STS de 28 de junio de 1918

En la villa y corte de Madrid, a 28 de junio de 1918, en el juicio declarativo de mayor cuantía seguido en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda, y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, por Doña Dominga Loizaga y Gorostiza, viuda de D. Mariano Hornes Paredes, sin profesión y vecina de San Salvador del Valle, que ha litigado al amparo del beneficio de pobreza, contra Doña Paula Hornes Paredes, sin profesión y vecina de Portugalete, sobre nulidad de escritura de venta y otros extremos, pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Procurador D. José Zorrilla, y Monasterio, bajo la dirección del Letrado D José Guimón Eguiguren a nombre de la demandada Doña Paula Hornes Paredes, no habiendo comparecido la demandada, y recurrida Doña Dominga Loizaga y Gorostiza:

Resultando que D. Eugenio Hornes y Doña Justa Paredes, casados y vecinos que fueron de Alvaceta y Ciérvana, eran dueños, y como tales poseyeron por espacio de muchos años, entre otros bienes, un caserío en el barrio de Loredo, jurisdicción de Abanto de Ciérvana, en Vizcaya, con diferentes pertenencias, de las que se hace relación detallada en la demanda de estos autos, con la aclaración que se consigna en la réplica, y fallecido el D. Eugenio, posteriormente a este fallecimiento, contrajo matrimonio, la demandante en estos autos, Doña Dominga Loizaga con D. Mariano Hornes Paredes, hijo del D. Eugenio, en 12 de agosto de 1882, continuando disfrutando la viuda del último, Doña Justa Predes, los bienes ralictos por su esposo en toda su integridad, con la aquiescencia de sus hijos, que no hicieron división alguna por entonces de la herencia paterna:

Resultando que Doña Justa Paredes falleció bajo testamento otorgado en 27 de enero de 1896, por el que después de declarar que en su matrimonio con D. Eugenio, tenía en aquella fecha dos hijos llamados Mariano y con D. Eugenio, tenía en aquella fecha dos hijos llamados Mariano y Paula, habiendo tenido otros dos que fallecieron, nombró por sus únicos y universales herederos a sus dos mencionados hijos, y a sus nietos, hijos de sus hijas fallecidas:

Resultando que en 13 de mayo de 1809. D. Mariano Hornes Paredes, prometió vender a su hermana Doña Paula los bienes que se dirán, y en.9 de mayo de 1903, el D. Mariano cedió a su hermana Paula esos bienes según consta en documento privado de esa fecha acompañada con la contestad6n a la demanda en estos autos, que dice así "Digo yo, Mariano Hornes que vendo para siempre a mi hermana Paula las fincas que a continuación se dirán (aquí las enumera); todas estas fincas eran de nuestros padres... y las doy por la cantidad de 25.120 reales, los que declaro tener recibidos de mi hermana antes de esta fecha".

