STS de 31 de mayo de 1895

En la villa y corte de Madrid, a 31 de mayo de 1895, en el juicio declarativo de mayor cuantía seguido en el Juzgado de primera instancia del partido de Valmaseda y en la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos por el Ayuntamiento de San Salvador del Valle con D. Angel Hormaeche y Lastra, propietario y labrador, vecino del mismo Concejo, sobre reivindicación de mineral menudo depositado en los puertos de Ugarte; pleito pendiente ante Nos en recurso de casación interpuesto por el demandado, dirigido por el Licenciado D. José Alonso Colmenares y representado por el Procurador D. José María Cordón; habiéndolo estado el Ayuntamiento recurrido por el Licenciado D. Federico Martínez del Campo y el Procurador D. Daniel Doze:

Resultando que el Ayuntamiento de San Salvador del Valle inscribió en el Registro de la propiedad de Valmaseda, el 25 de febrero de 1868, la posesión, en que desde tiempo inmemorial estaba, de un terreno en la desembocadura de los ríos que bajan de los barrios de Ugarte y Causo, lindantes también con el camino carretil que baja igualmente de dichos barrios; terreno que, dividido en lotes o porciones y con el nombre de Puertos de Ugarte, había sido utilizado asimismo desde tiempo inmemorial por los mineros para depositar allí, hasta el embarque, el mineral de hierro arrancado de las minas; cobrando el mencionado Ayuntamiento, por medio de un dependiente suyo nombrado Rentero y a veces Juez de los puertos, una renta, canon o pensión anual por el uso o disfrute de cada cual de esos puertos o porciones de terreno:

Resultando que las diferentes manipulaciones de que era objeto el mineral de hierro desde su arranque de la mina hasta embarcarlo producían disgregaciones de pequeños fragmentos o residuos de aquél, llamados chirta o miñón, que con el polvo también desprendido iba depositándose gradual y paulatinamente en el terreno de los puertos, adhiriéndose e incorporándose al mismo hasta formar con él un todo:

Resultando que en sesión que el Ayuntamiento de San Salvador del Valle celebró el 13 de octubre de 1872, el Alcalde Presidente manifestó el mal estado en que se encontraban las dos canales de los puertos de Ugarte, a causa de que al cargar mineral de hierro lo dejaban caer en parte al agua; y teniendo en cuenta que el existente en dichas canales o ríos pertenecía a particulares que habían ocupado los puertos contiguos, se acordó por unanimidad que se anunciara al público en aquel Concejo y pueblos limítrofes, para que en el término de quince días levantara cada interesado el mineral que le correspondiera, y de no hacerlo, se verificara por cuenta del Ayuntamiento la indicada limpieza, toda vez que esta medida se adoptaba como medio de policía, a fin de que no se perjudicaran los intereses generales ni particulares:

Resultando que el expresado Ayuntamiento celebró en dicho año, así como en otros varios, diferentes sesiones, a que concurrieron vecinos, y en una efectuada el 16 de mayo de 1875, con asistencia de gran número de ellos, se comprometió D. Ángel

Hormaeche en entregar a la Depositaría municipal, en el término de quince días, la cantidad respectiva a la renta que pudieran producir los puertos de descargadero de mineral; en la inteligencia de que el de los individuos que después de ser avisados dos veces por Hormaeche y por el Rentero de puertos no efectuaran el pago, quedaría a beneficio del mismo Hormaeche, sin tener aquéllos derecho a reclamación alguna, pues en atención a las graves circunstancias porque atravesaba el país, era de suma necesidad el sacar algún dinero para solventar las cargas que pesaban sobre el Concejo; facilitándosele, en efecto, a Hormaeche el día 29 del mismo mes una lista en que figuraban 178 deudores por atrasos de las rentas de los años 1878, 1874 y 1875, cuyo total importe era de 3.747 reales, y entregando aquél en la Depositaría municipal en 31 del repetido mes la expresada cantidad, como procedente del compromiso contraído sobre las rentas de los puertos de Ugarte:

