STS de 18 de marzo de 1925

En la villa y Corte de Madrid, a 18 de marzo de 1925; en el juicio declarativo de mayor cuantía seguido en el Juzgado de primera instancia del distrito del Hospital, de Bilbao, y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, por D. Jorge de Urriticoechea y Lezama, labrador y vecino de San Salvador del Valle, y por su fallecimiento, sus hijas y herederas doña Cesárea, doña Cristina y doña Josefa de Urriticoechea y Acebal, esposa la primera de don Sebastián San Martín y Olaso, dedicada a sus labores y vecina también de San Salvador del Valle, y las otras dos sin profesión especial y vecinas de Baracaldo, contra D. Elías de Urcullu y Urriticoechea, comerciante y domiciliado en El Rosario Oriental, República del Uruguay, sobre nulidad de testamento y otros extremos; pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el procurador D. Luis de Asúa, bajo la dirección del Letrado D. José Gulmón, en nombre de la parte demandante, habiendo comparecido el demandado, a quien defiende el Letrado D. Manuel Pintado, bajo la representación del Procurador don Antonio Pintado:

Resultando que ante los Juzgados de primera instancia de Bilbao, dedujo en 14 de noviembre de 1922 D. Jorge de Urriticoechea y Lezama demanda de mayor cuantía contra D. Elías de Urcullu y Urruticoechea, en cuya demanda, cuyo trámite correspondió al Juzgado del distrito del Hospital, expuso: Que en 18 de diciembre de 1854 contrajeron matrimonio en San Salvador del Valle, provincia de Vizcaya, de donde eran naturales y vecinos, D. Ramón de Urriticoechea y doña Saturnina de Lezama, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos: el demandante, en 1858; D. José Elías, en 1861, y doña Andrea Cesárea, en 1865; falleciendo dichos cónyuges en 11 de noviembre de 1890 y 4 de junio de 1897, respectivamente, sin dejar ningún ascendiente, y la doña Andrea Cesárea casó en 1887 con D. Tomás de Urcullu, de cuyo matrimonio nació en el año 1889 el demandado, falleciendo doña Andrea Cesárea en el año 1892; que don Elías Urriticoechea, hermano del actor, se trasladó desde san Salvador del Valle a la Villa Rosario, República del Uruguay, falleciendo en dicha Villa el día 12 de Junio de 1820, sin dejar ascendientes ni descendientes, y como únicos colaterales próximos su hermano el actor y sus sobrinos, hijos de doña Cesárea, entre los que se contaba el demandado, acompañando certificaciones y partidas para acreditar estos hechos; que D. Elías Urriticoechea otorgó testamento en 21 de mayo de 1919, manifestando ser de nacionalidad española, nacido en San Salvador del Valle, provincia de Vizcaya, y domiciliado en el Rosario Oriental, de profesión comerciante y sin ascendientes ni descendientes, hijo de los citados D. Ramón y doña Saturnina, fallecidos ambos en San Salvador del Valle, y careciendo de herederos forzosos; que los bienes y créditos del testador resultarían de sus libros y documentos; que legaba diez mil pesos oro a cada una de sus sobrinas Rosario y Cesárea, hijas del sobrino del testador D. Emilio Urcullu, fallecido, y de doña Irene Gironi, que vivía en San Salvador del Valle con dichas dos legatarias; que en todos los demás bienes, derechos y acciones, instituía y nombraba por