Resultando que en 16 de diciembre de 1914 Doña Dominga Lizaga y Gorostiza

dedujo demanda de mayor cuantía, con la súplica de que habiéndola por presentada, con el poder, documentos que se expresarán y copias, se sirviese el Juzgado acordar emplazar a la demandada Doña Paula Hornes Paredes para que se personase en forma dentro del plazo legal, tramitar dicha demanda con arreglo a derecho, y por la sentencia que recayere declarar nula y sin ningún valor ni efecto la venta que la Doña Paula invocaba, en la información posesoria que el año 1903 practicó en el Juzgado Municipal de Albacete y Ciérvana, de un caserío en Loredo, con 13 fincas pertenecidas del mismo, que se describirán en el hecho 1.°, y como consecuencia de esa nulidad, declarar también nula dicha información, mandando que se cancelen las inscripciones que a virtud de la misma se hicieron en el Registro de la Propiedad del partido a favor de la demandada, condenando a ésta al pago de todas las costas, súplica que apoyó en los hechos siguientes: que D. Eugenio Hornes y Doña Justa Paredes, marido y mujer legítimos, y vecinos que fueron de Abanto y Ciérvana, eran dueños y como tales poseyeron por espacio de muchos años, hasta su respectivo fallecimiento, entre otros bienes, un caserío en el barrio de Loredo, jurisdicción de Abanto y Ciérvana, con sus 13 pertenecidos, inscritas hoy en el Registro de Propiedad del partido, como 14 fincas distintas, según se comprueba con la certificación que acompañaba, y cuya descripción es así: una casa situada en el barrio de Loredo, de la parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abano y Ciérvana, señalada con el número 15, que confina por el Norte, con otra de Doña Antolina Paredes; por el sur, con terreno de Doña Paula Horenes; por el Este, casa de Doña Antolina y herederos de D. Victoriano Mardonés, y por el Oeste, terreno de propietario desconocido; con puerta de planta baja destinada a cuadra, un piso dividido en dormitorios, sala, cocina y del camarote; la cubierta es de teja ordinaria y sus paredes de mampostería revocada de cal y arena; ocupa el edificio, sobre terreno propio, una extensión superficial de 69 metros y 31 centímetros cuadrados, valorada en 2.750 pesetas; 2.^a, una heredad en el sitio llamado el Quirinal, en el barrio de Loredo, de la parroquia de Santa Juliana, término de Abanto y Ciérvana, que confina: por el Norte, término de los Sres. Chávarri y heredad de los herederos de doña Damiana de Vizcaya; mide 6 áreas 65 centiáreas, valuada en 100 pesetas; 3.ª una heredad en el punto del Quirinal, en el barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abanto y Ciérvana, que linda: por el Norte, heredad de los menores de Doña Damiana Vizcaya; por el Sur, otra heredad de Doña Antolina Paredes y una de los herederos de D. Pedro Murga; por el este, las indicadas heredades de Doña Antolina y de los herederos de Doña Damiana, y por el Oeste, la también indicada del Sr. Murga; mide 18 áreas y 89 centiáreas, valuada en 330 pesetas, 4.ª, otra heredad en el sitio llamado Las Cuestas, barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abantos y término de Abanto y Ciérvana, que confina: al Norte , con una de los herederos de don Francisco Careaga y otra de Doña Pascuala Lejanza; Sur, heredad de los sucesores de doña Damiana Vizcaya; Este, otra de los herederos de D. Emeterio Alisal, y Oeste, la indicada de los herederos de doña Damiana y otra de Doña Antolina Paredes; mide 23 áreas 19 centiáreas, valuada en 500 pesetas; 5.ª un monte poblado de arbusto en el sitio de Las Cuestas, barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abanto y Ciérvana, que linda: al Norte, camino antiguo que se dirige al pueblo de

Ortuella, Sur, herederos de Doña Paula Hornes; Este, monte de los herederos de D. Francisco Careaga, y Oeste, otro monte de Doña Antolina Paredes; mide 4 áreas 60 centiáreas, valuada en 40 pesetas; 6.ª, otra heredad en el punto de Las Cuestas, barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abanto y Ciérvana, linda: al Norte, monte de los herederos de D. Francisco Careaga; Sur, heredad de Doña Antolina Paredes; Este la misma heredad, y al Oeste, monte de Doña Antolina y otra de Doña Paula Hornes; mide 3 áreas 22 centiáreas, valuada en 40 pesetas; 7.ª una huerta en el sitio llamado los higares, barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto término de Abanto y Ciérvana, limita: al Norte terrenos de las hermanas Doña Petra y Don Antonio Escuza; Sur, otro de Doña Antolina Paredes; este, carretera de Gallarta, y Oeste, viña de Salvador Lejarza; mide un área de 62 centiáreas, valuada en 50 pesetas; 8." otra huerta en el punto de los higares, barrio de Laredo, Parroquia de Santa Juliana, término de Abanto y Ciérvana, linda: Norte, con viña de Doña Paula Hornes; sur, heredad de los sucesores de Doña Emeteria Alisal, la misma heredad, y Oeste, carretera de Gallarta; mide 3 áreas 72 centiáreas, valuada en 80 pesetas; 9.^a, otra huerta en el puerto llamado La Pesa del Rio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abanto y Ciérvana , linda: al Norte, tierra de los herederos de Doña Saturnina Nerro; sur, otra de los herederos de D. Francisco Careaga; este camino que conduce a Ortuella, y Oeste, arroyo; mide una área 15 centiáreas, valuada en 25 pesetas; 10.ª un prado en el sitio llamado La Guinea, barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abanto y Ciérvana, linda al Norte, camino que va a Gallarta; Sur, herederos de los sucesores de D. Tomás Legarza; Este, otra de Doña Antolina Paredes, y Oeste, terreno de Dueño desconocido; mide 20 áreas 63 centiáreas, valida en 100 pesetas, 11.ª una viña donde llaman el Juncal, barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana, término de Abanto y Ciérvana, de 15 áreas 41 centiáreas, que confina: al Norte, mote de D. Regino Salazar y carretera de Ortuella a Gallarta; Este, monte de los herederos del señor Chavarri y Oeste, heredad de Doña Paula Hornes, valuada en 200 pesetas; 12.ª, un terreno poblado de árboles en el punto llamado el Carrascal, barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abanto y Ciérvana, que mide 11 áreas 41 centiáreas; confina: al Norte, con otro terreno arbolado de D. Pedro Legarza; sur, terreno de propietario desconocido; Este, heredad de Doña Paula Hornes, y Oeste, otra de Doña Pascuala Legarza; valuada en 210 pesetas; 13.^a, una heredad de pan sembrar en el punto del Cocinal; barrio de Loredo, parroquia de Santa Juliana de Abanto, término de Abanto y Ciérvana, que mide 11 áreas 63 centiáreas y linda: al Norte, una de Doña Pascuala Legarza; sur, otra de Doña Damiana Vizcaya, y Oeste, una de D. José Zavala; valuada en 225 pesetas; 14; otra heredad en el paraje llamado Montellano, barrio de San Fuentes, barrio de San Pedro Abanto, término de Abanto y Ciérvana, linda: Norte, con otra de los herederos de D. José Merro y uno de los del señor San Martín, de Ciérvana; Sur, otra de los herederos de D. Francisco Zabala; Este, terreno de los herederos de D. José del Alisal, y Oeste, otra de los de D. José Nerro, mide 6 áreas 90 centiáreas, valuada en 200 pesetas, que suman su valor total, dado en la información posesoria, de 4.800 pesetas; 2.°, que D. Eugenio Hornes falleció hace unos treinta y cinco años, o sea antes de casarse la dicente con el hijo de aquél, D. Mariano 3

