S E N T E N C I A N.\u00ba 000079\/2026 ILMAS. SRAS.<\/p>\n
Presidente D\u00aa. Maria de los Reyes Castresana Garcia Magistrados D\u00aa. Covadonga Gonzalez Rodriguez (Ponente) D\u00aa. Izaskun Nazara Lacambra En Bilbao, a 06 de febrero del 2026.<\/p>\n
La Secci\u00f3n N\u00ba 4 de la Audiencia Provincial de Bizkaia, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Familia. Modi\ufb01caci\u00f3n medidas supuesto contencioso 0000950\/2023 – 0 del Secci\u00f3n de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Barakaldo. Plaza n\u00ba 1, a instancia de D. Diego , apelante – demandado, representado por la procuradora D.\u00aa MARIA LARRASQUITU CONCEPCION y defendido por el letrado D. I\u00d1IGO MARIA NIEVA GARCIA, contra D.\u00aa Esther , apelada – demandante, representada por la procuradora D.\u00aa BEGO\u00d1A FERRERO PEREIRA y defendida por la letrada D.\u00aa MARTA SOMOZAS IZQUIERDO y con la intervenci\u00f3n del MINISTERIO FISCAL;todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 14 de febrero de 2025.<\/p>\n
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n
PRIMERO.-Por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 5 de Barakaldo en el procedimiento de Modi\ufb01caci\u00f3n de medidas supuesto contencioso 950\/2023 se dict\u00f3 sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:<\/p>\n
“FALLO Que estimando la demanda formulada por DO\u00d1A Esther contra DON Diego , debo declarar y declaro procedente modi\ufb01car las medidas aprobadas por sentencia de AP de Bizkaia el 13 de enero de 2022 , que revoc\u00f3 la de este juzgado de 15 de julio de 2020 , dictada en el procedimiento DUC 145\/2019 , en lo relativo a la guarda y custodia del menor Alfredo , estableciendo las siguientes medidas:<\/p>\n
La atribuci\u00f3n de la guarda y custodia del hijo menor Alfredo a la madre , bajo la patria potestad compartida por ambos progenitores.<\/p>\n
Se acuerda la continuidad de la intervenci\u00f3n de DIPFB en aras a restaurar el v\u00ednculo paterno\ufb01lial , con remisi\u00f3n de informes al juzgado trimestralmente o antes si lo considerasen necesario en aras a adoptar en ejecuci\u00f3n de sentencia las medidas que a la vista de los mismos resultasen procedentes.<\/p>\n
Se \ufb01ja a favor del menor y a cargo del padre , una pensi\u00f3n alimenticia en cuant\u00eda de 350 euros mensuales, pagaderos por meses anticipados, dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes, en la cuenta corriente que designe la progenitora y que se actualizar\u00e1 anualmente conforme al IPC, y debiendo igualmente la misma satisfacer el progenitor el setenta por ciento y la progenitora el treinta por ciento, los gastos extraordinarios del menor .<\/p>\n
Se atribuye a la progenitora custodia el uso del domicilio y ajuar familiar , hasta la \ufb01nalizaci\u00f3n de la guarda y custodia si antes no se llevase a efecto la divisi\u00f3n o venta del mismo.<\/p>\n
Las obligaciones contra\u00eddas por raz\u00f3n de su adquisici\u00f3n o mejora, incluidos los pr\u00e9stamos hipotecarios y los seguros vinculados a esta \ufb01nalidad, deben satisfacerse por las partes de acuerdo con lo dispuesto por el t\u00edtulo de constituci\u00f3n. Los gastos ordinarios de conservaci\u00f3n, mantenimiento y reparaci\u00f3n de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas o impuestos de devengo anual corren a cargo del bene\ufb01ciario del derecho de uso.<\/p>\n
No se establece compensaci\u00f3n por derecho de uso .<\/p>\n
L\u00edbrese o\ufb01cio al Servicio de Infancia de DIPFB al que se acompa\u00f1ar\u00e1 copia de la presente resoluci\u00f3n.”<\/p>\n
SEGUNDO.-Publicada y noti\ufb01cada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de la parte demandada reconviniente se interpuso recurso de apelaci\u00f3n que, admitido por el Juzgado de instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formaci\u00f3n del presente rollo, al que ha correspondido el n\u00ba 502\/2025 de Registro,y que se ha suscitado con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n
TERCERO.-Hecho el oportuno se\u00f1alamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n
CUARTO.-En la tramitaci\u00f3n del presente recurso se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n
Ha sido Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada D.\u00aa COVADONGA GONZALEZ RODR\u00cdGUEZ.<\/p>\n
PRIMERO.- Sobre los t\u00e9rminos del litigio 1.-D\u00aa Esther formul\u00f3 demanda de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas frente a D. Diego . Los litigantes tuvieron una relaci\u00f3n fruto de la cual naci\u00f3 un hijo, Alfredo , el NUM000 de 2011, y \ufb01nalmente contrajeron matrimonio en fecha 23 de septiembre de 2011. Entre ambos se ventil\u00f3 procedimiento de divorcio contencioso seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 5 de Barakaldo con el n\u00ba 145\/2019, que en primera instancia concluy\u00f3 por Sentencia de fecha 15 de julio de 2020, que fue revocada por Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia de fecha 13 de enero de 2022 (rec. n\u00ba 169\/2021) en los t\u00e9rminos que en la misma se contienen.<\/p>\n
Expon\u00eda la demandante en su demanda de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas que por la referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia de fecha 13 de enero de 2022 se le atribuy\u00f3 el uso y disfrute de la vivienda conyugal por un plazo de dos a\u00f1os a contar desde la fecha de la citada sentencia y que demandante y demandado est\u00e1n intentando proceder a la venta de la vivienda a trav\u00e9s de inmobiliarias, pero estando pr\u00f3ximo el vencimiento del plazo establecido en la sentencia y no disponiendo la actora de una vivienda alternativa donde residir ella y su hijo menor Alfredo , solicita la pr\u00f3rroga del uso de la vivienda conyugal a su favor, hasta el momento de la venta de la citada vivienda o en su defecto, por un plazo de dos a\u00f1os adicionales. Y tambi\u00e9n expon\u00eda que la relaci\u00f3n entre el menor y su padre es cada vez m\u00e1s dif\u00edcil y que el primero ha solicitado a su madre reiteradamente poder convivir solamente con ella, por lo que en aras a garantizar el inter\u00e9s del menor solicita la modi\ufb01caci\u00f3n del r\u00e9gimen de custodia compartida acordada por la Audiencia para pasar a una custodia monomarental, con derecho de visitas a favor del padre y una pensi\u00f3n de alimentos a favor del hijo de 370 \u20ac mensuales y cuando la madre cese en el uso de la vivienda, de 400 \u20ac mensuales.<\/p>\n
