STS de 1 de marzo de 1910

En la villa y corte de Madrid, a 1.° de marzo de 1910, en el juicio declarativo de mayor cuantía, seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y en la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos, entre partes, de una como demandantes D. Vicente Martínez González, propietario y vecino de San Julián de Musques, D. Florencio Martínez González, Médico y vecino de Bilbao, D. Trinidad Martínez González, propietario y vecino de Villaverde Trucios, D. Félix y D. Bernardo Castaños y Llano, empleados y vecinos de la anteiglesia de Trandio, Doña Modesta Martínez González, sin profesión y vecina de Abanto y Ciérvana, Doña Claudia Villanueva Merro, también sin profesión y vecina de Galdames, Doña Guillerma Castilla y Llanos, sin profesión igualmente y vecina de Trandio, Doña Trinidad Villanueva Merro, sin profesión, acompañada de su esposo D. Trifón Zubillaga Plazaola, comerciante, ambos vecinos de Vitoria, Doña Petra Campos Merro, sin profesión, con el suyo don Francisco Meñaca Elorduy, empleado, ambos vecinos de Abanto y Ciérvana, Doña Francisca Campos Merro, sin profesión, con el suyo D. Domingo Acarregui Ubernaga, carpintero, de la misma vecindad que los anteriores, Doña Josefa Merro Campos, también sin profesión, con su marido D. Gregorio Villanueva García, propietario, los dos vecinos de Galdames, y Doña Carmen Martínez González, sin profesión, con su esposo D. Crisanto Mallinedo Castaños, propietario, vecinos ambos de Zalla, y de la otra, como demandados, D. Pelegrín Gómez Gérboles y su esposa Doña Filomena San Martín Pasiá, jornaleros y vecinos de Abanto y Ciérvana, sobre reivindicación de fincas y otros extremos, pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el Procurador D. José Monsalve, bajo la dirección de los Letrados D. Luis Silvela y D. Luis Miller, éste en el acto de la vista en representación de los referidos demandantes, no habiendo comparecido en este Tribunal Supremo la parte demandada:

En 1.° de abril de 1890 falleció Doña Francisca Villar Pucheta bajo el testamento que había otorgado el 28 de marzo anterior, ante el Notario D. Isaac de Uriarte, en el que por la cláusula 6.º manifestó que la casa que habitaba era de su propiedad, pero que su hijo político D. José Aranguren, viviendo en su compañía, había hecho en ella algunas mejoras, costeadas con su peculio propio, que ascendía próximamente a 2.000 pesetas, las cuales deberían serle abonadas en su día, pues a ello tenía perfecto derecho, y por la cláusula 7.^a, en atención a no tener ascendientes ni descendientes, nombró como heredero usufructuario, interin sus días, de todos sus bienes, a su citado hijo político, mandando que al fallecimiento de éste todos los bienes de la otorgante pasasen a ser en propiedad y absoluto dominio de sus cinco sobrinos Cecilia, Juana, Matea y Francisco de Sasia Villar y Filomena San Martín, en la siguiente proporción: a la primera, una casa y una heredad que también designa; a la tercera, otras dos y una viña que especifica; al cuarto, 750 pesetas, que le serían pagadas por Filomena San Martín al adir su parte de la herencia, y a ésta la nombraba heredera de todos los demás bienes

pertenecientes a la otorgante:

Por escritura pública, que autorizó el citado Notario Uriarte en 26 de noviembre de 1895, D. José Aranguren, de una parte, y de otra D. Antonio San Martín Sadia, previo el consentimiento concedido a ésta por su padre, y después de referir el testamento de Doña Francisca Villar, cuya cláusula 6.^a se inserta, manifestaron que el primero tenía derecho a las 2.000 pesetas de que en la misma se hace mérito, por lo que se refería a la casa del barrio de San Fuentes, y punto llamado del carrero, núm. 32, y teniendo también derecho al usufructo, había convenido con la Doña Filomena en renunciar ese derecho a favor de la misma, a cambio de las 2.000 pesetas que aquella le entregaría con el consentimiento de su padre, y llevando a efecto tal convenio, estipularon que Aranguren confesaba haber recibido de Doña Filomena las 2.000 pesetas de que hacía referencia la testadora Doña Filomena Villar en su citado testamento; que por consecuencia de esta entrega aquél renunciaba en favor de Doña Filomena el usufructo que le concedió la Villar en la casa núm. 32 del barrio de San Fuentes, punto llamado del Carrero, por lo que se consolidaría en Doña Filomena, tanto el dominio directo como el útil, y que ésta aceptaba dicho usufructo renunciando por Aranguren a su favor, obligándose todos los otorgantes al cumplimiento de lo estipulado; y por otra escritura de 22 de marzo de 1896, otorgada ante el Notario D. Juan Braulio de Butrón, D. Francisco Sasia Villar y su esposa enajenaron al susodicho D. José Aranguren varios inmuebles que se deslindan y el legado de 750 pesetas que Doña Francisca Villar hizo al primero en su relacionado testamento y que debía pagarle Doña Filomena San Martín, verificándose la enajenación en el precio total de 1.946 pesetas, a cuenta del cual confesaron los vendedores tener recibidas 1.196 pesetas, y las 750 restantes las recibieron en aquel acto del comprador:

Resultando que el 31 de marzo de 1906 se celebró un acto de conciliación a instancia de D. José Aranguren con D. Antonio San Martín, exponiéndose por aquél que éste le era en deber 360 pesetas por rentas de los años 1904 a 1905, a razón de 180 pesetas anuales, procedentes de una casa y varias heredades de la propiedad del demandante, sitas en San Fuentes, y que llevaba en arrendamiento el demandado, el cual contestó que era cierta la reclamación que se le hacía y que le satisfaría en el tiempo y forma que tuviese por conveniente, con lo que se dio por terminado el acto; y en 2 de octubre de 1906 falleció el D. José Aranguren bajo el testamento que otorgó ante el Notario Don Carlos Bereciartua el 24 de agosto de dicho año, en el que declaró carecer de ascendientes y descendientes, instituyó por sus herederos en los bienes raíces procedentes de sus ascendientes paternos, a los hijos de la finada Doña Dolores Llano, que eran Doña Guillerma Castilla, D. Bernardo y D. Félix Castaños y D. Vicente y D. Florencio, Don Sebastián, Doña Carmen, D. Trinidad, y otro cuyo nombre no recordaba, hijos estos seis últimos de D. Melitón Martínez; en los bienes procedentes de sus ascendientes maternos. a Doña Josefa Merro Campos, a las dos hijas de ésta, cuyos nombres no recordaba, a Doña Petra, Doña Francisca y Doña Andrea Campos Merro, y en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones instituyó y nombró por sus únicos y universales herederos a los quince que dejaba 2

nombrados por iguales partes:

Resultando que en otra escritura pública que autorizó el Notario Bereciartua, en 12 de octubre de 1907, a la que concurrieron Doña Filomena San Martín Sasia, asistida de su esposo D. Pelegrín Gómez Gerboles y Doña Cecilia, Doña Juana, Doña Matea y D. Francisco Sasia y Villar, manifestó la primera, entre otras cosas, que aceptaba pura y simplemente la herencia de Doña Francisca Villar, haciendo constar que los bienes inmuebles que por ella adquiría, radicaban todos en el Concejo de Abanto y Ciérvana, figurando entre ellas 25 fincas que se describen, una de las cuales era una casa señalada con el núm. 32, conocida por el Carrero, construida sobre terreno común en el barrio de San Fuentes, de dicho Concejo, y otra, una heredad en la Mies del Caballero, en el mismo Concejo y barrio; que Don José Aranguren, por la escritura de 26 de noviembre de 1895, que se relaciona, confesó haber recibido de la exponente las 2.000 pesetas a que se refería la cláusula 6.ª del testamento de Doña Francisca Villar, renunciando en favor de aquélla el usufructo que ésta le concedió en la referida casa núm. 32, del barrio de San Fuentes; que la misma exponente se obligaba a satisfacer al compareciente D. Francisco Sasia, las 700 pesetas que, según la cláusula 7.ª del aludido testamento, deberían serle pagadas por ella al adir su parte de herencia, cuyo pago efectuaría tan pronto como se lo exigiese; y que la presente escritura la otorgaba para que surtiese los efectos legales procedentes, incluso el de poder inscribirse los inmuebles descritos en el Registro de la propiedad, como pertenecientes a la repetida exponente; y los otros comparecientes manifestaron, por su parte, que entre los dichos muebles descritos no se hallaba ninguno de los que a ellos correspondían, según el testamento de Doña Francisca Villar, y aun cuando Doña Cecilia y Doña Juana Sasia, tenían cedidos o vendidos al finado Aranguren los inmuebles específicamente señalados para ellas en la cláusula 7.ª del expresado testamento, y el D. Francisco Sasia el derecho a percibir las 750 pesetas que le correspondían, según la misma cláusula, se consideraban todos ellos en el deber de hacer la precedente manifestación; cuya relacionada escritura fue presentada por el Registro de la propiedad inscribiéndose en el mismo los inmuebles de que en ella se hace referencia:

Resultando que previa celebración de acto conciliatorio, sin aveniencia, y acompañando copias autorizadas del testamento de Doña Francisca Villar, de la escritura de 22 de marzo de 1896 y del testamento de D. José Aranguren copia simple de la escritura de 26 de noviembre de 1895, y certificaciones de defunción de aquél y del acto conciliatorio de 31 de marzo de 1906, todos cuyos actos y documentos aparecen relacionados anteriormente, D. Vicente, Doña Carmen, Doña Modesta, D. Florencio, D. Trinidad y D. Sebastián Martínez González, D. Félix y D. Bernardo Castaños Llano, Doña Guillerma Castilla Llano, Doña Petra, Doña Andrea y D. Francisco Campos Merro, Doña Trinidad y Doña Claudia Villanueva Merro y Doña Josefa Merro y Campos, dedujeron en 9 de noviembre de 1907, ante el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, demanda en juicio declarativo de mayor cuantía contra D. Pelegrín Gómez Gerboles y su esposa Doña Filomena San Martín Sasia, exponiendo que D. José Aranguren, causante de los demandantes, según su relacionado 3

testamento, era dueño en plena propiedad de 27 fincas que se enumeran y describen, dos de las cuales aparecen inscritas en el Registro a nombre de tercera persona, y las demás son las mismas 25 que se mencionaron en la relacionada escritura de 12 de octubre de 1907, deslindándose bajo el número 1 la casa conocida por el Carrero, y bajo el núm. 27 la heredad de las Mies del Caballero, de que se hizo especial mención al referir dicha escritura; que las fincas señaladas con los números 1 al 26, por fallecimiento de Doña Francisca Villar, pasaron por virtud de su testamento, en nuda propiedad, a la demandada Doña Filomena San Martín, y en usufructo vitalicio al susodicho Aranguren, al cual aquélla con intervención de su padre, cedió las referidas fincas, dándole Aranguren en compensación, y como precio de la cesión 2.000 pesetas, que al interés de 5 por 100 debían a Doña Paula Hornes, y cuya suma se obligó aquél a satisfacer a la acreedora, como en efecto la satisfizo, en marzo de 1899;

b) Setecientas cincuenta pesetas que Doña Filomena estaba adeudando a D. Francisco Sasia y que el mismo Aranguren se obligó a pagar, como lo hizo el 22 de marzo de 1896 según resultaba de la escritura de esa fecha que quedó relacionada anteriormente; y

