BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aaplanta – C.P.\/PK: 48001 TEL.: 94-4016665 Fax\/ Faxa: 94-4016992 Correo electr\u00f3nico\/ Helbide probauzitegia.4a.bizkaia@justizia.eus<\/p>\n
elektronikoa:<\/p>\n
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NIG PV \/ IZO EAE: 48.04.2-19\/025014 NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48020.42.1-2019\/0025014 Recurso apelaci\u00f3n de divorcio contencioso LEC 2000 1349\/2020 – M \/\/ 1349\/2020 – M Adostasunik gabeko dibortzioari buruzko apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia: Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 6 Bilbao \/ Bilboko Lehen Auzialdiko 6 zk.ko Epaitegia Autos de Divorcio contencioso 777\/2019 \/\/ 777\/2019 Adostasunik gabeko dibortzioa(e)ko autoak Recurrente \/ Errekurtsogilea: D\u00aa Puri\ufb01cacion Procurador \/ Prokuradorea: D. EDUARDO RAM\u00d3N L\u00d3PEZ CRUZ Abogado \/ Abokatua: D\u00aa LEIRE ARANA S\u00c1NCHEZ Recurrido \/ Errekurritua: D. Severino Procurador \/ Prokuradorea: D\u00aa NATALIA ALONSO MART\u00cdNEZ Abogado \/ Abokatua: D\u00aa ANA ISABEL ARCE CORDERO MINISTERIO FISCAL S E N T E N C I A N.\u00ba 21\/2021 TRIBUNAL QUE LA DICTA:<\/p>\n
PRESIDENTA: D\u00aa REYES CASTRESANA GARC\u00cdA MAGISTRADA: D\u00aa LOURDES ARRANZ FREIJO MAGISTRADO: D. EDMUNDO RODR\u00cdGUEZ ACH\u00daTEGUI<\/p>\n
En Bilbao (Bizkaia), a catorce de enero de dos mil veintiuno.<\/p>\n
La Audiencia Provincial de Bizkaia – Secci\u00f3n Cuarta, constituida por quienes arriba se indic\u00f3, ha visto en tr\u00e1mite de rollo de apelaci\u00f3n n\u00ba 1349\/2020 los presentes autos civiles de Divorcio n\u00ba 777\/2019 del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 6 (Familia) de Bilbao. El recurso se ha promovido por D\u00aa Puri\ufb01cacion , representada por el Procurador de los Tribunales D. EDUARDO RAM\u00d3N L\u00d3PEZ CRUZ, asistido de la letrada D\u00aa LEIRE ARANA S\u00c1NCHEZ, frente a la sentencia de 2 de junio de 2020. Son partes apeladas D. Severino , representado por la Procuradora de los Tribunales D\u00aa NATALIA ALONSO MART\u00cdNEZ, asistida de la letrada D\u00aa ANA ISABEL ARCE CORDERO, y el MINISTERIO FISCAL.<\/p>\n
1.- Por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00fam. 6 (Familia) de Bilbao se dict\u00f3 en autos de divorcio contencioso n\u00ba 777\/2019 sentencia de 2 de junio de 2020, cuyo fallo establece:<\/p>\n
“Estimando parcialmente la demanda presentada por el procurador don Eduardo Ram\u00f3n L\u00f3pez en nombre y representaci\u00f3n de do\u00f1a Puri\ufb01cacion , se decreta la disoluci\u00f3n legal por divorcio del matrimonio formado por don Severino y do\u00f1a Puri\ufb01cacion .<\/p>\n
Se establecen las siguientes medidas derivadas del divorcio:<\/p>\n
1. Ambos progenitores don Severino y do\u00f1a Puri\ufb01cacion ejercer\u00e1n de manera conjunta la patria potestad sobre su hija menor \u00c1ngela , tomando de mutuo acuerdo cuantas decisiones importantes pudieran afectar a la hija menor y, en particular, la elecci\u00f3n de centro escolar, el sometimiento a tratamientos m\u00e9dicos u operaciones quir\u00fargicas y la participaci\u00f3n activa en celebraciones religiosas. Ambos progenitores tendr\u00e1n derecho a obtener informaci\u00f3n por parte de los educadores y m\u00e9dicos que atiendan a su hija menor.<\/p>\n
2. Se atribuye a la madre do\u00f1a Puri\ufb01cacion la guarda y custodia de la hija menor \u00c1ngela .<\/p>\n
3. Se atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar y ajuar dom\u00e9stico a do\u00f1a Puri\ufb01cacion por raz\u00f3n de la custodia de la hija menor \u00c1ngela hasta la mayor\u00eda de edad de la hija \u00c1ngela .<\/p>\n
Las obligaciones contra\u00eddas por raz\u00f3n de la adquisici\u00f3n o mejora de la vivienda familiar, incluidos los pr\u00e9stamos hipotecarios y los seguros vinculados a esta \ufb01nalidad, deben satisfacerse por las partes de acuerdo con lo dispuesto por el t\u00edtulo de constituci\u00f3n.<\/p>\n
