antonio Galletabeitia y los herederos de su mujer, doña Francisca Nachiondo, queda invalidada por la circunstancia de no aludir en la escritura a la comunicación foral y haberse consignado las siguientes afirmaciones: que "la finca inventariada fue adquirida constante matrimonio y tiene carácter ganancial"; que entre don Antonio y doña Francisca no se había otorgado capítulo matrimonial, y por haber dejado hijos, se distribuía el caudal relicto de 10.000 pesetas, adjudicando bienes por valor de 5.000 pesetas al viudo y la otra mitad, importante asimismo 5.000 pesetas, a los hijos comunes, con lo cual quedaba "liquidada la sociedad de gananciales";

Considerando que si bien es cierto que los bienes de marido y mujer, cuando dejasen hijos, como en el presente caso, son comunes a medias, según la frase de la Ley primera, título XX, del Fuero de Vizcaya, aunque el marido haya muchos bienes y la mujer no nada, o la mujer mucho y el marido no nada, es lo cierto que durante el matrimonio esta comunicación se halla en potencia, y si todos los bienes existentes han sido adquiridos en tal período, la liquidación conducirá a iguales resultados económicos, trátese de gananciales o de comunicación foral;

Considerando que este resultado se ha obtenido, según afirma el recurrente, en el caso discutido, y aunque siempre es de recomendar que los Notarios aludan directamente a la comunicación foral en la redacción de tales instrumentos, ha de advertirse, de un lado, por lo que se refiere a la forma, que la protocolización de las operaciones particionales aprobadas judicialmente, se ha llevado a cabo por medio de acta, y, de otra parte, por lo tocante al fondo, que, como un especialista afirma, "durante el matrimonio el régimen de comunidad y el de ganancias dan lugar en lo sustancial a iguales resultados económicos", de suerte que no hay ningún obstáculo en lo pasado ni en lo presente que se oponga a la inscripción solicitada;

Considerando que a igual conclusión se llega por el mero reconocimiento de que la partición, sobre todo si ha sido aprobada judicialmente, crea un estado de derecho y autoriza para pedir la inscripción en el Registro mientras no sea impugnada por los interesados;

Considerando, en lo tocante al segundo defecto, que los interesados no han manifestado al Registrador cómo querían inscribir los lotes formados con la casa de Ispaster y los nueve pertenecidos, ni es posible deducirlo con exactitud de los términos empleados, pues la apertura de folio aparte a una finca, depende, no sólo de sus características de orden físico, sino también de la voluntad de su dueño;

Considerando que la indicación hecha por el recurrente en su primer escrito, de que "cada pertenecido formando finca independiente se inscribirá a nombre del padre los suyos, y en proindiviso entre los hermanos los correspondientes a ellos", y "la parte urbana en proindiviso entre el padre y los hijos", debe formularse en nueva escritura o en solicitud dirigida al Registrador, y en términos explícitos, para saber si los siete pertenecidos que forman un solo lote y los que integran otro han de figurar como nueve fincas o sólo como dos.

Esta Dirección general, revocando en parte el auto apelado, ha acordado declarar que el título presentado adolece del defecto subsanable de no expresar con claridad la forma en que se desea sean inscritos los tres lotes aludidos.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V.I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 10 de febrero de 1928.– El Director general, Pío Ballesteros.– Señor Presidente de la Audiencia de Burgos.