Resolución de la DGRN de 5 de octubre de 1906

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario don Francisco Quintana contra la negativa del Registrador de la propiedad de Valmaseda a inscribir una escritura de partición de bienes, pendiente en este Centro en virtud de apelación del recurrente;

Resultando que en el Barrio de Concha de Carranza, a 8 de julio de 1898, y ante el Notario don Francisco Quintana, se extendió un acta a instancia de don José Santisteban y Rodrigo, en concepto de uno de los albaceas de doña Josefa Ceberio y Ayestarán, por la que se protocolizaron las operaciones de testamentaría de esta señora, llevadas a efecto por dicho compareciente en el acto y por su cotestamentario don José Ceberio y Palacio, de cuyas operaciones resulta; que doña Josefa Ceberio murió bajo testamento, que se inserta, en que declaró estar casada en únicas nupcias con don Pedro Sobrado y González, natural de la provincia de Santander, al que legó mil pesetas; instituyó heredero a su único hijo don José Sobrado Ceberio, y nombró los expresados testamentarios, a quienes facultó para partir la herencia y realizar todas las operaciones de la testamentaría; que por no haber ganado don Pedro Sobrado vecindad civil en el Valle de Carranza es aplicable el Código civil a la testamentaría de su mujer, aunque ésta era natural de dicho valle, donde rige el Fuero de Vizcaya; que no es necesaria la aprobación judicial, conforme al art. 1.057 de dicho Código, por las facultades de los albaceas, y porque se han inventariado los bienes con citación del viudo, que es el único legatario y acreedor, y que se adjudican inmuebles en dicho valle en esta forma: al hijo menor de edad, parte de una casa y huerta en Concha, por su herencia, y al viudo, parte de casas y sus pertenecidos en Treto, por su crédito, legado y ganancial, por haber renunciado su cuota vidual usufructuaria;

Resultando que solicitada la inscripción de dichas operaciones en el Registro de la propiedad de Valmaseda, puso el Registrador la siguiente nota: "No admitida la inscripción del documento que precede por haber observado en él las siguientes faltas: 1.^a, que es inaceptable el supuesto 6.° de la partición que comprende, y han debido aplicarse en beneficio del menor instituido los preceptos de la Ley 1.^a del título 20 del Fuero de Vizcaya, dada la naturaleza vizcaína de la testadora y hasta la de mediar bienes inmuebles, la constante práctica e interpretación consuetudinaria de la referida Ley, y el alcance que en esta provincia tienen las disposiciones del art. 10 del Código civil y mucho más si se atiene a que ninguna comprobación se aduce del aserto hecho sobre vecindad extraña, y 2.^a, que tratándose de un heredero menor de edad no emancipado, con interés en un contrato de liquidación de sociedad conyugal opuesto al de su padre, no han debido omitirse las formalidades dispuestas en el art. 165 del indicado Código, y aun con relación al 1.057, ni el caso que nos ocupa es para que se ha descrito, ni en tanto, al menos no fuese otra la redacción del testamento, ha podido prescindirse de lo que el 1.049 de la Ley de Enjuiciamiento civil ordena. Cuyos efectos son de naturaleza

insubsanable";

Resultando que el Notario don Francisco Quintana interpuso este recurso solicitando se declare que el documento cuya inscripción ha denegado el Registrador de la propiedad, se halla extendido con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, y al efecto expuso: que tratándose de una sucesión, es aplicable el párrafo 2.° del art. 10 del Código civil, y la Ley nacional a que se refiere, es aquí la del marido, porque la mujer sigue su condición, según el precepto del art. 15 del mismo Código; que sólo existe la excepción del párrafo 3.° del citado art. 10, relativo a los bienes de la tierna llana que están sujetos a la Ley de troncalidad; pero tal excepción no puede interesar porque toda la raíz, o sean tierras y heredades, como dice la indicada Ley, están adjudicadas al hijo de la causante; que el art. 14 del repetido Código, confirma que dicho art. 10 es igualmente aplicable a las personas, actos y bienes de los españoles en territorios de diferente legislación civil; que se comprueba que la causante perdió su condición de vizcaína al casarse con un castellano, y que no la recuperó, conforme al citado art. 15, por las discusiones que motivó en los Cuerpos Colegisladores la reforma de este artículo, de la que resulta que se procuró establecer la reciprocidad en la condición de las regiones forales respecto a las de derecho común, y que para la vecindad civil no se atendiera a la mera residencia sin manifestación de la voluntad o transcurso de diez años; que como no habían transcurrido éstos, ni don Pedro Sobrado había hecho declaración alguna cuando murió su mujer, que es cuando se determina la sucesión, según el art. 657 del Código civil, ésta es la Ley nacional de la causante, por seguir la condición de su marido; que el artículo 5.° de dicho Código, impide que pueda prevalecer costumbre en contrario; que en cuanto a la comprobación del aserto hecho sobre vecindad extraña, puede objetarse que tal comprobación hace falta respecto a la vecindad ganada en Vizcaya, que la nota del Registrador supone; y a mayor abundamiento, acompaña al escrito de interposición dos certificaciones de fecha posterior a la nota citada, expresivas de llevar don Pedro Sobrado menos de diez años de residencia en el Valle, y de no constar que haya querido ganar vecindad en el mismo; y que en este caso es de aplicar el art. 1.057 del Código civil, y no el 1.049 de la Ley de Enjuiciamiento, según la doctrina de las Resoluciones de este Centro, de 5 de octubre de 1893, 12 de noviembre de 1896 y 21 y 22 de enero de 1898;

