STS de 26 de junio de 1857

En el pleito que sigue el curador ad litem defensor de oficio de los menores Doña Micaela, D. Ángel, D. Leoncio, Doña Romana, D. Martín y Doña Pantaleona, hijos de D. Pablo de Azcárate y de Doña Clara de Bengoa, con D. Francisco Antonio de Aldecoa, sobre restitución a los menores de la mitad de los bienes que constituyen la ferrería y molino de Arzubia, con sus pertenecientes, sitos en la anteiglesia de Dima, vendidos por Azcárate a Aldecoa en escritura de treinta de octubre de mil ochocientos cincuenta: pendiente en este Tribunal Supremo en virtud de recurso de nulidad que interpuso Aldecoa de la sentencia de revista dictada en tres de junio de mil ochocientos cincuenta y seis por la Sala primera de Audiencia de Burgos, del que resulta:

Que obtenida por Azcárate, en concepto de ser vinculados dichos bienes poseídos por él, autorización judicial para enajenarlos, y otorgada, previos los llamamientos de ley del fuero de Vizcaya, la indicada venta, dedujo la Bengoa demanda en el Juzgado de primera instancia de Durango para que le fuese restituida la mitad de aquellos con sus frutos y rentas, declarándose antes la nulidad del contrato; para lo cual expuso que por ser tales bienes libres desde treinta de agosto de mil ochocientos treinta y seis, debían considerarse aportados al matrimonio por su marido, y su mitad perteneciente a ella no había podido enajenarse sin su consentimiento, según la ley nueve, título veinte de dicho fuero:

Que solicitada por Aldecoa la absolución de la demanda, fundándose en que si bien según la legislación foral no podía el marido enajenar sin consentimiento de su mujer, los bienes aportados a matrimonio por medio de un contrato, no era necesario tal requisito para la enajenación de los demás bienes fuera de los contratados, a cuya clase correspondían los de este pleito que eran vinculados al contraer su matrimonio Azcárate y la Bengoa:

Que seguido el juicio en la sentencia de primera instancia, que fue confirmada con costas por la de vista, se declaró infundada la demanda, absolviendo al demandado: y en la indicada de revista, durante cuya instancia por fallecimiento de la demandante salió al litigio el curadar ad litem de sus hijos, se suplió y enmendó la de vista, se condenó a Aldecoa a restituir y entregar a la representación del curador ad litem la mitad de los bienes que constituyen la ferrería y molino expresados, con sus pertenecidos, enajenados por Azcárate como de libre disposición, con los frutos y rentas correspondientes a dicha mitad desde la contestación a la demanda:

Y finalmente, que de esta sentencia se interpuso por Aldecoa el recurso de nulidad pendiente, alegando:

Que habiéndose cumplido en la venta con los requisitos de la ley de once de octubre, de mil ochocientos veinte, modificados por la de veinte y ocho de junio de mil

ochocientos veinte y uno, no había podido dejarse sin efecto aquella sin ponerse en pugna con dichas prescripciones, no siendo obstáculo la ya citada nueve del título veinte del fuero, en atención a que no podía regir sobre bienes fuera de circulación, y se habría faltado, si así no fuese, al principio legal de que la ley posterior deroga a la anterior:

Que también infringía la sentencia, la doctrina legal de que para que haya restitución y entrega de bienes, es menester que haya un título de dominio y la Bengoa no tenía derecho de comunicación en los bienes de su marido, mediante no realizarse ésta en los de los cónyuges por la ley primera de dicho título veinte, sino cuando al disolverse el matrimonio quedan hijos legítimos:

Que la ley nueve en los bienes a que se refiere, que no son los vinculados, solo exige que el marido no pueda vender sin consentimiento de su mujer, lo cual podía inducir cuando falta éste, la nulidad de la venta, con reintegro al comprador de su dinero; y que esa ley no concede derecho a la mitad de los bienes que enajena el marido de los aportados al matrimonio sino que las palabras de ella, "pertenecientes en la mitad a la mujer" se refieren a los ganados durante el matrimonio.

Vistos:

Considerando que la comunicación de bienes establecida por la ley primera, título veinte del fuero de Vizcaya, no alcanzaba a los bienes vinculados, que no eran en propiedad de ninguno de los cónyuges:

Considerando que suprimidas las vinculaciones por la ley de once de octubre de mil ochocientos veinte, se declaró en su artículo sexto, que en las provincias o pueblos en que por fueros particulares se hallaba establecida la comunicación en plena propiedad de los bienes libres entre los cónyuges, quedarán sujetos a ella los bienes hasta entonces vinculados de que como libres pudiesen disponer los poseedores actuales, y que existieran bajo su dominio a su fallecimiento:

Considerando que las fincas litigiosas fueron vendidas previos los llamamientos forales por D. Pablo de Azcárate, dueño durante su vida, de la mitad libre del vínculo y poseedor de la restante:

Considerando, por último, que la ley nueve, título veinte del fuero de Vizcaya sólo exige el otorgamiento de la mujer para la venta de bienes cuya mitad le pertenezca por haber entrado todos en la comunión conyugal, lo cual no ha podido verificarse en el presente caso con arreglo al citado artículo sexto de la ley de once de octubre de mil ochocientos veinte, restablecida en treinta de agosto de mil ochocientos treinta y seis; Fallamos, que debemos declarar y declaramos haber lugar al expresado recurso de nulidad interpuesto por Aldecoa, y de ningún valor ni efecto la referida sentencia de revista; mandando, como mandamos en su consecuencia los autos a dicha Audiencia de Burgos, para los efectos prevenidos en el Real decreto de cuatro de noviembre de mil ochocientos treinta y ocho, y que se cancele la fianza otorgada por Aldecoa para la

interposición del recurso.

Y por la presente sentencia definitiva que se publicará en la Gaceta del Gobierno y de la que se remitirá copia certificada por duplicado al Ministerio de Gracia y Justicia, así lo pronunciamos, mandamos y lo firmamos.– Juan Martín Carramolino.– Ramón María de Arriola.– Joaquín de Roncali.– Jorge Gisbert.– Juan María Biec.– Felipe de Urbina.– Eduardo Elío.

Publicación:

Leída y publicada fue la sentencia que precede por el Ilmo señor D. Ramón María de Arriola, Ministro de la Sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia estándose celebrando audiencia pública de que certifico, como Secretario de S. M. y de Cámara de dicho Supremo Tribunal.

Madrid veinte y seis de junio de mil ochocientos cincuenta y siete.–José Calatraveño. (Colección legislativa.-1857.–Tomo 72, núm. 23.)