STS de 31 de enero de 1950

En la villa de Madrid, a 31 de enero de 1950; en el juicio declarativo de mayor cuantía seguido ante el Juzgado de primera instancia, número cuatro de Bilbao y la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, entre doña María Caturla White, viuda, vecina de Alicante, sin profesión especial, demandante, contra doña Amalia Cabrales Cuétara, también viuda y vecina de Bilbao, propietaria, como heredera de su difunto esposo don Antonio de Acha Uriarte, sobre petición de herencia y otros extremos, autos pendientes ante la Sala en virtud del recurso de casación por infracción de ley interpuesto en nombre de doña María Caturla White, por el Procurador don Alfonso de Palma González, bajo la dirección del letrado don Francisco Tello; habiéndose personado también ante este Tribunal en nombre de la recurrida, doña Amalia Cabrales Cuétara, el Procurador don Saturnino Pérez Martín, dirigido por el Letrado don José Guimón Eguiguren, y en el acto de la vista don Leandro B. de Cadiñanos.

Resultando que el Procurador Sr. González, en escrito que se turnó al juzgado de primera instancia número cuatro de Bilbao, formalizó demanda de juicio declarativo de mayor cuantía en nombre de doña María Caturla White, vecina de Alicante, litigando con los beneficios de media pobreza, contra doña Amalia Cabrales Cuétara, vecina de Bilbao, alegando los siguientes hechos: Que la demandante contrajo matrimonio en Alicante el día 14 de abril de 1920 con don Francisco Acha y Uriarte, vecino de Guecho, en la provincia de Vizcaya –lo acredita con la certificación del Registro Civil–, sin haberse otorgado capitulación alguna matrimonial y estando sujeto, por tanto, en su régimen económico, el referido matrimonio a las normas generales del derecho aplica­ble; que pocos días después de celebrado dicho matrimonio, el 2 de mayo de 1920, doña María Caturla y su esposo, don Francisco Acha, sufrieron un accidente de automóvil que ocasionó la muerte a éste –acompaña la partida de defunción–, produciendo ello un agudo desequilibrio moral y nervioso en doña María, la cual tuvo que ser recluida en Alicante, en casa de su padre, para que pudiera encontrar alivio a su salud, gravemente quebrantada; que, abrumada esta esposa por el dolor e incapaz también, con su corta edad –veinte años cuando quedó viuda–, de ocuparse cuestiones de intereses, lo que, por otra parte, hubiera estimado una falta de respeto hacia la memoria de su difunto marido, y desconociendo totalmente los bienes que éste poseía, por los pocos días que duró su matrimonio, encontró en su hermano político don Antonio Acha y Uriarte palabras de consuelo y de cariño que hicieron nacer en ello los mejores sentimientos de confianza y de afecto, y que éste obtuviera que la viuda, juntamente con él, otorgase, el día 2 de junio de 1920, poderes a favor del Procurador de los Tribunales de Bilbao don Mariano de Aróstegui para que los representara judicialmente en la testamentaría de don Juan Antonio de Acha y Ecera, como interesada que era en ella, por su carácter de viuda del hijo de éste, don Francisco de Acha Uriarte –acompaña copia simple–, y además obtuvo, merced a palabras de cariño, afecto y confianza a doña María, el que ella otor-

gara también amplísimos poderes a su favor, el mismo día que aquéllos –acompaña también copia simple–, no sólo para intervenir, en nombre de ella, en las testamentarias de don Antonio de Acha y Ecera y de don Francisco de Acha y Uriarte, sino incluso para cobrar, vender, permutar, abrir cuenta corriente y hacer en ella ingresos y extracciones, depositar en Bancos y Establecimientos de Crédito o en poder de cualquiera otra persona valores públicos o industriales,; así como retirarlos; que cuando, fallecido el mandatario don Antonio de Acha y Uriarte, intentó la actora venir en conocimiento de la forma en que se realizó el mandato concedido, se encontró con que los bienes que a su esposo correspondían eran de cierta consideración, y por tanto, también los derechos de ella, por su cuota viudal, pues los bienes dejados por don Francisco de Acha a su fallecimiento y de los que tenía noticias, los constituían: los que le fueron adjudicados en el cuaderno particional de la herencia de su padre don Juan Antonio de Acha y Ecera, protocolizando en Bilbao el 13 de junio de 1919 –lo acompaña–, valorados esos bienes en 971.162,52 pesetas, y parte de éstos, otros bienes que don Francisco podía poseer a su muerte, y de los que no tenía noticia, a excepción de cierta calidad en pesetas, francos y marcos, que tenía en cuenta corriente, todo lo cual constituía la masa hereditaria dejada por el mismo, ya que él no pudo disponer de la herencia de su padre, pues, aun cuando falleció después que éste, no pudo obtener transferencias de valores ni entrar en posesión de fincas, ni disponer de ninguna clase de bienes, ya que el primer cuaderno particional, que se redactó fue impugnado, dando lugar a juicio de testamentaria y a un pleito de mayor cuantía que promovió don Antonio de Acha y Uriarte contra doña Carmen Corrons, y en el primero de los cuales procedimientos confió doña María su representación judicial, cómo antes se ha dicho, al Procurador señor Aréstegui, pleito que terminó en período de ejecución de sentencia de 11 de agosto de 1929, por acuerdo firmado por don Antonio de Acha y doña Carmen Corrons, viuda de Acha; que en la declaración de herederos –acompaña testimonio bajo el número 14– deliberadamente se omitió hacer mención en los derechos que por su cuota usufructuaria pudieran corresponder a la viuda y, con absoluta falsedad, se declaró a don Francisco de Acha de estado civil soltero y se obtuvo la declaración de heredero único del causante a favor de su hermano don Antonio, por aplicación de la Ley octava, título 21, del Fuero de Vizcaya; que en virtud de los poderes referidos, otorgados por doña María a su hermano político don Antonio, aquélla se desligó totalmente de las diligencias y gestiones que sería preciso realizar para la declaración de herederos y adjudicación de los bienes de las herencias de don Antonio de Acha y Ecera y don Francisco de Acha y Uriarte, confiando en que el mandatario defendería con el mayor cuidado los sagrados intereses de la viuda de su único hermano, pero, ocurrido el fallecimiento de don Antonio, pudo comprobar doña María el engaño y la mala fe con que había concedido, sirviéndose de los poderes que se le habían otorgado, para adjudicarse el pleno dominio de bienes del causante, en los cuales tenía el usufructo doña María Caturla, doliendo a éste tener que emplear duras censuras contra persona que ya ha comparecido ante el Supremo Juzgador, viéndose, sin embargo, precisada a ello, ante el hecho de que la viuda de don Antonio Acha, casada in artículo mortis con él y heredera de sus bienes, que ascienden a seis millones de pesetas, ponga dificultades al 2

reconocimiento de los derechos que corresponden a la actora. Puede apreciarse la formación de don Antonio de Acha y su conducta, con la exhibición de las cartas que éste escribía a la demandante y ésta acompaña. En la primera, fechada en Madrid a 22 de junio de 1920, le da cuenta del éxito que ha obtenido al conseguir de un Banco de la capital poder retirar las pesetas, francos y marcos que el fallecido don Francisco Acha tenía depositados, y expresa: "No me causaré, queridísima hermana Maruchi, de darte y repetirte insistentemente mil consejos, para que hagas un verdadero esfuerzo por fortificarte, alimentándote mucho y todo lo mejor posible... No te prives absolutamente de nada, pues, gracias a Dios, tú cuentas y tienes sobrados bienes económicos para vivir muy bien y con el mayor desahogo...". En todas las cartas escritas por don Antonio de Acha a la actora y de las cuales se citan las que constan bajo los números 8 al 13, de fecha 22 de junio de 1920 a 15 de mayo de 1923, se acusa la reiteración de sus sentimientos de cariño y de afecto y de que defendería con el mayor cuidado lo que, según él, eran intereses sagrados de su hermana política; pero tales palabras no han servido más que para encontrarse hoy doña María Caturla con la amarga sorpresa de que se ha llegado hasta a considerar en la declaración de herederos a don Francisco de Acha en estado de soltero, lo que ha permitido declarar heredero único a éste a su hermano don Antonio, sin hacerse mención ni reserva, alguna de derechos a favor de su viuda doña María Caturla; que en 19 de junio de 1920 esta señora, asistida de su padre y don Antonio de Acha y Uriarte, otorgaron documento en cuyo apartado primero se hizo la equivocada declaración de qué la sucesión de don Francisco había de seguirse por la legislación de Vizcaya, puesto que dicho señor era nacido en dicha región, de padres vizcaínos, habiendo conservado su nacionalidad por su constante vecindad en el pueblo fallecido sin ascendientes, corresponde la totalidad de la herencia a su único hermano, don Antonio de Acha, sin que a la viuda, doña María Caturla, correspondiese ninguno de los derechos que el Código civil español asigna al cónyuge sobreviviente. Esta simple opinión, equivocada en cuanto a la actora, fue influenciada por don Antonio de Acha, quien, sabedor de su ineficacia, en el apartado segundo del referido documento, a título de generosidad, manifestaba su resolución de aceptar la aplicación del Código civil a la herencia de que trataba, si bien, cubriéndose por anticipado de los actos que pensaba ejecutar, manifestaba la necesidad de que la intervención de dicha señora fuese extraoficial y completamente privada, reconociendo en el apartado tercero que ella recibiría en pleno dominio los saldos existentes a nombre del finado en cuanto corriente y el automóvil propiedad del mismo, y en usufructo la mitad de los bienes que se adjudicasen a don Antonio de Acha, como único heredero de su hermano don Francisco, pudiendo, de existir bienes inmuebles, el don Antonio, sustituir la mitad usufructuaria a percibir por mi mandante, por otra clase de bienes de igual valor; que, en este documento, que tenía fecha 19 de junio de 1920, figura con fecha 18 de octubre de 1929 la siguiente nota: "Declaro yo, doña María Caturla White, viuda de don Francisco de Acha y Uriarte, mayor de edad y vecina de Alicante, haber sido totalmente satisfecha por mi señor hermano político don Antonio de Acha y Uriarte, en dinero efectivo, el importe de todos cuantos derechos me correspondían en virtud del precedente documento, procedentes de la herencia de dicho mi finado esposo y, por tanto, doy por 3