2.-El demandado se opuso a la modi\ufb01caci\u00f3n de medidas instada por la demandante y formul\u00f3 reconvenci\u00f3n a \ufb01n de que se decretara la extinci\u00f3n del uso y disfrute de la vivienda familiar por la demandada reconvencional, se condenara a la misma a abonar la cantidad de 14.050,50 \u20ac en concepto de compensaci\u00f3n por el derecho de uso de la vivienda y su ejercicio indebido (al convivir la actora en la vivienda familiar con su actual pareja<\/p>\n
sentimental desde julio de 2022) y se dispusiera la atribuci\u00f3n de la guarda y custodia del hijo menor al padre (que va a cubrir de forma m\u00e1s adecuada sus necesidades afectivas y materiales), con un r\u00e9gimen de visitas a favor de la madre y una pensi\u00f3n alimenticia a cargo de \u00e9sta de 150 \u20ac mensuales.<\/p>\n
3.-La actora se opuso a las medidas solicitadas en la demanda reconvencional, al entender que la solicitud de pr\u00f3rroga se hab\u00eda hecho en el plazo establecido por la LRFPV, que ning\u00fan abuso se est\u00e1 produciendo por su parte pues subsiste la situaci\u00f3n de necesidad por la que fue inicialmente acordada la medida de atribuci\u00f3n del uso (en un r\u00e9gimen de custodia compartida), y en cuanto a la guarda y custodia del hijo com\u00fan, que el hijo Alfredo presenta ya una capacidad y madurez su\ufb01cientes que deben tenerse en cuenta para establecer el r\u00e9gimen de custodia m\u00e1s adecuado a sus intereses, siendo el propio menor quien ha insistido a su madre para que presente la demanda de la que traen causa estos autos y con la que la demandante no persigue ning\u00fan \ufb01n espurio.<\/p>\n
4.-Realizados los tr\u00e1mites pertinentes, se dicta Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia; resoluci\u00f3n que estima la demanda formulada por D\u00aa Esther , atribuyendo la guarda y custodia del menor a la madre, bajo la patria potestad compartida por ambos progenitores. La citada sentencia tambi\u00e9n acuerda: la continuidad de la intervenci\u00f3n de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia en aras a restaurar el vinculo paterno\ufb01lial, con remisi\u00f3n de informes al juzgado trimestralmente o antes si lo considerasen necesario en aras a adoptar en ejecuci\u00f3n de sentencia las medidas que a la vista de los mismos resultasen procedentes; una pensi\u00f3n alimenticia a favor del menor y a cargo del padre de 350 \u20ac mensuales; y la atribuci\u00f3n del uso del domicilio familiar a la progenitora custodia hasta la \ufb01nalizaci\u00f3n de la guarda y custodia, si antes no se llevase a efecto la divisi\u00f3n o venta del mismo, sin establecer compensaci\u00f3n por derecho de uso.<\/p>\n
5.-D. Diego recurre en apelaci\u00f3n la Sentencia de Instancia, al mostrar su disconformidad con dos pronunciamientos.<\/p>\n
En primer lugar alega error en la valoraci\u00f3n de la prueba al ignorar la juzgadora de Instancia la convivencia marital en el domicilio familiar que ha venido desarrollando la Sra. Esther desde el 22 de julio de 2022, sin autorizaci\u00f3n del recurrente, y tal y como se acredit\u00f3 con volante de empadronamiento que se acompa\u00f1\u00f3 como documento n\u00ba 7 de la demanda, sin que conste que dicha persona conviviente haya fallecido, como se a\ufb01rm\u00f3 en el acto de la vista por la letrada de la demandante; hecho que a su entender deber\u00eda haber signi\ufb01cado la extinci\u00f3n autom\u00e1tica del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en su momento a la progenitora, a la que, por el contrario, se le “premia” atribuy\u00e9ndole un derecho de uso y disfrute de la vivienda ilimitado, amparado en la atribuci\u00f3n de la guarda y custodia del hijo com\u00fan menor de edad. Sostiene el apelante que este abuso del derecho de la demandante debe tener su re\ufb02ejo en una compensaci\u00f3n al demandante por la atribuci\u00f3n del derecho de uso de la vivienda que fue familiar, tal y como dispone el art\u00edculo 12.7 de la ley 7\/2015, de 30 de junio, cuando menos desde la fecha del empadronamiento del tercero conviviente en dicho domicilio, hasta su extinci\u00f3n, si se hubiera producido, lo que no consta, tomando como referencia un precio medio de arrendamiento para una vivienda de similares caracter\u00edsticas ascendente a 739,50 \u20ac.<\/p>\n
Y en segundo lugar, critica el apelante lo que cali\ufb01ca de “Indebida indeterminaci\u00f3n absoluta del derecho de visitas a favor del padre”, sosteniendo que la resoluci\u00f3n apelada signi\ufb01ca impl\u00edcitamente la supresi\u00f3n del derecho de visitas a favor del padre y todo contacto de \u00e9ste con el menor. Se\u00f1ala que siendo criterio generalizado que lo id\u00f3neo para cualquier menor es disfrutar de la compa\u00f1\u00eda de los dos progenitores, le resulta incomprensible que no se \ufb01je ni de\ufb01na alg\u00fan mecanismo para que el padre pueda ejercer su derecho de visitas y disfrutar de la compa\u00f1\u00eda del hijo com\u00fan, quedando todo en manos de la madre y al albur de la emisi\u00f3n de informes trimestrales por parte de los servicios de intervenci\u00f3n de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia, sin m\u00e1s concreci\u00f3n ni determinaci\u00f3n, por lo que el resultado inevitable ser\u00e1 el distanciamiento radical e irreversible entre el menor y su padre.<\/p>\n
Por todo lo expuesto solicita que se estime su recurso de apelaci\u00f3n contra la Sentencia de Instancia, dictando otra “m\u00e1s conforme a Derecho”.<\/p>\n
6.-Tanto el Ministerio Fiscal como D\u00aa Esther , de conformidad con lo argumentado en su respectivos escritos de oposici\u00f3n, interesan la desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado de contrario y la rati\ufb01caci\u00f3n integra de la Sentencia de Instancia recurrida, solicitando asimismo la representaci\u00f3n de D\u00aa Esther la expresa imposici\u00f3n de costas al apelante.<\/p>\n
