LUGAR:Donostia – San Sebasti\u00e1n FECHA:5 de diciembre de 2025 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.-El 15 de noviembre de 2024 el Juzgado de Violencia sobre la mujer n\u00ba 1 de Donostia dict\u00f3 Auto, que contiene la siguiente Parte Dispositiva:<\/p>\n
“Se ACUERDA LA ADOPCI\u00d3N, al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo Civil, de las siguientes medidas para la protecci\u00f3n y evitaci\u00f3n de perjuicios al menor Dionisio :<\/p>\n
1.- Se suspende al padre Rogelio en el ejercicio de la patria potestad sobre el hijo menor Dionisio , medida que estar\u00e1 en vigor hasta el cese de la vigencia de la pena de prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n impuesta a aquel respecto de la madre, In\u00e9s en la sentencia dictada el 11 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 3 de esta ciuydad en los autos de Procedimiento Abreviado Penal 160\/2022.<\/p>\n
Esta medida supone que el padre no podr\u00e1 participar en la toma de decisiones relativas a su hijo menor, por lo que la madre, como titular exclusiva de la facultad de ejercicio de la patria potestad sobre su hijo menor Dionisio podr\u00e1 adoptar, por s\u00ed sola, sin necesidad de que concurra el consentimiento del padre, todas las decisiones que afecten a la vida del menor en todos los \u00e1mbitos de la misma.<\/p>\n
Se reconoce, sin embargo, al padre, el derecho a ser informado, trimestralmente, por el centro escolar, de la evoluci\u00f3n escolar y del rendimiento acad\u00e9mico de su hijo, as\u00ed como el de obtener informaci\u00f3n, del correspondiente centro de salud, sobre el estado de salud del menor y sobre cuestiones m\u00e9dicas relevantes afectantes al mismo. Esta informaci\u00f3n, en el caso del centro escolar, deber\u00e1 ser solicitada y suministrada a trav\u00e9s de medios de comunicaci\u00f3n no presenciales. La informaci\u00f3n sobre la salud del menor se solicitar\u00e1 y suministrar\u00e1 por los cauces establecidos para ello por la administraci\u00f3n sanitaria.<\/p>\n
2.- Se impone al padre, Rogelio la prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n, a una distancia inferior a 200 metros, al centro escolar de su hijo menor Dionisio , medida que estar\u00e1 en vigor hasta el cese de la vigencia de la pena de prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n impuesta a aquel respecto de la madre, In\u00e9s en la sentencia dictada el 11 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 3 de esta ciudad en los autos de Procedimiento Abreviado Penal 160\/2022. Se apercibe al padre de que, en caso de incumplimiento de esta prohibici\u00f3n judicial, podr\u00e1 incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial establecido en el art\u00edculo 556 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
Una vez cese la vigencia de la citada pena de prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n del padre con la madre, si se pretende por la madre el mantenimiento de estas medidas, deber\u00e1 presentarse, a tal efecto, la correspondiente demanda de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas de familia para ello.<\/p>\n
L\u00edbrese testimonio de esta resoluci\u00f3n a los autos de Medidas Hijos no Matrimoniales contencioso 2\/1019 de este Juzgado para que se tenga constancia de ella en el mismo. ” SEGUNDO.-Noti\ufb01cada a las partes la resoluci\u00f3n de referencia, se interpuso Recurso de apelaci\u00f3n contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda para Votaci\u00f3n y Fallo TERCERO.-Ha sido el Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado D. GORKA DE LA CUESTA BERMEJO.<\/p>\n
PRIMERO.- Controversia en sede del recurso de apelaci\u00f3n La Ilma. Magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Donostia- San Sebasti\u00e1n dict\u00f3 Auto de 15 de noviembre de 2024, en el seno del expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria n\u00ba 81\/2024, seguido por D.\u00aa In\u00e9s frente a D. Rogelio , en el que se acord\u00f3 la suspensi\u00f3n de la patria potestad de este sobre el hijo com\u00fan de ambos, con una duraci\u00f3n de hasta el cese de la pena de alejamiento \ufb01jada en la sentencia 11\/6\/2024, del Juzgado de lo Penal n\u00ba 3, en los autos del procedimiento abreviado 160\/2022; junto con la imposici\u00f3n a D. Rogelio la prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n, a menos de 200 metros, al centro escolar de su hijo menor, vigente hasta el cese de la pena de prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n impuesta respecto de la madre.<\/p>\n
La representaci\u00f3n de D. Rogelio – aunque el recurso dice Dionisio , el hijo, entendemos que err\u00f3neamenteinterpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el auto e interes\u00f3 la revocaci\u00f3n \u00edntegra de la resoluci\u00f3n, con imposici\u00f3n de costas a la adversa. En s\u00edntesis, la apelante formula su recurso sobre la base de los siguientes argumentos:<\/p>\n
1.- En primer lugar, de forma preliminar, sostiene que al resultar que, como consecuencia de la medida cautelar, se produjo el abono de la pena de alejamiento y comunicaci\u00f3n, aquella est\u00e1 extinta desde enero de 2024, por lo que las medidas \ufb01jadas en el Auto impugnado carecen de vigencia, ya que las misma \ufb01jan su suerte al mantenimiento de la pena, como remisi\u00f3n, una vez cese, al procedimiento para la modi\ufb01caci\u00f3n de medidas.<\/p>\n
