STSJPV de 21 de junio de 1991

En Bilbao, a veintiuno de junio de mil novecientos noventa y uno.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia que con fecha 26 de noviembre de 1990 dictó la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, como consecuencia de autos de juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de primera Instancia de Durango, sobre nulidad de compraventa, cuyo recurso fue interpuesto por D.ª Eugenia, representada por el Procurador D. Germán Apalategui Carasa y asistida del Letrado D. Ignacio Arzanegui, y como recurrido, personado D. Germán, representado por el Procurador D. José María Bartau Morales y asistido del Letrado D. José Miguel Aranda y como recurridos no personados los herederos de D. Víctor.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Por el Procurador D. Carmelo Bengoa Losa, en nombre de D. Germán, se dedujo demanda de menor cuantía, sobre nulidad de compraventa, contra D.ª Eugenia y su esposo D. Víctor, y en cuya demanda se alegó: que mediante escritura otorgada con fecha 4 de noviembre de 1968, ante el Notario de Amorebieta-Etxano, D. José María Zarza Gómez, bajo el número 2.706 de su protocolo, los hermanos del actor D. Victor casado con D.ª Eugenia, D. Juan Ángel y con su licencia marital, su esposa D.ª Lorenza y D. Claudio, soltero, previo pago del precio correspondiente, vendieron al demandante, cada uno de ellos una cuarta parte indivisa (la otra cuarta parte indivisa ya le pertenecía al comprador), de la finca que se reseña en la demanda; en el otorgamiento de dicha escritura, a pesar de tener pleno conocimiento de la suscripción de la misma, no intervino la esposa del demandado D. Víctor, llamada D.ª Eugenia, por lo que el Sr. Notario advirtió en la propia escritura la necesidad de que fuera ratificada por ella en cuanto a la venta de la cuarta parte indivisa efectuada por su marido. Requerida para ello en varias ocasiones, con diversos pretextos fue demorado su obligación hasta que, finalmente se negó a cumplirla. Alegó los fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1. Que el actor D. Germán es propietario de la cuarta parte indivisa, de la finca descrita en el hecho primero de la demanda, que perteneció a los demandados, a que se refiere la escritura de compraventa otorgada con fecha 4 de noviembre de 1968, ante el Notario de Amorebieta, D. José María Zarza Gómez, bajo el número 2.706 de su protocolo a excepción de la heredad L.. 2. Que los demandados tienen la obligación de otorgar a favor del actor cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la plena efectividad del derecho de propiedad mencionado del demandante y su inscripción en el Registro de la Propiedad. 3. Que procede la nulidad y cancelación de las inscripciones registrales que pudieran estar en contradicción con la declaración de propiedad antedi­cha, a favor del demandante y, en su caso, una vez firme la sentencia que se dicte que 1

procede la remisión del oportuno mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de la Propiedad de Durango y su partido, para que proceda a la inscripción de la finca de autos, a favor del demandante, así como a la cancelación de las inscripciones a favor de los demandados y se condene a los demandados a estar y pasar por las precedentes declaraciones en lo que a cada uno de ellos les afecte y en su consecuencia, a realizar lo pertinente para dar efectividad a las declaraciones antedichas, apercibiéndoles que de no hacerlo voluntariamente, se hará de oficio y a su costa, así como al pago de la totalidad de las costas que se causen en el procedimiento.

Segundo.– El Procurador D. Ángel Zabala Mintegui, en nombre de D.ª Eugenia, contestó a la demanda con las alegaciones que figuran en autos y terminó suplicando se dictase sentencia por la que, desestimando la demanda en todas sus partes, se absuelva de ella a la demandada con imposición de las costas al demandante.

Tercero.– Previo el trámite de comparecencia y practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Juez de primera Instancia de Durando dictó sentencia con fecha 18 de octubre de 1988, desestimado la demanda, absolviendo a los demandados de la petición de la actora. Declaró la nulidad de la compraventa realizada el 4 de noviembre de 1968 de la finca designada como casería A.B., con sus pertenecidos, respeto a la parte correspondiente a Eugenia, y se impusieron las costas a la parte actora.