tal motivo por cancelado, nulo y sin valor ni efecto alguno legal el citado documento, obligándome a no reclamar en ningún tiempo del referido don Antonio cosa ni cantidad alguna por el expresado concepto". Tenía la demandante evidencia de que tal declaración no encerraba la realidad de habérsele abonado el usufructo de la mitad de los bienes que don Antonio de Acha hubiese recibido como único heredero del marido de aquélla, pues su forma inexpresiva acredita una falacia o engaño capaz de sugerir a la demandante la firma de tal declaración y ha sido precisamente la parte demandada la que en el incidente de pobreza, previo a este litigio, ha dado la prueba acreditativa de ello. En efecto, en los referidos actos de pobreza, se ha presentado de contrario un documento que copiado a la letra dice: "He recibido de mi señor hermano político, don Antonio de Acha y Uriarte, la suma de 100.000 pesetas en metálico, con la obligación de devolverle al referido don Antonio la expresada suma en dinero efectivo, en el caso y tan luego de que contrajese yo nuevo matrimonio o a mi fallecimiento, para lo cual bastará con hacerlo constar con la presentación del certificado de segundo matrimonio o de defunción, según los casos. Y para que así conste lo firmo en Bilbao, a 18 de octubre de 1929. María Caturla White, viuda de Acha. Y como precisamente es en 18 de octubre de 1929 cuando esta señora hace la declaración adicional contenida en el documento de 19 de junio de 1920, queda acreditado que la única cantidad percibida por ella con cargo de usufructo de su marido, son las 100.000 pesetas y desde el momento en que el período de prueba se justifique el importe del usufructo de la mitad de los bienes heredados por don Antonio de Acha y Uriarte y lo que ello representa en el transcurso de los años, desde el fallecimiento de don Francisco de Acha hasta el momento de la presente demanda, quedará debidamente acreditada la procedencia del ejercicio de esta acción; que el tiempo transcurrido hasta la fecha de interposición de esta demanda, tiene fácil justificación, dado el desconocimiento que tenía la demandante de los bienes de su marido, la confianza en su hermano político y que, pasando el señor Acha largas temporadas en el extranjero y careciendo de residencia fija en España, se encontraba imposibilitada de ponerse en contacto con él, pues muchas de las cartas que le escribió quedaron sin contestación, interpretando ello en el sentido de que no habían llegado a poder del destinatario. El 30 de septiembre de 1941 recibió carta firmada por Adelaida, prima de don Antonio Acha, comunicándole que dicho señor se encontraba gravemente enfermo, y entonces la actora fue a Bilbao para asistirle en los últimos momentos; pero sólo pudo llegar a tiempo para asistir a sus funerales, y después, cuando entre la viuda de dicho señor, hoy demandada, casada in artículo monis con él, y los parientes, del mismo surgió la discusión sobre los derechos que a unos y otros podían corresponder a la herencia del causante, supo doña María que los bienes de don Francisco eran de cierta consideración, se desvanecieron todos sus errores y acudió a los Juzgados de Bilbao, para indagar la forma en que se hizo la declaración de herederos de este señor, sufriendo la sorpresa de ver que no sólo había sido burlada en sus derechos, sino también que no era el elevadísimo concepto en que tenía a don Antonio de Acha el que a éste correspondía; que en el Considerando segundo de esta declaración se dice "Que en este expediente se ha justificado cumplidamente que –será con los documentos presentados e información de testigos practicada– el fallecimiento intestado en este caso concreto del

causante de que se trata, en estado de soltero, sin dejar ascendientes ni descendientes de ninguna clase y si sólo su hermano, el don Antonio de Acha y Uriarte; y en tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en la ley octava, título 21, del fuero de Vizcaya, procede declarar heredero abintestado del finado don francisco de Acha y Uriarte a su hermano de doble vínculo, don Antonio, dado que el causante era vizcaíno de nacimiento e hijo de padres vizcaínos, y vecino, sin interrupción de Guecho, y por tanto de tierra llana". Ni siquiera liquidó don Antonio de Acha la Sociedad conyugal nacida por el matrimonio de don Francisco de Acha y de doña María Caturla, en la que, a pesar de los pocos días que éste duró existían bienes gananciales, cuales eran las rentas de los bienes de aquél durante el tiempo de vigencia de su matrimonio y falseando en aquel expediente el estado civil de su hermano; que en resumen correspondía a la actora, en usufructo, la mitad de la herencia de su marido, que estaba constituida por 23.687,15 pesetas, 50.000 francos y una cantidad determinada de marcos sin valor, que aquél tenía depositados en cuenta corriente, mas su haber en la herencia de su padre, don Juan Antonio de Acha y Ecera, valorados dichos bienes en el cuaderno particional en 971.162,51 pesetas, avalúo que se reserva la actora la facultad de impugnar en momento oportuno; y don Antonio de Acha se limitó a entregar a doña María: a) 25.000 francos el 12 de agosto de 1924; b) 24.000 pesetas en junio de 1920; c) 10.000 pesetas, importe de la venta del coche propiedad de don Francisco de Acha; d) 100.000 pesetas entregadas en usufructo en 16 de octubre de 1929. Todas aquellas entregas, que lo fueron según el don Antonio a título gracioso y sin obligación alguna, llevaron a error a la demandante sobre la clase y cuantía de sus derechos, siendo así que para poder ser fijados éstos, era preciso que se le hubiera hecho la oportuna reserva en la declaración de herederos y se hubiera fijado la partición de la herencia de don Francisco de Acha en los términos ordenados por la ley; que acredita que la herencia de don Francisco de Acha estaba sometida a la legislación común el hecho de que fallecido don Antonio de Acha y Uriarte en primero de octubre de 1941, acreciendo de ascendientes y descendientes, su viuda, doña Amalia Cabrales, no obstante haber nacido el don Antonio en la anteiglesia de Guecho, en donde conservó su vecindad legal, tramitó en el correspondiente expediente de declaración de herederos tramitado por auto de 16 de diciembre de 1941, dictado por el Juez de Primera Instancia del Juzgado número tres de Bilbao, declaración que sólo puede hacerse al amparo del artículo 952 del Código civil que declara que el cónyuge sobreviviente, no separado por sentencia firme de divorcio, sucederá al difundo en todos los bienes de la herencia, cuando no existieran descendientes, hermanos ni sobrinos hijos de éstos. Igual caso e iguales circunstancias que las de la demandante, en relación con su marido don Francisco de Acha. Precisamente por ello, los parientes del don Antonio de Acha intentaron formular demanda contra doña Amalia Cabrales para determinar si era aplicable el Código civil o la legislación foral, y dicha señora, en su deseo de evitar un pleito, concedió a los parientes de su difunto esposo una participación del 40 por 100 del importe líquido de la herencia, deducidos los gastos de carácter general y todo ello convenido en documento privado suscrito en Bilbao el 6 de diciembre de 1941; y en previsión de que la parte demandada negase la realidad de dicho pacto, la demandante señala el protocolo del notario de Bilbao, don Celestino 5

