{"id":13561,"date":"2026-10-20T09:32:32","date_gmt":"2026-10-20T07:32:32","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-gipuzkoa-de-19-de-noviembre-de-2021-2\/"},"modified":"2026-10-22T05:42:58","modified_gmt":"2026-10-22T03:42:58","slug":"sap-de-gipuzkoa-de-19-de-noviembre-de-2021-2","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-gipuzkoa-de-19-de-noviembre-de-2021-2\/","title":{"rendered":"SAP de Gipuzkoa de 19 de noviembre de 2021"},"content":{"rendered":"<h3>AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA. SECCI\u00d3N SEGUNDA &#8211; UPAD<\/h3>\n<h3>ZULUP &#8211; GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIKO BIGARREN ATALA<\/h3>\n<p>SAN MARTIN, 41-1\u00aa planta &#8211; C.P.\/PK: 20007 TEL.: 943-000712 Fax\/ Faxa: 943-000701 Correo electr\u00f3nico\/ Helbide probauzitegia.2a.gipuzkoa@justizia.eus<\/p>\n<p>elektronikoa:<\/p>\n<p>audiencia.s2.gipuzkoa@justizia.eus<\/p>\n<p>\/<\/p>\n<p>NIG PV \/ IZO EAE: 20.04.2-12\/001047 NIG CGPJ \/ IZO BJKN :20030.42.1-2012\/0001047 Recurso apelaci\u00f3n contra resoluci\u00f3n Juzgado Violencia sobre la Mujer \/ Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak emandako ebazpenaren aurkako apelazio-errekurtsoa 2551\/2021 &#8211; B O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia: Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de DIRECCION000 &#8211; UPAD \/ ZULUP &#8211; DIRECCION000 Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegia Autos de Modi\ufb01caci\u00f3n medidas de\ufb01nitivas 166\/2020 (e)ko autoak Recurrente \/ Errekurtsogilea: Mariano Procurador\/a\/ Prokuradorea:MARIA CRISTINA GABILONDO LAPEYRA Abogado\/a \/ Abokatua: MIREIA ARGINZONIZ GARITAONANDIA Recurrido\/a \/ Errekurritua: Luz Procurador\/a \/ Prokuradorea: MARIA ANTONIA DE LA FUENTE VALDEZATE Abogado\/a\/ Abokatua: EIDER LETE AKARREGI S E N T E N C I A N.\u00ba 1518\/2021 ILMOS.\/ILMAS. SRES.\/SRAS.<\/p>\n<h3>D.\u00aa YOLANDA DOME\u00d1O NIETO<\/h3>\n<h3>D. FELIPE PE\u00d1ALBA OTADUY<\/h3>\n<h3>D.\u00aa ANA ISABEL MORENO GALINDO<\/h3>\n<p>En Donostia \/ San Sebasti\u00e1n, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.<\/p>\n<p>La Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Secci\u00f3n Segunda &#8211; UPAD, constituida por los\/as Ilmos\/Ilmas. Sres.\/ Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Modi\ufb01caci\u00f3n medidas de\ufb01nitivas 166\/2020 del Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de DIRECCION000 &#8211; UPAD, a instancia de D. Mariano , apelante &#8211; demandante, representado por la procuradora D.\u00aa MARIA CRISTINA<\/p>\n<p>GABILONDO LAPEYRA y defendido por la letrada D.\u00aa MIREIA ARGINZONIZ GARITAONANDIA, contra D\u00aa Luz , apelada &#8211; demandada, representada por la procuradora D.\u00aa MARIA ANTONIA DE LA FUENTE VALDEZATE y defendida por la letrada D.\u00aa EIDER LETE AKARREGI; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 15 de febrero de 2021.<\/p>\n<p>Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n<h3>ANTECEDENTES DE HECHO<\/h3>\n<p>PRIMERO.- El 15 de febrero de 2021 el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n, dict\u00f3 Sentencia que contiene el siguiente Fallo:<\/p>\n<p>&#8220;Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Don Mariano ,representado por la Procuradora de los Tribunales Do\u00f1a Mar\u00eda Cristina Gabilondo Lapeyra contra Do\u00f1a Luz , representada por la Procuradora de los Tribunales Do\u00f1a Mar\u00eda Antonia de la Fuente Valdezate, se acuerdan las siguientes medidas:<\/p>\n<p>Se extingue la pensi\u00f3n de alimentos a cargo del padre respecto de su hija Roc\u00edo con efectos desde la presentaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n<p>No ha lugar al establecimiento de cantidad alguna en concepto de compensaci\u00f3n por la p\u00e9rdida del uso de la vivienda familiar a favor de Mariano .<\/p>\n<p>No ha lugar a la atribuci\u00f3n de Mariano de la administraci\u00f3n y disfrute del veh\u00edculo ganancial Opel Corsa matr\u00edcula &#8230;.WNG .<\/p>\n<p>Todo ello sin hacer expresa imposici\u00f3n de las costas proc\u00e9sales causadas en esta instancia.&#8221;<\/p>\n<p>SEGUNDO Noti\ufb01cada a las partes la resoluci\u00f3n de referencia, se interpuso Recurso de apelaci\u00f3n contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda para Votaci\u00f3n y Fallo 16 de noviembre de 2021.