STS de 20 de enero de 1885

En la villa y corte de Madrid, a 20 de enero de 1885, en el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por D. Emilio de Saracho y Mier, Vicecónsul cesante, vecino de esta corte, con Doña Sotera de la Mier y Elorriaga, propietaria, vecina de Portugalete, y con D. Ricardo de Balparda Fernández, Abogado, vecino de Bilbao; Doña Petra de Ariño y Gorostiza, vecina de Santurce, propietaria; Doña Mónica Ariño y Gorostiza, propietaria, vecina de Portugalete, como madre legítima de los menores D. José Zoilo, Doña Juana Josefa, Doña Antonia Daniela y D. José Roberto de Gorostiza y Ariño y D. Fabriciano de Uraga y Ariño, vecino de Sestao, labrador, en representación de sus hijos Doña Gervasia, Doña Facunda, D. Atanasio, Doña Leona y Doña Crisanta de Uraga y Sauda, basado sobre interpretación de un legado y entrega del mismo; pendiente en este Tribunal Supremo en virtud de recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el demandante, defendido por el Licenciado D. Gabriel Rodríguez y representado por el Procurador D. Luis García Ortega; habiendo sido defendida y representada en este recurso Doña Sotera de la Mier por el Licenciado D. Aureliano Linares Rivas y el Procurador D. José María Cordós, y D. Ricardo de Balparda y litissocios, por el Doctor D. Eugenio Montero Ríos y el Procurador D. Daniel Doze:

Resultando que en septiembre de 1885 otorgó un testamento Don José de Gorostiza, vecino de Portugalete, en el que declaró que se hallaba legítimamente casado con Doña Sotera de la Mier, sin tener sucesión; que desde principios del año 1844 había pertenecido a la Sociedad Ibarra Mier y Compañía, en la que había adquirido bastante capital; que durante su matrimonio había comprado algunos bienes raíces en el Infanzonado, cuya mitad le correspondía; y como según las leyes del Fuero de Vizcaya debían ser para sus parientes tronqueros, quería que tales bienes se considerasen y entrasen en los legados que dejaba hechos a su familia, y que del remanente de su bienes muebles raíces sitos fuera del infanzonado, créditos, derechos y acciones, instituía por su única y universal heredera a su citada esposa:

Resultando que en escritura pública otorgada en Bilbao en 3 de julio de 1875 entre D. Gabriel y D. Juan de Ibarra y D. Cosme de Zubiría, únicos que constituían la Sociedad que bajo la razón Ibarra Hermanos y Compañía había existido en aquella plaza hasta su disolución en escritura de 30 de noviembre de 1874, y D. José Gorostiza y del Casal, se hizo constar que en el año de 1854 formaron los cuatro otorgantes una Sociedad mercantil bajo la razón social de Ibarra Hermanos y Compañía, cuyo término social expiró en 31 de diciembre de 1858, en cuya fecha se separó Gorostiza de la Sociedad, quedando proindivisa la propiedad de varias minas de hierro pertenecientes a las mismas, y de cuenta su explotación de los otros tres que siguieron formando la indicada sociedad; que en 1.° de enero de 1864 convinieron los cuatro otorgantes en que Gorostiza, que continuaba siendo interesado, en concepto de propietario de dichas

minas, representaría desde entonces en la explotación un 25 por 100, y que los otros tres otorgantes, D. Juan, D. Gabriel y D. Cosme, reconocían y declaraban que en las minas pertenecientes en totalidad o solamente en parte a la antigua Sociedad Ibarra Hermanos y Compañía, en los montes de Triano y Ontón, que resultasen de títulos definitivos concedidos a dicha Sociedad o a otras personas que después los hubiesen cedido o transmitido, tocaba y correspondía una cuarta parte íntegra a D. José de Gorostiza, quien aceptó esta declaración:

Resultando que en 28 de julio de 1876 otorgó Gorostiza codicilo en Portugalete, en el que dijo que tenía otorgado testamento que había de guardarse y cumplirse juntamente con lo que en este codicilo ordenara, y entre sus disposiciones instituyó un legado a favor de su sobrino D. Emilio Saracho y Mier de 10.000 duros en metálico, y además la décima parte de las minas libres que poseía en propiedad en compañía de los Ibarra, sus socios:

Resultando que el susodicho Gorostiza falleció en 30 de julio de 1876, y habiéndose promovido en 21 de junio de 1878 por Doña Mónica de Ariño y Gorostiza, bajo la dirección del Letrado D. Ricardo Balparda, el juicio de abintestato con relación a los bienes sitos en el Infanzonado de Vizcaya, respecto de los que nada había dispuesto aquél, especialmente se tuvo por prevenido dicho juicio de abintestato por auto del siguiente día, y recayó por último otro auto en 11 de noviembre siguiente, declarando herederos abintestato de D. José Gorostiza, respecto de los bienes raíces radicados en el Infanzonado, a Doña Mónica, Doña Petra y Doña Carlota de Ariño y Gorostiza, D. José Zoilo, Doña Juana Josefa, Doña Antonia y D. José Roberto de Gorostiza y Ariño, D. Juan Domingo, D. Pedro Juan y Doña Ignacia Sotera de Landavaro y Gorostiza, y en representación de ésta sus hijos Doña Gervasia Mónica, Doña Facunda Josefa, D. Atanasio, Doña Leona y Doña Melitona Crisanta de Uraga y Landavaro, sin perjuicio de tercero de mejor derecho:

Resultando que D. Emilio de Saracho dedujo en el Juzgado de Valmaseda en 11 de junio de 1878, interdicto de adquirir la décima parte de las minas libres que Gorostiza poseía en propiedad con los Ibarra sus socios, que le había sido legada por aquél en su codicilo, en cuyo interdicto formularon oposición la viuda de Gorostiza Doña Sotera de la Mier y los declarados herederos abintestato del mismo, y por sentencia de 19 de mayo de 1879, se amparó a Saracho en la posesión en que se le había dado en 16 de diciembre anterior de la décima parte de la mina El Ser, en nombre y voz de las demás, con reserva de su derecho a los que se considerasen perjudicados, por considerar que en el interdicto no podía resolverse qué clase de bienes correspondían a los herederos tronqueros, ni de cuáles en concepto de libres había dispuesto el testador en favor de la viuda, ni tampoco si las minas en que consistía el legado eran bienes raíces o muebles, pues estos derechos debían ventilarse en juicio civil ordinario: Resultando que habiéndose promovido otro interdicto en el mismo Juzgado en 31 de octubre de 1879 por D. Ricardo Balparda, Doña petra y Doña Mónica de Ariño, en representación esta última de sus hijos menores y D. Fabriciano de Uraga, en nombre de

los suyos, con el fin de que se les confiriese la posesión real, corporal, vel quasi, de las nueve décimas partes indivisas de las minas, sitas en el Infanzonado, que el difunto Gorostiza poseía en propiedad con Ibarra Hermanos y Compañía, se les otorgó y mandó dar dicha posesión por auto de 3 de noviembre siguiente; Saracho de una parte, Doña Sotera de la Mier por otra, y la Sociedad Ibarra Hermanos se opusieron a dicha posesión, en lo que pudiera afectar a sus respectivos derechos; y por sentencia de 3 de abril de 1880, que fue confirmada por la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos en 17 de diciembre siguiente, se amparó a Balparda y consortes en laposesión que se les había dado, a los que correspondía, según lo manifestado por los interesados, el 11 y cuarto por 100 de las minas y participaciones de otras que la Sociedad Ibarra Hermanos poseía juntamente con el finado Gorostiza; correspondiendo el 75 por 100 de las minas a dicha Sociedad, el 12 y medio a Doña Sotera de la Mier, y el uno y cuartillo restante a D. Emilio Saracho; habiéndose tenido en cuenta, entre otros fundamentos, que se respetaba igualmente la posesión dada judicialmente a Saracho de la décima parte de las minas libres que Gorostiza poseía en propiedad en compañía de los Ibarra sus socios, lo cual no podía referirse más que a la herencia del indicado Gorostiza, ni interpretarse las dudas a que pudiera dar lugar en contra de los herederos:

Resultando que los susodichos D. Ricardo Balparda, Doña Petra y Doña Mónica de Ariño y D. Fabriciano de Uraga, en representación estos dos últimos de sus respectivos hijos, dedujeron demanda en el susodicho Juzgado, con el fin de que se declarase que el legado de la décima parte de las minas libres, hecho por Gorostiza a favor de Saracho, no comprendía las minas o parte de minas de hierro, sitas en el Infanzonado o tierra llana de Vizcaya, ni se refería a éstas, sino solamente a las que radicaban en puntos en donde no regía la legislación foral, o se declarase en otro caso que dicho legado era nulo y de ningún valor ni efecto en cuanto a las minas de hierro sitas en el Infanzonado o cualquiera parte de ellas que Gorostiza poseyera a su fallecimiento, y que se declarase en su consecuencia que les pertenecían en pleno dominio por título de herencia, en unión de los demás herederos tronqueros; condenando a Saracho a que inmediatamente les entregase su posesión, cuya demanda fue desestimada por sentencia de la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos de 11 de julio de 1881, interpuesto recurso contra ella por los citados demandantes Balparda y consortes, se declaró no haber lugar a él por sentencia de esta Sala de 23 de febrero de 1882:

Resultando que en 13 de diciembre de 1881 interpuso D. Emilio Saracho y Mier la demanda que ha dado origen al presente pleito, en la que en ejercicio de la acción mixta de real y personal, pidió se declarase: primero, que el legado de la décima parte de las minas libres que Gorostiza poseía en propiedad en compañía de los Ibarra, hecho a su favor por dicho Gorostiza en su codicilo, comprende todas las minas que el testador poseía en compañía con la Sociedad Ibarra, por haber sido esta su voluntad y no hallarse las minas sometidas a la legislación foral de Vizcaya; segundo, que los herederos tronqueros abintestato de Gorostiza no pueden ejercitar el derecho de troncalidad para reivindicar, en su virtud, aquellas concesiones; tercero, que por lo tanto dichos 3

herederos tronqueros sólo pueden ejercitar el derecho de troncalidad sobre bienes raíces que hubieran pertenecido al finado, y que, además de hallarse situados en el Infanzonado de Vizcaya, vinieran del tronco de donde procedía Gorostiza; cuarto, que el derecho de troncalidad menos lo puede ejercitar todavía D. Ricardo de Balparda, por no ser pariente consanguíneo ni por afinidad del testador y haber adquirido una parte de esos derechos litigiosos mediante un pacto prohibido por las leyes; quinto, que el legado hecho en su codicilo por Gorostiza a favor del demandante comprende la décima parte de la propiedad minera poseída proindiviso por Ibarra, Hermanos y Compañía, y Gorostiza, o sea el 10 por 100, y no el uno y cuartillo por 100 de aquella totalidad; y que se condenase en su consecuencia a los demandados D. Ricardo de Balparda Fernández, Doña Petra de Ariño y Gorostiza y Doña Mónica de Ariño y Gorostiza, en la repre­sentación que ostentan de sus hijos menores, y a D. Fabriciano de Uraga y Ariño, como representante también de los suyos, a entregarle inmediatamente el 8 y tres cuartillos por 100 de las minas y particiones de otras comprendidas en la posesión que les había sido otorgada en virtud del interdicto de adquirir de las nueve décimas partes restantes de las minas pertenecientes a la gerencia de Gorostiza, o sea del 11 y cuartillo por 100 de la totalidad de la propiedad minera que el mismo Gorostiza poseyó con los Ibarra, sus socios, con devolución de todos los frutos percibidos y debidos percibir desde el momento de aquella concesión y del importe de las costas y gastos del Interdicto; en apoyo de todo lo cual alegaron, después de hacer relación de los antecedentes expuestos, que, por el interdicto que promovió en junio de 1878, se le dio posesión de la décima parte de las minas que pertenecieron a Gorostiza en sociedad con Ibarra, Hermanos y Compañía, y en quieta y pacífica posesión de dicha parte de las minas, cuyos frutos le abonaron los Ibarra desde el momento en que tomó posesión judicialmente, se había encontrado impugnado su derecho y desconocida aquella posesión legítima por los herederos tronqueros abintestato de Gorostiza; que por medio del interdicto que a su vez promovieron, habían tratado de mermar por una parte la extensión del legado, dejándola reducida a su más mínima expresión, y pretendían por otra sorprender al Tribunal para destruir los efectos del interdicto del demandante y obtener al mismo tiempo una declaración que sirviera para prejuzgar favorablemente sus pretendidos derechos; que divida la propiedad minera del testador Gorostiza de la manera que lo habían entendido los herederos tronqueros en un interdicto, resultaba que lo que correspondía al demandante por virtud del legado no era la décima parte de las minas poseídas en común con Ibarra, Hermanos y Compañía, sino la décima del 12 y medio por 100 que después de liquidado aquel caudal hubiera correspondido a la herencia exclusiva de Gorostiza; que en oposición completa con esta interpretación, se hallaban en primer término las palabras mismas empleadas por Gorostiza en su codicilo, entendidas lisa y llanamente como suenan; pues no dice que lega a su sobrino D. Emilio Saracho la décima parte de la parte que exclusivamente le pertenecía en propiedad en las expresadas minas, ni tampoco que le lega la décima parte del 12 y medio por 100, conforme debía haberlo dicho para encerrar el legado dentro de los estrechos límites que pretenden los herederos tronqueros, sino que las palabras del testador al determinar los límites del legado se refieren a la totalidad de aquella propiedad minera indivisa, 4

