STSJ del País Vasco de 10-09-1992. Rec. 5-1991.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El primer motivo del recurso, amparado en el ordinal 4.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción vigente al interponerlo, denuncia error en la apreciación de la prueba, que imputa a la sentencia recurrida en cuanto la misma afirma que los demandantes, entre los que se encuentra don ***, han tenido su residencia continuada durante más de 10 años en territorio de derecho común, designando como documentos en los que basa el error la certificación del Ayuntamiento de Bermeo referente al lugar de residencia del citado don ***, así como la certificación del mismo Ayuntamiento atinente a que el caserío ***, donde habita, se halla en suelo urbanizable.

El motivo es desestimable por la fundamental razón de que el recurso de casación se da contra el fallo de la sentencia, y no contra argumentos, razonamientos o fundamentos jurídicos que no constituyen premisa del fallo, siendo ello lo que acontece en el motivo analizado, toda vez que, si bien es cierto que la sentencia que el recurso combate expresa en el segundo de los fundamentos jurídicos: «...; vecindad común que, asimismo, han adquirido los demandantes recurrentes por su residencia continuada durante más de diez años en territorio de derecho común, según consta a los folios 421 y 423 de los autos.», el ulterior iter argumental desenvuelto olvida a los demandantes, centrando su discurso desestimatorio en la pretensión de aquéllos en el elemento personal de la troncalidad, y, dentro del mismo, en el transmitente, formulando el aserto de que para que nazca la relación de troncalidad, se exige que el transmitente sea vizcaíno, continuando razonando sobre la adquisición por parte de don *** de la vecindad civil de derecho común, concluyendo que, al no ser «aforado» el transmitente, no son de aplicación los preceptos de Derecho Foral vizcaíno.

SEGUNDO.- El segundo motivo del recurso, deducido con apoyo en el ordinal 5.º del art. 1692 de la Ley Rituaria, cita como infringido al art. 1.º de la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava en relación con los arts. 2.º y 3.º de la misma Compilación, al entender la sentencia impugnada que la residencia continuada en el municipio de Bermeo durante más de 10 años determina la adquisición de la vecindad civil de derecho común. Fundamentado el motivo de que se trata en el escrito de interposición del recurso en que la sentencia recurrida parte de que, tanto el causante don ***, como los demandantes, hermanos suyos, don ***, doña *** y don***., residieron más de 10 años en Bermeo, extrayendo de ese hecho la consecuencia jurídica de que adquirieron la vecindad de derecho común, sin embargo, en el acto de la vista del recurso el Abogado defensor de la parte recurrente centró de manera manifiesta su informe en los demandantes, abandonando de forma expresa todo argumento o razonamiento atinente al finado don José Luis L. O.

Debiendo entenderse circunscrito el motivo que se analiza en cuanto concierne a los demandantes, el mismo ha de decaer por las mismas consideraciones que condujeron a la desestimación del precedentemente analizado, esto es, porque la sentencia impugnada, no obstante aludir a la vecindad civil de derecho común que considera adquirida por los demandantes, no toma la misma en consideración para erigirla en fundamento del fallo desestimatorio, discurriendo su argumentación ajena al dato al que el motivo queda ceñido.

TERCERO.- A través del motivo tercero, articulado con apoyo procesal en el mismo ordinal 5.º del art. 1692, se alega infracción de los arts. 6.º, 7.º, 8.º y 9.º de la citada Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava, por limitar la sentencia recurrida su aplicación tanto respecto de los bienes raíces como en relación al titular de la raíz y de los parientes tronqueros. El reproche se

dirige contra los razonamientos de la resolución que nos ocupa atinentes a los requisitos que, conjuntamente, han de darse para que los bienes sean troncales, el real y el personal.

Argumentan los recurrentes que, en cuanto la sentencia impugnada entiende que la troncalidad «...está orientada a un sistema de economía agraria», considerando por ello justificado que se limite a bienes sitos en la tierra llana o Infanzonado «...porque es en esta zona y no en las villas donde presuntamente se mantiene ese sistema económico», está llevando a cabo una interpretación del elemento real que infringe el art. 6.º de la Compilación, porque en ésta, dicen, para que los bienes raíces tengan la consideración de troncales, no se exige ningún requisito de vinculación o de orientación a un sistema de economía agraria, ya que bienes de naturaleza urbana y radicantes en núcleos de población importantes se hallan sujetos a la troncalidad.