Resultando que el mencionado Ayuntamiento, en sesión de 20 de enero de 1880, presidida por el Teniente Alcalde D. Santiago de Loizaga, por ausencia del Alcalde, acordó autorizar a aquél para levantar el mineral desparramado que pudiera haber en los puertos de Ugarte y Galindo, mediante el pago al Municipio de 4 reales y medio por tonelada, que ofreció, mejorando postura de 4 reales antes hecha en el mismo acto por Don Ángel Hormaeche; autorizándose también a Loizaga para que, en representación del Ayuntamiento, denunciara o registrara dichos puertos, o solicitara y obtuviera de la Autoridad competente el derecho de explotar o levantar los indicados minerales; quedando facultado de igual modo para hacer cualquiera otra gestión respecto de los mismos; pero promovido expediente por el Alcalde, el Gobernador civil de la provincia declaró nulo el remate efectuado sin los requisitos legales en favor del Alcalde interino que presidió la sesión, y mandó que Loizaga reintegrara al Municipio el valor del mineral que había vendido, el cual resultó, de avalúo y liquidación, importaba 3.559 pesetas y 50 céntimos:

Resultando que en otras sesiones de 24 de abril y 22 de mayo de 1881 se acordó por el repetido Ayuntamiento presentar escritos de protesta contra dos denuncias hechas por particulares que solicitaban el mineral de los puertos, bien con la denominación de descuidada o como mina, y consignar que allí no existía sino polvo de miñón por los puertos del común; y en nueva sesión de 21 de noviembre del propio año se acordó decir a D. Juan Antonio de Zunzunegui que no levantara miñón en el puerto de Ugarte, o se dispondría contra él lo conducente a que se respetaran los derechos del Municipio:

Resultando que por siete documentos suscritos desde 26 de enero de 1884 a 12 de octubre de 1886, y otros ocho firmados desde dicha fecha, hasta enero de 1886, 21 individuos, entre ellos D. Santiago Loizaga y Don Martín Aguirre, por precio el que más de 240 reales y el que menos de 30, cedieron los derechos que tenían y les correspondían en los minerales y trabajos de los mismos que se hallaban depositados en los puertos de Ugarte a D. Angel Hormaeche, quien, luego de haberse afectado las siete primeras cesiones, empezó la explotación; mas como Doña Castora Andechaga, Registradora de la mina Ugarte, acudiese al Gobernador de la provincia solicitando que

ordenara a Hormaeche cesar en tal explotación, lo que se la denegó en 8 de octubre de 1884, y por ello recurrió en alzada al Ministerio de Fomento, expidió éste en 11 de junio de 1885 Real orden confirmando el decreto apelado por las consideraciones, entre otras, de que Hormaeche venía extrayendo desde hacía bastante tiempo, sin oposición, los minerales, habiendo acreditado que lo verificaba a virtud de cesión que en concepto de dueños de los mismos le hicieron el Ayuntamiento y varios vecinos de San Salvador del Valle, sin que la Doña Castora hubiese justificado que los minerales, ni los terrenos en que se encontraban, pertenecieran al Estado, y la posesión de Hormaeche durante el indicado tiempo no podía menos de estimarse como un título legítimo que le daba dere­cho a disponer de los minerales mientras no se presentara otro que acreditara corresponder su propiedad al Estado, y que, según los informes del Ingeniero Jefe, los precitados minerales no constituían un terreno metalífero propiamente dicho, sino que eran restos dejados por mineros anteriores, los cuales habían podido conservarlos en su dominio, o transmitirlos como otra propiedad cualquiera a quien tuvieran por conveniente, y esto último había sido lo hecho a favor de Hormaeche por el Ayuntamiento y vecinos de San Salvador del Valle:

Resultando que el Gobernador de Vizcaya, por denuncia de D. Julián de Olaso, vecino de San Salvador del Valle, en 9 de enero de 1886, de que el Ayuntamiento estaba sacando o consintiendo que se sacara mineral de los puertos de Ugarte, propiedad del Concejo, decretó en 16 del mismo mes la suspensión de la extracción y que informara el Ayuntamiento, el cual mandó cumplir esa orden y formó expediente para poder informar, acordándose luego, en Junta municipal de 23 del propio mes, acudir al Gobernador para que, a fin de atender con su producto a reparaciones y pago de deudas, autorizara al Concejo a subastar los repetidos minerales, que eran de su propiedad; y en 20 de mayo de dicho año, la misma Junta municipal, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Alcalde y con la asistencia del vecindario, acordó sacarlos a subasta en precio de 48.000 pesetas; remitiéndose, para su inserción en el Boletín oficial, el correspondiente anuncio, fechado en 23 del mismo mes, que el Gobernador acordó y ofició al siguiente día al Alcalde no haber lugar a publicar, por ser improcedente la subasta:

Resultando que en el informe que se le había pedido, el Ayuntamiento hizo referencia de los expedientes incoados con motivo de la subasta a favor de D. Santiago de Loizaga y de las pretensiones de Doña Castora de Andechaga, consignando además que por la ocupación del terreno le pagaban un canon los mineros depositantes, a quienes también se les imponía la obligación de que cuando sacaran el mineral para embarcarlo no se valieran de azadas ni de palas, sino de rastrillos, con el fin de que no pudieran llevarse más que lo grueso del mineral y dejaran allí lo menudo o chirta, que por la renuncia que de ello hacían los deponentes pertenecía al Concejo; a su vez Hormaeche pidió que se dejara sin efecto la providencia de 16 de enero, manifestando que en su escrito, que si el terreno conocido con el nombre de Puertos de Ugarte no había duda de que pertenecía el Ayuntamiento, no así los minerales que en él se depositaban, los cuales eran propiedad de particulares, y a la sazón suyos, por las 3

cesiones que le habían hecho los dueños, entre ellos el propio Alcalde D. Martín del Valle; y aun cuando así no fuese, no había podido ser contrariada ni rechazada en la forma administrativa la extracción que él hacía, por datar de más de año y día , según resultaba de la Real orden de 11 de junio de 1885; y el Gobernador, en 7 de septiembre del citado año de 1886, alzó la suspensión de los trabajos, autorizando a Hormaeche para seguir recogiendo dicho mineral, previa fianza, en atención a que tanto de la providencia de 8 de octubre de 1884 como de la Real orden de 11 de junio de 1885 se mandó copia a Hormaeche por conducto del Alcalde de San Salvador del Valle, sin que esta Autoridad hiciera observación alguna en contra de esas resoluciones, lo cual probaba evidentemente que ningún derecho podía ostentar el Concejo a los minerales en cuestión, y que Hormaeche estaba dispuesto a garantir al Ayuntamiento, obligándose a prestar fianza para reintegrar en su caso el valor del mineral:

Resutando que en 19 de octubre del mismo año 1886 el Gobernador declaró firme la anterior resolución, y considerando que por la Real orden de 11 de junio de 1885 se mantenía a Hormaeche en la posesión de los minerales de los Puertos de Ugarte, le eximió de prestar la fianza, reservando al Ayuntamiento el derecho de acudir a los Tribunales ordinarios para dirimir la cuestión que se ventilaba; y recurrido este acuerdo por el Ayuntamiento, se expidió por el Ministerio de Fomento, con fecha 11 de noviembre de 1889, Real orden revocándolo y confirmando el de 7 de septiembre, por considerar que la cuestión versaba sobre a cual de las partes correspondían los minerales de los Puertos de Ugarte, extremo que sólo podían decidir los Tribunales ordinarios; y que la Real orden de 11 de junio de 1885 no tenía aplicación al caso, por haber sido dictada a virtud de denuncia producida contra Hormaeche por la registradora de la mina Ugarte, que en tal concepto carecía de todo derecho a los existentes en el suelo, mientras que el Ayuntamiento discutía la propiedad de los mismos en calidad de dueño de la superficie, mandándose cumplir esta Real orden por otra de 4 de diciembre de 1890, a virtud de haberse declarado caducado por el Tribunal de lo Contencioso- administrativo el recurso que entabló el Ayuntamiento:

Resultando que Hormaeche prestó fianza de 33.000 pesetas; el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 21 de febrero de 1891, para evitar cuestiones y litigios, le ofreció el 50 por 100 del valor de los minerales, que un representante de aquél no aceptó, manifestando que lo único que podía dar era el importe de la renta no percibida durante varios años por el terreno en que estaban depositados los minerales; y en 27 del mismo mes, dos peritos nombrados por el Ayuntamiento apreciaron en 25.162 pesetas 50 céntimos, el mineral apilado, que calcularon ser 5.032 toneladas y en 69.052 pesetas y 50 céntimos la capa, de 30 centímetros de espesor, en una superficie de 8.600 metros cuadrados, que hacían 15.345 toneladas:

Resultando que el mencionado Ayuntamiento, que en 14 de diciembre de 1886 había obtenido de la Diputación de la provincia autorización para entablar un pleito en reivindicación del mineral depositado en los puertos de Ugarte, dedujo en 12 de mayo del precitado año 1891 demanda, pidiendo se declarase que dicho mineral era de su

exclusiva pertenencia, previa declaración también de nulidad, si fuera menester, de la venta o cesión que del expresado mineral, o de parte de él, hicieron algunos vecinos a Don Ángel Hormaeche; y para ello, con mérito de antecedentes, alegó: que como dueño del terreno de los puertos de Ugarte, el Ayuntamiento cobraba un canon a los mineros depositantes, y además les imponía la obligación de que al sacar el mineral para embarcarlo no se valieran de azadas ni de palas, sino de rastrillos, para que no pudieran llevarse más que la parte gruesa y quedara allí el mineral menudo o chirta, y de este modo elevar paulatinamente el suelo; que estos puertos quedaron como olvidados cuando se construyeron los ferrocarriles que actualmente estaban en explotación, y el Ayuntamiento trató de utilizar el mineral menudo o chirta que en ellos había quedado, vendiéndolo, a cuyo efecto, en 20 de enero de 1880 lo sacó a subasta, en la que D. Ángel Hormaeche ofreció una peseta por tonelada, postura que mejoró D. Santiago de Loizaga, quien, después de declarado nulo por el Gobernador de la provincia dicho remate, reconoció adeudar al Ayuntamiento 3.159 pesetas 50 céntimos, importe de la liquidación practicada del mineral que había extraído; que el Ayuntamiento no tuvo intervención alguna en el expediente incoado por Doña Castora Andechaga; que la resolución del Gobernador de 8 de octubre de 1884, confirmada por la Real orden de 11 de junio de 1886, estaba basada en un supuesto falso, pues la certificación que para acreditar su propiedad en los puertos presentó Hormaeche, sobre referirse únicamente al arriendo de aquéllos y al cobro de las rentas no percibidas hasta entonces, llevaba fecha de 16 de mayo de 1875, de donde se infería que si ese acuerdo del Ayuntamiento hubiese dado a Hormaeche algún derecho sobre el mineral, no se habría presentado como postor en la subasta, ofreciendo una peseta por tonelada de lo que decía ser suyo; que los documentos privados de cesión decían bien poco en favor de Hormaeche, cuando uno de los cedentes era el propio D. Santiago Loizaga, que siendo Presidente del remate en enero de 1880, ofreció una peseta y 25 céntimos por tonelada, mejorando en medio real la proposición de aquél; que como nadie da lo que no tiene, las cesiones hechas por algunos a Hormaeche no tenían más alcance ni comprendían, ni podían comprender, otro mineral que el grueso que todavía quedara en algún depósito; pero aun respecto de éste sucedió que, no habiendo pagado algunos el canon correspondiente, perdieron el derecho a levantarlo mientras no lo abonaran, y de aquí nació la autori­zación de cobranza que se dio a Hormaeche en la ocasión antes indicada; que, por tanto, la cuestión no podía ser más fácil de resolver, pues el mineral menudo que en los puertos existía era única exclusivamente del Concejo, por la renuncia voluntaria que a sacarlo de allí hacían los deponentes, al obligarse a no emplear en la extracción otra herramienta que el rastrillo, para que el nivel del suelo se fuera elevando poco a poco; y que en el escrito en que Hormaeche contestó a lo informado por el Alcalde en el expediente incoado por la denuncia de Olaso, mostró su conformidad a lo que aquél decía sobre someter el fondo del asunto a los Tribunales, manifestación que, unida al ofrecimiento de la fianza, fue causa de que informara en aquel sentido la Comisión provincial:

Resultando que D. Ángel Hormaeche impugnó la demanda, exponiendo también,

entre otras alegaciones, que era una pura fábula, inventada por D. Julián de Olaso, para fundar su denuncia de 9 de enero de 1886, el que la Corporación municipal impusiera a los mineros la obligación de no servirse de palas ni azadas, sino de rastrillos, al hacer el embarque del mineral, con objeto de que no llevaran más que la parte gruesa y dejaran la menuda o chirta para elevar el nivel del suelo; pues no se habían presentado documentos que acreditaran eso, ni cómo se había sabido tal convenio, efectuado hacía siglos, entre el pueblo y los primeros mineros depositantes, y por tanto, no era esa la razón de haber ido quedando en los puertos el mineral menudo, chirta o miñón en ellos existente, sino la de que los hornos de las antiguas ferrerías no admitían carga de mineral menudo, y los compradores no consentían embarcar más que el ganado; que en 1875, y en circunstancias bien apuradas para el Municipio, ofreció Hormaeche, y le fue aceptado entregar en término de quince días, las rentas de los puertos, con la condición de que si al repetir las de los mineros dejaba alguno de satisfacerlas, quedaría el puerto en beneficio suyo; y hecha por él la entrega de la cantidad, sus gestiones dieron por resultado que solamente algunos de los obligados satisficieran sus cuotas; que tomó parte en la subasta de 20 de enero de 1880, porque entendió que el mineral objeto de ella era el de los puertos que no habían quedado en beneficio suyo, por lo cual no había en ese acto el reconocimiento supuesto de contrario; que después llegó a dudar de la eficacia de aquel título de adquisición, en vista de su convencimiento de que la Corporación municipal carecía de todo derecho sobre los minerales de los puertos, y por eso practicó gestiones para suplir la deficiencia, y cuando por distintos títulos se creyó con derecho a los minerales existentes en dichos puertos de Ugarte, procedió a extraerlos, a mediados de 1884, sin oposición del Ayuntamiento; que en el decreto dictado por el Gobernador de la provincia en 8 de octubre del citado año, que confirmó la Real orden de 11 de junio del siguiente, se declaró podía continuar la extracción; que de ese decreto tuvo a su tiempo conocimiento el Alcalde de San Salvador del Valle, puesto que por su conducto se le notificó a Hormaeche, y sin embargo no formuló ninguna reclamación, siendo la vez primera que el Ayuntamiento le disputó sus derechos, cuando por ordenársele el Gobernador, informó en el expediente incoado a consecuencia de la denuncia de D. Julián de Olaso, pretendiendo ser dueño de los minerales por la renuncia de los depositantes a sacar lo menudo; que supuesta esa renuncia, el Ayuntamiento tendría los mismos derechos que en los puertos de Ugarte en los de Galindo, y en éstos se había extraído y se seguía extrayendo el mineral sin que Olaso ni Concejal alguno lo impidiera; que el Ayuntamiento mismo no tenía conciencia de los derechos que reclamaba, pues habiendo obtenido en 14 de diciembre de 1886 autorización para entablar el litigio, le había ofrecido en la sesión de 21 de febrero de 1881 por vía de transacción el 50 por 100 del valor de los minerales, y acordado al mismo tiempo que desde luego se emprendiera el pleito, para que de una vez quedaran ventilados los derechos que pudieran tener sobre dichos minerales; y que era natural que Hormaeche, que tenía a su favor, entre otros títulos, el acuerdo del mismo Ayuntamiento de 16 de mayo de 1876, la cesión que le habían hecho gran parte de los dueños de los puertos, y la posesión desde 1884, en que fue amparado por el decreto del Gobernador de 8 de octubre del mismo año y por la Real orden de 11 de junio de 1885, 6

