STSJPV de 31 de octubre de 1990

En Bilbao, a treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia que con fecha 9 de Marzo de 1.990, dictó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, como consecuencia de autos de juicio ordinario de Menor Cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao, sobre nulidad de contrato de donación, cuyo recurso fue interpuesto por D. Juan, D. Isidro, D.ª Anastasia, D.ª Eusebia y D. Domingo, representados por el Procurador D. José María Arana Vidarte y asistidos del Letrado D. José Ignacio Caballero Lecumberri y como recurridos, personados, D.ª María Concepción, D. José Ramón y D.ª Milagros, representados por la Procuradora D.ª Amaya Laura Martínez Sánchez y asistidos por el Letrado D. Jorge Caramés Puentes.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. – Por el Procurador Sr. Arana Vidarte en nombre de D. Juan, D. Isidro, D.ª Anastasia, D.ª Eusebia y D. Domingo se dedujo demanda de menor cuantía sobre nulidad de contrato de donación en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes en su escrito inicial y terminó suplicando se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1. Se declare que, por ser contrario a las disposiciones legales aplicables, es nulo el contrato de donación intentado por los demandados D.ª Concepción y D. José Ramón en la escritura cuya copia se ha acompañado a la presente demanda como documento número 5, con todas las consecuencias que de dicha nulidad resultan, incluso las de nulidad de las inscripciones registrales que pudieran haberse conseguido en base a tal escritura pública que deberán ser canceladas. 2. Condenando a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y cuando de las mismas se deduzcan y condenándoles también al pago de las costas del juicio.

Segundo. – La Procuradora D.ª Amaya Laura Martínez Sánchez en nombre de D.ª María Concepción, D. José Ramón y D.ª Milagros contestó a la demanda deducida de contrario, oponiéndose a la misma e invocando los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictase sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda planteada, con imposición de las costas a los actores.

Tercero. – Que convocadas las partes a la comparecencia prevenida en el Art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acordó recibir el pleito a prueba, previniéndose a las partes para que en el término de ocho días propusieron la que estimaran conveniente.

Cuarto. – Practicada la prueba declarada pertinente y unida a sus autos, el Magistrado Juez del Juzgado de primera Instancia número 4 de los de Bilbao, dictó 1

sentencia con fecha 5 de Diciembre de 1987, estimando la demanda formulada por los demandantes, declarando la nulidad de la donación causada en uso de un poder testatorio por D.ª Concepción referente a los bienes troncales que se describen en la demanda a favor del demandado D. José Ramón escriturada en la señalada con el número 5 de la demanda. Cancelando las inscripciones registrales que hubiesen causado en el Registro de la Propiedad correspondiente, condenándoles a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las consecuencias que se deriven de tal declaración, así como a las costas de este procedimiento.

Quinto. – Apelada la anterior resolución por la representación de la parte demandada, y sustanciada la alzada con arreglo a Derecho, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dictó sentencia con fecha 9 de Marzo de 1990, revocando la del Juzgado y absolviendo a los demandados de los pedimentos de los demandantes a quienes se les deberán imponer las costas de la instancia.

Sexto. – Por el Procurador D. José María Arana Vidarte en nombre y representación de D. Juan, D. Isidro, D.ª Anastasia, D.ª Eusebia y D. Domingo, se ha interpuesto contra la anterior sentencia, recurso de casación, al amparo del siguiente motivo.

Primero y único.– Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 24 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava; entiende el recurrente, que lo que en este artículo se establece es el carácter de heredero forzoso del colateral tronquero de la línea de que procedan los bienes troncales más próximo en grado al causante, de modo que éste y por lo tanto su comisaria foral, no pueden disponer de la herencia y desde luego nunca de los bienes troncales, en favor de colaterales más lejanos en grado de parentesco, mientras existan otros más cercanos en grado.

Séptimo. – Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló día para la Vista que ha tenido lugar el día 19 de Octubre de 1990.