En punto al elemento personal consideran los promotores del recurso que la sentencia impugnada se funda en el criterio revelado en el pasaje que expresa: «...la troncalidad exige una relación personal de parentesco que debe mediar entre el actual poseedor o transmitente y el pariente que aspira a adquirir, al que denomina tronquero, exigiéndose para que nazca la relación de troncalidad que el transmitente sea vizcaíno», aduciendo aquéllos, de un lado, que no basta con la aspiración de adquirir para que se trate de un pariente tronquero, porque éstos están definidos en los arts. 7.º y 8.º de la Compilación, y, de otro, que no indica si la vizcaína del transmitente debe ser la aforada o puede tratarse también de vizcaíno no aforado, si bien, en cuanto más adelante aclara que no son de aplicación los preceptos de Derecho Foral vizcaíno al no ser aforado el transmitente, está infringiendo, alegan, los citados arts. 6.º, 7.º y 8.º así como el 9.º, todos de la Compilación, de los cuales no puede colegirse que haya de concurrir el mentado requisito de que el transmitente sea vizcaíno aforado para que exista la relación de troncalidad.

CUARTO.- Los distintos argumentos en tales términos desenvueltos en fundamento del motivo formulado se hacen acreedores a diversas apreciaciones que, no obstante discurrir en parte por vía ajena a la de los promotores del recurso, no determinan, sin embargo, el decaimiento final del mismo.

Así, en lo que respecta a las expresiones que los recurrentes entresacan de las consideraciones contenidas en la sentencia impugnada al efectuar el análisis del elemento real de la troncalidad, no son sino un obiter dicta que, tras comportar una valoración socio-jurídica del instituto de la troncalidad compartida por diversos tratadistas, no incide en el fallo de la sentencia, según puede colegirse del total tratamiento dado en la misma al elemento real, en el que parece alcanzarse la conclusión de que los bienes a que la litis se refiere sí reúnen las condiciones exigidas por la Compilación para ostentar la conceptuación de troncales.

Igual inocuidad a los efectos casacionales pretendidos ha de predicarse de la escueta alusión a los parientes tronqueros contenida en la sentencia que se examina, pues la mención de los mismos al referirse a la «...relación personal de parentesco que debe mediar entre el actual poseedor o transmitente y el pariente que aspira a adquirir, al que se denomina pariente tronquero...» no supone sino un incompleto análisis del elemento personal de que se trata, el cual resulta prontamente abandonado al centrarse la argumentación de la sentencia en el otro elemento personal, el transmitente, cuyo examen conduce al resultado de entender inaplicable el Derecho Foral de Vizcaya, mas, sin que aquel inacabado tratamiento del elemento personal a que se refiere el alegato, parientes tronqueros, permita atribuir a la sentencia impugnada, como sostienen los recurrentes, una limitación en la aplicación de los preceptos que citan.

El otro argumento esgrimido en sustento del motivo tercero que ahora conocemos, enderezado a atacar la sentencia de la Audiencia en cuanto la misma sostiene la inaplicabilidad del Derecho Foral de Vizcaya y, por ende, de las normas sobre troncalidad que los recurrentes invocan como

infringidas, por no ser el causante vizcaíno aforado, que, como se ha dejado sentado en precedentes fundamentos, constituye la ratio decidendi del fallo desestimatorio de la demanda primeramente formulada, ha de ser objeto de tratamiento conjunto con el siguiente motivo, el cuarto, en el que se basa el recurso, al ser coincidentes las cuestiones que uno y otro suscitan.