Los gastos ordinarios de conservaci\u00f3n, mantenimiento y reparaci\u00f3n de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas o impuestos de devengo anual corren a cargo de do\u00f1a Puri\ufb01cacion como bene\ufb01ciaria del derecho de uso.<\/p>\n
4. El r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n, estancia y visitas del padre don Severino con su hija menor \u00c1ngela queda al mutuo acuerdo entre padre e hija.<\/p>\n
5. Don Severino abonar\u00e1 a do\u00f1a Puri\ufb01cacion en concepto de pensi\u00f3n de alimentos de sus hijos Cipriano y \u00c1ngela la cantidad de 250 \u20ac al mes a raz\u00f3n de 125 \u20ac por cada hijo. Esta cantidad ser\u00e1 ingresada dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes en la cuenta que al efecto designe do\u00f1a Puri\ufb01cacion y se actualizar\u00e1 anualmente a la fecha de esta sentencia conforme a las variaciones del IPC nacional que publique el INE.<\/p>\n
6. Los gastos extraordinarios de los hijos se abonar\u00e1n por ambos progenitores con arreglo a la siguiente proporci\u00f3n: 70% la madre y 30 % el padre.<\/p>\n
Se entiende por gastos extraordinarios aquellos que se produzcan por necesidades imprevisibles e indeclinables de los hijos e hijas y, en todo caso, los gastos sanitarios no cubiertos por el sistema p\u00fablico de salud o por seguro m\u00e9dico, as\u00ed como los de educaci\u00f3n y formaci\u00f3n por actividades convenientes, pero no obligatorias, para los hijos e hijas, siempre que exista acuerdo sobre ellas.<\/p>\n
No se considerar\u00e1n incluidos aquellos gastos voluntarios que, aunque sean continuados, no respondan a necesidades de los hijos e hijas pero se consideren adecuados para ellos, en cuyo caso ser\u00e1n abonados \u00fanicamente por el progenitor que as\u00ed lo estime.<\/p>\n
El progenitor que realice el gasto deber\u00e1 informar previamente sobre el concepto e importe de gasto y recabar el consentimiento del otro progenitor. Se except\u00faan \u00fanicamente los gastos urgentes, en cuyo caso deber\u00e1 informarse inmediatamente despu\u00e9s. Si el progenitor que no ha realizado el gasto no mani\ufb01esta su consentimiento ni oposici\u00f3n en un plazo de 15 d\u00edas desde que se le inform\u00f3, se entiende que lo acepta t\u00e1citamente. Si surge controversia se decidir\u00e1 judicialmente.<\/p>\n
7. Se desestima la petici\u00f3n de una compensaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de uso de la vivienda solicitada por don Severino frente a do\u00f1a Puri\ufb01cacion .<\/p>\n
8. Se desestiman las reclamaciones de cantidad de do\u00f1a Puri\ufb01cacion frente a don Severino por impagos de pensi\u00f3n de alimentos y pr\u00e9stamo hipotecario acordadas en convenio de 27\/10\/2014.<\/p>\n
Todo ello sin expresa condena en costas a ninguna de las partes”.<\/p>\n
2.- Frente a la anterior resoluci\u00f3n, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de D\u00aa Puri\ufb01cacion , en el que se alegaba:<\/p>\n
2.1.- Infracci\u00f3n de la jurisprudencia por disponer, pese a la atribuci\u00f3n del uso de la misma a la apelante, que el IBI debe ser satisfecho exclusivamente por ella, cuando se trata de un tributo que grava la propiedad.<\/p>\n
2.2.- Incorrecta valoraci\u00f3n de la prueba e infracci\u00f3n legal por no acoger la reclamaci\u00f3n de cantidad por alimentos que deb\u00eda satisfacer el padre antes del divorcio, desde la previa \ufb01rma del convenio regulador suscrito en el a\u00f1o 2014, y por la mitad del pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria.<\/p>\n
3.- El recurso se tuvo por interpuesto mediante resoluci\u00f3n de 16 de septiembre, d\u00e1ndose traslado la representaci\u00f3n de D. Severino , que solicit\u00f3, como el Ministerio Fiscal, su desestimaci\u00f3n, tras lo cual se elevan los autos a esta Audiencia Provincial.<\/p>\n
4.- Recibidos los autos en la Secretar\u00eda de esta Sala, con fecha 28de octubre de 2020 se mand\u00f3 formar el Rollo de apelaci\u00f3n, al que ha correspondido el n\u00ba 1349\/2020 de Registro, y turnarse la ponencia al Sr. Magistrado D. Edmundo Rodr\u00edguez Ach\u00fategui.<\/p>\n