SEGUNDO.- Sobre la compensaci\u00f3n por p\u00e9rdida de uso de la vivienda familiar 1.-La Ley 7\/ 2015 de 30 de junio, del Parlamento Vasco de relaciones familiares, en supuestos de separaci\u00f3n o ruptura de los progenitores, publicada en el BOE n\u00ba 176, 24 jul. 2015 y en vigor desde el 10 de octubre de 2015, reconoce el derecho a compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por privaci\u00f3n de uso de vivienda ( art\u00edculo 12.7).<\/p>\n
En concreto, dicho precepto, invocado por el demandado reconviniente y ahora recurrente, dispone que “En caso de atribuirse la vivienda a uno de los progenitores, si \u00e9sta es privativa del otro o com\u00fan de ambos, se \ufb01jar\u00e1 una compensaci\u00f3n por la p\u00e9rdida del uso a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario, teniendo en cuenta las rentas pagadas por alquiler de viviendas similares y la capacidad econ\u00f3mica de los miembros de la pareja.”;precepto \u00e9ste que pretende compensar el perjuicio econ\u00f3mico que al titular de una vivienda le ocasiona la imposibilidad de su uso.<\/p>\n
2.-En el caso que nos ocupa, la Juzgadora de Instancia, a prop\u00f3sito de lo pretendido por el demandado reconviniente y ahora apelante, razona lo siguiente en el Fundamento de Derecho Noveno de su Sentencia:<\/p>\n
“Por lo que se re\ufb01ere a la compensaci\u00f3n por derecho e uso que se ha interesado ahora por v\u00eda reconvencional por el progenitor , no procede por cuanto dicho uso ya fue atribuido en su momento ( si bien con una limitaci\u00f3n temporal ) , sin que se estableciese tal medida, habiendo se\u00f1alado nuestra AP sobre la compensaci\u00f3n en sede de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas que, no procede el establecimiento de la misma, por cuanto no se acredita variaci\u00f3n alguna en las circunstancias econ\u00f3micas de las partes con respecto a las en su d\u00eda consideradas ( SAP de Bizkaia de treinta de septiembre de 2021 ).<\/p>\n
A mayor abundamiento y como se\u00f1ala la SAP de Bizkaia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve , ha de se\u00f1alarse que tal pretensi\u00f3n , pudo hacer valer en su d\u00eda , con la Ley 7\/2015 ya vigente y no se hizo , por lo que no acredit\u00e1ndose ninguna otra circunstancia modi\ufb01cativa alguna desde entonces ,debe desestimarse su pretensi\u00f3n”.<\/p>\n
3.-Pues bien, tras el examen de todo lo actuado no podemos con\ufb01rmar lo resuelto en la instancia sobre la improcedencia de conceder al demandado, en la presente litis, una compensaci\u00f3n por la atribuci\u00f3n del uso de la vivienda familiar (propiedad de ambos litigantes) a la otra progenitora.<\/p>\n
Compartir\u00edamos el criterio de la Juzgadora de Instancia si el criterio o t\u00edtulo de atribuci\u00f3n del derecho de uso de la vivienda familiar a la progenitora demandante fuera el mismo que en el procedimiento de divorcio, al no alegarse ni acreditarse por las partes ning\u00fan cambio relevante en su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pero esto no es lo ocurrido en el presente caso, en el que en sede de divorcio (en concreto por Sentencia de esta Sala de fecha 13 de enero de 2022) se atribuy\u00f3 el uso de la vivienda familiar sita en DIRECCION000 a la madre por un periodo de 2 a\u00f1os al considerar que la misma ostentaba el inter\u00e9s m\u00e1s necesitado de protecci\u00f3n, mientras que en el presente procedimiento de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas se le atribuye el uso del domicilio familiar por raz\u00f3n de la guarda del hijo com\u00fan menor de edad, hasta la \ufb01nalizaci\u00f3n de la guarda y custodia si antes no se llevase a efecto la divisi\u00f3n o venta del inmueble, lo que -entiende esta Sala- autoriza a comprobar si se dan o no los requisitos para la \ufb01jaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n por uso solicitada por el demandado en la instancia.<\/p>\n
4.-Alega el recurrente que hay un hecho que ha sido ignorado por la Juzgadora de Instancia y que seg\u00fan el mismo debe tener su re\ufb02ejo en la compensaci\u00f3n por \u00e9l solicitada, que es que la demandante ha convivido maritalmente con otra persona en el domicilio familiar (sin que est\u00e9 acreditado que dicha persona haya fallecido, como manifest\u00f3 la letrada de la parte actora en el acto de la vista), por lo que solicita que la compensaci\u00f3n a su favor se \ufb01je desde la fecha de empadronamiento del tercero conviviente en dicho domicilio, hasta su extinci\u00f3n, tomando como referencia un precio medio de arrendamiento para una vivienda de similares caracter\u00edsticas que asciende a 739,50 \u20ac.<\/p>\n
Tampoco podemos acoger este planteamiento de la parte recurrente pues por un lado, la convivencia marital del bene\ufb01ciario del uso con otra persona puede ser invocada como causa de extinci\u00f3n del derecho de uso de la vivienda familiar (v\u00e9ase art. 12.11.d de la Ley 7\/2015) pero no incide en el reconocimiento del derecho de compensaci\u00f3n, y por otro lado, no se acredita por el recurrente que la cantidad de 739,50 \u20ac se corresponda con el precio de alquiler de una vivienda similar en la zona (se trata de la cantidad abonada por el actor por el alquiler de una vivienda de tres habitaciones en DIRECCION001 , en virtud de contrato de fecha 24\/07\/2019) y adem\u00e1s, la norma legal exige tener en cuenta tambi\u00e9n “la capacidad econ\u00f3mica de los miembros de la pareja” 5.-Debemos por tanto, analizar la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de los progenitores, y no ha sido objeto de discusi\u00f3n que la capacidad econ\u00f3mica del demandado reconviniente es superior a la de la actora reconvenida, pues como se dec\u00eda en la demanda y no ha sido negado de contrario, la Sra. Esther tiene unos ingresos de 1.116 euros mensuales frente a los 2.576,59 euros que percibe el Sr. Diego como pensionista. Ambos abonan por mitades partes las derramas de la Comunidad de Propietarios del inmueble en el que se ubica la vivienda familiar y correspondientes a dicha vivienda, y el Sr. Diego , adem\u00e1s, desde su salida de la vivienda familiar ha tenido que hacer frente al pago de un alquiler, que en noviembre de 2023 ascend\u00eda a 739,50 euros mensuales.<\/p>\n
Sentado todo lo anterior, consideramos procedente establecer una compensaci\u00f3n por uso, pues de otro modo la situaci\u00f3n del Sr. Diego se ver\u00eda perjudicada en comparaci\u00f3n con la de la Sra. Esther , y en cuanto a su importe, estimamos procedente \ufb01jar el mismo en la cantidad de 150 euros mensuales, que la Sra. Esther<\/p>\n