QUINTO.- El citado motivo cuarto, deducido por el mismo cauce procesal del ordinal 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cita como infringido el art. 10 de la Compilación, al apoyarse la sentencia combatida, se aduce, en el criterio de que las reglas sobre disposición a título gratuito de bienes troncales no afectan a los vizcaínos que no sean aforados. Impugnan los recurrentes a través de este motivo la tesis sustentada por la sentencia de la Audiencia de entender que el término «vizcaíno» se refiere únicamente a quien ostenta la vecindad aforada, siendo así que, argumentan, es indudable que hay vizcaínos de anteiglesia y vizcaínos no aforados; distinción recogida ya en la Ley 15 del Título XX del Fuero de Bizkaia y admitida por antigua jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que se basa el art. 10 de la Compilación, que se refiere a vizcaínos en general, disponiendo expresamente que también están comprendidos los vizcaínos de territorio distinto del foral de Bizkaia. Concluyen que, siendo vizcaíno el causante, don ***, como se admite sin discusión, tanto si era aforado como si no lo era, no podía disponer de los bienes troncales sino en favor de los parientes tronqueros, infringiendo la sentencia impugnada el citado art. 10 de la Compilación al no aplicarlo al caso litigioso.

La cuestión queda así circunscrita a dilucidar si el invocado art. 10 de la Compilación es aplicable a todos los vizcaínos, considerando como tales a los vecinos de Vizcaya, lo sean de villa o de tierra llana o, por el contrario, ha de entenderse establecido el precepto en contemplación a quienes sean vizcaínos aforados.

SEXTO.- La citada disposición establece: «Los vizcaínos, aunque residan en territorio distinto del foral de Vizcaya, si hubiere parientes tronqueros, sólo podrán disponer a título gratuito "inter vivos" o "mortis causa" de los bienes troncales en favor de aquéllos».

La interpretación lógico-sistemática e histórica del precepto conduce a sostener su aplicabilidad a todo vizcaíno, sea o no aforado, y ello, por las siguientes razones : 1.ª) Porque en la Compilación no es equiparable el concepto de vizcaíno con el de vizcaíno aforado, según puede colegirse de la lectura de preceptos en los que se alude a «vizcaínos» (arts. 5 y 10), y de otros en los que se precisa «vizcaíno infanzón» (arts. 41 y 42); 2.ª) Porque, de estar referido únicamente a los vizcaínos aforados, su inclusión en el citado Texto Legal sería innecesaria y carente de sentido; y 3.ª) Dicho resultado interpretativo es el que ofrece el análisis de los hitos históricos y normativos que guardan relación con el precepto.

Dichos antecedentes, sucintamente expuestos, son los siguientes:

A) La Ley 15, del Título XX, del Fuero de Vizcaya de 1526, establecía: «Que los vecinos de las villas, que tuvieren bienes en la Tierra Llana, guarden el Fuero en disponer de ellos». «Otrosí dijeron: Que habían de Fuero, y establecían por Ley, porque acaece, que algún vecino de la villas de Vizcaya entre otras tierras, y heredades, que tienen sitas en el juzgado de la tal villa de donde es, tiene, y posee otras tierras y heredades, sitas en el juzgado y Tierra Llana, y así troncales; y acaece que el tal suele disponer de las tales tierras troncales por sí, o por vueltas con las otras heredades de la tal villa, ahora en vida, ahora en muerte, y ponen duda, si de los tales bienes troncales ha de disponer, según que de los otros que no son troncales. Por ende, dijeron: Que ordenaban, y ordenaron, que el tal vecino de villa, do los bienes (según Ley del Reino) son partibles; que la tal raíz que tuviere en la Tierra Llana y juzgado de Vizcaya, sea de la condición y calidad, privilegio y Fuero que la otra raíz que poseen los vizcaínos de la Tierra Llana troncal; y tal, que en vida y en muerte pueda disponer de ello, como podía disponer el vizcaíno vecino de la Tierra Llana; y sean

admitidos para la tal raíz los tronqueros profincos, como y según se admiten a los bienes, que poseen, venden, y mandan los vizcaínos, vecinos de Tierra Llana».

B) En la segunda edición del Código Civil, Texto Reformado de 24-7-1889, a instancia de los representantes vizcaínos, se añadió el párr. 3.º al art. 10 del citado Cuerpo legal, a cuyo tenor «Los vizcaínos, aunque residan en las villas, seguirán sometidos, en cuanto a los bienes que posean en la Tierra Llana, a la Ley 15, título XX del Fuero de Vizcaya»; párrafo que ha estado vigente hasta la reforma del Título Preliminar, llevada a cabo por el Decreto de 31-5-1974, dictado en desarrollo del texto de la Ley de Bases de 17-3-1973.