María del Arenal, que en 26 de mayo de 1942, protocolizó una escritura de laudo dictado por tres abogados, todo ello a los efectos del artículo 504 de la Ley Rituaria civil. Como fundamentos de derecho, alegó que la acción de petición de herencia se encontraba viva, sin que fuera obstáculo para ello la declaración de herederos, por haberse hecho en ella exclusión de la demandante y contener vicios que la invalidan cual es la indicación del fallecimiento de don Francisco de Acha en estado de soltero, y porque tal declaración no excluye su discusión en juicio ordinario, conforme al artículo 887 de la Ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia de este Tribunal; que ejercitaba también la acción familiar erciscunde para que los herederos de don Antonio de Acha practicaran, en concurrencia con la actora, la partición de los bienes dejados por don Francisco de Acha, acción que está viva en virtud de lo que dispone el artículo 1.965 del Código civil y lo establecido por la sentencia de 18 de marzo de 1924, y cifra, además, el artículo 1.051 del Código civil y las sentencias de 29 de enero de 1916, 7 de julio de 1930, 23 de junio de 1923: que la Lede Mostrencos eliminó de las legislaciones forales la materia de que la Ley de Mostrencos eliminó de las legislaciones forales la materia de la sucesión abintestato y derogó los fueros regionales, por lo que la declaración de herederos debió hacerse conforme a las disposiciones del Código civil; que las manifestaciones que en el número primero del documento de 19 de junio de 1920 hiciera doña María Caturla no constituían renuncia de derecho, sino la simple exposición de una opinión equivocada. Sentencia de 25 de diciembre de 1909 y 17 de diciembre de 1931; que los artículos 1.281, 1.282, 1.283 y 1.285 del Código civil y sentencia de 19 de junio de 1913, aclaran la verdadera interpretación de la declaración que doña María Caturla hizo en 18 de octubre de 1929 en el documento de 19 de junio de 1920, en recon el recibo de cantidad firmado y también en 18 de octubre de 1929, y este recibo no constituye carta de pago de la totalidad del usufructo de la mitad de los bienes a que la actora tenía derecho y que, sentado que la sucesión de don Francisco de Acha se encuentra sometida a las disposiciones del Código civil, es de aplicar su título tercero, capítulo tercero del libro tercero, y en especial los artículos 953 y 837, y suplicó que se dictara sentencia declarando: Primero.– Que doña María Caturla White, viuda de don Francisco de Acha y Uriarte, como heredera legitimaria del mismo, a virtud del derecho que la Ley le reconoce, concurriendo a la herencia de su marido con un hermano, el usufructo de la mitad de los bienes hereditarios, tiene personalidad y acción suficientes para exigir de doña Amalia Cabrales Cuétara el usufructo de la mitad de los bienes que su difunto esposo don Antonio de Acha y Uriarte hubiese de heredar del marido de la actora, don Francisco de Acha y Uriarte Segundo.– Que la demandada viene obligada a satisfacerle, en pleno dominio, la mitad de los bienes que don Antonio de Acha hubiese heredado de don Francisco de Acha y que, adquiridos por éste durante su matrimonio con la actora, tuviesen el carácter de gananciales. Tercero.– Que doña Amalia viene obligada a satisfacer a la demandada el importe del usufructo de la mitad de los bienes que don Antonio de Acha heredase de don Francisco de Acha desde el día 2 de mayo de 1920, fecha de la disolución del matrimonio de doña María, hasta el día en que el pago tuviera lugar, previa deducción de las cantidades que por tal concepto tuviera recibidas esta señora. Cuarto.– Que la señora Cabrales viene obligada a 6

satisfacer a doña María el interés legal de las cantidades que representa el usufructo impagado desde la fecha del fallecimiento de don Francisco de Acha hasta el abono del importe del referido usufructo. Quinto.– Que si por razón de las pruebas practicadas no pudiera determinarse concretamente el importe del mencionado usufructo en referencia a la cuantía de los bienes hereditarios, una vez declarado el derecho de la demandante a percibir lo que en los anteriores pedimentos se expresa, dicha operación será llevada a efecto en trámite de ejecución de sentencia, y Sexto.– Que se condene a doña Amalia al pago de las costas de este pleito. Con el anterior escrito se presentaron, además de los documentos que la propia demanda indica, conformes sustancialmente en su contenido con lo que en ella se expresa: certificación del acta de defunción de don Antonio de Acha y Uriarte, nacido en Algorta el 1 de julio de 1883, casado en primeras nupcias con doña Amalia Cabrales, fallecido el 1 de octubre de 1941; carta firmada por don Antonio de Acha, dirigida a doña María Caturla, y encabezada: "Muy querida hermana Marichu", en la después de hablar de asuntos de salud, dice: "... salí para Bilbao con objeto de hacer allí la consabida declaración de herederos del pobre Francisco (q.e.p.d.), y al propio tiempo, gestionar allí personalmente como tan importantísimo asunto merece, tus derechos y los míos, que como tú no los ignoras los considero yo sumamente sagrados, y hoy, créemelo, más que nunca. No me cansaré de repetirle que se ocupará personalmente de todo esto tu buen hermano, como el caso y las circunstancias lo requieren en defensa de nuestros intereses..." Carta dirigida y encabezada como las anteriores, de contenido análogo, firmada por "Antón", fechada en San Sebastián el 10 de agosto de 1920; carta encabezada "Muy querida hermana Marichu", firmada "Antonio Acha", fechada en París, a 24 de mayo de 1921, en la que, entre otras cosas, dice...: "... aprovechando la estancia en Madrid, quiero esta vez asimismo arreglar perfectamente todo lo que concerniente a la consabida donación que este tu buen hermano te hizo en Alicante con toda su alma y de todo corazón, hace ahora un año próximamente, a raíz del trágico suceso de tan terrible recuerdo. Me refiero, querida hermana, a las cantidades existentes en el Banco Hispano Americano de Madrid, etc. Desde luego, querida Marichu, quiero posesionarte en seguida del sido integro que allí existe en cuenta de pesetas, que, como tú sabes, asciende alrededor de 24.000 pesetas. Esta bonita suma de pesetas, relativamente decente para ir tirando, ¿verdad, Marichu, quiero que desde luego la guardes y la administres tú misma, como a ti mejor te parezca, bien entendido, sin privarte absolutamente de nada que sea para ti beneficioso o bienestar, esto nunca, pues felizmente no estás en esa condición de vida, ni mucho menos, tú bien lo sabes". Después le habla de otros asuntos, y la anima a hacer un viaje a Madrid... "lo que no quiero que me digas nunca es que andas justa o escasa de dinero o comodidades, etc., pues lo que tú personalmente necesitas, me lo dices a mí, que yo te atenderé en todo cuanto pueda. Esto, creo que lo has debido saber bien desde que nos conocimos"; otra carta igualmente escrita, dirigida y encabezada que las anteriores, fechada en Fau en 22 de marzo de 1922, en la que habla del pleito que mantiene con su madrastra, en la que le da instrucciones respecto a lo que había de contestar si acaso iba a verla alguien del Juzgado acerca del comportamiento general de don Antonio con ella. Carta con igual dirección, encabezamiento y firma que las 7

anteriores, fechada en Pau a 15 de mayo de 1923, en la que le habla también de la declaración que la destinataria y su padre tendría que prestar en dicho pleito, y les pide que le dejen en muy buen lugar; copia simple del auto dictado por el juzgado de Primera instancia del distrito del Centro de Bilbao el 30 de diciembre de 1920, por el que se declaró heredero abintestato de don Francisco de Acha Uriarte a su hermano de doble vínculo don Antonio de Acha Uriarte, y en el primer resultado se dice que por don Antonio de Acha se compareció ante el Juzgado exponiendo: Que don Francisco de Acha había fallecido bajo testamento otorgado en 18 de enero de 1915, en el que designaba como único heredero a su padre, que falleció con anterioridad a éste; que el causante se hallaba casado al morir en primeras y únicas nupcias con doña María Caturla White, el que acredita con la oportuna certificación, sin que del mismo hubiesen quedado hijos descendientes, y en el considerando, fundándose en la Ley 13, título 21, del Fuero de Vizcaya, se dice que procede declarar heredero de don Francisco a su hermano de doble vínculo don Antonio de Acha y Uriarte. Certificación de haber intentado sin avenencia el acto de conciliación; certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Bilbao, de las inscripciones primera y segunda de un terreno labrado, antes viñedo, llamado Iturriendo, en Algorta anteiglesia de Güecho, que con inclusión de sus vivazos, contiene la medida de dos mil ciento noventa y tres metros cuadrados y noventa y cinco decímetros superficiales. La mitad de esta finca se halla inscrita a favor de doña Carmen Carrons; y don Antonio y don Francisco de Acha y Uriarte, cada uno tiene una cuarta parte inscrita indivisa y a todos ellos les fue adjudicada esta propiedad en la testamentaria de su marido y padre, respectivamente, don Juan Antonio de Acha y Ecera.