<\/p>\n<p>TERCERO.- En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas por la Ley.<\/p>\n<p>CUARTO .- Ha sido el\/la Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada ANA ISABEL MORENO GALINDO FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Planteamiento del debate.<\/p>\n<p>Por la representaci\u00f3n legal de D. Mariano se interpone recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia de instancia solicitando su revocaci\u00f3n y que en su lugar se dicte otra resoluci\u00f3n por la cual se establezca una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a su favor por el uso y disfrute de la vivienda com\u00fan.<\/p>\n<p>Fundamenta su recurso la parte recurrente en una err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba practicada, ello en orden a la \ufb01jaci\u00f3n de la cuant\u00eda de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que le corresponde por la atribuci\u00f3n del uso y disfrute de la vivienda com\u00fan a la Sra. Luz al haberse aportado prueba documental correspondiente a los anuncios sobre viviendas de alquiler en la localidad de DIRECCION001 y colindantes, documentos estos que han sido admitidos y no impugnados por la otra parte. Tambi\u00e9n se ha acreditado la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de las partes, a trav\u00e9s de la declaraci\u00f3n de IRPF y certi\ufb01cado del SEPE.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Error en la valoraci\u00f3n de la prueba.<\/p>\n<p>En esencia lo que la parte apelante alega en su escrito de recurso es error en la valoraci\u00f3n de la prueba practicada por parte del Magistrado de Instancia.<\/p>\n<p>Respeto a este extremo es necesario se\u00f1alar el criterio reiterado por esta Audiencia en numerosas sentencias, a tenor de la cual, insistiendo en que dada la especial naturaleza del recurso de apelaci\u00f3n se permite al Tribunal ad quem conocer \u00ab\u00edntegramente\u00bb la cuesti\u00f3n resuelta en primera instancia, pudiendo no s\u00f3lo revocar, adicionar, suplir y enmendar las sentencias de los Juzgados de Primera Instancia, sino dictar, respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento que proceda, por lo que es factible en esta alzada examinar de nuevo todo el material probatorio y la actividad jur\u00eddico- procesal desarrollada en primera instancia y, en de\ufb01nitiva, resolver si el pronunciamiento de la resoluci\u00f3n impugnada ha sido o no correcto en atenci\u00f3n a las diligencias de hecho y resultados probatorios de la causa, tal y como establece la jurisprudencia del TS ( SSTS 19-2 [RJ 1991 \\ 1511 ] y 19-11-91 [RJ 1991\\ 8411 ] y 4-2-93 [RJ 1993\\ 827]), sin embargo, no es de obviar, en primer lugar, que la valoraci\u00f3n es una cuesti\u00f3n que nuestro ordenamiento deja al libre arbitrio del Juez de Instancia, en cuanto que la actividad intelectual de valoraci\u00f3n de las pruebas se incardina en el \u00e1mbito propio de las<\/p>\n<p>facultades del juzgador, que resulta soberano en la evaluaci\u00f3n de las mismas conforme a los rectos principios de la sana cr\u00edtica, favorecido como se encuentra por la inmediaci\u00f3n que le permiti\u00f3 presenciar personalmente el desarrollo de aqu\u00e9llas.<\/p>\n<p>Y, en segundo lugar, que cuando se trata de valoraci\u00f3n probatoria, la revisi\u00f3n de la sentencia deber\u00e1 centrarse en comprobar que aqu\u00e9lla aparece su\ufb01cientemente expresada en la resoluci\u00f3n recurrida y que no adolece de error, arbitrariedad, insu\ufb01ciencia, incongruencia o contradicci\u00f3n, sin que por lo dem\u00e1s resulte l\u00edcito sustituir el criterio independiente y objetivo del Magistrado Juez de Instancia por el criterio personal e interesado de la parte recurrente, ya que el alcance del control jurisdiccional que supone la segunda instancia, en cuanto a la legalidad de la producci\u00f3n de las pruebas, la observancia de los principios rectores de la carga de la misma, y la racionalidad de los razonamientos, no puede extenderse al mayor o menor grado de credibilidad de los elementos probatorios, porque ello es una cuesti\u00f3n directamente relacionada con la inmediaci\u00f3n del juzgador sentenciador en la primera instancia, de modo que para combatir la valoraci\u00f3n probatoria que hace el Juzgador de instancia, no basta con a\ufb01rmar que se ha producido dicho error, sino que deben se\u00f1alarse los hechos que han sido err\u00f3neamente admitidos como probados, la prueba err\u00f3neamente valorada y razonar en qu\u00e9 medida el juzgador ha utilizado criterios de valoraci\u00f3n err\u00f3neos, il\u00f3gicos, absurdos o contrarios a las reglas legales de valoraci\u00f3n, pues de no expresarse tales circunstancias, se evidencia que la intenci\u00f3n del apelante es simplemente sustituir el objetivo e imparcial criterio del juzgador por el suyo propio, pretendiendo una nueva valoraci\u00f3n probatoria sin argumentos que lo justi\ufb01quen.