BARROETA ALDAMAR 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001 Tel.: 94-4016666 Fax \/ Faxa: 94-4016992 N.I.G. P.V. \/ IZO EAE: 48.04.2-13\/030716 N.I.G. CGPJ \/ IZO BJKN :48.020.42.1-2013\/0030716 A.p.ordinario L2 49\/2015 O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia : Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 13 de Bilbao \/ Bilboko Lehen Auzialdiko 13 zk.ko Epaitegia Autos de Procedimiento ordinario 1496\/2013(e)ko autoak Recurrente \/ Errekurtsogilea: Pedro Miguel Procurador\/a \/ Prokuradorea: PEDRO MARIA SANTIN DIEZ Abogado\/a \/ Abokatua: JOSE LUIS SADABA SUAREZ Recurrido\/a \/ Errekurritua : Flor y Desiderio Procurador\/a \/ Prokuradorea: PAULA BASTERRECHE ARCOCHA y SIN PROCURADOR Abogado\/a \/ Abokatua: KARMELO RUIZ DE ALEGRIA MARTIN SENTENCIA N\u00ba: 103\/15 ILMAS. SRAS.<\/p>\n
D\u00f1a. MAR\u00cdA ELISABETH HUERTA S\u00c1NCHEZ D\u00f1a. LEONOR CUENCA GARC\u00cdA D\u00f1a. MAGDALENA GARC\u00cdA LARRAGAN En BILBAO, a veinticinco de mayo de dos mil quince.<\/p>\n
En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Vistos por la Secci\u00f3n 5\u00aa de esta Audiencia Provincial en grado de apelaci\u00f3n, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO N\u00ba 1496\/13 seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 13 de Bilbao y del que son partes como demandante Flor , representada por la Procuradora Sra. Basterreche Arcocha y dirigida por el Letrado Sr. Ruiz de Alegr\u00eda Mart\u00edn y como demandada Pedro Miguel , representado por el Procurador Sr. Sant\u00edn D\u00edez y dirigido por el Letrado Sr. Sabada Su\u00e1rez y Desiderio , en situaci\u00f3n procesal de rebeld\u00eda, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada D\u00aa LEONOR CUENCA GARC\u00cdA.<\/p>\n
Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.<\/p>\n
PRIMERO.- Por el Juzgador de primera instancia se dict\u00f3 con fecha 8 de noviembre de 2014 sentencia cuya parte dispositiva dice literalmente:<\/p>\n
” Estimo parcialmente la demanda deducida por la representaci\u00f3n procesal de Flor contra Desiderio y Pedro Miguel y 1. Declaro la nulidad de la garant\u00eda hipotecaria sobre la vivienda de la actora, sita en la TRAVESIA000 n\u00ba NUM000 de Bilbao, concedida mediante escritura p\u00fablica de 16 de enero de 2008 por Desiderio en nombre de Flor a favor de Pedro Miguel , por inexistencia de consentimiento de la propietaria al haberse realizado por el Sr. Desiderio sin ostentar su leg\u00edtima representaci\u00f3n, haciendo uso de un poder notarial t\u00e1citamente revocado.<\/p>\n
2. Ordeno la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dicha garant\u00eda hipotecaria en el Registro de la Propiedad n\u00ba 6 de Bilbao, libr\u00e1ndose el oportuno mandamiento.<\/p>\n
3. No ha lugar a declarar la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria n\u00ba 115\/08 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Bilbao para la ejecucion de hipoteca cuya nulidad se declara en esta resoluci\u00f3n, sin perjuicio de solicitar esta declaracion ante el mencionado Juzgado.”.<\/p>\n
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de Pedro Miguel y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitaci\u00f3n y emplazamiento de las partes.<\/p>\n
TERCERO.- Seguido este recurso por sus tr\u00e1mites se se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 13 de mayo de 2015 para su votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n
Con fecha 20 de mayo de 2015 se dict\u00f3 diligencia de constancia del siguiente tenor literal:<\/p>\n
” La extiendo yo, la Secretario Judicial, para hacer constar que que habi\u00e9ndose recibido los autos de Juicio Ordinario 1496\/13 del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba13 de Bilbao, con el CD relativo Procedimiento n\u00ba34\/12 de la Secci\u00f3n 1\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizkaia roto, solicitada una copia del mismo se ha recibido en el d\u00eda de hoy junto testimonio del Acta de Vista, que queda unido en el lugar correspondiente de las actuaciones.<\/p>\n
Doy fe.”.<\/p>\n
CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y t\u00e9rminos legales, haci\u00e9ndose constar que la duraci\u00f3n de la grabaci\u00f3n del Cd correspondiente al tr\u00e1mite de audiencia previa es la de 27 minutos y 36 segundos y la del del acto de juicio es la de 65 minutos y 25 segundos.<\/p>\n
PRIMERO.- La parte apelante, codemandado en la instancia, interesa la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida y que en su lugar se dicte otra por la que, tras una adecuada valoraci\u00f3n de la prueba practicada y aplicaci\u00f3n del derecho, se desestime la demanda planteada, con expresa imposici\u00f3n de las costas a la parte actora.<\/p>\n
Y ello por entender que el an\u00e1lisis de la sentencia de instancia ha de partir del hecho de que el poder en su d\u00eda otorgado por la actora al demandado Sr. Desiderio en el a\u00f1o 1991, es usado por el mismo en el a\u00f1o 2008 para obtener un pr\u00e9stamo por esta parte que se garantiza con la vivienda de aqu\u00e9lla sobre la que se constituye una hipoteca, la cual es objeto de ejecuci\u00f3n ante el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de pr\u00e9stamo, de modo que tal situaci\u00f3n determina una doble actuaci\u00f3n de la Sra. Flor :<\/p>\n
I.- la tramitaci\u00f3n de un proceso penal en el que fueron absueltos ambos demandados del delito de estafa y falsedad documental en virtud de sentencia de fecha 17 de octubre de 2012 dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Secci\u00f3n Primera , que devino \ufb01rme al no ser admitido el recurso de casaci\u00f3n contra ella interpuesto.<\/p>\n
Sentencia que es analizada por la Juzgadora de instancia, con nueva valoraci\u00f3n, lo que le lleva a apartarse de lo que la Sala penal concluy\u00f3, pues si bien ambas resoluciones estiman que el poder otorgado en el a\u00f1o 1991 fue v\u00e1lido, en el presente litigio se entiende, y ello no se consider\u00f3 en el proceso penal en el que se valora que<\/p>\n
se trata de un poder no sujeto a condici\u00f3n, que obedeci\u00f3 no a que el Sr. Desiderio fuera el due\u00f1o real de la vivienda, sino a la relaci\u00f3n de con\ufb01anza y de pareja entre las partes, lo cual es obvio que esta parte no ten\u00eda modo alguno de conocer ni puede exig\u00edrsele que indague al respecto, lo que ni siquiera consider\u00f3 el Juzgador penal, sobre todo si se tiene en cuenta la diversa postura de ambos al respecto en el proceso penal, negando el Sr. Desiderio la relaci\u00f3n personal e insistiendo en la propiedad de la vivienda, frente a la postura contraria de la Sra. Flor .<\/p>\n
II.- la tramitaci\u00f3n del presente proceso en el que solicita como pretensi\u00f3n principal: La nulidad radical del poder para formalizar garant\u00eda hipotecaria, subsistiendo el resto de las condiciones del pr\u00e9stamo entre los contratantes.<\/p>\n
La Juzgadora al decidir sobre ello resulta incongruente, pues si tanto la sentencia penal como la resoluci\u00f3n ahora recurrida entienden que el poder es v\u00e1lido, debi\u00f3 desestimarse la citada pretensi\u00f3n y no conceder algo que no se hab\u00eda pedido como tal, cual es la nulidad de la garant\u00eda hipotecaria, vulnerando al as\u00ed hacerlo los principios dispositivo y de congruencia.<\/p>\n
Es m\u00e1s de la propia fundamentaci\u00f3n de la sentencia se deduce que ello es as\u00ed, cuando razona:” Por lo expuesto, la pretensi\u00f3n contenida en el punto 1 del suplico de la demanda debe prosperar. El suplico de la demanda literalmente pide la declaraci\u00f3n de nulidad radical del poder para formalizar la garant\u00eda hipotecaria, cuando lo que es nulo es la garant\u00eda hipotecaria en s\u00ed, el contrato formalizado ante notario, por inexistencia de consentimiento del propietario de la vivienda. El poder no es que sea nulo, es que se hab\u00eda revocado t\u00e1citamente y por tanto no era v\u00e1lido para vincular a la Sra. Flor . No obstante no se aprecia vicio de incongruencia en esta sentencia, toda vez que en la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de la demanda se hace expresa referencia a la revocaci\u00f3n t\u00e1cita del poder y a la nulidad del contrato de garant\u00eda hipotecaria por inexistencia de consentimiento y el demandado se ha defendido de estas alegaciones. “, siendo lo cierto que se concede algo distinto de lo pedido, apart\u00e1ndose de lo que era objeto de debate en la forma delimitada en la demanda, lo que causa indefensi\u00f3n a esta parte.<\/p>\n
En todo caso, en cuanto a la supuesta revocaci\u00f3n del poder el mismo no estaba sujeto a condici\u00f3n y no fue revocado, como aprecia la sentencia penal con una profusa valoraci\u00f3n de la prueba, no pudiendo entenderse que lo fue t\u00e1citamente como declara la Juzgadora de instancia, cuando adem\u00e1s de ser un pronunciamiento no interesado no se argumenta el porqu\u00e9 de tal conclusi\u00f3n ni desde cu\u00e1ndo ello se da, limit\u00e1ndose a razonar que el Sr. Desiderio lo deb\u00eda saber, ante las circunstancias personales de su otorgamiento, apoy\u00e1ndose para ello en lo manifestado por la Sra. Flor , que, por otra parte, no se ve corroborado por otro medio probatorio.<\/p>\n
Pero, es m\u00e1s aunque as\u00ed fuera esta parte no ten\u00eda modo de conocer, en su caso, la revocaci\u00f3n t\u00e1cita, pensemos que no hab\u00eda datos para sospechar de esa relaci\u00f3n en su d\u00eda de pareja que se hab\u00eda frustrado y determinado la revocaci\u00f3n t\u00e1cita del poder, cuando el Sr. Desiderio le dice que el piso es de su sobrina, que en los datos consta aqu\u00e9l como casado y la actora como soltera, el poder no era general sino solo para ese inmueble.., sorprendiendo que en la demanda se diga que el poder se agota cuando el d\u00eda 25 de abril de 1991 se otorga el pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria con La Caixa, lo que nada tiene que ver con la ruptura de la relaci\u00f3n personal a la que alude la Juzgadora, sin olvidar de la relaci\u00f3n con la hija de la actora que pudo servir de v\u00eda de comunicaci\u00f3n de la voluntad revocatoria.<\/p>\n
Finalmente, es evidente la buena fe de esta parte a quien no pueden imponerse las consecuencias de la nulidad de la hipoteca, cuando el poder, por lo razonado, es v\u00e1lido, y por ello no resulta aplicable el art. 1259 C\u00ba Civil , y quien no ten\u00eda razones para dudar de la validez del poder, dada la intervenci\u00f3n notarial y el deber que al respecto le impone el art. 145 RN, pues no cabe concluir una actuaci\u00f3n sospechosa de esta parte por no visitar la vivienda hipotecada, por no realizar su tasaci\u00f3n, o no comprobar su situaci\u00f3n posesoria y catastral, cuando la empresa Credit Services, S.A. era la encargada de la gesti\u00f3n del pr\u00e9stamo y su garant\u00eda, y quien llev\u00f3 a cabo las conversaciones con el Sr. Desiderio sobre ello, quien abona la consiguiente comisi\u00f3n, limit\u00e1ndose esta parte a aportar el dinero a prestar, tal y como se deduce de la profusa prueba documental del proceso penal y del presente.<\/p>\n
Es m\u00e1s, no es cierto que no exista tasaci\u00f3n, cuando se consigna el valor de tasaci\u00f3n de la vivienda en la escritura, y no se ha rebatido que sea incorrecto; que no se comprobara su situaci\u00f3n posesoria, cuando se realiza desde fuera una inspecci\u00f3n ocular y cuando no se ha probado qui\u00e9n la ocupaba a la fecha de la escritura de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria de 2008 y que esta parte se \ufb01ara de una fotocopia del poder, pues no se prueba que fuera tal lo que se exhibe al Notario que lo admite.<\/p>\n
De lo considerado se in\ufb01ere que el pleito se resuelve ampar\u00e1ndose en sospechas y no en prueba, siendo evidente la buena fe de esta parte que es quien ha resultado perjudicada al no obtener la devoluci\u00f3n del capital prestado y perder la garant\u00eda, que se queda en poder de la actora y aqu\u00e9l en poder del codemandado Sr.<\/p>\n
Desiderio , que no se persona en el presente litigio y sobre quienes deber\u00edan recaer las sospechas.<\/p>\n
De igual modo de la lectura de la demanda se in\ufb01ere que la nulidad pretendida del contrato de pr\u00e9stamo que une a los codemandados concertado el d\u00eda de 16 de enero de 2008 en escritura p\u00fablica, no se funda en la supuesta revocaci\u00f3n de poder sino en el supuesto car\u00e1cter leonino y usuario del mismo, todo lo cual obvia la sentencia de instancia que no analiza los motivos aducidos por la actora sino que declara la nulidad del pr\u00e9stamo por razones diversas a las debatidas, habiendo insistido esta parte en la necesidad del respeto al principio de congruencia, nunca se debati\u00f3 el que el poder pudiera estar revocado al momento de la celebraci\u00f3n del contrato, pues de ser as\u00ed y ello hubiera sido la cuesti\u00f3n litigiosa se hubiera propuesta la declaraci\u00f3n testi\ufb01cal del Notario autorizante.<\/p>\n
Pero, es que, adem\u00e1s, en cualquier caso, resulta necesario determinar la realidad y alcance de la revocaci\u00f3n del poder, su fecha y el conocimiento del mandatario de tal, como establece el art. 1975 en relaci\u00f3n con el art.<\/p>\n
1978 del C\u00ba Civil , lo cual no se ha acreditado ya que la actora data tal cuando tras su otorgamiento el d\u00eda 27 de febrero de 1991, se otorga con fecha 25 de abril de 1991 la escritura de pr\u00e9stamo hipotecario con La Caixa, mientras que la Juzgadora considera que se da al darse la ruptura de las relaciones de pareja, lo cual es ese mismo a\u00f1o, al parecer, y curiosamente en fechas cercanas, sin prueba del conocimiento por el mandatario de tal revocaci\u00f3n, siendo indiscutible la buena fe de esta parte frente a la dubitativa declaraci\u00f3n de la Sra. Flor en datos esenciales ( cu\u00e1ndo compr\u00f3 el piso, el destino del pr\u00e9stamo ), lo que no ha merecido duda de su credibilidad en la sentencia de instancia.<\/p>\n
Finalmente, la Juzgadora para fundar su decisi\u00f3n aplica una sentencia que no es igual al supuesto de autos, pues se trataba de un matrimonio, con poderes rec\u00edprocos, y de un poder con \ufb01nalidad solutoria, lo que no concurre en el presente caso, pues la relaci\u00f3n era extramarital, la Sra. Flor no ten\u00eda poder del Sr. Desiderio y el otorgado no se expresa la causa, y desde luego no hay manifestaci\u00f3n clara y contundente de la poderdante de negativa a su uso.<\/p>\n
SEGUNDO.- Delimitado el objeto de la presente resoluci\u00f3n en el fundamento de derecho precedente, frente a lo alegado por la parte apelada en su escrito de oposici\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el art. 458 in \ufb01ne en relaci\u00f3n con el art. 461 LECn ., no hay causa alguna de inadmisibilidad, pues aduciendo que no se han cumplido los requisitos del art. 458 n\u00ba 2 LECn ., al no citarse en el recurso ni impugnarse ning\u00fan pronunciamiento de la sentencia recurrida, que consta de dos estimatorios y otro desestimatorio, limit\u00e1ndose la parte apelante a reproducir lo alegado en su escrito de contestaci\u00f3n y a combatir la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica de la Juzgadora de instancia, lo cierto es que de la lectura del escrito de interposici\u00f3n se evidencia que lo que se impugna es la sentencia en su integridad, y por ello todos los pronunciamientos que contiene su parte dispositiva, pretendiendo la desestimaci\u00f3n de la demanda que ya interesaba en su escrito de contestaci\u00f3n.<\/p>\n
