Resolución de la DGRN de 3 de agosto de 1944

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Guecho don Juan Mantilla Aguirre, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Bilbao a inscribir, en parte, una escritura de manifestación y adjudicación de bienes, pendiente en este Centro en virtud de apelación del Registrador.

Resultando que, como consecuencia, primero, del testamento de don Ángel Bilbao y Aguirre, otorgado el 6 de marzo de 1939, ante el Notario de Bilbao don Francisco Javier Bosch y Navarro, en el que, después de declarar el testador que de su único matrimonio con doña María Zamacona y Charroalde tenía cinco hijos, llamados Ana María, Ángel, José Antonio, María Dolores y Aurora Bilbao y Zamacona, y de manifestar que carecía de otros herederos forzosos que los citados, disponía " que todos sus bienes, derechos y acciones presentes y futuros sean usufructuados por su esposa, mientras viva, y al fallecimiento de la misma sean distribuidos por quintas e iguales partes entre sus cinco nombrados hijos, en plena propiedad, representando al que de ellos hubiera fallecido con descendencia sus respectivos descendientes"; y, segundo, de la muerte del referido testador, ocurrido el 25 de septiembre de 1941, el Notario de Guecho, don Juan Mantilla Aguirre, autorizó dos escrituras; una el 22 de enero de 1943 de manifestación de herencia y adjudicación de bienes, en la que comparecía únicamente la esposa del causante, renunciaba al usufructo que éste la había concedido y manifestaba que, por haberse producido la comunicación foral establecida para el caso de que el matrimonio se disuelva con hijos en la ley 1.^a, título XX del Fuero de Vizcaya, al cual estuvo constantemente sometido el matrimonio, por haber sido siempre ambos cónyuges vecinos de la tierra llana, pertenecían a ella y a los herederos de su marido, por partes iguales, todos los bienes existentes en la sociedad conyugal en el momento del fallecimiento de éste, por lo que solicitaba la inscripción en el Registro de la Propiedad, a nombre de la viuda, de la mitad indivisa de las fincas y demás cuotas que figuraban en el inventario, y la del derecho hereditario, a nombre de sus cinco hijos, indicados anteriormente, a los que correspondía la mitad restante, por quintas partes, de los citados bienes y cuotas indivisas; y otra el 23 de septiembre de 1943, de aclaración de la escritura antes expresada, en la que doña María Zamacona y Charroalde declaraba que la inscripción del derecho hereditario la había solicitado como representante legal de su hija menor de edad doña Aurora Bilbao Zamacona, y como mandataria verbal de sus otros hijos, doña Ana María, don Ángel, don José Antonio y doña María Dolores Bilbao Zamacona.

Resultando que, presentadas primeras copias de las dos escrituras en el Registro de la Propiedad de Bilbao, se extendió en la de manifestación y adjudicación de bienes la siguiente nota: "Inscrito este documento, al que se acompaña otro aclaratorio en cuanto a la mitad de las fincas y participaciones de finca que pertenecen a la virtud por comunicación foral, en los tomos, libros, folios, números de fincas e inscripciones que

se expresan en los cajetines puestos al margen de la descripción de cada una de las fincas, y denegada su inscripción en cuanto al derecho hereditario de los hijos que no comparecen y se amparan en un título universal defectuoso que desconoce sus derechos legitimarios, que al ser modificado por la renuncia de la instituida queda fuera del ámbito del art. 21 de la Ley, para entrar en la esfera contractual de la partición de bienes".

Resultando que el Notario autorizante interpuso recurso gubernativo solicitando la declaración de que la escritura de manifestación y adjudicación de bienes está extendida con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, alegando que el Registrador, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y de esta Dirección General, no puede considerar defectuoso un testamento mientras no haya sido declarada su nulidad por los organismos judiciales; que sería puril sostener que las disposiciones de última voluntad que sirvieron de fundamento a la escritura objeto de este recurso no instituía herederos a los hijos del causante, ya que el párrafo segundo del art. 668 del Código Civil admite la sucesión a título universal aunque el testador no haya empleado mate­rialmente la palabra heredero: que tal disposición testamentaria no está fuera de la esfera del art. 21 de la Ley Hipotecaria, ya que, precisamente, es este precepto legal el aplicable a la inscripción de las particiones; que se trata de un derecho hereditario sujeto a término suspensivo, determinado por el fallecimiento del cónyuge viudo, que por la renuncia de éste ha quedado absolutamente consolidado, a pesar de que habría existido siempre, aunque no hubiera mediado aquélla; y que, por tanto, si hay un verdadero título universal, que es el testamento, y unos herederos legalmente instituidos, que son los hijos, éstos tienen plena base jurídica para solicitar la inscripción del derecho hereditario.