2.- Infracci\u00f3n de la carga de la prueba y err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba. Denuncia que el auto toma como enunciado hist\u00f3rico probado el mantenimiento de la situaci\u00f3n constatada en el informe de la uv\ufb01, aunque el recurrente dispone de una mejor\u00eda en su estado emocional y psiqui\u00e1trico, a tal \ufb01n aport\u00f3 los informes del CSM de Antiguo de 10\/06\/2024 y 22\/10\/2024. Igualmente cuestiona la aseveraci\u00f3n de falta de relaci\u00f3n durante cinco a\u00f1os, el entender que la prohibici\u00f3n impuesta le impide reponer la situaci\u00f3n a su estado anterior, de igual modo se responsabiliz\u00f3 del cuidado del menor durante el primer a\u00f1o. A tal \ufb01n aport\u00f3 informe con el recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
3. Infracci\u00f3n del art. 170 del CC y jurisprudencia que lo desarrolla. En ese sentido, de\ufb01ende que la privaci\u00f3n debe ser excepcional, restrictiva, sin que puedan \ufb01jarse circunstancias excepcionales, y que su objeto no es sancionar al progenitor, sino defender los intereses del menor. En relaci\u00f3n con ello entiende que la actora no ha acreditado su\ufb01cientemente los requisitos para que se decrete la suspensi\u00f3n del ejercicio y que las malas relaciones entre los progenitores no constituyen base para la privaci\u00f3n de la patria potestad. A\u00f1ade que no ha habido situaci\u00f3n de necesidad que justi\ufb01que privar del consentimiento al padre.<\/p>\n
4.- Infracci\u00f3n del art. 158.4\u00ba y 6\u00ba del CC, en su vertiente de proporcionalidad. Considera contradictorio \ufb01jar el derecho del padre a obtener informaci\u00f3n sobre la evoluci\u00f3n acad\u00e9mica de su hijo y por el contrario no permitirle acudir al centro escolar a obtenerla. Niega la su\ufb01ciencia de que las manifestaciones del coordinador de primaria del centro, indicado que el padre pro\ufb01ri\u00f3 amenazas de muerte dirigidas a la madre de Dionisio y a la pareja de \u00e9ste, sea su\ufb01ciente para sostener esa medida.<\/p>\n
Por su parte, con ocasi\u00f3n de su oposici\u00f3n al recurso D. \u00aa In\u00e9s formul\u00f3 impugnaci\u00f3n en la que solicit\u00f3 que se revocase parcialmente el auto, en lo tocante a la vigencia de las medidas, sin \ufb01jar un periodo \ufb01n o, subsidiariamente, se \ufb01je en dos a\u00f1os y ocho meses, desde el dictado de la resoluci\u00f3n de segunda instancia.<\/p>\n
Se basa en los siguientes motivos para sostener la impugnaci\u00f3n:<\/p>\n
1.- Falta de congruencia interna en la \ufb01jaci\u00f3n de la duraci\u00f3n temporal de las medidas, en la medida que el iter\u00edntegramente seguido en su argumentaci\u00f3n poner de mani\ufb01esto medidas proporcionales y necesarias en la protecci\u00f3n del menor, especialmente, determina su inaplicabilidad y que no constituye la base principal de las medidas acordadas, sino un elemento m\u00e1s en el conjunto, y que, el abono de la pena, pone de mani\ufb01esto la total ine\ufb01cacia de la resoluci\u00f3n, del todo incoherente con la argumentaci\u00f3n que contiene el auto.<\/p>\n
SEGUNDO.- Err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba. Infracci\u00f3n de la carga de la prueba.<\/p>\n
Confunde el recurrente es su recurso lo que constituye una infracci\u00f3n en la carga de la prueba de los errores en la valoraci\u00f3n de la prueba. El primero limitado a los supuestos en los que, ante un enunciado hist\u00f3rico dudoso formulado por una de las partes, se recurre a la \ufb01gura para resolver a quien ha de perjudicar esa incertidumbre f\u00e1ctica. Lo segundo, en cambio, se re\ufb01ere precisamente a un escenario contrario, aquel en el que la aseveraci\u00f3n f\u00e1ctica no es incierta ni dudosa, contrariamente, se considera probado, pero discrepa la parte con los argumentos o razonamientos en base al cual se decanta tal hecho. Una narraci\u00f3n hist\u00f3rica de hechos probados es incompatible con la carga de la prueba, en cuanto su supuesto de hecho es, precisamente, la incertidumbre de un enunciado hist\u00f3rico.<\/p>\n
Un somero vistazo a las sentencias que de largo ha dedicado a la cuesti\u00f3n el Tribunal Supremo, entre otras, STS de 8 de abril de 2016, recurso 3264\/2012, pone de mani\ufb01esto que , la instituci\u00f3n procesal de la carga de la prueba “no tiene por \ufb01nalidad establecer mandatos que determinen qui\u00e9n debe probar o c\u00f3mo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba su\ufb01ciente de los hechos relevantes.<\/p>\n
Esa es la raz\u00f3n por la que el precepto que la regula, art. 217 LEC , no se encuentra entre las disposiciones generales en materia de prueba ( arts. 281 a 298 LEC ), sino entre las normas relativas a la sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a qui\u00e9n ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso. De tal manera que solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisi\u00f3n del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspond\u00eda la carga de la prueba seg\u00fan las reglas aplicables para su atribuci\u00f3n a una y otra de las partes, establecidas en el citado art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia”.<\/p>\n
Asunto diferente ser\u00e1 el cuestionamiento de la valoraci\u00f3n de la prueba, entendida como la formulaci\u00f3n de enunciados hist\u00f3ricos que se consideran acreditados, sobre premisas, argumentos o inferencias err\u00f3neas del material probatorio o il\u00f3gicas, arbitrarias o incongruentes con el conjunto de los datos disponibles.<\/p>\n
