STS de 29 de enero de 1920

Considerando: Que fijados por el actor en la demanda los hechos del debate, a saber: que tanto el Fuero Viejo como el reformado de Vizcaya referente a la sucesión intestada de los descendientes había sufrido trascendental modificación por la costumbre contra ley, creándose un derecho consuetudinario, derogatorio del Fuero, por virtud del cual era axiomático el principio de que existía el derecho de representación de la línea recta descendente, sobre cuyos extremos fundamentales se cerró el debate judicial puesto que el demandante renunció el trámite de réplica sin otra modificación, es indudable que esto anotado como inconcuso, no es lícito, en casación, alterar los términos de la discusión planteando cuestiones nuevas, como acontece con el motivo primero alegado por supuesta infracción de la ley octava, tít. 21 del Fuero, por interpre­tación errónea, por cuya razón es vista su improcedencia por inadecuada pertinencia en el momento actual, dada la naturaleza excepcional y extraordinaria del recurso de casación y el fundamento jurídico en que se informa.

Considerando: Que es improcedente de igual manera el tercer motivo del recurso, pues no existe el error de hecho expuesto, ya que la Sala, al negar que rija en el territorio de Vizcaya la costumbre contra ley alegada, tuvo presente al examinar las pruebas aportadas todos los elementos de convicción para concluir afirmando en uso de su competencia y atribuciones, la inexistencia de tal derecho consuetudinario, cuya afirmación la hace estribar el Tribunal sentenciador: a) en considerar que las certificaciones aportadas no dimanan de juicios contradictorios o declarativos, sino de actuaciones de jurisdicción voluntaria sin la eficacia de la sentencia adecuada; b) en no haberse justificado que fueran vizcaínos los interesados y si concurría o no, en sus casos, conformidad entre las partes, de lo cual se infiere que el juzgador no incurrió en el error evidente requerido por la ley, sino que el recurrente difiere de la apreciación judicial supliéndola con su particular criterio; no existiendo tampoco error de derecho en el caso actual, toda vez que la Sala, con conocimiento de las disposiciones citadas, reguladoras del valor probatorio de los elementos de prueba, reputó injustificada la existencia del derecho consuetudinario y de la costumbre contra ley en la presente litis.

Considerando: Que subordinado el motivo segundo al fundamento anterior, y dados los términos de la casación, que obliga a resolver las cuestiones en la forma que se ofrecen, es evidente su improcedencia, porque si bien es cierto que el título primero preliminar del Código civil vigente por su carácter de generación rige en todo el territorio nacional, y en su consecuencia, en Vizcaya, con potestad derogatoria, también lo es que al afirmar el Tribunal "a quo" la inexistencia de la prueba concerniente a la costumbre contra ley, generadora del derecho consuetudinario, hace ineficaz la alegación del expresado motivo, no determinándose en modo alguno la infracción de los artículos quinto, sexto y doce, párrafo segundo del referido Código legal, ni demás citas

que en el mismo se invocan antes por el contrario, la Sala las interpretó y aplicó con acierto y justeza en el fallo recurrido.