Ha sido Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Wenceslao Díez Argal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. – Como único motivo de la casación planteada, se alega por el recurrente, en base al número 5 del Artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del párrafo 2 del Artículo 24 de la vigente Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava de 30 de Julio de 1959, que establece que "si en alguna de ambas líneas no hubiere ascendientes tronqueros, heredarán los bienes troncales los colaterales tronqueros de ella por orden de proximidad de grado". Obviando el análisis sobre la posibilidad que concede el Artículo 11 de la Compilación de designar sucesor en bienes, sean o no troncales, mediante donación y a través de Comisario, Artículo 15

de la misma Compilación, supuesto, que ninguna de las partes discute y en la que aparecen absolutamente conformes, el único problema planteado en ambas instancias y en este recurso, se ha centrado en responder a una sola cuestión, ésta es,, si en este específico Derecho Foral, puede ser declarado heredero forzoso un sobrino del causante viviendo el padre y los hermanos de este último tíos del constituí-do heredero. La resolución dictada en primera instancia lo negaba, interpretando literal y restrictivamente el contenido del párrafo 2 del citado Artículo 24. La dictada en grado de apelación, ahora recurrida, lo autorizaba, entendiendo que la restricción del precitado Artículo 24, tan sólo se debe aplicar en el supuesto de inexistencia de disposición testamentaria, es decir, como norma subsidiaria de la sucesión "ab intestato".

Segundo. – El artículo 23 de la Compilación de Vizcaya y Álava, establece un principio absoluto, rotundo y concreto: la libertad del testador para distribuir la herencia forzosa entre los herederos o la de elegir a uno solo de ellos apartando a los demás. Esta libertad parangonada a otros regímenes forales coetáneos, como el de Navarra, es reconocida y aceptada por ambos litigantes, ahora bien, difieren, en que según el recurrente y entonces demandante, tal libertad queda constreñida y restringida cuando se trata de colaterales tronque-ros, Artículo 24.2 de la Compilación pues entonces el testador tan solo puede deferir los bienes al más próximo en grado de dichos colaterales, con exclusión de los demás, interpretación de la norma, que fue negada por la resolución ahora recurrida, al hacerla tan sólo viable cuando de sucesión intestada se tratara, lo que conduce al recurrente a entender infringida es normativa legal, por tratarse de un precepto incluído en el Título IV, que habla de la sucesión testada y al cual debe serle aplicada una interpretación en puro sentido literal, como en su día efectuó el Juzgador de instancia.

Tercero. – Sobre este punto, se ha de tener en cuenta, que conforme a la más actual doctrina jurisprudencial, posterior a la vigente redacción del Título Preliminar del Código Civil, de la que puede servir de ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Septiembre de 1986, el criterio de que la interpretación de la norma no es procedente cuando sus términos son claros, por aplicación del principio "in claris non fit interpretatio", está hoy excluído por el Artículo 3 del Código Civil, debiendo acudir en todo caso, a la interpretación para conocer el alcance del precepto, y en esta función se debe conjugar el sentido propio de sus palabras con los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que se aplique, indagando sobre su espíritu y finalidad. Efectuándolo así, se ha de tener presente: 1.– Que la ley 11 del Título XX del Fuero Nuevo de 1526, antecedente sobre esta materia del vigente texto legal, reiterando las disposiciones del Fuero Viejo, únicamente establecía limitaciones a la libertad del transmitente para la elección de sucesor en los bienes troncales dentro de la línea descendente, en la que sólo cabía instituir al nieto, en el caso de que el padre de éste hubiera fallecido, pero sin que esa limitación por razón del grado, operase en las líneas ascendentes y colateral. 2.– La vigente Compilación del Derecho Foral Vizcaíno sienta en su Preámbulo, como declaración de carácter programático, que constituye un

auxilio de primera fuente para la labor interpretativa, la afirmación, de que es el principio de concentración patrimonial que informa todo el texto foral y a cuyo servicio se dirigen sus instituciones claves, como son la troncalidad, la libertad testatoria y la comunicación foral, la verdadera "ratio legis" del Fuero, añadiendo que "todos los preceptos de aquél, deben servir a este principio central y los que no lo sirven quedan al margen del equilibrio interno del sistema "por lo que" el predominio de esa idea central, proporciona un criterio de valor absoluto para la selección de los preceptos genuinamente forales", con lo que ofrece una referencia inequívoca acerca del alcance de la labor compiladora que se dirige a robustecer la aplicación del citado principio, modificando en los preceptos del Fuero, aquellos condicionantes que lo pudieran debilitar.