Es por ello, que si bien cuando en su momento antes de la reforma de la LECn. por la Ley 37\/2011 de 10 de octubre, el recurso de apelaci\u00f3n estaba sujeto a dos fases la del escrito de preparaci\u00f3n en la que la determinaci\u00f3n de los pronunciamientos impugnados era esencial al ser este momento, el l\u00edmite temporal para su alegaci\u00f3n, pues en la fase de interposici\u00f3n del recurso, en su escrito, se deb\u00eda desarrollar y argumentar f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente el porqu\u00e9 de la discrepancia, pudiendo aquellos reducirse al renunciar a alguno de los inicialmente impugnados, pero no ampliarlos, motivo por el cual su concreta determinaci\u00f3n, entonces, era importante, hoy d\u00eda tal carece de esa relevancia cuando en el mismo escrito se da la impugnaci\u00f3n y su desarrollo y a su tenor deber\u00e1 estarse, por lo que desde una interpretaci\u00f3n de los requisitos procesales acorde al art. 24 CE y art. 11 LPOJ, ninguna causa de inadmisibilidad se aprecia en el presentado por la aseguradora ejecutada quien espec\u00ed\ufb01ca a lo largo del escrito de interposici\u00f3n los motivos de discrepancia con la resoluci\u00f3n recurrida y lo que de esta Sala pretende al respecto, a lo que se contesta convenientemente por la parte apelada en su escrito de oposici\u00f3n, y a quien, por ello, ninguna indefensi\u00f3n se le ha causado ( Auto de esta Sala de 12 de febrero de 2014 , entre otras resoluciones) TERCERO.- Estim\u00e1ndose procedente el an\u00e1lisis del recurso de apelaci\u00f3n, antes de determinar lo ajustado a derecho o no de la resoluci\u00f3n recurrida cuando estima la demanda y declara la nulidad de la hipoteca sobre la vivienda sita en Bilbao TRAVESIA000 n\u00ba NUM000 NUM001 como consecuencia de entender revocado el poder en su d\u00eda otorgado por la actora al demandado Sr. Desiderio , que usa para hipotecar la vivienda el d\u00eda de 16 de enero de 2008, se ha de considerar la existencia o no de la infracci\u00f3n procesal que denuncia la parte apelante, cual es la existencia de incongruencia en la resoluci\u00f3n al conceder algo que distinto de lo solicitado en la demanda, en la que se pretend\u00eda la nulidad radical del poder para formalizar garant\u00eda hipotecaria, subsistiendo el resto de las condiciones del pr\u00e9stamo entre los contratantes, que funda, adem\u00e1s, en un relato f\u00e1ctico diverso del de la demanda, pese a lo cual no se interesa su nulidad con devoluci\u00f3n de los autos para el dictado de otra resoluci\u00f3n, por lo que de conformidad con el art. 240 n\u00ba 2 LOPJ y art. 227 n\u00ba 2 LECn no podr\u00eda esta Sala declararla aunque apreciara la infracci\u00f3n denunciada, por cuanto que aqu\u00e9lla se ha de hacer valer por medio de los recursos, y s\u00f3lo podr\u00eda decretarse de o\ufb01cio si apreci\u00e1ramos falta de<\/p>\n
jurisdicci\u00f3n, de competencia objetiva o funcional o se hubiere producido violencia o intimidaci\u00f3n que afectare al \u00f3rgano judicial.<\/p>\n
Esta Sala en sus sentencias de 16 de junio y 9 de octubre de 2014 , con cita de anteriores resoluciones al re\ufb02exionar sobre la cuesti\u00f3n ahora planteada, en concreto sobre el signi\ufb01cado y alcance del deber de congruencia en el dictado de las resoluciones judiciales y su relaci\u00f3n con el car\u00e1cter devolutivo del recurso de apelaci\u00f3n, declaraba:.<\/p>\n
” As\u00ed sobre:<\/p>\n
I.- El deber de congruencia y motivaci\u00f3n en el dictado de las resoluciones judiciales.<\/p>\n
Esta Sala, entre otras sentencias, en la dictada con fecha 24 de febrero de 2014 , citando otras anteriores, declaraba lo siguiente:<\/p>\n
” a.- Doctrina general.<\/p>\n
Esta Sala, de manera reiterada en sus resoluciones, entre otras, en sus sentencias de 25 de marzo , 26 de setiembre y 9 de octubre y 13 de diciembre de 2013 al re\ufb02exionar sobre ello ha declarado lo siguiente:<\/p>\n
“…Igualmente, no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha establecido de modo reiterado que el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los \u00f3rganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los t\u00e9rminos en que aparezcan planteadas ( art. 218 , 208 y 209 y art. 11 y 248 n\u00ba 3 LOPJ ), de modo que tal deber se vulnera tanto si no se responde a las cuestiones planteadas ( incongruencia omisiva ) como si se resuelven cuestiones no planteadas respecto de las que partes no han tenido oportunidad de defenderse, no respet\u00e1ndose, por tanto, el principio de contradicci\u00f3n (incongruencia extra petitum), siempre que se d\u00e9 una alteraci\u00f3n de los t\u00e9rminos del debate que cause indefensi\u00f3n a las partes con relevancia constitucional y que no se pueda hablar de una desestimaci\u00f3n t\u00e1cita. Mas, para que tal declaraci\u00f3n se d\u00e9 es preciso que la cuesti\u00f3n no resuelta haya sido efectivamente planteada en el momento procesal oportuno y que se d\u00e9 una ausencia de respuesta razonada, bien entendido que se ha considerado como v\u00e1lida constitucionalmente la respuesta gen\u00e9rica a la cuesti\u00f3n planteada, la no resoluci\u00f3n de pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisi\u00f3n que se adopte respecto a otras tambi\u00e9n planteadas en el proceso, que al ser de enjuiciamiento preferente, por su naturaleza (ej. una excepci\u00f3n dilatoria cuya estimaci\u00f3n obvia el an\u00e1lisis del tema de fondo) o por su conexi\u00f3n procesal, hacen innecesario su pronunciamiento sobre aquellas otras ; o, atendiendo a las circunstancias del caso se pueda a\ufb01rmar que el silencio puede suponer desestimaci\u00f3n t\u00e1cita su\ufb01ciente, si bien en tales casos es necesario que as\u00ed pueda deducirse de otros razonamientos de la sentencia o pueda apreciarse que la respuesta expresa no era necesaria e imprescindible (TC 1\u00ba S 122\/94 de 25 de Abril ; S 169\/94 de 6 de Junio , S 87\/94 de 14 de Marzo ;<\/p>\n
S. 47\/1997 de 11 de Marzo ; S.111\/1997 de 3 de Junio , TC 2\u00ba S 91\/95 de 19 de Junio y S 146\/95 de 16 de Octubre ; S 4\/1994 de 17 de Enero , entre otras), ya que no debe olvidarse que el art. 24 n\u00ba 2 de la C.E . reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener una respuesta judicial motivada, razonable y coherente a sus pretensiones, siempre que \u00e9stas se ejerciten con cumplimiento de los requisitos de procedibilidad legalmente establecidos. Este deber de motivaci\u00f3n que se reitera en el art. 120 n\u00ba 3 de la Constituci\u00f3n , en los art\u00edculos 11 y 248 L.O.P. J . y en el art. 206 a 209 LECn , consiste en el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, sin que sea exigible una extensi\u00f3n determinada, y sin que el Juez o Tribunal est\u00e9 obligado a realizar una exhaustiva descripci\u00f3n del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, siendo su\ufb01ciente el que tales razones se expresen de modo que pueda entenderse el porqu\u00e9 de lo resuelto. Este deber tiene como \ufb01nalidad no s\u00f3lo garantizar el conocimiento del porqu\u00e9 de una decisi\u00f3n judicial, sino tambi\u00e9n facilitar su control a trav\u00e9s de los recursos establecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, de manera que se pueda comprobar que aqu\u00e9lla es fruto de un proceso racional y no de una decisi\u00f3n arbitraria, m\u00e1xime cuando el art. 9 n\u00ba 3 C.E . proh\u00edbe la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos. En de\ufb01nitiva, pretende que el ciudadano conozca la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial, y tambi\u00e9n que el \u00f3rgano judicial que resuelva el eventual recurso que se interponga contra aqu\u00e9lla, sepa las razones que llevaron al Juzgador a dictarla y pueda as\u00ed vistas las alegaciones de las partes, considerar si al misma es ajustada a Derecho o no.<\/p>\n
A lo hasta ahora razonado, ha de considerarse que el proceso civil por su naturaleza est\u00e1 sometido al principio de rogaci\u00f3n o justicia rogada ( art. 216 LECn ).”.<\/p>\n
Al respecto el Tribunal Supremo, Sala Primera en su sentencia de 2 de setiembre de 2009 declara ” Como dice la sentencia de 24 de septiembre de 2008 \u00ab la argumentaci\u00f3n que precede al solemne pronunciamiento judicial dota a la sentencia de la “auctoritas” y le proporciona la fuerza de la raz\u00f3n, de manera que la motivaci\u00f3n, que se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva, tiene la doble funci\u00f3n de dar a conocer las re\ufb02exiones que conducen al fallo y facilitar su control a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, favoreciendo un m\u00e1s completo derecho a la defensa en juicio y como un elemento preventivo de la arbitrariedad (…), que implica la carencia de<\/p>\n
fundamento alguno de raz\u00f3n o de experiencia, convirtiendo en caprichoso el comportamiento humano, cuyas pautas han de ser la racionalidad, la coherencia y la objetividad ( STC n\u00famero 325\/1994, de 12 de diciembre )”.<\/p>\n
Por tanto de lo dicho, cabe concluir que la motivaci\u00f3n de una sentencia es simplemente la fundamentaci\u00f3n coherente con el fallo, es decir la justi\ufb01caci\u00f3n que lleva al Tribunal a la estimaci\u00f3n o desestimaci\u00f3n de las pretensiones de las partes, sin que pueda decirse que una sentencia carece de la misma porque se est\u00e9 en desacuerdo con ella ( T.S. Sala Primera, S.1 de julio de 2010 , 18 de marzo , 18 de abril y 30 de julio de 2013 “.<\/p>\n
Es m\u00e1s, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 8 de julio de 2013 , reitera la doctrina antes indicada cuando al respecto declara:<\/p>\n
“Con mayor detalle, las sentencias de 8 marzo 2013 y 18 abril del mismo a\u00f1o dicen:<\/p>\n
La jurisprudencia ha sido muy reiterada en este tema; as\u00ed, sentencias de 11 octubre 2004 , 1 de julio de 2011 , 21 septiembre 2011 , 7 noviembre 2011 , 2 noviembre 2012 , que dicen: No exige la argumentaci\u00f3n pormenorizada de cada uno de los puntos – hechos y alegaciones- que han surgido en el proceso, sino la fundamentaci\u00f3n del fallo de la sentencia, quedando justi\ufb01cado \u00e9ste por la exposici\u00f3n, dando a las partes las razones de la decisi\u00f3n, lejos del arbitrio judicial. En este sentido, dice la sentencia de 11 de octubre de 2004 que la motivaci\u00f3n de las sentencias, como se\u00f1ala la del Tribunal Constitucional 213\/2.003, de 1 de diciembre , al interpretar las normas de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola sobre la misma, constituye adem\u00e1s de un deber constitucional de los Jueces, un derecho de quienes intervienen en el proceso, protegido por la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. Al primer aspecto se re\ufb01ere la sentencia del mismo Tribunal 35\/2002, de 11 de febrero , tras la 24\/1990, de 15 de febrero , para poner de mani\ufb01esto que la exigencia de motivaci\u00f3n est\u00e1 directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho ( art\u00edculo 1.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola ) y con el car\u00e1cter vinculante que, para Jueces y Magistrados, tiene la Ley, a cuyo imperio est\u00e1n sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional ( art\u00edculo 117.1.3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola ), ya que hay que dar raz\u00f3n del derecho judicialmente interpretado y aplicado, con lo que se cumple tanto la \ufb01nalidad de evidenciar que el fallo es una decisi\u00f3n razonada en t\u00e9rminos de derecho, como con la de hacer posible el control jurisdiccional de la resoluci\u00f3n por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento. El segundo aspecto es tratado en la sentencia 196\/2003, de 27 de octubre , seg\u00fan la que el derecho a obtener una resoluci\u00f3n fundada, favorable o adversa, como garant\u00eda frente a la arbitrariedad, exige que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cu\u00e1les han sido los criterios jur\u00eddicos que fundamentan la decisi\u00f3n. “. b.- El deber de congruencia en el dictado de nuestras resoluciones que nos impone el art. 218 LECn . y la aplicaci\u00f3n de los aforismos cl\u00e1sicos de iura novit curia y dabo mihi factum dabo tibi ius.<\/p>\n
En nuestra sentencia de 13 de diciembre de 2013 al respecto declar\u00e1bamos:<\/p>\n
” El art. 218 n\u00ba 1 LECn establece que ” El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolver\u00e1 conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”, El concepto de la causa de pedir ( \u00abcausa petendi\u00bb) es uno de los que presentan contornos m\u00e1s difusos en el \u00e1mbito del Derecho Procesal. La actual Ley de Enjuiciamiento Civil, frente a la anterior de 1881, que nada dec\u00eda sobre ello, se viene a referir expresamente a la misma cuando alude al requisito de congruencia de las sentencias en su art\u00edculo 218 . La causa de pedir est\u00e1 integrada por un doble aspecto: f\u00e1ctico y jur\u00eddico. El primero (fundamentos de hecho) no plantea verdaderos problemas en tanto que los hechos los han de aportar las partes al proceso, sin que el tribunal pueda buscarlos fuera de las alegaciones efectuadas; que podr\u00e1n serlo, adem\u00e1s y por lo general, \u00fanicamente en el momento procesal previsto para ello, salvo el caso de hechos nuevos o de nueva noticia o el de algunos procesos especiales en que prima el inter\u00e9s p\u00fablico. Pero s\u00ed plantea mayores problemas el aspecto jur\u00eddico de la causa de pedir, porque la propia Ley (art\u00edculo 218) habla de que el tribunal no puede acudir para resolver la contienda a fundamentos de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, aunque s\u00ed a distintas normas jur\u00eddicas. Por \u00abcausa petendi\u00bb se entiende el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jur\u00eddica pretendida por la parte actora, tal como aparecen formulados en la demanda. La identidad objetiva de la acci\u00f3n queda determinada por la causa de pedir y el \u00abpetitum\u00bb . La \u00abcausa petendi\u00bb es la relaci\u00f3n f\u00e1ctica en que se apoyan las pretensiones de la demanda y que se concretan en la acci\u00f3n o acciones que se ejercitan, por lo que el juzgador ha de atender para fallar a \u00e9stas, no a los fundamentos jur\u00eddicos aducidos como sost\u00e9n de las mismas, que pueden perfectamente ser otros, y que necesariamente ha de conocer ( \u00abiura novit curia\u00bb ) y de ah\u00ed que pueda variar aqu\u00e9llos siempre que no se var\u00ede la acci\u00f3n ejercitada. La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jur\u00eddica pretendida por la parte actora o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jur\u00eddicamente relevantes para fundar la pretensi\u00f3n, o t\u00edtulo que sirve de base al derecho reclamado. La causa de pedir no se identi\ufb01ca con las acciones de las que se vale el actor en defensa de sus derechos sino que propiamente lo que conforma la \u00abcausa petendi\u00bb , son los hechos decisivos y concretos o los t\u00edtulos que<\/p>\n
conforman el derecho reclamado y avalan la tutela judicial que se postula, integrando la raz\u00f3n de pedir [ Ts.<\/p>\n
24 de noviembre de 2011 (Roj: STS 8007\/2011, recurso 1905\/2008 ), 9 de diciembre de 2004 (RJ Aranzadi 8120), 15 de julio de 2004 (RJ Aranzadi 4690), 15 de junio de 2004 (RJ Aranzadi 3842), 12 de julio de 2003 (RJ Aranzadi 5834), 15 de noviembre de 2001 (RJ Aranzadi 9457), 3 de mayo de 2000 (RJ Aranzadi 3191) y las que en ellas se citan abundantemente].<\/p>\n
La congruencia impone al \u00f3rgano jurisdiccional la necesidad de limitarse a resolver sobre lo que se le ha planteado con estricta sujeci\u00f3n a los hechos alegados en los escritos rectores del proceso y a la clase de acci\u00f3n que se ejercita en la demanda en relaci\u00f3n con aquellos, pero en absoluto impide al tribunal concluir que la pretensi\u00f3n formulada requiere un enfoque jur\u00eddico distinto al dado por las propias partes, pues ello no afecta a la causa de pedir [ Ts. 4 de marzo de 2011 (Roj: STS 1011\/2011, recurso 206\/2008 ), 29 de junio de 2010 (Roj: STS 3335\/2010 )].<\/p>\n