El valor de la renuncia del derecho de usufructo de dichos bienes hecha por Aranguren en la escritura de 26 de noviembre de 1895, también relacionada anteriormente, teniendo en cuenta la duración probable de ese derecho; que por tan justo título de adquisición había venido Aranguren poseyendo las referidas fincas en concepto de verdadero dueño desde 1895 con el asentimiento de los demandados y con la aquiescencia del padre de Doña Filomena, que le reconoció como único y verdadero propietario en el acto de conciliación de que se hizo mérito de 31 de marzo de 1906; que a ciencia y paciencia de los mismos Aranguren aseguró de incendios como cosa propia la casa señalada con el número 1, satisfaciendo la prima anual de 12 pesetas correspondiente a los años de 1905, 1906 y 1907, según lo acreditaban con la oportuna póliza del seguro y los recibos de la prima, expedidos a favor de Aranguren que se acompañaban, y pagó también aquél al Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana por canon del terreno comunal que dicha casa ocupaba la cuota correspondiente importante 33 pesetas 63 céntimos el año de 1905 y 29 pesetas 75 céntimos el 1906, extremo este último que se acredita con los recibos de esas cantidades expedidas el de la primera a favor de Aranguren y el de la segunda a favor de sus herederos; y que ocurrida la defunción de Aranguren, los demandantes en concepto de herederos del mismo, trataron de posesionarse de los bienes que constituían su herencia, encontrándose con que los demandados habían ocupado en el mes de enero algunas de las 27 fincas mencionadas, recogiendo sus frutos, sembrándolas, poniendo algunas en venta e inscribiéndolas en el Registro de la propiedad por virtud de escritura de aceptación de herencia, desconociendo así que los actores fueron dueños de ellas a pesar de que quieta y pacíficamente las había venido poseyendo su causante; invocaron fundamentos de derecho, entre ellos la ley 3.^a, tít. 12 del Fuero de Vizcaya y solicitaron:

Primero.- Que se declarase que las 27 fincas mencionadas pertenecían en plena

propiedad a D. José Aranguren y ahora pertenecían en igual concepto a sus herederos los actores y en su consecuencia se declarase nula y sin efecto la inscripción que de dichos bienes habían hecho los demandados en el Registro de la propiedad;

Segundo.- Que se condenase a éstos a que lo reconocieran así por escritura pública en lo que se refiere a los bienes descritos con los números del 1 al 26 y a que los dejasen todos a disposición de los demandantes con los frutos que hubiesen percibido y debido percibir; y

Tercero.- Que si no hubiese lugar a dichas pretensiones se condenase a los demandados a que pagasen a los actores como herederos de Aranguren 2.000 pesetas pagadas a Doña Paula Hornes y los intereses de esa suma durante ocho años, que al 5 por 100 importan 800 pesetas, más la anualidad corriente y las que vencieran hasta el definitivo pago; 750 pesetas satisfechas por Aranguren a D. Francisco Sasia con sus intereses legales desde la interpelación judicial, y 99 pesetas 38 céntimos abonadas por aquél y sus herederos por prima del seguro y canon de terreno también con sus intereses legales, imponiéndoles además las costas del pleito:

Resultando que presentando copia autorizada de la escritura de 12 de octubre relacionada antes de la demanda, contestaron ésta los demandados, exponiendo entre otras cosas: que respecto de la finca señalada con el número 27 no había discusión de ningún género ya que no se había promovido ni nunca hubo lugar a ello y respecto a las 26 restantes, en virtud del testamento de Doña Francisca Villar pasaron en nuda propiedad a Doña Filomena San Martín y en usufructo vitalicio a Aranguren con la condición de que a su muerte pasaran a aquélla en pleno dominio, por lo que falleció dicho Aranguren y otorgada la escritura de aceptación de herencia que se acompañaba, los demandados entraron en posesión de dichos bienes, no apoderándose violentamente de ellos sino haciéndose cargo con arreglo a derecho de lo que por derecho le correspondía, sin que de nada pudieran servir las afirmaciones contrarias; y alegando fundamentos de derecho pidieron que se les absolviera de la demanda con imposición de perpetuo silencio y costas a los demandantes:

Resultando que tanto la parte actora como la demandada al evacuar los respectivos trámites de réplica y dúplica, insistieron en cuanto a la cuestión que es objeto del recurso en las alegaciones y peticiones de la demanda y contestación, adicionándose el tercer extremo de la súplica de aquélla con la pretensión de que en el caso de resolverse de conformidad a lo en él solicitado, se condenase también a los demandados a que abonaran a los actores 2.000 pesetas que Doña Filomena San Martín, como heredera de Doña Francisca Villar, les adeudaba por las mejoras que Aranguren hizo en la casa señalada en la demanda con el número 1, más los intereses legales de aquella suma desde la incoación de este litigio; y recibido el pleito a prueba, se practicó sólo a instancias de los demandantes confesión en juicio de los demandados a los cuales, entre otras posiciones que no se refieren a la cuestión que es objeto del recurso, se las formularon las siguientes: sexta, que los declarantes sabían por haberle visto y

