STS de 3 de abril de 1909

En la villa y corte de Madrid, a 3 de abril de 1909, en los autos de juicio declarativo de mayor cuantía seguidos en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos por D. Daniel Talleda López, labrador y vecino del valle Arcentales, contra el Ayuntamiento de esta última población, sobre pago de cantidades e intereses correspondientes; pleito pendiente ante Nos en recurso de casación por infracción de ley que ha interpuesto el expresado Ayuntamiento de Arcentales, representado y defendido por el Procurador D. José María Cordón y el Letrado D. Luis Redonet y López Doriga, representando y defendiendo al demandante y recurrido el Procurador D. Pedro Ramírez y el Letrado D. Manuel Gómez Muñoz.

Resultando que durante la guerra civil carlista habida en España el último tercio del siglo anterior, dominaron las fuerzas rebeldes en muchas poblaciones, y, entre ellas, en la del valle de Arcentales, que, sujeta a tal dominación, hubo de constituir su Ayuntamiento para los años 1871 y 1875, en la forma resultante de las dos certificaciones aportadas a los autos por la Corporación demandada y recurrente Ayuntamiento de Arcentales, cuyas certificaciones, que importa conocer en su integridad por su atinencia al caso del recurso, son del tenor siguiente:

Primera certificación. "En la casa-ayuntamiento del valle de Arcentales, a 1.º de enero de 1874, bajo la presidencia del Alcalde, Don José de Billota; D. Francisco Arrugueta y D. José Martínez, Regidores, y D. Joaquín de Vizcaya, caballero-síndico, se reunieron en concejo pleno los caballeros, escuderos, hijosdalgo y vecinos que son de él para proceder al nombramiento de Justicia, con arreglo al fuero, uso y costumbre, todo en conformidad con la circular del Corregimiento de Vizcaya, su fecha 20 de diciembre último, y, al efecto, reunidos los tercios, según fuero, uso y costumbre, trajeron por electores los que a continuación se expresan. Seguidamente se sortearon los tres Regidores, las tres cédulas de Alcalde, salió la primera, para Alcalde primero, Ángel Arrugueta, y para segundo Severino Vía, y el último, Francisco Saragacha; seguidamente se sortearon Regidores del partido del concejo de abajo: Regidor primero, Antonio Ahedo; segundo, D. Hilario Sobrado y el último Joaquín Alduna; seguidamente se sortearon los tres Regidores del partido de arriba: Regidor primero, Benito Nieto; José Martínez, segundo, y el último Bernabé del Arco; seguidamente se sortearon los tres Ministros del partido de arriba, y salió: primero, Lorenzo Tejada; el segundo, Manuel González y el último José Arrauri; seguidamente se sortearon los Ministros del partido de abajo: Ministro primero, a Domingo Palacio; segundo, Ángel Llaguno, y el último Manuel Ortiz, y por Síndico procurador D. Daniel Talledo; en seguida el Presidente tomó al tercer Alcalde y le entregó el bastón, quedando constituido el Ayuntamiento el D. Francisco Saragacha; seguidamente el Presidente recibió juramento a los Regidores presentes, con lo que se terminó esta sesión":

Segunda certificación. "En la casa de Ayuntamiento del Valle de Arcentales, a 1

27 de diciembre de 1874, bajo la presidencia del Alcalde, D. Ángel Arrugueta, D. Antonio Ahedo, D. Benito Nieto, Regidores, y D. Daniel Talledo, Síndico procurador, se reunieron en concejo pleno los caballeros, escuderos, hijosdalgos y vecinos que son de él para proceder al nombramiento de Justicia, con arreglo a fuero, uso y costumbre, y con arreglo al decreto del día anterior, 26, y de la circular del Corregimiento, su fecha 16 de diciembre; y al efecto, reunidos los tercios, según fuero, uso y costumbre, trajeron por electores los que a continuación se expresan. Seguidamente fueron sorteadas las tres cédulas del Alcalde. Salió primer Alcalde D. Miguel de Renovales, y segundo D. Manuel González, y último D. Feliciano Aguirre; Regidor primero de San Miguel, D. Fermín Quintana, y D. Agustín Aguirre y D. Manuel Quintana. Regidor primero del partido de abajo, D. Manuel Nieto; segundo, Felipe Vizcaya; Manuel Vía el último. Por Fiel ñico: primero, D. Eutasio Llano; segundo, D. Manuel Altolachipe, y el último José María Llaguno. Para Fiel Ministro del partido de San Miguel: primero, D. Manuel Gómez; segundo, D. Agustín Goicoechea, y el último D. Francisco Llaguno, y para Síndico procurador general D. Andrés Bollain":

Resultando que apremiado el pueblo de Arcentales por las necesidades provenientes de las excepcionales circunstancias antes aludidas, vióse para hacer frente a ellas en la necesidad de arbitrar recursos, que fueron facilitados por D. Manuel de Llano y D. Ramón San Ginés, mediante las oportunas escrituras de 19 de enero y 31 de mayo de 1874, cuyos contexto importa conocer, al menos en su parte esencial, por invocarse la ley de estos contratos en el recurso del día, apareciendo, con relación a la primera de ellas, lo siguiente:

Primero.- Que el expresado día 19 de enero de 1871 comparecieron en el Valle de Arcentales, ante el Notario D. Eusebio María García, varios vecinos de aquella localidad, a saber:

1 .° D. Ángel de Arrugueta Perises;

2 .° D. Benito Nieto Goicoechea;

3 .° D. Daniel Talledo López;

4 .° D. Francisco Llaguno Renovales;

5 .° D. Andrés Bollain Llano;

6 .° D. Narciso Villanueva Urquía;

7 .° D. D. Joaquín de Llaguno Ibasa, todos labradores y propietarios; 8.° D. Ramón de San Ginés Portillo, capitalista y propietario;

9 .° D. Juan CAstillo Garusa;

10 .° D. Pedro de la Vía y Vía, y

11 .° D. Miguel de Llano Ortiz, todos éstos también labradores y propietarios y además los primero, segundo y tercero, respectivamente, Alcalde primero, Regidor primero y Procurador síndico del Ayuntamiento de Arcentales, en el pleno ejercicio de sus cargos éstos y en el de sus derechos civiles los once comparecientes;

Segundo.- Que por los mismos otorgantes se manifestó que para poder atender a las grandes necesidades que al Valle rodeaban en aquellas azarosas circunstancias, ya en orden al suministro de raciones que por reclamarse se habían dado y daban, tanto a las tropas del Gobierno de la República, cuanto a las del ejército carlista, y poder también satisfacer las cantidades metálicas que para el indicado fin habían adelantado personas particulares, estimaban necesario, mediante las facultades que el vecindario tenía conferidas, en acuerdo fecha 5 del corriente, tomar a préstamo las cantidades que se considerasen precisas, bajo cuyo concepto lo habían hecho de D. Miguel Llaguno, con las garantías y condiciones que habían exigido y la de que para su seguridad se le otorgase la competente escritura de obligación sin hipoteca especial, la cual otorgaban bajo las condiciones que se dirán:

Tercero.- Que D. Ángel Arrugueta, D. Benito Nieto y D. Daniel Talledo, como tales individuos del Ayuntamiento, confesaban, y a ello asentían los demás comprendidos en el documento, haber recibido antes de aquel acto de mano y poder del D. Manuel Llano, en concepto de préstamo, para las expresadas atenciones del Valle, la cantidad de 2.500 pesetas o 10.000 reales vellón, y declaraban percibir en aquel acto, en igual concepto y para iguales atenciones, la de 12.000 reales vellón, o sean 3.000 pesetas, de cuya entrega dio fe el Notario autorizante; y

Cuarto.- Que las restantes condiciones del contrato que se relaciona dicen así:

Condición segunda. Que el interés que media en este préstamo de las 5.500 pesetas a que en total ascienden las dos partidas prestadas es el de un 6 por 100 anual, pagadero en cada un año desde aquella fecha a prorrata o por partes iguales entre los diez coobligados en este documento; mas si alguno de ellos fuese insolvente al tiempo de pagar los réditos vencidos en cada un año, la parte del que no tuviese bienes se ha de partir por iguales partes entre los demás otorgantes;

Condición tercera. Que este préstamo se hacía por tiempo ilimitado y el prestamista D. Miguel de Llano podría, por consiguiente, pedir las 5.500 pesetas de principal prestadas, tan pronto como la reclamase; pero el aviso anticipado que había de darles a los deudores era de seis meses;