La incongruencia de la sentencia se producir\u00e1 cuando no se respeta la causa de pedir y lo pedido, incurriendo en desviaci\u00f3n procesal; o en los supuestos en que la aplicaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica no invocada provoca la indefensi\u00f3n de quien no puede pensar en los argumentos que signi\ufb01quen su aplicaci\u00f3n [ Ts. 24 de noviembre de 2011 (Roj: STS 8007\/2011, recurso 1905\/2008 ), 4 de marzo de 2011 (Roj: STS 1011\/2011, recurso 206\/2008 ), 28 de junio de 2010 (Roj: STS 3954\/2010 )]. El Tribunal Constitucional ha declarado que el Juzgador no puede alterar de o\ufb01cio la acci\u00f3n ejercitada, \u00abpues, si tras haber ejercitado una acci\u00f3n y producido una defensa frente a ella el \u00f3rgano judicial estimase otra acci\u00f3n diferente, la resoluci\u00f3n judicial se habr\u00eda dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre el punto en que ahora viene a situar el juzgador el “thema decidendi”… \u00bb ( sentencia del Tribunal Constitucional n\u00famero 222\/1994 ).<\/p>\n
Los fundamentos de hecho a que se re\ufb01ere el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son los esenciales que fundamentan la pretensi\u00f3n, que son los que integran la \u00abcausa petendi\u00bb , de la que el Tribunal no puede apartase precisamente porque dejar\u00eda en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n a la otra parte que l\u00f3gicamente, de acuerdo con las normas que rigen el proceso, habr\u00e1 fundado su posici\u00f3n sobre los fundamentos de hecho y de derecho efectivamente alegados. Aunque la congruencia es compatible con la utilizaci\u00f3n por el \u00f3rgano judicial del principio tradicional \u00abiura novit curia\u00bb (que permite modi\ufb01car el fundamento jur\u00eddico), pero sin variar sustancialmente la \u00abcausa petendi\u00bb o sustituir las cuestiones debatidas por otras distintas [ sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010 (Roj: STS 6369\/2010, recurso 517\/2006 ), 15 de noviembre de 2010 (Roj: STS 6113\/2010, recurso 1205\/2007 ), 20 de octubre de 2010 (Roj: STS 5566\/2010, recurso 180\/2007 ) y 21 de septiembre de 2010 (Roj: STS 4571\/2010 )]. “.<\/p>\n
Por otro lado, el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 4 de octubre de 2011 , sobre esta cuesti\u00f3n declara:<\/p>\n
” Es cierto que el deber de conocer el Derecho y de juzgar conforme al mismo que a los Jueces y Tribunales impone el art. 7 del C\u00ba Civil , como regla permite al tribunal fundar su decisi\u00f3n en preceptos jur\u00eddicos distintos de los invocados y aplicar la norma material que entiende adecuada para la decisi\u00f3n del caso, pero el Tribunal no puede decidir qu\u00e9 tutela otorga a la demandante de entre todas las posibles, ya que lo impide el principio de congruencia que impone el art\u00edculo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y menos a\u00fan suplir la iniciativa de la parte a \ufb01n de completar el relato de hechos a\u00f1adiendo el Tribunal otros que no estaban consignados en la demanda con la su\ufb01ciente claridad como para no provocar indefensi\u00f3n de la contraria, que impide que la sentencia se aparte de la causa de pedir y veta la indefensi\u00f3n que puede derivar de dar a quien pide lo que justamente pide pero por causa diferente a la que pide..”.”.<\/p>\n
II.- El deber de congruencia y al \u00e1mbito del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
Esta Sala al resolver sobre cuestiones no planteadas convenientemente en el momento procesal oportuno, en sus sentencias de 17 de enero de 2012 y 25 de marzo , 17 de setiembre y 15 de octubre de 2013 , declar\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n
” Sobre los l\u00edmites del debate, esta Sala en reiteradas resoluciones, como en sus sentencias de 17 de Mayo y 14 y 19 de Julio de 2005 , 14 de febrero , 3 de mayo y 3 de octubre de 2006 , 6 de marzo y 16 de noviembre de 2007 , y 3 de abril y 6 de noviembre de 2008 , 29 de junio , 5 de julio y 8 de noviembre de 2010 y 4 de mayo de 2011 , entre otras, ha declarado lo siguiente:<\/p>\n
El art. 24 de la Constituci\u00f3n reconoce a todos los ciudadanos el derecho a obtener la tutela judicial de los derechos o intereses leg\u00edtimos de los que son o se consideran titulares. Derecho a ejercitar ante los Tribunales cumpliendo los requisitos que establecen las leyes procesales y que tiene en la demanda ( art. 399 LECn ) la primera actuaci\u00f3n dentro del proceso civil, si los derechos o intereses leg\u00edtimos son de tal naturaleza.<\/p>\n
Esto es la demanda como modo de iniciaci\u00f3n del proceso, \ufb01ja los que van a ser parte del mismo y establece los datos de hecho y Derecho sobre los que el demandante basa su petici\u00f3n, cuya tutela interesa del Tribunal,<\/p>\n
produci\u00e9ndose con ella una serie de efectos de Derecho material (interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva ( art.<\/p>\n
1973 C. Civil; constituci\u00f3n en menor ( art. 1100 C. Civil ) …); y de Derecho Procesal, como la llamada “perpetuatio iurisdictiones”, la \ufb01jaci\u00f3n del objeto del proceso que no puede modi\ufb01carse en lo sustancial ( art. 405 n\u00ba 2 y 412 LECn ), la imposibilidad mientras se sustancia, de un proceso posterior que tenga el mismo objeto (excepci\u00f3n de litis-pendencia); efectos en su conjunto derivados de la litis pendencia, es decir del planteamiento de un con\ufb02icto intersubjetivo jur\u00eddicamente trascendente ante los Tribunales; y sobre cuyo inicio ha discrepado y discrepan doctrina y Jurisprudencia, remitiendo los cl\u00e1sicos, en una concepci\u00f3n hoy ya superada por obedecer a la idea del proceso civil como instituci\u00f3n privada, al momento de la contestaci\u00f3n de la demanda por el demandado; mientras que la postura mayoritaria en la doctrina actual y la Jurisprudencia, lo hace al momento del emplazamiento, al reconducir los textos legales ( art. 62 n\u00aa 1 ; 68 LEC anterior; art. 1945) a tal momento, la mayor parte de los efectos indicados y por ser entonces cuando el demandado conoce la existencia del pleito; \ufb01nalmente alg\u00fan sector doctrinal y alguna sentencia del Tribunal Supremo (STS 25-2- 1983), lo anticipa al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, postura acorde con preceptos legales del C\u00ba.Civil ( art. 100 y 1973 C. Civil ) y con el concepto de tutela judicial del art. 24 CE , que hoy d\u00eda encuentra su apoyo legal en el art. 410 y 411 LECn .<\/p>\n
Uno de estos efectos, es la \ufb01jaci\u00f3n del objeto del proceso, debiendo entenderse que es entonces, cuando debe existir el derecho del que pretender ser titular el demandante, pues de no ser as\u00ed, decaer\u00eda su acci\u00f3n y ver\u00eda desestimarse su demanda, por cuanto que el principio de contradicci\u00f3n e igualdad entre las partes que en este tipo de juicios como en cualquiera de los dem\u00e1s \u00f3rdenes jurisdiccionales, quebrar\u00eda si se reconociera al demandante un derecho que haya surgido a lo largo de la causa, y frente al que el demandado disconforme no se puede defender, ya que su argumentaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, y su prueba se centrar\u00e1 sobre lo que fue objeto de demanda ( art. 405 n\u00ba 1 , 412 , 426 , 437 y 443 LECn , entre otros ).<\/p>\n
A la delimitaci\u00f3n as\u00ed establecida en la demanda ha de a\u00f1adirse aquellas cuestiones que sobre la pretensi\u00f3n ejercitada sean admitidas en la contestaci\u00f3n ( art. 405 n\u00ba 2 LECn ) o en el tr\u00e1mite de audiencia previa ( art. 414 y ss LECn ), y que por existir conformidad de las partes determinan la innecesariedad de la pr\u00e1ctica de prueba ( art. 281 n\u00ba 3 LECn ), lo que de igual modo puede hacerse extensivo a la reconvenci\u00f3n ( art. 406 LECn ), con la consiguiente aplicaci\u00f3n de esta doctrina al juicio verbal art. 437 y ss LECn .<\/p>\n
Desde esta perspectiva nos encontramos que en un proceso como el presente, juicio ordinario el debate queda delimitado con los escritos de demanda y contestaci\u00f3n y en su caso reconvenci\u00f3n y contestaci\u00f3n a la misma, sin que las partes puedan alterarlo posteriormente, tal y como prev\u00e9 el art. 412 n\u00ba 1 LECn , lo cual quiere decir que: a.- la facultad de efectuar alegaciones complementarias, que en el acto de audiencia previa, se prev\u00e9 para el juicio ordinario ( art. 426 LECn ) y que es factible en el acto de juicio del verbal ( art. 443 n\u00ba 1 a 3 LECn ), no debe entenderse en el sentido de formular pretensiones nuevas o motivos de defensa extempor\u00e1neos y s\u00ed simplemente de completar ” sin alterar sustancialmente ” ni las pretensiones ni los fundamentos de \u00e9stas. ( art. 426 LECn ), al igual que deben servir para poder hacer alguna precisi\u00f3n o alegaci\u00f3n que sirva para ayudar a la delimitaci\u00f3n del debate o refutar lo dicho por la contraparte.<\/p>\n
As\u00ed mismo la parte puede aclarar alg\u00fan punto oscuro o corregir alg\u00fan error padecido, pero siempre que se trate extremos secundarios de sus pretensiones y que no alteren \u00e9stas ni sus fundamentos. b.- el acaecimiento de un hecho nuevo a que se re\ufb01ere el art. 426 y 286 y ss LECn , con distintas fases procesales de alegaci\u00f3n, debe entenderse y admitirse siempre que, entre otros requisitos, sea de relevancia para la decisi\u00f3n del pleito, esto es que sirva de apoyo para la pretensi\u00f3n o motivo de defensa en su momento alegado, no que el mismo implique una pretensi\u00f3n o motivo diverso, y siempre que ello se d\u00e9 antes de comenzar el plazo para dictar sentencia. c.- no se han de tener en cuenta en la sentencia las innovaciones que, despu\u00e9s de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda, y en su caso a la reconvenci\u00f3n, excepto si la innovaci\u00f3n privare de\ufb01nitivamente de inter\u00e9s leg\u00edtimo las pretensiones que se hubieren dado en la demanda o en la reconvenci\u00f3n de existir, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa, en cuyo caso deber\u00e1 estarse a lo dispuesto en el art. 22 LECn . ( art. 413 LECn ).<\/p>\n
Por otro lado, el art. 426 n\u00ba 3 LECn , permite a la parte a\u00f1adir alguna petici\u00f3n accesoria o complementaria de las formuladas, en sus escritos, siempre y cuando la parte contraria lo admite, y en caso de no ser as\u00ed lo considere el Juez como posible por no impedir a la parte contraria ejercitar sus derechos de defensa en condiciones de igualdad. Esto es con ello lo que se busca es que dada la existencia del proceso, todas las cuestiones accesorias o complementarias derivadas de las pretensiones efectuadas inicialmente se resuelvan.<\/p>\n
De igual modo, la doctrina cient\u00ed\ufb01ca en consideraci\u00f3n y como resumen de lo alegado entiende que son admisibles las alegaciones de modi\ufb01caci\u00f3n de pretensiones siempre que re\u00fanan alguna de las caracter\u00edsticas siguientes:<\/p>\n
1) Consistir en una supresi\u00f3n o reducci\u00f3n de las pretensiones interpuestas.<\/p>\n
2) Suponer la extensi\u00f3n o ampliaci\u00f3n, cualitativa y cuantitativa, de las pretensiones, siempre que no alteren la petici\u00f3n inicial, sino que acompa\u00f1en a la misma por v\u00eda de aclaraci\u00f3n, conexi\u00f3n o deducci\u00f3n.<\/p>\n
Igualmente, no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha establecido de modo reiterado que el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los \u00f3rganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los t\u00e9rminos en que aparezcan planteadas ( art. 218 , 208 y 209 y art. 11 y 248 n\u00ba 3 LOPJ ), de modo que tal deber se vulnera tanto si no se responde a las cuestiones planteadas ( incongruencia omisiva ) como si se resuelven cuestiones no planteadas respecto de las que partes no han tenido oportunidad de defenderse, no respet\u00e1ndose, por tanto, el principio de contradicci\u00f3n (incongruencia extra petitum), siempre que se d\u00e9 una alteraci\u00f3n de los t\u00e9rminos del debate que cause indefensi\u00f3n a las partes con relevancia constitucional y que no se pueda hablar de una desestimaci\u00f3n t\u00e1cita. Mas, para que tal declaraci\u00f3n se d\u00e9 es preciso que la cuesti\u00f3n no resuelta haya sido efectivamente planteada en el momento procesal oportuno y que se d\u00e9 una ausencia de respuesta razonada, bien entendido que se ha considerado como v\u00e1lida constitucionalmente la respuesta gen\u00e9rica a la cuesti\u00f3n planteada, la no resoluci\u00f3n de pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisi\u00f3n que se adopte respecto a otras tambi\u00e9n planteadas en el proceso, que al ser de enjuiciamiento preferente, por su naturaleza (ej. una excepci\u00f3n dilatoria cuya estimaci\u00f3n obvia el an\u00e1lisis del tema de fondo) o por su conexi\u00f3n procesal, hacen innecesario su pronunciamiento sobre aquellas otras ; o, atendiendo a las circunstancias del caso se pueda a\ufb01rmar que el silencio puede suponer desestimaci\u00f3n t\u00e1cita su\ufb01ciente, si bien en tales casos es necesario que as\u00ed pueda deducirse de otros razonamientos de la sentencia o pueda apreciarse que la respuesta expresa no era necesaria e imprescindible (TC 1\u00ba S 122\/94 de 25 de Abril ; S 169\/94 de 6 de Junio , S 87\/94 de 14 de Marzo ; S. 47\/1997 de 11 de Marzo ;<\/p>\n
S.111\/1997 de 3 de Junio , TC 2\u00ba S 91\/95 de 19 de Junio y S 146\/95 de 16 de Octubre ; S 4\/1994 de 17 de Enero , entre otras), ya que no debe olvidarse que el art. 24 n\u00ba 2 de la C.E . reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener una respuesta judicial motivada, razonable y coherente a sus pretensiones, siempre que \u00e9stas se ejerciten con cumplimiento de los requisitos de procedibilidad legalmente establecidos. Este deber de motivaci\u00f3n que se reitera en el art. 120 n\u00ba 3 de la Constituci\u00f3n , en los art\u00edculos 11 y 248 L.O.P. J . y y en el art.<\/p>\n
206 a 209 LECn , consiste en el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, sin que sea exigible una extensi\u00f3n determinada, y sin que el Juez o Tribunal est\u00e9 obligado a realizar una exhaustiva descripci\u00f3n del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, siendo su\ufb01ciente el que tales razones se expresen de modo que pueda entenderse el porqu\u00e9 de lo resuelto. Este deber tiene como \ufb01nalidad no s\u00f3lo garantizar el conocimiento del porqu\u00e9 de una decisi\u00f3n judicial, sino tambi\u00e9n facilitar su control a trav\u00e9s de los recursos establecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, de manera que se pueda comprobar que aqu\u00e9lla es fruto de un proceso racional y no de una decisi\u00f3n arbitraria, m\u00e1xime cuando el art. 9 n\u00ba 3 C.E . proh\u00edbe la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos. En de\ufb01nitiva, pretende que el ciudadano conozca la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial, y tambi\u00e9n que el \u00f3rgano judicial que resuelva el eventual recurso que se interponga contra aqu\u00e9lla, sepa las razones que llevaron al Juzgador a dictarla y pueda as\u00ed vistas las alegaciones de las partes, considerar si al misma es ajustada a Derecho o no.<\/p>\n
A lo hasta ahora razonado, ha de considerarse que el proceso civil por su naturaleza est\u00e1 sometido al principio de rogaci\u00f3n o justicia rogada ( art. 216 LECn ).<\/p>\n
Este deber de congruencia no solo afecta al debate en la instancia sino tambi\u00e9n en la alzada en el \u00e1mbito del recurso de apelaci\u00f3n, habiendo declarado esta Sala sobre esta cuesti\u00f3n en reiteradas resoluciones ( S. 18 de mayo de 2004 y 17 y 25 de febrero y 6 y 12 de mayo de 2005, 18 de octubre de 2006, 16 de enero de 2007 y 4 de mayo de 2011, entre otras ), lo siguiente, siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Primera que, entre otras, en su sentencia de 17 de Julio de 2001 re\ufb02exionaba al respecto:<\/p>\n
