STS de 27 de octubre de 1864

En la villa y corte de Madrid, a 27 de octubre de 1864 en los autos pendientes ante Nos por recurso de casación seguidos en el Juzgado de primera instancia de Bilbao y en la Sala tercera de la Real Audiencia de Burgos por D. Miguel Azcuenaga, y por su fallecimiento por su viuda Bárbara Galiano, por sí y como curadora de sus hijos menores, con la Diputación general del Señorío de Vizcaya, sobre indemnización de daños y perjuicios.

Resultando que rematado el portazgo de Miravalles en el camino de Bilbao a Pancorbo, por el año 1812, a favor de D. José Antonio de Uría, que dio por fiadores mancomunados e in solidum a D. Domingo de Zavala y D. Miguel de Azcuenaga, se procedió ejecutivamente por falta de pago contra los bienes de éstos, adjudicándose la casería de Mesmeruchueta, propia de Azcuenaga, a varios acreedores del mismo, que se presentaron, y en tercer lugar a la Diputación general de la provincia, dueña del camino:

Resultando que entablada demanda por Azcuenaga en 28 de junio de 1855 para que se declarase que la Diputación le había demandado sin derecho desde que para reintegrarse del débito del rematante Uría le había retenido la cantidad de 60,000 rs. del crédito de 275,000 rs. que le había reconocido por suministros hechos en la guerra civil, y que era por lo tanto responsable de todos los daños y perjuicios y costas que se le hubiesen ocasionado desde entonces, dictó sentencia el Juez de primera instancia declarando que aquella debía considerarse excluida del número de los acreedores de Azcuenaga desde 21 de febrero de 1852, y de cuenta de la misma las costas originadas desde dicha fecha, reservando a Azcuenaga el derecho de que se creyera asistido contra la Diputación sobre los daños y perjuicios experimentados con motivo de este procedimiento, para que si viese convenir usase de él en juicio separado:

Resultando que apelada esta sentencia por la Diputación, durante la sustanciación de la segunda instancia se otorgó escritura en 7 de mayo de 1857 en la ante-iglesia de Abando ante el Escribano Real de S. M. D. José María de Vildósola, por no residir en ella numerario alguno, por el Síndico Procurador general del Señorío, por Doña Josefa Antonia de Olano, como tutora y curadora de sus hijos menores y de su difunto marido D. José Antonio de Uría y por D. Miguel de Azcuenaga, por la que haciendo mérito del citado pleito que se hallaba pendiente de apelación interpuesta por el primero, le dieron por terminado y concluido, dándose el Señorío por satisfecho con 60,000 rs. que habían quedado por vía de garantía en la Contaduría general, y cuyo valor reducido a metálico cubriría poco más de la mitad de la deuda, como lo reconocía la representación del deudor principal y su fiador Azcuenaga, así como que en ningún tiempo habían valido más, haciéndoles gracia del déficit en consideración a la lamentable situación en que respectivamente se encontraban y renunciando todo derecho a ulterior reclamación por causa del citado remate; apartándose la representación de Uría y su fiador Azcuenaga, en atención al desprendimiento con que el Síndico se conducía de todo derecho a 1

reclamación bajo cualquier concepto contra el Señorío y su Diputación general, quedando en su consecuencia sin efecto alguno, respecto a ellos, la indicada sentencia definitiva, y terminadas completamente, con solo lo consignado en esta escritura, las cuestiones y pretensiones deducidas en los autos que la habían motivado:

Resultando que continuado sin embargo el citado juicio, y confirmada con las costas la sentencia del Juez de primera instancia, por las que en 9 de julio de 1858 y 31 de mayo de 1850 dictó en vista y revista la Audiencia de Burgos, entabló demanda en 4 de enero de 1860 D. Miguel de Azcuenaga, en la que haciendo uso de la reserva contenida en la ejecutoria, y fundado en que la Diputación estaba obligada a indemnizarle de todos los daños y perjuicios que se le habían irrogado por consecuencia de un procedimiento vicioso o ilegal, pidió se declarase que estaba obligada a indemnizarle los citados daños y perjuicios, que aunque graduaba en 6,000 duros, sometía a regulación pericial en vista de los datos y pruebas que se suministrasen:

Resultando que la Diputación, fundada en la escritura antes referida y alegando como fundamento de derecho que la transacción concluye los pleitos, quedando reducidos los derechos consignados en las ejecutorias a los que se establezcan en ella, y que el que procedía contra la misma era responsable de las costas, daños y perjuicios que ocasionase, solicitó se le absolviese de la demanda, declarando válida y firme la citada escritura, con devolución a la Diputación de cuanto se había pagado por causa de Azcuenaga desde el momento de la transacción, así como las costas, daños y perjuicios.