deber\u00e1 abonar al Sr. Diego dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes, con la consiguiente estimaci\u00f3n parcial- del motivo de apelaci\u00f3n interpuesto por el Sr. Diego .<\/p>\n
TERCERO.- Sobre el r\u00e9gimen de visitas paterno \ufb01lial 1.-Como ha venido reiteradamente pronunci\u00e1ndose este Tribunal, con arreglo a lo prevenido en el art. 11 de la LRFPV y del art. 94 del C\u00f3digo Civil, el derecho de visitas, comunicaci\u00f3n y compa\u00f1\u00eda del progenitor que no conviva con los hijos menores s\u00f3lo puede limitarse o suprimirse si se dan graves circunstancias que as\u00ed lo aconsejen o por incumplimiento grave o reiterado de los deberes que se impongan en la resoluci\u00f3n judicial. Si ello no es as\u00ed, y no se dan tales graves circunstancias, ha de establecerse un r\u00e9gimen en que se haga posible la m\u00e1xima y adecuada relaci\u00f3n paterno-\ufb01lial y ello como mera aplicaci\u00f3n del principio del favor “\ufb01lii” pues, en de\ufb01nitiva, a quien m\u00e1s ha de bene\ufb01ciar ese contacto es al menor como factor determinante de un adecuado desarrollo personal y social.<\/p>\n
Consciente el legislador de la delicadeza de la presente materia, reacia a una minuciosa reglamentaci\u00f3n positiva, se conforma con establecer como criterio b\u00e1sico para la adopci\u00f3n de cualquier medida que pueda afectar a los menores, el inter\u00e9s o la conveniencia de los mismos (Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o de 20 de noviembre de 1989 y la Ley Org\u00e1nica 1\/1996 de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor), inter\u00e9s que, como tambi\u00e9n reconoce el legislador, puede chocar con la postura o pretensi\u00f3n de alguno de los progenitores, abdicando el mismo o imponiendo un reto incondicionado, prim\u00e1ndose pese a ello, en todo caso, el goce del derecho, al objeto de que, en la medida de lo posible, puedan cumplirse los \ufb01nes asignados al n\u00facleo familiar. En este sentido el derecho de visita incluye adem\u00e1s de la visita propiamente dicha, la comunicaci\u00f3n y la convivencia, concedi\u00e9ndose al Juez la determinaci\u00f3n de los per\u00edodos de desarrollo de esta, frecuencia de la segunda as\u00ed como lugar, modo y tiempo, expresado en fechas y horas, de pr\u00e1ctica de la primera.<\/p>\n
2.-La Sentencia del Tribunal Supremo n\u00ba 1.251\/2025 de 16 de septiembre de 2025, establece que:<\/p>\n
“La jurisprudencia de esta sala hace referencia a las pautas a ponderar, a la hora de proceder a la determinaci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor en los procesos que versan sobre las medidas personales y\/o patrimoniales en que dicho inter\u00e9s resulte comprometido, y de esta manera hemos declarado:<\/p>\n
1. La importancia que ostenta la infancia en el desarrollo ulterior de la personalidad de los menores, y la protecci\u00f3n que es preciso dispensarles con la \ufb01nalidad de preservarlos de eventuales perjuicios en la integraci\u00f3n posterior en el mundo de los adultos, de manera tal que sucesos vividos no se proyecten negativamente sobre sus personas, incluso mediante el padecimiento de trastornos psicol\u00f3gicos ( SSTS 234\/2024, de 21 de febrero ; 915\/2024, de 26 de junio y 1695\/2024, de 17 de diciembre .<\/p>\n
2. Tambi\u00e9n, se\u00f1alamos que la consustancial falta de madurez y competencia de los menores, la ausencia de recursos con los que cuentan para solventar situaciones desfavorables en las que pueden verse inmersos, los colocan, en no pocas ocasiones, en una posici\u00f3n de especial vulnerabilidad, que constituye campo abonado para sufrir abusos, maltratos y lesiones en sus derechos fundamentales, o, incluso, para ser instrumentalizados en los con\ufb02ictos intersubjetivos entre los adultos, dentro de los cuales alcanzan especial signi\ufb01caci\u00f3n aquellos en los que se encuentran inmersos sus progenitores ( SSTS 625\/2022, de 26 de septiembre ; 129\/2024, de 5 de febrero y 379\/2024, de 14 de marzo ).<\/p>\n
3. Consecuencia de lo anteriormente expuesto, es que el menor, como individuo en formaci\u00f3n, precisa de una protecci\u00f3n especial, en tanto en cuanto tiene una personalidad en desarrollo que es necesario preservar. En este sentido, el art. 2.2, apartados d ) y e) de la LO 1\/1996 , de protecci\u00f3n jur\u00eddica del menor, establece, como manifestaciones de dicho inter\u00e9s, \u00abpromover la efectiva integraci\u00f3n y desarrollo del menor en la sociedad\u00bb; \u00abminimizar los riesgos que cualquier cambio de situaci\u00f3n material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro\u00bb; as\u00ed como la \u00abpreparaci\u00f3n del tr\u00e1nsito a la edad adulta e independiente\u00bb.<\/p>\n
En de\ufb01nitiva, quien no puede, por su edad, defenderse por s\u00ed mismo, ni velar por sus intereses, trans\ufb01ere tal funci\u00f3n a las instituciones p\u00fablicas y privadas, para garantizar que aquellos sean debidamente respetados, y siempre, adem\u00e1s, previa audiencia de los menores con su\ufb01ciente juicio, para no ser postergados de las decisiones que m\u00e1s directamente les afectan.<\/p>\n
Manifestaci\u00f3n de lo expuesto la constituye la intervenci\u00f3n preceptiva del Ministerio Fiscal en los procedimientos judiciales y administrativos para cuidar de dichos intereses ( art. 749 LEC ); o la posibilidad de la \ufb01jaci\u00f3n de medidas de o\ufb01cio por parte de los tribunales de justicia, como excepci\u00f3n a los principios dispositivo y de aportaci\u00f3n de parte, conformadores de los pilares esenciales sobre los que se sustenta el edi\ufb01cio del proceso civil ( arts. 158 CC y 752 LEC ).<\/p>\n
4. En el sentido expuesto, el Tribunal Constitucional insiste, de forma reiterada, en la necesidad de que: \u00ab[t]odos los poderes p\u00fablicos cumplan el mandato dirigido a ellos por el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente a<\/p>\n
la situaci\u00f3n del menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden p\u00fablico\u00bb ( SSTC 178\/2020, de 14 de diciembre, FJ 3 , y 81\/2021, de 19 de abril , FJ 2).<\/p>\n
