STSJPV de 28 de febrero de 1991

En Bilbao, a veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia que con fecha 11 de septiembre de 1990, dictó la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en apelación de la dictada en juicio de menor cuantía por el Juzgado de primera Instancia de Gernika, dimanante del de divorcio número 25/84, seguido por impugnación de las operaciones particionales de la sociedad conyugal habida entre D. José; representado por el procurador Sr. Arana Vidarte y como recurrida D.ª Carmen representada por el procurador Sr. Ors Simon.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. – Por el procurador D. José Javier Sarriguren Ayala en nombre de D. José, se dedujo demanda de menor cuantía, dado que no hubo conformidad de las partes en la partición realizada por el contador-partidor en la ejecución de divorcio seguida por el referido contra D.ª Carmen y en cuya demanda se alegó: 1.– Que debían ser incluidos en el inventario de bienes del matrimonio tanto el piso 00 izquierda de la casa número 00 de la calle S.J. de Gernika, inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de D.ª Carmen, así como las deudas que existían en el momento de la disolución del matrimonio para con los empleados del negocio de transporte. 2.– No cabe incluir en el inventario de bienes, y deben excluirse tanto el producto de la venta del caserío A.G., como las valoraciones que se dan a los saldos de cuenta impugnados, como la valoración que se da al negocio de transporte o fondo comercial. 3.–En consecuencia debe de ser formado nuevo inventario tomando como base el realizado por el contador- partidor-dirimente y consignándolo en base a las declaraciones que se han pedido, incluyendo para los saldos y negocio impugnados las valoraciones que se indican en los hechos de esta demanda. 4.– Deben de adjudicarse los bienes en la forma que establece el contador-partidor-dirimente, y además el piso o vivienda indicada a la D.ª Carmen y las deudas para con los empleados del negocio de transporte al D. José, señalándose en sentencia las adjudicaciones concretas que a cada uno corresponden y ordenando lo procedente en orden a la toma de razón de dichas adjudicaciones en los registros y oficinas públicas pertinentes. Condenando a la contraparte a estar y pasar por tales declaraciones, con la expresa imposición de costas a la misma.

Segundo. – El procurador D. Carlos Muniategui Landa en nombre de D.ª Carmen, contestó a la demanda, oponiéndose a la misma y fundándose en los siguientes hechos: 1.– Es falso que el saldo de la libreta de ahorros número -0000-00-00000-0 de la Caja Rural de Vizcaya fuera en la fecha de disolución del matrimonio de 155.247 pesetas. 2.– Lo propio resulta, respecto de la cuenta corriente número 000000 de la misma caja. 3.– En las operaciones particionales el valor del negocio se dividía en dos

conceptos, el uno de 2.000.000 de pesetas y el otro de 12.000.000 de pesetas por beneficios líquidos del propio negocio. Pero que es ridículo la cifra de 700.000pesetas que trata de imponer el demandante sin apoyo alguno en hechos. 4.– El precio obtenido de la venta del caserío A.G. fue muy superior a las 800.000 pesetas consignadas por el contador-partidor-dirimente. Invocó los fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminó suplicando se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda, con expresa imposición de costas a la demandante.

Tercero. – Convocadas las partes a la comparecencia prevenida en el artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acordó recibir el pleito a prueba, previniéndose a las partes para que en el término de ocho días propusieran la que estimasen conveniente.

Cuarto. – Practicada la prueba declarada pertinente y unida a sus autos, el juez del Juzgado de primera Instancia de Gernika, dictó sentencia con fecha 30 de noviembre de 1987, desestimando plenamente la demanda incidental promovida por el procurador Sr. Sarriguren Ayala en representación de D. José, contra D.ª Carmen en impugnación de las operaciones de liquidación de la sociedad conyugal realizadas por el contador- partidor-dirimente D. Juan María Vidarte de Ugarte en ejecución de la sentencia dictada en los autos de juicio de divorcio número 25/84, declarando no haber lugar a estimar la oposición formulada por el actor a las operaciones divisorias realizadas por el contador- partidor-dirimente, aprobando definitivamente las citadas operaciones divisorias, condenando al actor al pago de las costas.

Quinto. – Apelada la referida sentencia por la representación de la parte demandante y suscitada la alzada con arreglo a derecho, la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dictó sentencia con fecha 11 de septiembre de 1990, confirmando en su integridad la del Juzgado de primera Instancia de Gernika, sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas en segunda instancia.