Condición cuarta. Que expirados que fuesen los seis meses del aviso anticipado que el D. Miguel o quien le sucediese había de dar a los deudores, se obligaban los diez comprendidos en esta escritura, de mancomún, a pagar a pro-nata o por partes iguales, sin excusa ni dilación, y poner a su costa, por su cuenta y riesgo, en casa y poder del repetido D. Miguel de Llano, las 5.500 pesetas de principal que se había dado, y, si así no lo cumpliesen, querían que el acreedor dirigiese su acción contra cada uno de los

diez obligados por la parte que de esas 5.500 pesetas le correspondiese y los apremiase, por todo rigor, a su pago y al de las costas, daños y perjuicios que se le causaren en su exacción, cuya liquidación diferían en su juramento, o de quien fuere parte legítima, relevándole de otra prueba; mas en el caso de que alguno de los obligados en este contrato fuese insolvente al tiempo de reclamar el pago, entonces los demás otorgantes responderían también, por partes iguales, de aquella suma que debiera satisfacer el que fuera insolvente;

Condición quinta. Que si al vencimiento de cada un año no se la pagasen los réditos al D. Miguel, entonces estos réditos, vencidos y no pagados habían de devengar a favor del prestamista el 6 por 100, también anual, de interés;

Condición sexta y última. Y que, enterado el prestamista de esta escritura, dijo que la aceptaba en todas sus partes, a los fines y para los efectos que en ella aparecían consignados:

Resultando que en cuanto a la escritura de 31 de mayo de 1874, que autorizó el mismo Notario García, fue otorgada por los expresados D. Ángel de Arrugueta Perises, D. Benito Nieto Goicolea y D. Daniel Talledo López, labradores, propietarios, y Alcalde y Regidor primeros aquéllos, respectivamente, y Procurador Síndico el último, del Ayuntamiento de Arcentales; por D. Antonio Ahedo Martín, labrador arrendatario, también Regidor primero del propio Ayuntamiento; por D. Joaquín de Renovales Vía, D. Manuel Nieto Martínez, D. Agustín Goicolea Palacios, D. Feliciano de Aguirre Cariga, D. Fermín Quintana e Iñigo y D. José de Llaguno Renovales, labradores y propietarios, y por D. Ramón de San Ginés Portillo, propietario y capitalista: en total once, todos vecinos de la antecitada población; habiéndose pactado en este contrato, como condiciones, las siguientes:

Primera.- Que para atender a las apremiantes necesidades que al Valle surgen en la actuales circunstancias de guerra, reciben en este acto, en concepto de préstamo, los cuatro citados individuos del Ayuntamiento, de mano y poder del D. Ramón de San Ginés Portillo, a la presencia de mí el Notario y testigos de este instrumento, la cantidad de 8.500 pesetas, o 34.000 reales vellón, de que se hizo cargo el Procurador Síndico D. Daniel Talledo;

Segunda.- Que el interés que media en este préstamo de los 34.000 reales vellón de principal es el de un 6 por 100 anual, pagadero en cada un año, contado desde aquel día, de mancomún, a prorrata o por partes iguales entre los 10 coobligados en esta escritura; mas si alguno de ellos fuera insolvente al tiempo de satisfacer los réditos vencidos a la terminación de cada año, la parte del que no tuviere bienes o fuere insolvente, se han de repartir y la han de pagar, por partes iguales, entre los demás otorgantes, cuyos réditos han de poner en casa y poder del prestamista D. Ramón de San Ginés o quien su derecho hubiese, sin excusa ni pretexto alguno, pena de ejecución, costas, gastos y perjuicios que se le originen al acreedor San Ginés, si así no lo hiciesen;

Tercera.- Que este préstamo se hace por tiempo de cuatro años, a contarse desde el otorgamiento de este público contrato y finalizan en igual fecha del año próximo venidero de 1878; y

Cuarta.- Que transcurridos que sean los cuatro años de que hace referencia la precedente tercera condición, los referidos diez otorgantes se obligan, también de mancomún, a pagar a prorrata, o por partes iguales, sin excusa ni dilación, y poner a sus costa por su cuenta y riesgo, en casa y poder del D. Ramón de San Ginés o quien le suceda, en una sola partida y buena moneda de plata u oro usual y corriente, los repetidos 34.000 reales vellón del principal prestados; y si no lo cumpliesen, según han prometido, quieren que el acreedor dirija su acción contra cada uno por la parte que de esos 34.000 reales los corresponda, y apremie, por todo rigor, a su pago y al de las costas y perjuicios que se le causen en su exacción; y si alguno o algunos fuesen a la sazón pobres, se ha de repartir su parte entre los restantes, a cuya satisfacción se les ha de poder competer igualmente; añadiendo que si, transcurridos esos cuatro años, no pagasen el principal, todo el tiempo que estuviesen sin devolverlo ha de devengar el mismo interés del 6 por 100 anual, cuyos dos préstamos tuvieron su sanción en los dos siguientes acuerdos del Ayuntamiento:

Primer acuerdo. En el valle de Arcentales, a diez y nueve días del mes de enero de 1874, reunidos los señores del Ayuntamiento D. Ángel de Arrugueta, Alcalde principal; D. Benito Nieto, Regidor y don Daniel Talledo, Síndico-Procurador, y no se nombra a D. Antonio Ahedo por estar enfermo, y los vecinos la mayor parte general don Ramón San Ginés, D. Miguel Llano y muchos más, de los cuales unos se nombran y otros no, por evitar prolijidad, el Presidente hizo público que, en virtud del acuerdo del 5 del corriente, D. Miguel de Llano de esta vecindad, hacía entrega al Municipio en este día de la suma de 22.000 reales vellón, a interés del 6 por 100 anual, y que habiendo procedido al otorgamiento de la escritura y para mayor seguridad del prestamista, con varios vecinos de fiadores, y que mediante a esto, siendo así que la expresada suma es en beneficio del valle en general, todos los vecinos quedan obliga­dos al pago de principal e intereses y abonar a los dichos fiadores cuantos gastos y perjuicios se originen sobre el particular;

Segundo acuerdo. En el valle de Arcentales, a 31 de mayo de 1871, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Ángel de Arrugueta, D. Antonio Ahedo, D. Benito Nieto, Regidores, y D. Daniel Talledo, Síndico-Procurador, que son los componentes de este Ayuntamiento, y además la mayoría de vecinos, D. Miguel Llanos, D. Ramón San Ginés, D. Manuel González, etc., etc., y otros muchos que no se nombraban, dijeron: que en el día de hoy recibe el Ayuntamiento la suma de 34.000 reales, que entrega a préstamo D. Ramón de San Ginés, vecino de este valle, por término de cuatro años, con interés de 6 por 100 anual, y para hacer dicha entrega, el prestamista exige se le garantice por varios propietarios vecinos de este recordado valle y eran los expresados en tercer término en el ingreso de la escritura del referido 1 de mayo, quienes, en unión del Ayuntamiento, otorgan hoy la correspondiente escritura de obligación y fianza ante

el Notario, vecino de Turcios, D. Eusebio María García, que si bien dichos señores del Ayuntamiento y referidos fiadores quedan por el pronto obligados los vecinos, en particular y en general, se obligan a pagar al prestamista la expresada suma y réditos vencidos, con más las costas y gastos a que por cualquier evento se diere lugar, puesto que dicha suma se adquiere para atender a los grandes gastos que se han causado en las actuales circunstancias;

Resultando que nueve años próximamente después de lo acabado de referir, o lo que es lo mismo, en 20 de enero de 1883, comparecieron en Valmaseda ante el Notario D. Francisco Hurtado de Saracho, de una parte, D. Ramón San Ginés Portillo, y de otra D. Daniel Talledo López y demás que con el carácter de propietarios y vecinos de Arcentales otorgaron la escritura de préstamo de 31 de mayo de 1874, menos D. José de Llaguno Renovales, quienes después de hacer mérito de lo expresado en la escritura que se acaba de citar, dijeron en esencia lo siguiente: que la cantidad de 8.500 pesetas, importe de aquel préstamo, la recibió en el acto del otorgamiento de la escritura el Procurador Síndico D. Daniel Talledo para poder atender a las apremiantes necesidades del Valle de Arcentales, motivada por la guerra civil existente entonces en el país; que por no haber cumplido los deudores sus obligaciones, promovió el acreedor ejecución contra algunos o la mayor parte de aquéllos, sin poder precisar en aquel momento si se les embargaron bienes; que este procedimiento se paralizó esperando el resultado de otros ejecutivos de la misma índole, seguidos por sus trámites y terminados por sentencias ejecutorias; que habiendo tratado el acreedor San Ginés de poner en movimiento el enunciado juicio ejecutivo, se acercaron a él los comparecientes y convinieron en satisfacerle desde luego la parte proporcional, pero incluyéndose entre ellos al D. José de Llaguno Renovales, que aquí se designa como don José Martín Llaguno, y se les cediese todos sus derechos con respecto al Ayuntamiento del Valle de Arcentales y a la respectiva a los insolventes D. Benito Nieto, D. Antonio Ahedo y D. Angel Arrugueta; que practicada la liquidación había dado por resultado 8.500 pesetas por principal, 3.825 pesetas por intereses de siete años y seis meses, y últimamente 386 pesetas por las costas causadas en el juicio ejecutivo, o sean en junto la suma de 12.711 pesetas; que distribuida esta cantidad entre los siete, correspondían a cada uno 1.815 pesetas 85 céntimos y 5,7 de otro que también habían convenido realizar directamente don Ramón San Ginés, las 1.815 pesetas 85 céntimos y 5,7 correspondientes al D. José Martín Llaguno, sin poder en ningún tiempo, aunque resultase insolvente el Llaguno, reclamar nada a los comparecientes por tal concepto; que llevado a efecto lo convenido, otorgaba el don Ramón San Ginés recibir en aquel acto de D. Feliciano de Aguirre, D. Joaquín Renovales y D. Fermín Quintana, 1.815 pesetas 85 céntimos y 5,7 de cada uno y 500 pesetas de D. Agustín Goicolea Palacios; que asimismo confesaba el San Ginés tener recibidas con anterioridad del D. Agustín Goicolea las restantes 1.315 pesetas 85 céntimos y 5,7 y de D. Manuel Nieto Martínez y D. Daniel Calledo López, 1.815 pesetas 85 céntimos 5,7 de cada uno de ellos, renunciando la excepción de la no entrega, de la cual entrega de la ley 9.^a, tít. 1.⁰, Partida 5.a, de cuyos efectos enteró a las partes el Notario autorizante; que como real y efectivamente satisfecho el D. Ramón de San