C) La Comisión Especial para elaborar el Apéndice Foral de Vizcaya y Alava, constituida en cumplimiento de lo establecido en el art. 4.º de la Ley de Bases de 1888, elaboró un Proyecto elevado a la Comisión General de Codificación el día 10-2-1900, cuyo art. 13 disponía: «Habiendo parientes tronqueros de cualquier línea que sean, nadie podrá disponer en vida ni por causa de muerte, en favor de quien no tuviera tal carácter, de bienes troncales algunos, sea cual fuere la naturaleza del propietario o su vecindad. Esta prohibición se hace extensiva a la capacidad para suceder "ab intestato"». Proyecto de Apéndice que no llegó a convertirse en Ley.

D) El Colegio de Abogados de Vizcaya llevó a cabo la elaboración de un segundo proyecto, publicado el día 9-2-1928, cuyo art. 12 establecía: «Habiendo parientes tronqueros, de cualquier línea que sean, los vizcaínos, aunque residan en las villas, no podrán disponer en vida ni por causa de muerte en favor de quien no tuviere aquel carácter, de bienes troncales algunos. La prohibición será extensiva a la capacidad para suceder "ab intestato" en estos bienes».

EL resultado exegético alcanzado se ve adverado por la recientemente publicada Ley 3/1992, de 1 julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco, dictada por el Parlamento Vasco, de próxima vigencia, de cuyos preceptos, en lo que aquí interesa, merecen especial mención: a) En lo que respecta al concepto jurídico «vizcaíno», el art. 12, a cuyo tenor: «A los efectos de este Fuero Civil, son vizcaínos, quienes tengan vecindad civil en el Territorio Histórico de Bizkaia. Aforado o Infanzón es quien tenga su vecindad en territorio aforado»; el art. 13: «Los vizcaínos no aforados, podrán...»; y el 14: «En los instrumentos públicos que otorguen los vizcaínos se hará constar su vecindad civil, su carácter de aforado o no, y, en su caso...». b) En lo atinente al ámbito personal de la troncalidad, el art. 23 dispone: «Los derechos y obligaciones derivados de la troncalidad corresponden, como vizcaínos, a todos los que tengan vecindad civil en Bizkaia. Por esencia de la troncalidad, la pérdida de la vecindad vizcaína no supone restricción alguna en los derechos y deberes de cualquier naturaleza derivados de la misma.»; el 24, sucesor del art. 10 de la, todavía vigente, Compilación: «Los actos de disposición de bienes troncales realizados a título gratuito «inter vivos» o «mortis causa», a favor de extraños o de parientes que no pertenezcan a la línea preferente de quien transmite, serán nulos de pleno derecho»; y el 25: «Quienes no sean vizcaínos aforados gozarán de libertad para disponer, a título gratuito, de los bienes troncales a favor de cualquiera de los parientes tronqueros de línea preferente...».

SEPTIMO.- La aplicabilidad del art. 10 de la Compilación a los vizcaínos no aforados que aquí sostenemos no queda contradicha por los preceptos en los que se apoya la argumentación desestimatoria contenida en la sentencia de la Audiencia, consistente, en esencia, en entender que, por virtud de lo dispuesto en el art. 5.º de la Compilación, la condición de vizcaíno ha de determinarse conforme a lo establecido en el art. 14 del Código Civil, el cual, dando un valor predominante al estatuto personal, dispone que la sujeción al derecho civil común o al especial foral se determina por la vecindad civil, lo que, partiendo de la apreciación de que el causante había adquirido la vecindad civil de derecho común, le conduce a sostener que al no ser aforado el transmitente no son de aplicación los preceptos del Derecho Foral vizcaíno. No la contradicen porque, de un lado, el art. 5.º de la Compilación remite a las normas contenidas en el Título