Hornes, y por tanto, aun cuando no habían dividido ni dividieron la herencia en vida de la madre, aportó ya el último a dicho matrimonio, celebrado el 12 de agosto de 1882, según la certificación que acompañaba, los derechos hereditarios que le correspondían por muerte de aquél, y fallecida la Doña Justa Paredes, hacía unos diecisiete años, se practicó acto seguido la división de bienes que en vida pertenecieron a ambos finados cónyuges, adjudicándose al hijo de éstos, D. Mariano Hornes, marido legítimo, como se ha dicho de la demandante, el caserío de Loredo con sus 13 pertenencias que han quedado descritos en el anterior hecho; 3.°, que a virtud de esa adjudicación hecha al D. Mariano en razón a los títulos hereditarios de que se deja hecha mención, vino disfrutando el consorcio formado por aquél con la demandante, las fincas descritas procedentemente y cobrando las rentas que las mismas producían; 4.° que el D. Mariano Hornes Paredes falleció en su domicilio de San Salvador del Valle el 17 de diciembre de 1912, según se computaba con la certificación del acta de defunción que acompañaba, quedando con ello disuelto el matrimonio que aquél celebró con la exponente el 12 de agosto de 1882, y existiendo de él seis hijos, llamados José; Piedad, Asunción, Ángel Custodio, Elisa o Bruna, Rosario, y Amelia, como aparecía de las actas de nacimientos que también acompañaba; 5.° que la dicente creía que su finado marido, como administrador legal del consorcio, seguiría percibiendo las rentas que antes percibía de las fincas que se han mencionado, pues la exponente estuvo ausente en Buenos Aires, por asuntos de familia, desde el 12 de mayo de 1907, hasta el 7 de junio de 1913, y ni antes ni durante su ausencia supo que hubiera vendido aquéllas, puesto que lo único que en una ocasión le dijo su cuñada Doña Paula Hornes, fue que le había presado 7.000 pesetas para comprar una casa, recriminándole por ello la exponente por haberlo hecho sin su consentimiento, por temor de que gastase el dinero sin adquirir lo que le había indicado, como en efecto, sucedería así, caso de ser verdad el préstamo, toda vez que no compró tal casa y en cambio adquirió nuevas deudas, como se vería al tratar del incidente de pobreza, y como no pensaba de ese modo la demandante, cogió un día los títulos de propiedad de los bienes que el consorcio poseía y se los llevó a la Doña Paula, como cuñada y persona de confianza, diciéndola que se los dejaba allí porque teniendo ella los documentos no podía hacer ninguna venta ni gravar los bienes de que disponían, suponiendo erróneamente que así evitaba la posibilidad de una transmisión o de un gravamen sobre las fincas que pertenecían al matrimonio; 6.° que aun después de regresar de su viaje la demandante el 7 de junio de 1913, según queda dicho en el hecho anterior, y tratar de arreglar la testamentaría de su finado marido D. Mariano Hornes, ocurrido en ausencia de aquélla, vino a enterarse de que Doña Paula Hones alegaba haber comprado a dicho D. Mariano los bienes que han quedado descritos en el hecho 1.° y que se hacía dueña de ellos, razón por la cual empezó sus averiguaciones, encarando al Procurador que examinase los libros del Registro de la Propiedad para cerciorarse de si resultaba inscrita tal venta, dando aquéllos por resultado lo que constaba en la certificación que acompañaba, o sea que Doña Paula Hornes Paredes tenía inscrita en el Registro mencionado, desde el año 1903, la posesión del caserío de Loredo, con sus 13 pertenecidos de referencia, y que para la práctica de la información posesoria efectuada dicho año ante el Juzgado Municipal de Abanto y Ciérvana, su 4

