Resolución de la DGRN de 17 de marzo de 1986

Por acta autorizada por el Notario de Bilbao don Víctor I. Z. el día 14 de septiembre de 1983, número 1.214 de su protocolo, se procedió a protocolizar certificación de un acta de la Junta universal de la Entidad mercantil "Lázaro Ituarte, Sociedad Anónima", en la que constan los siguientes acuerdos: Separación del Consejero y Presidente del Consejo de Administración don José Ignacio A.B.; revocación de todos los poderes, atribuciones y facultades conferidas por la Compañía, sin excepción alguna; separación de su cargo de otros Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo de Administración; que mediante acta autorizada por el mismo Notario y el mismo día, número 2.215, se protocolizó certificación de un acta de acuerdos del nuevo Consejo, se nombraron Consejeros-Delegados y se otorgaron nuevos poderes;

Dichas actas fueros presentadas en el Registro Mercantil de Vitoria el día 16 de septiembre de 1983, posteriormente, don José Ignacio A.B. aportó escritura autorizada por el Notario de Bilbao don José María A.A. el día 30 de julio de 1980, por la que se practicó la partición de la herencia de doña Ana María G.I., en la que se adjudicaban 2.900 acciones de la expresada Sociedad, 20 legadas en pleno dominio a una de las hijas y 2.880 en proindiviso a los seis hermanos I.G., únicos socios de la citada Compañía, quedando sujeta la adjudicación a las limitaciones que se derivan del testamento de la causante;

El referido testamento, otorgado ante el Notario de Bermeo don Juan María L. el día 10 de abril de 1980, que se transcribe en la escritura de partición de herencia antes citada, contiene, entre otras, las siguientes cláusulas: "Séptima: Instituye herederos por partes iguales a sus seis hijos, doña Corona, don Lázaro, doña Ana, doña Belén, don Ignacio y doña María del Carmen I.G " "Octava: Con la mira puesta en el interés de la familia ... y la propia composición del patrimonio familiar, la testadora en uso de las plenas facultades que le confiere su foralidad ayalesa, impone a sus herederos las siguientes limitaciones: ...B) Todos los bienes heredados y los que a ellos se equiparan ... durante el plazo que posteriormente se dirá, quedarán sujetos en cuanto a su administración y disposición al acuerdo que adopten don , don y don Ignacio A.B.

en la forma que luego se amplia. En su calidad de administradores podrán realizar respecto de dichos bienes, siempre en interés y beneficio exclusivo de los herederos, toda clase de actos de administración, enajenación a titulo oneroso y gravamen. Ningún acto de tal naturaleza podrá realizarse por los herederos, durante el plazo que luego se dirá, si no es por medio de la decisión de las personas a las que esta función se les encomienda. E) Para el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre los indicados bienes, la testadora designa a las personas siguientes: A don , a don,

y su yerno don Ignacio A.B.….. Como normas básicas de actuación de las personas nombradas, señala la testadora las siguientes……. E-2) Para el ejercicio del derecho de voto en las Sociedades de las que se participe, en especial en relación con las acciones

de la Sociedad "Lázaro Ituarte, Sociedad Anónima", designarán a una de las personas que ejerzan las facultades de administración y disposición en este acto conferidos en los casos en que legal o estatutariamente fuere precisa dicha actuación individual. Respecto a las acciones de esta última Sociedad, incluso aunque cesen en su función, por cualquier causa, todos los administradores previstos, mientras las acciones permanezcan proindiviso, a tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas, la representación frente a la Sociedad, la ejercitará la hija mayor doña Corona I.G.F.) Las limitaciones que en este acto se imponen a los herederos subsistirán, para todos ellos, en cuanto a las acciones de "Lázaro Ituarte, Sociedad Anónima", hasta que alcancen la edad de treinta y cinco años el más joven de los hijos de testadora... Novena: La testadora prohíbe toda intervención judicial en su herencia;

Dichas actas fueron calificadas con nota del tenor literal siguiente:"Acta número 1.214. Con vista de la escritura autorizada por el Notario de Bilbao don José María A.A., el día 30 de julio de 1980, por el que se practicó la partición de herencia de doña Ana María G.I., que se aporta en el día de hoy, y en la que se inserta literalmente las cláusulas de su testamento otorgado ante el Notario de Bermeo don Juan María L., el día 10 de abril de 1980, y especialmente la cláusula 8.a, párrafo E-2) del mismo, sobre ejercicio del derecho a voto, se deniega la inscripción del documento por carecer de derecho a voto respecto a 2.980 acciones de las 3.000 acciones que representan al capital social, por la que no se cumple lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Sociedades Anónimas. El defecto se considera insubsanable. Con esta calificación están conformes mis cotitulares". Acta número 1.215, asiento 450, "Suspendida la inscripción del precedente documento por el defecto de previa inscripción";

Resultando que doña Belén y doña Corona I.G., en nombre y representación de "Lázaro Ituarte, Sociedad Anónima" y don Elías M.R., en nombre y representación de los seis hermanos I.G., interpusieron recurso de reforma y subsidiariamente recurso gubernativo contra la anterior calificación.

El Registrador Mercantil dictó acuerdo en el que mantenía en todos los extremos la nota de calificación del primer documento.

La representación de la Sociedad "Lázaro Ituarte" y de D. José A.B., en el que se solicita la suspensión de la resolución del recurso gubernativo en base del art. 114 de la L.E. Crim. por haber interpuesto querella los Hermanos I., contra el mencionado D. José A.B., estando pendiente de recurso el auto desestimatorio de aquélla.