Resultando que el Registrador de la propiedad de Valmaseda informó, sosteniendo su calificación y negando personalidad al recurrente, por las consi­deraciones siguientes: que no obstante las faltas de las operaciones particionales, estuvo bien hecha su protocolización, y, por tanto, ni dichas faltas afectan al Notario, ni éste tiene personalidad para interponer el recurso, según la doctrina de las Resoluciones de 1.° de julio de 1872, 20 de mayo y 6 de julio de 1879, 14 de febrero de 1881, 30 de mayo y 8 de noviembre de 1882, I .° de mayo de 1884, 3 de mayo y 13 de junio de 1886, 21 de enero, 22 y 23 de marzo y 17 de diciembre de 1889, 19 de junio de 1895 y 11 de septiembre de 1896; que en Vizcaya cualquiera que sea la regionalidad de un causante, siempre se ha aplicado la comunicación foral con relación a los bienes inmuebles y según la situación de los mismos que ese derecho cierto, puesto en relación 2

con el párrafo 2.° del art. 12 del Código civil, del modo como últimamente quedó redactado para quitar el desacuerdo con que primitivamente aparecía, y ponerlo en armonía con el 5.° de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, prueba que en este caso procede dicha comunicación foral, puesto que Vizcaya conserva su derecho escrito y consuetudinario con preferencia al Código civil; que demuestra que la comunicación foral es territorial por esencia, un autorizado proyecto de articulado de la Comisión especial de Codificación de Vizcaya y Álava, que circula por todo el país y que así lo establece; que la opinión contraria del recurrente, conduce a la deducción de que, por reciprocidad, si se casara una castellana con un vizcaíno, quedaría éste dueño de la mitad de los bienes dejados por aquélla, y eso jamás se aplicó en Vizcaya que no sirve objetar que las disposiciones del título preliminar del Código civil, en cuanto determinan los efectos de las leyes de los Estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias en todas las provincias del Reino, porque, según las mismas palabras que emplea, eso es en cuanto a las reglas generales, porque el mismo art. 12 de dicho Código confirma que subsiste por completo el derecho foral escrito y consuetudinario, y porque, como esas reglas generales, son de aplicación las del título 4.° del libro 1.° y es indudable que no se han unificado en España los efectos del matrimonio, cuya consideración se confirma con la doctrina declarada por la Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de abril de 1898, y Resolución de este Centro de 26 de abril de 1894, y que el art. 1.057 del Código civil se refiere a la simple facultad de partir, y como en este caso se liquida la sociedad conyugal y se reconocen créditos a favor del viudo y en perjuicio del menor de edad y único heredero, sin que se haya citado a su defensor para la formación del inventario, es claro que no puede aplicarse dicho artículo 1.057, según la doctrina de este Centro en Resolución de 12 de noviembre de 1895, que el recurrente cita como de 1896;

Resultando que el Juez delegado declaró: 1.°, que el Notario don Francisco Quintana tiene personalidad para interponer este recurso; 2.°, que la escritura no adolece de la primera de las faltas atribuidas por el Registrador; y 3.°, que sí existe la segunda falta señalada por este funcionario, y no procede hacer en cuanto a ella la declaración que pretende el Notario. Como fundamento de dicha resolución expuso: que es de apreciar la personalidad, conforme a las Resoluciones de 27 de abril de 1899, 28 de septiembre de 1900 y 24 de mayo, 8 y 15 de octubre de 1902, porque la nota afecta a la personalidad del otorgante; que los derechos de familia se regulan primordialmente por la ley personal, según Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1900; que la ley del Matrimonio es la del marido; que aun en el supuesto de que don Pedro Sobrado hubiese ganado naturaleza vizcaína, debe entenderse que las relaciones económicas entre los cónyuges seguían rigiéndose por la ley castellana, pues así lo exige el precepto del art. 1.321 del Código civil, aplicable por analogía; que la aplicación de las generales del citado Código no deben exceptuarse en este caso aplicando la comunidad foral, respecto a las raíces en la tierra llana de Vizcaya, porque el art. 9.°, en relación con el 14, establece que es aplicable el derecho nacional de la familia, sin que pueda aducirse la costumbre por lo declarado en el art. 12; que la única excepción es la relativa a la Ley