Partiendo de lo expuesto, en realidad, la impugnaci\u00f3n es de la valoraci\u00f3n de prueba efectuada por la Magistrada a quo,por entenderla err\u00f3nea, y que conduce a la autoridad jurisdiccional, en de\ufb01nitiva, a declarar el estado de salud mental del demandado. Sin embargo, un preciso y adecuado estudio de los argumentos contenidos en el recurso pone de mani\ufb01esto que se entremezclan consideraciones de dos tipos, una, de error de prueba propiamente dicho, en cuanto mani\ufb01esta el recurrente su disconformidad con el enunciado hist\u00f3rico que no tiene en cuenta su mejor\u00eda, pues, a su juicio, lo acreditan los informes m\u00e9dicos y el nuevo que aporta. Una segunda cuesti\u00f3n, netamente m\u00e1s jur\u00eddica que no deja de ser la discrepancia con la proporcionalidad de la medida, a la que reconducimos el argumento y que se estudiar\u00e1 m\u00e1s adelante, en cuanto entiende que la falta de relaci\u00f3n queda cristalizaba por las prohibiciones que le impiden retomar el contacto.<\/p>\n
As\u00ed, partiendo el examen de las actuaciones y de la prueba en ella obrante, junto con la versi\u00f3n de la narraci\u00f3n hist\u00f3rica judicialmente declarada; la sentencia de regulaci\u00f3n de medidas paterno\ufb01liales de 25 de mayo de 2020, se establec\u00eda la posibilidad de que el padre iniciara unas estancias con su hijo supervisadas en el Punto de Encuentro si \u00e9ste se somet\u00eda a un tratamiento psiqui\u00e1trico y acreditaba una mejor\u00eda en su estado mental, el padre nunca ha solicitado la iniciaci\u00f3n de estas estancias con el hijo – actualmente de ocho a\u00f1os de edad-, que no se relaciona con su hijo desde hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os.<\/p>\n
Desde, entonces, el padre no ha tenido participaci\u00f3n alguna en la vida de su hijo ni ha intervenido en la toma de decisiones en relaci\u00f3n con el mismo. En su lugar, ha sido la madre quien, de modo exclusivo, ha adoptado todas las decisiones relativas a su vida en todos los \u00e1mbitos.<\/p>\n
Tras varios procesos penales entre las partes seguidos en 2018 y 2019, el padre result\u00f3 condenado por delitos de amenazas a la madre y se le impusieron penas de prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n a \u00e9sta, se ha dictado recientemente, una sentencia el d\u00eda 11 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal 3 de esta ciudad por la que se condena al padre como autor de un delito continuado de amenazas leves a la madre, de un delito de maltrato no habitual a la madre y de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar por hechos cometidos entre febrero de 2021 y septiembre de 2021, apreci\u00e1ndose la eximente incompleta de alteraci\u00f3n ps\u00edquica en el mismo por padecer un trastorno de ideas delirantes de perjuicio. En dicha sentencia se impone al padre una nueva prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n a la madre y de comunicaci\u00f3n con ella por un periodo de dos a\u00f1os y ocho meses.<\/p>\n
El padre est\u00e1 diagnosticado por la m\u00e9dico forense psiquiatra de un trastorno de ideas delirantes de perjuicio que produjo en el mismo, al menos en el a\u00f1o 2021, una limitaci\u00f3n moderada de sus facultades intelectivas y volitivas, sin que conste que el mismo haya recuperado un estado de salud mental adecuado para el ejercicio de la patria potestad, que no est\u00e1 tratado farmacol\u00f3gicamente.<\/p>\n
El padre lleg\u00f3 a proferir amenazas de muerte, bien a la propia madre de su hijo, bien a la pareja de \u00e9sta con ocasi\u00f3n de la reuni\u00f3n que mantuvo el pasado mes de septiembre de 2024 con el coordinador de primaria del centro escolar al que acude su hijo Efectuada la exposici\u00f3n anterior con indispensables \ufb01nes aclaratorios, la discrepancia del recurrente con los enunciados f\u00e1cticos de la versi\u00f3n judicial de los hechos viene derivada, como dec\u00edamos, del estado de salud mental actual, en relaci\u00f3n con ejercicio de parentalidad. Tambi\u00e9n discute la su\ufb01ciencia del testimonio del coordinador del centro para acreditar el episodio de las amenazas. En la sentencia de primera instancia se cr\u00edtica expresamente la los informes del CSM del Antiguo de junio y de octubre de 2024, puesto que los citados informes, no toma tratamiento farmacol\u00f3gico alguno, limit\u00e1ndose su tratamiento en la actualidad a unas consultas peri\u00f3dicas con el psiquiatra, las cuales, en los \u00faltimos tiempos, sin que se conozca desde cu\u00e1ndo, se realizan de modo telef\u00f3nico y s\u00f3lo de modo espor\u00e1dico de modo presencial. Adem\u00e1s de ello, en el \u00faltimo informe, fechado el 22 de octubre de 2024, se alude a que se ha apreciado en la padre sintomatolog\u00eda de corte ansioso-depresiva y a que el mismo no se encuentra en condiciones de enfrentarse a la comparecencia celebrada en este proceso. Vemos, por tanto, que la principal discrepancia es el peso que en conjunto del material probatorio debieran tener dichos informes.<\/p>\n
Por \u00faltimo, con car\u00e1cter introductorio y\/o aclaratorio, pero del todo punto esencial, vista la controversia factual, basta dejar rese\u00f1ado, si quiera brevemente, que planteado en tales t\u00e9rminos un nuevo examen del material probatorio en autos, en lo relativo a las denuncias sobre el error en la valoraci\u00f3n de la prueba esta Audiencia ha venido manteniendo que tan solo puede ser acogido cuando las deducciones o inferencias obtenidas por el juzgador de instancia resultan il\u00f3gicas e inveros\u00edmiles de acuerdo con la resultancia probatoria o contrarias a las m\u00e1ximas de la experiencia o a las reglas de la sana cr\u00edtica, etc. Sirva como ejemplo la Sentencia 63\/2022, de 29 de julio, ECLI:ES:APSS:2022:900.<\/p>\n
Con ello descendemos a la revisi\u00f3n de la prueba.<\/p>\n