Ginés de las cantidades expresadas, formalizaba carta de pago en forma a favor de D. Feliciano de Aguirre, D. Joaquín de Renovales, D. Fermín Quintana, D. Agustín Goicolea, D. Manuel Nieto y D. Daniel Talledo, cediendo en favor de los mismos cuantas acciones y derechos les correspondían en virtud de la escritura de préstamo mencionada al principio de 31 de mayo de 1874; que en virtud de ello quedaban colocados en un todo en su lugar, para reclamar el importe de lo satisfecho al Ayuntamiento del Valle de Arcentales y a los insolventes D. Benigno Nieto, D. Antonio Ahedo y D. Ángel Arrugueta, con respecto a ésos tan sólo en la parte que proporcionalmente les correspondía satisfacer, distribuidos entre todos los primitivamente obligados en la repetida escritura de 31 de mayo de 1874; que asimismo se obligaba el D. Ramón San Ginés a hacer efectivas de D. José María Llaguno las 1.815 pesetas 85 céntimos y 5,7, sin poder reclamar de esta suma cosa alguna, aunque resultase insolvente, de los demás comparecientes de la escritura que se relaciona, y éstos, o sean D. Joaquín Renovales, don Feliciano Aguirre, D. Manuel Nieto, D. Daniel Talledo, D. Fermín Quintana y D. Agustín Goicolea y además el D. Ramón San Ginés, enterados de esta misma escritura, la aceptaban en lo correspondiente a cada uno de ellos:

Resultando que en Valmaseda a 9 de junio del antecitado año 1883 y ante el Notario de aquella villa D. Donato María de Llaguno, otorgó D. Pedro de Llano Vía, hijo de D. Miguel de Llano Ortiz a favor del actor y recurrido D. Daniel Talledo López, escritura de carta de pago y lasto, haciendo con tal motivo varias manifestaciones, cuales fueron en esencia: que el año 1874 el Ayuntamiento y vecinos del Valle de Arcentales se hallaban oprimidos con las muchas raciones y metálico que tenían que afrontar por efecto de la guerra y apremiantes pedidos que se les hacía por los ejércitos de uno y otro bando; que con fecha 19 de enero de aquel año –1871– por escritura otorgada ante la fe del Notario D. Eusebio María García, el Alcalde que a la sazón era, dos Regidores y algunos vecinos propietarios del Valle, entre ellos D. Daniel Talledo López, de edad entonces de veintinueve años, se reconocieron deudores a favor de D. Miguel de Llano Ortiz, vecino del expresado Arcentales en cantidad de 22.000 reales vellón o sean 5.500 pesetas que les facilitó para las referidas antenciones procomunales, al interés del 6 por 100 anual, a cuyo pago de capital e intereses se obligaron de mancomún los Concejales y vecinos expresados en la referida escritura, y en los términos en ella expresados; que por otra escritura de 3 de junio de 1878, que autorizó el Notario D. Francisco Hurtado de Saracho, el acreedor D. Miguel Llano Ortiz, en unión de su legítima mujer Doña Antonia de la Vía y Sobrado, donó ese crédito a su hijo el Don Pedro de Llano y Vía para el matrimonio que éste estaba próximo a contraer con Doña María del Castillo y Capetillo; que el D. Pedro de Llano y Vía había seguido procedimientos ejecutivos contra los deudores obligados en la referida escritura; que en este estado las cosas se había convenido en que el D. Daniel Talledo le pagase a saber: 1.160 pesetas 75 céntimos del capital e intereses y 295 pesetas 50 céntimos de costas y que le formalizase de ello carta de pago y cesión de acciones contra el Valle de Arcentales; que en consecuencia el D. Pedro de Llano

recibía de manos de D. Daniel Talledo López las expresadas 1.160 pesetas 75 céntimos en billetes del Banco Español, a la par, devolviéndole un pico sobrante, a presencia del Notario autorizante de la escritura, quien dio fe de la entrega; y que como bien pagado y satisfecho formalizaba a favor del D. Daniel Talledo la más eficaz carta de pago y le cedía sus acciones contra el Valle de Arcentales y sus vecinos, para que las ejercitase en la vía y forma que viese convenirle: siendo de advertir que el otorgante de la escritura acabada de referir D. Pedro de Llano y Vía fue presentado como testigo por la Corporación demandada; y contestando a las preguntas y repreguntas que le fueron dirigidas manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: que no tenía interés en que el pleito se fallase en uno o en otro sentido, y como vecino del Valle está obligado a levantar las cargas legales; que el Valle de Arcentales y pueblos circunvecinos se hallaban en los meses de enero y junio de 1874 completamente dominados por las fuerzas carlistas; que aquel pueblo no podía evitar el pago de las cantidades exigidas por las fuerzas carlistas en la época en que éstas dominaron en él y no tenían otro remedio que entregar las cantidades, raciones y demás cosas a que se referían tales exigencias: que aunque las tropas del Gobierno entraron en Bilbao en mayo de 1874, en Arcentales siguió el mismo estado de cosas; que creía ser cierto que también las tropas del Gobierno dominaron en el susodicho pueblo y exigieron cantidades, raciones y otros desembolsos; que los préstamos hechos por D. Miguel Llano y D. Ramón San Ginés a que se refieren las escrituras de 19 de enero y 31 de mayo de 1874, fueron empleados en suministrar raciones y soportar otras exigencias de las numerosas tropas del ejército carlista que ocupaban aquella región con motivo de las batallas que en la época de referencia se libraron en Somorrostro; y que en ninguno de los préstamos a que se refieren las precitadas escrituras intervino el Municipio de Arcentales, representado por el Ayuntamiento, sino vecinos particulares del pueblo, porque los prestamistas Llano y San Ginés no daban el dinero a la expresada Corporación, sino a los particulares, por ofrecerles éstos mayores garantías:

Resultando que de certificación aportada al pleito en término de prueba, a instancia del Ayuntamiento de Arcentales, demandado y hoy recurrente, aparece que D. Ramón de San Ginés Portillo, siguió ante el Juez de primera instancia de Valmaseda, contra D. Daniel Talledo López, pleito ordinario de mayor cuantía sobre pago de cantidad, en el cual pronunció el Juzgado, con fecha 17 de diciembre de 1883, sentencia que confirmó en otra de 4 de julio de 1889 la Sala de lo civil de la audiencia territorial de Burgos, condenando al D. Daniel Talledo a que en término de tercero día pagase al D. Ramón San Ginés la cantidad de 1.750 pesetas que le debía, réditos de un 6 por 100 desde la fecha del emplazamiento y en todas las costas, acerca de cuyo juicio resultan de la expresada certificación los siguientes extremos: que no habiendo ofrecido resultado las diligencias preparatorias de ejecución incoadas por San Ginés, dedujo éste contra el D. Daniel la demanda inicial del precitado juicio declarativo, expresando que el primero entabló contra el segundo y otros demanda ejecutiva sobre pago de cierta cantidad que les había prestado e intereses; que todos los demandados, comprendiendo la justicia de la reclamación, pagaron a San Ginés lo reclamado por éste, a excepción de D. Daniel