fundaba la Doña Paula en que hacía más de un año se los había comprado al finado D. Mariano Hornes, por medio de documento privado sin que conste en qué condiciones ni por qué precio, 7.° que lo mismo en la fecha en que se practicó la información posesoria, que en la que se atribuye la venta que invocaba Doña Paula, D. Mariano Hornes se hallaba casado con la exponente, puesto que el matrimonio tuvo lugar el 12 de agosto de 1882, y se disolvió por muerte del primero en 7 de diciembre de 1912, 8.°, que dejaba sentado también que la dicente ni tuvo conocimiento de la venta al tiempo de llevarse a efecto, si es que realmente se realizó, ni menos concurrió a su otorgamiento, ni le prestó su aprobación en forma alguna, pues es más había averiguado que después de la fecha en que se dice hecha la compra por Doña Paula, y después también de practicada la información posesoria relacionada en el documento acompañado, seguía cobrando como antes el D. Mariano Hornes las rentas de las fincas que se dicen vendidas, siendo extraño que así sucediese una vez hecha la transmisión, si ésta se consideraba legal por parte de la compradora, y 9.° que intentado el acto de conciliación se celebró sin avenencia, y alegando como fundamentos legales, con cuantos razonamientos y consideraciones estimó conveniente a su derecho las leyes 1.^a, 6.^a, 7.ª y 9.^a, del título 20 del Fuero de Vizcaya y la ley 1.ª del título 12 del mismo fuero, con los artículos 1.301 y 1964 del código civil, habiendo acompañado diferentes documentos en relación con los hechos expuestos:

Resultando que Doña Paula Hornes Paredes contestó a la anterior demanda alegando: 1.° Que no podía reconocer en absoluto la certeza del hecho de la demanda, y por el contrario, acompañó un documento que acreditaba que parte de los bienes descritos en ese hecho pertenecieron a D. Ángel Zavala Lezarca por herencia de sus padres, y de éstos los adquirió don Mariano Hornes, después de su casamiento con la demandante; que los demás bienes afirmaba D. Mariano Hornes que habían sido de sus padres, pero no expresaba el concepto y modo cómo pasaron a su padre por lo que esperaba su justificase debidamente ese extremo ya que no debía consentir omisiones en una demanda, por no haberse expresado una formalidad en la venta de los bienes enunciados en el hecho a que contestaba, 2.° que tampoco admitía la certeza del hecho 2.° por la razón indicada en el hecho anterior, no negando el fallecimiento de D. Eugenio Hornes y de Doña Justa Paredes; pero en cuanto a la fecha de tales acatamien­tos, divisiones y adjudicaciones de bienes, que se citaban si necesitaba precisarlos, pues la actora comprendería que tratando simplemente en esta demanda de causar molestias e intentar un despojo indigno de bienes, no iba a facilitar la labor y por tanto, no podía reconocer hecho alguno que no viniese acompañado de su certificación, 3.° que se citaba en este hecho y en el anterior una adjudicación de bienes que parecía indicar se practicaron operaciones de testamentaria a la muerte de Doña Justa Paredes, y la exponente no conservaba tal recuerdo y debía traerse a los autos su justificación, y en cuanto al disfrute de rentas de los bienes expresados, en algún tiempo corresponderían a D. Mariano Hornes, pero no desde que adquirió las fincas la dicente, por cuyo nombre y en servicio de su hermano practicaría tal vez el Sr. Hornes, aunque lo ponía en duda, algunos actos de administración, 4.° Que era cierto el correlativo de la demandada; 5.°