Preliminar del Código Civil para determinar la consideración de vizcaíno en relación con los demás territorios españoles de diferente legislación civil, no para dicha determinación en lo que afecta a la propia Compilación, en la que, como ha quedado apuntado en el anterior fundamento jurídico de esta resolución, el concepto de vizcaíno no es coincidente con el de vizcaíno aforado o vizcaíno infanzón; y, de otro, aun siendo cierto el valor predominante del estatuto personal que late en el art. 14 del Código Civil, el mismo no permite concluir que los vizcaínos no aforados no están sometidos a la prescripción normativa contenida en el art. 10 de la Compilación si se tiene en cuenta que hasta la reforma del Título Preliminar del Código Civil llevada a cabo por el Texto Articulado de la Ley 3/1973, de 17 marzo, de Bases para la modificación del Título Preliminar del Código Civil, así venía a reconocerlo expresamente el anteriormente reseñado párr. 3.º del art. 10 del citado Código, no pudiendo entenderse que su desaparición en el actual Título Preliminar, prive de eficacia al art. 10 de la Compilación, siquiera quepa tenerse en cuenta que el artículo segundo del Decreto de 31-5­1974, por el que se aprueba el Texto Articulado aludido establece expresamente que el mismo no altera lo regulado en las Compilaciones de los derechos especiales o forales.

OCTAVO.- Lo anteriormente razonado unido a la circunstancia de que en la causa no ha existido controversia sobre los datos fácticos alegados como presupuestos personales, reales y causales para que exista la relación de troncalidad postulada, de los que la misma resulta con claridad meridiana, a la luz de lo establecido en los arts. 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10, todos de la Compilación, sin otra puntualización que efectuar que la de no exigir precepto alguno que los parientes sean vizcaínos para ostentar la condición de tronqueros, conduce a la estimación de los motivos tercero y cuarto al haberse infringido por inaplicación los preceptos precitados.

NOVENO.- El quinto de los motivos se acoge al mismo ordinal 5.º del correspondiente precepto procesal para invocar infracción del art. 32.a) de la Compilación, en relación con el art. 912. 2.º del Código Civil, razonándose en su desarrollo que el testamento del causante, don ***, dispuso la institución de heredera única a su esposa «sin perjuicio de los derechos legitimarios que por Fuero pudieran corresponder a los parientes tronqueros sobre los bienes de esta naturaleza», de suerte que, aunque dejó a salvo los derechos de sus parientes tronqueros sobre los bienes troncales, no hizo disposición alguna sobre los mismos, por lo que, se argumenta, habiendo dejado el causante bienes de naturaleza troncal, como son el caserío *** y sus pertenecidos y tres montes del mismo nombre ***, procedía hacer respecto de ellos la declaración de quiénes son los herederos abintestato, por darse el supuesto de que el testamento no dispone de todos los bienes que correspondían al testador, al cual se refiere el núm. 2.º del art. 912 del Código Civil, y, siendo así que no existen ascendientes tronqueros, la sucesión en los mencionados bienes troncales corresponde a los hermanos de doble vínculo del causante, que son los demandantes y demás a cuyo favor se pidió la declaración de herederos abintestato, conforme al art. 32.a) de la Compilación.

La cuestión que el motivo suscita es si la disposición contenida en el testamento otorgado por don ***, del siguiente tenor literal: «Instituye heredera única a su esposa doña D***, en propiedad, sin perjuicio de los derechos legitimarios que por Fuero pudieran corresponder a los parientes tronqueros sobre los bienes de esta naturaleza», puede ser considerada como una disposición testamentaria sobre los bienes troncales en favor de los parientes tronqueros sin especial distribución entre los mismos, o, como sostienen los recurrentes, integra un supuesto en el que, existiendo institución de heredero, ésta no contempla todos los bienes (arts. 764 y 912.2.º del Código Civil), siendo de advertir que, dado el respeto que la Compilación revela hacia el principio de troncalidad en materia sucesoria, el resultado práctico en una y otra tesis es el mismo; así, de seguirse la primera, siendo «derechos legitimarios» de los colaterales tronqueros los bienes troncales de su propia línea (arts. 22.4.º y 24 párrafo segundo, ambos de la Compilación), la falta de distribución entre los mismos comportaría, por aplicación de lo dispuesto en el art. 765 del Código Civil, la sucesión en partes iguales, en tanto que, en la que propugnan los actores, virtualidad de los arts. 764 y 912.2.º del Código Civil, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el art. 13.2

del Título Preliminar del citado Código, la apertura de la sucesión intestada conllevaría la aplicación de los arts. 32.a) y 33 de la Compilación, por mor de los cuales, sucederían los hermanos de doble vínculo, repartiéndose los bienes troncales de que se trata en partes iguales.