Sexto. – Por el procurador D. José María Arana Vidarte, en nombre de D. José, se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia en segunda instancia, al amparo de los siguientes motivos: 1.– Por error en la apreciación de la prueba, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.692, número 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, basándose en el documento obrante al folio 67 de los autos. 2.– Se corresponde con el número 5 del artículo 1.692 del mismo texto legal, es decir, infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 13 del Código Civil y en atención a la vecindad de los contrayentes debe de aplicarse la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava de 1959; y en especial en el artículo 43 de la misma.

Séptimo. – Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el día 15 de febrero de 1991.

Ha sido ponente el Magistrado D. José Manuel Villar González-Antoran.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. – La parte recurrida en el acto de la vista alegó como cuestión previa la inadmisibilidad del recurso en base a la no constitución del depósito de veinticinco mil pesetas en el establecimiento destinado al efecto, conforme a la previsto en el artículo 1.703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; cuestión que ha de ser desestimada pues el artículo citado está comprendido en la Sección tercera del Título XXI que gira bajo la rúbrica "De la preparación del recurso". La interposición del mismo aparece regulada en los artículos 1.704 y siguientes de la Sección cuarta estableciendo el artículo 1.706, los documentos que el recurrente ha de acompañar al escrito de interposición del recurso, señalando el ordinal 2.° el del resguardo justificativo del depósito cuando sea necesario. Previendo la ley en la fase o período de sustanciación del recurso, que de no haberse presentado cualquiera de los documentos comprendidos en los ordinales 1.° al 3.° del artículo 1.706, se concederá por la Sala un plazo que no podrá exceder de 10 días, habiendo presentado el recurrente junto con el escrito de interposición del recurso de fecha 3 de diciembre de 1990, el resguardo de haber efectuado el depósito en la cuenta especial de depósitos y consignaciones del Banco de Bilbao-Vizcaya de fecha 1 de diciembre de 1990, la exigencia legal ha sido cumplida y en su consecuencia es correcta la sustentación del presente recurso.

Segundo. – Por lo que respecta a la verdadera materia de este recurso, el mismo se funda en los motivos 4 y 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; se denuncia error en la apreciación de la prueba, referido tanto a la inclusión como a la exclusión de tres determinadas partidas en el cuaderno particional redactado por el contador –partidor– dirimente en las operaciones liquidatorias de la sociedad conyugal de los litigantes, extinguida en virtud de sentencia firme de divorcio de fecha 17 de octubre de 1985, dictada por el Juzgado de primera Instancia de Gernika. Las partidas impugnadas se contraen a los siguientes: a) al saldo computado de las cuentas corrientes; b) a la exclusión de entre los bienes de la sociedad conyugal de una vivienda propiedad de la esposa; y c) a la inclusión del precio de una finca rústica, vendida ocho años antes de dictarse la sentencia de divorcio.

El segundo motivo del recurso, con base al número 5 del artículo 1.692 de la dictada ley procesal, denuncia infracción de los artículos 41, 43, 47, 48 y 49 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava sin razonar su pertinencia y fundamentación como establece el artículo 1.707 de aquella ley.

En cuanto al primer motivo que se examina, ha de tenerse en cuenta, como criterio básico que la valoración de la prueba constituye facultad privativa de la Sala de instancia, únicamente susceptible de ser combatida en base al contenido de documentos que obren en los autos, siempre que concurran alguna de las circunstancias siguientes: a) que el documento no haya sido tenido en cuenta en la valoración probatoria realizada en la sentencia recurrida, habiéndose prescindido en absoluto del mismo y siendo su contenido de tal significación que por sí solo destruya las conclusiones de prueba en las 3

que la sentencia se base; o b) que aun habiendo sido valorado el documento por la Sala de Instancia, de su texto literal sin necesidad de interpretaciones o deducciones, se desprenda de manera clara y necesaria el error en que la Sala hubiera incurrido (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1984, 21 de mayo de 1985, 20 de abril y 21 de junio de 1986, 26 de junio y 6 de noviembre de 1987 y 18 de abril y 25 de mayo de 1988, entre otras). Las que en resumen vienen a establecer "que por mucha que sea la flexibilidad introducida en el artículo 1.692 de la Ley procesal civil, después de la reforma de la Ley 34/1984, en el rigor formal de la casación no puede llegarse a que determinados elementos de convicción obrantes en el proceso y ya ponderados en la instancia para con una nueva interpretación de los mismos, injustificada por no haber incidido en ilegalidad o notoria falta de lógica la sentencia de instancia, sentar conclusiones fácticas contrarias a la resolución combatida y acomodadas a la tesis de la parte recurrente, que interesadamente hace aquella invocación de nueva exégesis par­cial".