no se adviniera a la pretensión del Ayuntamiento:

Resultando que éste, entre lo adicionado al replicar, sostuvo: que el acuerdo de 16 de mayo de 1875 fue nulo, y aun siendo válido habría sido el que de que se desposeyera a los mineros que no pagaran y se arrendaran sus puertos a Hormaeche; pero como éste, al entregar en la Depositaría municipal los 3.437 reales, no expresó de quién había cobrado y de quién no, era imposible determinar con qué puertos se quedaba, y el mismo Hormaeche decía que, al tomar parte en la subasta de 20 de enero de 1880, entendió ser el mineral que se subastaba el de los puertos que no habían quedado a beneficio suyo; que los puertos de Ugarte los tenían 223 personas, habiéndolos abandonado por más de diez años, pudiendo suceder que algunos de los que depositaron mineral no hubiese levantado toda la parte gruesa de él, y ser ésta y no la chirta lo cedido a Hormaeche en los documentos suscritos en 1884 y 1885; que el descuidar el Ayuntamiento la reclamación en ese último citado año no tenía nada de particular, atendidas las circunstancias azarosas porque entonces pasó; que si bien obtuvo en 1887 la autorización para entablar el pleito, no hubo demora en no hacerlo hasta que fue resuelta la alzada interpuesta contra la resolución del Gobernador, que revelaba a Hormaeche de la obligación de afianzar; y que la posesión desde 1884, en que fue amparado por la Real orden de 11 de junio de 1885, era el único título que el demandado presentaba, y contra ese título, Reales órdenes posteriores habían reservado al Ayuntamiento el derecho de acudir a los Tribunales ordinarios:

Resultando que al duplicar Hormaeche, adicionó a su vez que los mineros no habían perdido por prescripción su derecho al mineral, porque no habían dejado de poner, y aun en caso contrario, no había pasado a ser propiedad del Ayuntamiento; que éste percibió la cantidad por él entregada en virtud del acuerdo de 16 de mayo de 1875, y aceptó, por tanto, puertos de Ugarte, y de consiguiente por adquirirlos en arriendo no había de obligarse Hormaeche a satisfacer las rentas que adeudaban sus dueños, sino por el mineral en ellos existente; que antes de la denuncia de Doña Castora de Andechaga ya extraía el repetido Hormaeche mineral; y si no se suspendió hasta después de la denuncia de Olaso, en 9 de enero de 1885, fue porque nadie trató de apoderarse de dicho mineral; y que el primero y único acto de posesión del Ayuntamiento sobre esos minerales fue la subasta de 20 de enero de 1880, y Hormaeche estaba en posesión de ellos desde 1884, en que empezó los trabajos de extracción que motivaron la oposición de Doña Castora de Andechaga y la denuncia de Don Julián Olaso:

Resultando que durante el período de prueba entre las dos de diferentes clases practicadas por una y otra parte, un ingeniero de Minas informó existían 24.584 kilogramos de mineral grueso y 1.204.665 de medio o chirta, habiéndose extraído, por tanto, desde 27 de febrero de 1891, 3.868.250 kilogramos; y confirmado el pleito por los demás trámites de ley en dos instancias, la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos dictó el 11 de diciembre de 1893 sentencia confirmatoria, declarando que el mineral menudo llamado chirta o miñón, depositado en los puertos de Ugarte, era el de la exclusiva propiedad del Ayuntamiento de San Salvador del Valle, y que no había

lugar a declarar la nulidad de la venta que de dicho mineral o parte de él hicieron algunos vecinos al demandado Hormaeche, con imposición a éste de las costas de la alzada, y sin especial condena de las de primera instancia:

Resultando que, con el depósito de 1.000 pesetas, ha interpuesto Don Ángel Hormaeche y Lastra recurso de casación, citando en su apoyo los números 1.°, 4.° y 7.° del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y consignando, juntamente con otros dos motivos que no le fueron admitidos, los siguientes:

Primero, segundo del escrito. Infracción de la jurisprudencia, constante de este Tribunal Supremo, que determina cómo deben apreciarse las condiciones y requisitos exigidos por la ley para que se produzca la prescripción del dominio; siendo de citar, entre otras, la sentencia de 9 de mayo de 1877, que establece "que el justo título no se refiere a la mera posesión, sino al derecho en virtud del cual se solicita y obtiene"; la de 16 de octubre de 1858, que declara "que la buena fe es tan necesaria, que se considera requisito indispensable aun en las prescripciones por tiempo inmemorial"; añadiendo la de 9 de mayo de 1863 "que no puede contarse el que se poseyó sin aquella circunstancia", y las de 16 de abril de 1859, 15 de abril de 1860, 12 de diciembre de 1861, 17 de septiembre de 1864 y 26 de junio de 1868, las cuales establecen "que la posesión ha de ser continua, pacífica, pública, no equívoca, conforme dispone la ley 9.^a, tít. 29, Partida 3.^a, y a título de propietario, porque no pueden prescribir las cosas que se poseen a nombre de otro"; sentencias que como, las demás relacionadas, con el transcurso del tiempo y la prescriptibilidad de la cosa, habían sido infringidas al recono­cer la sentencia recurrida la propiedad de los minerales de los puertos de Ugarte en favor del Ayuntamiento de San Salvador del Valle por prescripción del dominio, no concurriendo las condiciones y requisitos exigidos por la ley y apreciados por la jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo:

Segundo, tercero del escrito. Contener la sentencia recurrida disposiciones evidentemente contradictorias, al estimar la exclusiva propiedad, por prescripción, del Ayuntamiento de San Salvador del Valle sobre los minerales de los puertos de Ugarte, declarando al propio tiempo no haber lugar a resolver la nulidad de la venta de dicho mineral, o de parte de él, que algunos vecinos hicieron al recurrente; traduciéndose la contradicción en el hecho tangible de que, si por prescripción adquirió el Ayuntamiento de San Salvador del Valle el dominio exclusivo de los minerales de los puertos de Ugarte, no existía razón legal para que se exceptuara de ese dominio el de los que vendieron los vecinos a Hormaeche, pues éstos reconocían el mismo origen y condiciones que aquéllos; condiciones y origen que destruían por sí solos, si se estimaban, como no podía menos, todo el concepto legal de la prescripción que se proclamaba, la cual, a su vez, quedaría contradicha y destruida por la validez de los contratos hechos en favor del recurrente, resultando, corno consecuencia de esta demos­tración, la infracción legal que envolvería la contradicción; pues si se estimaba la prescripción en favor del Ayuntamiento, se infringirían las leyes y disposiciones que la regulaban, con relación a los contratos que se dejaban subsistentes; y si, como lo hacía

la sentencia recurrida, se apreciaban estos contratos se infringían las disposiciones antes invocadas con relación a la prescripción del dominio que se concedía al Ayuntamiento, por no poderse olvidar que el mineral depositado en los puertos de Ugarte era todo del mismo origen, clase y condiciones, sin que con relación a estos conceptos se hubiese sostenido en el pleito diferencia de ninguna clase:

Tercero, quinto del escrito. Infracción de la ley 28, tít. 2.°, Partida 3.a, confirmada expresamente por las sentencias de este Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1867 y 3 de mayo de 1869, que establecen claramente incumbir la prueba del dominio, o título cierto o posesión inmemorial, exclusivamente al demandante, y de no efectuarla, se ha de absolver al demandado, aunque tenga la cosa sin derecho, porque esa prueba, requerida por la ley, no la había practicado el Ayuntamiento demandante, que no había acreditado en manera alguna título de dominio ni de cuasidominio, ni la posesión inmemorial de los minerales que trataba de reivindicar, y sin embargo, la sentencia recurrida las declaraba de la exclusiva propiedad de dicho Ayuntamiento; y

Cuarto, sexto del escrito. Haber infringido igualmente la ley 2.^a, título 12 del Fuero de Vizcaya, y el art. 447 del Código civil, por cuanto Don Ángel Hormaeche había poseído y venía poseyendo con justo título y buena fe, por más tiempo del señalado en el primer de tales preceptos, los minerales de los puertos de Ugarte, sobre los cuales había ejercido, por disposiciones administrativas, verdaderos actos de dominio durante casi veinte años, y tenía un derecho evidente a ser mantenido en la posesión de los mismos, conforme a lo prescrito por derecho supletorio en el segundo de los preceptos citados, y no obstante ello, la sentencia recurrida, desconociendo tales fundamentos legales, estimaba la acción ejercitada de contrario, y declaraba de la exclusiva propiedad del Ayuntamiento de San Salvador del Valle los minerales aludidos.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Joaquín González de la Peña:

Considerando que la infracción de las doctrinas relativas a la prescripción del dominio alegadas en el primer motivo del recurso, se funda en el supuesto de faltar los requisitos necesarios para que el Ayuntamiento de San Salvador del Valle ganara por tal medio la propiedad de los minerales reivindicados con su demanda, cuya hipótesis hace ineficaz e improcedente el recurso, porque la Sala sentenciadora estima lo contrario, por reputar probados los hechos constitutivos de tales requisitos, y porque esta apreciación de prueba es, no sólo firme, sino incontrovertible, dado que contra ella no se ha recurrido en debida forma:

Considerando que tampoco se ha infringido la doctrina que consagra la obligación en que está el demandante de probar su acción, ni las leyes relativas a la posesión y a sus efectos que se invocan en los motivos tercero y cuarto, pues conforme a dicha doctrina y a esas mismas leyes, combinadas con las que garantizan la propiedad, cesan los efectos de la posesión cuando, como ocurre en este pleito, el verdadero dueño de la cosa poseída por un tercero ejercita la acción reivindicatoria y prueba su dominio:

Considerando, finalmente, que en el fallo recurrido no existe la contradicción que se le atribuye en el segundo motivo del recurso, porque la declaración de dominio hecha en favor del Ayuntamiento es compatible con la absolución de la parte de su demanda, en que pidió, para el caso de ser necesaria, la nulidad de los contratos de cesión celebrados por el recurrente con terceras personas, compatibilidad que está evidenciada, teniendo en cuenta que tales contratos no obligaban ni obligan al Ayuntamiento, y que se refieren a un objeto distinto de la cosa reivindicada:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos, no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Ángel Hormaeche y Lastra, a quien condenamos en las costas y a la pérdida del depósito constituido, a cuyo importe se dará la aplicación que previene la ley; y líbrese a la Audiencia de Burgos la oportuna certificación, devolviéndola el apuntamiento que remitió.– (Sentencia publicada el 31 de mayo de 1895, e inserta en la Gaceta de 10 de septiembre del mismo año.)