Talledo, D. Manuel Nieto y D. Agustín Goicolea; que como el no pagar éstos sólo obedecía a sus falta de recursos, hicieron constar la obligación que les ligaba en un documento privado extendido en Valmaseda a 20 de enero de 1883, suscrito por los deudores y testigos cuya mención se hacía; que según este documento, Talledo era deudor a San Ginésde 7.000 reales; que admitida la demanda, el D. Daniel contestó que en 1874, los que entonces aparecían como representantes del pueblo de Arcentales tomaron a préstamo varias cantidades para atender al suministro exigido por ambos bandos, especialmente el carlista; que entre estas sumas se hallaban las 8.500 pesetas que entregó a San Ginés, otorgándole la oportuna escritura varias personas, entre ellas las que eran Alcalde y Regidor del Ayuntamiento, y D. Daniel Talledo, que era Síndico, comprometiéndose como fiadores a devolver la suma en el término de cuatro años, y a pagarle el rédito de un 6 por 100; que San Ginés promovió, a virtud de este título, autos ejecutivos que suspendió al poco tiempo; que después, los fiadores Aguirre, Renovales y Quintana, pagaron al D. Ramón lo que les correspondía del expresado crédito, o sean 1.815 pesetas 85 céntimos cada uno, según escritura de 20 de enero de 1884, así dice, ante el Notario Hurtado; que antes de estos acreedores, D. Daniel entregó la misma cuota a San Ginés, según éste confesó en la referida escritura, razón por la cual, el mismo se dio por satisfecho y pagado de su crédito y cedió a favor de los otorgantes, entre los que figuraba Talledo, los derechos y acciones que le correspondían contra el Ayuntamiento de Arcentales; que en los considerandos de la sentencia de primera instancia se estableció: que la voluntad de las partes, expresa y claramente manifestada, es la primera ley de todo contrato a cuyo cumplimiento vienen obligadas aquéllas, según la ley 1.^a, libro 10 de la Novísima Recopilación; que las palabras de un contrato deben interpretarse en su genuina y natural significación, y que la ley del contrato, esto es, la escritura pública de 31 de mayo de 1874, liga, constriñe y obliga a lo en ella contratado a los diez otorgantes como particulares, no como representantes del Ayuntamiento de Arcentales, acerca de cuya representación nada se dice en la enunciada escritura, ni se menciona en ella la necesaria y previa autorización del Ayuntamiento para contratar y obligarse en su nombre, requisito éste indispensable para que el Alcalde, el Regidor y el Síndico, con los demás obligados, pudieran ostentar la procuración, mandato o representación del Municipio de Arcentales, y obligarse aquéllos en nombre de éste, y que en la sentencia de segunda instancia se estableció como uno de los fundamentos hechos costar en los considerandos hallarse acreditado cumplidamente por la escritura de 31 de mayo de 1874 el contrato de mutuo, del que se derivaba la obligación cuyo cumplimiento el actor San Ginés reclamaba, contraída por el demandado Talledo, no a nombre ni en representación de ninguna otra persona, sino por sí, de una manera directa y como único responsable en la parte correspondiente:

Resultando que con fecha 21 de diciembre de 1901 dirigió D. Daniel Talledo al Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de Arcentales una instancia, en la que, fundándose en las actas de aquella Corporación municipal, de 19 de enero y 31 de mayo de 1874, en las escrituras de carta de pago y cesión de derechos de 20 de enero y 9 de junio de 1883, solicitó que el referido Ayuntamiento reconociera a su favor un

crédito de 2.976 pesetas 60 céntimos, con sus intereses al 6 por 100 desde el último citado año 1883, y que se acordara consignar en el próximo presupuesto la suma o sumas necesarias para su pago en la forma que se estimase conveniente, en contestación a cuya solicitud, el Alcalde Arcentales dirigió al Talledo el oficio, que transcrito a la letra, dice así: "El Ayuntamiento que me honro en presidir, en sesión ordinaria, celebrada en 18 de los corrientes, se ha servido elevar a acuerdo el siguiente informe: "La Comisión de Hacienda que suscribe, evacuando el informe que por el Ayuntamiento de este Valle se le confiere en sesión de 27 de abril próximo pasado, y después de examinar detenidamente la instancia y documentos presentados por don Daniel Talledo, con fecha 21 de diciembre de 1901, pasa a exponer lo siguiente: "Recibida por el Ayuntamiento de Arcentales determinada cantidad para atender a los gastos que circunstancias especiales originaban en el año de 1874 de dos vecinos de aquel pueblo, obligóse dicho Ayuntamiento, con otros vecinos fiadores de dicha deuda, en sus respectivos conceptos de deudores y fiadores, al pago de ella". "Dirigida la acción ejecutiva contra los fiadores, algunos de ellos, entre éstos D. Daniel Talledo, satisfizo su porción correspondiente a los acreedores, y obtuvo de éstos la cesión de derechos y cartas de pago en el año 1883; de entonces acá, y sin que conste otra cosa a la Comisión que suscribe, reclamación alguna, digo, ninguna dirigió al antes mencionado Ayuntamiento hasta el 21 de diciembre de 1901, en que, en solicitud firmada por dicho Talledo, pide a la Corporación le reintegre de lo que a los acreedores satisfizo. Esto expuesto, se pregunta: ¿tiene el Ayuntamiento, hoy día, obligación de satisfacer al solicitante la cantidad reclamada? Tanto en el derecho anterior de Castilla, como en el de nuestro Código foral, como en lo civil vigente común, es modo de extinguirse las obligaciones y excepción que libera al deudor de su pago la prescripción por el transcurso del tiempo fijado por la ley, desde que el acreedor tuvo expedito su derecho para reclamar, y no lo hizo, y este tiempo que la ley exige, vario en los derechos anteriores al Código y foral, era el de veinte años, con arreglo a la ley 5.ª, título 8.°, libro 11 de la Novísima Recopilación, y el de 15, conforme a la ley 1.^a, título 12 del Fuero de Vizcaya, diferencias vigentes al tiempo de la celebración del contrato, y a las que habremos de atenernos para emitir nuestra opinión. Aplicable al pueblo de Arcentales la legislación foral, el tiempo de la prescripción de la deuda es el de quince años, tiempo que desde el otorgamiento de la carta de lasto hasta el día ha transcurrido con exceso, sin que conste hay habido interrupción del mismo, necesaria para que prescriba la deuda por los modos que la ley 29, título 29, Partida 3. establecía, ni porque el vigente Código civil determina en su art. 1973. Por lo expuesto entiende la Comisión suscrita que la prescripción libera al pueblo de Arcentales de satisfacer la deuda, que de otro modo se hallaba obligado a pagar en la forma que establece el art. 141 de la vigente ley municipal. Resulta además que aun cuando en las actas de las sesiones que tratan del empréstito no se expresa con claridad, sabido es de todos que tal empréstito tuvo por objeto de recolectar dinero para las exigencias de la guerra carlista, y que existen disposiciones administrativas que relevan a los Ayuntamientos del reconocimiento de deudas de esta índole, y liberan, por tanto, del pago. Por las razones antedichas, creen los que componen la Comisión que informa debe negarse esta 10

Corporación al pago de la cantidad que reclama D. Daniel Talledo en su instancia de 21 de diciembre último, desestimando, por tanto, su pretensión. Arcentales 16 de mayo de 1902.– José López.– Pedro Llano.– Francisco Azcúnaga. Lo que tengo el honor de comunicar a V. a los efectos oportunos. Dios guarde a V. muchos años. Arcentales, 23 de mayo de 1902.– El Alcalde, José López.– Sr. D. Daniel Talledo. Arcentales".