<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n: que el denunciado error en la apreciaci\u00f3n de las pruebas tan solo puede ser acogido cuando las deducciones o inferencias obtenidas por el juzgador de instancia resultan il\u00f3gicas e inveros\u00edmiles de acuerdo con la resultancia probatoria o contrarias a las m\u00e1ximas de la experiencia o a las reglas de la sana cr\u00edtica, etc.<\/p>\n<p>En consecuencia, la valoraci\u00f3n probatoria solo puede revisarse por el cauce adecuado, bien acreditando la existencia de un error patente o arbitrariedad en dicha valoraci\u00f3n ( T.S.Sentencias de 20 de junio de 2006 y 17 de julio de 2006 ), o bien por la infracci\u00f3n de una norma tasada de valoraci\u00f3n de prueba que haya sido vulnerada ( T.S. sentencias de 16 de marzo de 2001 , 10 de julio de 2000 , 21 de abril de 2005 y 9 de mayo de 2005 ), por cuanto, al ser mani\ufb01estamente arbitraria o il\u00f3gica la valoraci\u00f3n de la prueba no supera, conforme a la doctrina constitucional, el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en art\u00edculo 24 CE ( T.S. sentencia de 22 de febrero de 2.011 ).<\/p>\n<p>TERCERO.- Compensaci\u00f3n por el uso de la vivienda com\u00fan.<\/p>\n<p>I.- A \ufb01n de encuadrar la cuesti\u00f3n litigiosa dentro de sus justos l\u00edmites, ha de recordarse que el objeto del procedimiento de modi\ufb01caci\u00f3n de medidas es la de modi\ufb01car las medidas acordadas en anterior sentencia matrimonial o de menores convenidas por los c\u00f3nyuges o progenitores o de las adoptadas en defecto de acuerdo, al establecerse dicha posibilidad en el \u00faltimo inciso delart\u00edculo 91 del C\u00f3digo Civily en elart\u00edculo 775.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.<\/p>\n<p>Para ello, es necesario, conforme al referido art\u00edculo 775.1, que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas, lo que se encuentra condicionado a la acreditaci\u00f3n por quien la pretende, de que nuevas circunstancias han generado una variaci\u00f3n sustancial de la situaci\u00f3n existente al tiempo en que se dict\u00f3 la Sentencia que las estableci\u00f3, por lo que no procede si las circunstancias alegadas ya exist\u00edan cuando se adopt\u00f3 la medida o si no se produce dicha prueba.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 90, apartado 3, del C\u00f3digo Civil, tras la reforma de la ley 15\/2015, de 2 de julio, establece que \u00abcuando as\u00ed as\u00ed lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de circunstancias de los c\u00f3nyuges\u00bb. El art\u00edculo 91, \u00faltimo p\u00e1rrafo, que \u00abEstas medidas podr\u00e1n ser modi\ufb01cadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias\u00bb. Se completa la normativa de la modi\ufb01caci\u00f3n de las medidas acordadas en sentencia con elart. 775 de la Ley Procesal Civil, que dispone \u00ablos c\u00f3nyuges podr\u00e1n solicitar del tribunal la modi\ufb01caci\u00f3n de las medidas convenidas por los c\u00f3nyuges o de las adoptadas en defecto deacuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas\u00bb.<\/p>\n<p>Las medidas aprobadas judicialmente en los procesos de separaci\u00f3n, divorcio o guarda, custodia y alimentos no quedan inderogables e inde\ufb01nidamente \ufb01jadas, pues, del mismo modo que la situaci\u00f3n vital a la que responden est\u00e1 sujeta a cambios, pueden ser tambi\u00e9n modi\ufb01cadas. Ahora bien, para ello se requiere una alteraci\u00f3n sustancial de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta al momento de su adopci\u00f3n, de tal manera que el mantenimiento de las medidas establecidas en su d\u00eda suponga un grave perjuicio para los interesados.