STS de 20 de enero de 1904

En la villa y corte de Madrid, a 20 de enero de 1904, en el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos, por Doña Damiana, Doña Manuela y D. José Ranero Martínez, con su hermana Doña Catalina, labradores y vecinos todos del Valle de Carranza, sobre reconocimiento del derecho a retraer por igual determinados bienes; pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el Procurador D. Federico Grases, bajo la dirección del Letrado D. Luis García de la Rasilla, en representación de Doña Damiana y Doña Manuela, no habiendo comparecido la parte recurrida:

Resultando que Doña Jacoba Martínez, vecina de Carranza, por escritura pública de 11 de mayo de 1898, otorgada en la villa de Ramales, y por documento privado hecho en Quintana de Soba en 29 de mayo de 1899, vendió diferentes bienes raíces a su hijo D. Ricardo Ranero Martínez; y en documento privado otorgado en el pueblo de Soscaño, del Valle de Carranza, provincia de Vizcaya, en 8 de abril de 1900, los hermanos Doña Catalina, Doña Manuela, Doña Damiana y D. José Ranero Martínez, hijos también de aquélla Doña Jacoba, reconocieron y confesaron haber recibido de su hermano D. Ricardo la cantidad de 500 pesetas cada uno y los muebles que les habían correspondido por herencia de sus padres ya difuntos, renunciando a hacer reclamación alguna a su citado hermano por el concepto citado:

Resultando que D. Ricardo Ranero vendió a D. Gabino Zorrilla por escritura de 20 de agosto de dicho año de 1900, los bienes adquiridos de su madre; y por escritura de 16 de octubre siguiente, el D. Gabino vendió los mismos bienes a Doña Catalina Runero en precio de 5.750 pesetas, que había sido lo pagado por D. Gabino, por precio y gastos al adquirirlas de D. Ricardo, cuya enajenación fue hecha en cumplimiento de lo convenido en acto de conciliación a que fue citado el D. Gabino Zorrilla por la compradora Doña Catalina, para preparar la demanda de tanteo que decidió entablar en uso del derecho que le concedían las leyes del tít. 17 del Fuero de Vizcaya para adquirir los bienes indicados, que eran troncales por haber pertenecido a los padres y ascendientes del vendedor D. Ricardo, y, por tanto, de la demandante, a cuya reclamación accedió D. Gabino, a pesar de entender que no era extraño a dichos bienes por proceder del mismo tronco de donde ellos procedían, conviniendo en entregarlos a Doña Catalina, con tal de que se le abonara el precio que había satisfecho, y todos los gastos ocasionados:

Resultando que los susodichos hermanos Doña Damiana, Doña Manuela y D. José, entablaron en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, en 10 de agosto de 1901, la demanda de este pleito contra su hermana Doña Catalina, pidiendo se declarase que tenían igual derecho que ésta a adquirir o retraer los bienes comprados por la misma a Don Gabino Zorrilla, y en su consecuencia, se le condenase a entregarles y otorgar a su favor la citada escritura de cesión de la propiedad de las tres cuartas partes de dichos 1

bienes, mediante el abono del precio con demanda, como hermanos que eran de doble vínculo, para obtener los bienes que su otro hermano D. Ricardo vendió a D. Gabino Zorrilla, y dentro del año y día fijado en la ley 6.^a del tít. 17, del Fuero de Vizcaya, conforme a la que ya las demás leyes de dicho título y a lo establecido en las demás del Reino para casos análogos, los parientes que comparecen dentro del término, aun después de verificado el retracto o adquiridos los bienes por otros parientes, tienen derecho a obtener de éstos la parte correspondiente:

Resultando que Doña Catalina Ranero contestó a la demanda presentando con ella el documento privado antes referido de 8 de abril de 1900, y pidiendo se le absolviera de ella condenando a los demandantes al pago de las costas, alegando en su apoyo y en cuanto es esencial: que para la realización de los dos contratos en que la madre de los litigantes vendió los bienes de que se trataba a su hijo D. Ricardo, no se hicieron los llamamientos forales, ni siquiera se dio conocimiento, ni se ofrecieron los bienes objeto de aquellas enajenaciones a los demás hijos; que D. Ricardo poseyó, sin oposición ni reclamación de sus hermanos dichos bienes hasta que los vendió a Zorrilla en agosto, si bien antes, en el mismo día de los funerales de su madre, los ofreció a todos y a cada uno de sus hermanos, y más tarde repitió el mismo ofrecimiento, especialmente a su hermano D. José, llegando a decirle que se los daría al fiado y a plazos, cuando buenamente pudiera pagarle su precio de 3.500; que además D. Gabino Zorrilla era pariente tronquero de todos ellos, y como tal y poseedor por herencia de la mayor parte de los bienes troncales, de los que eran una desmembración los que se litigaban, compró éstos a D. Ricardo; que los llamamientos forales, por costumbre seguida sin interrupción desde hacía unos treinta años, no se hacían en el Valle de Carranza, ni en las Encartaciones de Vizcaya, en la forma simbólica descrita en la regla 1.^a del tít. 17 del Fuero, sino a lo más por mera oferta u ofrecimiento de los bienes que se proyectan vender a los parientes tronqueros; que la acción de nulidad concedida a los parientes tronqueros para sacar los bienes troncales vendidos sin que procedan los llamamientos forales, sólo se otorga cuando se venden dichos bienes troncales a extraños, según lo tiene declarado este Tribunal Supremo en repetidas sentencias; que la acción de nulidad concedida a los parientes tronqueros, es distinta de la de retracto, y el derecho de sacar los bienes en su justo precio, diferente del tanteo gentilicio de Castilla; y que, por último, a nadie le es lícito ir contra sus propios actos, y menos contra aquello que tienen consentido, en cuyo caso se encontraban los demandantes por razón de lo declarado en el documento privado que acompañaba, en el que se dieron por satisfechos de lo que les correspondía por herencia de sus padres mediante la entrega que el demandado les hizo a cada uno de 500 pesetas y los muebles correspondientes:

Resultando que en los respectivos escritos de réplica y dúplica insistieron en sus respectivas pretensiones y alegaciones, y practicadas pruebas y sustanciado el pleito por los demás trámites de las dos instancias, dictó sentencia la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos en 2 de junio del año último, confirmatoria de la dictada por el Juzgado, absolviendo a Doña Catalina Ranero Martínez de la demanda intepuesta por sus hermanos Doña Damiana y D. José, y condenando a éstos al pago de las costas de la 2

segunda instancia, sin hacer especial condenación de las de la primera:

Resultando que Doña Damiana y Doña Manuela Ranero interpusieron recurso de casación, fundado en el núm. 1.° del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por considerar infringidos:

Primero.- El art. 524 de dicha ley procesal, en su segundo párrafo, que únicamente exige expresar la clase de acción que se ejercite, cuando por ella se haya de determinar la competencia; por cuanto la sentencia recurrida se funda en que los recurrentes no ejercitaron la acción de nulidad; y

Segundo.- Al denegar la sentencia a las recurrentes el derecho a participar de la compra de los bienes en unión de la demanda, la ley 2.^a, tít. 12 del Fuero de Vizcaya, que determina que concurriendo parientes del mismo grado y línea, participarán por iguales partes.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Pedro Lavín:

Considerando que, si bien a tenor del art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil, no obsta para el éxito de una acción ejercitada en juicio que no se expresa su denominación técnica, en armonía con el acto o derecho reclamado, bastando que se consigne su clase cuando por ella haya de determinarse la competencia, es indispensable, conforme al mismo precepto, que se fije con claridad y precisión lo que se pida; y como en el caso actual los recurrentes no pidieron la declaración de nulidad de las escrituras de venta realizadas sin los previos llamamientos que prescribe el tít. 17 del Fuero de Vizcaya, que es lo procedente en tal caso, según doctrina sancionada por este Tribunal Supremo, sino que se concretaron a suplicar que se les declarase con igual derecho que a la demandada para adquirir o retraer los bienes comprados por ésta a D. Gabino Zorrilla, fuerza es concluir que la Sala sentenciadora, al establecer que la nulidad es improcedente por no haberse entablado en forma, no ha cometido la infracción de aquél artículo, alegada en primer lugar en el recurso:

Considerando, por lo que toca a la infracción de la ley 2.^a, tít. 17, del Fuero de Vizcaya, alegada en segundo término, que aun en el supuesto de que esta ley fuera de aplicación general o absoluta y no circunscrita al caso a que se refiere, de que por virtud de los llamamientos prevenidos en la primera aspirasen a la adquisición de los bienes raíces puestos en venta por su dueño, varios individuos, todos iguales en derecho y sangre, la casación no podría por tal motivo descansar en el fallo sobre el fundamento no impugnado en el recurso, de que sólo procede la nulidad de la enajenación ya efectuada, cuando ésta se realice en favor de extraños, que aquí no se verificó en cuanto a la última hecha en favor de una hermana de doble vínculo de los recurrentes;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por Doña Damiana y Doña Manuela Ranero Martínez, a 3

quienes condenamos al pago de las costas, y para en su caso al de la cantidad que, por razón de depósito, debieron constituir, que se distribuirá entonces con arreglo a la ley; y líbrese a la Audiencia de Burgos la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunicamos, mandarnos y firmamos.– José de Aldecoa.– Pedro Lavín.– Ricardo Molina.– Vicente de Piniés.– Víctor Covián.– Antonio Alonso Casaña.– Idelfonso López Aranda.

Publicación.– Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Pedro Lavín, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala de lo civil del mismo en el día de hoy, de que certifico como Relator Secretario de dicha Sala.

Madrid, 20 de enero de 1904.– Licenciado Jorge Martínez.