su único y universal heredero a su sobrino D. Elías Urcullu, de nacionalidad española, domiciliado en el Rosario Oriental, a quien pasarían a pertenecer con tal carácter de heredero universal todos los bienes, derechos y acciones del testador, ya estuviesen situados en Uruguay, país del otorgamiento, o en el extranjero, revocando cualquier otro testamento que hubiese otorgado con anterioridad, y de cuyo documento acompañaba el actor copia simple; que entre los bienes recayentes en la herencia del causante se cuentan algunos raíces, sitos en territorio sujeto en lo civil a la legislación del Fuero de Vizcaya, y adquiridos por D. Elías de sus finados padres, que constituían tronco común para el causante y el actor, y determinadamente los que a D. Elías le fueron adjudicados en la división de bienes formalizada en la escritura del 9 de marzo de 1895, a la muerte de su padre, D. Ramón, de cuyo documento acompañaba primera copia, describiendo tales bienes sitos todos en jurisdicción del Concejo de San Salvador del Valle, Municipio perteneciente a la comarca conocida con el nombre de Encartaciones, en la provincia de Vizcaya: que convenía hacer notar, como en la misma escritura de petición se indicaba, que la viña descrita en primer lugar había pertenecido al padre de D. Elías, que la compró a D. José de Aranguren, y las demás fincas habían pertenecido a la madre de D. Elías, que las había adquirido por herencia de su padre D. Mariano Lezama, acompañando certificación del Registro de la Propiedad de Valmaseda, que acredita que todos esos bienes quedaron allí inscritos por el título mencionado, a nombre del adjudicatario D. Elías de Urriticoechea y Lezama, sin que posteriormente se hubiese realizado nueva inscripción a nombre del demandante se hubiese realizado nueva inscripción a nombre del demandado, heredero de aquél, ni de otra persona alguna; y que la institución hereditaria del D. Luis a favor de su sobrino era nula e ineficaz, en cuanto a los bienes raíces, que merecían la cualidad de troncales con relación al demandante, hallándose éste asistido de derecho para suceder en ellos con preferencia al demandado, y aun con exclusión del mismo, por lo cual le había reclamado el reconocimiento de dicha nulidad y la entrega de tales bienes; y en derecho citó el art. 10 del Código civil, manifestando que el municipio de San Salvador del Valle estaba sujeto al fuero de Vizcaya, y esta legislación era la correspondiente al finado D. Elías, que nació y vivió en aquel Municipio hasta su traslado al Uruguay, invocando la ley 10, título 21 del Fuero; la ley seis, título 21, y la ley 13, título 20, para determinar a quiénes se considera parientes tronqueros en la línea colateral; la ley ocho, título 20; sentencias de 23 de febrero de 1886 y 27 de diciembre de 1895; el caso primero del art. 912 del Código civil, y la ley ocho, título 21 del Fuero de Vizcaya, estimando que la declaración de herederos ab intestato puede hacerse en juicio ordinario, según sentencias de 28 de enero de 1892 y 17 de marzo de 1896; y terminó pidiendo se declarase:

Primero.- Que la disposición que en el testamento otorgado en 21 de mayo de 1919 hizo D. Elías Urriticoechea y Lezama, a favor de su sobrino el demandado, nombrándole por su único y universal heredero de todos los demás bienes, derechos y acciones del otorgante que quedasen a su fallecimiento, y disponiendo que pasen a pertenecerle con tal carácter de heredero universal, ya estén situados en el país del otorgamiento o en el extranjero, es nula y carece de todo valor y efecto, en cuanto se

refiere a los bienes raíces troncales del testador, sitos en territorio aforado vizcaíno;

Segundo.- Que son bienes troncales del testador, con relación al demandante, todos los inmuebles recayentes en la herencia de aquél, sitos en territorio aforado vizcaíno y procedentes al testador, por adquisición o herencia de su padre o de su madre, y señalada y concretamente los que se relacionan y enumeran en el hecho tercero de esta demanda;

Tercero.- Que son nulas las inscripciones de dichos bienes troncales que en el Registro de la Propiedad se hayan llevado o lleven a efecto a favor del demandado, a virtud de la institución hereditaria declarada nula, así como todas las demás posteriores que en ellas tuvieran su origen;

Cuarto.- Que el demandante es el pariente tronquero más próximo en grado del testador, respecto a los bienes del mismo declarados como troncales, y que en tal concepto, y supuesta la declaración de nulidad del testamento el causante en cuanto a dichos bienes, tiene derecho a sucederle en ellos con preferencia al heredero instituido y con exclusión del mismo y demás posibles parientes, aun tronqueros, de grado más remoto; condenando al demandado a estar y pasar por las declaraciones precedentes y cumplirlas, y en su cumplimiento, dejar a libre disposición del demandante los bienes declarados como troncales y de la legítima pertenecía de éste, con sus frutos producidos y debidos producir, y a otorgar y suscribir los documentos necesarios al efecto, con las costas:

Resultando que con el anterior escrito produjo el actor certificación de matrimonio de Ramón Urriticoechea con Saturnina Lezama, efectuado en San Salvador del Valle en el año 1854; otra de bautismo del actor de la propia parroquia: otra de la misma parroquia, del bautismo del D. José Elías; otra también de San Salvador del Valle, que acredita el bautismo de Andrea Cesárea, hija legítima, como los anteriores, de Ramón Urriticoechea y de Saturnina Lezama; certificación de defunción de estos dos últimos, acaecida en San Salvador del Valle; otra certificación del mismo Registro civil del matrimonio de D. Tomás Urcullu con doña Cesárea Urriticoechea; otras certificaciones del mismo Registro, que acreditan el nacimiento del hijo de dicho matrimonio, hoy demandado, D. Elías, y la defunción de Cesárea Urriticoechea; otra del Registro civil de Montevideo, acreditando la defunción en 1920, de Elías Urriticoechea y Lezama; copia simple del testamento que éste otorgó en Montevideo el 21 de mayo de 1919; escritura de división de bienes, otorgada en el año 1895, en la que constan las adjudicaciones a que la demanda se refiere: certificación del Registro de la propiedad de Valmaseda, relativa a la inscripción de fincas en el tomo correspondiente de San Salvador del Valle, a favor de D. Elías de Urriticoechea y Lezama, y certificación del acto conciliatorio:

Resultando que el demandado contestó la demanda manifestando: Que su tío D. Elías marchó al Uruguay por los años de 1878 o 1879, domiciliándose en dicha República y falleciendo en ella el día 12 de junio de 1920, reconociendo, por lo demás, 3

la certeza de los hechos relativos al parentesco, y la autenticidad de los documentos que, para justificarlos, se habían producido con la demanda, así como también reconocía como auténtica la copia del testamento que producía el actor, y la certeza del hecho de la demanda en que se relacionaban los bienes sitos en San Salvador del Valle, que al causante D. Elías se le adjudicaron en la escritura particional de 1895; y en derecho negó aplicación a los preceptos citados de contrario, alegando que el derecho de disfrutar de determinada legislación, se pierde por la residencia en provincia sometida a distinta legislación durante dos años, siempre que manifieste ser ésta su voluntad ante el encargado del Registro civil, y por residir diez años en provincia sometida a distinta legislación, a no ser que antes de terminar ese plazo, el interesado manifieste su voluntad en contrario; que el testador abandonó Vizcaya por los años 1878 o 1879, yendo a residir en Uruguay, donde conservó su nacionalidad española, pero no su vecindad vizcaína, y además, existía la manifestación del testador, al disponer de sus bienes con arreglo a la legislación española, de que su deseo era gozar de esta legislación; y citó la Resolución de la Dirección general de los Registros, de 4 de julio de 1911, sentencias de 7 de febrero de 1899 y 11 de noviembre de 1902, el artículo 10 del Código civil, y la sentencia de 14 de diciembre de 1901, y pidió se declarase que el D. Elías Urriticoechea no gozaba de la vecindad foral, y, por consiguiente, que su testamento era perfectamente válido y legal, y procedía absolver al demandado, y condenar en costas al actor; y en los escritos de réplica y dúplica, insistieron ambas partes en sus respectivos puntos de vista, agregando la demandante que el D. Elías había realizado diversos viajes a Europa en sus años de residencia en el Uruguay, pasando algunas temporadas en San Salvador del Valle, reconociendo el demandado ser esto cierto, pero consignando que estos viajes los hizo después de residir más de diez años en el Uruguay, cuando ya era vecino en el pueblo donde habitaba en dicha República, mostrándose conformes ambos litigantes en que era innecesario el recibimiento de los autos a prueba:

Resultando que el Juez dictó sentencia declarando nula la institución de heredero contenida en el testamento de Urriticoechea; que el actor es su heredero abintestato, en los bienes troncales, y que lo son los que al causante heredó o adquirió de sus padres, y, en particular, los descritos en la demanda y que tengan el carácter de inmuebles; y condenó al demandado a dejarlos a su disposición, declarando nulas las inscripciones que en el Registro de la Propiedad se hubiesen hecho de ellos, en favor del último, y las posteriores no extendidas en favor de terceros y demás no oídos en el pleito de marzo de 1924 por la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos, que desestimó la demanda en todas sus partes, absolviendo de la misma al demandado, sin hacer especial condena en ninguna de las dos instancias:

Resultando que doña Cesárea, doña Cristina y doña Josefa Urriticoechea y Acebal, como herederas de don Jorge Urriticoechea y Lezama, han interpuesto recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números primero y séptimo del artículo 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, por los siguientes motivos:

Primero.- Porque al afirmar la Sala que el causante no tiene la condición de vizcaíno que perdió por su residencia en el extranjero, infringe, por violación, la ley 13 del título primero del Fuero de Vizcaya, que define como vizcaínos a los nacidos en Vizcaya, hijos de padres vizcaínos; en relación con el artículo 12 del Código civil, sobre aplicación de las legislaciones forales, el 10 del propio Cuerpo legal, respecto al Estatuto personal, aplicable a las sucesiones, y el párrafo primero del artículo 15 del mismo Código; e infringe también, y singularmente, por violación, y aplicación indebida, lo establecido en el párrafo segundo del citado artículo civil, al suponer, erróneamente, que los nacidos en Vizcaya de padres vizcaínos, sujetos a fuero por su origen y naturaleza, que fallecen conservando la ciudadanía española, pueden haber perdido su condición de aforados sin haber fijado su residencia por diez años o dos años, en las condiciones que dicho artículo señala, en territorios o provincias de derecho común, aunque haya residido en el extranjero, al que para nada se refiere dicho precepto legal; incurriendo, además, en evidente error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, con violación de lo dispuesto en el artículo 1.218 del Código civil, al suponer que en las manifestaciones hechas por D. Elías en su testamento, otorgado en 1919, y que es documento auténtico, reconocido como tal por las partes, podía fundarse la absolución de la demanda por tratarse de expresiones de voluntad bastantes para deducir que el causante murió sin estar sujeto al Fuero de Vizcaya, siendo así que, gozando, por su origen, de la condición de aforado vizcaíno, las únicas manifestaciones de voluntad que podían haberle despojado de tal cualidad eran las que hubieran podido hacer, y no se dice que hiciera, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15, antes citado, único precepto aplicable después de la vigencia del Código civil, en relación con la residencia en territorio, o provincia, de derecho común.

Segundo.- Porque la Sala infringe, violándolos, los artículos 10 y 14 del Código civil, así como también viola el artículo 12 del propio Código, infringiendo y violando, asimismo, por tratarse de causante vizcaíno, la doctrina de las sentencias de 23 de Febrero de 1886 y 27 de Diciembre de 1895, y lo dispuesto en las leyes 10, título 21; seis, título 21, y 43, título 20 del Fuero de Vizcaya, en cuanto determinan, con las leyes octava, 14, 15 y 18 de ese título 20 del Fuero, igualmente infringidas, las condiciones que limitan la libre disponibilidad de los bienes troncales, y el derecho de los parientes más cercanos, determinando quienes son éstos, que como colaterales troncales, a falta de descendientes y ascendientes, no pueden ser preteridos, como lo fue el demandante, al que para nada se refiere el testamento de su hermano; todo ello con error de hecho y de derecho, al prescindir de la prueba que, respecto al parentesco y la preterición, se hizo con los documentos que se acompañaron a la demanda y que, como públicos y reconocidos por la parte adversa, debieron ser tenidos en cuenta, a tenor de los artículos 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Tercero.- Porque la Audiencia de Burgos infringe, por violación, las leyes 25 del título 11, 8, 14 y 16 del título 20 y 10 del título 21 del Fuero de Vizcaya, que definen los bienes que han de considerarse como troncales, siendo de esa condición los reclamados en este pleito; como de no mediar error de hecho y de derecho en la apreciación de la 5

prueba, se debió haber deducido de los documentos auténticos presentados con la demanda, de acuerdo con los artículos antes citados 596 y 597 de la ley Procesal.

Cuarto.- Porque también se aprecia infracción y violación de lo dispuesto en el artículo 912 del Código civil, como derecho supletorio de aplicación al caso, según el artículo 12 del mismo Cuerpo legal, por virtud de cuyos preceptos, como consecuencia de la declaración de nulidad del testamento en cuestión, respecto a los bienes troncales, por la preterición de un profinco tronquero, no apartado con cosa alguna en el testamento, debió declararse abierta la sucesión intestada, con derecho de preferencia para el demandante, de acuerdo con la ley octava del título 21 del Fuero de Vizcaya, que también resulta violada, y con la jurisprudencia contenida en sentencias de 28 de enero de 1892 y 17 de marzo de 1896, sobre la posibilidad de hacer esta declaración en el pleito; doctrina legal que también resulta infringida, así como los artículos 24, 30, 34 y 79 de la ley Hipotecaria, por no haberse acordado la nulidad de inscripciones y su cancelación, habiéndose padecido error de hecho y de derecho, al no estimar esa prefe­rencia a favor del demandante, cuyo más cercano parentesco resulta probado de documentos auténticos, acompañados con la demanda, que debieron estimarse eficaces, en virtud de lo dispuesto en los artículos 596 y 597 de la ley Procesal; y

Quinto.- Porque aun en el caso de no estimarse que el testador conservaba, al morir, su condición de aforado vizcaíno, derivada de su origen, y de la no residencia en territorios o provincias de otro derecho foral o común, debió sujetarse en sucesión, en cuanto a los bienes sitos en la tierra llana, a las disposiciones del fuero de Vizcaya, citados en los motivos anteriores, y al no entenderlo así la Sala, viola lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 10 del Código civil, que mantiene como excepción para la sucesión de los vizcaínos, en cuanto a esos bienes, el principio de territorialidad, por lo que, aun siendo anterior al Código, puede aplicarse al caso la doctrina contenida en la sentencia de 8 de junio de 1874:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Ernesto Jiménez:

Considerando que, conformes las partes litigantes en el hecho de que D. Elías Urriticoechea, nacido en Vizcaya en septiembre de 1861, de padres vizcaínos, marchó al extranjero por los años 1878 a 1879, pero conservó su condición de español durante toda su larga permanencia en la República del Uruguay hasta su fallecimiento, queda como única cuestión discutida en el pleito y planteada en primer término en el presente recurso determinar si con aquella condición conservó también la de aforado vizcaíno, y tal cuestión ha de resolverse en sentido afirmativo, cualesquiera que sean los efectos que en el orden administrativo y en el fiscal puedan derivarse de su ausencia del territorio español, toda vez que respecto al carácter de aforado ha de ajustarse la decisión a las normas claras y precisas que el Código civil establece:

Considerando que según el artículo noveno del Código civil, las leyes relativas a los derechos o deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los españoles, aunque residan en el extranjero, porque es ley 6

personal del individuo la del país a que pertenece, y le sigue dondequiera que se traslade regulando sus derechos personales y su capacidad para transmitir por testamento o ab intestatos:

Considerando que con arreglo al artículo 15 de dicho cuerpo legal, para que las personas procedentes de provincias o territorios forales, queden sujetas a la legislación común precisan que ganen vecindad en provincias o territorios en que rija tal derecho llenando las condiciones que el citado artículo establece, ninguna de las cuales se cumple en cuanto al nombrado D. Elías Urriticoechea, que no residió nunca en España fuera de la provincia de Vizcaya, y conservó por tanto, con su cualidad de español, la condición de aforado vizcaíno:

Considerando que esto sentado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo último del art. 10 del Código civil, el de don Elías, no obstante su residencia en el extranjero, continuó sometido, en cuanto a los bienes sitos en su tierra llana de Vizcaya, a la ley 15, título 20, del Fuero de esta provincia, y no pudo disponer de tales bienes adquiridos de sus finados padres, que constituían tronco común para él y el actor, en favor de persona que no ostentara el carácter de tronquero en grado que le diera preferente derecho, porque los bienes inmuebles sitos en territorio sometido al Fuero, se rigen por éste, aunque los posea quien no reside en el territorio; y al no entenderlo así el Tribunal sentenciador y estimar la validez del testamento impugnado en la parte que se refiere a los bienes inmuebles sitos en tierra llana de Vizcaya, incidió en las infracciones legales de las disposiciones del referido Fuero, que sirven de fundamento al primer motivo del recurso que debe ser estimado:

Considerando que conformes las partes en el carácter de tronquero del demandante, y en la cualidad de troncales de los bienes objeto de la demanda, y no conteniendo la sentencia recurrida declaración alguna acerca de estos extremos, ni en sus fundamentos ni en su parte dispositiva, carecen de base los motivos segundo y tercero del recurso, y no hay necesidad de examinarlos ni resolver sobre los mismos:

Considerando que negada la nulidad del referido testamento, mediante la absolución de la demanda, no podía el fallo recurrido resolver, como efectivamente no resuelve, acerca de lo solicitado en los números tercero y cuarto de la súplica del escrito de demanda, por lo que también carece de base y fundamento el cuarto motivo del recurso:

Considerando que dados los fundamentos consignados en la presente sentencia, al estimar procedente el primer motivo del recurso, no hay para qué ocuparse del señalado con el número 5, alegado para el caso de que se negara al causante D. Elías Urriticoechea, la condición de aforado vizcaíno;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por

infracción de ley, interpuesto por doña Cesárea, doña Cristina y doña Josefa Urriticoechea y Acebal, como herederas de D. Jorge Urriticoechea y Lezama; y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia dictada en estos autos por la Sala de lo Civil en la Audiencia Territorial de Burgos en 15 de marzo de 1924.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Ramón Bermejo.– Ernesto Jiménez.–Pedro Armenteros.– Diego Medina.– Manuel Moreno.– Adolfo Suárez.– R. Salustiano Portal.

Publicación.– Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo Sr. D. Ernesto Jiménez, Magistrado Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el día de hoy, ante mí, de que certifico como Relator Secretario de la misma.

Madrid, 18 de marzo de 1925.– Licenciado Trinidad Delgado Cisneros.