<\/p>\n<p>Por ello para que la acci\u00f3n de modi\ufb01caci\u00f3n prospere se requiere:<\/p>\n<p>1. Que se acredite una alteraci\u00f3n sustancial de circunstancias, entendidas en circunstancias de notoria entidad, con importancia su\ufb01ciente para producir una modi\ufb01caci\u00f3n de lo convenido o de lo acordado, judicialmente, de modo que las simples \ufb02uctuaciones de ingresos, de poca importancia, no pueden dar lugar a dicha pretensi\u00f3n modi\ufb01cativa.<\/p>\n<p>2. Que los indicados cambios o alteraciones han de ser imprevistos, de modo que surjan por acontecimientos externos al deudor de la obligaci\u00f3n, sin posibilidad de previsi\u00f3n anticipada, en t\u00e9rminos de ordinaria diligencia.<\/p>\n<p>3. Que tales alteraciones han de tener estabilidad o permanencia en el tiempo y no ser meramente coyunturales, excluy\u00e9ndose toda forma de temporalidad, por consiguiente, la alteraci\u00f3n ha de ser permanente en el tiempo y no meramente ocasional o transitoria.<\/p>\n<p>4. Que es indiferente que la situaci\u00f3n anterior haya sido convenida anteriormente mediante concierto de voluntades plasmada en convenio regulador, o bien impuesta judicialmente, porque de lo que se trata es de calibrar si se han producido variaciones o modi\ufb01caciones sustanciales que hagan necesario un replanteamiento de las prestaciones, sin que deba darse mayor valor a lo convenido entre las partes por carecer de justi\ufb01caci\u00f3n.<\/p>\n<p>5. Que si la alteraci\u00f3n, aunque sea sustancial ha devenido por dolo o culpa del que tiene obligaci\u00f3n de prestar alimentos o cualquier otra contribuci\u00f3n econ\u00f3mica, no puede producirse su cambio o modi\ufb01caci\u00f3n, ya que habr\u00e1 sido intencional o culposamente conseguida, siendo ello fraude de ley, abuso de derecho o quebrantamiento de los principios de la buena fe.<\/p>\n<p>6. Que dichas alteraciones sustanciales deben probarse cumplidamente ante los tribunales por la parte quien sostiene la concurrencia de la alteraci\u00f3n, por imperativo de lo establecido en elart\u00edculo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n<p>2.- Por consiguiente, la naturaleza y elobjeto del procedimiento de modi\ufb01caci\u00f3n de medidasexige realizar un an\u00e1lisis comparativo entre la situaci\u00f3n concurrente al momento en el que se dicta la anterior sentencia, y la posici\u00f3n actual, pues s\u00f3lo en la medida que se acredite un cambio sustancial y de notoria signi\ufb01caci\u00f3n en las circunstancias afectantes al grupo familiar, o a cualquiera de los progenitores, o a los hijos, no dependiente de la voluntad de los mismos, ser\u00e1 posible acceder a la modi\ufb01caci\u00f3n pretendida.<\/p>\n<p>II.- Aclarado lo anterior, el \u00fanico punto que se cuestiona en esta alzada es el relativo a la petici\u00f3n formulada por el Sr. Mariano respecto del uso y disfrute de la vivienda com\u00fan a favor de la esposa, en el sentido que que se establezca una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a su favor de 650 euros mensuales, ello al amparo de lo dispuesto en el art. 12.7 de la Ley 7\/2015, de 30 de junio y Disposici\u00f3n Transitoria en orden a su aplicaci\u00f3n a la sentencia de divorcio dictada con anterioridad a la misma.<\/p>\n<p>Respecto de dichos extremos, la sentencia recurrida considera que la prueba aportada por el recurrente (anuncios de pisos en las localidades de DIRECCION001 , DIRECCION002 y DIRECCION003 ) no permite acreditar el coste de una vivienda de caracter\u00edsticas similares a la com\u00fan.<\/p>\n<p>Es decir, en esta alzada consiste la cuesti\u00f3n a resolver consiste en determinar si la prueba aportada por el recurrente resulta su\ufb01cientes a los efectos pretendidos, esto es, para acreditar el alquiler de una vivienda de caracter\u00edsticas similares a la que constituye el domicilio familiar. Y por ello debemos partir de las caracter\u00edsticas de la citada vivienda, las cuales constan en la escritura del Registro de la Propiedad de DIRECCION004 (documento n\u00ba 3 de la demanda), donde consta que la misma est\u00e1 situada en la C\/ DIRECCION005 de la localidad de DIRECCION001 , y tiene una super\ufb01cie construida de 91 m2, constando de vest\u00edbulo, pasillo, cocina, sal\u00f3n-comedor, dos habitaciones, ba\u00f1o, dormitorio principal con vestidor y ba\u00f1o y balcones.