La fórmula utilizada por el testador autoriza sin violencia alguna a entender concurrente el supuesto contemplado en los referidos arts. 764 y 912.2.º del Código Civil, determinante de la apertura de sucesión intestada respecto de los bienes troncales a que la litis se refiere, y de la aplicabilidad de lo establecido en los arts. 32.a) y 33 de la Compilación, procediendo, en consecuencia, estimar el motivo.

DECIMO.- El sexto y último de los motivos deducidos, con amparo procesal en el mismo ordinal 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art. 1261 del Código Civil, en relación con los arts. 1247, 1445 y 633 del mismo Texto Legal, estando dirigido el reproche a impugnar la sentencia recurrida en cuanto la misma concluye que el contrato de compraventa otorgado en escritura pública por doña *** y los cónyuges don *** y doña *** el día 28-11-1985, encubre una donación de bienes inmuebles, tratándose de un supuesto de simulación relativa. Argumentan los recurrentes que la conclusión así alcanzada es contraria a la Jurisprudencia que se recoge en las sentencias que citan, conforme a la cual el que sostiene la validez del negocio disimulado, ha de probar que el mismo se apoya en una causa verdadera y lícita, debiendo estar revestido de los requisitos exigidos para la modalidad del contrato de que se trate y que se han cumplido las formalidades que las Leyes prescriben, no pudiendo ser válida la donación encubierta en una escritura de venta simulada pues no consta la aceptación del donatario como tal, ni tampoco el animus donandi.

El motivo que se examina ha de tener favorable acogida y ello, porque aun admitiendo a efectos puramente dialécticos que el otorgamiento de una escritura pública de compraventa sobre bienes inmuebles pueda colmar los requisitos de forma exigidos con carácter imperativo para la validez de las donaciones de dichos bienes por el art. 633 del Código Civil, no cabe desconocer que, conforme a lo establecido en el art. 1276 del citado Texto, la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita, no siendo este ultimo el supuesto que nos ocupa en el que los demandados, habiendo sostenido a lo largo de las fases alegatoria y probatoria del pleito la existencia de la compraventa cuya nulidad se insta, adoptan con posterioridad una postura que, cuando menos, cabe calificar de oscura y confusa, pues tras alegar en el acto de la vista del recurso de apelación que «en todo caso, tras la apariencia de una compraventa se esconde una donación válida y eficaz», según recoge la sentencia de la Audiencia, en la vista de este recurso de casación han cuestionado lo que sobre el particular expresa la citada resolución en los términos literales que se han transcrito, manifestando que existió compraventa pagándose precio, reiterando lo, a su decir, expuesto en la vista de la apelación de que, aun cuando hipotéticamente pudiera considerarse que no hay venta, sí hay donación.

Dialéctica alegatoria desenvuelta por la citada parte demandada que se muestra ciertamente ajena y distante de la que el art. 1276 del Código Civil impone, probanza de la existencia de una causa verdadera y lícita, como presupuesto necesario para que pueda proclamarse la existencia de un negocio disimulado válido y eficaz, excluyente de la nulidad que sanciona el mentado art. 1276 en el inciso primero de su único párrafo.

La sentencia de la Audiencia, en el extremo que ahora se combate, que, de mantenerse, podría afectar a la suerte de la pretensión deducida en la segunda de las demandas formuladas, al concluir acerca de la existencia de una donación de inmuebles sin otro apoyo alegatorio y fáctico explicitado que la manifestación por primera vez efectuada por la parte demandada en los oscuros términos de hipótesis o de subsidiariedad que se han reseñado, infringe conforme a lo anteriormente razonado los preceptos invocados en apoyo del presente motivo, que, consecuentemente, ha de ser estimado.

UNDECIMO.- El acogimiento de los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto, con la consiguiente estimación del recurso, obliga a la Sala a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 3 del art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción anterior a la reforma operada por la Ley 10/1992, de 30 abril.