Desde luego hemos de comenzar diciendo que la valoraci\u00f3n de la prueba es detallada y su\ufb01ciente, ni cabe en ese sentido cr\u00edtica de la l\u00ednea argumentativa que le lleva a componer el plano factual en los t\u00e9rminos descritos. as\u00ed, son ajustadas las referencias contenidas acerca de las carencias en los medios de prueba aportados para acreditar ese estado de salud mental, pues las cr\u00edticas que efect\u00faa la sentencia son correctas y las compartimos.<\/p>\n
No en vano, el informe que se aport\u00f3 en esta alzada fue inadmitido por Auto de esta Secci\u00f3n, que no fue recurrido, por lo que nada aporta en la revisi\u00f3n de la prueba.<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, sobre los informes aportados, la magistrada est\u00e1 en lo cierto. El informe m\u00e9dico aportado es de 10 de junio de 2024, en el que, aun cuando se alude a una mejor\u00eda, con estabilidad psicol\u00f3gica, se aprecia que se mantiene sin tratamiento farmacol\u00f3gico y continua con las visitas, aunque, actualmente, reside en Madrid, aunque \ufb01gura que la fuente de informaci\u00f3n \u00a1 es consultas telef\u00f3nicas y que acude de forma presencial a las que se establecen. Ahora bien, ha de matizarse con el informe de 22 de octubre de 2024, en las que establece la presencia de sintomatolog\u00eda ansioso-depresiva y que percibe la sensaci\u00f3n de estar siendo maltratado, quien no se encuentra preparado ni en condiciones de enfrentarse al mismo.<\/p>\n
En efecto, con este acervo probatorio disponible hay que asumir la aseveraci\u00f3n que pone de mani\ufb01esto la magistrada de primera instancia sobre el estado actual del demandado que, contextualiza, no solo en los dos informes m\u00e9dicos, cuya informaci\u00f3n tiene fuente en consultas telef\u00f3nicas, lo que exige su matizaci\u00f3n, desde la \u00f3ptica de la calidad de la fuente del dato, sino, tambi\u00e9n, en relaci\u00f3n a los datos disponibles en el 2021, que llegaron a justi\ufb01car una exoneraci\u00f3n de su responsabilidad penal, y, adem\u00e1s, consta un episodio en el verti\u00f3 amenazas, el cual est\u00e1 acreditado, v\u00eda testi\ufb01cal, y que el recurrente se limita a negar de forma gen\u00e9rica , sin a\u00f1adir causa o circunstancia que, ex art. 376 de la LEC, justi\ufb01que una valoraci\u00f3n alternativa, Congruentemente, consideramos acertadas las conclusiones de la sentencia de instancia, acorde al cuadro probatorio y criterios legales expuestos, sin que, a la vista de ello, pueda prescindirse de sus conclusiones, racionales y l\u00f3gicas, por lo que, en de\ufb01nitiva, con\ufb01rmamos la narraci\u00f3n hist\u00f3rica.<\/p>\n
TERCERO.- Medidas de protecci\u00f3n de menores al amparo del art. 158 del CC , procedencia o no de las medidas acordadas, con atenci\u00f3n al cauce en el que se adopta, es decir, cautelarmente; presupuestos y juicio de ponderaci\u00f3n de las medidas a\ufb02ictivas de derechos fundamentales.<\/p>\n
El recurrente dedica sus alegaciones tercera y cuarta al cuestionamiento de las medidas concretas que adopta el auto, suspensi\u00f3n cautelar de la patria potestad y prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n al menor de edad. La primera denuncia al amparo del art. 170 del CC y la segunda la enmarca en el art. 158 del CC, aunque la realidad, es que el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art. 170 del CC, no es tal, pues no es ni privaci\u00f3n, sino suspensi\u00f3n en el ejercicio, ni es de\ufb01nitiva, pues ha de ser cautelar, con vigencia temporal. Aun cuando el art. 170 si pueda dar un canon<\/p>\n
hermen\u00e9utico de la procedencia de la adopci\u00f3n de dichas cautelas, no deja de ser el \u00e1mbito material el del art.<\/p>\n
158 del CC que nos obliga a reconducir la cuesti\u00f3n dicho marco normativo que, adem\u00e1s, ha de relacionarse con el art. 8.2 de la Ley 7\/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separaci\u00f3n o ruptura de los progenitores, el aplicable: “Excepcionalmente, el juez podr\u00e1 decidir en bene\ufb01cio de los hijos e hijas que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los progenitores. Asimismo, el juez podr\u00e1 acordar en sentencia la privaci\u00f3n de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello”.<\/p>\n
Igualmente, de obligada cita es el art. 65 de la Ley Org\u00e1nica 1\/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la Violencia de G\u00e9nero, seg\u00fan la cual ” El Juez podr\u00e1 suspender para el inculpado por violencia de g\u00e9nero el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de \u00e9l. Si no acordara la suspensi\u00f3n, el Juez deber\u00e1 pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercer\u00e1 la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptar\u00e1 las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperaci\u00f3n de los menores y de la mujer, y realizar\u00e1 un seguimiento peri\u00f3dico de su evoluci\u00f3n”.<\/p>\n
Entonces, toda vez que se denuncia una infracci\u00f3n de elementos de proporcionalidad y excepcionalidad en relaci\u00f3n con las medidas de protecci\u00f3n de menores, ex art. 158 del C\u00f3digo Civil, por evidentes razones de sistem\u00e1tica y en atenci\u00f3n a la \u00edntima relaci\u00f3n de ambos motivos de impugnaci\u00f3n, examinaremos de forma conjunta de los motivos del recurso, pues, en de\ufb01nitiva, comparten el testeo de la su\ufb01ciencia de la medida, partiendo del f\u00e1ctico acreditado, que se traduce en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto.<\/p>\n