Resultando que evacuó el traslado de contestación a nombre de doña Amalia Cabrales el Procurador señor Pérez Salazar, sentado los siguientes hechos: Que es cierto que don Francisco de Acha era natural y vecino de Güecho (Vizcaya), de donde también lo eran y estuvieron avecindados sus padres, don Antonio de Acha y doña María Uriarte, según lo acreditaban las certificaciones que acompaña, y como la anteiglesia de Güecho forma parte del Infanzonado o tierra llana de Vizcaya, en la que rige la legislación civil especial de Fuero de Vizcaya, éste es el aplicable al estatuto personal del nuevo matrimonio; que son ciertos igualmente, los poderes otorgados en Alicante, con fecha 2 de junio de 1920, por doña María y don Antonio; con juntamente, a favor del Procurador señor Aróstegui, y por doña María a favor de su hermano político don Antonio de Acha, pero se ha de rectificar la insidia de la demanda, aclarando que en modo alguno los poderes otorgados el 2 de junio de 1920 en Alicante, obedecieron a maniobra alguna maliciosa de don Antonio de Acha para los torpes fines que la demanda había de contar; la cosa es bien sencilla y tiene clara explicación. A la muerte de don Juan Antonio de Acha y Ecera, sus hijos Antonio y Francisco, ya disgustados con su padre por el segundo matrimonio celebrado con doña Carmen Corrons, habían promovido juicio voluntario de testamentaria, al efecto de impugnar las operaciones de partición practicadas por los albaceas, representando en este juicio a los demandantes el Procurador don Mariano de Aróstegui; y al fallecer don Francisco, pareció conveniente

sustituir la representación de éste en los autos. En cuanto al otorgado por doña María en la misma ocasión, de presumirse que para prevenir cualquier dificultad o conveniencia que pudiera presentarse y evitar dilaciones, acordaron facilitarlo a don Antonio, probablemente por indicación de los Sres. Caturla. El juicio de testamentaria, según referencias del Procurador señor Aróstegui, dio paso a un juicio declarativo que promovió el mismo Procurador en la representación única de don Antonio de Acha; que aun cuando al ocurrir el fallecimiento de don Francisco de Acha, su viuda desconociera con exactitud los bienes que éste pudiera poseer, sabría que el novio era un buen partido, como suele decirse, en el aspecto económico. Que el restante relato del número es falso en lo esencial; que ignora la demandada si don Francisco poseía a su fallecimiento más bienes que los procedentes de su herencia paterna y tampoco conoce de lo ocurrido en la testamentaria de don Juan Antonio de Acha, más que las noticias ahora facilitadas por la demanda y las que ha podido averiguar interrogando al Procurador señor Aróstegui; que rechaza el que ahora, con ocasión del fallecimiento de don Antonio, haya venido a enterarse doña María Caturla de la importancia de los bienes adjudicados a don Francisco en la testamentaria de su padre, pues la copia del cuaderno particional presentado con la demanda, descubre la falsedad del asunto y en vida de don Antonio de Acha, pudo haber planteado las reclamaciones que ahora formula a su viuda; que la declaración de herederos cuyo testimonio acompañó a la demanda, fue extendida conforme a la ley, salvo el lapsus involuntario inexplicable de haber estampado en la parte dispositiva que don Francisco de Acha estaba soltero al ocurrir su fallecimiento, y en la instancia formulada a nombre exclusivo de don Antonio de Acha, hizo éste constar hallarse casado don Francisco con doña María Caturla White el día de su fallecimiento –según lo acredita con la certificación de matrimonio acom­pañada–, y estos mismos antecedentes se recogen en el resultando del auto; que no se tienen noticias de que don Antonio hiciera uso del poder otorgado a su favor por doña María, en cuanto a la declaración de herederos y adjudicación de bienes de don Francisco, y por tanto, ninguna cuenta tenía que dar a la demandante, sin perjuicio de cumplir los ofrecimientos que le hiciera de defender los intereses de la viuda de su único hermano; que el 19 de junio de 1920 se firmó el documento mencionado en la demanda, y como el propósito era presentar el documento si la demanda llegaba, aprovechando la moratoria publicada en 16 de junio de 1942, fue presentado a liquidación del impuesto de derechos reales, y con esa formalidad cumplida, lo aportaba a los autos –documento número 5–. En este documento son de notar las siguientes declaraciones: Primera.– Que por razón de naturaleza y voluntad de don Francisco de Acha, la sucesión del mismo ha de regirse por la legislación de Vizcaya (el fuero), según la cual la totalidad de la herencia corresponde a su único hermano don Antonio, sin que a la viuda completan ninguno de los derechos que el Código civil asigna al cónyuge sobreviviente. Segunda.– Que por Antonio de Acha, a Impulso de nobles y espontáneos sentimientos que le enaltecen, y en consideración a la profunda estimación que le mueve su señora hermana política, doña María Caturla, ha resuelto aceptar la aplicación del Código civil a la testamentaría con la condición de fijar desde ahora lo que aquélla ha de percibir por todos conceptos y que la intervención de esa señora en 9

testamentaría sería extraoficial y completamente privada. Tercera.– Doña María Caturla percibirá en la testamentaría de su marido lo siguiente: (sigue la especificación de los bienes que se le asignan en propiedad además del usufructo vitalicio sobre la mitad de los bienes que se adjudique don Antonio de Acha, como único heredero de su hermano don Francisco de Acha, etc.), y Cuarta.– Después de la firma del documento y en fecha posterior, doña María Caturla declara haber sido totalmente satisfecha de cuantos derechos le corresponden por virtud del precedente documento, que da por cancelado, nulo y sin valor ni efecto legal alguno, obligándose a no reclamar en ningún tiempo, cosa ni cantidad alguna por el expresado concepto; que la nota estampada con fecha 18 de octubre de 1929 es exacta, y una figura en el ejemplar que la señora Caturla tiene en su poder, por lo que no es justo que doña María Caturla declare enterarse ahora, ya fallecido don Antonio, de no haberle sido abonado el importe del usufructo ofrecido, sobre la mitad de los bienes heredados de don Francisco, de cuyo engaño –otro–, cuando ya doña María había llegado a los treinta años, le había sacado precisamente esta parte en su oposición a la demanda en que doña María Caturla, pretendía ser declarada pobre para litigar aportando el documento en que esta señora reconoció haber recibido en aquella fecha la cantidad de 100.000 pesetas, que, como consecuencia de lo expuesto, niega esta parte que a la demandante correspondiera en la herencia de su marido don Francisco de Acha, lo que dice, y cuanto recibió de don Antonio pura liberalidad de éste, según con verdad expresa el documento que ahora rechaza doña María Caturla. En los fundamentos de Derecho, examina las cuestiones relativas al régimen legal aplicables al matrimonio de don Francisco de Acha con doña María Caturla White, con cita de los artículos 12, 14, en relación con los 9, 10 y 11, y el párrafo tercero del artículo 15 del Código civil; a la sucesión hereditaria de don Francisco de Acha, que ha fallecido con testamento ineficaz por haberle premuerto el designado heredero, hubo de sujetarse a la ley octava del título 21 del Fuero, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 10 del Código civil; a la Ley de Mostrencos y su artículo segundo en relación con la sucesión intestada según el Fuero de Vizcaya, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto a la sucesión intentada en las legislaciones forales, citando las sentencias de 20 de marzo de 1893 y de 25 de septiembre de 1934; el documento suscrito el 19 de junio de 1920, en el que se trata de un caso muy distinto del de la sentencia de 24 de diciembre de 1909; a la interpretación de este documento, a tenor de los artículos 1.281, 1.282, 1.283, 1.285, 1.254 y 1.261 del Código civil y Jurisprudencia; a la acción de mandato y su prescripción, tanto por la ley primera del título 12 del Fuero de Vizcaya como por el artículo 1.964 del Código civil; a las acciones de petición de herencia y familiar erciscunde y prescripción según las leyes primera y tercera del título 12 del Fuero de Vizcaya, el artículo 1.965 y sentencia de 15 de abril de 1904, 24 de noviembre de 1906 y 6 de junio de 1917; y la prescripción adquisitiva, invocando los artículos 1.955 y 1.957 del Código civil.

Resultando que en el mismo escrito formuló la demandada reconvención basada en el hecho, ya indicado, de haber presentado el documento número cinco de la liquidación del impuesto de derechos reales para utilizarlo en el pleito y haberse

liquidado con una cuota a cargo de la donataria doña María Caturla de cinco mil sesenta y tres pesetas con setenta y cinco céntimos, la cual fue abonada por la demandada, según lo acredita la carta de pago unida al documento, e invocando como fundamentos de derecho el artículo 1.158 del Código civil, suplicó que se desestimara la demanda, absolviendo a la demandada de todas sus peticiones y admitiendo la reconvención, se condenase a doña María Caturla a que abonase a doña Amalia Cabrales las 5.063,75 pesetas por cuenta de aquélla pagadas y así bien por su temeridad condenarla a las costas del pleito. Con el anterior escrito se presentaron: partida de nacimiento de don Francisco Modesto de Acha y el documento privado de 19 de junio de 1920, con la declaración expresada y con el siguiente final: Declaro yo, doña María Caturla White, viuda de don Francisco Acha y Uriarte, mayor de edad y vecina de Alicante, haber sido totalmente satisfecha por mi señor hermano político don Antonio de Acha y Uriarte, en dinero efectivo, del importe de todos cuantos derechos me corresponden por virtud del precedente documento, procedentes de la herencia de dicho mi finado esposo; y por tanto doy, por tal motivo, por cancelado, nulo sin valor ni efecto legal, el citado documento, obligándome a no reclamar en ningún tiempo del referido don Antonio, cosa ni cantidad alguna por el expresado concepto. Y para que así conste, lo firmo en Bilbao, a 18 de octubre de 1929.– María Caturla (viuda de Acha).