Que la relación del hecho 5.° era una fantasía que queda colocar la demandante para desfigurar la realidad de los hechos, adelantándose a dar una explicación del acto por ella personalmente realizado de entregar los documentos de propiedad de los bienes a la demandada, pues la realidad era la siguiente. disfrutando la dicente de posición desahogada, merced a las ganancias que había obtenido como contratista de minas su esposo D. Eustasio y Turburu, con frecuencia acudió D. Mariano Hornes al bolsillo de la exponente para tender a sus asuntos y sostenimiento de su familia; que demostración de esto era el recibo que acompañaba en el que reconoce D. Mariano que liquidadas las cuentas con su hermana, quedaba deudor de la cantidad de 25.120 reales que se comprometía a devolver en el plazo de dos años, o sea en mayo de 1911, que pasaron dos años y otros dos más sin que D. Mariano Hornes devolviera a la dicente la cantidad que expresaba el documento antes aludido, y fue la propia Doña Dominga Laizaga la que trató con la exponente el que se quedara ésta con los bienes aludidos en pago de la deuda, pues los asuntos de D. Mariano no iban por buen camino y era de temerse interpusiera algún acreedor que hiciera ejecución de los bienes, quedando la demandada sin cobrar su crédito; que fue, en efecto, la propia Doña Dominga la que llevó a casa de la dicente el documento de venta y otro documento privado de compra de la viña, arbolar y heredad del Cirinal a don Ángel Zavala, cuyo docuemnto que acompañó entregó a la exponente a un verdadero dueño y no como confidente de un depósito que de nada podía garantizar a la demandante; que la entrega, pues, de ésos documentos era cierta, pero el motivo que alegaba Doña Dominga Laizaga era una invención para explicar ese acto contradictorio de su supuesta ignorancia de la venta de esos bienes, por lo que no explicaba la Doña Dominga el no haber reclamado nunca la devolución de los documentos que entregó, y si había otros que los correspondientes a los bienes que aparecen vendidos en el documento privado de 9 de mayo de 1903, que es el título de transmisión citado en la información posesoria que seguidamente se practicó, 6.° Que del hecho correspondiente la constaba la certeza del fallecimiento de D. Mariano Hornes y de la certificación del Registro de la Propiedad de Valmaseda que se acompañaba, según la que se halla inscrita la posesión de los bienes relacionados a favor de la dicente desde el 20 de junio de 1903; que también podía añadir que le constaba la ausencia de Doña Dominga Laizaga en los días del fallecimiento de su esposo, pues habiendo acudido la dicente en aquella triste ocasión al domicilio de su hermano, no se encontraba en el Doña Dominga y hubo de hacerse cargo de todos los gastos del funeral y asistencia de los hijos recibiendo ahora prueba de agradecimiento de la Doña Dominga; 7.° Que era cierto que en la fecha de la venta y en la de la información posesoria, se hallaba casado D. Mariano Hornes con la demandante, 8.° Que no era cierto el hecho correspondiente en cuanto a la ignorancia de la venta en que se hallaba la demandante, aun cuando si lo era que no intervino en su otorgamiento, ya que habiéndose formalizado la venta en documento privado, por carecer D. Mariano de título inscrito de las fincas vendidas, el conocimiento del fuero que tenía el matrimonio Hornes, ni la exponente, no era suficiente para saber si era o no preciso suscribiera ésta el documento; que lo de las rentas no era exacto, pues si alguna vez las cobró D. Mariano, después de vendidas las fincas, fue por encargo de su hermana; 9.° y que con 6

los documentos acompañados con esta contestación se justificaba con D. Mariano Hornes debía a su hermana la dicente la cantidad de 25.120 reales, y que para pago de esta cantidad le adjudicó los bienes que en el documento se indican, y con los mismos comprendidos en la relación del hecho 1.° de la demanda; que se trata, pues, de una adjudicación de bienes en pago de deuda sin necesidad de procedimiento judicial; que pudo, sin duda, la exponente hacer ejecución de los bienes de su hermano y adquirirlos por menos precio y con mayor sacrificio de éste; pero tal rigor lo hubiera reputado cruel la demandante; y por no haberlo empleado pretendía que el fuero de Vizcaya la autorizaba a deshacer esa venta quedando sin pagar la deuda; y como fundamentos de derecho, se opuso a la aplicación de las citas legales invocadas por la demandante alegando las consideraciones que estimó convenientes a su derecho, manifestando que, no existiendo en el Fuero disposición especial aplicable, se debía acudir al Derecho común, en cuanto a la prescripción de que se trata por la demandante, y que se entende­ría sin perjuicio de lo que declara el párrafo 2.° del artículo 1.963 y el 1.957 del Código Civil, citando también las disposiciones contenidas en los artículos 1.303, 1.308 y 1.357 del mismo Cuerpo Legal, y las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Julio de 1902, y 28 de febrero de 1913, terminando por pedir que, teniendo por presentado este escrito con los documentos y copias, y por evacuado el traslado de contestación conferido a la demanda, se sirviese en su día el Juzgado proferir sentencia, absolviendo de las pretensiones de la misma a la dicente y condenar en las costas a la demandante Doña Dominga Loizaga y Gorostiza, habiendo acompañado los documentos a que se ha hecho referencia:

Resultando que la actora, en la réplica, reprodujo los hechos y fundamentos de derecho de su demanda, modificando el hecho 1.° en el sentido de segregar las tres fincas que se describen en el documento de 14 de febrero de 1898, acompañando con la contestación a la demandada, que son las mismas que se describen bajo los números 11, 12 y 13 del hecho 1.° de la demanda, quedando ésta limitada, por lo tanto, a la casa de Loredo, y restantes 10 pertenecidos allí descritos, y suplicando en el sentido expuesto en la demanda con la variación hecha, habiendo asimismo la demanda reproducido la suplica de su escrito de contestación:

Resultando que recibió el juicio a prueba se practicó a instancia de la actora la de confesión en juicio de la demandada Doña Paula Hornes y Paredes, documental, consistentes en la remisión del testimonio del acta de demandada se propuso y practicó la prueba de cotejo de letras, testifical y documental, que consistió en aportar a los autos copia del testamento otorgado por Doña Justa Paredes en 27 de enero de 1896; y seguido el juicio por los restantes trámites de primera instancia, el Juez de primera instancia dictó sentencia, de la que apeló Doña Paula Hornes y Paredes, y admitida la apelación, en ambos efectos, se remitieron los autos a la superioridad:

Resultando que comparecida ante la misma la parte apelante y sustanciada la alzada, en 9 de noviembre del pasado año de 1917, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos dictó sentencia confirmatoria, por la que declarando inadmisibles

las excepciones de prescripción alegadas por la parte demandada y estimando la acción ejercitada por Doña Dominga Leizaga y Gorostiza, declaró nulo y sin ningún valor ni efecto la venta hecha por D. Mariano Hornes y Paredes a su hermana Doña Paula, de iguales apellidos, por documento privado de 9 de mayo de 1903, y en su consecuencia, nula igualmente la información posesoria, a la que sirvió de base dicho documento, mandando cancelar las inscripciones que se hubiesen hecho a favor de la demandada Doña Paula Hornes y Paredes en el Registro de la Propiedad a virtud de la misma, entendiéndose que la declaración de nulidad y sus efectos se refiere a todos los inmuebles descriptos en el hecho 1.° de la demanda, con excepción de los señalados bajo los números 11, 12 y 13, y sin hacer especial condena de costas en ninguna de las dos instancias:

Resultando que previo depósito de 1.000 pesetas, Doña Paula Hornes y Paredes ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números 1.°, 2.°, 3.° y 7.° del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, por los siguientes motivos:

1 .° En cuanto la sentencia declara la nulidad de la venta respecto a todos los bienes raíces objeto de ella a que se contrae la demanda, da motivo a la casación, porque viola e infringe lo dispuesto en la ley 9.ª del título 20 del fuero de Vizcaya, en relación con la 1.^a y 7.⁰ del mismo título y Fuero por cuanto la comunicación foral de bienes en el matrimonio origina en favor de la mujer derechos sólo en cuanto a la mitad de esos bienes a cuya mitad tan sólo ha podido válidamente extenderse la acción de la nulidad ejercitada en la demanda, y por lo que, además, esas leyes, al referirse a bienes aportados al matrimonio, no alcanza a los herederos por marido y mujer, constante la sociedad conyugal;

2 .° Por cuanto la comunidad foral establecida en la ley 9.^a del título 20 del Fuero de Vizcaya parte del supuesto de que se trata de bienes aportados por los cónyuges a la sociedad conyugal y al firmar la sentencia recurrida que los bienes a que se refiere la demanda fueron aportados por D. Mariano Hornes a su matrimonio con Doña Dominga Loizaga por título hereditario, y fundar en ello el fallo condenatorio, deduce ese aserto, con evidente error de hecho, del contrato privado de compraventa y del testamento de Doña Justa Paredes, documentos auténticos que no expresan ni prueban lo que la sentencia asegura, puesto que en el primero el D. Mariano afirma sólo que esos bienes eran de sus padres, lo que no implica que de ellos los heredara, y en el segundo se contiene sólo una designación de herederos, que no arguye que al partirse la herencia entre los cuatro hijos quedados al óbito de Doña Justa se adjudicaron al D. Mariano los bienes a que la demanda se contrae;

3 .° En cuanto a estimarse la acción de nulidad de un contrato de compraventa y acordarla en el fallo condenatorio, cuando aquélla se ha dirigido contra una sola de las partes que en el contrato anulado intervinieron, se infringe la doctrina legal reiteradamente mantenida por esta Sala en sentencias de 8 de julio de 1902, 20 de noviembre de 1912, 28 de febrero de 1913 y 10 de julio de 1917, en relación con los

artículos 1.252 y 1.257 del Código Civil, doctrina que afirma que la acción que afecta a varios interesados, como en este caso a compradora y vendedor, o a sus herederos, debe dirigirse no contra uno solo, sino contra todos, cosa que en el pleito no se ha hecho, incurriendo la sentencia, que no obstante ello ha condenado a la recurrente, en violación e infracción manifiesta de dicha doctrina legal, en relación con los preceptos legales, citados también como infringidos;