Resultando que el Registrador, en su informe, confirmó, el criterio sostenido en su nota calificadora, porque el art. 21 de la Ley Hipotecaria exige que los documentos inscribibles expresarán, por lo menos, todas las circunstancias que, bajo pena de nulidad, debe contener la inscripción, y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos, pudiendo afirmarse que la disposición de última voluntad del causante no está comprendida dentro de los términos de este precepto legal, ya que no respeta el derecho vigente en Vizcaya, donde los padres pueden elegir libremente entre sus hijos, que son los herederos forzosos, el que en lo futuro haya de regir la casería, pero apartando a los demás de una manera inexcusable con su legítima foral, consistente en la concesión a cada uno, como mínimo, del árbol más ruin y una teja, por lo cual dicho testamento fue calificado, no precisamente como un instrumento nulo, pero sí como un título defectuoso para la inscripción; porque si bien es verdad que en nuestra legislación se establece que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, el derecho hereditario, que más que de naturaleza real es de carácter absoluto, puesto que puede oponerse "erga omnes", requiere en nuestro ordenamiento jurídico una aceptación expresa o tácita para ser adquirido, siendo necesaria para ésta última la prueba indudable de ciertos actos, conforme al art. 999 del Código Civil y a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de 2

julio de 1920, y cuando el heredero actúe por medio de representante deben justificarse las facultades del apoderado para solicitar la inscripción, ya que así lo declaró la sentencia del mismo Tribunal de 30 de octubre de 1906 y se deduce del sentido del art. 71 del Reglamento Hipotecario y porque, a pesar de que en nuestro Derecho es posible la modificación sustancial del contenido de un testamento al hacer la partición, siendo la misma inscribible conforme a la resolución de este Centro directivo de 30 de junio de 1910, por cuya circunstancia se decía en la nota calificadora que el título universal examinado quedaba fuera del ámbito del art. 21 de la Ley, para en la esfera contractual, tal alteración no puede ser realizada sino con las debidas garantías, con la asistencia de todos los herederos que sobrevivan al testador y con el consentimiento unánime de cada uno de ellos.

Resultando que el Presidente de la Audiencia declaró que las dos escrituras autorizadas por el Notario recurrente están extendidas con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, por motivos semejantes a los que se invocan en el escrito en que se interpuso el recurso, añadiendo que la renuncia de la usufructuaria no hizo precisamente que el testamento entrara en la esfera contractual, pero sí que quedara purificado de su posible defecto, restableciendo el pleno derecho legitimario de los hijos del causante, que adquirieron la totalidad de sus cuotas en virtud del derecho de acrecer a que se refiere el art. 981 del Código Civil; que para inscribir una disposición de última voluntad no es preciso que conste la aceptación de la herencia, ya que ésta supone una condición suspensiva de la transmisión de la propiedad, y conforme al art. 16 de la Ley Hipotecaria son inscribibles los títulos traslativos de dominio, no requiriéndose tampoco tal formalidad para inscribir una partición de herencia hecha por Contador, en virtud del art. 1.957 del citado Cuerpo legal, o por el mismo testador, según la doctrina sostenida por este Centro directivo; y que, como la inscripción no suele añadir ni quitar nada al acto de la aceptación, en el caso del recurso es suficiente el mandato verbal, del que no debe dudarse, ya que la persona que solicitó la inscripción presentó en el Registro los correspondientes documentos, estaba ligada a los herederos por el más estrecho vínculo de parentesco y ostentaba la representación legítima de uno de ellos.