Resultando que en el trámite de réplica y contestación a la reconvención la representación de la actora mantuvo sustancialmente las alegaciones de hecho y de derecho de la demanda, rechazando las de la parte contraria y contestando a la reconvención, hizo destacar que, según la demandada, el documento fue presentado a liquidación al amparo de la Ley moratoria de 12 de diciembre de 1942, pero comoquiera que la carta de pago unida al número 5 de los documentos aportados de contrario acredita un ingreso en fecha seis de agosto de 1942, ello muestra la falsedad de aquella manifestación y además interesaba igualmente destacar que el documento que se dice presentado a liquidación, hace referencia a una serie de bienes sin que en él se determinara la estimación económica de ellos, por lo que ha sido preciso que se presentara en la Abogacía del Estado instancia aclarando aquel documento y señalando el valor de lo transmitido, instancia que no se ha aportado de contrario y en la cual figura la nota de liquidación suscrita por el señor Abogado del Estado, que es lo único que acredita los conceptos de la liquidación, ya que lo que justifica la carta de pago es el haberse verificado un ingreso, y al no haberse aportado dicha instancia con la nota de liquidación, carecemos de elementos para determinar el concepto de aquel ingreso. Alegó como fundamentos de derecho los artículos primero de la Ley de 12 de diciembre de 1942, y que la deuda no es exigible porque, conforme al artículo 113 del Reglamento del Impuesto de Derechos Reales de 29 de marzo de 1941, doña María Caturla no tenía obligación de presentar a liquidación el documento hasta que terminase el litigio, y hasta entonces, la deuda no había vencido ni era exigible y es timando inaplicables los artículos citados de adverso del Código civil, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 125 del mencionado Reglamento del Impuesto de Derechos Reales, de donde resulta que no tenía por qué haberse abonado cantidad alguna a nombre de la demandante, a la que se

ha privado de hacer las manifestaciones que hubiese estimado procedentes ante la Abogacía del Estado y de ejercitar su derecho de recurrir de la liquidación girada, suplicó que se dictara sentencia de conformidad con la súplica del escrito de demanda, absolviendo, además, a la parte actora de la reconvención, e imponiendo a la demandada las costas de este procedimiento.

Resultando que la representación de la demandada, al evacuar el traslado de súplica, mantuvo también sus puntos de vista y sus alegaciones anteriores, y con respecto a la reconvención manifestó, que, sin duda por error, se dice en la réplica, que el documento de que se trata fue presentado a liquidación al amparo de la Ley de moratoria de 12 de diciembre de 1942. El escrito no cita esta fecha, sino la de 16 de junio del citado año, que es la verdadera, y puede haber existido algún error de copia; y sentado como fundamentos de derecho, que cuando se presentó el documento a liquidar y cuando fue liquidado, no se había promovido litigio alguno sobre la herencia de don Francisco de Acha; y por tanto no es de aplicación el artículo 113 del Reglamento del Impuesto de Derechos Reales, suplicó que se dictara sentencia según tenía solicitado al contestar a la demanda.

Resultando que se practico, a instancia de la actora, la prueba de confesión judicial documental, aportándose a los autos testimonio expedido por el Secretario del Juzgado de Primera instancia número 3 de Bilbao, en el que consta el auto de 16 de diciembre de 1941, por el que, fundándose en los artículos 912 y 952 del Código civil, se declara única universal heredera abintestado del finado don Antonio de Acha y Uriarte, a la viuda del mismo, doña Amalia Cabrales, y se unió a los autos certificación de la Abogacía del Estado de la Delegación de Hacienda de Vizcaya, en que consta que en el año 1942, y por la herencia de don Antonio de Acha, se practicaron, por el Impuesto de Derechos Reales, las liquidaciones número 454, número 33, y al siete con cinco por ciento s/ 407.460,65 pesetas; 455, número 34, al nueve por ciento, s/ 1.222.381,86 pesetas. Se practicó también prueba pericial, emitiendo don Juan de Irigoyen, del Centro de Archiveros, dictamen en el sentido de que no vacila en estimar como legítimos y procedentes de la misma mano que trazó las indubitadas "Antonio Acha" de la escritura notarial, las que suscriben las cartas y titulan los sobres de las mismas, que como dubitativas han sido objeto de aseveración por esta pericia. Fueron objeto de peritaje las cartas presentadas con la demanda y firmadas por Antonio Acha y por Antón, así como los sobres correspondientes a estas cartas, y a la instancia de la parte demandada, se practicó también prueba documental.

Resultando que evacuado el traslado de conclusiones, ambas partes ratificaron las súplicas de sus respectivos escritos de demanda y contestación, y, declarados concluso los autos, acordando, a la vez traerlos a la vista, se aportó a los mismos para mejor proveer, certificación en la Abogacía del Estado de la Delegación de Hacienda de Vizcaya, en que consta que, según resulta del libro de liquidación, aparece una girada a cargo de doña María Caturla White, sobre la base 50.000 pesetas, núm. 38 de la tarifa al 27 por 100 se dio un total a ingresar de 5.063,75 pesetas, cuyo ingreso se efectuó en

ocho de agosto de 1942, y testimonio notarial de la escritura otorgada en Bilbao ante el notario don Celestino María del Arenal por Serafin Lausurien, Jaime Axpa y otros, nombrando amigables componedores a don Plácido Careaga, don Enrique L. de Areilza y don José María de la Cruz, en la cuestión que fue resuelta por el laudo relacionado en este apuntamiento.

Resultando que el Juez de primera instancia número cuatro de Bilbao, con fecha 9 de marzo de 1944, dictó sentencia con el siguiente fallo: Que, declarando no haber lugar a la demanda, presentada en estos autos por doña María Caturla White contra doña Amalia Cabrales Cuétara, debo absolver y absuelvo a ésta de la misma; y que, declarando igualmente no haber lugar a la reconvención, debo absolver y absuelvo de ella a la señora Caturla White, sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Resultando que admitida en ambos efectos la apelación que contra la anterior sentencia interpuso la parte actora, fueron elevados los autos a la Audiencia Territorial de Burgos, previo el emplazamiento de las partes, y personadas ambas ante dicho Tribunal, cumplidos los trámites legales y celebrada vista pública, la Sala de lo Civil de dicha Audiencia dictó sentencia el 13 de noviembre de 1945, con el siguiente fallo: "Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada que absolvió a la demandada doña Amalia Cabrales Cuétara de la acción contra ella ejercitada por doña María Caturla White, declarando asimismo no haber lugar a la reconvención interpuesta, sin hacer especial imposición de costas en ninguna de las instancias.

Resultando que con depósito de 1.000 pesetas, el procurador don Adolfo Palma, en nombre de doña María Caturla White, ha interpuesto contra la anterior sentencia recurso de casación por infracción de Ley, fundado en los números primero y séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil por los siguientes motivos: Primero.– Comprendido en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las sentencias recurridas afirman de un modo rotundo, y con ello aplican indebidamente la ley octava del título 21 del Fuero de Vizcaya, que la herencia intestada de don Francisco de Acha y Uriarte, marido de la recurrente, había de regularse por los preceptos de aquella disposición y en consecuencia, ser procedente la declaración de herederos a favor de su hermano don Antonio, y no reconocimiento a favor de la esposa supérstite, de la cuota usufructuaria que la reconoce la legislación común. Las sentencias del Tribunal Supremo de primero de junio de 1892, 6 de octubre de 1899, 29 de octubre de 1934 y 18 de marzo de 1936, declaran que "es doctrina legal la que se establecen repetidas e idénticas decisiones del Tribunal Supremo aplicable al caso del pleito, y siendo más de una", por lo que el fallo recurrido viola la doctrina legal establecida por el Supremo Tribunal cuando declaró en sus sentencias de 20 de marzo de 1893, 10 y 13 de junio de 1914, 7 de junio de 1925, 25 de febrero de 1926, 14 de enero 1927, 17 de diciembre de 1928, 18 de mayo de 1930 y 31 de mayo de 1930, que el Código civil derogó todos los fueros especiales en materia de sucesión intestada, por consecuencia del carácter general que alcanzó, si se reconoce a la Ley de Mostrencos de