Cuarto.– Fallecido el demandado rebelde D. Víctor, se notificó la sentencia por Edictos publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia a sus herederos y legatarios.

Quinto.– Apelada la anterior resolución por la representación de la parte actora y adhiriéndose la demandada, se sustanció el recurso con arreglo a derecho, la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, dictó sentencia con fecha 26 de noviembre de 1990, revocando la del Juzgado y estimando la demanda y declarando: 1. Que el actor D. Germán es propietario de la cuarta parte indivisa, de la finca descrita en el hecho primero de la demanda "A.B.", que perteneció a los demandados, y a que se refiere la escritura de compraventa otorgada con fecha 4 de noviembre de 1968 ante el Notario de Amorebieta D. José María Zarza Gómez, bajo el número 2.706 de su protocolo (a excepción de la heredad llamada L. y 65 estados del monte llamado también L. hoy pertenecientes a E.C., tras la expropiación de que fueron objeto). 2. Que los demandados tienen obligación de otorgar a favor del actor cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la efectividad del derecho de propiedad mencio­nado del demandante y su inscripción en el Registro de la Propiedad. 3. Que procede declarar en su caso la nulidad y cancelación de las inscripciones registradas que pudieran estar en contradicción con la declaración de propiedad antedicha, a favor del demandante, emitiéndose a tales efectos y en la ejecución oportuna los mandamientos pertinentes al Registro de la Propiedad, todo ello, sin expresa imposición de costas en ninguna de ambas instancias.

Sexto.– Por el Procurador D. Germán Apalategui Carasa, en nombre de D.ª Eugenia, se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de casación, al amparo primero: Del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 43 de la Compilación de Derecho Civil de Bizkaia y Álava, en relación con el artículo 44 de la misma Compilación, en cuanto considera que están sujetos a las mismas normas legales, en el régimen económico foral, los bienes gananciales y los bienes procedentes de cada uno de los cónyuges. Segundo: Al amparo del mismo número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 1.301 y párrafo primero del 1.300 del mismo cuerpo legal. Tercero: Al amparo Civil por infracción del artículo 45 de la Compilación, en relación con el artículo 4 del Código Civil en la redacción vigente al otorgar la escritura de autos.

Séptimo.– Admitiendo el recurso y evacuando el traslado de instrucción se señaló día para la vista que ha tenido lugar el día 7 de junio.

Ha sido Ponente el Magistrado D. José María Satrustegui Martínez.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. – Por la parte recurrida, y en el acto de la vista de este recurso de casación, se solicitó la inadmisión del mismo, en razón de que la cuantía litigiosa no alcanzaba, a su juicio, la suma de tres millones de pesetas exigida por el artículo 1.687-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretensión que debe ser rechazada por haberse causado extemporáneamente, cuando bien pudo plantearse tal cuestión en el momento procesal en que se manifestó la intención de interponer el recurso.

Por otro lado, de las actuaciones se desprende que fue la parte demandante, hoy recurrida, quien manifestó que la cuantía del litigio era indeterminada, sin que en ningún momento posterior se haya suscitado duda ni incidente alguno sobre tal aspecto del proceso, siendo así que tal cuantía, indeterminada o inestimable, es susceptible del presente recurso de acuerdo con el artículo ya citado, 1.687-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo. – Dado que los tres motivos del recurso se sustentan en infracción de los artículos 43 y 44 de la Compilación, el primero, de los artículos 1.301 y 1.322 del Código Civil, el segundo, y del artículo 45 de la Compilación, el tercero, en relación con el artículo 4 del Código Civil, preceptos todos ellos que versan acerca de la problemática de los bienes gananciales, de los comunicados y de las facultades de disposición sobre los mismos, parece conveniente un análisis conjunto de los tres motivos, en orden a su estimación ó rechazo.