oído que Aranguren desde 1895 hasta su muerte, había venido poseyendo los bienes que se litigan en concepto de dueño cobrando las rentas, asegurando de incendios a su propio nombre la casa de San Fuentes y pagando el canon correspondiente al terreno ocupado por la misma sin que los demandantes hubiesen hecho oposición ni reclamación alguna; y séptima, que a pesar de haber renunciado Aranguren al usufructo de dichos bienes el año 1895 y de poseerlos desde entonces como único dueño, los declarantes se habían introducido violentamente en las fincas de que se trata sembrando las tierras y aprovechándose de los frutos de las viñas, por cuyo motivo habían sido requeridos ante testigos para que se abstuviesen de ejecutar tales actos y reconocieran a los demandantes como dueños de su cualidad de herederos de dicho Aranguren; contestando la Doña Filomena San Martín, que la sexta posición era cierta, pero que en su concepto Aranguren poseía los bienes como usufructuario, y en cuanto a la séptima dijo ser cierto que se hizo cargo como dueña, de las fincas de que se trata a la muerte de Aranguren, no siéndolo que hubiese sido requerida ante testigos por los actores para que se abstuviese de posesionarse de tales bienes, y D. Pelegrín Gómez, manifestó ignorar la sexta posición, expresando respecto a la séptima que ignoraba si Aranguren renunció al usufructo de los bienes el año 1895; poseyendo entonces como único dueño, siendo cierto lo demás contenido en la pregunta; y testifical consistente en las declaraciones de seis testigos, varios de los cuales afirmaron el extremo a que se refiere la posición séptima, expresando además entre otras cosas relativas a la compra por Aranguren de las fincas en cuestión que desde 1895 Aranguren poseyó como único dueño y sin oposición las referidas fincas, siendo reconocido como tal único dueño por los vecinos del barrio de San Fuentes, y en tal concepto cobró rentas de dichas fincas, reclamando las que se debían, aseguró de incendios la casa que en la demanda se describe con el número 1 y pagó el canon por el terreno que la misma ocupaba; y que ni Doña Filomena San Martín, ni su padre hicieron a Aranguren ninguna reclamación respecto a las mismas fincas a pesar de poseerlas como único dueño; manifestándose por la testigo Doña Paula" Hornes, que Aranguren le pagó 2.000 pesetas que le era en deber Doña Filomena San Martín, por virtud de préstamo que a la misma hizo en unión de su padre D. Antonio:

Resultando que sustanciado el pleito por los demás trámites legales de ambas instancias, la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos, dictó sentencia en 18 de mayo de 1909, por la que confirmándose en parte, y en parte revocándose la apelada, se declara que la finca señalada con el número 27 en la demanda, perteneció en pleno dominio al finado D. José Aranguren, y en la actualidad correspondía a sus herederos los demandantes, y en su consecuencia se anula y deja sin efecto la inscripción que de dicha finca se hubiese hecho en el Registro de la propiedad, ordenándole su cancelación y condenándose a los demandados a que así lo reconozcan, dejando la indicada finca a disposición de los demandantes con los frutos que hubiese producido desde que se entabló la reclamación judicial; se condena igualmente a dichos demandados a que paguen a los actores 750 pesetas, más el interés legal de 15 por 100 al año, correspondiente a ésa, a contar desde la presentación de la demanda hasta que el pago se

verificase, y se absuelve a los mismos de todas las demás pretensiones que dicha demanda contiene, sin hacer expresa condena de costas de ninguna de las instancias:

Resultando que con depósito de 1.000 pesetas, D. Vicente Martínez González y litis socios, han interpuesto recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números 1.° y 7.° del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, alegando los siguientes motivos:

Primero.- En cuanto la Sala sentenciadora niega el derecho de dominio que D. José Aranguren ganó por prescripción, de la finca número 1, de la demanda al continuar poseyéndola sin interrupción a título de dueño, después de renunciar al usufructo de la misma, infringe por aplicarla, con evidente error, la ley 3.º, tít. 12, del Fuero de Vizcaya, que según tiene declarado este Tribunal Supremo, rige y regula en las tierras de Infanzón todo lo relativo a prescripciones y que previene que toda acción que otro tenga sobre bienes y raíces entre extraños se prescriba entre presentes por diez años, aplicándose además erróneamente la doctrina legal derivada de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo acerca de la materia, puesto que prescindiendo de lo que en el pleito se advierte y pudiera llamarse prueba indiciaria sobre el contrato de cesión hecho por Doña Filomena San Martín en favor de Aranguren, cuando éste renunció el usufructo sobre la referida finca número 1, siempre habría que reconocer que adquirió el dominio sobre dicha finca, conforme a la citada ley del Fuero por la quieta y pacífica posesión de la misma en concepto de dueño, ejecutando verdaderos actos de dominio a presencia de los demandados desde 1895 y por más de doce años, y si bien es cierto que en sentencias de este Tribunal Supremo de 26 de noviembre y 31 de diciembre de 1864, se dijo que la ley 1.°, tít. 12 del Fuero de Vizcaya establece la prescripción como medio de liberación y de extinción de acciones, y no como medio de adquirir el dominio u otro derecho real, tal jurisprudencia se refería a la ley del tít. 12, no a la ley 8.ª, que es la invocada en el pleito y la que al declarar que entre extraños prescriben las acciones sobre bienes raíces por el transcurso de diez años establece y determina un medio adquisitivo del dominio, pues prescritas las acciones para demandarlo era claro que esta prescripción aprovecharía al que poseía a título de dueño:

Segundo.- En cuanto la sentencia recurrida no da lugar a la demanda en lo relativo a la propiedad de la aludida finca, infringe, por no aplicarlos, el art. 1957 en relación con los 1940, 1941 y concordantes del Código civil, que determinan que el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años, entre presentes con buena fe y justo título, toda vez que en el supuesto de que fuera admisible la doctrina establecida por la Sala sentenciadora de que el tít. 12 del Fuero de Vizcaya no es aplicable a la prescripción como medio de adquirir, forzoso sería admitir que en la tierra de Infanzón a que pertenece el Municipio de Abanto y Ciérvana, rige en toda su integridad el Código civil como derecho supletorio, y que, por tanto, en el presente pleito debió la Sala sentenciadora aplicar las disposiciones del expresado Código y singularmente los artículos antes citados, y declarar el dominio de la mencionada finca número 1 en favor de Aranguren y sus

herederos los recurrentes, supuesto que concurre a su favor la posesión de la misma a título de dueño, no interrumpida y a presencia y sin protesta de los demandados, pues que Aranguren no poseía a título de usufructuario, lo demostraba la escritura de 26 de noviembre de 1895, en que renunció el usufructo de dicha finca a favor de Doña Filomena San Martín, comenzando a partir de aquella fecha su posesión en concepto de dueño no interrumpida ni contrariada, que duró hasta que la demandada, en 12 de octubre de 1907, otorgó la escritura de adición de herencia y se interesó en la mencionada finca, y que en la posesión tenida por Aranguren concurrieron los requisitos legales para que fuera prescriptiva del dominio, se demostraba igualmente, porque habitando la casa los demandados, Aranguren los citó de conciliación sobre pago del arriendo que reconocieron adeudar, con lo que implícitamente declararon que no era dueños de la finca ni siquiera estaban en posesión de ella, y porque aquél como dueño que se consideraba de la misma, la tenía asegurada de incendios y pagaba el canon o impuesto municipal por la superficie que la finca ocupaba, no pudiendo darse posesión con mayor buena fe ni con más justo título que la obtenida por Aranguren, siendo sus inquilinos los mismos demandados, que como dueño lo reconocían, y que ahora pretendían arrebatar la finca a los herederos de aquél;