” como dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 152\/1998, de 13 de julio , el recurso de apelaci\u00f3n con\ufb01ere plenas facultades al \u00f3rgano judicial ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un “novum indicium”; esta Sala, en sentencia de 15 de julio de 1998 dijo: La segunda instancia es una fase procesal que permite un nuevo examen completo de la cuesti\u00f3n litigiosa y una revisi\u00f3n de la sentencia dictada; la apelaci\u00f3n se extiende a todo el objeto de la primera instancia: as\u00ed se expresan literalmente las sentencias de esta Sala de 25 de noviembre de 1997, fundamento 1 \u00ba, y de 5 de mayo de 1997 , fundamento 3\u00ba, primer p\u00e1rrafo, reiterando lo ya expresado por las sentencias de 7 de junio de 1996 y 24 de enero de 1997, lo que hab\u00eda sido mantenido tambi\u00e9n por la sentencia del Tribunal Constitucional 3\/1996 , de 15 de enero. E insiste la de 28 de marzo del 2000: el recurso de apelaci\u00f3n es un<\/p>\n
recurso devolutivo utilizado contra sentencias de\ufb01nitivas con la \ufb01nalidad de su sustituci\u00f3n por entender la parte recurrente un error en el juicio.”<\/p>\n
As\u00ed mismo, la competencia del Tribunal de apelaci\u00f3n, dado el alcance que tiene la segunda instancia en la L.E.C. (car\u00e1cter devolutivo del recurso de apelaci\u00f3n), le coloca en una posici\u00f3n frente a los litigantes que ha de ser la misma que ocup\u00f3 el Juez de la instancia en el momento de decidir, sin que est\u00e9 autorizado para separarse de los t\u00e9rminos en los que el debate se desenvolvi\u00f3, debiendo conocer \u00edntegramente sobre la cuesti\u00f3n resuelta en la instancia, con plenitud de jurisdicci\u00f3n o de conocimiento, y pudiendo, por tanto, siempre con respeto al principio de congruencia (actual art. 218 LECn y art. 11 L.O.P.J .), revocar, adicionar, suplir o enmendar las sentencias recurridas, eso s\u00ed, con el \u00fanico limite adoptado por las partes en el recurso, respecto de aquellas cuestiones litigiosas que hayan devenido \ufb01rmes por allanamiento de las partes o conformidad, respecto de las cuales la sentencia ha devenido \ufb01rme y ha adquirido la autoridad de cosa juzgada (T.S. 1\u00aa S. 7 de Febrero y 14 de Marzo de 1.995 ; 30 de Diciembre de 1.994 , entre otras). Criterio \u00e9ste que se ve avalado en la nueva LEC de 7 de Enero de 2001, en su art. 456 n\u00ba 1 LEC .<\/p>\n
Si esto es as\u00ed, ello supone que el Tribunal deber\u00e1 respetar al igual que el Juzgador de instancia, los t\u00e9rminos del debate planteado entre las partes, los cuales se \ufb01jan en los escritos fundamentales del proceso, esto es, y para un proceso como el presente, juicio de ordinario, los de demanda y contestaci\u00f3n, sin que quepa, por tanto, plantear extempor\u00e1neamente cuestiones no suscitadas en ellos, puesto que producen indefensi\u00f3n y violan el principio de preclusi\u00f3n procesal, y que como tal implican cuestiones nuevas a ser desestimadas sin m\u00e1s. Desde esta premisa el Juzgador o el Tribunal se siente vinculado, no por los fundamentos de Derecho que alegan las partes (iura novit curia; dabo mihi factum dabo tibi ius), no produci\u00e9ndose incongruencia por el cambio del punto de vista respecto del mantenido por los interesados, sino por el respeto a la causa petendi, y a los hechos \ufb01jados en aquellos escritos, que son los \u00fanicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposici\u00f3n de las partes, si bien con la facultad del Juzgador de \ufb01jarlos de modo de\ufb01nitivo seg\u00fan el resultado de las pruebas (T.S. 1\u00aa 23 de Enero de 1.996; 18 de Abril, 10 y 25 de Mayo, 24 de Octubre y 28 de Noviembre de 1.995, y 15 de Junio de 2004, entre otras).”.<\/p>\n
El Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 20 de marzo de 2013 al re\ufb02exionar sobre el alcance del planteamiento de cuestiones nuevas en el recurso de casaci\u00f3n, considera en doctrina aplicable al recurso de apelaci\u00f3n, que ello no es posible debiendo ser desestimadas sin m\u00e1s, declarando al respecto lo siguiente:<\/p>\n
” A) Constituye doctrina reiterada ( SSTS de 13 de julio de 2011, RC n.\u00ba 912\/2007 ; 6 de mayo de 2011, RC n.\u00ba 2178\/2007 ; 21 de septiembre de 2011, RC n.\u00ba 1244\/2008 y 10 de octubre de 2011, RC n.\u00ba 1331\/2008 , entre las m\u00e1s recientes) que no resulta admisible plantear en casaci\u00f3n cuestiones nuevas, entendi\u00e9ndose por tales tanto las que no fueron suscitadas por la parte recurrente en primera instancia como las que s\u00ed lo fueron pero no integraron el objeto del debate en apelaci\u00f3n, y por tanto, quedaron fuera de la raz\u00f3n decisoria mencionada en la sentencia de la Audiencia Provincial objeto del presente recurso, ya que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n tiene por \ufb01nalidad corregir las posibles infracciones legales en que hubiera podido incurrir la sentencia impugnada, que \u00fanicamente resultar\u00e1n predicables respecto de aquellas cuestiones sobre las que se haya pronunciado por constituir objeto del recurso de apelaci\u00f3n, adem\u00e1s de que su examen ex novo [por vez primera] producir\u00eda indefensi\u00f3n en la parte contraria, que no ha dispuesto en la instancia de los argumentos y medios de prueba adecuados para combatir la cuesti\u00f3n que se plantea por primera vez en casaci\u00f3n, y se ver\u00eda afectado el derecho de defensa y los principios de preclusi\u00f3n, audiencia bilateral, igualdad de partes y congruencia ( SSTS de 28 de mayo de 2004, RC n.\u00ba 2171\/1998 ; 3 de diciembre de 2009, RC n.\u00ba 2236\/2005 ; 21 de julio de 2008, RC n.\u00ba 3705\/2001 , 10 de mayo de 2011, RC n.\u00ba 1401\/2007 y 10 de octubre de 2011, RC n.\u00ba 1331\/2008 ).”. En igual sentido las sentencias de 26 de junio y 14 de noviembre de 2012 .”.”.<\/p>\n
Desde la perspectiva expuesta y a la vista de la denuncia de la existencia de un vicio de incongruencia por parte de la Juzgadora, esta Sala estima que no concurre, pues: .- no entra\u00f1a tal defecto y s\u00ed una cuesti\u00f3n sometida a la valoraci\u00f3n del Tribunal de apelaci\u00f3n al resolver el recurso, la incorrecta valoraci\u00f3n de la prueba o la indebida aplicaci\u00f3n del derecho o de la jurisprudencia, ni desde luego como se razonar\u00e1 a lo largo de esta resoluci\u00f3n, lo es que el Juez civil valore de un modo diverso al Juez penal lo acontecido en un proceso de esta naturaleza, cuando nos encontramos, como el caso de autos ante una sentencia absolutoria para el Sr. Desiderio , no para el Sr. Pedro Miguel , pues frente a \u00e9ste no se dirig\u00eda la acusaci\u00f3n d\u00e1ndose, con anterioridad, el sobreseimiento de la causa frente al mismo, sin perjuicio de que se hubiera interesado su declaraci\u00f3n como responsable civil subsidiario, lo que no se dio por la absoluci\u00f3n del acusado por sentencia \ufb01rme de fecha 17 de octubre de 2012 dictada por la Sec. 1\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizkaia (doc. n\u00ba 15 demanda no impugnado y doc. n\u00ba 2 contestaci\u00f3n no impugnado). .- no se altera los t\u00e9rminos del debate ni los hechos en los que se funda la pretensi\u00f3n de la parte actora para formular su suplico, pues una cosa es que se exprese el mismo con una precisi\u00f3n jur\u00eddica m\u00e1s o menos clara<\/p>\n
y otra bien distinta que no se sepa lo que se quiere y para ello basta la lectura de la demanda de la que se in\ufb01ere, sin duda, que estima que no ha existido por su parte consentimiento para constituir la hipoteca sobre su vivienda en garant\u00eda del contrato de pr\u00e9stamo entre los demandados, negando la validez del poder esgrimido para ello por el Sr. Desiderio , aduciendo a tal efecto diversos hechos f\u00e1cticos en atenci\u00f3n a los cuales considera que el poder o bien se ha extinguido por cumplir su funci\u00f3n ( otorgamiento de pr\u00e9stamo hipotecario ante La Caixa el d\u00eda 25 de abril de 1991) o bien se ha revocado t\u00e1citamente al romper su relaci\u00f3n de pareja a \ufb01nales de 1991 no teniendo sentido que se use 17 a\u00f1os despu\u00e9s (v\u00e9ase el relato de hechos de la demanda ( hecho segundo) en coincidencia con el relato de la querella ( doc. n\u00ba 1 contestaci\u00f3n) y su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica en el apartado de formas de revocaci\u00f3n legal o t\u00e1cita de poderes (“… El apoderado Sr. Desiderio , era “subastero” que adquiri\u00f3 la vivienda mediante adjudicaci\u00f3n judicial, que la inscribi\u00f3 (como ya hizo en alguna otra ocasi\u00f3n), en un principio para gestionarla \u00e9l, pero a nombre de mi representada, que era la persona con la que conviv\u00eda como pareja en aquellos a\u00f1os. En el \u00e1mbito de tal relaci\u00f3n de afectividad y apoyo familiar en la educaci\u00f3n de la hija menor de la Sra. Flor , con la \ufb01abilidad que le ofrecia el Sr. Desiderio , se realiz\u00f3 dicho poder el 27.02.1991, y se \ufb01rmaron por aquellas fechas much\u00edsimos documentos que la demandante desconocia totalmente solo porque se lo indicaba el Sr. Desiderio , presuponiendo su actuaci\u00f3n de buena fe, pues mi mandante ignora totalmente las formas de operar en el mercado \ufb01nanciero e inmobiliario.<\/p>\n
Posteriormente acordaron que la vivienda adjudicada, quedar\u00eda para su total dominio y disfrute de la demandante como due\u00f1a y poseedora legal, y a tal efecto pidi\u00f3 un prestamo hipotecario gestionado por el Sr. Desiderio ante la entidad \ufb01nanciera, que se formaliz\u00f3 el 25 de abril de 1.991 que se acompa\u00f1a como documento n\u00ba1 a la presente demanda, y ha sido pagado en su integridad con muchos problemas en algunos meses, por mi representada en el plazo total de 10 a\u00f1os. En ese momento (25.04.1991) debi\u00f3 quedar ya sin efecto el poder otorgado, por cuanto no ten\u00eda sentido alguno su mantenimiento en vigor, toda vez que el apoderado, en adelante no pod\u00eda disponer de la vivienda, pagada por mi representada con la hipoteca. Y no se revoc\u00f3 el poder por total desconocimiento de mi mandante y de su repercusi\u00f3n jur\u00eddica futura. No obstante, v\u00e9ase que pese a existir entonces un poder para hipotecar, pudiendo haberlo hecho el Sr. Desiderio con su reciente poder dado que fue quien gestion\u00f3 el pr\u00e9stamo y cobro del dinero, intervino en la \ufb01rma la propia titular registral y poseedora legal de la vivienda, lo que no nos cabe duda fue una exigencia del acreedor La Caixa, con un criterio y rigor adecuados en la pr\u00e1ctica hipotecaria y ajustados a la buena fe de un tercero hipotecario, lo que no ha sucedido en el caso de la hipoteca usuraria actual. …<\/p>\n
Igualmente, siendo una pareja de convivencia estable en el momento de otorgar el poder, debe tenerse encuenta el art\u00edculo 102 del C\u00f3digo Civil , por el cual con la separaci\u00f3n o divorcio quedan revocados los poderes que cualquiera de los c\u00f3nyuges hubiera otorgado al otro. El mandante y mandatario no estaban casados, ni se inscribieron pareja de hecho por cuanto en aquellas fechas no exist\u00eda esa posibilidad (a\u00f1os 1986 a 1991). Son las legislaciones auton\u00f3micas (Catalu\u00f1a, Arag\u00f3n, Baleares, Valencia, Asturias, Madrid, Pa\u00eds Vasco, Canarias…) las que han normalizado posteriormente de distinta forma las parejas de hecho….<\/p>\n
La Ley de Parejas del Pa\u00eds Vasco 2\/2003 de 7 de mayo, proclama en su art\u00edculo 1 En la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Aut\u00f3noma de Euskadi nadie podr\u00e1 ser discriminado por raz\u00f3n del grupo familiar del que forme parte, tenga \u00e9ste su origen en la \ufb01liaci\u00f3n, en el matrimonio o en la uni\u00f3n afectiva y sexual de dos personas, sean o no del mismo o distinto sexo. Las disposiciones adicionales primera y segunda de la citada Ley 2\/2003 , equiparan al matrimonio las parejas de hecho en el \u00e1mbito territorial de Euskadi.<\/p>\n
L\u00f3gicamente esta Ley no exist\u00eda cuando se otorg\u00f3 el poder, pero es claro su sentido y evoluci\u00f3n, en los casos de cese de convivencia, por lo que en su aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n debe realizarse en relaci\u00f3n a su contexto, los antecedentes hist\u00f3ricos y legislativos, sin olvidar la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, seg\u00fan el art\u00edculo 3 del C\u00f3digo Civil , y por lo tanto no debe considerarse v\u00e1lido el poder. No tiene ning\u00fan sentido mantener inde\ufb01nidamente la avalidez del poder otorgado en relaci\u00f3n de pareja “more uxorio”.<\/p>\n
La doctrina jur\u00eddica y la jurisprudencia tienen se\u00f1alado que el mandato se extingue, tambi\u00e9n, cuando se celebra fundado en una relaci\u00f3n que le sirva de base y esta relaci\u00f3n se acaba.<\/p>\n
Igualmente la doctrina entiende que cuando existe una situaci\u00f3n objetiva de p\u00e9rdida de con\ufb01anza, debe haber una revocaci\u00f3n t\u00e1cita del mandato, debido a que parten de mutua relaci\u00f3n de con\ufb01anza entre mandatario y mandante.” ).<\/p>\n
Ausencia de poder y con ello de consentimiento a la constituci\u00f3n del derecho real sobre cosa ajena que es la hipoteca, que tiene consecuencia su nulidad, como lo evidencia el hecho de que de igual modo se pide en el suplico de la demanda que se cancele la anotaci\u00f3n de hipoteca (inscripci\u00f3n) y las que de ella traiga causa y se declare nulo el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria, todo lo cual solo es posible si la constituci\u00f3n de la hipoteca es nula.<\/p>\n
Es m\u00e1s, que \u00e9sta era la pretensi\u00f3n de la parte actora no solo se in\ufb01ere del debate en cuanto al adecuado reparto del asunto a un Juzgado de Primera Instancia de Bilbao u otro (f. 204 y ss), sino tambi\u00e9n del escrito por aqu\u00e9lla presentado ante el requerimiento de autoliquidaci\u00f3n de la tasa judicial ante la pol\u00e9mica del reparto, el d\u00eda 2 de enero de 2014 en el que se dice:<\/p>\n
” La demandante como hipotecante no deudora , solicita la nulidad de su obligaci\u00f3n de garant\u00eda, es decir la hipoteca, que responde en forma de garant\u00eda real (no personal) sobre un pr\u00e9stamo personal a nombre de un tercero y demandado, cuya obligaci\u00f3n principal que se solicita la nulidad de la garant\u00eda y del procedimiento judicial, est\u00e1 re\ufb02ejada y consta el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria 1115\/08 seguido ante el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba2 de Bilbao, suspendido actualmente por cuesti\u00f3n prejudicial penal. ” ( f. 210).<\/p>\n
Pretensi\u00f3n de la que, sin duda, se defendi\u00f3 la parte demandada en su contestaci\u00f3n, no siendo incongruente la Juzgadora, cuando as\u00ed la admite ni altera por ello los t\u00e9rminos del debate. .- de igual modo es imposible la comisi\u00f3n de tal infracci\u00f3n procesal en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de que el contrato de pr\u00e9stamo se declare nulo por usurario y leonino, pues tal se plante\u00f3 en la demanda con car\u00e1cter subsidiario para el supuesto de que no se estimara la principal de nulidad del derecho real de hipoteca por ausencia de consentimiento al no estar autorizado el Sr. Desiderio por extinci\u00f3n del mandato (poder).<\/p>\n
CUARTO.- Desestimada la concurrencia de infracci\u00f3n procesal alguna, en el sentido antes indicado, debemos analizar si la sentencia de instancia es ajustada a derecho o no cuando considera el poder otorgado el d\u00eda 27 de febrero de 1991 por la actora a favor del codemandado el Sr. Desiderio , en relaci\u00f3n con la vivienda de autos, con el contenido que obra en el documento n\u00ba4 de la demanda se encontraba revocado cuando el d\u00eda 16 de enero de 2008 \u00e9ste lo utiliza para hipotecar la misma en garant\u00eda del contrato de pr\u00e9stamo personal concertado ese mismo d\u00eda entre \u00e9l y el Sr. Pedro Miguel , con las consecuencias a ello inherentes, por tanto con la estimaci\u00f3n en este punto de la demanda.<\/p>\n
Para ello, se deben establecer una serie de premisas jur\u00eddicas sobre las que fundar nuestra resoluci\u00f3n, a saber:<\/p>\n