5. Este estatuto del menor est\u00e1 regido por su inter\u00e9s superior, que es \u00abla consideraci\u00f3n primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos\u00bb, seg\u00fan lo previsto en el art. 3.1 de la Convenci\u00f3n sobre los derechos del ni\u00f1o (por todas, SSTC 64\/2019, de 9 de mayo, FJ 4 ;<\/p>\n
131\/2023, de 23 de octubre, FJ 3 ; 148\/2023, de 6 de noviembre, FJ 4 ; 28\/2024, de 27 de febrero, FJ 5 y 82\/2024, de 3 de junio , FJ 2).<\/p>\n
6. Nosotros hemos precisado, en numerosas ocasiones, en qu\u00e9 consiste dicho inter\u00e9s superior y su trascendencia en la decisi\u00f3n de los procesos en que se adoptan medidas referentes a los ni\u00f1os y a las ni\u00f1as; por ejemplo, en las SSTS 129\/2024, de 5 de febrero ; 234\/2024, de 21 de febrero ; 1695\/2024, de 17 de diciembre y 242\/2025, de 12 de febrero , entre otras muchas, al considerarlo: (i) como un principio axiol\u00f3gico preferente en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas; (ii) un concepto jur\u00eddico indeterminado de necesaria integraci\u00f3n con respecto a las concretas circunstancias concurrentes; (iii) una regla de orden p\u00fablico de obligada aplicaci\u00f3n; (iv) un l\u00edmite indisponible a la autonom\u00eda de la voluntad de los progenitores; (v) un principio de aplicaci\u00f3n preferente en casos de imposibilidad de armonizarlo con los otros intereses convergentes que concurran; (vi) sometido a una motivaci\u00f3n reforzada sobre la ordinaria de toda resoluci\u00f3n judicial a la hora de apreciarlo en cada supuesto concreto sometido a consideraci\u00f3n de los tribunales; (vii) un instrumento de \ufb02exibilizaci\u00f3n del rigor procesal; (viii) susceptible de apreciaci\u00f3n mediante el auxilio de ciencias extrajur\u00eddicas como la psicolog\u00eda, y (ix) \ufb01scalizable a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n
7. Ahora bien, la determinaci\u00f3n del inter\u00e9s del menor no puede llevarse a efecto \u00ab[m]ediante una simple especulaci\u00f3n intelectual que prescinda del concreto examen del contexto en que se mani\ufb01esta. O, dicho de otro modo, no puede \ufb01jarse a priori para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relaci\u00f3n a un menor determinado en unas concretas circunstancias\u00bb ( SSTS 281\/2023, de 21 de febrero ; 981\/2024, de 10 de julio ;<\/p>\n
1149\/2024, de 18 de septiembre y 237\/2025, de 12 de febrero ).<\/p>\n
8. No es de extra\u00f1ar, entonces, que nos hayamos manifestado tambi\u00e9n ( SSTS 281\/2023, de 21 de febrero ;<\/p>\n
1671\/2024, de 13 de diciembre y 242\/2025, de 12 de febrero ) en el sentido de que en estos procedimientos especiales, tuitivos frente a las situaciones de riesgo en las que puedan hallarse los menores, se sustancian con gran \ufb02exibilidad procedimental, de manera tal que las partes gozan de un amplio margen para formular nuevas alegaciones y proponer pruebas sobre ellas ( art. 752 LEC ), susceptibles de ser sometidas al principio de contradicci\u00f3n.<\/p>\n
9. Adem\u00e1s, comoquiera que las relaciones y comportamientos humanos no son est\u00e1ticos, sino din\u00e1micos, no pueden ser ignorados acontecimientos ulteriores u otros hechos que afecten a la resoluci\u00f3n del caso, so pena de vulnerarse el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Es, por ello, que cabe, en estos juicios del Libro IV de la LEC, el acopio y consideraci\u00f3n judicial de nuevos datos trascendentes para tomar la decisi\u00f3n que sea m\u00e1s adecuada en la delicada misi\u00f3n de velar por los intereses preferentes de los menores ( SSTS 281\/2023, de 21 de febrero ; 1671\/2024, de 13 de diciembre y 242\/2025, de 12 de febrero ).<\/p>\n
A esta \ufb01nalidad responde el art. 752 de la LEC que, bajo el ep\u00edgrafe \u00abprueba\u00bb, contiene una espec\u00ed\ufb01ca regulaci\u00f3n, que excepciona el r\u00e9gimen procesal de los juicios declarativos en una pluralidad de aspectos, que tienen su justi\ufb01caci\u00f3n en las peculiaridades del derecho material o sustantivo que constituye su objeto, relativos a la preclusi\u00f3n de las alegaciones, a la iniciativa probatoria del Juez, a la conformidad expl\u00edcita o impl\u00edcita con respecto a los hechos, a la fuerza legal probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos p\u00fablicos y de los privados reconocidos.<\/p>\n
10. Bajo este criterio de \ufb02exibilidad procesal, la jurisprudencia se ha expresado en el sentido de que la aplicaci\u00f3n del art. 752.1 LEC no solo opera en primera, sino tambi\u00e9n en segunda instancia ( SSTS 759\/2011, de 2 de noviembre , 559\/2016, de 21 de septiembre ; 721\/2011, de 26 de octubre ; 529\/2016, de 12 de septiembre y 899\/2021, de 21 de diciembre ), con declaraci\u00f3n, incluso, de la nulidad del procedimiento por no haberse acordado la pr\u00e1ctica de pruebas pertinentes y necesarias en la alzada, todo ello, tambi\u00e9n, con la posibilidad de la aportaci\u00f3n de prueba documental durante la sustanciaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n ( SSTS 350\/2016, de 26 de mayo ; 711\/2016, de 25 de noviembre ; 665\/2017, de 13 de diciembre , 598\/2019, de 7 de noviembre , 705\/2021, de 19 de octubre , 308\/2022, de 19 de abril ; 281\/2023, de 21 de febrero ; 1671\/2024, de 13 de diciembre y 242\/2025, de 12 de febrero ), entre otras).<\/p>\n
Por consiguiente, en esta clase de procesos, la prueba puede practicarse tanto a instancia de parte, como a petici\u00f3n del Ministerio Fiscal e incluso de o\ufb01cio por parte del propio tribunal que conozca de los procesos en los que se encuentre comprometido el inter\u00e9s superior del menor, cuya satisfacci\u00f3n debe tutelar y asegurar.<\/p>\n
11. El art. 94 III CC prev\u00e9 que la autoridad judicial podr\u00e1 limitar o suspender el r\u00e9gimen de visitas \u00ab[s]i se dieran circunstancias relevantes que as\u00ed lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resoluci\u00f3n judicial\u00bb; sin perjuicio, adem\u00e1s, de las prevenciones espec\u00ed\ufb01cas que establece su p\u00e1rrafo cuarto.<\/p>\n