4 .° Puesto que la sentencia ni es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por la recurrente ni contiene declaración alguna sobre una de ellas, ya que habiéndose dejado en tiempo la cuestión que se planea en el motivo anterior, no ha sido recogida, ni resulta en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, ni en sus Considerandos lo fue, lo cual debe dar motivo a la casación; porque si hasta la doctrina de que el fallo absolutorio resuelve todas las cuestiones planteadas en el pleito, tiene sus casos de excepción debe con más motivo tenerse por incongruente e incompleta una sentencia que se desentiende al condenar de una de las pretensiones fundamentales deducidas en tiempo y forma por esta parte, como fue la de que no podía declararse la pretendida nulidad del contrato de compraventa no habiendo citado en juicio al vendedor y dirigiéndose la demanda sólo contra el comprador;

5 .° En cuanto la sentencia recurrida, al desestimar la excepción de prescripción, supone que ampara al actor en término del artículo 1.301 del Código Civil, violando e infringiendo ese precepto, y el del artículo 1.202 y la doctrina lega, afirmada en las sentencias de 18 de Marzo de 1904 y 26 de mayo de 1908, que atribuyen la acción de nulidad regulada por esas disposiciones legales, con exacta aplicación de éstas, tan sólo a los que fueron parte o intervinieron en el contrato de cuya nulidad se trata, no a quien como a Doña Dominga Loizaga hace base de su demanda precisamente el no haber tenido participación en el contrato cuya nulidad pretendió y ha acordado la sentencia recurrida;

6 .° En cuanto la sentencia, al hacer base de su fallo condenatorio la desestimación de la excepción de prescripción, infringe y viola lo dispuesto en los artículos 1.968, 1.957, 434, 433, 1.952, 609, 430, 447, 1.941 del Código civil yla doctrina legal de la sentencia de 27 de julio de 1887 y 29 de diciembre de 1880, por interpretación errónea, y el 1.958 del propio cuerpo legal, por aplicación indebida, porque no estima la prescripción ganada por la recurrente sobre los bienes objeto del pleito por la posesión de diez años, con buena fe y justo título, y contiene que dicha prescripción no puede oponerse a la acción ejercitada en la demanda, o entiende, en último término, que ha de hacer el cómputo del plazo de prescripción como entre ausentes; y

7 .° En el fallo recurrido, al hacer extensiva la condena, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, a la nulidad de la información posesoria, recaída a favor de la recurrente, respecto a los bienes de aquélla y a la declaración de la inscripción de esa información posesoria en el Registro de la Propiedad viola e infringe lo dispuesto en los artículos 397 y 399 de la ley Hipotecaria de 1879, reproducidos en los artículos 392 y

394 de la ley Hipotecaria, de 1909, según los que el objeto de la información posesoria es la posesión misma, con independencia del título en que se funde, y una vez inscrita no puede invalidarse por defectos de aquel título, sino por la alegación del mejor derecho, que deja a salvo la inscripción y que debe ser aducida en forma ante los Tribunales y reconocida por ellos;

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Manuel del Valle:

Considerando que la ley 1.ª del título 20 del Fuero de Vizcaya, establece el régimen de comunidad respecto de los bienes aportados al matrimonio por los cónyuges, y a esta hermandad y compañía que hay entre ellos obedece la prohibición de la ley 9.ª del mismo título y Fuero en que se funda la sentencia recurrida, de que el marido, constante el matrimonio, no puede vender bienes algunos pertenecientes en la su mitad a la mujer sin otorgamiento de ésta, aunque los bienes provengan de parte de aquél:

Considerando que no obstante esta prohibición y la consiguiente nulidad que todo acto y contrato ejecutado contra lo dispuesto en la ley, el propio Fuero en su ley 7.ª del citado título especialmente prevé y regula el caso de que se haya vendido, constante el matrimonio, la mitad de los bienes de la comunidad pertenecientes al marido para el pago de deudas, que es, por cierto, la causa a que obedece la enajenación cuya nulidad se pretende en el presente juicio, y como la ley dice lo que entonces se ha de hacer, y además la acción se ejercita por la mujer en su propio nombre y después de disuelto el matrimonio con hijos vivos, lo que por entero le corresponde es la mitad de los bienes que constituyen la comunidad en plena propiedad y posesión y sin parte en ella del marido; es manifiesto que en la ocasión y circunstancias en que se promovió este pleito había cesado el condominio de la mujer sobre esos bienes con el marido o sus sucesores y el derecho de la demandante quedaba limitado a la mitad de los bienes comunicados, que puede reclamar de la persona que los posee por título de compra, que es la demandada, y porque a la justicia de esta petición, hechas en su favor en el Registro de la Propiedad, procede la declaración de nulidad del primero en cuanto su subsistencia y validez obste a la efectividad del derecho de propiedad de la demandante, y de la segunda porque se entiende siempre hechas sin perjuicio de tercero de mejor derecho:

Considerando en su consecuencia, que la sentencia recurrida, al declarar la nulidad del contrato de compra venta de 9 de marzo de 1903, comprendiendo también en esta declaración de nulidad, después de disuelto el matrimonio del vendedor con la demandante, la mitad de los bienes que en la comunidad correspondían al primero, infringe las leyes del Fuero antes citadas, en el concepto que se expresa en el primer motivo del recurso, porque siendo la acción el medio de pedir judicialmente lo que nos pertenece, la demandante no tiene derecho a reivindicar otros bienes que la mitad de los enajenados ni este derecho nace tampoco de la nulidad total del contrato para que sea necesaria su declaración, sino de la propiedad de la demandante sobre la dicha mitad de bienes; y una vez estimada esta infracción de ley queda demostrada la improcedencia de

los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso, porque en la comunidad foral entran todas las aportaciones de bienes de los cónyuges que no tengan el concepto de gananciales, y limitada la nulidad del contrato de autos a la mitad de los bienes propiedad de la mujer, no afecta este pronunciamiento a la venta de la otra mitad, que corresponde al marido, ni es, por consiguiente, legalmente necesario, para hacer la primera declaración, que fuesen citados y emplazados en el presente juicio los hijos y herederos de este último:

Considerando que invocado por la sentencia, como derecho supletorio del fuero de Vizcaya, por no contener este precepto adecuado, el artículo 1.301 del Código Civil, al solo efecto de determinar el tiempo de duración de la acción personal de nulidad ejercitada por la demandante y recurrida, y para declarar no haber prescrito por el cómputo de fechas que al efecto estima como evidente, no puede admitirse la infracción de aquel artículo en el concepto que expresa el motivo 5.° del recurso, olvidando la causa originaria de la expresada acción de nulidad, según ya queda consignado:

Considerando que apreciado por el Tribunal sentenciador no haber transcurrido el lapso de tiempo exigido en el artículo 1.957 del Código Civil, en virtud del cómputo de fechas, conforme a lo ordenado en el 1.958 del propio Cuerpo legal, cómputo que no se impugna por el recurrente, para desestimarse en el fallo la excepción de prescripción que él mismo adujo a fin de oponerse a las peticiones formuladas en la demanda, no pueden prevalecer tampoco las infracciones de precepto legales y de doctrina aducidas en el motivo 6.° para sostener, sin base cierta, la tesis contraria a la del juzgador:

Considerando que también debe desestimarse el motivo 7.° del recurso, porque, como derivación del anterior, se viene en realidad a plantear una cuestión nueva, y, por tanto, no discutida en el pleito, por lo que no puede motivar la casación, con más razón si se tiene en cuenta que la nulidad de los asientos de inscripción posesoria es consecuencia obligada de la del título, defectuoso o deficiente, que ostentaba quien estimó necesaria su práctica como supletoria o complementaria de aquél, y aprobaba, según ley con la salvedad de sin perjuicio de tercero de mejor derecho, y reconocido éste en la sentencia, al estimar las pretensiones de la demanda, es manifiesto que el fallo no infringe los efectos de la ley Hipotecaria citados en el expresado motivo;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso por infracción por el motivo 1.º, y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que en 9 de Noviembre último dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia de Burgos, y no haber lugar al recurso por los restantes motivos, sin hacer expresa condena de costas, y debiendo devolverse al recurrente el depósito constituido y a la citada Audiencia el apuntamiento que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias; lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.– Eduardo Ruiz García de Hita.– Antonio Gullón.– Rafael Bermejo.– El Conde de Lerena.– Manuel del Valle.–Diego Espinosa de los Monteros.– Pedro Higueras.

Publicación.– Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excelentísimo Sr. D. Manuel Del Valle, Magistrado del Tribunal Supremo, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil del mismo, en el día de hoy, de que certifico como Secretario de dicha Sala.

Madrid, 28 de junio de 1918. – Ante mí, Secretario, Vicente Amat.