Sintetizando lo actuado, la cuestión litigiosa se centra en la posición de realizar actos de disposición, por uno solo de los cónyuges, aforados vizcaínos, sin el consentimiento del otro consorte, respecto de bienes raíces comunicados y si,

consumada la enajenación, es aquella radicalmente nula o simplemente anulable.

La comunicación foral de bienes en el matrimonio vizcaíno, vigente por los artículos 42 y siguientes de la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, de 1959, es una institución singular dentro de los sistemas que regulan el régimen económico matrimonial, cuyo origen se pierde en el tiempo, apareciendo regulada en normas escritas en el Fuero Viejo de 1452 y posteriormente en el Nuevo de 1526.

En virtud de aquella comunicación se hacen comunes por mitad, entre marido y mujer, todos los bienes muebles o raíces, de la procedencia que sean, pertenecientes a uno u otro por cualquier título, tanto los aportados como los adquiridos en constante matrimonio y sea cual fuere el lugar en que radiquen los raíces, según el artículo 43 de la Compilación. Esta disposición tiene su precedente inmediato en la Ley I del Título XX del Fuero de 1526, que aún matiza más la institución al señalar que la comunicación se produce "aunque el marido haya muchos bienes y la mujer no nada, o la mujer muchos y el marido no nada". Se establece, en consecuencia, un vínculo económico en el matrimonio equiparable al que supone la vida en común, bajo el mismo techo y hogar, prescindiendo por completo de quien sea el cónyuge originariamente propietario de los bienes aportados.

Tercero. – El artículo 44 de la Compilación establece que la comunicación foral, constante matrimonio, no se opondrá a la existencia de bienes gananciales, carácter que tendrán todos los que merezcan esa consideración con arreglo al Código Civil.

El Fuero Nuevo, Ley VI Título XX, también preveía la posibilidad de gananciales, a los que clasifica de "conquistas y mejoramientos habidos en constante matrimonio", pero, en atención a su origen, dispone sistemas diferentes respecto a su enajenación y así, en los conquistados, hoy gananciales, determina que el marido los pueda enajenan mientras que en la Ley IX del mismo Título XX, establece que el marido no podrá vender los bienes que no sean ganados durante el matrimonio de la mujer, y ello, aunque dichos bienes provengan de parte del marido. Es decir, que la vinculación de dichos bienes a ambos cónyuges es absoluta.

Cuarto. – Siguiendo aquella pauta, el artículo 45-1.° de la Compilación exige el consentimiento de ambos esposos para los actos de enajenación de bienes raíces comunicados, sin hacer distinción alguna en cuanto a la naturaleza del consentimiento de uno y de otro cónyuge, es decir, sin diferenciar entre el consentimiento de aquel de quien procede la raíz y el de su consorte.

La sentencia recurrida invoca el artículo 1.322 del Código Civil en cuanto que declara anulables los actos de administración o disposición realizados por uno de los cónyuges cuando actúe sin (1) el consentimiento del otro, a instancia de aquel que no lo otorgó, acción de nulidad que se concreta en el artículo 1.301 del Código Civil.

El requisito del artículo 45 de la Compilación para disponer de los bienes raíces comunicados, difiere claramente de la exigencia del artículo 1.322 del Código Civil, como también es diferente la expresión que uno y otro emplean. El artículo 1.322 está suponiendo la actuación de un cónyuge, y la legítima como actuación individual cuando actúa con el consentimiento del otro, dejando claro que ese actuar es singular de uno de ellos y por eso el consentimiento de quien no actúa constituye un mero asentimiento, que si falta da lugar a la anulabilidad del acto. En cambio el artículo 45 de la Compilación no parte de la actuación individual de un cónyuge, sino de la decisión conjunta de ambos.

