STS de 26 de noviembre de 1897

En la villa y corte de Madrid, a 26 de noviembre de 1897, en el incidente seguido en el Juzgado de primera instancia de Bilbao y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por D. Miguel Antonio de Luzárraga y Luzárraga, marino retirado, vecino de Bilbao, como tutor de D. Domingo de Larrinaga y de Luzárraga, con el Ministerio fiscal, sobre declaración de mayoría de edad; pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el Ministerio público; habiendo estado dirigida y representada la parte recurrida por el Licenciado D. Francisco Silvela y el Procurador D. Luis García Ortega:

Resultando que los cónyuges D. Ramón de Larrinaga y Doña Telesfora de Luzárraga fueron vizcaínos infanzones, como nacidos en la anteiglesia de Mundaca, en la cual vivieron hasta trasladarse a Liverpool, donde fallecieron, primero ella y luego, en agosto de 1888, D. Ramón, que estuvo dedicado a la industria naviera en la citada ciudad inglesa:

Resultando que de dicho matrimonio quedaron, entre otros hijos menores de edad, Doña María, D. Miguel y D. Domingo, nacido éste en 4 de agosto de 1875, para los que, como para los demás que estaban en iguales circunstancias, su mencionado padre nombró en su testamento tutores y curadores de mancomún et in solidum a D. Miguel A. de Luzárraga y D. José de Larrinaga, tíos de aquéllos; a quienes el Juzgado de primera instancia de Guernica y Luno, por auto de 4 de septiembre del expresado año 1888, les mandó discernir el cargo con relevación de fianza y les fue, en efecto, discernido en 6 de diciembre del mismo año:

Resultando que el Juzgado municipal de Bilbao, en 6 de diciembre de 1889, declaró constituido el consejo de familia de los precitados menores Larrinaga, nombrando como vocales a D. Félix Ramón, D. Pedro y D. Florentino de Larrinaga, D. Teodoro de Arana y D. José Antonio de Basterrechea:

Resultando que a petición de Doña María de Larrinaga y de Luzárraga, el Juzgado de primera instancia de Bilbao, en auto de 31 de mayo de 1892, la declaró mayor de edad, por haber acreditado, conforme a la legislación foral de Vizcaya, suficiencia bastante para obtener el beneficio de la dispensa de edad; y a fin de que pudiera gozar de ese beneficio y de los derechos civiles, que eran consecuencia inalterable de lo prevenido por la ley del Fuero, de que gozaba como vizcaína, y lo hiciese valer ante su curador y consejo de familia, formado en virtud de la octava de las disposiciones transitorias del Código civil, con otros pronunciamientos; y una vez ejecutoriado este auto, a solicitud de la Doña María, de conformidad con lo ordenado, se acordó en providencia de 27 de junio posterior requerir al curador D. Miguel Antonio de Luzárraga para que la entregara sus bienes, con los frutos y rentas, y le rindiera cuentas de su administración; requerimiento que tuvo lugar en 23 del inmediato mes de julio:

Resultando que por otro auto del mismo Juzgado de primera instancia de Bilbao de 31 de enero de 1894, que se hizo también firme, se declaró, como lo había pretendido D. Miguel de Larrinaga y de Luzárraga; que éste, mayor de dieciocho años, era de entendimiento sagaz y diligente, que bien podía por sí regir, guardar, aliñar y administrar su persona y bienes sin los curadores; y se mandó sacarle de su poderío y que se le dieran y entregaran todos sus bienes, con sus frutos y rentas; declarándole, como consecuencia de ello, con capacidad legal para el ejercicio de todos sus derechos civiles en cuanto a su persona y bienes:

Resultando que en escrito de 22 de febrero de 1895, D. Domingo de Larrinaga y de Luzárraga, asistido de su tutor D. Miguel Antonio de Luzárraga, acudió al propio Juzgado de primera instancia de Bilbao, exponiendo varios de los antecedentes referidos, y además, que fallecido al poco tiempo de discernírseles el cargo su tutor, D. José de Larrinaga, quedó solo el otro compareciente, habiendo surgido desde los primeros tiempos entre ambos y algunos parientes disidencias y rivalidades tales, que aún no se habían podido ver libres de cuestiones, tanto judiciales como extrajudiciales, que habían entorpecido la gestión del tutor y refundado en perjuicio de los intereses de los menores; por lo que el vivísimo deseo de todos los hermanos había sido naturalmente salir de tal situación, para lo que Doña María y D. Miguel se acogieron a las disposiciones del Fuero de Vizcaya; y ahora D. Domingo buscaba lo mismo concedido a sus hermanos, por militar en su favor idénticas razones; pues se consideraba bastante capaz para regir su persona y administrar sus bienes, no sólo por los hábitos comerciales que había podido contraer desde su niñez, sino por los conocimientos que suponían el grado de Bachiller que tenía y los estudios superiores que estaba haciendo; invocando como fundamentos de derecho, aparte de otros, el art. 15 del Código civil, la ley 2.^a, tít. 22 del Fuero de Vizcaya, cuya subsistencia dijo estar reconocida por repetidas resoluciones de aquel Juzgado, confirmadas por la Audiencia de aquel territorio, entre ellas las dos recaídas en los expedientes incoados por sus hermanos, especialmente en el relativo a Doña María, en el que el Ministerio fiscal combatió desde distintos puntos de vista la vigencia de la ley Foral, sobre todo en lo respectivo al procedimiento en la misma señalado para llegar a la concesión de la mayoría de edad, y sin embargo, la Audiencia declaró que dicha ley estaba vigente en todas sus partes y el procedimiento aplicable era el seguido; y ofreciendo acerca de su capacidad información de testigos, terminó suplicando se mandara recibir ésta, con intervención del Ministerio fiscal, y en su día se declarase a D. Domingo de Larrinaga y de Luzárraga mayor de edad, en la plenitud de sus derechos civiles y con capacidad para por sí solo poder regir y guardar, aliñar y administrar su persona y bienes; y se ordenara sacarle de poder del tutor, protutor y consejo de familia, y que el tutor le diera y entregara todos sus bienes, con sus frutos y rentas, absteniéndose en lo sucesivo de ejercer acto alguno de tutela:

Resultando que el Fiscal municipal, en escrito de 8 de abril, propuso, sin perjuicio de solicitar otras diligencias, que se ampliara la información testifical ofrecida, a los extremos comprendidos en la repreguntas que formulaba, a lo que accedió el Juzgado, 2

declarando D. Francisco Sáinz, Sacerdote; D. Miguel Mamolagoitia, Profesor de segunda enseñanza; D. Atanasio Lasala, Catedrático del Instituto provincial; Don Quirino Pinedo, comerciante; D. Gastón Poirier, del comercio, y D. Eustaquio Urrutia, quienes unánimemente afirmaron concurrir en D. Domingo de Larrinaga las condiciones de aptitud y sagacidad exigidas por la citada ley del Fuero:

Resultando que con fecha 16 del mismo mes de abril, el Fiscal municipal, a quien se entregó el expediente para que informara, presentó escrito, diciendo ser indispensable para poder por su parte dictaminar y por la del Juzgado resolver con conocimiento del caso, que se requiriese al tutor de D. Domingo de Larrinaga para que manifestase por escrito clara y taxativamente el número, clase y cuantía de todos y cada uno de los bienes pertenecientes a dicho menor, con toda clase de datos y noticias por lo que se pudiera deducir con exactitud las condiciones que había de reunir la persona que los manejara, y que con citación del propio Ministerio fiscal, a presencia del Juzgado y a tenor de las preguntas que se reservaba presentar, se practicara una nueva información a que concurrieran D. Atanasio Lasala y las personas que componían el consejo de familia del mismo menor; todo ello sin que este escrito se entendiera como dictamen fiscal, pues que sólo pedía la práctica de diligencias, una vez hechas las cuales, se le debía conceder nuevo traslado:

Resultando que a este escrito proveyó el Juzgado, teniendo por evacuado el traslado conferido al Ministerio fiscal, declarando no haber lugar a la práctica de las diligencias solicitadas por el mismo, y ordenando quedaran los autos sobre la mesa del Juzgado para acordar lo procedente; y pedida reforma por el Ministerio fiscal para que se proveyera como atenía pretendido, toda vez que no había emitido informe alguno, sino que tan sólo había pedido práctica de diligencias, salvando el derecho a informar posteriormente, la representación del menor Larrinaga impugnó el recurso, que denegó el Juzgado en auto de 30 de dicho abril, mandando estar a la providencia del 19:

Resultando que por otro auto de 6 de mayo siguiente resolvió el Juzgado, declarando que D. Domingo de Larrinaga y de Luzárraga, mayor de dieciocho años, es de entendimiento sagaz y diligente, que bien puede por sí regir, guardar, aliñar y administrar su persona y bienes sin los curadores, y debe salir del poderío de éstos, entregándole sus bienes, frutos y rentas; y que como consecuencia de ello, se le ha como mayor de edad y en la plenitud de sus derechos civiles, y con capacidad legal para por sí solo ejercitar sus derechos, en cuanto a su persona y bienes; y se manda sacarle del poderío de sus guardadores y curadores, y que el tutor le entregue todos sus bienes, con sus frutos y rentas; y que apelado este auto por el Ministerio fiscal y sustanciado el recurso, fue confirmado, con las costas, por la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por otro de 15 de enero de 1896:

Resultando que el Ministerio fiscal ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley, expresando fundarlo en los números 1.°, 3.°, 6.° y 7.° del art. 1692 de la de Enjuiciamiento civil, y citando como infringidos:

Primero.- La ley 2.^a, tít. 22 del Fuero de Vizcaya; la ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 1815, y los arts. 201, 269, núm. 13, y 309 del Código civil, en el concepto de que, constituyendo todas estas disposiciones un conjunto legislativo de ineludible cumplimiento para la eficaz protección de los menores de edad que aspiran a obtener los beneficios de la mayoría, prescindiéndose por el Juez y por la Audiencia de Burgos del dictamen por escrito del Ministerio fiscal acerca de la solicitud de D. Domingo de Larrinaga, no obstante haber éste pedido la intervención de aquél, y a pesar de las reservas y protestas de dicho Ministerio, y haciéndose caso omiso también de la autorización del consejo de familia para que el referido menor entablase su demanda relativa al cambio de estado civil, peligroso para su persona y bienes, se aplica al Fuero como si por sí solo y aisladamente tuviese virtualidad, dándose de este modo absoluto predominio a la atribución del Juez para resolver cuanto ha menester, como elementos sustantivos e integrantes del acierto, en fuerza de las leyes invocadas, de la previa autorización del consejo de familia para que el tutor comparezca a nombre del pupilo y del asesoramiento del Ministerio fiscal; garantías de que carece la habilitación de edad otorgada, que es completamente nula, conforme al art. 4.° del Código civil, como acto ejecutado con infracción manifiesta de dichas leyes:

Segundo.- Error de derecho en la apreciación de la suficiencia y sagacidad, que se declara en la parte dispositiva del auto-sentencia, respecto del menor Larrinaga, para regirse por sí, con infracción del art. 1816 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el concepto de que, estableciendo ésta que se admitirán sin necesidad de solicitud ni otra solemnidad alguna los documentos que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren, y habiéndose pedido en escrito de 16 de abril de 1895 por el Ministerio fiscal diligencias que consideraba indispensables para dictaminar con conocimiento del caso de que se trataba, y entre ellas una información del consejo de familia, la Audiencia de Burgos y el Juez han formado su juicio por una prueba de todo punto incompleta; ya que el legislador quiso que se compusiera, no sólo de la que con arreglo al Fuero ofrezca el menor interesado, sino también de la que en observancia de la ley procesal ofrezca el imparcial Delegado del Poder Supremo, máxime llamándose por el Fiscal a esa justificación el auxilio del consejo de familia, para subsanar a la vez el vicio de nulidad de su total olvido, constitutivo de la infracción de ley expresada en el primer motivo:

Tercero.- El art. 359 de la misma ley de Enjuiciamiento civil, en el concepto de que hallándose el menor D. Domingo de Larrinaga al deducir su demanda sometido al consejo de familia, como de autos consta, y habiendo pedido en la súplica de su demanda que se le libertara del poderío, no ya del tutor, sino del protutor y de dicho consejo, y siendo la tutela hoy un organismo complejo a virtud del Código civil posterior al Fuero de Vizcaya, tutela que se ejerce bajo la vigilancia del protutor y del consejo, según el art. 201, en relación con el 309 del mencionado Código, el Juez ni la Audiencia han hecho declaración sobre dicha pretensión oportunamente deducida, dando a la ley del Fuero un alcance que por sí solo no puede tener respecto de instituciones en él no previstas; omisión, la del fallo, que no debe tolerarse, porque para 4

nada considera al consejo, que ha debido tener intervención en una demanda a primera vista inadmisible, o que no podía admitirse sino cuando, denegada al tutor en su caso la autorización que requiere el art. 269, núm. 13, del citado Código, hubiese recaído resolución firme en la alzada, prevista en el art. 310 del mismo Código, no siendo el consejo de familia, que ha venido a sustituir en gran parte en la tutela la antigua autoridad del Juez, con una autoridad bien definida, una institución que pueda darse por extinguida ante la única eficacia de la ley Foral, toda vez que ésta, como se ha demostrado, únicamente rige en correcta relación con otras leyes que resultan infringidas:

Cuarto.- Exceso que por razón de la materia ha habido en la Sala sentenciadora, al conocer de la condena de costas contra el Ministerio fiscal, con infracción del art. 53 de la ley de Enjuiciamiento civil, que exige, para que los Jueces y Tribunales tengan competencia, que el conocimiento de los actos en que intervengan estén atribuidos por la ley a la autoridad que ejerzan; el concepto de que, imponiendo las costas al Ministerio fiscal, cuerpo oficial independiente para corregir sus actos, que juzga obra de la temeridad, la potestad que se atribuye le está expresamente vedada por el art. 448 de la misma ley, que resulta infringido en cuanto la condena, como corrección disciplinaria que es, según el art. 450, cuando se aplica a funcionarios, correspondería al superior jerárquico del infractor, a tenor de los arts. 852 y concordantes de la ley provisional sobre organización del Poder judicial:

Quinto.- Los arts. 35, 36, 37, 38 y 39 del Código civil, que definen las personas jurídicas, o séase sujetos de derechos y obligaciones, y las sentencias de este Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1879 y 26 de mayo de 1890, en relación con los arts. 1.° y 2.° del Real decreto de 16 de marzo de 1886 y todos los del de 25 de abril de 1893; en el concepto de que, no siendo el Ministerio fiscal una persona jurídica que litigie en defensa de asunto propio, y estando hoy excluido de la defensa del estado en juicio, que incumbe a otros funcionarios, la condena recae sobre una entidad que por el espíritu y letra de los textos mencionados y del art. 1815 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene otro carácter que el de mero representante de una abstracción, la ley, para velar con su asesoramiento a los Jueces y Tribunales por su exacta observancia en bien de las personas cuya protección compete a la Autoridad, sin que haya, por tanto, materia sobre que pueda hacerse efectiva la condena:

Sexto.- El art. 1168 del Código civil, que define que respecto de los gastos judiciales decidirá el Tribunal, no por sí, sino con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil; siendo esta ley la única vigente hoy en la materia y a cuyo texto están obligados a acomodarse los Jueces y Tribunales; por cuanto, según este Tribunal Supremo tienen declarado en sentencias de 4 de marzo de 1893 y 5 y 6 de octubre de 1894, las leyes de Partida y recopiladas, relativas a las condenas de costas, no son aplicables a los pleitos incoados después de estar en vigor el referido Código; infracción padecida, así como la del art. 53 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no existiendo en aquella disposición alguna que autorice tal condena en casos concretos de apelación, como se demuestra por

el contenido de los arts. 359, 360, 372, 873 y 887, la Audiencia, al condenar en costas de la segunda instancia, hace uso de su particular criterio sobreponiéndose al de la ley procesal, taxativamente marcado por dicho artículo 1168 del Código; y