1835, y si bien se inició doctrina contraria bajo el régimen republicano con la sentencia de 11 de junio de 1936, las dictadas en 19 y 30 de diciembre de 1942 han vuelto a restablecer y mantener el puro criterio establecido en las antes citadas. Al mantener, en consecuencia, el fallo recurrido, la validez y eficacia del auto de declaración de he­rederos a favor del único hermano del causante por aplicación de la legislación foral vizcaína, violó los artículos 834 y 837 del Código civil al reconocer el primero a la viuda que al morir su esposo no se hallase divorciada, una cuota usufructuaria sobre los bienes de su marido, y al declarar el segundo que, cuando el testador no dejara descendientes ni ascendientes legítimos, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la mitad de la herencia, también en usufructo. También infringe el fallo el artículo cuarto del Código civil desde el momento que, aun en el supuesto inadmisible de que hubiera sido aplicable el Fuero Vizcaíno, el don Antonio de Acha, en el documento suscrito en Alicante a 19 de junio de 1920, en su cláusula segunda manifestó "haber resuelto aplicar el Código civil a la testamentaría de su hermano", sin que el hecho de que doña María, en la cláusula primera del referido documento, manifiesta ser aplicable la legislación foral, tenga trascendencia alguna, en razón a que, según tiene indicado las sentencias de 24 de diciembre de 1909, 17 de febrero de 1931 y 16 de enero de 1930, "la opinión que cualquiera pudiera tener sobre un derecho hereditario no puede servir de base para atribuir a sus actos carácter trascendental ni perjuicio de su derecho, pues para ello sería preciso que tales actos revelasen una renuncia acusante de aquel derecho, que no existe cuando aparece que hubo error o equivocación". Es indudable, por tanto, debió aplicarse la legislación común en la sucesión intestada de don Francisco de Acha, reconociendo a doña María Caturla el usufructo de la mitad de los bienes pertenecientes a su esposo. Segundo.–Comprendido en el número primero del artículo 1.692 y consistente en la infracción, por no aplicación, de los artículos 1.281, párrafo segundo, 1.282, 1.284 y 1.285 del Código civil y sentencia de 19 de junio de 1931. La sentencia recurrida al hacer suyo los Considerando de la Primera instancia, afirma que nada tiene que reclamar la recurrente, porque en mera Instancia, afirma que nada tiene que reclamar la recurrente, porque en el documento de 19 de junio de 1920, con fecha 18 de octubre de 1929, doña María Caturla suscribió la nota que anteriormente se inserta. A primera vista, parece resuelta la cuestión con esa nota, mas basta un examen de los hechos constantes y posteriores de 1920 hasta el 18 de octubre de 1929 para llegar a la conclusión, por la debida interpretación de los mismos, de que no fue así como las cosas se desenvolvieron. Actos posteriores.– Don Antonio de Acha, obligado por el documento de 19 de junio de 1920 a solicitar la declaración de herederos de su hermano aplicando la legislación común, alegándose que su hermano Francisco había fallecido soltero, y el auto del Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Centro de Bilbao, de 30 de diciembre de 1920, lo declara único y universal heredero, sin reconocimiento de derecho alguno a favor de doña María, y, sin embargo, con posterioridad a dicha fecha, en su correspondencia particular de los años 1920 al 1923, le comunica estar ocupándose de la herencia de su marido y de defender sus legítimos derechos y una vez que consigue en la testamentaría, sin la intervención de la esposa, heredera forzosa, se le adjudiquen los bienes del marido por valor de 971.162,52 pesetas, en cuya mitad 14

hubiera tenido el usufructo doña María, extiende en el documento de 19 de junio de 1920 la nota de 18 de octubre de 1929, que le pone a la firma al mismo tiempo que le recoge el recibo de 18 de octubre de 1920, que la demandada presentó en el incidente de pobreza por la señora Caturla, unido con cuerda foja a estos autos. Este recibo acredita la inexactitud de la nota de igual fecha que figura en el documento de 19 de junio de 1920; pues si en ella se daba carta de pago de su total derecho a la herencia de su esposo no había razón para exigirle este otro recibo. El demuestra que la única cantidad abonada a doña María por su cuota usufructuaria, es la de 100.000 pesetas, entregadas en concepto de cuota usufructuaria, ya que la entrega se matiza y condiciona en cuanto al hecho de la devolución, con el nuevo matrimonio o fallecimiento de la señora Caturla. No cabe, por tanto, sin infracción de los artículos citados, sin relacionar el documento de 19 de junio de 1920 y nota de 18 de octubre de 1929, con los actos posteriores del don Antonio de Acha y recibo de 18 de octubre de 1929, poder afirmarse, como lo hace la Sala, que en aquella fecha quedó satisfecha doña María de su derecho y que, por tanto, carece de toda acción para reclamar. Tercero.– Comprendido en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y consistente en la violación por inaplicación de los artículos 1.265, 1.266 y 1.269 del Código Civil, don Antonio de Acha se obliga en el documento de 19 de junio de 1920, a tramitar la herencia de su hermano aplicando la legislación española; por ello obtiene de la señora Caturla escritura de mandato a su favor. A espaldas de la misma, solicita del Juzgado la declaración de herederos de su hermano soltero don Francisco, y que se le designa por aplicación de la legislación, Foral Vizcaína, su único y universal heredero, y así lo consigna; con tal título, se adjudican bienes por valor de 971.162,50 pesetas; de los años 1920 a 1929, está manifestando a su cuñada se ocupa con todo interés de la herencia de su marido y de la defensa de sus intereses, y el día 18 de octubre de 1929, la entrega de 100.000 en usufructo, haciéndola creer que esto es lo único que la corresponde de la herencia de su esposo, y entonces ella no tiene inconveniente en estampar la nota de igual fecha en el documento de 19 de junio de 1920, declaratoria de esta totalmente pagada. Si doña María Caturla hubiera sabido tales engaños, si con ellos con tales palabras y maquinaciones insidiosas no se le hubiere llevado a firmar aquella nota, nunca la hubiera suscrito, ni hubiera prestado su conformidad a los dolosos actos de su cuñado. Cuatro.– Los motivos segundo y tercero, tienen su natural cumplimiento con el presente comprendido en el número séptimo del artículo 1.692, error de hecho de la Sala en la apreciación de la prueba, acreditado con los siguientes documentos auténticos: A) El auto del Juzgado de Primera instancia del Distrito del Centro de Bilbao de 30 de diciembre de 1930, por el cual aplicando la Ley octava del título 21 del Fuero de Vizcaya, se declara único y universal heredero de don Francisco de Acha a su hermano don Antonio, y en el que se contiene el siguiente Considerando: "Considerando que en este expediente se ha justificado cumplidamente con los documentos presentados e información de testigos practicada, el fallecimiento intestado en este caso concreto del causante de que se trata, en estado de soltero, sin dejar descendientes ni ascendientes de ninguna clase, y si spólo su hermano don Antonio de Acha y Uriarte", y B) El recibo de 18 de octubre de 1929, presentado por la parte demandada, en el incidente de pobreza, 15

instado por doña María, declaratorio de haber recibido, en su día, de su cuñado don Antonio de Acha, en usufructo, la suma de 100.000 pesetas. Quinto.–Comprendido en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y consistente en la violación por no aplicación de los artículos 1.963, 1.940 y 19.41, todos del Código civil, y doctrina legal aplicable a los mismos. La acción ejercitada por doña María Caturla no ha prescrito la acción de petición de herencia la beneficia el artículo 1.693 citado, y no prescribe hasta los treinta años, y así lo tienen declarado y reconocido las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1904 y 18 de mayo de 1932, por pertenecer a la clase de las acciones mixtas y en su doble e indivisible concepto de real y personal, no prescribe hasta los treinta años, la acción ejercitada por doña María Caturla es la típica acción de familiar erciscunde, que regula el artículo 1965, al decretar su no prescripción entre los coherederos. Finalmente, no cabe reconocer al don Antonio de Acha la prescripción adquisitiva regulada por los artículos 1.940 y 1.941 del Código civil, ya que el 1.940 exige que la posesión sea con buena fe y justo título, requisitos que no concurren en el presente caso y porque la sentencia de 18 de mayo de 1932 tiene declarado: "La acción hereditaria, compete al heredero por testamento o abintestato, cualquiera que posea los bienes hereditarios en concepto de heredero a título universal o la mera posesión sin título singular alguno, pudiendo ejercitarse esta acción durante treinta años desde la muerte del causante, sin que contra ella pueda prevalecer la prescripción adquisitiva". Sexto.– Comprendido en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil y consistente en la infracción por indebida interpretación del artículo 1.809 del Código civil. La Sala sentenciados, para llegar a la conclusión de que ha prescrito la acción, la fundamenta en que el documento, de 19 de junio de 1920, es un contrato de transacción, y como tal contrato, la acción derivada del mismo, por ser de naturaleza personal, había prescrito.

Define el artículo 1.809 del Código civil la transacción, como aquel contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, eviten la incoación de un pleito o ponen término al que había comenzado. Por el documento de 19 de junio de 1920, doña María Caturla da su opinión de que la legislación aplicable es foral; don Antonio de Acha, que es su deseo se aplique la Ley común y sin darse, prometerse ni retenerse cosa alguna, suscriben aquellas declaraciones de principios. No hubo transacción y al no haberla no cabe calificar la acción que naciera de aquel documento, exclusivamente de personal, ni que estuvieran prescritas las que a la señora Caturla la asistían.