Tercero.- Al no darse lugar a la demanda sobre propiedad de la referida finca núm. 1, el Tribunal sentenciador ha desconocido el derecho que Aranguren y sus herederos tenían, como poseedores de dicha finca, a que se les mantuviera y restituyera en su posesión, infringiendo y contrariando el art. 441 del Código civil, según el cual, en ningún caso puede, adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello, debiendo solicitar, quien se crea con derecho a acción para privar a otro de la tenencia de una cosa, el auxilio de la Autoridad competente; el art. 446 del mismo Código, que reconoce al poseedor el derecho de ser respetado en su posesión y el de ser amparado y restituido en ella cuando se le inquietase, empleándose los medios que las leyes de procedimiento establecen, y la doctrina establecida por este Tribunal Supremo en varias sentencias, de la que es síntesis la de 31 de mayo de 1895, que establece que los efectos de la posesión cesan sólo cuando el verdadero dueño de la cosa poseída por un tercero ejercita la acción reivindicatoria y prueba su dominio, toda vez que el art. 445 del citado Cuerpo legal dispone que la posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personalidades distintas, siendo preferido el poseedor actual, caso de surgir duda o contienda sobre el hecho de la posesión; y por los términos de la sentencia recurrida, se da el caso de que un poseedor que ha ejercitado actos de verdadero dueño, con conocimiento y aquiescencia de quienes ahora se dicen dueños legítimos, no sólo no será amparado ni restituido en su posesión, sino que será expulsado violentamente de ella, sin que los titulados dueños hayan obtenido mandato o sentencia a su favor, de la Autoridad judicial, y sin otro fundamento que una escritura reciente, por los mismos interesados fabricada, que se otorgó a espaldas y sin conocimiento de los recurrentes, legítimos poseedores de la finca de que se trata:

Cuarto.- En cuanto la Sala sentenciadora no concede a la confesión judicial prestada por la demandada el valor probatorio que le reconoce el art. 1282 del Código 8

civil, que por inaplicado resulta infringido, incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas, puesto que a la posición sexta del oportuno interrogatorio contestó Doña Filomena San Martín que todo era cierto, pero que creía que Aranguren poseía los bienes como usufructuario, y D. Pelegrín Gómez, que lo ignoraba; no pudiendo explicarse cómo una podía creer semejante cosa e ignorar el otro la pregunta, si ambos habían intervenido y autorizado la escritura de renuncia de usufructo; y a la posición séptima contestó Doña Filomena que se hizo cargo, como dueña de las fincas de que se trata, a la muerte de Aranguren, no siendo cierto que se la requiriese para que se abstuviera de ejercitar actos de posesión, y Gómez, volviendo a repetir que ignora si Aranguren renunció al usufructo el año 1895, declara que entonces poseía aquél como único dueño, siendo cierto lo restante de la pregunta, de modo que los demandados habían confesado judicialmente que Aranguren poseyó la finca en cuestión, desde 1895 hasta su fallecimiento en octubre de 1906, sin oposición ni reclamación alguna; y que cuando, al fallecer aquél, se hicieron cargo de los bienes, como dueños, fueron requeridos por los herederos del mismo para que se abstuvieran de ejercitar actos de posesión, resultando por tales declaraciones completamente integrada la posesión de Aranguren con los requisitos legales para estimar, ya conforme a la ley Foral, ya según las disposiciones del Código civil, consignadas en los anteriores motivos, que el causante de los recurrente había ganado, por prescripción, la finca núm. 1 de la demanda, y, sin embargo, la sentencia prescinde de ese importante elemento de juicio, rechazando la demanda en cuanto a la aludida finca y cometiendo el error de derecho que queda indicado, y