Resultando que en relación con estos antecedentes, y previamente declarado pobre D. Daniel Talledo López, por sentencia firme de 5 de noviembre de 1904, dedujo en escrito, fecha 14 de febrero de 1906, ante el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, contra el Ayuntamiento de Arcentales demanda de juicio declarativo de mayor cuantía, con la súplica de que se condenase al expresado Ayuntamiento a pagarle 2.976 pesetas 60 céntimos, los intereses del 6 por 100, a contar desde el 20 de enero de 1883, respecto a la de 1.815 pesetas 85 céntimos, y desde 9 de junio del mismo año 1883 los de las restantes 1.160 pesetas 75 céntimos y las costas, en apoyo de cuyas pretensiones, alegó en sustancia lo siguiente: que, según consta en actas de 19 de enero y 31 de mayo de 1874, se tomaron por el Ayuntamiento de Arcentales, a préstamo al interés de 6 por 100 anual de D. Miguel de Llano, la cantidad de 22.000 reales vellón, o sean 5.500 pesetas, y de D. Ramón San Ginés 34.000 reales, o sean 8.500 pesetas; que para la formalización de esos préstamos se otorgaron dos escrituras, la primera, de fecha 19 de enero de 1874, entre el prestamista D. Miguel de Llano de una parte, y de otra el Alcalde, Regidor y Síndico, cargo éste desempeñado a la sazón por el dicente; que la segunda escritura, de fecha 31 de mayo del antecitado año, la otorgaron el otro prestamista D. Ramón de San Ginés, de una parte, y de otra, el Alcalde, dos Regidores, el Síndico, cuyo cargo seguía desempeñando el D. Daniel Talledo, y varios vecinos; que de tales escrituras consta los indicados préstamos de 5.500 y 8.500 pesetas, hechos por D. Miguel Llano y D. Ramón San Ginés, sus condiciones, y como las expresadas cantidades las recibió el pueblo para atender a necesidades creadas por la guerra, obligándose los otorgantes personalmente a responder a prorrata de las cantidades prestadas; que más tarde D. Miguel de Llano cedió el crédito a este prestamista San Ginés y el cesionario del otro crédito D. Pedro de Llano entablaron los oportunos juicios ejecutivos en reclamación de las cantidades adeudadas, dirigiendo su acción contra los obligados a responder de ellas; que entre éstos se hallaba el demandante, quien hubo de pagar sin más remedio la cantidad correspondiente, o sea a D. Ramón San Ginés 1.815 pesetas 85 céntimos, y a D. Pedro Llano 1.160 pesetas 75 céntimos, o sea en junto 2.976 pesetas 60 céntimos; que D. Daniel Talledo gestionó, desde luego, el cobro de esta cantidad del Ayuntamiento de Arcentales, quien, como prestatario, debía satisfacerla; que el dicente tuvo la desgracia de cometer, en un momento de ofuscación, un hecho por el cual se le condenó a la pena de reclusión temporal, impidiéndole, o por lo menos dificultándole el cumplimiento de la misma, llevar a cabo el cobro; que, sin embargo, Talledo reclamó el pago en distintas ocasiones, y en una de ellas dirigió solicitud al Ayuntamiento de Arcentales; que éste acordó desestimar el pago, según se lo hizo saber el Alcalde por medio de oficio, fundándose en haber prescrito la acción y en existir disposiciones administrativas,

mediante las cuales quedaban relevados los Ayuntamientos del reconocimiento de deudas de esta índole; y que esta denegación obligó al demandante a seguir el procedi­miento judicial, y mediante su carencia de recursos a solicitar y obtener su declaración de pobreza, alegando además de esto el D. Daniel Talledo, entre los fundamentos de derecho que, según los arts. 1935 -así dice en lugar de 1838- y 1839 del Código civil, habiendo pagado aquél las sumas debidas por el pueblo de Arcentales a D. Miguel Llano y D. Ramón San Ginés, adquirió el indiscutible derecho de exigir de ese pueblo el reembolso de lo satisfecho con los intereses del 6 por 100, devengados por los préstamos; y que aunque el D. Daniel no tuviera el carácter de fiador, el resultado sería el mismo, pues en las escrituras de carta de pago y lasto de 20 de enero y 9 de junio de 1883 se le cedieron cuantas acciones correspondían a los acreedores cedentes, y mediante tal cesión, quedó subrogado en los derechos de aquéllos; habiéndose acompañado al escrito que se acaba de relacionar las actas y escrituras de 19 de enero y 31 de mayo de 1874, las escrituras de carta de pago y cesión de derechos de 20 de enero y 9 de junio de 1883, la solicitud dirigida en 21 de diciembre por D. Daniel Talledo al Ayuntamiento de Arcentales, y el oficio de éste dirigido al primero con fecha 23 de mayo de 1902, comunicándole el acuerdo de 18 del mismo mes, denegatorio del pago, documentos todos relacionados al principio y obrantes hoy en los autos de este recurso, y además otro documento cuya clase no se expresa –acreditativo de que en 4 de febrero de 1898 se concedió licencia absoluta a D. Daniel Talledo, confinado en el establecimiento penal de Cartagena por haber cumplido el expresado día la condena de catorce años, ocho meses y un día de reclusión temporal, impuesta por la Audiencia provincial de Bilbao en sentencia de 5 de julio de 1887:

Resultando que por escrito fecha 27 de mayo del expresado año 1906, formuló su contestación el Ayuntamiento de Arcentales, solicitando se le absolviese a esta Corporación de la injusta, e improcedente y por demás extraña demanda de que se trata, imponiendo al actor perpetuo silencio por el concepto que reclamaba y todas las costas del juicio, exponiendo en síntesis, para fundar su oposición los siguientes hechos: que aún perdura el recuerdo de las azarosas circunstancias atravesadas por aquel país en los años 1874 y 1875, a consecuencia de la guerra civil entre los ejércitos carlista y nacional; que ninguno de los entonces habitantes de aquella comarca ha olvidado o ignora haber estado dominado Arcentales, Valmaseda, etc., por las fuerzas de D. Carlos, imperando su dominación en aquellos pueblos como en otros muchos, no sólo en el orden militar, sino también en el civil, político y administrativo; que por tanto, los Ayuntamientos o mejor dicho justicias, según los llamaban, se constituían de conformidad a los decretos y circulares del Corregimiento de Vizcaya y Diputación a guerra establecida en Durango, prescindiendo en absoluto en su constitución, organización y funcionamiento de la ley Municipal de 20 de agosto de 1870 vigente entonces, y de las demás disposiciones emanadas de las Autoridades legítimas de la nación; que así constituido, esto es, ilegítimamente, el Ayuntamiento de Arcentales en los años 1874 y 1875, se otorgaron las dos expresadas escrituras de préstamos por 5.500 y 8.500 pesetas, de 19 de enero y 31 de mayo del primero de aquellos años; que la

Corporación demandada estaba conforme con el contenido de estas escrituras, si bien con la salvedad de no haber sido el Ayuntamiento de Arcentales, como entidad jurídica legalmente representada, quien recibiera las sumas entregadas por D. Miguel Llano y D. Ramón San Ginés, sino los otorgantes de los documentos, siquiera entre ellos hubiera algunos pertenecientes a la justicia del expresado Valle, quienes no obraban, empero, en nombre y representación del Concejo; que las cantidades expresadas en las referidas escrituras no se emplearon en racionar las fuerzas del ejército nacional ni en ninguna otra clase de gastos legítimos, destinándose, por el contrario, al aprovisionamiento de las tropas rebeldes y al pago de las exacciones de diversas clases impuestas a los pueblos donde dominaban; que era cierta la cesión de derechos hecha por D. Miguel Llano a favor de su hijo D. Pedro, pero no el haber satisfecho el actor, según éste afirmaba a D. Ramón San Ginés 1.815 pesetas 85 céntimos, pues si bien era exacto el otorgamiento por esto a favor del Talledo de carta de pago y cesión de derechos, lo es también no haber entregado el último la expresada cantidad, la cual quedó debiendo a virtud de documento privado de 20 de enero de 1883; que D. Daniel Talledo fue condenado al pago de costas por sentencia firme de 17 de diciembre de 1888, pronunciada por el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, y al intentarse ejecutar este fallo apareció insolvente; y que no era cierto hubiese hecho D. Daniel Talledo, hasta el 21 de diciembre de 1901, gestión alguna judicial ni extrajudicial cerca del Ayuntamiento de Arcentales para el cobro de las sumas reclamadas ahora por aquél; en armonía, cuyos hechos y entre los fundamentos legales, adujo la Corporación demandada, en sustancia: Que constituido ilegalmente en 1874 el Ayuntamiento de Arcentales, son nulos los actos y contratos celebrados por él por falta de capacidad jurídica, careciendo tales contratos de eficacia y fuerza para exigir su cumplimiento al Ayuntamiento actual; que las obligaciones contenidas en los contratos de préstamo de referencia son ineficaces en cuanto al Ayuntamiento de Arcentales, por entrañar una causa ilícita como contraria a la ley, en cuanto tendía directamente a fomentar y sostener la rebelión carlista en contra del Poder constituido; que, aparte de esto, las obligaciones contraídas en las escrituras de préstamo, lo fueron simplemente de algunos vecinos del Valle para con D. Miguel Llano y D. Ramón San Ginés, pues ninguno de los otorgantes, como se ve en tales documentos, intervino en nombre de la Corporación municipal ni llenó ninguno de los requisitos indispensables para ostentar la representación, procuración o mandato del Ayuntamiento de Arcentales; que según la ley 1.^a, título 12 del Fuero de Vizcaya, las acciones personales prescriben a los quince años, y no habiendo hecho el actor ninguna reclamación al Ayuntamiento demandado, desde el año 1883 hasta 21 de diciembre de 1901, ha de estimarse prescrita la acción y extinguidas las obligaciones de cuyo cumplimiento se trata; que no obsta a ello haya estado el actor sufriendo condena, pues esto no le impedía ni dificultaba el ejercicio de sus derechos para interrumpir la prescripción; que el contrato de fianza necesita para subsistir la existencia de una obligación principal válida; que siendo ineficaz, en cuanto al Ayuntamiento de Arcentales, la obligación principal lo será también y no producirá efecto alguno jurídico la fianza referente a la misma; que son aplicables al caso los arts. 1838 y 1839 del Código civil, aun cuando la obligación contraída por el actor en las 13