Visto, siendo Ponente el Magistrado don Juan de Hinojosa Ferrer.

Considerando que son hechos fundamentales para la decisión del presente recurso tales como se infieren de las declaraciones, hechas por la Sala y de las manifestaciones de los escritos de las partes litigantes los siguientes: Que la demandante doña María Caturla White contrajo matrimonio el 14 de abril de 1927 con don Francisco de Acha y Uriarte, vecino Guecho, en Vizcaya, el cual a los pocos días, 2 de mayo del propio año, falleció víctima de un accidente de automóvil; que poco después y encontrándose en

Alicante, lugar de residencia de la viuda su hermano político don Antonio de Acha y Uriarte otorgaron ambos poder a Procuradores para que les representaran en la testamentaría de don Juan Antonio de Acha Ecera, padre de su difunto esposo y también poderes amplísimos a la viuda a favor del don Antonio para intervenir en la citada testa­mentaría y otros extremos; que en 20 de julio del propio año se otorgó entre la doña María y su hermano político un documento en el que comenzaba la primera por reconocer que la sucesión de su marido, fallecido abintestato se regía por las disposiciones del Fuero de Vizcaya, pero seguidamente el don Antonio afirmaba que por afecto y diferencia a la doña María Caturla le reconocía los derechos que el Código civil otorga al cónyuge viudo, reseñando después algunas cantidades y valores que el don Antonio entregaba a la doña María, que seguido el juicio de testamentaría a que se ha hecho referencia se adjudicaron al finado don Francisco de Acha bienes por valor de 971.162 pesetas, en cuaderno particional de 13 de junio de 1929, aun cuando por error se lea en el apuntamiento 1919, siendo de notar que don Antonio de Acha fue declarado a su propia instancia único y universal heredero de su hermano don Francisco, que en el documento antes citado de 20 de junio de 1920 aparece una nota fechada en 18 de octubre de 1929 por virtud de la cual doña María Caturla, declara haber sido totalmente satisfecha en dinero efectivo de cuantos derechos le correspondían por la herencia de su marido, dando por nulo y sin valor dicho documento y obligándose a no reclamar del don Antonio cantidad alguna por aquel concepto, que el mismo día se suscribió un documento por doña María Caturla en el cual expresaba haber recibido de don Antonio de Acha la suma de 100.000 pesetas con la obligación de devolverle al don Antonio dicha cantidad en dinero efectivo, en el caso de que la citada señora contrajera nuevo matrimonio o a su fallecimiento, documento fechado como el anterior en Bilbao, que fallecido don Antonio en 1.° de octubre de 1941 su viuda doña Amalia Cabrales que había contraído matrimonio poco antes con el mismo tramitó expediente de declaración de herederos, en el cual recayó auto fecha 16 de diciembre de 1941, declarándola heredera de su marido al amparo de artículo 952 del Código civil.

Considerando que fundado el primer motivo del recurso contra la sentencia que desestimó la petición de la actora para que le fuese abonada por la demandada la cuota usufructuaria vidual que le correspondía en la herencia de don Francisco de Acha, en infracción de la doctrina, reiteradamente mentada por esta Sala en el sentido de que la Ley de Mostrencos de 18 de mayo de 1835 al establecer en su artículo segundo un orden de suceder abintestato, en el que por cierto figura el cónyuge como heredero usufructuario con retorno de los bienes a su fallecimiento a los parientes colaterales del premuerto, derogó en materia de sucesión intestada las disposiciones del Derecho Foral, por lo que el Código civil resulta aplicable en este punto, a tenor de lo prevenido en el artículo 13 de dicho Cuerpo legal, doctrina que si bien fue rectificada bajo el régimen republicano por la sentencia de 11 de junio de 1936 ha sido restablecida, en aras de la unidad legislativa, por la posterior jurisprudencia de esta Sala, a partir de la sentencia de 19 de diciembre de 1942, no puede menos de ser apreciada la citada infracción consistente en la aplicación indebida al caso que hacen las sentencias de primera y

segunda instancia de la ley sexta, título XXI del Fuero de Vizca^ya, pues aun cuando dichas resoluciones pretenden fundar la inaplicación de la expresada doctrina legal al caso de autos en lo dispuesto en la Ley de 25 de octubre de 1839, es lo cierto que de los dos únicos artículos de esta disposición, el, primero se limita a confirmar los Fueros de las provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, y el otro a prevenir que el Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias vascongadas y navarras, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de los mismos conciliado con el general de la nación y la Constitución de la Monarquía, resolviendo entre tanto provisionalmente y en la forma y sentido expresado las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ello cuenta a las Cortes, lo que evidencia de modo palmario que se trata de una disposición de carácter político y administrativo que no puede afectar a las modificaciones que en el orden civil habían sido introducidas por la anterior ley de 1835, porque su finalidad responde al propósito de dictar normas al Poder Ejecutivo para resolver las dudas que en la realidad de la función de gobierno puedan ofrecerse y porque finalmente, declaradas aplicables a Navarra por sentencias de esta Sala de 4 de enero de 1927 y 17 de diciembre de 1928 las disposiciones de Código civil en este punto, no existe razón alguna para exceptuar de ellas a Vizcaya, por tal razón cuando la Ley de 1839¹ a que se ha hecho referencia a ambas regiones se extiende.

Considerando que a mayor abundamiento la sujeción del caso a las disposiciones del Código civil resulta de la expresada voluntad del hermano político de la recurrida don Antonio de Acha que en el documento de 1920, arriba citado, erróneamente calificado de transacción por la Sala de instancia, ya que en él ni se especifican las diferencias litigiosas entre los interesados ni las recíprocas prestaciones en que convienen en transigirlas, base indispensable para encajar en el artículo 1.809 del Código civil, afirma su voluntad de aplicar a la sucesión de su difunto hermano en favor de su viuda las disposiciones de Código que regulan los derechos del cónyuge "superstite", concediéndole el usufructo de la mitad de la herencia en los términos que en el mismo se consignan, para lo que aquélla otorgó los poderes de que se ha hecho mérito en relación con el juicio de testamentaría del difunto padre de su marido, sin que ello obste la declaración que se hace en tal documento por la recurrente de ella reconoce que la legislación aplicable sería la Foral, pues ésta declaración no pasa de una mera opinión sin fuerza vinculante para el que la emite.

Considerando que resuelto así el primer extremo que el recurso plantea, ley aplicable a la sucesión del marido de la demandante, el resto queda reducido a dos puntos: primero, si don Antonio de Acha entregó a la actora la parte de herencia en usufructo que la correspondía y si la acción ha sido ejercida en tiempo hábil, es decir, si

¹ La copia de la sentencia por simple error material dice: "1939.

no ha prescrito temas de los motivos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del recurso, respectivamente.

Considerando que respecto del primero, la Sala estima por la adición consignada el año 1929 en el documento de 1920, que la demandante recibió cuanto la correspondía en la herencia de su esposo; pero es lo cierto que al entenderlo así desconoce el contenido del documento suscrito en igual fecha y lugar, presentado por la parte recurrida al impugnar la declaración de pobreza legal pretendida, por la demandante, en el que se especifica qué es lo que efectivamente recibió, cien mil pesetas a devolver a su muerte o si contrajera ulteriores nupcias, lo que dibuja evidentemente la silueta jurídica del usufructo vidual, deduciéndose de este documento, que tiene carácter de auténtico a estos efectos, la equivocación evidente del juzgador, conforme al número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de trámite al dar por probada la entrega al cónyuge de cuanto se le adeudaba por este concepto y a la vez el error en que incidió con arreglo al artículo 1.282 citado en el recurso al interpretar la nota adicional al documento de 1920 por tratarse aquél de un acto coetáneo el mismo de obligada consideración para su interpretación racional, por lo que también son admisibles los motivos segundo y tercero del recurso.

Considerando que los conceptos de mor y de dolo no son meras cuestiones de puro hecho, sino que entrañan a la vez conceptos jurídicos, por cuanto es claro que modificada la apreciación de los hechos por el cauce legal, como se establece en el anterior Considerando, es lícito al Tribunal de casación entrar en la apreciación y decisión de si en el caso de autos se procedió dolosamente por alguno de los contratantes induciendo a error a su contrario y así, constando la cuantía de la herencia adjudicada al esposo de la actora –971.162 pesetas– y que por virtud de la declaración de herederos instada por su hermano pasó íntegra a éste y la cantidad recibida por la recurrente en concepto de usufructo de su marido –100.000 pesetas– y la suscripción de ambos documentos, el de 1920 y el de 1929, no puede menos de estimarse que al consignar la nota puesta al primero se obró dolosamente por el coheredero don Antonio de Acha con ánimo de defraudar los intereses de la viuda de su hermano porque intervino engaño por su parte, haciéndole creer que la participación en dicha herencia se limitaba a lo efectivamente percibido, y así no tuvo aquélla inconveniente en suscribir la aludida nota, por lo que también es de estimar la infracción de los artículos 1.265, 1.266 y 1.269 citados en el tercer motivo del recurso.