I.- La prueba.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la misma proceden dos re\ufb02exiones: a.- Su signi\ufb01cado y la carga de la prueba .<\/p>\n
El art. 24 n\u00ba 2 CE establece como derecho fundamental el derecho a un proceso con todas las garant\u00edas y a la utilizaci\u00f3n de los medios de prueba admitidos en derecho, pese a lo cual como ha declarado la Sala a la que pertenece esta Juzgadora en sentencias de las que fue Ponente como las de 29 de marzo de 2007 y 23 de febrero de 2010 y unipersonal de 14 de enero de 2013 :<\/p>\n
“…. ello no entra\u00f1a un derecho absoluto ni al recibimiento del proceso a prueba ni a la admisi\u00f3n de todos los medios de prueba propuestos ni mucho menos que la admitida verse sobre cuestiones que no guarden relaci\u00f3n con la cuesti\u00f3n objeto de debate, por lo que es constitucionalmente posible, sin que implique vulneraci\u00f3n de este derecho fundamental no solo la denegaci\u00f3n del recibimiento a prueba sino tambi\u00e9n la de un medio de prueba, o la declaraci\u00f3n de impertinencia de preguntas a los testigos o a las partes”.<\/p>\n
Igualmente el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 9 de julio de 2009 declara: ” La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, expresada con ocasi\u00f3n de recursos de amparo formulados por su denegaci\u00f3n, exige que concurran dos circunstancias para que se produzca la violaci\u00f3n de este derecho fundamental: 1\u00aa.- La denegaci\u00f3n o inejecuci\u00f3n han de ser imputables al \u00f3rgano judicial por haber inadmitido pruebas relevantes para la resoluci\u00f3n \ufb01nal del asunto litigioso sin motivaci\u00f3n alguna o mediante una interpretaci\u00f3n de la legalidad mani\ufb01estamente arbitraria o irrazonable; y 2\u00ba.- La prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en t\u00e9rminos de defensa, lo que habr\u00e1 de justi\ufb01car el interesado ( SSTC 1\/1996, de 15 enero ; 70\/2002, de 3 abril , 1\/2004, de 14 enero ; 121\/2004, de 12 julio ; 60\/2007, de 16 marzo y 136\/2007, de 4 junio , entre otras ).<\/p>\n
El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes se encuentra en relaci\u00f3n de instrumentalidad con el derecho de defensa, de forma que la eventual constataci\u00f3n de una irregularidad procesal en materia de prueba no es de por s\u00ed su\ufb01ciente para alcanzar relevancia, sino que el defecto procesal ha de tener una incidencia material y concreta en el resultado del pleito; y, sobre la inadmisi\u00f3n de un concreto medio probatorio, es preciso que con ello se produzca una efectiva indefensi\u00f3n en el recurrente, pues la garant\u00eda del art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n \u00fanicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en t\u00e9rminos de defensa, lo cual debe acreditar debidamente quien solicita la tutela del derecho fundamental. Se debe recordar que es en la primera fase del proceso donde el legislador sit\u00faa la actividad probatoria, de forma que el recibimiento a prueba en la fase de apelaci\u00f3n presenta un car\u00e1cter excepcional y limitado a los casos concretos a que se re\ufb01ere el art\u00edculo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .<\/p>\n
La sentencia de esta Sala de 24 mayo 2007 , con cita de la de 6 noviembre 2006 , se\u00f1ala que “… no toda inadmisi\u00f3n, por irregular que fuere, de medios de prueba implica una vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n , sino que se requiere que sea injusti\ufb01cada, arbitraria e irrazonable y, sobre todo, que in\ufb02uya en el resultado del proceso. En de\ufb01nitiva, que en el sentir de la jurisprudencia constitucional s\u00f3lo hay indefensi\u00f3n por raz\u00f3n de la prueba cuando se priva al litigante de un medio de prueba decisivo para el \u00e9xito de su posici\u00f3n ( SSTC 35\/2001 , 165\/2001 , 168\/2002 , 1\/2004 , 88\/2004 , etc .)…”. “.<\/p>\n
Por otro lado, esta Juzgadora en su sentencia de 26 de junio de 2012 , con cita de otra anterior de 24 de junio de 2011 en cuanto a la carga de la prueba y su valoraci\u00f3n declara:<\/p>\n
” .. para valorar la conducta de cada una de las partes a la hora de acreditar las bases de su pretensi\u00f3n y oposici\u00f3n, esto es como se distribuye la carga de la prueba, para valora en su caso las consecuencias de su falta, debiendo para ello considerar lo que ha declarado al respecto la Sala a la que pertenece esta Juzgadora, entre otras, en sus sentencias de 5 de octubre y 17 de abril de 2007 :<\/p>\n
” SEGUNDO.- Sentados en la forma antedicha los t\u00e9rminos del recurso y en cuanto a la que se denuncia por la recurrente infracci\u00f3n del art\u00edculo 217 de la L.E.Civil ha de recordarse que la doctrina jurisprudencial reiteradamente establece bajo la vigencia del art\u00edculo 1214 del C\u00f3digo Civil – doctrina que se estima aqu\u00ed plenamente aplicable en cuanto el art\u00edculo 217 de la vigente L.E.Civil al igual que aquel precepto regula el ” onus probandi ” sin contener norma alguna sobre valoraci\u00f3n de prueba – que cuando existe prueba no resulta vulnerado el principio de distribuci\u00f3n de la carga de la prueba puesto que la doctrina del ” onus probandi ” no tiene otro alcance que el se\u00f1alar las consecuencias de una absoluta falta de prueba, de tal manera que no se infringe dicho art\u00edculo ni el principio distributivo de la carga de la prueba cuando se ha practicado prueba y el \u00f3rgano judicial lleva a cabo su apreciaci\u00f3n, en virtud de proceso de interpretaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de la que se ha administrado al pleito por cada parte sin discriminaci\u00f3n de la procedencia de la parte que ofreci\u00f3 los instrumentos probatorios correspondientes, esto es, sin importar qui\u00e9n la haya llevado a los autos ( SSTS de 6 de julio de 1984 , 19 de mayo de 1987 , 5 de octubre de 1988 , 16 de octubre de 1995 , 12 de marzo de 1998 , 17 de marzo de 2000 , 13 de marzo y 24 de mayo de 2001 , 26 de julio y 8 de noviembre de 2002 y 16 de diciembre de 2005 , entre otras muchas ).<\/p>\n
Como se dice en m\u00e1s reciente STS de 10 de octubre de 2006 , que recoge doctrina anterior. “… Solo cabe acoger, por ello, un motivo de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n del art\u00edculo 1214 del C\u00f3digo Civil -cuya excepcional invocaci\u00f3n en casaci\u00f3n ha sido insistentemente declarada por esta Sala- cuando, ante la ausencia de prueba, el \u00f3rgano jurisdiccional haya modi\ufb01cado, alterado o invertido la estructura de la regla de juicio ( Sentencias de 3 de junio de 2003 , 30 de noviembre de 2005 , 2 y 27 de febrero de 2006 , y 2 de marzo de 2006 ), y no cuando la sentencia atacada establece como debidamente demostrados los hechos que declara ( Sentencias de 2 de marzo y 30 de noviembre de 2005 , y 27 de febrero de 2006 )”. STS 28-2-2006 (R. 2587\/99 ).” Asimismo, en Sentencia de 28 de febrero de 2006 se declar\u00f3 que “el art. 1214 del C\u00f3digo Civil , como reiteradamente tiene declarado este Tribunal, no tiene otro alcance que el de determinar los efectos de la carencia absoluta de prueba, por lo que tal precepto s\u00f3lo podr\u00e1 ser infringido cuando efectivamente haya absoluta falta de prueba, nunca cuando en autos existan pruebas, cualquiera que sea la parte que las aporte o su especie, pues todas las contenidas en los arts. 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o 1.215 del C\u00f3digo Civil , con aptas para producir la convicci\u00f3n judicial ( sentencias de 9 de enero de 1991 , 2 de junio de 1995 y 19 de enero de 2004, entre otras). En el caso el Tribunal de instancia ha dictado su fallo apreciando y valorando las pruebas aportadas a los autos por lo que no se ha producido ninguna alteraci\u00f3n del “onus probandi”.”<\/p>\n
Por otro lado, no se ha de obviar lo preceptuado en el art. 217 LECn , que establece:<\/p>\n
” 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resoluci\u00f3n semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisi\u00f3n, desestimar\u00e1 las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, seg\u00fan corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.<\/p>\n
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, seg\u00fan las normas jur\u00eddicas a ellos aplicables, el efecto jur\u00eddico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvenci\u00f3n.<\/p>\n
3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la e\ufb01cacia jur\u00eddica de los hechos a que se re\ufb01ere el apartado anterior. …………<\/p>\n
6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicar\u00e1n siempre que una disposici\u00f3n legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.<\/p>\n
7. Para la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los apartados anteriores de este art\u00edculo el tribunal deber\u00e1 tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.””. b.- La prueba y el deber de motivaci\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto a lo que signi\ufb01ca la prueba en un proceso, esta Sala en sus sentencias, entre otras, en las dictadas con fecha 29 de junio de 2009 , 13 de diciembre de 2013 y 2 de febrero de 2014 , comparte al respecto lo razonado por la A.P. de Madrid Sec. 12 \u00aa en su sentencia de 7 de julio de 2009 , 29 de junio y 5 de julio de 2010 en la que dice:<\/p>\n
“QUINTO.- La prueba es la actividad de las partes encaminada a convencer al Juez de la veracidad de unos hechos o de unas a\ufb01rmaciones que se alegan como existentes. Para que pueda llegar a este convencimiento es preciso que la prueba practicada tenga \u00e9xito. Entre los distintos sistemas que la doctrina propone en torno a la prueba de los hechos constitutivos del derecho alegado por las partes litigantes en un proceso, deben destacarse el de prueba legal o tasada, como son los documentos p\u00fablicos, privados y el interrogatorio de las partes que imponen al Juzgador un determinado criterio de valoraci\u00f3n, y el de la libre apreciaci\u00f3n de la prueba a tenor del cual el Juez pondera el conjunto de las pruebas practicadas por los litigantes sobre los hechos objeto del debate. Que la valoraci\u00f3n de la prueba sea libre no signi\ufb01ca que esta sea arbitraria, todo ello conduce a la llamada doctrina de la carga de la prueba cuya \ufb01nalidad es determinar para quien han de producirse las consecuencias desfavorables en el caso de que un hecho no haya resultado probado. Carga que solo entra en juego cuando falta la necesaria prueba sobre los hechos controvertidos en el proceso. As\u00ed lo ha venido entendiendo la jurisprudencia cuando hace recaer sobre el litigante que no prueba, las consecuencias negativas de dicha ausencia ( SSTS de 31 de marzo y 14 de abril de 1998 ). De acuerdo con lo previsto en el art. 217 de la LECn una vez probadas por la demandante sus pretensiones corresponde al demandado la carga de probar los hechos que conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la e\ufb01cacia jur\u00eddica de los hechos, es decir se mantiene la tesis tradicional de que corresponde al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de sus derechos y al demandado la de los impeditivos, modi\ufb01cativos, extintivos y excluyentes.<\/p>\n
Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 , la valoraci\u00f3n probatoria es facultad de los Tribunales, sustra\u00edda a los litigantes, que si pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza – principio dispositivo- y en forma alguna tratar de imponerla a los Juzgadores. Cabe a\u00f1adir que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, trans\ufb01riendo la apelaci\u00f3n al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuesti\u00f3n, pero quedando reducida la alzada a veri\ufb01car la legalidad en la producci\u00f3n de las pruebas, la observancia de los principios rectores de su carga, y si en la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez “a quo” de forma arbitraria o si, por el contrario, la apreciaci\u00f3n conjunta del mismo es la procedente por su adecuaci\u00f3n a los resultados obtenidos en el proceso, por lo que el recurrente no puede limitarse a discrepar de la valoraci\u00f3n que del resultado de las pruebas practicadas dio el \u00f3rgano judicial en primera instancia. “.<\/p>\n
Desde esta perspectiva, resulta que no concurre la infracci\u00f3n procesal, ya que: a.- no se debe confundir la no respuesta a una pretensi\u00f3n con la idea que una parte tenga de la misma o de la forma en la que debe ser respondida, esto es si la Juzgadora de manera, m\u00e1s o menos, motivada, y no olvidemos que desde el punto de vista del derecho constitucional no existe un derecho a una motivaci\u00f3n exhaustiva, se argumenta el porqu\u00e9 procede la estimaci\u00f3n de la demanda, la parte que no se encuentre conforme deber\u00e1 acudir a la interposici\u00f3n del recurso pertinente, como es el caso, en el que la Sala valorando la posici\u00f3n de cada una de las partes y la prueba practicada determinar\u00e1 si la sentencia es ajustada a derecho o no, conforme a la funci\u00f3n y facultades que nos con\ufb01ere el recurso de apelaci\u00f3n ( art. 456 y ss LECn .), y entre ellas si la conclusi\u00f3n derivada de la aplicaci\u00f3n del derecho, en atenci\u00f3n a la pretensi\u00f3n ejercitada, a los hechos declarados probados o incontrovertidos es correcta o no. b.- el deber de motivaci\u00f3n no exige la consideraci\u00f3n en la resoluci\u00f3n expresamente de cada uno de los medios de prueba ( art. 218 n\u00ba 2 LECn ), pues no hay necesidad de motivar porque se acepta un medio de prueba y no otro, y ello de no darse en modo alguno determina, per se, que la sentencia sea incorrecta o que se le haya causado indefensi\u00f3n a las partes, cuando es evidente por lo que se ha razonado que conocen el porqu\u00e9 de la decisi\u00f3n judicial, aunque no la compartan c.- no entra\u00f1a tal defecto y s\u00ed una cuesti\u00f3n sometida a la valoraci\u00f3n del Tribunal de apelaci\u00f3n al resolver el recurso, la incorrecta valoraci\u00f3n de la prueba, o la indebida aplicaci\u00f3n del derecho. c.- La incidencia en un proceso civil de la existencia de un proceso penal en el que se dicta sentencia absolutoria .<\/p>\n
Sobre esta cuesti\u00f3n, esta Sala, entre otras, en sus sentencias de 30 de setiembre de 2010 26 de marzo de 2009 , 12 de mayo de 2008 , 17 de julio de 2007 y 2 de junio y 5 de julio de 2006 , 31 de octubre de 2005 , ha declarado lo siguiente:<\/p>\n
“… debemos discriminar entre: a.- las sentencias condenatorias.<\/p>\n
Esta Sala en su sentencia de 21 de Febrero de 2003 ha declarado ” El Tribunal Supremo de modo reiterado en sus resoluciones a la hora de determinar la incidencia que un proceso penal previo puede tener en un proceso civil posterior con el que guarda relaci\u00f3n, ha declarado, entre otras en su sentencia de 31 de Diciembre de 1999 , lo siguiente ” La doctrina de esta Sala sobre el grado de vinculaci\u00f3n que una sentencia penal condenatoria produce en la perspectiva de las consecuencias civiles en un proceso civil ulterior, siempre que concurran las tres identidades caracter\u00edsticas de la cosa juzgada (o efecto prejudicial) -cosas, causas, y personas de los litigantes e identidad con que lo fueron-, se puede sintetizar en los extremos siguientes:<\/p>\n
a) Las sentencias penales condenatorias (excepcionalmente tambi\u00e9n las que sin sanci\u00f3n penal contengan pronunciamiento civil en sede art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Penal 1.973 , y art\u00edculo 119 del C\u00f3digo Penal de 1995) que resuelven la problem\u00e1tica civil (lo que except\u00faa los casos de reserva de acciones, art\u00edculo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ) tienen car\u00e1cter vinculante para el orden jurisdiccional civil, no s\u00f3lo en cuanto a los hechos que declaran probados, sino tambi\u00e9n respecto de las decisiones en materia de responsabilidades civiles, de tal manera que este efecto de cosa juzgada ( art\u00edculos 1.215 y 1.252 del C\u00f3digo Civil ), o similar a la misma, determina que quede consumada o agotada la pretensi\u00f3n del perjudicado, sin que pueda ser ejercitada de nuevo ante la jurisdicci\u00f3n civil la acci\u00f3n de esta naturaleza fundada en la misma causa o raz\u00f3n de pedir (“non bis in idem”). En este sentido cabe citar, entre otras, las Sentencias de 9 de febrero de 1988 , 28 de mayo y 4 de noviembre de 1991 , 12 de julio de 1993 y 24 de octubre de 1998 ;<\/p>\n