Como dec\u00eda,os, nos encontramos ante un supuesto en el que la demandante promueve la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n de menores al amparo de lo dispuesto en el art. 158 del C\u00f3digo Civil debiendo dejar apuntado que dicho precepto, en relaci\u00f3n a su apartado 4\u00ba y 6\u00ba, habilita que el Juez, bien de o\ufb01cio bien a instancia de alguno de los ampliamente legitimados, pueda adoptar “4.\u00ba La medida de prohibici\u00f3n a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respecto al principio de proporcionalidad.6.\u00ba La suspensi\u00f3n cautelar en el ejercicio de la patria potestad y\/o en el ejercicio de la guarda y custodia, la suspensi\u00f3n cautelar del r\u00e9gimen de visitas y comunicaciones establecidos en resoluci\u00f3n judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las dem\u00e1s disposiciones que considere oportunas, a \ufb01n de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas”.<\/p>\n
En anteriores resoluciones hemos caracterizado el sistema impuesto por el art. 158 del CC, por ejemplo, en el Auto n\u00fam. 131\/2010, de 23 de diciembre de 2010, ECLI:ES:APSS:2010:756A ,como un sistema inspirado en la obligatoria protecci\u00f3n de menores, derivado de la Ley Org\u00e1nica de 15 de enero de 1996, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor, del art. 39 de la Constituci\u00f3n y de cuantas convenciones internacionales vinculan a Espa\u00f1a (as\u00ed, por ejemplo, Convenci\u00f3n de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, rati\ufb01cada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990), sienta como principio general la primac\u00eda del inter\u00e9s de los menores como superior sobre cualquier otro inter\u00e9s leg\u00edtimo que pudiera concurrir (arts.2 y 11.2), basado en el principio de agilidad e inmediatez para evitar los perjuicios innecesarios que puedan derivarse de la rigidez de los procedimientos judiciales y administrativos.<\/p>\n
Desde luego, por la trascendencia que tiene el inter\u00e9s superior del menor en materias como las que nos ocupa, constituye un magn\u00ed\ufb01co punto de referencia la STS 237\/2025, de 12 de febrero, ECLI:ES:TS:2025:573, en la que se establece que “Las medidas relativas a los hijos menores de edad deber\u00e1n inspirarse necesariamente en su inter\u00e9s superior. Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional proclama que: “[t]oda interpretaci\u00f3n de las normas que procuran el equilibrio entre derechos, cuando se trata de menores de edad, debe basarse en asegurar el inter\u00e9s superior del menor (…) Existe pues un amplio consenso sobre que, en todas las decisiones relativas a los ni\u00f1os, debe prevalecer su inter\u00e9s superior ( SSTEDH de 6 de julio de 2010, asunto Neulinger y Shuruk c. Suiza, \u00a7 135; de 26 de noviembre de 2013, asunto X c. Letonia, \u00a7 96). El inter\u00e9s superior del menor, dependiendo de su naturaleza y gravedad, puede condicionar el inter\u00e9s de los padres ( STEDH de 8 de julio de 2003, asunto Sahin c. Alemania, \u00a7 66)”.<\/p>\n
En l\u00ednea con ello, el art. 2.2, apartados d) y e) de la LO 1\/1996, de protecci\u00f3n jur\u00eddica del menor, establece, como manifestaciones de dicho inter\u00e9s, “promover la efectiva integraci\u00f3n y desarrollo del menor en la sociedad”;<\/p>\n
“minimizar los riesgos que cualquier cambio de situaci\u00f3n material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro”; as\u00ed como la “preparaci\u00f3n del tr\u00e1nsito a la edad adulta e independiente”.<\/p>\n
A\u00f1ade la STS 625\/2022, de 26 de septiembre, sobre la signi\ufb01caci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor parte de la especial situaci\u00f3n de vulnerabilidad de los menores que edad “que constituye campo abonado para sufrir abusos, maltratos y lesiones en sus derechos fundamentales, o, incluso, para ser instrumentalizados, en su<\/p>\n
perjuicio, en los con\ufb02ictos intersubjetivos entre adultos, dentro de los cuales alcanzan especial signi\ufb01caci\u00f3n aquellos en los que se encuentran inmersos sus progenitores.<\/p>\n
Sin entrar a valorar la ausencia de medidas adoptadas en el orden penal potencialmente amparadas por el sistema de protecci\u00f3n reforzada de menores que establece el art. 544 ter 7 o quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la vista de que se trata de medidas urgentes de protecci\u00f3n de menores planteadas ante la jurisdicci\u00f3n civil, diremos que el canon de enjuiciamiento de la suspensi\u00f3n cautelar de la patria potestad ha de serlo desde la \u00f3ptica de apartar al menor de un peligro y evitarle perjuicios en su entorno familia, como objetivo leg\u00edtimo de la medida, por tanto, en un proceso, caracterizado por su naturaleza urgente, con ello en mente, ha de testarse el cumplimiento, o no, del juicio de idoneidad y necesidad.<\/p>\n
Ocurre que, sin embargo, en el caso de autos el soporte que ha de servir a la referida adopci\u00f3n de la medida cautelar de suspensi\u00f3n de la patria potestad no evidencia ese presupuesto. Solo encontramos consideraciones gen\u00e9ricas acerca de lo inadecuado de que participe en el proceso de decisi\u00f3n en la vida del menor quien no conoce a su hijo; lo cual es cierto, pero, m\u00e1s propio de un caso de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas que de la naturaleza urgente y provisional de las medidas que se caracterizan en el art. 158 del CC. Huelga decir que dichas medidas cautelares no solo exigen el presupuesto de hecho de la privaci\u00f3n y\/o suspensi\u00f3n de la patria potestad – es decir, la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris-sino un plus, la urgencia que demanda la tutela cautelar, que ha de traducirse en un riesgo cierto y real, que, aunque no se haya materializado, sea, al menos, indiciariamente constatable como pr\u00f3ximo o inminente, en t\u00e9rminos tales que exija la adopci\u00f3n de una tutela cautelar a \ufb01n de evitar ese peligro o perjuicio para el menor que pudiese producirse de atenderse a un proceso en el que se adopte de forma de\ufb01nitiva.<\/p>\n