Resultando que el demandante impugnó, al replicar la escritura de transacción, por estar otorgada ante un Escribano Real en una ante-iglesia, en la cual podían autorizar escrituras y contratos los Escribanos del número de Bilbao y porque aunque concediéndola valor no podía tenerlo en la actual cuestión, puesto que a pesar de haber sido presentada en el pleito anterior, no había producido efecto alguno:

Resultando que absuelta la Diputación de la demanda por la sentencia del Juez de primera instancia, que confirmó la Sala tercera de la Real Audiencia de Burgos en 4 de octubre de 1862, interpuso Doña Bárbara Galiano, viuda de Azcuenaga, por sí y como curadora de sus hijos menores, recurso de casación, citando como infringidas:

1 .° La ley 1.^a, tít. 6.° del Fuero de Vizcaya, según la cual no pueden los Escribanos numerarios otorgar instrumentos públicos de las Merindades:

2 .° La ley 7.^a, tít. 23, libro 10 de la Novísima Recopilación, que prescribe los derechos de los Escribanos numerarios y los que corresponden a los simple-mentes reales:

3 .° Y por último, la regla 32, tít. 31, Partida 7.^a, y las leyes 13 y 19, título 22, Partida 3.^a, en las que se determina el valor de los juicios fenecidos, y como consecuencia necesaria el respeto y la consideración de las ejecutorias.

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Tomás Huet y Atllier:

Considerando que la ley I.ª, tít. 6.° del Fuero de Vizcaya, al prescribir que se guarden los números de los Escribanos de las Merindades en todo y por todo y que las escrituras que por ante otros Escribanos no numerarios pasaren no hagan fe ni prueba alguna, ha de entenderse y aplicarse según el tenor y espíritu de la ley del Ordenamiento de estos Reinos a que el mismo fuero se refiere, que es la 7.", tít. 23, libro 10 de la Novísima Recopilación:

Considerando que según esta ley, en los pueblos donde hubiere Escribanos públicos del número, ante ellos deben otorgarse los contratos, obligaciones y testamentos, y si ante otros pasaren, tales escrituras carecen de fuerza y validez; pero donde no los haya numerarios, es hábil para el otorgamiento cualquiera otro Escribano público de honradez y suficiencia:

Considerando que al declararse válida por la ejecutoria la escritura de transacción de 7 de mayo de 1857, autorizada en la ante-iglesia de Abando por un Escribano Real, sin que se hallase en dicha población ningún otro numerario, no se han infringido las dos leyes que en primer término se invocan en apoyo del recurso:

Considerando que las reservas de derecho para reclamar daños y perjuicios consignados en una ejecutoria, si bien autorizan a aquel a cuyo favor se hacen para demandarlos, tal demanda no puede prosperar si no ha probado que se los hubiese ocasionado el demandado, ni aún en esta hipótesis, si los ha válida y legalmente renunciado:

Considerando que habiéndose estimado por la ejecutoria, al absolver al demandado, que no había méritos para la reparación pretendida en virtud de la reserva de derechos de la de 31 de mayo de 1859, ni aun en tal supuesto, por haber desistido el demandante en la escritura de transacción de 1857 de toda gestión a reclamarlos, no se han tampoco infringido las leyes 32, tít. 84, Partida 7.^a, y 13 y 19, tít. 22 de la 3.^a, que a propósito del respeto y consideración que se merecen las ejecutorias se citan para motivar el recurso:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al interpuesto por Doña Bárbara Galiano en la representación indicada, y la condenamos a la pérdida de la cantidad por que prestó caución, que pagará si viniese a mejor fortuna, y en las costas, devolviéndose los autos a la Audiencia de donde proceden con la certificación correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Juan Martín Carramolino.– Miguel de Nájera Mencos.– Manuel Ortiz de Zúñiga.– Joaquín de Palma y Vinuesa.– Pablo Jiménez de Palacio.– Laureano Rojo de Norzagaray.– Tomás Huet.

Publicación.– Leída y publicada fue la precedente sentencia por el Ilustrísimo Sr. D. Tomás Huet, Ministro de la Sala primera, Sección segunda del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico.

Madrid, 27 de octubre de 1864.– Juan de Dios Rubio.– (Gaceta de 30 de octubre de 1864.)