b) La doctrina del efecto vinculante es aplicable incluso para los casos en que se pretenda plantear en el proceso civil la existencia de hipot\u00e9ticos errores, imprevisiones, descuidos o defectos en la \ufb01jaci\u00f3n de las consecuencias civiles en el proceso penal. Numerosas resoluciones de esta Sala (as\u00ed las de 25 de marzo de 1976; 2 de noviembre de 1987; 9 de febrero de 1988; 28 de mayo de 1991; 21 de mayo y 12 de julio de 1993;<\/p>\n
24 de octubre y 9 de diciembre de 1998) declaran al respecto que no es dable en el juicio civil subsiguiente suplir de\ufb01ciencias, ni recti\ufb01car las omisiones que hayan podido cometerse en los procesos de que conocieron los juzgadores de otra jurisdicci\u00f3n u orden. Asimismo se tiene declarado que: no cabe acudir al proceso civil para remediar lo que se tuvo oportunidad de aportar en el proceso penal en que se enjuiciaron los hechos del pleito ( Sentencia de 11 de mayo de 1995 y las que cita); el error en la causa penal (el supuesto del caso hace referencia a que no se hizo constar en el parte m\u00e9dico del Forense la existencia de la secuela) no transmuta la “causa petendi” ( Sentencia de 9 de diciembre de 1998 ); y que no cabe completar pronunciamientos no dictados ( Sentencias de 28 de mayo de 1991 y 11 de mayo de 1995 );<\/p>\n
c) La doctrina de la Sala admite excepcionalmente (Sentencia de 11 de mayo de 1995 ) la posibilidad de pedir por v\u00eda civil una indemnizaci\u00f3n complementaria (es decir, como un plus respecto de lo percibido por el cauce penal) cuando concurren supuestos o hechos que no se tuvieron, ni pudieron tenerse en cuenta en la sentencia del otro orden jurisdiccional ( Sentencias de 27 de enero de 1981 , 13 de mayo de 1985 , 9 de febrero de 1988 , entre otras). Se hace referencia a la indemnizaci\u00f3n de resultados no previstos ( Sentencias de 25 de mayo de 1976 , 11 de diciembre de 1979 , 9 de febrero de 1988 ); cuando tras la sentencia condenatoria son descubiertas consecuencias da\u00f1osas del il\u00edcito punible acaecidas en tiempo posterior al proceso penal y por ello no las pudo tener en cuenta el Tribunal de dicho orden, como sucede en los casos en que el curso cronol\u00f3gico de las lesiones muestra la aparici\u00f3n de un da\u00f1o nuevo m\u00e1s grave, o incluso se produce la muerte ( Sentencia de 11 de mayo de 1995 ); nuevas lesiones o agravaci\u00f3n del da\u00f1o anteriormente apreciado ( Sentencias de 9 de febrero y 20 de abril de 1988 ); nuevas consecuencias ulteriores del hecho delictivo (Sentencia de 4 de noviembre de 1991); hechos sobrevenidos nuevos y distintos (Sentencia de 24 de octubre de 1988 ). Se argumenta “in genere” en favor de este planteamiento que ser\u00eda una arti\ufb01ciosa soluci\u00f3n, contraria a la naturaleza de las cosas, aquella que pretenda negar la innegable realidad de un da\u00f1o sobrevenido como consecuencia de una actuaci\u00f3n il\u00edcita que, cuando fue juzgada, presentaba mejores perspectivas dentro de las posibilidades, siempre falibles, de los criterios de valoraci\u00f3n que, en aquel momento, se pod\u00edan aplicar racionalmente, pero que han sido desbordados por la realidad, y que ante la imposibilidad de replantear el proceso penal, si se negara la viabilidad de la pretensi\u00f3n de resarcimiento por medio del proceso civil, se producir\u00eda un incumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 24-1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola , pues se negar\u00eda el derecho a obtener la tutela efectiva de unos derechos y de unos intereses leg\u00edtimos, supuestos por el gen\u00e9rico derecho a resarcirse de los males sufridos por conductas ajenas ( Sentencia de 9 de febrero de 1988 ). Y tambi\u00e9n se se\u00f1ala, en Sentencia de 20 de abril de 1988 , la e\ufb01cacia temporal de la cosa juzgada (de la que se hizo aplicaci\u00f3n en las Sentencias de 19 de marzo de 1973 y 25 de marzo de 1976 ) y el principio de justicia que, matizando el de seguridad jur\u00eddica, predica que<\/p>\n
no es aplicable la cosa juzgada cuando en el primer proceso no se hubieran agotado todas las posibilidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del caso o haya surgido alg\u00fan elemento posterior e imprevisto y extra\u00f1o en la sentencia.”<\/p>\n
As\u00ed mismo, resulta que la Audiencia Provincial de Asturias, Secc. 1\u00aa en su sentencia de 24 de Setiembre de 2002 , ha declarado recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que la Sentencia del Tribunal Supremo de 2-11-1987 , que establece la doctrina general en cuanto a los efectos de la sentencia penal condenatoria es reiteraci\u00f3n de la de 13-5-1985 que se\u00f1ala que” la vinculaci\u00f3n del juez civil a la sentencia penal condenatoria tiene lugar en cuanto a la existencia material del hecho compuesto por la actividad y el resultado, al elemento psicol\u00f3gico del delito y al grado de participaci\u00f3n del sujeto condenado, y tales resoluciones penales s\u00f3lo obligan a los Tribunales civiles en aquellas a\ufb01rmaciones f\u00e1cticas declaradas probadas que son integrantes del tipo que de\ufb01ne y castiga”.<\/p>\n
Esta re\ufb02exi\u00f3n se reitera por el Tribunal Supremo, Sala Primera, en sus sentencias de 22 de noviembre de 2006 y 5 de mayo de 2008 , as\u00ed como en las en ellas citadas. b.- las sentencias absolutorias.<\/p>\n
Al respecto esta Sala ha declarado, entre otras en su sentencia de 2 de Abril de 2004 , entre otras, la ausencia de vinculaci\u00f3n, con car\u00e1cter general, en el proceso civil de una sentencia penal absolutoria sobre los mismos hechos, conforme a lo que de modo reiterado ha declarado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ” pues como estableci\u00f3 su Sala Primera, en el Auto de 30 de Enero de 2001 “…seg\u00fan reiterada doctrina legal (de la que son ejemplo reciente las Sentencias de 23 de marzo , 24 de octubre de 1998 y 18 de octubre de 1999 ), en que s\u00f3lo produce el efecto de cosa juzgada la declaraci\u00f3n de no haber existido el hecho de que la acci\u00f3n civil hubiera podido nacer, de conformidad con el precepto del p\u00e1rrafo primero del art. 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal esta doctrina no resulta aplicable al caso de autos, pues la resoluci\u00f3n reca\u00edda en el proceso penal no niega la existencia del hecho que constituye la “causa petendi” del proceso civil, tal y como pretende el recurrente, sino que considera que tales hechos no son constitutivos de delito. Por lo tanto, y como la declaraci\u00f3n de falta de \u00e1nimo defraudatorio (penal) en una Sentencia (absolutoria) dictada por el orden jurisdiccional penal no impide que el orden jurisdiccional civil pueda, con valoraci\u00f3n libre de lo actuado ante el mismo, apreciar una situaci\u00f3n de fraude de acreedores (civil), es por lo que decae el motivo, siendo doctrina de esta Sala que la inexistencia de conducta punible no excluye necesariamente la realidad de un il\u00edcito civil siempre que resulte demostrado (Ss. de 30-12-1981 , 8-12-1988 , 15-10-1990 , 14-5-1991 y 10-12-1992)”.<\/p>\n
Es m\u00e1s, merece menci\u00f3n especial lo declarado por la Sec. 2\u00ba de la A.P. de Burgos en su sentencia de 22 de Marzo de 2000 , en la que al analizar la presente cuesti\u00f3n declara ” Los efectos que la sentencia absolutoria penal tiene en el subsiguiente proceso civil, fuera del supuesto de declaraci\u00f3n de no haber existido los hechos de que la acci\u00f3n civil hubiera podido nacer, y en cuanto disposici\u00f3n expresa del legislador – art\u00edculo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal – no impiden entrar en el posterior proceso civil, aunque los pronunciamientos contenidos en el primer fallo, y fundamentalmente los contenidos en la declaraci\u00f3n de hechos probados, puedan condicionar lo que se resuelva en el juicio civil. A tal efecto, debe recordarse una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional de que, “Ahora bien, con ser cierto lo anterior, tampoco lo es menos que hemos a\ufb01rmado que no todos los supuestos de eventuales contradicciones entre resoluciones judiciales emanadas de \u00f3rdenes jurisdiccionales distintos carecen de relevancia constitucional, pues ya desde la S.T.C. 77\/1.983, de 3 de octubre , tuvimos ocasi\u00f3n de sostener que “unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los \u00f3rganos del Estado”, lo que sucede cuando la contradicci\u00f3n no deriva de haberse abordado unos mismos hechos desde perspectivas jur\u00eddicas diversas, sino que reside precisamente en que unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor o no lo fue”. Ello vulnerar\u00eda, en efecto, el principio de seguridad jur\u00eddica que, como una exigencia objetiva del ordenamiento, se impone al funcionamiento de todos los \u00f3rganos del estado en el art. 9-3 de la CE . Pero, en cuanto dicho principio integra tambi\u00e9n la expectativa leg\u00edtima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuesti\u00f3n una respuesta inequ\u00edvoca de los \u00f3rganos encargados de impartir justicia, ha de considerarse que ello vulnerar\u00eda asimismo, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por el art. 24.1 del CE . ( SS. del T.C. 77\/1.983, de 3 octubre ; 62\/1.984, de 21 mayo ; 158\/1.985, de 26 noviembre ; 159\/1.989, de 6 octubre ; 35\/1990 y 204\/1.990, de 1 marzo y 30 octubre; 367\/1.993, de 13 diciembre , 30\/1.996, de 26 febrero “. Bien entendido que esa vinculaci\u00f3n no es total y absoluta, en cuanto es factible que el Tribunal Civil pueda llegar a conclusiones diferentes de las alcanzadas por el Tribunal Penal, como tambi\u00e9n ha mantenido la jurisprudencia constitucional cuando como en la a S.T.C. 209\/1.999, de 29 noviembre , (f.j., 3\u00ba), se dice: “Como se lee en la S.T.C. 89\/1.997, de 5 mayo , (f.j., 3) “Este Tribunal ha tenido oportunidad de a\ufb01rmar en anteriores ocasiones que resulta constitucionalmente leg\u00edtimo que el ordenamiento establezca, en algunos supuestos, a trav\u00e9s de la prejudicialidad devolutiva, la prioridad de una jurisdicci\u00f3n sobre otra ( S.T.C. 158\/1.985, de 26 de noviembre ); que no existiendo norma legal alguna que establezca la necesidad de deferir a un concreto orden constitucional el conocimiento de la cuesti\u00f3n prejudicial, “corresponde a cada uno de ellos, en el ejercicio independiente, de la potestad que<\/p>\n
les con\ufb01ere el art. 117.3 CE , decidir si se han cumplido o no los presupuestos de las pretensiones que ante ellos se ejercitan” (SS. del T.C. 70 y 116\/1.989, de 20 abril y 22 junio; y 141\/1.994, de 9 mayo ) y que, como regla general, carece de relevancia constitucional que puedan alcanzarse resultados contradictorios entre decisiones provenientes de \u00f3rganos jurisdiccionales integrados en distintos \u00f3rdenes jurisdiccionales, cuando esta contradicci\u00f3n tiene como soporte el haber abordado bajo \u00f3pticas distintas unos mismos hechos sometidos al conocimiento judicial, pues, en estos casos, “los resultados contradictorios son consecuencia de los criterios informadores del reparto de competencias llevado a cabo por el legislador” entre los diversos \u00f3rdenes jurisdiccionales ( SS. del T.C. 158\/1.985, de 26 noviembre ; 70\/1.989, de 20 abril ; y 30 y 59 de 26 febrero y 15 abril de 1996 ).”.”.<\/p>\n
En igual sentido y reiterando la doctrina jurisprudencial expuesta en relaci\u00f3n con las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, citadas su sentencia de 14 de enero de 2014 declara:<\/p>\n
” La jurisprudencia de esta Sala sobre el grado de vinculaci\u00f3n del juez civil a una precedente sentencia penal absolutoria \ufb01rme es clara en el sentido de que tal vinculaci\u00f3n solo se da cuando la absoluci\u00f3n se funda en la inexistencia del hecho o en la declaraci\u00f3n de no haber sido el acusado autor del mismo. La sentencia 963\/2011, de 11 de enero de 2012 , resume esta doctrina jurisprudencial por remisi\u00f3n, a su vez, a la sentencia 212\/2005, de 30 de marzo : “La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existi\u00f3 el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer ( Sentencias, entre otras, 4 de noviembre de 1.996 , 23 de marzo y 24 de octubre de 1.998 ; 16 de octubre de 2.000 ; 15 de septiembre de 2.003 ); o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho ( SS. 28 noviembre 1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000 ), porque repugna a los m\u00e1s elementales criterios de la raz\u00f3n jur\u00eddica aceptar la \ufb01rmeza de distintas resoluciones jur\u00eddicas en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue ( STC 62 de 1.984, de 21 de mayo ; STS 12 abril 2.000 ). Asimismo tiene dicho que no prejuzga la valoraci\u00f3n de los hechos que puede hacerse en el proceso civil ( SS. 26 mayo y 1 diciembre 1.994 , 16 noviembre 1.995 , 14 abril 1.998 y 29 mayo 2.001 ), y que no impide apreciar imprudencia civil ( SS. 18 octubre de 1.999 y 16 octubre de 2.000 -no empece a que se pueda entablar la acci\u00f3n civil por culpa extracontractual) pues no signi\ufb01ca m\u00e1s que la conducta no es sancionable de acuerdo con la ley penal, no que la misma no pueda ser estimada como fuente de responsabilidad por la ley civil, en su caso (S. 31 enero 2.000)”.<\/p>\n
Una de las consecuencias que se deriva de esta doctrina jurisprudencial es que, fuera de los supuestos en los que se predica este efecto vinculante, el juez civil gozar\u00e1 de libertad para valorar todas las pruebas que se practiquen en el proceso subsiguiente a la sentencia penal absolutoria, incluido el testimonio de las correspondientes actuaciones penales ( sentencia n\u00ba 276\/2006, de 17 de marzo ) . As\u00ed lo declara la sentencia n\u00b0 318\/2008, de 5 de mayo , recogiendo la doctrina ya \ufb01jada en la sentencia n\u00b0 939\/2007, de 11 de septiembre :<\/p>\n
“…debi\u00e9ndose de tener en cuenta que toda Sentencia \ufb01rme, aunque no produzca los efectos de cosa juzgada, genera otros accesorios o indirectos, entre los cuales debe destacarse el consistente en constituir la misma, en un ulterior proceso, medio de prueba cuali\ufb01cado de los hechos en ella contemplados y valorados, en cuanto hubieran sido determinantes de su parte dispositiva ( sentencias de 3 de noviembre de 1.993 , 27 de mayo de 2.003 y 6 de octubre de 2006), lo que es consecuencia de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su labor de int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola (as\u00ed, en la sentencia 34\/2.003, de 25 de febrero , y las que en ella se citan), seg\u00fan la cual son contrarios al principio de seguridad jur\u00eddica (unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los \u00f3rganos del Estado) y al derecho a la tutela judicial efectiva (integrado tambi\u00e9n por la expectativa leg\u00edtima de obtener para una misma cuesti\u00f3n una respuesta inequ\u00edvoca de los \u00f3rganos encargados de impartir justicia) los pronunciamientos contradictorios de distintos \u00f3rganos judiciales”.<\/p>\n
La doctrina expuesta permite extraer dos claras conclusiones en orden a la e\ufb01cacia de lo resuelto en un previo proceso penal. La primera es la plena e\ufb01cacia probatoria del testimonio de actuaciones de un proceso penal en el proceso civil posterior que quedar\u00eda sujeto, como cualquier testimonio de actuaciones, al sistema de libre apreciaci\u00f3n de la prueba cuya funci\u00f3n corresponde a la soberan\u00eda de los juzgadores de instancia; y la segunda, m\u00e1s espec\u00ed\ufb01ca, que la sentencia penal dictada constituye un medio de prueba documental cuali\ufb01cado de los hechos en ella contemplados y valorados.<\/p>\n