No obstante, aqu\u00ed nos encontramos con que las causas que vinieron a justi\ufb01car la formulaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n cautelar sobre privaci\u00f3n de la patria potestad son la existencia de una enfermedad mental de larga data, pues consta, al menos, en el informe forense de 2021 la existencia de la misma – hace cuatro a\u00f1os-, asimismo, el plazo durante el cual no ha habido relaci\u00f3n con el menor – que lo \u00fanico que determina es el transcurso de tiempo- y, en base a ello, un refuerzo de la apariencia de buen derecho. En ese mismo orden de cosas, la prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n ha concluido, conforme a liquidaci\u00f3n aportada, por lo que tampoco se acredita un particular obst\u00e1culo que suponga un itemde riesgo derivado de un impedimento cualquier cauce de comunicaci\u00f3n, al menos, durante la sustanciaci\u00f3n de un procedimiento de medidas de\ufb01nitivas.<\/p>\n
Conviene precisar que el canon de enjuiciamiento no ha de hacerse con el foco en que se atienda si la madre ha venido ejerciendo el proceso de decisi\u00f3n y la atenci\u00f3n al menor durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, durante los cuales no ha tenido relaci\u00f3n, sino las circunstancias que evidencia la necesidad de que dicha medida se adopte cautelarmente, cuando precisamente los presupuestos de la misma son de larga data y el pron\u00f3stico que menciona el auto, el de una posible interrupci\u00f3n abrupta, con actitudes agresivas, disruptivas o intimidantes, no toma como base elementos del enunciado hist\u00f3rico.<\/p>\n
Lo cierto es que lo \u00fanico que hay es el evento acaecido en el colegio, en el que pro\ufb01ri\u00f3 las expresiones relativas a que (sic) “esto se ha acabado”, “la mato\/ -aunque no puede de\ufb01nir si a su pareja o a ella misma”, aunque potencialmente graves, no apreciamos la conexi\u00f3n que tiene con \u00e9l la suspensi\u00f3n de la patria potestad en t\u00e9rminos cautelares. No se solicitan medidas cautelares penales respecto de la madre, ajeno a nuestro \u00e1mbito competencial, sino medidas cautelares civiles, en relaci\u00f3n con el ejercicio de la patria potestad, necesarias para la protecci\u00f3n del hijo menor de edad. Tampoco da pie a un supuesto de hecho en el que el paso del tiempo traiga alg\u00fan riesgo sobre el menor, pues ese ha de ser el \u00e1mbito que nos ocupa. As\u00ed, no vemos en qu\u00e9 sentido concurren las notas de urgencia o de riesgo que exige toda tutela cautelar cuando los elementos con las que se pretende erigir la tutela cautelar – el transcurso de plazo sin relaci\u00f3n y la enfermedad mentalya constaban de lejos, lo cual, adem\u00e1s, no ha evidenciado a lo largo de estos cinco a\u00f1os que haya supuesto una situaci\u00f3n da\u00f1osa para el menor de edad y ello pese a que no concurr\u00eda modulaci\u00f3n alguna en la patria potestad. Si pretendemos la suspensi\u00f3n de la patria potestad como medio en relaci\u00f3n a prevenir atentados contra la integridad f\u00edsica o mental de la madre (que tampoco constituye el \u00e1mbito de la norma), se dispone de la tutela penal. En efecto, la suspensi\u00f3n ha de erigirse como medio adecuado y ajustado por el que se pueda evitar perjuicio\/riesgo al menor; situaci\u00f3n que, por otro lado, no se ha evidenciado en este caso en t\u00e9rminos que exija una actuaci\u00f3n urgente y ajena al proceso de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas.<\/p>\n
Idea que en el \u00e1mbito de las medidas cautelares se preconiza en el art. 728 de la LECiv “No se acordar\u00e1n medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que \u00e9ste justi\ufb01que cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces”.<\/p>\n
Por tanto, no concurre presupuesto del art. 158.4\u00aa del CC para la adopci\u00f3n de las referidas medidas y la resoluci\u00f3n recurrida infringi\u00f3 el referido precepto, por lo que procede dejar sin efecto la suspensi\u00f3n cautelar de la patria potestad, sin perjuicio del resultado que arroje el proceso contencioso, caso de promoverse.<\/p>\n
En lo tocante a la prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n al menor de edad la resoluci\u00f3n la limita a su presencia en el centro escolar y rese\u00f1a que “no consta que el padre se haya aproximado al ni\u00f1o en lugar distinto al centro escolar ni que tenga tampoco la posibilidad real de hacerlo pues el padre ignora en este instante todo lo referido a la vida del menor, siendo as\u00ed que, adem\u00e1s, dada la edad de este, no resulta probable que \u00e9ste pueda hallarse en ning\u00fan momento sin la supervisi\u00f3n de un adulto. Consideraciones \u00e9stas \u00faltimas que resultan igualmente aplicables a la prohibici\u00f3n interesada respecto a los lugares frecuentados por el hijo, f\u00f3rmula que, adem\u00e1s, por su excesiva amplitud, resulta desproporcionada y dif\u00edcilmente compatible con la necesaria seguridad jur\u00eddica”.<\/p>\n