Por su parte, la STC 53\/2024, de 8 de abril , FJ 3, con respecto al r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n de los padres con sus hijos, se\u00f1ala que: \u00ab[t]anto la regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen de estancias, comunicaciones y visitas, exista o no acuerdo parental, como su aplicaci\u00f3n por los \u00f3rganos judiciales y por los poderes p\u00fablicos, deben estar presididas por la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor\u00bb, que \u00ab[o]pera, precisamente, como contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga a la autoridad judicial a ponderar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida reguladora de la guarda y custodia del menor\u00bb.<\/p>\n
En efecto, pueden concurrir determinadas circunstancias, debidamente constatadas y objeto de reforzada motivaci\u00f3n, que justi\ufb01quen la limitaci\u00f3n del r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n paterno\ufb01lial, incluso su suspensi\u00f3n, en tanto en cuanto sean perjudiciales para el inter\u00e9s superior de los menores, pues las medidas que deben adoptarse al respecto \u00ab[s]on las que resulten m\u00e1s favorables para el desarrollo f\u00edsico, intelectivo e integraci\u00f3n social del menor\u00bb ( SSTS 170\/2016, de 17 de marzo ; 625\/2022, de 26 de septiembre ; 915\/2024, de 26 de junio y 67\/2025, de 13 de enero , entre otras) . …<\/p>\n
Precisamente, en situaciones como las expuestas, entra en juego el art. 752 LEC , y el correlativo deber de los \u00f3rganos jurisdiccionales de garantizar el cumplimiento del estatuto jur\u00eddico de los menores, inspirado en el principio de orden p\u00fablico de su inter\u00e9s superior de ra\u00edz constitucional ( art. 39.2 y 4 CE ). En este sentido, STC 106\/2022, de 13 de septiembre , FJ 2, y STS 242\/2025, de 12 de febrero .<\/p>\n
Como hemos se\u00f1alado en la reciente STS 854\/2025, de 28 de mayo :<\/p>\n
\u00abDebemos partir de la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta sala, de las que se desprende la necesidad de que en los procedimientos en los que est\u00e1 en juego el inter\u00e9s superior de los menores y, especialmente, en los procedimientos sobre medidas de protecci\u00f3n adoptadas por la Administraci\u00f3n, debe optarse por soluciones hermen\u00e9uticas que favorezcan que pueda entrarse en el fondo del asunto y que puedan realizarse con \ufb02exibilidad alegaciones y aportarse medios de prueba ( SSTC 187\/1996, de 25 de noviembre ;<\/p>\n
77\/2018, de 5 de julio ; 178\/2020, de 14 de diciembre ; 65\/2016, de 11 de abril ; SSTS 371\/2018, de 19 de junio ; 525\/2017, de 27 de septiembre ; 304\/2012, de 21 de mayo ; 308\/2022, de 19 de abril y 705\/2021, de 19 de octubre ; 178\/2020, de 14 de diciembre \u00bb.<\/p>\n
Acordar jurisdiccionalmente la aportaci\u00f3n al proceso de una documentaci\u00f3n de tal clase, no genera indefensi\u00f3n a la contraparte, dado que no impide darle traslado de ella, antes de proceder a su ulterior valoraci\u00f3n. …<\/p>\n
6) Por otra parte, el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n entre padres e hijos constituye el inter\u00e9s de los menores salvo excepciones que justi\ufb01quen su suspensi\u00f3n.<\/p>\n
Esta sala ha destacado la importancia que tiene la \ufb01jaci\u00f3n del r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n entre los progenitores y sus hijos como mecanismo para mantener los lazos de uni\u00f3n y afectividad inherentes a las relaciones parentales ( STS 1149\/2024, de 18 de septiembre ). Es, por otra parte, un derecho de doble titularidad, al que se re\ufb01ere la STC 176\/2008, de 22 de diciembre , en los t\u00e9rminos siguientes:<\/p>\n
\u00ab[d]ebe tenerse presente que la comunicaci\u00f3n y visitas del progenitor que no ostenta la guarda y custodia permanente del hijo menor de edad se con\ufb01gura por el art. 94 del C\u00f3digo Civil como un derecho del que aqu\u00e9l podr\u00e1 gozar en los t\u00e9rminos que se se\u00f1alen judicialmente, pero sin que pueda sufrir limitaci\u00f3n o suspensi\u00f3n salvo “graves circunstancias que as\u00ed lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resoluci\u00f3n judicial”. Se trata, en realidad, de un derecho tanto del progenitor como del hijo, al ser manifestaci\u00f3n del v\u00ednculo \ufb01lial que une a ambos y contribuir al desarrollo de la personalidad afectiva de cada uno de ellos\u00bb.<\/p>\n
En de\ufb01nitiva, como se\u00f1alamos en la STS 373\/2013, de 31 de enero , cuya doctrina se rati\ufb01ca en las SSTS 1149\/2024, de 18 de septiembre y 1695\/2024, de 17 de diciembre :<\/p>\n
\u00ab[d]ebe asegurarse que tanto la funci\u00f3n paterna como la materna est\u00e9n garantizadas, porque ambas funciones precisa el ni\u00f1o para el desarrollo emocional. El ni\u00f1o no puede ver cortada la relaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n con personas que le son pr\u00f3ximas humana y afectivamente por causa de las diferencias entre dichas personas\u00bb.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, se ha manifestado en tal sentido la STS 106\/2022, de 13 de setiembre (FJ 2), cuando sostiene que:<\/p>\n
\u00ab[d]ebe tenerse presente que la comunicaci\u00f3n y visitas del progenitor que no ostenta la guarda y custodia permanente del hijo menor de edad se con\ufb01gura por el art. 94 del C\u00f3digo civil como un derecho del que aquel podr\u00e1 gozar en los t\u00e9rminos que se se\u00f1alen judicialmente” ( STC 176\/2008, de 22 de diciembre , FJ 5). En el mismo fundamento de esta sentencia hemos referido que “los instrumentos jur\u00eddicos internacionales sobre protecci\u00f3n de menores, integrados en nuestro ordenamiento ex art. 10.2 CE y por expresa remisi\u00f3n de la propia Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero, sobre protecci\u00f3n jur\u00eddica del menor (art. 3 ), contemplan el reconocimiento del derecho a la comunicaci\u00f3n del progenitor con el hijo como un derecho b\u00e1sico de este \u00faltimo, salvo que en raz\u00f3n a su propio inter\u00e9s tuviera que acordarse otra cosa”\u00bb.<\/p>\n
Se\u00f1ala la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la \u00ab[d]esintegraci\u00f3n de una familia constituye una medida muy grave que debe reposar en consideraciones inspiradas en el inter\u00e9s del ni\u00f1o y tener bastante peso y solidez\u00bb ( STEDH de 13 de julio de 2000, asunto Scozzari y Giunta c. Italia , \u00a7 148). Tambi\u00e9n, ha sostenido, en numerosas ocasiones, que \u00ab[e]l art\u00edculo 8 implica el derecho de un progenitor, a medidas propias para reunirse con su hijo y la obligaci\u00f3n de las autoridades a tomarlas\u00bb ( SSTEDH de 22 de junio de 1989, asunto Eriksson c.<\/p>\n