escrituras de 19 de enero y 31 de mayo de 1874 fuera la de fiador, como sostiene, y no la de deudor principal, según la Corporación demandada afirma; y que, todo esto aparte, es incierto haya pagado el demandante a D. Ramón San Ginés las 1.815 pesetas 85 céntimos en tal concepto reclamadas; figurando presentados con su escrito por el Ayuntamiento de Arcentales los tres documentos que obran también unidos a los autos de este recurso y que consisten en las dos certificaciones referidas en los precedentes, relativas a la constitución de aquel Ayuntamiento en los años 1874 y 1875, y otra referente a la cuenta justificada rendida por D. Ángel Arrugueta y D. Daniel Talledo, Alcalde y síndico del indicado Valle de Arcentales durante el primero de aquellos años, en cuyo cargo, importante 252.390 reales, figuran los préstamos de 22.000 y 34.000 reales hechos por D. Miguel Llano y D. Ramón San Ginés, y figurando en su data, que importó 257.354 reales 8 céntimos el importe de los derechos devengados por el Notario en las escrituras de aquellas fechas, y entre otra partidas, varias de leña y carbón para las guardias de prevención y otros puntos, raciones sueltas y especificadas en número, tanto de pan y vino como de cebada y ropas y demás efectos llevados al Hospital de sangre; resultando un alcance a favor del síndico y en contra del Valle de 4.963 reales 16 céntimos, cuyas cuentas, después de examinadas por los contadores y hecho saber al vecindario, fueron aprobadas en junta general celebrada el 15 de agosto de 1875, con las rebajas que constan en el acuerdo:

Resultando que al replicar y duplicar actor y corporación demanda, reprodujeron los hechos que tenían alegados e insistieron en las pretensiones que respectivamente tenían deducidas, y recibido el juicio a prueba, tuvo lugar la siguiente:

A instancia de la parte actora.– 1.° Documental, consistente en la aportación a los autos de los dos que siguen:

a) Comunicación del Presidente de la Comisión provincial de Vizcaya haciendo constar, con referencia a la sesión celebrada por la Diputación en 22 de enero de 1884, varios extremos, a saber: que quedaran en vigor los acuerdos ordenando al Ayuntamiento de San Salvador del Valle el pago de sus créditos a D. Pedro Urcullu y consortes, créditos que, según resultaba del expediente de su referencia, procedían de servicios prestados por cuenta del referido Concejo con cuatro parejas de bueyes en las obras de fortificación que se estaban ejecutando por cuenta del Gobierno Nacional en la línea de Bilbao, siendo ilegítimas las Autoridades que intervinieron por parte del expresado Concejo así para fijar el salario o jornal diario que tales parejas de bueyes habían de devengar, como las que intervinieron en el reconocimiento del débito; la aprobación de la partida consignada en los presupuestos de Ceberio para pago a Doña Valentina Solache de parte de su crédito, procedente de un préstamo hecho por la misma al Ayuntamiento legal de aquella localidad, pero que fue invertido para raciona­miento de las fuerzas carlistas; que para lo sucesivo se aprobaran en las cuentas y presupuestos municipales las partidas que se hallasen en la clase y condiciones de las dos mencionadas; y que, por lo tanto, quedara sin efecto el acuerdo de 18 de mayo de 1883 en todo aquello que se opusiere a esas tres resoluciones; significándose al propio

tiempo que la Comisión provincial, en casos de urgencia y a calidad de dar cuenta a la Corporación provincial, resuelve con sujeción a ese criterio las reclamaciones relacionadas con esa clase de deudas; y

b) Certificación expedida por el Secretario de la Diputación y Comisión provincial de Vizcaya, conteniendo ciertos datos relativos a los reglamentos para la imposición y recaudación de los arbitrios municipales y provinciales en aquel territorio; y

2.° Prueba de testigos:

Prueba practicada a instancia del Ayuntamiento de Arcentales.- 1.° De confesión en juicio mediante posiciones que absolvió el demandante D. Daniel Talledo;

2 .° De documentales en virtud de la cual quedaron incorporados a los autos los dos que siguen:

a) Certificación librada por el Secretario de la Diputación y Comisión provincial de Vizcaya, en que constan los extremos ya referidos, relacionados con los acuerdos tomados en la sesión de 22 de enero de 1884 y además este otro: que con sujeción a aquel criterio establecido por la Diputación, viene la Comisión provincial, en casos de urgencia y a calidad de dar cuenta a la Corporación provincial, resolviendo la reclamaciones relacionadas con las deudas contraídas por los Ayuntamientos, en la última guerra civil; y

b) Testimonio de que constan las sentencias y demás extremos referidos al principio, relacionados con el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, por D. Ramón San Ginés contra D. Daniel Talledo, sobre pago de cantidad; ^y

3 .° De testigos entre los cuales figura D. Pedro de Llano y Vía, a cuya declaración se ha hecho referencia en los precedentes:

Resultando que unidas a los autos las pruebas practicadas, evacuados por las partes los traslados de conclusión, y mandando llevar el pleito a la vista para sentencia, lo pronunció en 12 de febrero de 1907, el Juez de primera instancia de Valmaseda, condenando al Ayuntamiento de Arcentales a que en término de décimo día, desde que la sentencia fuese firme, pague a D. Daniel Talledo López, de dicha vecindad 2.976 pesetas y 60 céntimos, los intereses del 6 por 100, desde el 20 de enero de 1883, respecto a las 1.815 pesetas y 85 céntimos, y desde 9 de junio del mismo año 1883, a las restantes 1.160 pesetas 75 céntimos, que hacen el total de las 2.976 pesetas 60 céntimos, cantidad reclamada en concepto de principal, sin hacer expresa imposición de costas, cuyo fallo en virtud de apelación que interpuso el referido Ayuntamiento, y sin imponer tampoco especialmente las costas de segunda instancia a ninguna de las partes, confirmó la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos, en sentencia de 11 de diciembre de aquel mismo año 1907:

Resultando que, previo depósito de 1.000 pesetas, el Ayuntamiento de Arcentales ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley, como comprendido en los núms. 1.° y 7.°, del art. 1692 de la de Enjuiciamiento civil y alegando en su apoyo los siguientes motivos:

Primero.- Infracción de la ley del Contrato reconocida y consagrada por las leyes 1.^a, tít. 11, de la Partida 5.^a, y 1.^a, tít. 1.° libro X de la Novísima Recopilación; por el art. 1281 del Código civil y por la copiosísima jurisprudencia de este Tribunal Supremo, sentada muy especialmente en las sentencias de 20 de febrero de 1884, 21 de enero de 1885, 31 de enero de 1890, 20 de mayo de 1895, 15 de junio de 1896, y 12 de julio y 9 de octubre de 1899, disposiciones y doctrina legales que infringe asimismo, por no aplicación, el fallo recurrido que desconoce y varía la naturaleza de los contratos celebrados en 19 de enero y 31 de mayo de 1874, convirtiendo en préstamos con fianza, los que son únicamente de mutuo, infringiendo por aplicación indebida la ley 11, tít. 12 de la Partida 5.° y el art. 1839 del Código civil, en razón a que claramente aparece de la expresadas escrituras que los vecinos en ellas expresados en concepto de muturarios quedaron sujetos sin excusa ni dilación alguna al pago del principal e intereses mancomunadamente, a prorrata y por partes iguales, sin que en las mismas escrituras aparezca ni pueda siquiera sospecharse en ellas la existencia del deudor principal y fiador o fiadores, cuya diferenciación ha de consignarse expresamente en todo contrato de fianza; no teniendo fuerza jurídica alguna en contra de las mencionadas escrituras las actas de unas reuniones de vecinos a que se acoge la sentencia, en las que se habla de fiadores, pues aparte de que los actos jurídicos no dejan de ser lo que son porque erróneamente se les denomine, no cabía desvirtuar la naturaleza de los contratos públicos celebrados sino en virtud de nuevo acuerdo de todos los interesados en ellos;