Actualmente el r\u00e9gimen de visitas es el \ufb01jado en la sentencia de 25 de mayo de 2020, en el que se concreta que “2.- No ha lugar a establecer en este instante ning\u00fan r\u00e9gimen de estancias ni de comunicaciones del padre con el hijo hasta el momento en que el padre acredite, con el informe m\u00e9dico-psiqui\u00e1trico correspondiente, que ha iniciado y que se encuentra siguiendo, con la regularidad exigida por el mismo, un tratamiento psiqui\u00e1trico en la red p\u00fablica de salud mental o con un m\u00e9dico psiquiatra privado- y que \u00e9ste ha comenzado a producir una mejor\u00eda en su estado mental. Una vez el padre realice esta acreditaci\u00f3n, comenzar\u00e1 a aplicarse un r\u00e9gimen de estancias presenciales consistente en que padre e hijo estar\u00e1n juntos un d\u00eda a la semana durante dos horas en el Punto de Encuentro de San Sebasti\u00e1n bajo la supervisi\u00f3n de los profesionales del centro y sin que existan comunicaciones no presenciales. Este r\u00e9gimen de estancias\/comunicaciones podr\u00e1 ampliarse en el futuro caso de evoluci\u00f3n psiqui\u00e1trica favorable del padre acreditada a trav\u00e9s de los correspondientes informes m\u00e9dicos y de que los informes del PEF sean, asimismo, favorables y positivos a una progresi\u00f3n”.<\/p>\n
Dicho r\u00e9gimen no se inici\u00f3 nunca.<\/p>\n
La sentencia de 11 de junio de 2024, del juzgado de lo penal, declara un hecho probado que sucedi\u00f3 en las inmediaciones del colegio, con las visitas suspendidas, en el que con ocasi\u00f3n de que abandone el lugar le propin\u00f3 empujones, le agarr\u00f3 de la mano y le espeto ” te voy a matar a ti y a tu pareja”.<\/p>\n
Igualmente, en la testi\ufb01cal del coordinador del centro se ha puesto de mani\ufb01esto que el demandado expuso que cre\u00eda que la orden venc\u00eda en octubre, \u00e9l se amparaba en la patria potestad, a grandes rasgos quer\u00eda recuperar la relaci\u00f3n con la tutora, acercarse a actividades con las navidades, le habl\u00f3 de su deseo de recuperar la relaci\u00f3n en el entorno del colegio.<\/p>\n
En suma, consideramos que la ponderaci\u00f3n que efect\u00faa en este punto la resoluci\u00f3n impugnada cumple sobradamente los requisitos para la adopci\u00f3n de esta medida, en el sentido de que; primero, concurre suspensi\u00f3n de visitas acordada desde hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os, en la que, en el mejor de los casos, previa acreditaci\u00f3n de su mejor\u00eda, se regulan con personal supervisado en el PEF; segundo, existe un evento desencadenante en el contexto del entorno escolar, que supuso la comisi\u00f3n en de\ufb01nitiva de un delito de malos tratos no habituales; tercero, las medidas cautelares dimanantes de dichos hechos, posteriormente re\ufb02ejadas en la pena, actualmente han cesado, como lo evidencia la liquidaci\u00f3n de la pena; cuarto, el recurrente no ha acreditado un bienestar en su salud mental, constat\u00e1ndose una situaci\u00f3n que parte de la del 2021 y ,por \u00faltimo, apreciamos una clara intencionalidad de relacionarse en el \u00e1mbito escolar con el menor de edad y con su profesorado, como resulta de la testi\ufb01cal referida ad supra.<\/p>\n
Con ello, queremos poner de mani\ufb01esto que, en efecto, encontr\u00e1ndose con las visitas suspendidas, no solo hay un antecedente de riesgo y previo, ex ante, sino una previsi\u00f3n que de cara a futuro pueden generarse situaciones similares, in\ufb01riendo un riesgo ex post. A ello se a\u00f1ade que el colegio se revela como un entorno de riesgo para la apariciones paternas, al no estar el menor en un acompa\u00f1amiento continuo – n\u00f3tese a tal efecto los ratios alumno\/profesor que di\ufb01cultan cualquier seguimiento relativo a que el padre no se acerque al menor, en un contexto de visitas suspendidas-; m\u00e1xime si se relaciona con los hechos de 2021 y la intencionalidad mostrada, lo que, en de\ufb01nitiva, nos permite apreciar los elementos de riesgo para a\ufb01rmar la procedencia de la tutela cautelar.<\/p>\n
Por tanto, se trata de una medida adecuada y necesaria para evitar el incumplimiento de la suspensi\u00f3n de visitas a la que est\u00e1 sometido y que, en el r\u00e9gimen actual, parte del riesgo declarado judicialmente de que el menor no se relacione con el padre hasta que acredite mejor\u00eda y, en ning\u00fan caso, en la actualidad, sin supervisi\u00f3n.<\/p>\n
Resta nada m\u00e1s una somera referencia a la proporcionalidad que tambi\u00e9n se cumple, pues, nos encontramos ante una medida casi quir\u00fargica, ya que, entre los diferentes ratios de afectaci\u00f3n que permite el art. 158 del CC, \u00fanicamente se aplica el del centro escolar, el m\u00e1s m\u00ednimo, que, en nada deber\u00eda de afectar al recurrente si,<\/p>\n
primero, no dispone de visitas; segundo, trabaja y reside en Madrid, tercero, existen en las sociedades actuales m\u00faltiples canales de informaci\u00f3n -no solo presencial- que en nada afectar\u00e1n a su patria potestad.<\/p>\n
Ninguna de las partes solicita la ampliaci\u00f3n de la ratio de acci\u00f3n de la prohibici\u00f3n, por lo que a ellos hemos de estar y pasar.<\/p>\n
CUARTO.- Duraci\u00f3n de la medida de prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n.<\/p>\n
Se discute por ambas partes la vigencia de la medida en una doble vertiente, para el recurrente, el de la carencia de la misma, seg\u00fan el tenor del fallo, al extinguirse la pena de alejamiento a la que se vincula; para la impugnante, en el sentido de la incongruencia de establecer una medida que nace agotada, por lo que la solicita inde\ufb01nida o, subsidiariamente, con una duraci\u00f3n que se corresponda con la de alejamiento penal que impuso la sentencia.<\/p>\n
Lo primero que ha de hacerse es descartar el primer postulado de la parte impugnante, la de duraci\u00f3n inde\ufb01nida, por inadmisible desde nuestras normas y valores constitucionales, pues entra\u00f1a una medida a\ufb02ictiva de derechos fundamentales, el de la libertad ambulatoria ex art. 19 de la CE, que, en el contexto de un proceso civil no puede ser en ning\u00fan caso inde\ufb01nida y, menos a\u00fan, sin sometimiento a revisi\u00f3n judicial en lo tocante a la vigencia de las medidas, que, en de\ufb01nitiva, repercutir\u00eda en la inconstitucionalidad de una medida de alejamiento de por vida, acordada en el seno de un proceso civil.<\/p>\n