La Dirección General acordó confirmar el acuerdo y la nota del Registrador.

Considerando que cuestión previa a dilucidar es la de si habrá de quedar en suspenso la resolución de este expediente hasta tanto recaiga sentencia firme en la causa criminal seguida como consecuencia de la querella interpuesta, es decir, si cabe aplicar el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y entender englobado el recurso gubernativo dentro del término "pleito" a que se refiere dicho artículo, a lo que habrá

que responder negativamente dado que la exégesis de dicho artículo a través de una interpretación: a) gramatical, porque pleito entraña contienda entre partes; b) lógica, porque debe entenderse el precepto como mandato dirigido a los demás órganos jurisdiccionales, y c) finalista, porque la ratio legis es impedir que se produzcan fallos contradictorios, aboga por esta solución negativa, y es que en efecto la naturaleza del recurso gubernativo no es la de un pleito, ni el Registrador puede ser parte, no se resuelve además por un órgano jurisdiccional y no tiene más alcance que el declarar o no inscribible un documento, y en este sentido son claros los artículos 66 de la Ley Hipotecaria (R.1046, 342, 886, y N. Dicc. 18732) y 132 de su Reglamento (R. 1947, 476, 642 y N. Dicc. 18733 tabla distribución de artículos) al dejar a salvo las acciones de los interesados para contender entre sí;

Considerando que no hay obstáculo para que el Registrador tenga en cuenta en la calificación no sólo los documentos inicialmente presentados sino también los auténticos relacionados con éstos y presentados después, aunque no sea por la misma persona y háyanse o no reseñado los mismos en el asiento de presentación del título correspondiente (cfr. artículo 421-II del Reglamento Hipotecario);

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Sociedades Anónimas (R. 1951, 811, 945, y N. Dicc. 28531) cuando una acción pertenece a una pluralidad de personas, el principio de indivisibilidad de las acciones impone, con carácter rígido, que no quepa que cada uno de los comuneros ejercite, por su cuota, los derechos de socio y, en concreto, el derecho de votar en las Juntas generales; en consecuencia se establece que habrá de designarse una sola persona para que ejercite tales derechos sociales y esta designación queda sujeta a las reglas de la comunidad respectiva, sin que haya razón para entender que la Ley de Sociedades Anónimas se interfiere, a estos efectos, en el régimen interno de tal comunidad, pues normalmente serán los copropietarios los que, conforme al régimen de la copropiedad, harán la designación de la persona que ha de ejercitar los derechos sociales; pero las reglas ordinarias de la copropiedad sobre designación de la persona deben dejar paso, tratándose de otros tipos de comunidad, a sus disposiciones especiales;

Considerando que en la escritura de partición, de la que resulta la adjudicación de 2.880 acciones "por sextas e iguales partes en proindivisión", aparecen también las especiales reglas de esta comunidad establecidas por la testadora, sometida al fuero de Ayala (y, por tanto sin sujeción a las prescripciones del artículo 813 del Código Civil): a) Los hijos y herederos, cotitulares de las acciones, no son todavía copropietarios plenos; la adquisición de cada uno está sujeta a una sustitución fideicomisaria condicional, en favor de los demás o de los nietos, para el supuesto de que no admitiese voluntariamente las limitaciones y disposiciones del testamento; b), la proindivisión y las limitaciones durarán necesariamente hasta que el más joven de los hijos de la testadora alcance treinta y cinco años; c), la administración y disposición queda expresamente substraída a los hijos y el propio testamento impone un peculiar régimen de administración colectiva, una única persona "para el ejercicio del derecho de voto"

"en los casos en que legal o estatutariamente fuera precisa dicha actuación individual", y se prevé incluso el cotitular que ejercitará los derechos sociales correspondientes a las acciones en el caso de que cese la administración por terceros y en tanto dure todavía la indivisión; e), los bienes hereditarios indivisos siguen especialmente afectados al pago de ciertos legados establecidos en favor de algunos de los hijos;

Considerando que del cotejo de la certificación del acta de la Junta con la escritura de partición y adjudicación de las acciones resulta que la persona que aparece ejercitando el derecho de voto por los cotitulares de las acciones que se encuentran en situación de indivisión no ha sido designada del modo previsto por la testadora, a pesar de que sus disposiciones, por tratarse de una indivisión hereditaria impuesta por ella – cfr. artículo 1.051 del Código Civil y 62 de la Compilación de Vizcaya y Álava (R. 1959, 1052 y N. Dicc. 30747)–, priman sobre las reglas ordinarias de la copropiedad por lo que en consecuencia, no se ha constituido válidamente la pretendida Junta universal;

Considerando que el nombramiento de administrador de los bienes en división hereditaria, está conferido por la testadora no para el propio interés de los nombrados sino para servir el interés de la familia; no hay, tampoco, por eso, desdoblamiento del derecho de voto y la acción, son simple legitimación para el ejercicio de derechos ajenos, pues los administradores han de actuar en nombre y en interés de los cotitulares de las acciones, pero, no obstante, el nombramiento no puede ser revocado por los herederos fiduciarios porque no proviene de su voluntad sino que, por el contrario, les viene impuesto por la testadora, y lo que sí cabría es la remoción (cfr. artículo 910 del Código Civil) cuando los administradores dieren, con su conducta, causa para ello, pero si tal es el caso, ello supone una cuestión que exige pronunciamientos previos en esfera distinta de la calificación registral.