Considerando que la acción esgrimida por la parte actora es, sin género de duda, la que corresponde al cónyuge viudo en concepto de heredero para exigir en consecuencia con los demás llamados a la herencia la porción usufructuaria que el Código civil le reconoce y que se identifica con la de petición de herencia, acción que en principio es imprescriptible entre los coherederos a tenor del artículo 1.965 del Código civil, y aunque es verdad que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que esta regla no es aplicable y por lo tanto cabe la posibilidad de que sean adquiridos por prescripción los bienes hereditarios cuando han sido poseídos por un coheredero como

propios sin contradicción de lo demás mediante el transcurso del tiempo señalado en la ley, no es menos cierto que tal doctrina no sería aplicable en el caso presente desde el momento en que se estima la existencia del engaño a que se alude en los Considerandos anteriores en el documento de 1929, en el que doña María se da por pagada de su derechos en la sucesión de su marido y además porque en todo caso si así no se estimase el plazo habría de contarse a partir del documento por el que don Antonio hizo entrega a doña María de su porción hereditaria, aunque considerablemente disminuida, como queda dicho, porque sólo a partir de tal momento pudo pedir aquélla el complemento de sus derechos como cónyuge viuda, de cuyo cobro y percepción venía encargado el don Antonio, y como entre la fecha de dicho documento –1929– y la presentación de la demanda –I 943– no han transcurrido los quince años señalados por la Ley primera, título XII² del Fuero de Vizcaya, citada por la parte demandada, ni el fijado por el Código civil es visto que al apreciar la prescripción de la acción la sentencia recurrida infringió los preceptos del Código civil o del Derecho Foral, que indebidamente aplica, porque parte de que se "trata de una acción dimanada del contrato y no de una acción "ex lege" y de la existencia de la buena fe en el causante de la demandada que se niega por las razones expresadas.

Considerando que asimismo es estimable dicho motivo en su segundo aspecto, es decir, en lo relativo a la prescripción adquisitiva regulada por los artículos 1.940 y 1.941 del Código civil, pues aparte de lo que queda dicho en el anterior considerando de esta sentencia, y de que no se solicita la entrega de cosa determinada, sino el reconocimiento de un derecho, el requisito de la buena fe siempre faltaría en el pretendido adquirente por las razones que quedan indicadas, sin que por todo lo que queda manifestado sea preciso entrar en el último motivo del recurso, referente a la hipótesis de que se trate de un contrato de transacción.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por doña María Caturla White, y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que en 13 de noviembre de 1945 dictó la Sala de lo civil de Audiencia Territorial de Burgos; devuélvase a dicha parte el depósito que ha constituido y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución del apuntamiento que ha remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias; lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Mariano Miguel.– Celestino Valledor.– Juan de Hinojosa.– Manuel Ruiz Gómez.– Vicente Marín.– Acacio Charrín y Martín-Veña.– Luis Vacas.–Rubricados.

² La copia de la sentencia por error material dice III. (Nota de la presente edición).

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Señor don Juan de Hinojosa, Magistrado de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en éstos autos, celebrando audiencia pública la misma en el día de la fecha.– Cipriano Martín-Blas.– Rubricado.

SEGUNDA SENTENCIA

En la villa de Madrid, a 31 de enero de 1950; en el juicio declarativo de mayor cuantía seguido en el Juzgado de primera instancia número 4 de Bilbao y la Sala de lo civil de la Audiencia Territorial de Burgos, entre doña María Caturla White, viuda, vecina de Alicante, sin profesión especial, demandante contra doña Amalia Cabrales Cuétara, también viuda, y vecina de Bilbao, propietaria como heredera de su difunto esposo don Antonio de Acha Uriarte, sobre petición de herencia y otros extremos, autos pendientes ante esta Sala, en virtud de casación declarada en este día en el recurso por infracción de ley interpuesto en nombre de doña María Caturla por el Procurador don Alfonso de Palma González, bajo la dirección del Letrado don Francisco Tello; habiéndose personado también ante este Tribunal en nombre de la recurrida doña María Cabrales, el Procurador don Saturnino Pérez Martín, dirigido por el Letrado don José Guimón Eguiguren; y el acto de la vista don Leandro G. de Cadiñamos.

Por los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de casación y

Considerando que el derecho que el Código civil reconoce a la recurrente y que se declara en la sentencia que antecede, ha de entenderse sin perjuicio del abono en cuenta a la demandada de las cantidades que el don Antonio hubiera entregado a la misma por dicho concepto y desde luego de las 100.000 pesetas que recibió por virtud del documento de 18 de octubre de 1929 tantas veces citado.

Considerando que con respecto al abono de frutos, que también se interesa a partir de la fecha del fallecimiento del marido de la actora, conforme al artículo 657 del Código civil, según el cual los derechos hereditarios se transfieren al heredero a partir de la fecha del fallecimiento del causante, habiendo sido alegada por la parte demandada la excepción de prescripción de la acción en cuanto a] reconocimiento del derecho de usufructo al cónyuge viudo, no puede menos de entenderse que esta alegación implica la de la prescripción de las anualidades de frutos anteriores a los cinco últimos años que procedieron a la demanda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.966 del mencionado Cuerpo legal, y por ello no puede menos de estimarse que los frutos en cuestión anteriores a los últimos años han prescrito, y por ello únicamente deben entenderse de abono los correspondientes a los cinco años que anteceden a la presentación de la demanda, sin que a ello pueda obstar la circunstancia de que la demandada posea los bienes en virtud de un título como es la declaración de herederos abintestato de su marido, puesto que como heredera de éste le sucede a partir del instante de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.

Considerando que respecto del abono de los intereses de los frutos que también se solicita, es improcedente porque ninguna disposición legal lo autoriza, aparte de no tratarse de una cantidad líquida determinada.

Considerando que respecto a la petición de gananciales que se formula habrá de estarse al resultado de la liquidación de la sociedad conyugal.

Considerando que no existen términos hábiles para remitir la determinación de la cantidad líquida que haya de ser satisfecha a la demandante a la ejecución de la sentencia, puesto que, existiendo un heredero al fallecimiento de don Francisco de Acha Julián, esposo de la actora, su hermano don Antonio, del que a su vez es heredera la demandante, es obligado practicar la oportuna partición de bienes correspondientes al citado don Francisco, partición que no ha sido solicitada en la demanda, y en la cual deberán ser tenidas en cuenta las declaraciones que se hacen en la presente sentencia en orden a los derechos que corresponden a la demandante.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos: Primero.– Que a doña María Caturla White corresponde, conforme a los preceptos del Código civil, el derecho de usufructo en la mitad de los bienes que a su marido don Francisco de Acha Uriarte correspondieron en la herencia de su padre don Juan Antonio de Acha Ecera, en concurrencia con el hermano de éste don Antonio, siéndole de abono en la partición que haya de verificarse. Las cantidades que don Antonio de Acha Uriarte le entregara por este concepto, y especialmente las 100.000 pesetas que en concepto de usufructo le entregó en 18 de octubre de 1929, debiéndose verificar también en la mencionada partición la liquidación de la sociedad legal de gananciales entre la doña María y su marido don Francisco de Acha y Uriarte. Segundo.– Que a la referida doña María le serán también de abono en la partición de los frutos correspondientes a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda y posteriores, de los bienes en que haya de constituir el usufructo que se le reconoce. Tercero.– Que la demandada doña Amalia Cabrales, como heredera de don Antonio de Acha Uriarte, que se hizo cargo de la herencia de don Francisco de Acha Ecera, vienen obligada a estar y pasar por estas declaraciones cumplimentándolas en la partición que haya de verificarse, como se establece anteriormente. Cuarto.– Que no ha lugar al abono a la doña María por estar prescritos de los frutos de los bienes objeto del usufructo anteriores a los cinco años que precedieron a la presentación de la demanda, y en virtud de todo ello la condenarnos a reconocer los derechos que a favor de doña María Caturla se consignan en las anteriores declaraciones, absolviéndola del pago de las cantidades representativas de frutos correspondientes a los citados años, así como de los intereses que los mismos hubieran podido devengar, quedando en los demás subsistentes la sentencia recurrida. No se hace expresa condena de costas en ambas instancias. En lo que no esté conforme esta sentencia con la de primera instancia la revocamos, y en lo demás la confirmamos; para su cumplimiento insértese en la certificación que se manda librar.

Así, por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Mariano Miguel.– Celestino Valledor.– Juan de Hinojosa.– Manuel Ruiz Gómez.– Vicente Marín.– Acacio Charrín MartínVeña.– Luis Vacas.

Publicación leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. señor don Juan de Hinojosa, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha. Cipriano Martín-Blas.