Suecia, \u00a7 71 , y de 27 de noviembre de 1992, asunto Olsson c. Suecia , \u00a7 90).<\/p>\n
Constituye, pues, inter\u00e9s del ni\u00f1o que los lazos con su familia deben mantenerse, excepto en los casos en los que la familia o alguno de los progenitores resulten contraproducentes para el ulterior desarrollo de la personalidad del menor. De ello se in\ufb01ere que los lazos familiares solo pueden romperse en circunstancias muy excepcionales y que se debe hacer todo lo posible para mantener las relaciones personales y, en su caso, si llega el momento, \u00abreconstruir\u00bb la familia ( SSTEDH de 19 de septiembre de 2000, asunto Gnahor\u00e9 c. Francia, \u00a7 59 , y de 6 de septiembre de 2018, asunto Jansen c. Noruega, \u00a7 88-93 ).<\/p>\n
En cualquier caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los asuntos Gnahor\u00e9 c. Francia, \u00a7 59, y Jansen c. Noruega, \u00a7 88 a 93 ( SSTEDH de 19 de septiembre de 2000 y de 6 de septiembre de 2018 ), ha considerado con insistencia de que solo excepcionalmente estar\u00eda justi\ufb01cado el cese absoluto de dichas relaciones en casos cuya gravedad o especial naturaleza o circunstancias concurrentes lo aconsejaren….”<\/p>\n
3.-Aplicando lo expuesto al presente supuesto, vamos a con\ufb01rmar lo acordado en la resoluci\u00f3n recurrida, que no es la supresi\u00f3n del derecho de visitas a favor del padre y todo contacto de \u00e9ste con el menor, como a\ufb01rma el apelante, sino la continuidad de la intervenci\u00f3n de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia (Servicio de Infancia) en aras a restaurar el vinculo paterno\ufb01lial y poder adoptar en ejecuci\u00f3n de sentencia las medidas que resulten procedentes a la vista de los informes que trimestralmente (o con menor periodicidad) se emitan por dicho servicio, en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Fiscal en el acto de la vista; y todo ello en base al inter\u00e9s superior del menor que impera en la decisi\u00f3n a adoptar. No se aprecia ni se ha justi\ufb01cado raz\u00f3n alguna para revocar el criterio imparcial y objetivo del Ministerio Fiscal y acogido por la Magistrada a quoy sustituirlo en el presente momento por cualquier otro r\u00e9gimen, que el apelante ni siquiera de\ufb01ne o concreta.<\/p>\n
En concreto, la Juzgadora de Instancia en el Fundamento de Derecho Sexto de su Sentencia dice lo siguiente:<\/p>\n
“Valorando la prueba analizada, en atenci\u00f3n a las circunstancias concurrentes en el presente caso , hay que concluir que existe en la actualidad una alteraci\u00f3n sustancial de circunstancias que autorizan el cambio de la guarda y custodia del menor a favor de la madre , siendo dicha modi\ufb01caci\u00f3n en orden a la guarda la medida que en la actualidad y de forma m\u00e1s adecuada tutela el inter\u00e9s preferente del mismo, ello fundamentalmente en base a la propia situaci\u00f3n f\u00e1ctica, la opini\u00f3n del menor , y los informes de los profesionales obrantes en autos.<\/p>\n
El menor de trece a\u00f1os muestra un rechazo y oposici\u00f3n frontal a su padre con un origen que no puede atribuirse exclusivamente a la progenitora, sino tambi\u00e9n a otras concausas que seg\u00fan el criterio profesional de la psic\u00f3loga podr\u00edan ser las carencias parentales del progenitor, combinadas con la posible incomprensi\u00f3n cognitiva del menor. Existe adem\u00e1s una croni\ufb01cada y exacerbada con\ufb02ictiva familiar que ha dado lugar a numerosas denuncias en el \u00e1mbito penal con involucraci\u00f3n del menor . Existe tambi\u00e9n una intervenci\u00f3n de DIPFB desde hace tiempo , siendo especialmente relevante el testimonio del educador social que viene interviniendo semanalmente con el menor desde hace un a\u00f1o , que descarta su desprotecci\u00f3n asistencial y constata , tanto el rechazo paterno\ufb01lial , como la \u00fanica posibilidad de acercamiento que a su juicio puede existir y que se est\u00e1 llevando a cabo sin forzar al menor , por el perjuicio emocional que ello puede conllevar.<\/p>\n
Teniendo en cuenta tales circunstancias , se considera que el cambio de custodia solicitado por la madre responde al inter\u00e9s preferente del menor , de modo que la guarda del menor por ella , en la actualidad, es la medida que m\u00e1s favorecer\u00e1 a los intereses del mismo .<\/p>\n
En cuanto a la reanudaci\u00f3n de los contactos con el progenitor ,se acuerda la continuidad de la intervenci\u00f3n de DIPFB en aras a restaurar el v\u00ednculo paterno\ufb01lial , con remisi\u00f3n de informes al juzgado trimestralmente o antes si lo considerasen necesario en aras a adoptar en ejecuci\u00f3n de sentencia las medidas que a la vista de los mismos resultasen procedentes.”<\/p>\n
4.-Pues bien, reexaminado el material probatorio obrante en autos, con especial menci\u00f3n al Informe pericial psicol\u00f3gico del Equipo Psicosocial Judicial de 20 de junio de 2024 (obrante al n\u00ba 60 del \u00cdndice Electr\u00f3nico de los autos de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas 950\/2023), la declaraci\u00f3n de su autora (la psic\u00f3loga D\u00aa Almudena ) en el acto de la vista, el informe de la asociaci\u00f3n DIRECCION002 (valoraci\u00f3n del Programa de Intervenci\u00f3n Familiar de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia iniciado en agosto de 2023) de 12 de enero de 2024 (n\u00ba 47 del IE) y la declaraci\u00f3n en juicio de uno de sus autores, el educador familiar D. Luis , entendemos que el mismo ha sido correctamente valorado en la resoluci\u00f3n recurrida. De dicho conjunto probatorio resulta que nos encontramos ante un menor, de catorce a\u00f1os de edad, con un posible trastorno del neurodesarrollo y en general poco permeable o reactivo ante conversaciones destinadas a conocer sus sentimientos o emociones aunque bien adaptado a nivel social y escolar, en el que desde diciembre de 2023 se observa un rechazo frontal y signi\ufb01cativo hacia su padre y al contacto con el mismo, a pesar de que la relaci\u00f3n previa era positiva, no constando que la relaci\u00f3n paterno \ufb01lial se haya reiniciado desde su ruptura hace