5.- En providencia de 3 de noviembre se considera innecesaria la celebraci\u00f3n de vista, que no hab\u00eda sido solicitada por las partes.<\/p>\n
6.- En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.<\/p>\n
PRIMERO.- Sobre los t\u00e9rminos del litigio 7.- D\u00aa Puri\ufb01cacion formul\u00f3 demanda de divorcio frente a D. Severino , reclamando la custodia de la hija menor de edad, la atribuci\u00f3n del uso de la vivienda y la \ufb01jaci\u00f3n de alimentos con cargo al padre para ambos hijos, as\u00ed como el importe de alimentos desde la \ufb01rma del convenio en 2014 hasta la fecha en que se dicte sentencia de divorcio, y las dem\u00e1s pretensiones que contiene.<\/p>\n
8.- El padre no se opone al r\u00e9gimen de guarda, pero s\u00ed a las dem\u00e1s medidas que reclamaba la demandante, proponiendo el abono de una cantidad inferior de alimentos, compensaci\u00f3n por uso vivienda, y que la usuaria atendiera el IBI, gastos de comunidad, seguro y la mitad del pago del pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria.<\/p>\n
9.- Tras los oportunos tr\u00e1mites se dicta sentencia de divorcio que atribuye la guarda de la hija menor de edad, \ufb01ja alimentos para ambos que tendr\u00e1 que atender el padre, atribuye el uso de la vivienda a la madre e hijos con obligaci\u00f3n de atender, entre otros gastos, el IBI, y rechaza la reclamaci\u00f3n por alimentos anteriores a la sentencia de divorcio.<\/p>\n
10.- La Sra. Puri\ufb01cacion formula entonces recurso de apelaci\u00f3n en el que reclama que no se disponga la atribuci\u00f3n del gasto por IBI y solicita la condena al padre a abonar alimentos a los hijos desde la \ufb01rma del convenio regulador hasta la fecha de la sentencia. A tal recurso se oponen tanto el padre como el ministerio \ufb01scal.<\/p>\n
SEGUNDO.- Sobre el IBI 11.- El primer motivo del recurso cuestiona que la madre, como usuaria de la vivienda familiar com\u00fan, propiedad de ambos litigantes, tenga que afrontar como gasto propio de tal uso el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Considera que tal impuesto grava la propiedad, no el uso, y que por tanto la sentencia recurrida no debiera haber realizado el pronunciamiento incluyendo dicho importe. Cita abundante jurisprudencia al respecto y subraya que la vivienda familiar tiene car\u00e1cter ganancial.<\/p>\n
12.- Opone la parte apelada que la sentencia se ha limitado a reproducir el contenido del art. 12.9 de la Ley 7\/2015, de 30 de junio, del Parlamento Vasco, de relaciones familiares en supuestos de separaci\u00f3n o ruptura de los progenitores (LRFPV), por lo que nada hay que reprochar a la resoluci\u00f3n recurrida.<\/p>\n
13.- Para resolver habr\u00e1 que tener en cuenta que la sentencia no ha impuesto expresamente el pago del IBI a la usuaria de la vivienda. Lo que hace el \u00faltimo p\u00e1rrafo del apartado 3 de la sentencia recurrida es disponer, como<\/p>\n
se ha se\u00f1alado en \u00a71, que ” los gastos ordinarios de conservaci\u00f3n, mantenimiento y reparaci\u00f3n de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas o impuestos de devengo anual corren a cargo de do\u00f1a Puri\ufb01cacion como bene\ufb01ciaria del derecho de uso “. Ni en el fallo, ni en la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica, se menciona el IBI.<\/p>\n
14.- Precisado el alcance de la condena podr\u00eda discutirse si hay gravamen, requisito que exige el art. 448.1 de la Ley 1\/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) para admitir el recurso, pues dispone que cabe \u00fanicamente contra las resoluciones que afectan “desfavorablemente” a la parte que lo pretende. No obstante, puesto que los t\u00e9rminos de la sentencia se re\ufb01eren a tasas o impuestos de devengo anual se abordar\u00e1 la cuesti\u00f3n, para resolverla de forma de\ufb01nitiva y evitar los incidentes de ejecuci\u00f3n que podr\u00edan suscitarse de no veri\ufb01carlo.<\/p>\n