Con la necesaria puntualización de que la sentencia dictada por la Audiencia ha de ser mantenida en el pronunciamiento incólume en este recurso casacional, de desestimar la excepción de falta de competencia territorial, que fue acogida por el Juzgado de Primera Instancia, resta por pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en las demandas rectoras de los presentes autos acumulados, determinando el necesario orden lógico jurídico que ha de seguirse en su tratamiento, que éste se efectúe conforme a los pedimentos sucesivamente formulados en aquéllas.

DUODECIMO.- En la primera de las demandas solicitan los actores la declaración de nulidad de la escritura de aceptación de herencia del finado don ***, otorgada por su viuda doña ***, con fecha 20-12-1983, en cuanto se refiere a las fincas descritas en el Hecho 3.º de la demanda, esto es, el lado oeste de la casa *** o *** y sus pertenecidos, y el trozo de monte y dos sierras, todos ellos denominados ***, radicantes en Mungia, instando declaración de nulidad de las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura precedentemente citada, debiendo entenderse también implícitamente solicitada la cancelación de las mismas.

Pretensiones que han de ser estimadas en base a las siguientes consideraciones: 1.ª) Las fincas a que la litis se refiere, incluidas en la escritura de aceptación de herencia cuya nulidad se insta, no formaban parte del caudal de bienes heredados por doña *** de su finado esposo don ***, al estar sujetas al destino previsto en las normas sobre troncalidad contenidas en la compilación (arts. 6.º, 7.º, 8.º y 9.º, en relación con el 10) y ello, por concurrir los elementos personal, real y causal determinantes de su aplicación en los términos que se tiene razonado al analizar los motivos tercero y cuarto del recurso. 2.ª) Consecuentemente, la aceptación de herencia efectuada por la citada doña ***, en cuanto comprensiva de las mentadas fincas, comportó la realización de un acto contrario a los preceptos que se han reseñado que, siendo éstos imperativos, incurre en la sanción de nulidad prevista en el art. 6.3 del Código Civil, determinante de la nulidad de la escritura de aceptación de herencia en el particular a que la litis se refiere. 3.ª) Consecuentemente también con las anteriores consideraciones, ha de declararse la nulidad de las inscripciones causadas por la mentada escritura de aceptación de herencia en el extremo que aquí interesa, así como acordarse la cancelación de las mismas, en conformidad con lo establecido en los arts. 38, 79.3.º y 82, todos de la Ley Hipotecaria.

DECIMOTERCERO.- En el mismo escrito de demanda pretenden los actores se declare que procede abrir la sucesión intestada del finado don *** en cuanto a los bienes troncales procedentes de sus finados padres don *** y doña ***, declarando como herederos, con derecho a la sucesión en los expresados bienes, a sus cinco hermanos de doble vínculo: don ***, doña ***, don ***, doña ***, y doña ***. Extremo en el que ha de estimarse la demanda, por los fundamentos que condujeron a la estimación del motivo quinto, debiendo responderse ahora a las alegaciones formuladas por la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda en términos de subsidiariedad para el supuesto de que, como aquí hacemos, se entienda aplicable el art. 10 de la Compilación, consistiendo aquéllas, en esencia, en sostener que, siendo la demandada doña *** ***, hija de doña ***, hermana premuerta de don ***, ostenta la condición de pariente tronquero, debiendo ser declarada heredera abintestato conforme a lo establecido en el art. 948 del Código Civil, sucediendo en los bienes troncales los hermanos por cabezas y la demandada por estirpes.

Dicha alegación es inatendible si se tiene en cuenta que, tratándose de sucesión abintestato de bienes troncales en favor de parientes tronqueros, se ve sometida a las normas contenidas en la

Compilación, en la que recogiendo el criterio excluyente del derecho de representación plasmado en las viejas leyes forales, matizado por el permisivo que propugnaban algunos autores, dicho derecho se admite únicamente en la línea recta descendente, como establece de forma expresa el último párrafo del art. 31, al disponer: «El derecho de representación sólo se da en la línea recta descendente», rigiendo para los ascendientes y colaterales el principio de proximidad de grado sin concesión alguna a la sucesión por estirpes, preceptuando el art. 33 que: «En las líneas ascendente y colateral, paterna y materna, el pariente más próximo excluye al más remoto. Si los parientes de grado preferente son varios, los bienes se repartirán entre ellos por partes iguales, y si concurren hermanos de doble vínculo con hermanos de vínculo sencillo, aquéllos heredarán doble porción que éstos».