m\u00e1s de dos a\u00f1os. Por la perito psic\u00f3loga del Equipo Judicial se indica en su informe que el rechazo \ufb01lio parental del menor (que en su opini\u00f3n puede atribuirse a diversas causas y no \u00fanicamente a la progenitora) no es bene\ufb01cioso para el mismo, lo que se comparte, proponiendo que se reanuden las visitas con el padre, facilitadas por el educador socialy exigiendo la colaboraci\u00f3n de la progenitora, lo que reiter\u00f3 al declarar en el juicio, pero lo cierto es que hasta el presente momento y pese a la intervenci\u00f3n semanal llevada a cabo por el Servicio de Infancia de la Diputaci\u00f3n Foral, el educador social no ha conseguido que el hijo acceda a retomar el contacto con su padre, apreciando incluso bloqueo emocional en el menor ante cualquier conversaci\u00f3n que verse sobre el progenitor paterno, y ello a pesar de contar el citado educador con la colaboraci\u00f3n de la progenitora; manifestando dicho t\u00e9cnico en la vista (en la que tambi\u00e9n explic\u00f3 que se va a intentar una v\u00eda de acercamiento entre padre e hijo a trav\u00e9s del contacto con el perro del Sr. Diego ) que no es lo m\u00e1s favorable para el menor obligarle o forzarle a pasar tiempo con su padre, dado el perjuicio emocional que podr\u00eda acarrear exponer al menor a determinadas situaciones, y que tampoco estima conveniente la realizaci\u00f3n de visitas supervisadas entre padre e hijo en un Punto de Encuentro Familiar, extremo este \u00faltimo con el que estuvo de acuerdo la perito psic\u00f3loga D\u00aa Almudena .<\/p>\n
Por todo ello, y siendo evidente que la respuesta judicial ante la pretensi\u00f3n del recurrente debe en todo caso proteger el inter\u00e9s del menor, cuyo vinculo con el progenitor paterno se trata precisamente de restaurar en bene\ufb01cio del menor, debemos con\ufb01rmar la soluci\u00f3n adoptada en la instancia, con desestimaci\u00f3n de este motivo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por D. Diego .<\/p>\n
CUARTO.- Costas La estimaci\u00f3n parcial del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto conlleva no efectuar pronunciamiento de las costas procesales causadas en esta alzada, en virtud del art. 398 de la LEC en su redacci\u00f3n anterior al Real Decreto 6\/2023.<\/p>\n
QUINTO.- Dep\u00f3sito para recurrir La disposici\u00f3n adicional 15.\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8, aplicable a este caso, que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resoluci\u00f3n se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n de la totalidad del dep\u00f3sito.<\/p>\n
Vistos los art\u00edculos citados y los de legal y pertinente aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Que Estimando parcialmenteel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de D. Diego , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 5 de Barakaldo, en los autos de Modi\ufb01caci\u00f3n de medidas n\u00ba 950\/2023, de fecha 14 de febrero de 2025, debemos revocar y revocamos parcialmentela misma en el solo sentido de establecer a cargo de D\u00aa Esther y a favor de D. Diego una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por el no uso de la vivienda familiar de 150 euros mensuales a abonar en los cinco primeros d\u00edas de cada mes en la cuenta bancaria que designe D. Diego y que ser\u00e1 actualizada, al alza, conforme a las variaciones del IPC publicado por el INE u organismo que lo sustituya, manteni\u00e9ndose el resto de los pronunciamientos contenidos en dicha resoluci\u00f3n; todo ello sin expresa imposici\u00f3n de las costas causadas en esta alzada.<\/p>\n
Devu\u00e9lvase a D. Diego el dep\u00f3sito constituido para recurrir, expidi\u00e9ndose por el\/la Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devoluci\u00f3n.<\/p>\n
MODO DE IMPUGNACI\u00d3N:contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3Nante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal<\/p>\n
en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC).<\/p>\n
Para interponer el recurso ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sitode 50 euros, sin cuyo requisito no ser\u00e1 admitido a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones que este tribunal tiene abierta en el BANCO SANTANDER con el n\u00famero 4704000001050225, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06-casaci\u00f3n.<\/p>\n
La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponerel recurso ( DA 15.\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n
Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n
La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n
Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n
PUBLICACI\u00d3N.-En el d\u00eda de la fecha de su \ufb01rma electr\u00f3nica la anterior sentencia, \ufb01rmada por los magistrados que la han dictado, pasa a ser p\u00fablica en la forma permitida u ordenada en la Constituci\u00f3n y las leyes, procedi\u00e9ndose aseguidamente a su noti\ufb01caci\u00f3n a la partes. Doy fe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Uso vivienda Familiar: En el procedimiento de modificaci\u00f3n de medidas se ha atribuido el uso de la vivienda familiar por raz\u00f3n de guarda del hijo menor de edad hasta la finalizaci\u00f3n de la guarda si antes no se lleva a efecto la divisi\u00f3n del inmueble y conforme al art. 12.7 LRF se fija compensaci\u00f3n por p\u00e9rdida de uso de 150 \u20ac\/mes; Visitas paterno-filial: inter\u00e9s del menor; se mantiene la intervenci\u00f3n de la DFB (servicio de infancia) para restaurar el v\u00ednculo.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2688,2463,2321],"materia":[1173],"organo":[1884],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13693","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-compensacion-por-perdida-de-uso","tag-regimen-de-visitas-paterno-filial","tag-vivienda-familiar","materia-ley-7-2015-de-30-de-junio-de-relaciones-familiares-en-supuestos-de-separacion-o-ruptura-de-los-progenitores","organo-seccion-4a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13693"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13693"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13693"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13693"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}