Séptimo.- El art. 53 de la repetida ley de Enjuiciamiento, y los 260 al 266 y 835 de la orgánica del Poder judicial, si la condena de costas se entiende impuesta al Ministerio fiscal como una responsabilidad civil para reparar perjuicios; toda vez que esa responsabilidad sólo puede exigirse a los funcionarios de dicho Ministerio en los casos allí previstos, a instancia de la parte perjudicada y en juicio ordinario ante el Tribunal inmediatamente superior al del en que actúe el funcionario que hubiese incurrido en ella; siendo, en tal concepto, notorio el exceso de jurisdicción por razón de la materia que el fallo recurrido contiene, tanto más, cuanto que, no habiendo procedido el Fiscal municipal ni el de la Audiencia por actos voluntarios, sino ineludibles y con perfecta corrección, carece de toda base la supuesta falta en el cumplimiento de sus delicados deberes oficiales; no infiriendo, por otra parte, perjuicios quien a éstos se atienen, como sucede en estos autos, para responder a los altos fines de su instituto.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Enrique de Illana y Mier:

Considerando que no se debe confundir, como hace el Ministerio fiscal en el primer motivo del recurso, los defectos procesales que puedan cometerse en la sustanciación de un expediente instruido para sacar a un menor del poderío de su curador y entregarle la administración de sus bienes con arreglo a la ley del Fuero de Vizcaya, con lo que constituye la sustantividad de ésta, a cuyo precepto se ha ajustado estrictamente la Audiencia de Burgos, pues las faltas que dicho Ministerio señala, consistentes en haber comparecido el curador del menor en el respectivo juicio sin la autorización del consejo de familia, y haber resuelto el Juez la pretensión sin que el Fiscal diese dictamen sobre el fondo, aun suponiendo que fuesen apreciables, no son por su naturaleza de las que pueden motivar un recurso por infracción de ley, completamente diferente del que la de Enjuiciamiento civil establece y regula para los quebrantamientos de forma:

Considerando que el hecho de que un Juez o Tribunal rechace elementos de prueba propuestos por alguna de las partes de un juicio, puede servir de fundamento en su caso para recurrir en casación, al tenor de lo dispuesto en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, pero no para suponer que por esto haya cometido el Tribunal sentenciador error de derecho en la apreciación de la prueba, sólo apreciable cuando en la estimación de la practicada se haya desconocido la fuerza y eficacia de alguna ley que la regule:

Considerando que tampoco ha cometido la Audiencia de Burgos la incongruencia que se le atribuye en el tercer motivo del recurso, porque siendo el consejo de familia un elemento del organismo de la tutela, la resolución recurrida, ajustada a los términos de la ley 2." del tít. 22 del Fuero, implica necesariamente sin necesidad de mayor expresión, que el menor relevado del poderío de su curador para constituirlo en persona 6

sui juris, lo está necesariamente e ipso facto de las demás entidades que completan dicho organismo:

Considerando que no porque el Ministerio fiscal no represente ni defienda intereses particulares de alguna personalidad natural o jurídica, desde el instante en que interviene en un juicio, puede dejar de estimarse su actitud como la de cualquiera otro litigante para el efecto de apreciar la razón, sinrazón o temeridad de sus pretensiones, con todas las consecuencias legales mientras la ley no distinga, y siendo indudable que la Audiencia de Burgos no ha impuesto las costas al Ministerio fiscal como corrección, ni por razón de la responsabilidad civil a que están sujetos todos los funcionarios, sino en el concepto de litigante temerario, sea o no acertada dicha calificación, no ha cometido consiguientemente ninguna de las infracciones señaladas en los motivos cuarto, quinto y séptimo del recurso, así como tampoco la del sexto, pues aun cuando hoy están derogadas las leyes de Partida y de la Novísima que regulaban las imposiciones de costas en determinados casos, no por esto se ha desconocido nunca la facultad que tienen los Tribunales de apreciar la temeridad de los litigantes para el efecto de la condena de costas dentro del respectivo juicio, a cuya facultad no se opone ningún artículo de la ley de Enjuiciamiento civil, y está en consonancia con el precepto del art. 1092 del Código civil;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio fiscal, a quien condenamos en las costas; y líbrese a la Audiencia de Burgos la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que ha remitido, y lo acordado.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.= José de Aldecoa.= José de Garnica.= Diego Montero de Espinosa.= Enrique Lassús.= Joaquín González de la Peña.= Pedro Lacín.= Enrique de Illana y Mier.

Publicación.= Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José de Aldecoa, Presidente de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la misma en el día de hoy, de que certifico como Relator Secretario de ella.

Madrid, 26 de noviembre de 1897.= Licenciado Jorge Martínez.