Quinto.- Error de hecho en la apreciación de las pruebas resultante de documento auténtico que demuestra la equivocación de la Sala sentenciadora, documento que es la certificación del acto conciliatorio celebrado en 31 de marzo de 1906, entre Aranguren y el padre y representante legal de la demandada, presentada con la demanda y no impugnada, por lo que era eficaz en juicio conforme al núm. 1.° del artículo 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, y merecía el concepto de documento público y solemne según lo determinado en el número 3.° del art. 596 de la misma ley, habiendo cometido el Tribunal aquel dicho error de hecho al absolver la demanda en cuanto a la finca núm. 1 de la misma, por entender que no estaba justificado el dominio ni siquiera la posesión de dicha finca por parte del Aranguren y sus herederos los recurrentes, puesto que en el referido acto de conciliación los demandados reconocen, no sólo la posesión, sino la propiedad, pues por el representante de Doña Filomena San Martín se contestó que era cierta la reclamación, la cual satisfaría en tiempo y forma que tuviese por conveniente, y por el hecho de aquietarle Aranguren con esta contestación, vino a probarle que lo que buscaba no era precisamente el pago de la cantidad reclamada, sino el reconocimiento del derecho de propiedad del demandante y la confesión de que Doña Filomena y su padre ocupaban la finca en concepto de arrendatarios, resultando además la equivocación de la Sala de la apreciación del conjunto de la prueba, pues no sólo en la documental como queda dicho, sino en la de posiciones antes examinadas; y en la testifical se acredita de la

misma manera la propiedad, o, por lo menos, la posesión que de la referida finca tenía D. José Aranguren.

Visto, siendo Ponente D. Marcial González de la Fuente:

Considerando que la Sala sentenciadora no ha incurrido como se le atribuye en el recurso, en el error de derecho ni en el de hecho en la apreciación de la prueba, porque examinando las practicadas en el pleito, así la de testigos como la de confesión y la documental y relacionándolas entre sí, deduce la consecuencia de que no está justificada a favor del causante de los recurrentes la propiedad ni aun la posesión a título de dueño de la primera de las fincas reclamadas en la demanda, y aparte de que no es lícito desarticular aquella apreciación para examinar particularmente algunos de sus elementos, hay que tener además en cuenta en el presente caso en cuanto al supuesto error de derecho que no se infringen los preceptos legales relativos a la eficacia de la confesión en juicio, cuando ésta, como aquí ocurre, no prueba el hecho que con ella se intenta justificar, ni es posible estimar el error de hecho, por lo que resulta del acto conciliatorio en que lo apoyan los recurrentes, toda vez que para ello sería indispensable que tal documento demostrara la equivocación evidente del juzgador, y lejos de ser así, ni siquiera concreta de modo indudable que la casa a que alude sea la misma que en el pleito se reclama, por todo lo cual es improcedente la casación por los motivos cuarto y quinto del recurso:

Considerando que en cuanto a los tres primeros motivos alegados es también improcedente la casación, pues aparte de que no es aplicable al caso la ley 3.ª, tít. 12 del Fuero de Vizcaya, que se refiere a la prescripción de las acciones para su extinción, cuando de lo que aquí se trata es de la prescripción para la adquisición del dominio, desde el momento en que la sentencia declara que no está probada la existencia del justo título en la posesión, requisito indispensable según el Código civil, supletorio del derecho de Vizcaya, para adquirir por prescripción la finca cuestionada, carece de finalidad por parte del recurrente el colocar su criterio en el lugar del de la Sala sentenciadora y haciendo de la dificultad supuesto dar por sentada cosa distinta de la que estima la sentencia;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Vicente, Doña Carmen, Doña Modesta, D. Florencio, Doña Trinidad y D. Sebastián Martínez González; D. Félix y D. Bernardo Castaños y Llanos; Doña Guillerma Castillo y Llanos; Doña Petra, Doña Andrea y Doña Francisca de los Campos Merro; Doña Trinidad y Doña Claudia Villanueva Merro y Doña Josefa Merro y Campos; a quien condenamos a la pérdida del depósito constituido, a que se dará la aplicación que previene la ley; y con la oportuna certificación devuélvase a la Audiencia de Burgos el apuntamiento que remitió.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Gaceta e insertará a su tiempo

en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Pedro Lavín.– Víctor Covián.– Pascual Domenech.– Ramón Barroeta.– Tomása Domínguez.– Marcial González de la Fuente.– Leandro Prieto.

Publicación.– Leída y publicada fue la precedente sentencia por el Excmo. Sr. D. Marcial González de la Fuente, Magistrado de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la misma en el día de hoy, de que certifico como Relator Secretario.

Madrid, 1. de marzo de 1910.– Licenciado Trinidad Delgado Cisneros.