DECIMOCUARTO.- Igual suerte estimatoria cabe predicar de las pretensiones deducidas en la segunda de las demandas formuladas, en la que se insta la declaración de nulidad de la compraventa celebrada entre doña *** y doña M***, en escritura pública otorgada ante Notario el día 28-11­1985, sobre las fincas ya reseñadas a que el pleito se refiere, por inexistencia de causa al no haber mediado precio.

No pudiendo efectuarse ahora consideración alguna relativa a la posibilidad de existencia de un negocio disimulado válido y eficaz, donación de inmueble, por resolverse sobre dicho particular al conocer el motivo sexto del recurso, el éxito de la pretensión deducida viene dado ante la conclusión alcanzada de que, en efecto, como sostienen los demandantes, no medió precio en la compraventa cuestionada; conclusión a la que se llega por vía presuntiva, única que propugnan los actores, en actitud probatoria comprensible dada la dificultad que normalmente entraña la prueba de la inexistencia de precio; revelándose de la practicada a instancia de dicha parte los hechos base alegados, como son: los ingresos mensuales de doña *** que, en conjunto, alcanzaban la cantidad de 77.002 pesetas, procedentes de pensiones, según certifica la Seguridad Social; existencia de una imposición a plazo por importe de 1.000.000 de pesetas desde el 11-6-1983, y libreta ordinaria con un saldo de 1.394.657 pesetas desde el 4-4-1984, que van incrementándose con los ingresos de pensiones, hasta llegar en la fecha de la escritura de compraventa a 1.773.423 pesetas, según consta en los extractos remitidos por la «Caja ***»; permanencia en la Residencia de Ancianos «*** » de Bermeo, desde el 27-8-1983 hasta el 31-5-1984; inexistencia de ingresos relevantes en las mentadas cuentas en época coetánea a la de la escritura de compraventa cuestionada, a tenor de aquellas certificaciones; escasa disponibilidad de dinero en las cuentas de los cónyuges demandados, según resulta de las certificaciones de Bancos y Cajas de Ahorros de Galdakano, en las que no se constata movimiento alguno de cuantía próxima al precio que se confiesa recibido por la vendedora, 4.000.000 de pesetas. Hechos base que, tras permitir apreciar que doña *** se encontraba en una situación personal y económica que hacía innecesaria la venta escriturada, y suscitar la reflexión de lo anómalo que resulta la no aparición de rastro documental alguno de la existencia de precio no obstante la laboriosa búsqueda instada por la parte actora, cuando la realidad social indica que cantidades como la del precio declarado tengan alguna constancia documental, permiten concluir conforme a las más elementales reglas del criterio humano que no existió precio. Abonando la inferencia así obtenida la actuación procesal de los demandados, que, tras formular en su escrito de contestación a la demanda la escueta afirmación de ser incierto que no se hubiera hecho efectivo el precio de compra de las fincas, sin ofrecer los más elementales datos sobre el particular, abierto el período probatorio no se propuso prueba alguna tendente a demostrar la realidad de su existencia, sin que dicha actuación procesal encuentre cobertura en el art. 1214, ni en el 1277, ambos del Código Civil, que, interpretados a la luz del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución, y de buena fe procesal recogido en el art. 11.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, no permiten olvidar a efectos de alcanzar la concusión probatoria de inexistencia del precio, aquella conducta omisiva en quien tiene a su alcance los normales instrumentos de prueba del dato controvertido.

El pronunciamiento precedente comporta el que anudado a él se insta, procediendo declarar la nulidad de las inscripciones causadas por la escritura de compraventa de 28-11-1985 en los particulares a que la litis se refiere, así como acordarse la cancelación de las mismas, a tenor de lo establecido en los arts. 38, 79.3.º y 82, todos de la Ley Hipotecaria.

DECIMOQUINTO.- En orden a las costas del proceso, las de primera instancia han de imponerse a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que proceda hacer expresa imposición de las de la segunda instancia, en conformidad con lo establecido en el art. 1715, en relación con el 710, ambos de la misma Ley de Enjuiciamiento, debiendo satisfacer cada parte sus propias costas de las causadas en este recurso de casación, procediendo la devolución del depósito constituido.