Pues bien, de acuerdo a la anterior doctrina y aun cuando esta Sala no ha admitido la posibilidad de ejercitar la acci\u00f3n civil ex delicto en aquellos supuestos en los que se ha dictado una sentencia penal absolutoria por prescripci\u00f3n, ante la ausencia de ilicitud penal de los hechos denunciados – sentencias n\u00ba 1075\/2003, de 18 de noviembre , n\u00ba 34\/2004, de 31 de enero y n\u00ba 10\/2009, de 23 de enero -, ello no obsta para que la sentencia recurrida pueda valorar lo actuado en un previo proceso penal y la sentencia que contiene la relaci\u00f3n de hechos probados, como un medio de prueba documental. M\u00e1s aun, constituye un medio de prueba cuali\ufb01cado pues, de acuerdo con lo razonado en la sentencia y en consonancia con la doctrina de esta Sala, tal elemento probatorio<\/p>\n
ha nacido con plenas garant\u00edas de igualdad, lo que le atribuye un rango de objetividad que no siempre se dispone en la prueba creada unilateralmente fuera de la presencia judicial..<\/p>\n
Por estas razones, la infracci\u00f3n que se denuncia en el primer motivo de ambos recursos no se ha producido en la medida en que la sentencia ha realizado, con sujeci\u00f3n al principio de contradicci\u00f3n, una valoraci\u00f3n de lo actuado en el previo proceso penal y de la sentencia que declar\u00f3 probados los hechos, junto con los restantes medios probatorios que se practicaron en el proceso civil, en especial la testi\ufb01cal de D…, con independencia de la concreta valoraci\u00f3n de esta declaraci\u00f3n en contraste con las declaraciones efectuadas con anterioridad al proceso civil, lo que ha servido para que el Tribunal forme su convicci\u00f3n y obtenga sus propias conclusiones sobre los hechos e, igualmente, impide sostener la a\ufb01rmaci\u00f3n de que dicha sentencia haya aceptado sin m\u00e1s la relaci\u00f3n f\u00e1ctica de una previa sentencia penal.<\/p>\n
En suma, la falta de vinculaci\u00f3n del juez civil a la resultancia probatoria del previo proceso penal no puede comportar, como pretende el recurrente, la imposibilidad de valorar los hechos y las conclusiones probatorias alcanzadas en aquel, sobre todo cuando en el presente caso la Audiencia Provincial realiza una nueva valoraci\u00f3n jur\u00eddica de aquellos y extrae las conclusiones pertinentes de aquella operaci\u00f3n, practicada en el seno del procedimiento civil. “.<\/p>\n
II.- El apoderamiento.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con su signi\ufb01cado y las consecuencias de su invalidez, debe considerarse: a.- la sentencia de esta Sala de 14 de diciembre de 2012 al analizar las consecuencias de la nulidad de una escritura de apoderamiento y el valor de los actos realizados al amparo de la misma, ha declarado lo siguiente:<\/p>\n
” Si ello es as\u00ed, debemos valorar qu\u00e9 consecuencia implica ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1259 del C\u00ba Civil ” Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar previamente autorizado o sin que tenga por ley su representaci\u00f3n legal.<\/p>\n
El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorizaci\u00f3n o representaci\u00f3n legal ser\u00e1 nulo, a no ser que lo rati\ufb01que la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante”, y la interpretaci\u00f3n dada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, y en concreto: .- la sentencia de 9 de octubre de 2008 declara:<\/p>\n
” Se plantea el tema de la nulidad del negocio jur\u00eddico celebrado en representaci\u00f3n sin poder, aunque no se vislumbra el efecto que pueda tener en el presente caso, ya que el art\u00edculo 1259 del C\u00f3digo civil prev\u00e9 la rati\ufb01caci\u00f3n. El negocio jur\u00eddico precisa como elementos esenciales el consentimiento, objeto y causa, conforme al art\u00edculo 1261 del C\u00f3digo civil ; en la representaci\u00f3n sin poder, falta el elemento del consentimiento porque el falso representante no emite su declaraci\u00f3n de voluntad sino que lo hace en nombre de otro, y \u00e9ste, el seudorepresentado tampoco la emite porque nunca dio poder de representaci\u00f3n: es, pues, un negocio jur\u00eddico inexistente, terminolog\u00eda o incluso concepto que se confunde con nulidad y tambi\u00e9n se identi\ufb01ca una y otra o se incluye la primera en la segunda; as\u00ed, cuando se da la rati\ufb01caci\u00f3n, se completa con el consentimiento aquel negocio jur\u00eddico que, de inexistente (o nulo) pasa a ser existente, v\u00e1lido y e\ufb01caz. “. .- la sentencia de 17 de noviembre de 2010 dice:<\/p>\n
” A) El contrato celebrado por quien no ostenta la representaci\u00f3n con la que act\u00faa es un negocio jur\u00eddico incompleto cuya efectividad depende de la rati\ufb01caci\u00f3n por el due\u00f1o del negocio jur\u00eddico, que puede o no aceptarlo para quedar obligado.<\/p>\n
La rati\ufb01caci\u00f3n puede producirse expresa o t\u00e1citamente. En el primer caso el acto ha de ser claro y concreto y estar integrado por una declaraci\u00f3n de voluntad tendente a depurar la anomal\u00eda de que el contrato adolec\u00eda. La rati\ufb01caci\u00f3n t\u00e1cita implica la voluntad de llevar cabo un negocio jur\u00eddico exteriorizada por actos concluyentes o un comportamiento de signi\ufb01cado inequ\u00edvoco ( STS 28 de junio de 2004, RC n\u00fam. 2268\/1998 ).<\/p>\n
Esta Sala ha declarado con reiteraci\u00f3n la posibilidad de rati\ufb01car un contrato en forma t\u00e1cita, a los efectos previstos en el art\u00edculo 1259 del C\u00f3digo Civil ( SSTS de 13 de noviembre de 2001 , 10 de julio de 2002 , 5 de diciembre de 2003 , 4 de febrero de 2005 , 6 de junio de 2008, RC n\u00fam. 1743\/2001 ) y tambi\u00e9n ha declarado que la voluntad de que se ejecute un contrato incluye la de admitirlo ( STS 28 de junio de 2004, RC n\u00fam. 2268\/1998 ), pues es un comportamiento que objetivamente revela de manera inequ\u00edvoca la voluntad de rati\ufb01car el negocio jur\u00eddico ( STS 28 de diciembre de 2007, RC n\u00fam. 4905\/2000 ).” .- la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de enero de 2015 al resolver un recurso de casaci\u00f3n en el que se debat\u00eda sobre las consecuencias de la revocaci\u00f3n del poder otorgado para contratar respecto de los terceros con quienes el mandatario contrata declara:<\/p>\n
” Si el poder se hubiese otorgado para contratar con determinadas personas, su revocaci\u00f3n no podr\u00eda perjudicar a \u00e9stas si no se les hubiera hecho saber, c\u00f3mo dispone el art\u00edculo 1734 del C\u00f3digo Civil .<\/p>\n
Ahora bien, si se trata de un mandato general, que es el caso, la revocaci\u00f3n si puede perjudicar a los terceros, salvo que concurra el supuesto excepcional previsto en el art\u00edculo 1738 del C\u00f3digo Civil , que, seg\u00fan doctrina de la Sala, requiere buena fe por parte de mandatario y tercero.<\/p>\n
3. Esta doctrina, plasmada recientemente en la sentencia citada por la parte recurrente de 24 de octubre de 2008 , rati\ufb01cada por la de 13 de febrero de 2014 , interpreta el art\u00edculo 1738 del C\u00f3digo Civil en el sentido de exigir para su aplicaci\u00f3n la concurrencia de dos condiciones: en primer lugar, que el tercero con el que contrata el mandatario haya actuado de buena fe, o sea que desconociera la anterior extinci\u00f3n del mandato, condici\u00f3n que se d\u00e1 en el supuesto que enjuiciamos; y en segundo lugar, que dicho mandatario, en el momento de hacer uso del poder, ignorara la muerte del mandante o la concurrencia de cualquier otra de las causas que hacen cesar el mandato, condici\u00f3n esta que no concurre en el presente supuesto en el que el mandatario us\u00f3 el poder cuando le hab\u00eda sido debidamente noti\ufb01cada su revocaci\u00f3n.<\/p>\n
Por ello la tesis de la sentencia, en aras a la ultra actividad del mandato por raz\u00f3n exclusivamente de la buena fe del tercero resulta incomprensible con el propio texto de la norma y doctrina de la Sala que lo interpreta.<\/p>\n
Al no ser aplicable dicho precepto lo realizado por el mandatario tras la extinci\u00f3n del mandato ( STS de 24 de octubre de 2008 ) es nulo ( art\u00edculo 1259 CC ) y como tal no vincula al mandante ( art\u00edculo 1727 CC ) y deja al mandatario como responsable frente al tercero ( art\u00edculo 1725 CC ). “.<\/p>\n
III.- La nulidad contractual.<\/p>\n
Bajo la expresi\u00f3n de nulidad del contrato, como ha declarado esta Sala en sus sentencias de 24 de marzo de 2011 , 6 de junio , 29 de octubre , 21 de noviembre y 12 de diciembre de 2012 y 13 de febrero y 21 y 30 de mayo de 2013 y 4 de noviembre de 2014 , ante la imprecisi\u00f3n terminol\u00f3gica del C\u00ba Civil, se hace necesario distinguir en los supuestos de ine\ufb01cacia negocial o contractual a que la misma se re\ufb01ere entre a.- la inexistencia, que se da cuando en un contrato falta alguno de los elementos esenciales del art. 1261 C\u00ba Civil ; b.- la nulidad radical o absoluta, en la que alg\u00fan sector doctrinal incluye el supuesto antes indicado, y aquellos otros en los que reuniendo los elementos esenciales el contrato, es opuesto a alguna ley que declara expresamente su nulidad; c.- la anulabilidad o nulidad relativa, la cual se produce cuando reuniendo sus elementos esenciales, adolece de vicios en la formaci\u00f3n o constituci\u00f3n de alguno de ellos ( error, dolo violencia, intimidaci\u00f3n, falta de capacidad de obrar que no implique falta de consentimiento, y falsedad de la causa), vicios a los que se re\ufb01ere el art. 1300 C\u00ba Civil ; y d .- la rescisi\u00f3n, la cual implica un contrato v\u00e1lidamente celebrado que se rescinde o queda ine\ufb01caz a virtud de sobrevenir lesi\u00f3n o perjuicio para alguno de los contratantes o para terceros por alguna de las causas se\u00f1aladas en el C\u00ba Civil ( art. 1291 y ss ). En los dos primeros supuestos la acci\u00f3n es imprescriptible y en los dos \u00faltimos est\u00e1 sometida al plazo de cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
Pues bien, cuando como en el presente caso la parte demandante, sin que por as\u00ed considerarlo pueda hablarse de incongruencia, pretende la nulidad de la constituci\u00f3n del derecho real sobre cosa ajena que es la hipoteca ( art. 1857 y ss C\u00ba Civil ), por ausencia de consentimiento pues siendo la vivienda gravada de su propiedad el poder usado para ello carec\u00eda de e\ufb01cacia al haber sido revocado, implicando ello un supuesto de nulidad radical.<\/p>\n
Al respecto, estamos ante una acci\u00f3n de car\u00e1cter imprescriptible, pues como que como cualquier otra relaci\u00f3n contractual para que surja conforme al 1.261 del C\u00f3digo Civil ” no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes, 2. Objeto cierto que sea materia del contrato y 3. Causa de la obligaci\u00f3n que se establezca.” La nulidad del contrato se producir\u00e1 cuando carezca de alguno de estos elementos esenciales, o cuando se haya celebrado vulnerando una norma imperativa o prohibitiva, de modo que es inexistente, nulo en su inicio, no produce efectos y se produce ipso iure, siendo, por ello, imprescriptible. Al faltar algunos de ellos se producir\u00e1 la nulidad radical del contrato, en cuanto que no es posible aplicar ni la con\ufb01rmaci\u00f3n, art\u00edculo 1310 del C\u00f3digo Civil ni la prescripci\u00f3n sanatoria, dado que responde al principio “Quid nullum est nullum producit”, es decir, carece de sus efectos espec\u00ed\ufb01cos, se considera como no realizado y no puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones en \u00e9l recogidas.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el consentimiento, esta Sala en sus sentencias de 24 de febrero y 4 de noviembre de 2014 ha declarado lo siguiente:<\/p>\n
” Como declara la Audiencia Provincial de Sevilla, Sec. 5\u00aa en su sentencia de 27 de abril 2011 ” conviene recordar, que, como dice la doctrina, es el alma del contrato, no surge autom\u00e1tica y simult\u00e1neamente entre las partes, sino que es necesario una serie de contactos previos o preliminares, es decir, tratos, negociaciones, que tienden a conformar y con\ufb01gurar los elementos esenciales del contrato que con\ufb02uir\u00e1n en la prestaci\u00f3n del consentimiento de las partes. Para que el consentimiento se entienda que tiene efectos vinculantes, se<\/p>\n
exige que sea libre y conscientemente emitido y manifestado, ha de tratarse de la voluntad concorde de los intervinientes, como expresamente se\u00f1ala el art\u00edculo 1.262 del C\u00f3digo Civil , y se mani\ufb01esta por el concurso de la oferta y de la aceptaci\u00f3n sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.<\/p>\n
El consentimiento, en cuanto encuentro de dos declaraciones de voluntad que, partiendo de dos sujetos diversos, se dirigen a un \ufb01n com\u00fan y se unen, se puede prestar expresa o t\u00e1citamente, con respecto a este \u00faltimo, s\u00f3lo ser\u00e1 necesario que sea patente, claro, terminante e inequ\u00edvoco. Tambi\u00e9n puede considerarse como manifestaci\u00f3n de voluntad el silencio, cuando el que calla debe hablar, no adoptando una actitud meramente negativa en el curso de las relaciones jur\u00eddicas que le ligan con la otra parte, SSTS de 14-6-63 y 15-2-97 , entre otras. La Sentencia de 19 de diciembre de 1.990 declara que: “el consentimiento t\u00e1cito ha de resultar de actos inequ\u00edvocos que demuestren de manera segura el pensamiento de conformidad del agente ( sentencias de 11 de noviembre de 1958 y 3 de enero de 1964 ), sin que se pueda atribuir esa aceptaci\u00f3n al mero conocimiento, por requerirse actos de positivo valor demostrativo de una voluntad determinada en tal sentido ( sentencias de 30 de noviembre de 1957 y 30 de mayo de 1963 ), exigiendo el consentimiento t\u00e1cito la realidad de un acto que ponga de relieve el deseo o voluntad del agente, sin que ofrezca la posibilidad de diversas interpretaciones ( sentencias de 10 de junio de 1966 ), insistiendo la de 29 de enero de 1965 en ese car\u00e1cter meramente negativo del silencio, que s\u00f3lo adquiere relevancia jur\u00eddica cuando de antemano es tenido en cuenta por la Ley para asignarle un cierto efecto, bien sea procesal (confesi\u00f3n judicial)o sustantivo (t\u00e1cita reconducci\u00f3n, elevaci\u00f3n de renta arrendaticia)o cuando de la mera voluntad privada surgen relaciones en cuyo curso acaecen hechos que hacen precisa, para puntualizar los derechos derivados, una manifestaci\u00f3n de voluntad que se omite, siempre que se den los requisitos a que se re\ufb01ere la sentencia de 24 de noviembre de 1943 , insisti\u00e9ndose en que el silencio absoluto no es producto de efectos jur\u00eddicos m\u00e1s que en el caso de que la Ley o la voluntad de las partes se lo reconozca o conceda previamente, pudiendo hablarse de un silencio cuali\ufb01cado s\u00f3lo cuando se junte a hechos positivos precedentes, a una actividad anterior de la parte que guard\u00f3 silencio, o a particulares situaciones subjetivas u objetivas que sirvan como elemento \u00fatil para tener por hecha la manifestaci\u00f3n de una determinada voluntad ( sentencia de 24 de enero de 1957 )”.<\/p>\n
En nuestro sistema rige el principio de libertad contractual y de la autonom\u00eda de la voluntad de las partes para obligarse, sin que exista m\u00e1s limites que los que se derivan de las normas imperativas, la moral y el orden p\u00fablico. En base a ello, se a\ufb01rma la existencia de una serie de principios \u00e9ticos y sociales de car\u00e1cter imperativos que ponen l\u00edmites, con fundamento en el inter\u00e9s general, a la autonom\u00eda privada. Consecuencias de aquellos principios, es que rige la libertad de forma, consagrada en el art\u00edculo 1278 del c\u00f3digo Civil , STS de 5-2-96 . Se trata de un sistema espiritualista que una consagrada y reiterada jurisprudencia se\u00f1ala que, salvo supuestos excepcionales como el contemplado en el art\u00edculo 633 del C\u00f3digo Civil , las formalidades exigidas por el art\u00edculo 1280 del C\u00f3digo Civil , no tienen la consideraci\u00f3n de ad solemnitatem, sino ad probationem, que provoca que el contrato se perfeccione por el concurso de la oferta y la aceptaci\u00f3n, desde luego, con el concurso de los dem\u00e1s requisitos esenciales para su validez.<\/p>\n