15.- La resoluci\u00f3n judicial apelada se ha limitado a recoger al pie de la letra el apartado 12.9 LRFPV, que dispone ” Los gastos ordinarios de conservaci\u00f3n, mantenimiento y reparaci\u00f3n de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas o impuestos de devengo anual corren a cargo del bene\ufb01ciario del derecho de uso”. No hay infracci\u00f3n legal por aplicar una norma vigente, que no ha sido declarada inconstitucional, y que disciplina relaciones familiares donde hay menores, como es el caso.<\/p>\n
16.- El apelante esgrime no obstante la jurisprudencia que considera que el IBI grava la propiedad. Como ya hemos dicho en AAP Bizkaia, Secc. 4\u00aa, 885\/2020, de 20 abril, rec. 440\/2020, no puede esgrimirse la jurisprudencia contra una norma v\u00e1lida y aplicable, como es el art. 12.9 LRFPV. Adem\u00e1s de que la doctrina del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles no nace de la aplicaci\u00f3n de la ley vasca, dijimos en el \u00a717 de dicha resoluci\u00f3n que ” establece el art. 1 del C\u00f3digo Civil (CCv) el sistema de fuentes del derecho.<\/p>\n
En el art. 1.1 CCv se\u00f1ala que las del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol son <<la ley, la costumbre y los principios generales del derecho>>. No se menciona la jurisprudencia, que por tanto no es fuente del derecho, sino seg\u00fan el art. 1.6 CCv, complemento del ordenamiento jur\u00eddico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, como destaca la STS 335\/2013, de 7 mayo, rec. 252\/2011, ROJ: STS 2615\/2013-ECLI:ES:TS:2013:2615 . Por tanto, la jurisprudencia mantiene un papel subordinado a las fuentes del derecho establecidas en la norma (ley, costumbre y principios generales del derecho). El sistema legal de fuentes no otorga a la jurisprudencia rango distinto ni superior a la ley.<\/p>\n
En consecuencia, debe estarse a lo que dispone la Ley 7\/2015, del Parlamento Vasco, y no a la jurisprudencia”.<\/p>\n
17.- Tambi\u00e9n ahora, y de nuevo respecto del art. 12.9 LRFPV, tenemos que hacer semejantes consideraciones, aunque no sea con relaci\u00f3n a los gastos de comunidad de propietarios sino al Impuesto de Bienes Inmuebles.<\/p>\n
La jurisprudencia no puede dejar sin efecto una disposici\u00f3n de rango legal, de naturaleza imperativa y plenamente e\ufb01caz, que vincula a los tribunales de este territorio, como consecuencia del principio de legalidad que garantizan los arts. 9 y 117.1 de la Constituci\u00f3n (CE). Por tanto, no puede acogerse el primer motivo del recurso.<\/p>\n
TERCERO.- Sobre los alimentos y el pr\u00e9stamo hipotecario 18.- El segundo reproche que se hace a la sentencia recurrida es que desestime la pretensi\u00f3n de que se condene al padre al pago de alimentos a los hijos en el per\u00edodo que va desde la \ufb01rma del convenio regulador el 2 de abril de 2014, hasta la sentencia de divorcio del a\u00f1o 2020, y de la mitad del pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria durante ese per\u00edodo. Como en el convenio, \ufb01rmado por las partes, se contemplaba obligaci\u00f3n de pago de alimentos a los hijos, entiende que la condena dineraria pretendida tiene cabida en la sentencia de divorcio.<\/p>\n
Cita al respecto jurisprudencia sobre la e\ufb01cacia de esta clase de convenios no rati\ufb01cados judicialmente.<\/p>\n
19.- La jurisprudencia ha admitido desde anta\u00f1o la validez como negocio jur\u00eddico del convenio regulador \ufb01rmado por los c\u00f3nyuges y no rati\ufb01cado judicialmente ( STS 325\/1997, de 22 abril, rec. 1822\/1993, ECLI:ES:TS:1997:2817), aunque distingue seg\u00fan se re\ufb01ere a materias de orden p\u00fablico o disponibles ( STS 1183\/1998, de 21 diciembre, rec. 2197\/1997, ECLI:ES:TS:1998:7768). Los acuerdos en materia disponibles son v\u00e1lidos y e\ufb01caces si cumplen con los requisitos materiales (consentimiento, objeto y causa) y formales de cualquier contrato ( STS 116\/2002, de 15 febrero, rec. 4428\/1997, ECLI:ES:TS:2002:1024). En cambio en materias indisponibles, a falta de rati\ufb01caci\u00f3n judicial, su validez se supedita a que no sean contrarios al inter\u00e9s del menor, y respetuosos con las limitaciones que dispone el art. 1814 del C\u00f3digo Civil (CCv), que no permita renunciar ni transigir sobre alimentos futuros ( STS 569\/\/2018, de 15 octubre, rec. 3942\/2017, ECLI:ES:TS:2018:3485). Cuanto se ha expuesto se ha rati\ufb01cado por la jurisprudencia m\u00e1s actual ( STS 615\/2018, de 7 noviembre, rec. 1220\/2018, ECLI:ES:TS:2018:3739 y 458\/2019, de 18 julio, rec. 4822\/2018, ECLI:ES:TS:2019:2564) 20.