Cuarto. – La aparente claridad del párrafo segundo del Artículo 24 de la Compilación, no excluye la búsqueda del espíritu y finalidad de su contenido, y, aunque ciertamente no cabe aceptar el criterio de la Sala de instancia en cuanto entiende que ese precepto se refiere a la sucesión "ab intestato", por ser evidente su inclusión en el título relativo a la sucesión testada, no por ello procederá casar la sentencia recurrida, ya que los recursos se dan contra el fallo y no contra los fundamentos en los que se basa su pronunciamiento. Para determinar el alcance de las facultades del disponente en orden a la elección de sucesor en la línea colateral, no basta con la lectura del citado Artículo 24 de la Compilación, porque en ésta, como en todo cuerpo legal, se ha de examinar el conjunto de sus disposiciones considerando como un todo armónico, y de tal análisis, resulta: 1.– Que si bien el mencionado artículo establece literalmente que en la línea colateral heredarán los bienes troncales los colaterales tronqueros de ella por orden de proximidad de grado, el artículo 23, concede al testador la facultad de distribuir libremente la herencia forzosa entre los herederos comprendidos en cada una de las líneas a que se refiere el Artículo anterior, ésto es, la ascendente, la descendente y la colateral, o elegir a uno sólo de ellos, apartando a los demás, por lo cual, de entender que la facultad del testador está constreñida por la proximidad de grado, resultaría carente de aplicación el Artículo 23 expresado en cuanto a la línea colateral, es decir, desaparecería la libertad, que es principio prioritario, prepotente y absoluto. 2.– Teniendo en cuenta el precedente legal de la Ley 10 del Título XXI del Fuero Nuevo y el criterio que sienta el Preámbulo de la Compilación sobre el sentido en el que están dirigidas las instituciones forales, no cabe admitir que ésta venga a restringir la libertad de elección de herederos, contrariamente a las normas que contenía el Fuero Nuevo, cuando precisamente reconoce la libertad de testar como uno de los instrumentos que conducen a la concentración patrimonial, a la cual consagra como principio supremo inspirador del Derecho Vizcaíno. 3.– Tampoco cabe entender que el espíritu de la norma haya de ser el de establecer limitaciones por razón de proximidad de grado para la elección de sucesor en la línea colateral, cuando ni en el Fuero Nuevo ni en la actual Compilación se establece limitación análoga para cuando la elección proceda en la línea ascendente. Todo lo anterior permite interpretar que la expresión referente a la proximidad de grado, que contiene el Artículo 24, sólo

puede tener aplicación al supuesto en que la designación de sucesor fuera hecha numéricamente y a favor de los colaterales, sin que ello constituya obstáculo para que el transmitente conserve la facultad de elegir libremente a cualquiera de ellos dentro del cuarto grado, como sucesor en los bienes troncales.

Quinto. – La desestimación del único motivo de casación formulado, determina la del recurso, con el efecto en cuanto a costas, previsto en el número 4 del Artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; sin que proceda pronunciamiento alguno respecto de depósito por no haber sido constituido dada la disconformidad entre sí de ambas sentencias de instancia, Artículo 1.703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por la representación de D. Juan, D. Isidro, D.ª Anastasia, D.ª Eusebia y D. Domingo, contra la sentencia de fecha 9 de Marzo de 1990, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya; condenando, por imperio legal, a dicha parte recurrente, al pago de las costas de este recurso. Líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por ésta nuestra Sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.