Lo segundo que ha de decirse es que, desde luego, aun cuando la idea de la medida penal en cuanto elemento a ponderar puede ser \u00fatil, no es menos cierto que nos movemos en planos diferenciados, el civil y el penal, en el que no ha de darse una conexi\u00f3n netamente individualizada, m\u00e1xime cuando los elementos de riesgo se han dado pr\u00e1cticamente a la \ufb01nalizaci\u00f3n de la pena de alejamiento\/ prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n, por lo que, entendemos que la propia congruencia e iterargumentativo del auto pone de mani\ufb01esto que no se trataba de una medida vac\u00eda de contenido -pues hubiese recurrido a la carencia, ex art. 22 y 413 de la LECiv- sino el de que aquella tuviese una duraci\u00f3n en el tiempo que, permitiese, en el seno de la misma, un rencauzamiento del padre que acabase con el inicio de la relaci\u00f3n y su estabilidad mental, especialmente tomando en consideraci\u00f3n que dentro del elenco de consecuencias penales de su conducta se impuso un tratamiento De ah\u00ed que consideramos oportuno la \ufb01jaci\u00f3n de la medida en dos a\u00f1os como periodo dentro del cual pudiese ser previsible una mejor\u00eda, al tiempo que, tampoco parece justi\ufb01cado avocar a la actora a un nuevo proceso judicial, que ser\u00eda la l\u00f3gica consecuencia de \ufb01jar un tiempo inferior; todo ello a contar desde la fecha de dictado del auto de primera instancia y sin perjuicio de que se inicien las visitas en el PEF, momento a partir del cual cesar\u00eda la medida.<\/p>\n
QUINTO.- Costas.<\/p>\n
Al tratarse de materia de orden p\u00fabico, no se imponen a ninguna de las partes.<\/p>\n
La estimaci\u00f3n supone la devoluci\u00f3n de los dep\u00f3sitos.<\/p>\n
1.- SE ESTIMA PARCIALMENTE el recurso interpuesto por Rogelio contra el Auto de 15 de noviembre de 2024, n\u00ba 45\/2024, dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Donostia, en el seno del expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria 81\/2004, y, en consecuencia, SE REVOCA parcialmente la resoluci\u00f3n, en el sentido de dejar sin efecto el pronunciamiento primero, suspensi\u00f3n de la patria potestad, y, en su lugar, acordar la desestimaci\u00f3n de ese pronunciamiento.<\/p>\n
2.- SE ESTIMA PARCIALMENTE la impugnaci\u00f3n formulada por D. \u00aa In\u00e9s contra la referida resoluci\u00f3n y, en consecuencia, SE REVOCA PARCIALMENTE el punto segundo de la parte dispositiva, en el sentido de dejar exclusivamente sin efecto la duraci\u00f3n “hasta el cese de la vigencia de la pena de prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n impuesta a aquel respecto de la madre, In\u00e9s en la sentencia dictada el 11 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal n\u00ba 3 de esta ciudad en los autos de Procedimiento Abreviado Penal 160\/2022” y, en su lugar, acordar la duraci\u00f3n de la medida durante dos a\u00f1os a contar desde el 16 de noviembre de 2024 con extinci\u00f3n el 16 de noviembre de 2026, salvo que, con anterioridad y de conformidad con la sentencia de regulaci\u00f3n de medidas paterno\ufb01liales de 25 de mayo de 2020, se acuerde el inicio de las estancias con su hijo supervisadas en el Punto de Encuentro, en cuyo caso cesar\u00e1 la medida desde el d\u00eda del dictado de la resoluci\u00f3n que las acuerde.<\/p>\n
3.- Sin costas para ninguna de las partes 4.-Devu\u00e9lvanse los dep\u00f3sitos, caso de haberse constituido.<\/p>\n
5.-Notif\u00edquese<\/p>\n
Esta resoluci\u00f3n es \ufb01rme y contra la misma no cabe recurso.<\/p>\n
Lo acuerdan y \ufb01rman Sus Se\u00f1or\u00edas. Doy fe.<\/p>\n
La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n
Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Suspensi\u00f3n ejecicio patria potestad paterna:La adopci\u00f3n de esta medida v\u00eda art.158 CC exige urgencia, riesgo real y cierto indiciariamente constatable. Una enfermedad mental paterna de larga data no cumple los requisitos exigidos. Se deja sin efecto la medida.Prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n paterna al centro escolar del menor:art. 8.2 LRF, proporcionalidad. Est\u00e1 acotado al centro escolar (prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n a 200 metros) No cabe mantener la medida prohibici\u00f3n de aproximaci\u00f3n de manera indefinida, y se fija por 2 a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2698,2699,2696,2697,2695],"materia":[1173],"organo":[1887],"tipo_resolucion":[1911],"ambito":[1915],"class_list":["post-13674","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-art-8-2-lrf","tag-duracion","tag-enfermedad-mental","tag-prohibicion-de-aproximacion-al-centro-escolar","tag-suspension-ejercicio-patria-potestad","materia-ley-7-2015-de-30-de-junio-de-relaciones-familiares-en-supuestos-de-separacion-o-ruptura-de-los-progenitores","organo-seccion-2a-audiencia-provincial-de-gipuzkoa","tipo_resolucion-auto","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13674","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13674"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13674"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13674"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13674"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13674"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13674"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}