- La sentencia recurrida rechaz\u00f3 la pretensi\u00f3n por tres razones. En primer lugar, porque se considera que el convenio \ufb01rmado no surti\u00f3 efectos al haberse mantenido la convivencia de los progenitores. Al respecto valora la prueba y concluye que hubo tal convivencia, aportando el padre sus ingresos para el sostenimiento<\/p>\n
de las obligaciones familiares, ya fuera el pago del pr\u00e9stamo, ya la atenci\u00f3n alimenticia de los hijos comunes.<\/p>\n
En segundo lugar descarta la alegaci\u00f3n de la hoy apelante de que hubiera habido un r\u00e9gimen de hecho de separaci\u00f3n de bienes, pues no hay prueba y no se atienden las exigencias de los arts. 1315 y 1316 CCv.<\/p>\n
Finalmente considera que el convenio no lleg\u00f3 a rati\ufb01carse.<\/p>\n
21.- El apelante discrepa de la valoraci\u00f3n de la prueba, pero reconoce que ha permitido residir al padre en el domicilio familiar, lo que entiende no signi\ufb01ca que se retomara la convivencia, ni que hubiera reconciliaci\u00f3n.<\/p>\n
Admitida tal convivencia, y que el padre vivi\u00f3 en la morada familiar, puede concluirse que estuvo con los hijos y el c\u00f3nyuge en el domicilio familiar, de modo que no se acoge la interpretaci\u00f3n que hace la parte apelante, y, por el contrario, se considera perfectamente razonable y coherente el modo en que la sentencia recurrida valora la prueba.<\/p>\n
22.- Los progenitores vivieron en la misma residencia, que tiene la consideraci\u00f3n de familiar, con los hijos comunes. Lo hicieron durante varios a\u00f1os, hasta que se present\u00f3 nueva demanda de divorcio, distinta de la que dio lugar al convenio regulador nunca rati\ufb01cado. Los recursos del padre, puesto que viv\u00eda en la vivienda, tuvieron que aplicarse a las cargas familiares, igual que las atenciones a los hijos y al hogar. Todo ello, como se\u00f1ala la sentencia recurrida, lo corrobora la prueba documental de los movimientos bancarios, am\u00e9n del reconocimiento de la hoy apelante aunque se ci\u00f1a al hecho de la residencia.<\/p>\n
23.- La jurisprudencia que se esgrime para defender la validez del convenio signado pero no rati\ufb01cado judicialmente puede aplicarse cuando, pese a la no rati\ufb01caci\u00f3n judicial, cesa la convivencia y se produce la crisis familiar. No es posible, sin embargo, hacer otro tanto cuando las partes volvieron a convivir, lo hicieron en el domicilio familiar, y atendieron las necesidades de los hijos, la familia y el hogar. Lo que pactaron las partes sobre contribuci\u00f3n alimenticia ten\u00eda su justi\ufb01caci\u00f3n en la ruptura familiar, que motivar\u00eda residencias distintas y por tanto obligaciones respecto de los hijos. Pero tal ruptura no se produjo, y la convivencia se ha prolongado durante a\u00f1os.<\/p>\n
24.- En consecuencia, adem\u00e1s de preferirse la valoraci\u00f3n judicial, imparcial y apoyada en la prueba disponible, a la interpretaci\u00f3n que hace la hoy recurrente, la existencia de un convenio regulador no rati\ufb01cado judicialmente no impide constatar la aportaci\u00f3n del padre, que excluye sus previsiones ya que no se produjo la ruptura, lo que signi\ufb01ca la desestimaci\u00f3n del motivo, y consecuentemente, del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
CUARTO.- Dep\u00f3sito para recurrir 25.- Conforme a lo dispuesto en la DA 15\u00aa.9 de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), procede acordar la p\u00e9rdida para el apelante del dep\u00f3sito consignado para recurrir.<\/p>\n
