STS de 23 de diciembre de 1885

En la villa y corte de Madrid, a 23 de diciembre de 1885, en el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por D. José Amézaga y Yandiola, comerciante, vecino de Sestao, D. Marcelino de Allende y Gorostiza, labrador, de igual vecindad, D. Dionisio de Castaños y Azaras, minero, vecino de Portugalete, D. Hilario de Arteagabeitia y La Flor, labrador, vecino de Sestao, y D. Romualdo de Arteagabeitia y La Flor, labrador, vecino del Cerro Colorado en la República del Uruguay, con D. José Ramón de Careaga y Goyonarte, vecino también de Sestao, labrador, sobre reivindicación de la cuarta parte de una mina; pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el demandado, y en su defecto y representación por el Doctor D. Enrique García Alonso y el Procurador D. Mariano Vivar y Trigueros, habiéndolo sido la parte recurrida por el Doctor D. Eduardo A. Besón y el Procurador D. Mariano Castañares:

Resultando de autos en cuanto es pertinente el recurso entablado que con fecha 5 de diciembre de 1884 se presentó en la Sección de Fomento de la provincia de Vizcaya por D. Francisco Lamen, por sí y a nombre de D. Víctor Lamen, D. Romualdo de Arteagabeitia y D. Calixto Leguina, vecinos de Sestao, la solicitud de registro de la mina, que se tituló Vigilante y después de llenados los trámites de la ley, se mandó en 12 de febrero de 1850 que se adjudicase la misma al solicitante, y en 26 del mismo mes se le dio posesión de ella en su propio nombre y en el de sus consocios, con lo cual fue aprobado el expediente por el Ministerio de Fomento y se mandó que se expidiera el correspondiente testimonio que le serviría de título:

Resultando que D. Francisco Lamen dejó a sus fallecimiento dos hijos, llamados D. Víctor y Doña Primitiva, que fueron declarados más tarde por sus herederos abintestato, y en escritura pública de 5 de octubre de 1878, D. Víctor Lamen y D. Cosme Arteagabeitia, hijo político de D. Francisco, declararon, entre otros particulares, que su difunto padre D. Francisco vendió la cuarta parte de la mina Vigilante en 9 de abril de 1855 a D. Marcelino de Allende por precio de 130 rs. en virtud de un documento simple cuya firma reconocían por cierta los otorgantes, quienes en concepto de únicos herederos de D. Francisco ratificaban por la presente escritura la indicada venta y la confirmaban en todas sus partes en favor de Allende, cediéndole todos los derechos que pudieran tener en la mina por precio de 1.000 pesetas que les entregaba en el acto, y que otra cuarta parte de la misma mina pertenecía a D. Dionisio de Castaños, otra a D. José de Amézaga por compra a D. Calixto de Leguina, y la otra cuarta parte a D. Hilario de Arteagabeitia como heredero de su hermano D. Romualdo:

Resultando que por otra parte aparece que el citado D. Francisco Lamen en escritura otorgada en Portugalete en 24 de junio de 1871 hizo constar que según aparecía de una comunicación oficial de 23 de octubre de 1849, inscrita por el Gobernador político de la provincia de Vizcaya, se demarcó, registró y se le dio 1

posesión de una mina de hierro titulada Vigilante en los montes altos de Triano y punto denominado Fuenteiría, y que en tal registro sólo le pertenecía una cuarta parte, y las otras tres a D. Hilario de Arteagabeitia, D. José de Sorecho y D. José Ramón de Careaga, una a cada uno, y que la busca del mineral de hierro que producía la mina y los gastos causados hasta el momento de tomar posesión fueron satisfechos por él y por los otros tres individuos expresados, quienes presentes al otorgamiento de esta escritura la aceptaron en todos sus extremos:

Resultando que obtenido por D. José Ramón de Careaga sentencia de la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos de 14 de noviembre de 1882 interdicto de retener la posesión de la cuarta parte de la mina Vigilante que había deducido en el Juzgado de Valmaseda, en cuya sentencia se mandó mantener a Careaga en la posesión de dicha cuarta parte de mina, en las labores que venía haciendo en la misma y en los pasos que servían para la conducción del mineral, dedujeron D. José Amézaga, D. Marcelino Allende, D. Hilario y D. Romualdo de Arteagabeitia y D. Dionisio Castaños en 26 de marzo de 1883 la demanda que ha mantenido el presente pleito, con la solicitud de que se condenase a D. José Ramón de Careaga a reintegrarle en la propiedad y posesión de la cuarta parte de la repetida mina Vigilante con todos los frutos percibidos y debidos percibir y con todas las costas causadas en el interdicto referido: a cuyo efecto alegaron, después de hacer relación del expediente de registro de la mina por D. Francisco Lamen, por sí y en representación de D. Víctor Lamen, D. Romualdo de Arteagabeitia y D. Calixto Leguina su parte al demandante Amézaga por documento privado, ratificando en la escritura pública de 2 de diciembre de 1881 D. Francisco Lamen en el interdicto de otra cuarta parte de la misma mina, que la concesión es el título original de la propiedad minera, y como la de la mina Vigilante había sido otorgada a sus cuatro registradores, sólo éstos podían ser sus dueños o las personas que legítimamente representasen sus derechos, y que el que interpone un interdicto sin razón derecha, debe responder de los daños y perjuicios causados y de las costas:

Resultando que D. José Ramón de Careaga se opuso a la demanda diciendo que en 26 de febrero de 1850 se dio posesión a D. Francisco Lamen, en su nombre y en el de los demás socios de la susodicha mina Vigilante, que creyendo D. Víctor Lamen, D. Calixto Leguina y D. Romualdo de Arteagabeitia que ellos eran los socios a quienes se refería el acto de posesión de dicha mina, enajenaron sus derechos respectivamente a D. Dionisio de Castaños, a D. José Amézaga y D. Romualdo de Arteagabeitia a su hermano D. Hilario en una mitad, conforme se decía en la demanda; que desde las res­pectivas fechas de aquellas cesiones venían todos los demandantes, a excepción de don Marcelino de Allende, en la posesión quieta y pacífica de tres cuartas partes de dicha mina; que en virtud de la escritura de 24 de junio de 1871, en la que D. Francisco Lamen, concesionario de la mina Vigilante, declaró que le correspondía una cuarta parte, entró en posesión de ella hacía más de 20 años, y en tal posesión le habían confirmado el Juzgado y la Audiencia; que D. Francisco Lamen dispuso de todos cuantos derechos le correspondieron en la mencionada mina no dejando a sus hijos a su fallecimiento parte alguna en ella, por cuya razón D. Víctor Lamen y D. Cosme de 2

Arteagabeitia no pudieron transmitir parte de dicha mina a D. Marcelino de Allende por la escritura de 5 de octubre de 1878, ni confirmar la venta que suponen se otorgó por D. Francisco Lamen cuando no aparece probado que tal venta se hiciera; que pretender, por tanto, como lo hacía D. Marcelino de Allende, una cuarta parte de la mina Vigilante, era pedir un imposible; que por otra parte la acción reivindicatoria no puede establecerse con éxito cuando el poseedor tiene un título más o menos firme, sin que proceda al ejercicio de esa misma acción otra que conforme a derecho sea adecuada para destruirla y que nadie puede transmitir a otro derechos de los cuales ha dispuesto, por lo cual los herederos de una persona, transmitiendo los bienes que ya no estaban en poder de ésta, realizan un acto ineficaz:

Resultando que al replicar presentaron los demandantes un documento privado autorizado con la firma de D. Francisco de Lamen, en el que se dice a la letra: "He recibido de Marcelino Allende, mi convecino, la cantidad de 130 rs., procedentes de una cuarta parte que vendí de la venera llamada Vigilante, que se halla en el sitio titulado Los Altos Montes de Triano, y para que lo haga constar cuando le convenga le doy ésta que firmo en Sestao a 9 de abril de 1855" y reprodujeron en la réplica lo solicitado en la demanda; añadiendo que Don Francisco Lamen partió en la escritura de 24 de junio de 1871 del error de considerarse único registrador, concesionario y poseedor de la mina, y que en dicha escritura no dispuso D. Francisco Lamen de su cuarta parte, ni podía hacerlo, puesto que la tenía enajenada a favor de D. Marcelino de Allende por el recibo o documento privado que acompañaban, cuya renta había sido después reconocida como válida y exacta de los herederos de Lamen en la escritura pública de 5 de octubre de 1868:

Resultando que en la dúplica insistió también el demandado en sus anteriores pretensiones y alegaciones, añadiendo que la solicitud de registro de la mina Vigilante, en la que aparecían los nombres de Don Francisco y D. Víctor Lamen, D. Romualdo de Arteagabeitia y D. Calixto Leguina, es apócrifa, y la firma que al fin de ella aparece no estaba extendida por el primero; que la escritura de 5 de octubre de 1878, considerada por D. Marcelino Allende como reconocimiento y ratificación de la supuesta venta de 9 de abril de 1855, es ineficaz para transmitir los derechos de los herederos de Lamen por no haber intervenido en ella uno de éstos, y que negaba a D. Marcelino Allende título de propiedad, puesto que el documento presentado con la réplica lo había sido fuera del término marcado en la ley, y no era por lo tanto admisible, no reuniendo tampoco los requisitos establecidos por el fuero de Vizcaya para las enajenaciones:

Resultando que el Juzgado por auto de 9 de julio de 1883 ratificó la admisión que tenía ya hecha del documento privado presentado con la réplica, y recibió el pleito a prueba, habiéndose suministrado por ambas partes diferentes justificaciones sin importancia para el recurso interpuesto:

Resultando que la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos dictó sentencia confirmatoria en 23 de febrero próximo pasado condenando a D. José Ramón de

Careaga a que reintegre a D. Dionisio Castaños, D. José Amézaga, D. Marcelino Allende y D. Romualdo y D. Hilario Arteagabeitia en la propiedad de la cuarta parte de la mina Vigilante que viene explotando, declarando a dicho demandado poseedor de buena fe y absolviéndole por esta razón de la devolución de los frutos percibidos, desestimando la pretensión de la demanda relativa a las costas del interdicto y ordenando, por último, la unión a los autos del documento simple presentado por los demandantes con su réplica:

Resultando que previo depósito de 1.000 pesetas en el establecimiento destinado al efecto, interpuso D. José Ramón de Careaga recurso de casación en el fondo, diciendo en su apoyo:

1 .° Que al declarar la sentencia haber lugar a la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda de la cuarta parte de la mina Vigilante que venía poseyendo el recurrente por justos y legítimos títulos, cuya nulidad no se ha pedido ni siquiera intentado la acción oportuna, se infringe la doctrina legal contenida, entre otras sentencias, en las de 9 de diciembre de 1864 y 22 de junio de 1880, según la cual cuando la acción reivindicatoria se dirija contra un poseedor de la cosa por virtud de un título más o menos firme es necesario que preceda el ejercicio de otra acción adecuada para destruir aquel título, así como el conocido axioma de derecho de que las sentencias han de dictarse según lo alegado y probado, y la ley 16, tít. 22, Partida 3.º, que dice que "non debe valer el juicio que da el Juzgado sobre una cosa que non fue demandada ante él y debe estar en qué manera facen la demanda las partes que contiendan" porque la sen­tencia recurrida falta por la resultancia de otros litigios completamente extraños al presente y de los que ningún testimonio se ha traído; y

2 .° Que dirigida la demanda a reivindicar la cuarta parte de la mina Vigilante, que posee el recurrente por justos y legítimos títulos, no ha debido prosperar desde el momento que el título en que funda Allende su derecho a la cuarta parte de la mina no tiene valor ni eficacia por carecer de los requisitos y solemnidades que señala la ley 1.º, tít. 17 del Fuero de Vizcaya, infringida en tal concepto en unión de la 6.^a del mismo título.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. José Balbino Maestre:

Considerando que la sentencia recurrida no infringe la ley ni la doctrina que se invocan en el primer motivo del recurso, pero que ante todo la Sala sentenciadora ha declarado probada, en uso de sus exclusivas facultades, la legitimidad de los títulos, en cuya virtud han adquirido los demandantes la propiedad total de la mina en cuestión, requisito principal para que prospere la acción reivindicatoria que ejercitan, según lo tiene declarado este Tribunal en numerosas decisiones; en segundo lugar, porque sobre no quedar, según lo expuesto, porción alguna de la mina a que pudiera referirse la escritura de 24 de junio de 1871, en que el demandado funda su excepción, tampoco es aplicable al caso la doctrina que invoca, toda vez que ésta presupone en el poseedor la existencia de un título traslativo de dominio más o menos firme, y la escritura 4

mencionada no merece semejante calificación jurídica, porque sólo contiene una simple declaración de derechos hecha por el otorgante en favor del demandado Careaga y otras personas, cuando el D. Francisco Lameu no tenía ya en aquella fecha participación alguna en la mina, contra lo que en la escritura afirma, ni facultades tampoco para declarar ni transmitir a nadie derechos de propiedad, y en tercer lugar, porque aun cuando se pudiera conceder a la escritura el carácter de título, ha sido objeto de discusión en el pleito su valor legal, comparado con el de los títulos de los demandantes, prevaleciendo la legitimidad de éstos ante la ineficacia de aquél, siendo en este caso innecesario el ejercicio previo de la acción de nulidad, como lo tiene también establecido este Tribunal:

Considerando que tampoco es de estimar el motivo 2.° ni aplicable la ley del Fuero que se invoca al título de adquisición de D. Marcelino Allende, en que el recurrente se fija, ni lo sería al de ninguno de los demás condueños de la misma, porque ni cabe volver sobre la apreciación de la legitimidad de éstos hecha por la Sala, y en todo evento es asimismo doctrina establecida que las participaciones mineras no son los bienes raíces que la ley del Fuero sujeta al derecho de troncalidad;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. José Ramón de Careaga, a quien condenamos al pago de las costas y pérdida del depósito de 1.000 pesetas que tiene constituido, que se distribuirá con arreglo a la ley; y líbrese a la Audiencia de Burgos la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que ha remitido.–(Sentencia publicada el 23 de diciembre de 1885, e inserta en la Gaceta de 27 de marzo de 1886.)