En el artículo 1.322 la actuación puede ser uno solo de los cónyuges y, además, de cualquiera de ellos. Eso, evidentemente es inadmisible en el caso de la raíz comunicada, por lo anómalo que resultaría que la acción del cónyuge de quien procedía la raíz, para impugnar las disposiciones hechas por el otro, fuera de mera anulabilidad, lo que evidencia la inaplicabilidad del artículo 1.322 al caso de los bienes comunicados.

Quinta. – La parte recurrente invoca el artículo 4.° del Código Civil según el texto vigente en el momento en que se produjo el acto de enajenación que dio lugar a este proceso, precepto que, con algunas puntualizaciones, se ha reproducido en el actual artículo 6-3.°; en su virtud, son nulos los actos ejecutados contra la dispuesto en la ley, salvo que la misma ley ordene su validez. En principio, y nuevamente señalando diferencias entre bienes gananciales y comunicados, el artículo 1.301 del Código Civil prevé la acción de nulidad respecto a la invalidación de actos y contratos realizados por un cónyuge sin consentimiento del otro, cuando éste fuera necesario, acción ejercitable en el supuesto de bienes gananciales, pero inaplicable al caso de bienes comunicados, en primer lugar porque nada dice la Compilación al respecto y en segundo, por la naturaleza del consentimiento exigido en este texto foral, que se ha expuesto anteriormente.

Frente al contenido del anterior artículo 4 del Código Civil, hoy 6-3.°, definitorio de la nulidad de los actos, el artículo 1.300 determina la anulabilidad de los contratos en los supuestos en que, concurriendo los requisitos del artículo 1.261, adolezcan de alguno de los vicios que los invalide con arreglo a la Ley, por lo que, a sensu contrario, si no concurren aquellos requisitos, el acto o contrato será nulo, y no simplemente anulable. En este sentido, el mencionado artículo 1.261 dice que "no hay contrato" sino cuando concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa, por lo que, faltando alguno de ellos, el contrato no existe.

En la compraventa que origina la presente litis, faltó el consentimiento de uno de los vendedores, requisito indispensable, no solo a la luz del artículo 45 de la Compilación, sino del 1.261 del Código Civil, ausencia de voluntad que deviene al contrato en radicalmente nulo, inexistente, sin que, por tanto, el transcurso del tiempo puede transformarlo ni convalidarlo.

Cuestión a determinar es la de si, aquella ineficacia se reduce a la mitad del bien correspondiente a la esposa que no consintió la compraventa, o a su totalidad, y dadas las características de los bienes comunicados, en los que no existen cuotas, ha de entenderse que la falta de aquel consentimiento ineludible, vicia la totalidad del negocio, porque sin la voluntad de ambos consortes, ninguno de ellos puede enajenar parte alguna de un bien raíz comunicado.

En ese sentido se concreta el suplico del escrito de contestación a la demanda al postular la desestimación de la misma en todas sus partes, motivando su adhesión al recurso de apelación y cuya petición se reitera en el escrito de interposición del presente recurso de casación, que, en su conjunto, es acogido favorablemente.

Sexta. – La estimación del recurso formulado por D.ª Eugenia origina la casación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, lo que determina no hacer pronunciamiento expreso sobre las costas devengadas en este recurso, en virtud del contenido del artículo 1.715-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y habida cuenta de la existencia de circunstancias excepcionales, de acuerdo con los artículos 523 y 710 de la misma ley tampoco procede hacer imposición expresa de las devengadas en las dos instancias anteriores.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Germán Apalategui Carasa en nombre y representación de D.ª Eugenia contra la sentencia de 26 de noviembre de 1990 dictada por la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, la que se casa y anula por estimarse el citado recurso; así como rechazar el de apelación interpuesto por la parte actora en la instancia, contra la sentencia del Juzgado de primera Instancia de Durango de 18 de octubre de 1988 y estimar, en cambio, el formulado por la parte demandada, desestimando en definitiva, la demanda en todas sus partes todo ello sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas de las tres instancias.

Así, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.