Segundo.- Infracción asimismo de la ley del Contrato y con ella todas las disposiciones y doctrina enumeradas en el motivo precedente, de los arts. 71 y 179 de la ley Municipal y de la sentencia de 4 de febrero de 1879, en cuanto el fallo recurrido supone contra las prescripciones claras y terminantes de las escrituras de 1874, que algunos de los otorgantes se obligaron en nombre y con la representación del Ayuntamiento de que formaban parte, siendo así que contrataron y se obligaron individualmente como vecinos, del mismo modo que todos los demás mutuarios no sólo porque así lo estatuyeron las escrituras, sino porque no consta la autorización del superior necesaria del Ayuntamiento para contratar en la forma en que se supone lo hizo de acuerdo con los precitados artículos de la ley Municipal, y porque no puede ser responsable un Ayuntamiento de hechos realizados por individuos del Municipio, cuando no emanan de resoluciones o acuerdos de la Corporación y ésta no puede ni debe ostentar la representación de los que ejecuten aquellos actos –sentencia ante­riormente citada– puesto que reconocido por el mismo Tribunal a quo que en las escrituras de 1874 se obligaron los otorgantes individualmente, es claro que en la de enero no hubo ocho prestatarios –el Ayuntamiento representado por tres de sus miembros y siete vecinos– y siete en la de mayo –el Ayuntamiento representado por 16

sus cuatro miembros y sus vecinos– sino diez coobligados, como expresamente se dice y repite en ellas mismas, cuyos diez todos han de responder en la forma individual antes dicha y manifestar que si no pagan quieren que la acción del acreedor se dirija contra todos y cada uno de ellos, por la parte de deuda que les corresponda;

Tercero.- Error de hecho que se desprende de la sentencia firme dictada por la Audiencia de Burgos en 4 de julio de 1889, en confirmación de la del Juzgado de Valmaseda, de 17 de diciembre de 1888, documento auténtico debidamente compulsado en el período de prueba, y consiguientemente error de derecho, nacido de no darse valor probatorio absoluto a la expresada sentencia, con infracción de los artículos 1216 y 1218 del Código civil, el primero en relación con el número 7.° del 596 de la ley de enjuiciamiento, en cuanto la sentencia recurrida supone contra la evidente realidad de los hechos que en la ejecutoria referida se trató de cuestión distinta de la actual, e incurre por ello en los aludidos errores salvados por los Magistrados autores del voto particular, estableciendo la realidad de las cosas y concediendo al documento ejecutorio la fuerza probatoria irrevocable que según la ley tiene. Re judicata pro veritate habetur;

Cuarto.- Haberse infringido también los principios de derecho que regulan la contratación, la jurisprudencia que los consagran y los artículos 28 y 29 de la ley Municipal de 1870 vigente, cuando se supone que contrató la Corporación recurrente, si se admite, como quiere la Sala sentenciadora, que en las escrituras de 1874 se obligó el Ayuntamiento o Justicia foral que entonces funcionaba en Arcentales, en cuanto da validez y eficacia jurídicas a contratos otorgados, por quien carecía de capacidad para ello, puesto que en la expresada fecha carecía el referido Ayuntamiento de capacidad jurídica o personalidad civil, por no estar constituido con arreglo a la ley Orgánica de 1870, entonces vigente en toda España, y no pudo obligarse en la forma supuesta por la sentencia recurrida, siendo nulos todos sus actos como tal Corporación municipal, excepción apreciada muy acertadamente por los referidos autores del voto particular:

Quinto.- Infracción de igual modo de la doctrina legal de que nada explica mejor los contratos, su objeto y condiciones que los actos posteriores de los otorgantes referentes a lo convenido, y la de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, sentada la primera en las sentencias de 3 de diciembre de 1875 y 14 de noviembre de 1895, y la segunda en las de 1.° de diciembre de 1886, 4 de junio de 1890, 27 de diciembre de 1891 y 23 de septiembre de 1897, en cuanto el Tribunal a quo ha prescindido de actos categóricos de acreedores y deudores, faltando a esa necesaria regla de hermenéutica que impone la jurisprudencia, y ha fallado en contra de lo que el mismo demandante ejecutó y consintió en la forma requerida para que no sea lícito accionar contra ello, estimando, por el contrario, como actos propios del Ayuntamiento, los que no tienen tal carácter, cual es el acuerdo tomado por la expresada Corporación el día 18 de mayo de 1902, en que no hay más acto propio que la denegación de pago, ya que no se produjo con ánimo de crear, modificar o extinguir algún derecho, ni causa estado, definiendo de modo inalterable la situación jurídica de su autor, ni tiene eficacia

jurídica obligatoria, requisitos todos indispensables para que el acto propio obste en derecho a la acción:

Sexto.- Infracción también de las leyes 8.^a, tít. 1.° y 12 del título 12 de la Partida 5.^a de la doctrina legal, sentada en las sentencias de 2 de enero de 1872 y 20 de abril de 1886, entre otras muchas, de que es cualidad esencial de la fianza la de constituir obligación accesoria y la ley del contrato de 19 de enero de 1874, pues no cabe que tenga realidad el cumplimiento de una obligación accesoria, sino cuando haya dejado de cumplirse la principal y en todo caso, una y otra obligación han de cumplirse cuando venza el plazo que para ello se haya estipulado en el contrato; y así se puede concebir fianza y responsabilidad del fiador, sin previa excusión en los bienes del deudor principal y aun sin que la acción ni aun la simple invitación al pago se dirija previamente contra éste, pero no es concebible fianza que pueda hacerse efectiva sin el hecho necesario, fundamental de falta de pago que el Código civil exige terminantemente en su artículo 1822, habiendo de cometerse esta falta de pago al vencimiento del plazo, pues antes no existe; y como la escritura de 19 de enero de 1874 dice que el préstamo se hace por tiempo ilimitado sin que sea exigible lo pactado sino con aviso previo de seis meses, constituye por ello este aviso, a los seis meses de su fecha el momento del pago y es necesaria en tal contrato la previa invitación a él que el acreedor no hizo a quien la sentencia considera deudor principal y hay que admitir por ello, si se quiere sostener la afirmación de la fianza, que aun no ha vencido el plazo ni se dio el hecho de falta de pago, siendo de cuenta del fiador el pago adelantado que realizó o que pagó por considerarse –como en efecto ocurrió–, obligado directamente con el acreedor:

Séptimo.- Haberse infringido igualmente los números 2.° y 3.° del artículo 1888 del Código civil aplicable al caso en virtud de su disposición transitoria segunda y la ley de los contratos de 1874, en cuanto al fallo recurrido condena al Ayuntamiento de Arcentales al pago de 2.976 pesetas 60 céntimos de capital e intereses satisfechos por el demandante a los acreedores y de costas del juicio ejecutivo promovido por éstos contra aquél y sus compañeros de supuesta fianza y al de los 6 por 100 de las cantidades pagadas, a partir de la fecha en que se pagaron y por lo que, al hacerse esta condena, se refiere a las costas del juicio ejecutivo y a los mencionados intereses del 6 por 100, puesto que D. Daniel Talledo no ha hecho saber el pago al Ayuntamiento hasta 1901, desde cuya fecha empezaron a correr en todo caso los intereses a que la sentencia le condena y no desde la fecha del pago, y los gastos del juicio ejecutivo fueron ocasionados al fiador sin que éste comunicase al Ayuntamiento haber sido requerido para el pago, además de que el mismo en el contrato de 19 de enero que en el de 31 de mayo de 1874, el Talledo quiso que "contra él" se dirigiese la acción de los acreedores si no efectuaba el pago a su tiempo", de suerte que a nadie puede hacer responsable de una omisión debida a culpa suya –partida 7.^a, tít. 34, regla 22–, y cuyas consecuencias voluntariamente aceptó y recabó para sí mismo; y

Octavo.- Infracción de la ley 1.^a del título 12 del Fuero de Vizcaya, aplicable al

Valle de Arcentales, que señala el plazo de quince años, para la prescripción de las acciones personales, en relación con el artículo 1939 del Código civil, puesto que examinada la prueba en conjunto y teniendo a la vista los hechos indubitados que en este motivo se enumeran, es patente que el fallo recurrido cae en el error de derecho consistente en tener por interrumpida la prescripción por medios y modos que no autoriza la ley 29 del título 29 de la partida 3.^a, y claro es que si el error existe y la interrupción no se dio, incurre el enunciado fallo en la infracción de la ley del Fuero de Vizcaya antes alegada:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Antonio Alonso Casaña:

Considerando que son cuestiones a resolver en este recurso:

Primera.- La capacidad del Ayuntamiento de Arcentales para contratar en aquella sazón, o su incapacidad jurídica porque no se hallase legítimamente constituido y la consiguiente validez o ineficacia de la obligación cuyo incumplimiento ha dado margen a la demanda;

Segunda.- Caso afirmativo si es responsable el Ayuntamiento como deudor principal y en concepto de fiadores los vecinos del pueblo que intervinieron en los contratos de 19 de enero y 31 de mayo de 1874, o si, por el contrario, los individuos de la Corporación municipal, contrataron como simples particulares del mismo modo que los demás vecinos, sin ostentar la representación de aquélla;