Resultando que el Registrador de la Propiedad interpuso recurso de alzada contra el Auto presidencial, por las mismas razones ya alegadas anteriormente y, además, porque no es aplicable a los causahabientes de don Ángel Bilbao y Aguirre el derecho de acrecer, a que se refiere el art. 985 del Código Civil, ya que, por una parte, se trata de herederos forzosos que no están comprendidos en este precepto legal y, por otra, el testador expresó su voluntad contraria al mismo, concediendo a su cónyuge el usufructo de todos sus bienes presentes y futuros y disponiendo que a su muerte pasaren a sus hijos en pleno dominio, de donde se deduce que ni aún en nuda propiedad quiso instituirlos herederos durante la vida de su esposa, porque si bien es verdad que la resolución de esta Dirección General de 6 de marzo de 1923 declara que la partición hecha por Contador no supone la aceptación de los herederos, no es menos cierto que la solicitud de la inscripción del derecho hereditario en abstracto, con arreglo al art. 71 del Reglamento Hipotecario, constituye uno de los actos de aceptación a que se refiere el 3

art. 999 del Código Civil, y porque quedaría desvirtuado el art. 21 de la Ley Hipotecaria si se pretendiera la incorporación al Registro de dos títulos directamente inscribibles, uno de ellos el testamento del causante, y el otro la escritura de renuncia de la viuda a su derecho de usufructo, ya que el primero está sustancialmente modificado por el último.

Visto los arts. 813, 815, 988, 990 y 1.000 del Código Civil; el 21 de la Ley Hipotecaria y el 71 del Reglamento para su ejecución; las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1895 y 2 de julio de 1904 y las resoluciones de este Centro directivo de 20 de diciembre de 1929.

Considerando que para cumplir con los preceptos que impone el principio de congruencia en estos expedientes gubernativos es necesario referir la resolución a los defectos consignados en la nota calificadora, y ésta deniega la inscripción de la escritura en cuanto al derecho hereditario, primero porque el título universal resulta defectuoso y desconoce los derechos legitimarios de los hijos; segundo, porque la renuncia de la institución entra en la esfera contractual de la partición de bienes, y tercero, porque los hijos no comparecen a legitimar lo establecido y a pedir la inscripción del derecho hereditario.

Considerando que no puede decirse que el testamento, en el momento de ser calificado, perjudicaba la legítima de los cinco hijos del causante, puesto que en virtud de la renuncia abdicativa de la madre al usufructo, los herederos forzosos, que aparecen en el testamento con una adjudicación de mayor valor económico que la legítima foral, han visto sus derechos fortalecidos por la generosidad de su madre, sin que en este recurso pueda ser discutida la trascendencia del acto por no haberse planteado tal problema, y sin que sea atendible el argumento de que el título fundamental fuese vicioso, puesto que el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros, en las sentencias y resoluciones citadas, han aceptado la doctrina de la convalidación por obra de los mismos interesados en la herencia o de los llamados a su disfrute.

Considerando que no puede admitirse que el título inscribible "queda fuera del ámbito del art. 21 de la Ley, para entrar en la esfera contractual de la partición de bienes", como se afirma en la nota calificadora, ya que la naturaleza jurídica de la renuncia abdicativa pone de manifiesto que ésta es un acto de carácter absoluto, eminentemente voluntario y unilateral, no sujeto en ningún caso a condición, plazo ni pacto, según declaran los arts. 988 y 990 del Código

Civil, mientras que el párrafo tercero del art. 1.000, en su final, niega a la renuncia no traslativa el carácter de aceptación de herencia y a los renunciantes el de herederos.

Considerando que, conforme a la doctrina constante de este Centro directivo, para la inscripción del derecho hereditario, que se hace a instancia de cualquiera de los herederos, o de otra persona que pueda estar interesada con arreglo al art. 6.° de la Ley Hipotecaria, así como para la inscripción de una partición, no se requiere de una manera indispensable la aceptación de la herencia.

Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto apelado y declarar que la escritura objeto de este recurso está extendida con arreglo a las formalidades y prescripciones legales.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V.E. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 3 de agosto de 1944.– El Director General, José María de Porcioles.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Burgos.