QUINTO.- Costas 26.- En aplicaci\u00f3n del art. 398.1 LEC se condena a la parte apelante al pago de las costas del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
Vistos los art\u00edculos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n, en virtud de la potestad jurisdiccional concedida por la soberan\u00eda popular y en nombre del Rey FALLAMOS I.- DESESTIMAR el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el Procurador de los Tribunales D. EDUARDO RAM\u00d3N L\u00d3PEZ CRUZ, en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Puri\ufb01cacion , frente a la sentencia de 2 de junio 2020 dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 6 (Familia) de Bilbao en el procedimiento de divorcio n\u00ba 777\/2019.<\/p>\n
II.- DECRETAR la p\u00e9rdida para el apelante del dep\u00f3sito consignado para recurrir.<\/p>\n
III.- CONDENAR a la parte apelante al pago de las costas del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
MODO DE IMPUGNACION: Contra la presente resoluci\u00f3n cabe interponer recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PA\u00cdS VASCO, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC).<\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 interponerse recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC).<\/p>\n
Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y de 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n<\/p>\n
admitidos a tr\u00e1mite. Los dep\u00f3sitos se constituir\u00e1n consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco de Santander con el n\u00famero 4704 0000 00 1349 20. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n y c\u00f3digo 04 para el recuso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n
Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos. ______________________________________________________________________________________________________________ Ebazpen honen testua zabaldu ahal izan izango zaie ebazpena eman den prozesuan interesdunak ez diren alderdiei, soilik baldin eta aurretiaz disoziatu badira testu horretako izaera pertsonaleko datuak eta erabat errespetatu badira intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia duten pertsonen eskubideak edota biktimen edo kaltedunen anonimotasunaren bermea, bidezkoa denean.<\/p>\n
Ebazpen honetako datu pertsonalak ezingo dira laga, ezta ezagutarazi ere, legeen aurkakoak diren helburuekin. _____________________________________________________________________________________________________________ PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Magistrados que la \ufb01rman, y le\u00edda por el Ilmo. Magistrado Ponente el d\u00eda 25 de enero de 2021, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certi\ufb01co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La sentencia de divorcio impone el pago del IBI a la usuaria de la vivienda seg\u00fan art. 12.9 LRFPV y el pago de alimentos desde la interposici\u00f3n de la sentencia y no desde la firma del convenio puesto que fue firmado pero no ratificado y los conyuges continuaron convivienda no surtiendo efectos del art. 1315 y 1316. Haciendo menci\u00f3n a la jurisprudencia sobre convenio regulador firmado y no ratificado.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2395,2396,665,2397,2394,2399,2398],"materia":[1173],"organo":[1884],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13475","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-contribucion-alimenticia","tag-convivencia","tag-divorcio","tag-firma-convenio-regualdor","tag-ibi","tag-materias-disponibles-y-no-disponibles","tag-no-ratificado","materia-ley-7-2015-de-30-de-junio-de-relaciones-familiares-en-supuestos-de-separacion-o-ruptura-de-los-progenitores","organo-seccion-4a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13475","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13475"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13475"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13475"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13475"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}