Tercera.- Si ha prescrito la acción deducida por D. Daniel Talledo; y

Cuarta. Desde qué fecha se deben en su caso los intereses pactados;

Considerando que los Ayuntamientos, como personas jurídicas son capaces de derechos y obligaciones y están, por tanto, facultados para celebrar contratos con los requisitos legales, sin que la falta de autorización del superior jerárquico, necesaria en ciertos casos, constituya un motivo de incapacidad, sino una causa de nulidad, cuya acción no se ha ejercitado en el juicio originario de este recurso, aun en el supuesto de que tal requisito hubiera podido cumplirse, dadas las especiales circunstancias por que atravesaba aquella comarca y fuera preciso atendida la forma de elección del Ayuntamiento, no conforme a la ley Municipal de 1870 que en aquella época no regía en las provincias Vascongadas, cuyo régimen foral continuó en toda su integridad subsistente hasta la ley de 21 de julio de 1876, y disposiciones complementarias de 5 de mayo de 1877, 4 de noviembre de 1879 y 9 de octubre de 1880; por lo cual eran nombrados los Ayuntamientos con arreglo al fuero, uso y costumbre, y así fue elegido el de Arcentales en 1874, según se consigna en la certificación obrante en autos, hallándose en su virtud legítimamente constituido y con la consiguiente capacidad para obligarse, sin que por lo expuesto hayan podido infringirse los artículos de la ley Municipal citada invocados en el motivo cuarto del recurso:

Considerando, en cuanto a la segunda cuestión, que no puede desconocerse la

responsabilidad del Ayuntamiento, como obligado, en primer término, en el concepto de deudor principal y en el de fiadores de los demás vecinos otorgantes de las mencionadas escrituras:

Primero.- Porque, según en ellas se hizo constar, los individuos de la Corporación concurrentes a su otorgamiento tomaron a préstamo, en virtud de un acuerdo anterior y recibieron como tales, las cantidades mutuadas para atender a las necesidades del Valle de Arcentales, impuestas por las circunstancias con motivo de la guerra;

Segundo.- Porque si bien en tales documentos no se hizo expresión del carácter de fiadores con que los demás vecinos se obligaban, no es posible prescindir de los acuerdos del Ayuntamiento tomados en los mismos días 19 de enero y 31 de mayo – fechas de las respectivas escrituras–, de las cuales aparece que los vecinos intervinieron como fiadores a instancia y para mayor seguridad de los prestamistas, expresándose en el segundo de dichos acuerdos "que aquéllos, en unión del Ayuntamiento, otorgaban aquel día la correspondiente escritura de obligación y fianza"; debiendo antenderse principalmente para juzgar de la intención de los contratantes a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato conforme a la regla de interpretación establecida en el art. 1282 del Código civil, aun en el supuesto de que los mencionados acuerdos hubieren sido posteriores al otorgamiento de las escrituras;

Tercero.- Porque de las cantidades prestadas no se utilizaron los particulares contratantes, sino que ingresaron en arcas municipales y se invirtieron, según demuestran las cuentas de aquel año, no solamente en las atenciones y apremios de la guerra, sino en otras necesidades de la Corporación independiente de aquélla; y

Cuarto.- Porque el propio Ayuntamiento de Arcentales al que se hizo la reclamación por Talledo, tiene confesado al contratarla el recibo de las cantidades tomadas a préstamo por el de 1874, la obligación en que se constituyó con otros vecinos fiadores para el pago de la deuda y la que actualmente se hallaría de satisfacerla, a no haber prescrito la acción para reclamarla y existir disposiciones administrativas –que no se citan– para relevar a los Ayuntamientos del reconocimiento de deudas de esta índole; siendo antes bien de notar a este propósito, que según se ha expuesto en los Resultandos, la Diputación Provincial de Vizcaya autorizó a varios Ayuntamientos para el pago de créditos análogos al de que se trata, entre ellos un préstamo invertido en el racionamiento de las fuerzas carlistas, acordando que para lo sucesivo se aprobaran en las cuentas y presupuestos municipales las partidas que se hallasen en la clase y condiciones semejantes; de todo lo cual se deduce la improcedencia de los motivos 1.°, 2.° y 5.°;

Considerando que si bien desde el pago hecho por D. Daniel Talledo a los prestamistas en 1883 hasta la reclamación dirigida al Ayuntamiento en 1901, transcurrieron con exceso los quince años, porque según la ley 1 .^a, título 12 del Fuero de Vizcaya, prescribe toda acción personal, la Audiencia de Burgos ha estimado que no 20

puede prosperar esta excepción por resultar interrumpido este plazo, y aunque no se consigna en la sentencia por qué medio, como quiera que D. Daniel Talledo utilizó a este fin la prueba testifical y no otra para demostrar su reclamación extrajudicial; debe forzosamente entenderse que en dicha prueba se fundó el Tribunal sentenciador, apreciándola en uso de sus exclusivas atribuciones, contra las cuales no es lícito ir en casación, según constante jurisprudencia, no siendo por tal razón de estimar la infracción del motivo 8.°;

Considerando que según tiene también declarado repetidamente este Tribunal Supremo no son de estimar en este recurso extraordinario los errores de hecho y de derecho deducidos de la apreciación de determinados documentos cuando el juzgador ha tenido en cuenta no solamente éstas, sino las demás pruebas practicadas, careciendo en fuerza de esta doctrina de eficacia el motivo 3.°, ya que aun en la hipótesis de la certeza de los errores que se alegan, se hallaría de todas suertes amparado el fallo por otros fundamentos, según queda demostrado, esto aparte de que para dictar la Audiencia de Burgos la sentencia que se cita en el pleito seguido por D. Ramón San Ginés contra Talledo, tuvo presente un documento privado en el que el último se reconocía deudor al primero de la suma de 1.750 pesetas, distinta, como se ve, de la de 1.815 con 85 céntimos reclamada por este concepto en el pleito actual como pagada al prestamista San Ginés según éste reconoció en la escritura de 20 de enero de 1883, no habiendo fundado el recurrido su reclamación en dicho documento privado sino en esta escritura, y siendo por tanto diversos los elementos de juicio aportados a uno y otro litigio:

Considerando que es asimismo infundado el motivo 6.°, porque al basarse en que no se hizo al Ayuntamiento la invitación al pago, como deudor principal, según la sentencia entiende, se parte de un supuesto improbado y que viene a contradecir el propio texto de la escritura de 9 de junio de 1883, en la que se hizo constar que el acreedor D. Pedro de Llano había seguido procedimientos ejecutivos contra los deudores obligados por la de 19 de enero de 1874, y consiguientemente contra los individuos del Ayuntamiento que contrataron en primer término y quedaron obligados como principales deudores; en cuya citada escritura de 9 de junio, así como en la de 20 de enero, los acreedores a quienes Talledo satisfizo la parte que a prorrata le correspondía le cedieron sus acciones contra el Ayuntamiento de Arcentales, reuniendo, en su virtud, al entablar este pleito, los caracteres de cesionario de los créditos y fiador que le reconoce la sentencia; y

Considerando, finalmente, que es de estimar el motivo 7.° para la casación en el extremo que comprende, porque si bien se declara en la sentencia recurrida que se halla interrumpida la prescripción, interrupción que, según se ha demostrado, sólo pudo fundarse en las reclamaciones extrajudiciales de Talledo, no puede negarse que para los efectos del artículo 1838, número 2.° del Código civil, sólo puede fijarse como fecha indudable y cierta la de 21 de diciembre de 1901, en la que se hizo saber al Ayuntamiento el pago al reclamar en forma y por escrito la indemnización que en

concepto de fiador correspondía a Talledo, y únicamente desde ella serán exigibles los intereses legales; no debiendo hacerse mención de los gastos del juicio ejecutivo, a los que también se alude por el recurrente, porque ni se pidieron en la demanda ni, consiguientemente, fue condenado a su pago el Ayuntamiento en ninguna de las instancias;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Arcentales, en cuanto a su motivo 7.°, no haber lugar respecto de los demás; y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos pronunció en 11 de diciembre de 1907, únicamente en lo relativo al pago de intereses del 6 por 100, a contar desde 20 de enero y 9 de junio de 1883; y devuélvase el depósito constituido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– José de Aldecoa.– Vicente de Piniés.– Antonio Alonso Casaña.– Pascual Domenech.– Camilo María Gullón.– El Magistrado Sr. Obaya votó en Sala y no pudo firmar: José de Aldecoa.– Tomás Domínguez.

Publicación.– Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el Excmo. Sr. D. Antonio Alonso Casaña, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala de lo civil en el día de hoy, de que certifico como Secretario de la misma.

Madrid, 3 de abril de 1909.– Marcelino San Román.