15, título 20, del Fuero de Vizcaya, que no se ocupa de regular el régimen de los bienes del matrimonio; que debe desecharse la doctrina de que la comunidad de bienes establecida en la Ley 1.^a, título 20 del Fuero, pertenece al derecho sucesorio; que la aplicación del Estatuto Real daría lugar a desigualdades, según el punto donde radicaran los bienes de los cónyuges; que conforme la Resolución de 12 de abril de 1895, no es aplicable el art. 1.057 del Código civil, ni resulta haberse cumplido notificando el inventario al único heredero en la persona de su defensor, y que tiene aplicación el art. 1.049 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por interpretación a contrario sensu del 1.060 del Código;

Resultando que el Presidente de la Audiencia confirmó el auto del Juez fundándose en consideraciones análogas a las de este funcionario:

Vista la Ley 1.^a, título 20, del Fuero de Vizcaya:

Vistos los artículos 9.°, 10, 12, 14, 15, 16, 1.060, 1.315, 1.392, 1.396, 1.401, 1.417 y 1.426 del Código civil; 1.049 de la Ley de Enjuiciamiento civil y 57 del Reglamento general para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Vista la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1900;

Vistas las Resoluciones de este centro de 9 de septiembre y 12 de noviembre de 1895, 14 de marzo de 1903 y 26 de febrero y 25 de mayo últimos;

Considerando que los defectos notados por el Registrador se refieren a la validez de las adjudicaciones y a los requisitos legales que han debido guardarse en las operaciones particionales, cuya protocolización ha autorizado el Notario recurrente, por lo que es notoria la personalidad de éste para interponer el recurso, con sujeción a lo dispuesto en el art. 57 del Reglamento Hipotecario:

Considerando por lo que hace el primero de dichos defectos, que la comunicación de bienes establecida por la Ley 1.ª, título 20, del Fuero de Vizcaya, obliga únicamente a los naturales de dicho país, y no a los extraños a él, aun cuando se trate de bienes sitos en el mismo; pues aquel derecho, por referirse a la constitución económica de la familia y a la capacidad jurídica de los cónyuges con relación a los bienes aportados al matrimonio, se rige por la ley personal de los mismos, y no por las del país donde radican los bienes, según se deduce de lo dispuesto en los artículos 9.", 10 y 14 del Código civil;

Considerando que en este concepto, siendo la condición legal de la mujer la misma del marido, según lo establecido en el número 3.° del art. 15 del propio Código, y constando que el que lo era de la causante doña Josefa Ceberio, ni por naturaleza ni por vecindad estaba sujeto al Fuero de Vizcaya, ha de estimarse que la sociedad constituida por este matrimonio estaba sujeta, a falta de contrato sobre los bienes, al régimen legal de gananciales, conforme a lo determinado en al art. 1.315, siendo, por tanto, procedente su liquidación al disolverse por fallecimiento de uno de los cónyuges, 4

como se ha hecho en las operaciones particionales objeto del recurso;

Considerando respecto del segundo extremo de la nota, que, según la doctrina consignada por esta Dirección en las citadas Resoluciones, cuando las particiones practicadas por Comisario, en uso de la facultad que concede el art. 1.057 de dicho Código, no se contraen a la división del haber del testador, sino que se extienden a la liquidación de la sociedad de gananciales, si aquél era casado, debe intervenir también en este caso en las operaciones el cónyuge sobreviviente, y los menores hijos, que no pueden por este motivo ser representados en la partición por el padre o madre respectivos, han de estarlo por el defensor que al efecto ha de nombrárseles, siendo necesario además, en dicho caso, la aprobación judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 1.049 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por resultar así a contrario sensu de lo prevenido en el 1.060 del repetido Código;

Esta Dirección general ha acordado confirmar la providencia apelada y denegar además la declaración que solicita el recurrente, por la falta de intervención del cónyuge viudo en las operaciones particionales origen del recurso;

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V.I. a los efectos consiguientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 5 de octubre de 1906.– El Director general, Javier Gómez de la Serna.– Sr. Presidente de la Audiencia de Burgos.