<\/p>\n<p>La prueba presentada por el demandante consiste en extractos de p\u00e1ginas web de agencias inmobiliarias (folios 27 y siguientes), en concreto, alquiler de una vivienda de dos habitaciones en DIRECCION001 (650 euros\/mes); alquiler de una vivienda de 101 m2 de cuatro habitaciones y dos ba\u00f1os en DIRECCION001 (750 euros\/mes); alquiler de una vivienda de 92 m2 de tres habitaciones y dos ba\u00f1os en DIRECCION002 ( 850 euros\/mes), y; alquiler de una vivienda de dos habitaciones en DIRECCION003 (1000 euros\/mes).<\/p>\n<p>Este Tribunal considera que los documentos referidos a las localidades de DIRECCION002 y DIRECCION003 , no permiten acreditar lo pretendido, pues si bien son localidades cercanas a DIRECCION001 , lo cierto es que son localidades diferentes sin que se acredite en qu\u00e9 zonas est\u00e1n dichas viviendas en comparaci\u00f3n con la vivienda com\u00fan. Por otra parte, tampoco sirve para ello el anuncio referente a la vivienda sita en DIRECCION001 aportado en segundo lugar, puesto que por la mera descripci\u00f3n de la vivienda se comprueba que se trata de una vivienda de mayor amplitud que la com\u00fan y que cuenta con una habitaci\u00f3n de m\u00e1s que \u00e9sta. Por lo tanto nos encontrar\u00edamos con que tan solo uno de los anuncios aportados permitir\u00eda demostrar el precio del alquiler<\/p>\n<p>de viviendas similares en DIRECCION001 , sin embargo, entendemos que un mero anuncio no permite dicha acreditaci\u00f3n puesto que por un lado no se sabe en qu\u00e9 concreta zona se sit\u00faa dicho inmueble en relacion con la vivienda familiar, y por otro lado se trata de un \u00fanico anuncio, lo cual impide que se pueda realizar un an\u00e1lisis comparativo o de contrasde de viviendas similares.<\/p>\n<p>Es por ello que debe desestimarse el recurso formulado.<\/p>\n<p>CUARTO.- Costas.<\/p>\n<p>La desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n conlleva que se impongan al recurrente las costas causadas en esta alzada ( art. 398 LEC).<\/p>\n<p>QUINTO .- La disposici\u00f3n adicional 15.\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisi\u00f3n del recurso y la con\ufb01rmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito.<\/p>\n<h3>FALLAMOS<\/h3>\n<p>DESESTIMAMOS el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la representaci\u00f3n legal de D. Mariano frente a la sentencia dictada en fecha 15 de febrero de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de DIRECCION000 , CONFIRMANDO dicha resoluci\u00f3n en su integridad y condenando a la parte recurrente al abono de las costas de esta alzada.<\/p>\n<p>Trans\ufb01\u00e9rase el dep\u00f3sito por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos inadmitidos y desestimados.<\/p>\n<p>Frente a la presente resoluci\u00f3n se podr\u00e1 interponer en el plazo de VEINTE D\u00cdAS ante esta Sala recurso de casaci\u00f3n en los supuestos previstos en el art.477 LEC y recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal fundado en los motivos previstos en el art.469 LEC, pudiendo presentarse \u00fanicamente este \u00faltimo recurso sin formular recurso de casaci\u00f3n frente a las resoluciones recurribles en casaci\u00f3n a que se re\ufb01eren los n\u00fameros 1\u00ba y 2\u00ba del art.477.2 LEC.<\/p>\n<p>Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 1858 0000 2551 21. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un &#8220;Recurso&#8221; c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n<p>Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n<p>As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n<p>_________________________________________________________________________________________________________________________ La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n<p>Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n<p>_________________________________________________________________________________________________________________________ PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los\/las Ilmos.\/Ilmas. Sres.\/Sras.<\/p>\n<p>Magistrados\/as que la \ufb01rman y le\u00edda por el\/la Ilmo.\/Ilma. Magistrado\/a Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certi\ufb01co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>no se acredita la renta de viviendas similares, son de otros municipios los anuncios excepto uno. 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