Tercero. – En consecuencia con los criterios establecidos en el fundador anterior, se ha de concluir:

a) Que la impugnación de los saldos bancarios que la sentencia recurrida acepta para ser incluidos en el haber de la sociedad de gananciales no cabe hacerla apoyándose en la certificación referida a una determinada fecha, porque ese documento ya fue tenido en cuenta por la Sala de instancia, que concluye por estimar como correctos otros saldos, apreciando para ello los movimientos que se registran en los extractos de las mismas cuentas, estableciendo el saldo medio ponderado, de la forma que es habitual en la práctica comercial bancaria, sin que esta apreciación sea atacada por el recurrente como absurda o ilógica, única circunstancia que, caso de darse, provocaría la estimación del recurso.

b) Por lo que respecta a la exclusión en el inventario de bienes de la sociedad conyugal, de la vivienda adquirida por la recurrida en virtud de donación, la conclusión a que llegó la Sala de instancia respecto del título de adquisición se funda precisamente en el contenido de la escritura pública, cuya valoración no puede ser desvirtuada, como el recurrente pretende, a través de determinados extremos de la prueba de confesión judicial de la recurrida, que no pueden servir de apoyo a un recurso fundado en el 4.° del artículo 1.692 de la ley procesal civil, doctrina mantenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre y 28 de diciembre de 1985 y 7 de marzo de 1988 entre otras muchas.

c) Y por último, que la inclusión en el activo ganancial del importe de la venta de la casería A.G., denunciada también como errónea por haberse verificado la venta en escritura de 24 de septiembre de 1977, en tanto que la disolución del matrimonio tuvo lugar en 1985, tampoco puede ser estimada como constitutiva de error, porque la sentencia recurrida no desconoce el hecho de la venta de la casería en la fecha en que se indica, sino que de sus razonamientos se desprende que considera que esa suma

continúa existiendo a disposición de la recurrente por no haberse acreditado se le diera otra inversión y esa conclusión de la Sala no se combate en el recurso de manera adecuada, por lo que ha de ser mantenida en los términos en los que ha sido declarada.

Cuarto. – El segundo motivo del recurso, con base en el número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción de los artículos 41, 43, 47, 48 y 49 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, sin razonar su pertinencia y fundamentación conforme a la exigencia del artículo 1.707 de aquella ley, aunque quepa entender que la infracción alegada se sustenta en la apreciación del recurrente de que lo dispuesto en el artículo 43 citado sobre los efectos de la comunicación foral de bienes entre los cónyuges, debe ser de aplicación al caso de extinción del régimen económico-matrimonial por disolución del matrimonio por causa de divorcio.

Tal motivo no puede prosperar por las razones siguientes: a) La comunicación foral de bienes tiene su fundamento en la doble consideración del matrimonio, como vínculo entre los cónyuges que compartan identidad de vidas y como relación a través de la cual se prolonga la familia troncal, lo que determina que en el régimen económico del matrimonio se haya establecido, como norma acorde con estos principios, la comunidad entre los cónyuges sobre todos los bienes que procedan singularmente de cada uno de ellos. Y esta misma consideración de las razones que fundamentan la comunicación foral está excluyendo su aplicación en aquellos casos en los cuales la unidad de vida se ha roto, bien por causa de divorcio o bien por la mera separación entre los consortes, situaciones ambas que, por su propia naturaleza, resultan incompatibles y antagónicas con la institución foral de la comunicación de bienes.

b) Según lo dispuesto en el artículo 43, los efectos de la comunicación operan entre marido y mujer, siendo por ello contrario a la norma que pueda producirse en una situación de disolución del vínculo por sentencia de divorcio, como ocurre en el supuesto contemplado en este recurso casacional, ya que la disolución del matrimonio únicamente da lugar a la subsistencia en los resultados de la comunicación, consolidándolos en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges dejando hijos comunes, como se infiere de la referencia al cónyuge viudo y al premuerto que contiene el ya apuntado artículo 47 de la Compilación.

Quinto. – La desestimación de los motivos alegados, lleva consigo la del recurso con imposición de las costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, por disposición del párrafo último del artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y en virtud de los fundamentos expuestos, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto en nombre de D. José contra la sentencia dictada por la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya con fecha 11 de septiembre de 1990 y condenando a dicho recurrente al pago de las costas y a la pérdida del depósito constituido al que se le dará el destino prevenido en la ley; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, devolviendo a la misma los autos y rollo de sala que remito.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.