valiéndose para ello del artículo determinado la, que precede a la palabra mina; que la conducta observada por Gorostiza con su sobrino el demandante, daba también a conocer claramente su voluntad, pues en recompensa de sus sacrificios y de sus trabajos en la explotación de las minas, le tenía señalada, durante su vida, una participación próximamente igual o superior a la explotación de aquellas minas a la que le dejaba en su codicilo, entendido literalmente y como sus palabras suenan; que además, en la sentencia dictada en el interdicto promovido por los herederos tronqueros, se hacían declaraciones relativas a la propiedad y participación respectiva de los interesados en las minas, como si se hubiere tramitado en juicio solemne de propiedad; que confundido con dichos herederos y tronqueros se halla D. Ricardo Balparda, que no era tal heredero, y que invocaba la cesión que le habían hecho Doña Carlota y Doña Mónica de Ariño de los derechos hereditarios que pudieran corresponderles en la herencia de su finado tío Don José de Gorostiza, a pesar de tratarse de una parte de un derecho suyo persona- lísimo e intransmisible, y resultar por otra que Balparda venía siendo el Abogado defensor de aquéllas en los mismos derechos e intereses cedidos; que, por otra parte, los repetidos herederos tronqueros, no contentos con interpretar a su manera la voluntad del testador en la forma que se ha dicho, clasificaban, del modo más conveniente a sus fines, determinados bienes pertenecientes a la herencia de Gorostiza, y sostenían que éste ni dispuso ni pudo disponer del beneficio de extraños de las minas que decían hallarse en el Infanzonado de Vizcaya; no obstante que las mismas palabras del testamento de aquél demostraban que no consideraba dichas minas sometidas a las restricciones del Fuero de troncalidad de Vizcaya; que dicho Fuero nada ha dicho en materia de minería, y dispone, así como la jurisprudencia de los Tribunales, que en caso de duda, en cuanto a declarar si un bien está o no comprendido en el Fuero de troncalidad, se resuelve siempre conforme a la legislación general del Reino; y que de todos modos, aun en el caso más favorable para dichos herederos tronqueros, no podían invocar el derecho de troncalidad con relación a las concesiones mineras que el difunto Gorostiza poseía con los Ibarra, Hermanos y Compañía, porque al constituirse esta Sociedad se creó una personalidad jurídica distinta de los socios que la componían, y extraña por completo al derecho de troncalidad de los parientes de cualquiera de ellos, puesto que este derecho sólo puede ser admitido en los casos expresamente establecidos en la ley:

Resultando que Doña Sotera de la Mier contestó la demanda, pidiendo que se le absolviera de ella en cuanto se pretendía hacer extensivo el legado a la décima parte de la totalidad de las minas, declarando que dicho legado se entendía hecho de la décima parte de lo que correspondía a Gorostiza, o sea de uno y cuartillo por 100 de la totalidad; declarando además que las concesiones mineras o cualquiera parte de ellas dejada por Gorostiza no se hallaban sujetas al derechos de troncalidad, y que a ella, a título de heredera universal de su difunto marido, correspondía el pleno dominio de dichas minas y cualquiera de sus participaciones, excepción hecha del legado instituido a favor del demandante; en apoyo de lo cual dijo: que compadecido su difunto marido Gorostiza de la mala suerte de D. Emilio Saracho, le legó los 10.000 duros, y a los

ruegos de la demandada dijo que le daría la décima parte de las minas libres, esto es, de las no arrendadas, refiriéndose al hablar de dicha décima parte a la participación que tenía en las minas; que a petición también de la demandada se consignó en el codicilo dicha declaración, pues Gorostiza quiso dejar subordinado su cumplimiento a la voluntad de su mujer, siendo por lo tanto inexacto cuanto decía el demandante respecto a la conducta observada con él por Gorostiza, para dar al legado una extensión que rechazaban de consuno la ley y la voluntad del testador; que además de que el tenor literal de las palabras del codicilo impedía dar al legado tal extensión, si se atendía a la intención del testador, se comprendería que ni pensó siquiera en que pudiera entenderse como lo entendía Saracho, pues entonces el vendedor heredero hubiera sido éste con apariencias de legatario, y no su mujer, a quien tanto quería, porque la décima parte del total de las minas absorbía casi toda la herencia minera; que además los legados son por su naturaleza de interpretación estricta, y en caso de duda se deben entender en sentido favorable al heredero; que cuando un testador lega una cosa poseída en común con otros varios y deja una parte de dicha cosa, surgiendo la duda de si se ha referido a toda la cosa poseída por todos o exclusivamente a su participación, la práctica de los Tribunales y la doctrina de los autores exige que el legado se entienda con referencia a la parte que represente en la cosa poseída en común y no a la totalidad; y que por la sentencia de este Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1882, ha quedado resuelto que las concesiones mineras no están sujetas al derecho de troncalidad:

Resultando que D. Ricardo Balparda y litis socios contestaron también la demanda pidiendo que se les absolviese de ella, condenando al actor en todas las costas, y al efecto repitieron en lo esencial las mismas consideraciones y alegaciones expuestas por Doña Sotera de la Mier, en demostración de que el legado debía entenderse limitado a la décima parte de la participación minera correspondiente a Gorostiza, teniendo además en cuenta que, siendo esta participación bien ganancial del matrimonio, la mitad correspondía a la viuda Doña Sotera:

Resultando que en los escritos de réplica y dúplica reprodujeron las partes en lo esencial las alegaciones y pretensiones hechas en los anteriores, diciendo además el demandante que todo legado tiene su principio y fundamento en la voluntad del testador y corresponde al heredero probar que la intención del finado no era legar la cosa que fue nombrada en el testamento, y que si lo que el testador lega le pertenece y se halla poseído en común y la infracción legada no excede de lo que exclusivamente le pertenece, no existe ninguna regla de interpretación que enseñe que lo que fue legado se refiera exclusivamente a la participación del testador y no a la totalidad de la cosa poseída:

Resultando que en 26 de marzo próximo pasado dictó la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos sentencia confirmatoria, con las costas, de la que había dictado en primera instancia el Juez de Valmaseda, absolviendo a Doña Sotera de la Mier y Elorriaga, Doña Petra de Ariño y Gorostiza, Doña Mónica de Ariño y Gorostiza, en representación legal de sus hijos menores D. José Zoilo, Doña Juana Josefa, Doña

Antonia y D. José Roberto de Gorostiza; D. Fabriciano de Uraga y Ariño en representación de sus hijos D. Anastasio, Doña Leona y Doña Crisanta de Uraga y Landavaro, y D. Ricardo de Balparda y Fernández, de la demanda interpuesta por D. Emilio de Saracho:

Resultando que acreditando con el resguardo correspondiente haber constituido el depósito de 1.000 pesetas para los efectos legales oportunos, interpuso D. Emilio de Saracho recurso de casación por considerar infringidas:

1 .° La ley 5.ª, tít. 33, Partida 7.ª, porque la sentencia no toma las palabras del legado lisa y llanamente, así como ellas suenan, y las interpreta de un modo contrario a lo que literalmente expresan, y la jurisprudencia establecida sobre el punto de que se trata por este Tribunal Supremo en sentencias de 26 de junio de 1854, 30 de abril de 1857, 16 de octubre de 1858, 28 de enero de 1882, 14 de mayo de 1864, 11 de enero de 1873, 13 de julio de 1874 y en otras muchas:

2 .° La doctrina legal y constante jurisprudencia de este mismo Tribunal, de que en materia de herencias y legados es ley la voluntad del testador, claramente manifestada en sus palabras, en el concepto de que por el fallo recurrido se desconoce e infringe dicha voluntad al no interpretarla conforme con lo que literalmente se expresa en la cláusula del legado, y al negar al legatario el recurrente la entrega de una parte de la cosa que clara y explícitamente le mandó el testador D. José de Gorostiza:

3 .° En el supuesto inadmisible de que las palabras del legado, décima parte de las minas, pudieran entenderse como referentes, no a la totalidad de la propiedad minera poseída por D. José de Gorostiza en compañía con los Ibarra proindiviso, sino a la participación del 25 por 100 o de la cuarta parte que a Gorostiza correspondía en aquella propiedad, en el momento de otorgar el codicilo, la citada ley 5.ª, tít. 33, Partida 7.ª y las doctrinas legales citadas en los anteriores motivos, en el concepto de que hablando el testador en este supuesto de la décima parte de la participación que él poseía en compañía de los Ibarra, y siendo evidente que esta décima parte del 25 por 100 de la propiedad minera, total el 2 y medio por 100 de esta propiedad, ha debido reconocerse al recurrente el dominio de 2 y medio por 100, y no del uno y cuartillo, y mandar que se le entregase el otro uno y cuartillo por 100:

4 .° En el mismo supuesto establecido en el anterior motivo, la doctrina legal y jurisprudencia de este Tribunal Supremo de que para saber si ha habido bienes gananciales en la sociedad conyugal, es indispensable que proceda la liquidación de todo su caudal, según sentencias de 23 de diciembre de 1857, 14 de octubre de 1865, y otras cuya doctrina se halla conforme con las leyes del Fuero de Vizcaya, 1.ª y 4.^a, 6.ª y 9.ª del tít. 20, que también resultan infringidas, porque para limitar a la décima parte de la mitad de lo poseído por Gorostiza con la Sociedad Ibarra la extensión del legado de Saracho se ha de partir necesariamente de que el dominio y posesión de la mitad de los bienes adquiridos por el marido durante el matrimonio pertenece, ya constante éste, a la mujer:

Y 5.° La doctrina legal de que el Fuero de troncalidad vizcaíno no alcanza al subsuelo de Vizcaya ni a la propiedad minera, según la jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo en sentencia, por virtud de la cual se hizo firme el fallo de la Audiencia de Burgos, en el pleito seguido entre los parientes llamados tronqueros de Gorostiza y el recurrente, sobre validez del legado de éste, que declaró que las minas de la tierra llana eran de libre disposición; en el concepto de que al absolver a Balparda y consortes de la demanda, se les ha sostenido y amparado en una posesión viciosa desde su origen, como exclusivamente fundada en el carácter de tronqueros, legalmente ineficaz, cuando se trata de bienes libres.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. José Balbino Maestre:

Considerando que por la cláusula codicilar de que se trata, entendida llanamente según ordena la ley, se lega al demandante, no una décima parte de todas las minas pertenecientes a la Sociedad Ibarra Hermanos, sino la décima del 25 por 100 de participación que en dicha Compañía llevaba el testador, de cuya porción pudo disponer y dispuso legítimamente:

Considerando que al absolver totalmente la sentencia recurrida de la demanda de Saracho, desconociendo el derecho del mismo a la décima parte del 25 por 100 que poseía en las minas el testador, infringe su voluntad y la ley 5.^a, tít. 33, Partida 7.^a, citadas en el tercer fundamento del recurso;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Emilio Saracho de la Mier, y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que en 26 de marzo próximo pasado dictó la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos; y devuélvase a esta parte el depósito de 1.000 pesetas que tiene constituido.– (Sentencia publicada el 20 de enero de 1885, e inserta en la Gaceta de 13 de agosto del mismo año.)