STS de 3 de febrero de 1898

En la villa y corte de Madrid, a 8 de febrero de 1898, en los autos seguidos en el Juzgado de primera instancia de ... y la Sala de lo civil de la Audiencia de ... entre D.J.N. y de S. S., vecino de ..., y D.M.M. y G., vecino de ..., como tutor de Doña C.A. y S., en el que también es parte el Ministerio fiscal, sobre declaración de herederos de Doña V. de S. e 1.; autos pendientes ante Nos, en recurso de casación por infracción de ley, que ha interpuesto, el D.J.N. de S., representado por el Procurador D. Daniel Doze y defendido por el Letrado D. Federico Martínez del Campo; estándolo la parte recurrida por el Procurador D. Lucio Álvarez y defendida por los Letrados D. Felipe Sánchez Román y D. Rafael Ureña y Smenjaud, éste en el acto de la vista:

Resultando que en 13 de octubre de 1895 falleció sin disposición testamentaria en el Valle de Orozco, tierra llana de Vizcaya, Doña V. de S. e I., que no dejó ascendientes ni descendientes legítimos, y sí una hermana de doble vínculo, varios hermanos consanguíneos y una hija natural, legalmente reconocida, llamada doña C.A. y S., que hubo en Madrid y en estado de soltería con D.D.A. y M., viudo, cuya hija nació el 2 de febrero de 1875:

Resultando que D.J.N. de S.S., por sí y en nombre de sus hermanos, acudió al Juzgado de primera instancia de ... solicitando se les declarase herederos de su hermana Doña V., en virtud del derecho que les confiere la ley 8.^a, tít. 21 del Fuero de Vizcaya; toda vez que al fallecer la causante se hallaba ésta en pleno goce de los derechos forales, había muerto en territorio foral y en él radicaban todos sus bienes, que son muebles:

Resultando que igual pretensión adujo ante el mismo Juzgado la referida hija natural Doña C., alegando en apoyo de su derecho la misma ley 8.^a, tít. 21 del Fuero de Vizcaya, que al hablar de descendientes, lo hace sin limitación ni restricción alguna; el art. 119 del Código civil y la ley 11 de Toro, vigente en la época de su nacimiento; el art. 939 de aquel Código, en relación con el núm. 3.° del art. 15, y la primera de las disposiciones transitorias, justificando la aplicación del art. 15 con que la Doña V. estuvo domiciliada en Madrid más de diez años, y a partir de 1838, en que contrajo matrimonio con D. J. I., vivió alternativamente en Bilbao y Orozco:

Resultando que pasados los autos al Ministerio fiscal, evacuó su dictamen informando la procedencia de tramitar en un solo expediente las solicitudes de ambas partes, publicando los edictos que prescribe el artículo 984 de la ley de Enjuiciamiento civil, y recibiéndose la oportuna información testifical, todo lo cual estimó el Juzgado de ..., que en 23 de junio de 1986 dictó sentencia declarando única heredera abintestato de Doña V. de S. e I. a su hija natural Doña C.A. y S.; interpuesta apelación, la Sala de lo civil de la Audiencia de ... confirmó en 25 de enero de 1897 la sentencia apelada:

Resultando que D.J.N. de S. ha interpuesto recurso de casación por infracción de

ley, como comprendido en el párrafo 1.° del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por los siguientes motivos:

Primero.- Por considerar infringida la ley 8.^a, tít. 21 del Fuero de Vizcaya, que prescribe de manera terminante el orden de suceder abintestato, llamando en primer lugar a los hijos legítimos o descendientes; en segundo, a los ascendientes, y a falta de otros, a los parientes más propincuos; y como quiera que los hijos naturales no sólo no están comprendidos en ninguno de estos llamamientos, sino que de ellos están excluidos, puesto que entre las varias clases de hijos que haber pueda, únicamente se llama a los de procedencia legítima, resulta infringida la mencionada ley por la sentencia en que se declara heredera abintestato de Doña V.S. a su hija natural Doña C.A., no obstante existir hermanos de aquélla, entre los que figura el recurrente:

Segundo.- Por haberse infringido la ley 11, tít. 20 del Fuero de Vizcaya, por suponer que en ella se fija un orden de llamamientos que debe de servir de norma para la aplicación de la ley 8.^a, tít. 21, lo cual constituye en concepto del recurrente un error crasísimo, pues en ella nos se hace otra cosa que conceder la facultad de nombrar herederos a los hijos naturales cuando no hay hijos o descendientes legítimos; es decir, que tratándose de sucesiones, se otorga al testador la facultad de designar por herederos a tales hijos, sin conceder a éstos derechos legitimarios; y la ley 8.^a, tít. 21, señala un orden preciso, claro y terminante para suceder abintestato; y

Tercero.- (4.° del recurso). Por haberse infringido la ley 19, tít. 3.°, libro 1.°, de cuyo contexto se deriva el principio de que las leyes deben entenderse de manera que su significación no conduzca al absurdo, por resultar en la sentencia recurrida que los hijos naturales son más favorecidos en la sucesión intestada que en la testamentaria.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. José de Garnica:

Considerando que la ley 11, tít. 20 del Fuero, reconoce el derecho legitimario de los hijos naturales; en cuanto a falta de hijos o descendientes de legítimo matrimonio, faculta al padre para dar a alguno de aquéllos todos sus bienes, pero apartando a los demás de la misma clase con algún tanto de tierra, en la misma forma establecida para los hijos de legítimo matrimonio al principio de dicha ley; y por lo tanto, que al determinar la ley 8.ª del tít. 21 la sucesión abintestato, llamando en primer término a los hijos legítimos o descendientes por su grado y orden, debe entenderse que entre ellos están comprendidos en orden inferior a los legítimos los hijos naturales que no sean de dañado ayuntamiento:

Considerando, en consecuencia, que la sentencia, al declarar única heredera de Doña V.S. a su hija natural Doña C.A. y S., habida, siendo soltera, de D.D.A., viudo, se ajusta a las expresadas leyes, interpretándolas en su mutuo enlace y en concordancia con otros textos del mismo cuerpo legal, y con los derechos que el Código civil reconoce a los hijos naturales;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por D.J.N. de S., a quien condenamos al pago de las costas y a la pérdida del depósito constituido, que se dará la aplicación prevenida en la ley; líbrese a la Audiencia de ... la oportuna certificación, devolviéndola el apuntamiento que ha remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.= José de Aldecoa.= Ricardo Gullón.= José de Garnica.= Diego Montero de Espinosa.= Enrique Lassús.= Joaquín González de la Peña.= Enrique de Illana y Mier.

Publicación.= Leída y publicada fue la precedente sentencia por el Excmo. Sr. D. José de Garnica, Magistrado de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la misma en el día de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara.

Madrid, 3 de febrero de 1898.= Rogelio González Montes.