STS de 27 de abril de 1894

Resultando que seguido ante el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos por el Ayuntamiento de San Salvador del Valle contra D. Ángel Hormaeche y Lastra juicio declarativo de mayor cuantía sobre reivindicación de unos minerales de hierro, la mencionada sala, en 11 de diciembre próximo pasado, pronunció sentencia, por la que se declara que el mineral de hierro depositado en los Puertos de Ugarte es de la exclusiva propiedad del precitado Ayuntamiento, y no haber lugar a la nulidad de la venta que de dicho mineral o parte de él hicieron algunos vecinos de Hormaeche:

Resultando que D. Ángel Hormaeche y Lastra ha interpuesto recurso de casación como comprendido en los números 1.°, 4.° y 7.° del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, fundándole en varios motivos, entre ellos:

Primero. Incurrir la indicada sentencia en violación e interpretación errónea de los principios que regulan la prescripción como fuente del derecho de dominio, al declarar que adquiridos por este medio, pertenecen al Ayuntamiento de San Salvador del Valle los minerales depositados en los Puertos de Ugarte; pues lo mismo las leyes del tít. 12 del Fuero de Vizcaya, que las que constituyen el tít. 29 de la partida 3.^a, tomadas del derecho supletorio para la legislación de aquel país, reconocimiento que la prescripción es uno de los medios legales para adquirir el dominio o propiedad de los bienes muebles o inmuebles, establecen a este fin condiciones y requisitos que en el presente caso no concurren, sin los cuales no es posible sea declarada aquélla; requisitos y condiciones que son: justo título, buena fe, posesión continuada y tiempo tasado por la ley, en unión de la prescriptibilidad de la cosa, ninguna de cuyas condiciones abona el derecho del Ayuntamiento de San Salvador del Valle para obtener por prescripción la propiedad de los minerales ajenos depositados en los predichos Puertos de Ugarte:

Cuarto. Descansar la acción reivindicatoria sobre el dominio o cuasi dominio de una cosa perteneciente al que ejercita aquélla por derecho civil o de gentes, debiendo dirigirse dicha acción contra el que posea, detente o retenga la cosa, contra el que dejó de poseerla por dolo, o contra el que voluntariamente se ofreció a juicio en concepto de poseedor, sin que baste pedir la cosa si no se apoya el dominio en un título cierto que lo conceda, y en la posesión inmemorial, no siendo de olvidar que cuando la acción del reivindicante se apoye en un título de que se derive también el derecho del reivindicado, es preciso anular éste previamente, y que la prueba de la acción corresponde exclusivamente al que la ejercita; por todo lo cual, no reuniendo tales requisitos la sostenida por el Ayuntamiento de San Salvador del Valle; no fundándose la misma en ningún título de dominio, ni cuasi dominio; no pudiendo alegar estos derechos sobre los minerales de los Puertos de Ugarte, que jamás ha poseído el Ayuntamiento referido; no habiéndose acreditado la posesión de los mismos por inmemorial ni por tiempo alguno, y no habiendo, finalmente, practicado ninguna prueba que pueda sancionar aquélla, la 1

sentencia recurrida, que estima la acción reivindicatoria ejercitada por el Ayuntamiento demandante, ha infringido por modo notorio la jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo, y particularmente la que se desprende de las sentencias de 15 de abril y 9 de diciembre de 1864, 14 de enero y 24 de noviembre del 69, 27 de junio del 67, 28 de noviembre del 70, 6 de enero y 8 de junio del 71 y 3 de julio del 72, que definiendo los caracteres de la expresada acción, establecen los requisitos con anterioridad enumerados para que legalmente pueda prevalecer en justicia:

Resultando que el Ministerio fiscal ha emitido dictamen en que entiende no procede la admisión del recurso respecto de los dos relacionados motivos:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Estanislao Rebollar Villarejo:

Considerando que, según lo dispuesto en el art. 1720 de la Ley de Enjuiciamiento civil, en el escrito interponiendo el recurso, además de expresar el párrafo del art. 1692 en que se halla comprendido, se citará con precisión y claridad la ley o doctrina legal que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido.

Considerando que no se ajusta a lo preceptuado en el art. 1720 el primer motivo de los alegados en el recurso, puesto que si bien se citan las leyes del tít. 12 del Fuero de Vizcaya, las del tít. 29 de la Partida 3.^a, no se concreta con las debidas precisión y claridad la ley que se supone infringida y el concepto en que lo sea:

Considerando que la apreciación de prueba no puede impugnarse más que en la forma establecida en el núm. 7.° del art. 1692, puntualizando el error de derecho o de hecho que se alega y la ley o doctrina legal o documento o acto auténtico que demuestren el error evidente del juzgador, lo cual no se verifica en el motivo cuarto:

Considerando, en tal supuesto, que son inadmisibles los expresados motivos primero y cuarto, con arreglo a lo prescrito en los números 4.° y 9.° del art. 1729 de la referida ley de Enjuiciamiento civil, y a lo que tiene declarado este Tribunal Supremo;

No ha lugar a admitir el recurso de casación interpuesto por D. Ángel Hormaeche y Lastra, en cuanto a los motivos primero y cuarto alegados en apoyo del mismo; se admite dicho recurso en lo demás; y libradas que sean las copias necesarias para que se publique este auto, según previene la ley, dese cuenta.– (Auto fecha 27 de abril de 1894, e inserto en la Gaceta de 9 de octubre del mismo año.)