Con respecto al consentimiento, consiste, conforme a reiterada doctrina, en un acuerdo de voluntades que se dirige a un \ufb01n com\u00fan y se une. Para su validez se exige que, exista una pluralidad de partes, que tengan capacidad, que exista una voluntad consciente, inteligente y libre, que se realice una declaraci\u00f3n, en cuanto es necesario que el consentimiento se exprese y se declare, y, por \u00faltimo, que exista concordancia entre la voluntad interna y la declarada, de modo que el art\u00edculo 1265 del C\u00f3digo Civil establece que es nulo, aunque ha de entenderse en t\u00e9rmino de anulabilidad, no de nulidad radical, el consentimiento prestado por error, violencia, intimidaci\u00f3n o dolo, de ah\u00ed que hayamos considerando trascendente, a los efectos de resolver la presente litis, rese\u00f1ar la diferencia entre nulidad y anulabilidad, ya que cuando se ha prestado el consentimiento con error o dolo no estamos ante un supuesto de nulidad radical sino de mera anulabilidad.. “.<\/p>\n
En el caso de autos, ante la no intervenci\u00f3n personal de la Sra. Flor la \u00fanica posibilidad de vinculaci\u00f3n conforme al art. 1257 C\u00ba Civil del que se deduce que \u00fanicamente los contratos producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, viene dada por la actuaci\u00f3n de un apoderado con poder de representaci\u00f3n y a\u00fan cuando no se tuviera, si se hubiera dado por aqu\u00e9lla, la convalidacion de sus actos de constituci\u00f3n de la hipoteca, como declara el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 6 de noviembre de 2013 :<\/p>\n
” Tal como dice la sentencia de 23 octubre 1980 , re\ufb01ri\u00e9ndose a un caso de actuaci\u00f3n de una persona sin poder de representaci\u00f3n en el que destaca la posibilidad de rati\ufb01caci\u00f3n:<\/p>\n
“el negocio concluido en nombre de una determinada persona sin poder de representaci\u00f3n de \u00e9sta, o con extralimitaci\u00f3n de poder, pueda ser rati\ufb01cado por la persona cuyo nombre se otorg\u00f3, dado que esa posibilidad de rati\ufb01caci\u00f3n imprime un car\u00e1cter especial al negocio en que la representaci\u00f3n interviene, haciendo de \u00e9l no un acto propiamente inexistente, sino un negocio jur\u00eddico en estado de suspensi\u00f3n subordinado a una conditio juris, de tal modo que, en de\ufb01nitiva, si la rati\ufb01caci\u00f3n se produce, se considera el negocio como v\u00e1lido y e\ufb01caz desde el principio.””.<\/p>\n
QUINTO.- Desde la perspectiva jur\u00eddica expuesta en el fundamento de derecho precedente y teniendo en cuenta que la Juzgadora de instancia, como esta Sala, en modo alguno se ven condicionadas por la valoraci\u00f3n probatoria que determina la sentencia penal dictada en el procedimiento que precedi\u00f3 al actual litigio, pues siendo una sentencia absolutoria solo nos vincular\u00eda si declarara la inexistencia del hecho o la no participaci\u00f3n en \u00e9l de las partes demandadas, lo que por razones obvias no es el caso, de ah\u00ed que puede darse una valoraci\u00f3n diversa de los hechos, pues no ha de olvidarse que aquellos criterios que se tienen en cuenta para ello en un proceso penal y en uno civil son distintos, pese a lo cual la conclusi\u00f3n no tiene porque resultar de manera necesaria dispar, aunque, como ya se ha razonado en el fundamento de derecho precedente, no padece el derecho a la tutela judicial efectiva porque se d\u00e9 una valoraci\u00f3n probatoria diversa, pues cada orden jurisdiccional atiende al alcance y consideraci\u00f3n de las pretensiones que ante \u00e9l se ejercitan, recordando al efecto lo declarado por el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 16 de octubre de 2006 ” la jurisprudencia ( sentencias de 3 de noviembre de 1.993 , 15 de julio de 2.002 y 27 de mayo de 2.003 , entre otras) atribuye a la sentencia penal, aunque no produzca cosa juzgada, el efecto en el proceso civil de medio de prueba cuali\ufb01cado de los hechos en ella contemplados y valorados. Lo que no es m\u00e1s que consecuencia de la exigencia constitucional de seguridad jur\u00eddica a que se re\ufb01ere, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 34\/2.003, de 25 de febrero “.<\/p>\n
Si ello es as\u00ed y visto lo razonado por esta Sala al considerar que no se da incongruencia cuando la Juzgadora aprecia la existencia de una revocaci\u00f3n t\u00e1cita del poder conferido por la actora al demandado Sr. Desiderio en el momento en el que se produce la quiebra de su relaci\u00f3n personal, y con ello la con\ufb01anza que en la misma se da y que determin\u00f3 en su momento la realizaci\u00f3n del poder, tras valorar la prueba practicada, no puede por menos que compartir las conclusiones sentadas por la Juzgadora en el fundamento de derecho primero de su sentencia que se asume en evitaci\u00f3n de in\u00fatiles reiteraciones, pues no hay duda de que cuando se otorga el poder ( doc. n\u00ba 4 demanda), el d\u00eda 27 de febrero de 1991, estamos ante un poder perfectamente v\u00e1lido en un momento en el que en la relaci\u00f3n de pareja entre la Sra. Flor y el Sr. Desiderio exist\u00eda como esta Sala entiende y razona la Juzgadora de instancia, en coincidencia con la sentencia penal, pues frente a la aseveraci\u00f3n de que la misma no es cierta que sostiene el Sr. Desiderio en el acto de juicio penal ( minuto 11,30 y ss Cd n\u00ba 1) est\u00e1 el testimonio en ambos procesos de la Sra. Flor (minuto 36 y ss Cd n\u00ba 1 y minuto 0 y ss Cd n\u00ba2, y minuto 16,50 y ss Cd n\u00ba 1), de su sobrino el Sr. Prudencio ( minuto 16,55 y ss Cd n\u00ba 2 penal y minuto 35, 09 y ss Cd n\u00ba1), e incluso en aqu\u00e9ll de quien es la hija de la Sra. Flor , la Sra. Agustina (minuto 23,27 y ss Cd n\u00ba 2 juicio penal) quien de\ufb01ne al Sr. Desiderio en aquella \u00e9poca como un padre para ella, plenamente integrado en la relaci\u00f3n de la familia, asistiendo a actos familiares ( bautizos, bodas, comuni\u00f3n..), lo que asevera Don.<\/p>\n
Prudencio ( minuto 37,40 y ss Cd n\u00ba1 del pleito civil), hasta que dicha relaci\u00f3n se quiebra en ese mismo a\u00f1o 1991, avanzado el mismo ( Sra. Flor , minuto 0,19 y ss Cd n\u00ba 2 penal y minuto 31,54 y ss Cd n\u00ba1 Don. Prudencio , minuto 20,44 y ss Cd n\u00ba 2 Cd Penal y minuto 37,06 y ss Cd n\u00ba 1 civil), admitiendo la Sra. Agustina que a\u00fan tras la ruptura, contando, entonces, 10 a\u00f1os, un a\u00f1o m\u00e1s mantuvo contacto con el Sr. Desiderio , que despu\u00e9s no ha recuperado al desconocer incluso su paradero ( minuto 26 y ss Cd n\u00ba 2 penal). A tal consideraci\u00f3n no es \u00f3bice que en el momento de la misma el Sr. Desiderio estuviera casado en ese momento.<\/p>\n
Es m\u00e1s las aseveraciones del mismo respecto de que, en realidad, la vivienda era de su propiedad, que se puso a nombre de la Sra. Flor dada su actuaci\u00f3n ” como subastero” y unos problemas personales con la misma ( v\u00e9ase su declaraci\u00f3n penal) y que por ello se otorg\u00f3 el poder, tras su compra el d\u00eda 30 de enero de 1991 ( doc. n\u00ba 12 demanda) no se compadecen con su actuar en todos estos a\u00f1os, pues nada ha hecho, en todo este tiempo, el Sr. Desiderio , para materializar tal derecho en la realidad reclamando su propiedad o contribuyendo a su sostenimiento o a las obligaciones derivadas de su titularidad.<\/p>\n
Por el contrario, quien s\u00ed se ha comportado como propietaria es la Sra. Flor quien sabe que la vivienda se adquiri\u00f3 como consecuencia de una subasta y que al igual que con otros muchos papeles que \ufb01rmaba en la con\ufb01anza de quien era su pareja, \ufb01rm\u00f3 el citado poder, cuya existencia no puede ignorar ante la intervenci\u00f3n notarial y su lectura. Poder, en atenci\u00f3n al cual el Sr. Desiderio se encarg\u00f3 de la tramitaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo hipotecario con La Caixa en abril de 1991, que asumi\u00f3 la Sra. Flor como prestataria hipotecante y que, pese al poder que le habilitaba para ello, no fue \ufb01rmado por el Sr. Desiderio sino por ella personalmente, habiendo cumplido con \u00e9l la misma a lo largo de estos a\u00f1os ( doc. n\u00ba 1 y 6, 7 y 9 demanda).<\/p>\n
Por tanto, nos encontramos con una vivienda inscrita a nombre de la Sra. Flor , pensemos en la presunci\u00f3n que de que los derechos reales inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento correspondiente ( art. 38 LH ), que la misma ha sostenido como propia, sin contradicci\u00f3n por parte del Sr.<\/p>\n
Desiderio a quien es cierto que cuando eran pareja hab\u00eda otorgado un poder v\u00e1lido de plena disposici\u00f3n de la misma, incluida la posibilidad de hipotecar, en base a la relaci\u00f3n de con\ufb01anza derivada de su relaci\u00f3n de pareja, pues no se prueba otra causa o raz\u00f3n que lo justi\ufb01que, que se quiebra con la ruptura de esa relaci\u00f3n lo que justi\ufb01ca cuando menos su revocaci\u00f3n, bien expresa que ciertamente no se da hasta el d\u00eda 18 de setiembre de 2008 cuando la Sra. Flor tiene conocimiento de la existencia de la hipoteca y de las consecuencias que<\/p>\n
sobre su vivienda tiene el incumplimiento del pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria constituido el d\u00eda 16 de enero de 2008 ( doc. n\u00ba 3 demanda) pues insiste en que no ha tenido copia del poder, bien t\u00e1cita en el momento en el que se rompe la relaci\u00f3n, pues sin uso de ese poder durante todos estos a\u00f1os, sin relaci\u00f3n entre las partes, quebrada la relaci\u00f3n que lo justi\ufb01c\u00f3, hay que entenderlo, entonces, revocado, y sin duda el Sr. Desiderio sab\u00eda que no pod\u00eda usar el mismo pasado todo este tiempo, pues como admite en su declaraci\u00f3n penal nada le dijo a la Sra. Flor respecto de que en garant\u00eda y para la obtenci\u00f3n de un pr\u00e9stamo en unos canales de \ufb01nanciaci\u00f3n ajenos a los ordinarios que respond\u00edan a una situaci\u00f3n econ\u00f3mica compleja, iba a hipotecar la vivienda que ella habitaba desde 1991, sin que la explicaci\u00f3n de ser de su propiedad en la que justi\ufb01ca su conducta, tenga sentido por lo antes razonado ( minuto 25,43 y ss, 26 y ss y 26,27 y ss Cd n\u00ba1 penal), lo que evidencia, y ello no es una sospecha, como sostiene la parte apelante, sino la conclusi\u00f3n sentada de la valoraci\u00f3n conjunta de la prueba, que si no lo hizo es porque conoc\u00eda la ine\ufb01cacia de un poder otorgado en el a\u00f1o 1991, en una situaci\u00f3n concreta, cuya vigencia ya no persist\u00eda y que se us\u00f3 en enero de 2008, casi 17 a\u00f1os despu\u00e9s, sin advertir a la poderdante para evitar, sin duda, una respuesta contraria a sus intereses ( la Sra. Flor declara que no que lo hubiera permitido, minuto 44,53 y ss Cd n\u00ba 1 penal).<\/p>\n
De lo as\u00ed considerado, como se razona en el fundamento de derecho segundo de la sentencia de instancia, sabedor el Sr. Desiderio de la revocaci\u00f3n del poder, en este momento poco importa que el Sr. Pedro Miguel lo supiera o no o con\ufb01ara en la intervenci\u00f3n del Notario para estimar correcto el uso de un poder cuanto menos sospechoso por su antig\u00fcedad (1991), y quien pese a acudir a ver por fuera la \ufb01nca, como admite en su declaraci\u00f3n en el presente procedimiento ( minuto 10,06 y ss Cd n\u00ba 1 ) no intent\u00f3 comprobar la realidad de la autorizaci\u00f3n para la constituci\u00f3n de la hipoteca de una vivienda a nombre de persona distinta de quien era el prestatario, cuando, adem\u00e1s, estamos ante una \ufb01nanciaci\u00f3n fuera de los canales habituales ante la intervenci\u00f3n de una intermediadora \ufb01nanciera como Credit Services que es con la quien se pone en contacto el Sr. Desiderio , quien busca al prestamista el Sr. Pedro Miguel , conoci\u00e9ndose ambos en el Notario, y quien se encarga de toda la tramitaci\u00f3n del contrato de pr\u00e9stamo y de la garant\u00eda hipotecaria, y por tanto, actuara de buena o mala fe al respecto de la garant\u00eda, siendo dif\u00edcil pensar que supiera de la revocaci\u00f3n del poder, respecto de la que por cierto la alegaci\u00f3n de que la hija de la actora bien le pod\u00eda haber dicho algo al Sr. Desiderio no tiene sentido, pues la relaci\u00f3n con ella declare \u00e9ste no se da desde el a\u00f1o 1991 al igual que con su madre ( minuto 29,10 y ss Cd n\u00ba1 penal), y ella dice que se rompe a los 11 a\u00f1os, ante la ausencia de poder y con ello ante la falta de consentimiento de la Sra. Flor para la constituci\u00f3n de un derecho real de hipoteca en garant\u00eda de la devoluci\u00f3n del pr\u00e9stamo concedido por \u00e9l al Sr. Desiderio , ello le es oponible de conformidad con lo dispuesto en el art. 1738 C\u00ba Civil y su interpretaci\u00f3n jurisprudencial antes citada, por lo que no d\u00e1ndose actos posteriores de convalidaci\u00f3n por la actora, y s\u00ed tendentes a la defensa de la ausencia de consentimiento ( actuaciones ante el orden jurisdiccional penal y civil), es ajustada a derecho la sentencia de instancia cuando declara la nulidad de la constituci\u00f3n de hipoteca con las consecuencias a ello inherentes no vi\u00e9ndose afectado, por razones obvias, el contrato de pr\u00e9stamo entre el Sr. Desiderio y el Sr. Pedro Miguel .<\/p>\n
Lo expuesto conlleva la desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y la con\ufb01rmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida.<\/p>\n
SEXTO.- En relaci\u00f3n a las costas procesales de esta alzada, dada la desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n procede su imposici\u00f3n a la parte apelante ( art. 398 n\u00ba 1 LECn ).<\/p>\n
S\u00c9PTIMO.- La desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, conlleva de conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de la Disposici\u00f3n Adicional Decimoquinta de LOPJ en la redacci\u00f3n dada por la LO 1\/2009 de 3 de noviembre, la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito constituido al efecto, el cual ser\u00e1 transferido por la Sra. Secretaria a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos desestimados.<\/p>\n
VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y dem\u00e1s pertinentes y de general aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Que desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Procurador Sr. Sant\u00edn D\u00edez, en nombre y representaci\u00f3n de Pedro Miguel , contra la sentencia dictada el d\u00eda 8 de noviembre de 2014 por la Ilma. Sra.<\/p>\n
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 13 de Bilbao, en los autos de Juicio Ordinario n\u00ba 1496\/13 a que este rollo se re\ufb01ere; debemos con\ufb01rmar y con\ufb01rmamos dicha resoluci\u00f3n, con expresa imposici\u00f3n a la parte apelante de las costas de esta alzada.<\/p>\n
Devu\u00e9lvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su cumplimiento.<\/p>\n
Trans\ufb01\u00e9rase por la Sra. Secretaria el dep\u00f3sito constituido a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos desestimados.<\/p>\n
Contra la presente resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el<\/p>\n
plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn ).<\/p>\n
Tambi\u00e9n, en caso de interponerse aqu\u00e9l, podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn ).<\/p>\n
Para interponer los recursos ser\u00e1 necesario la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Espa\u00f1ol de Cr\u00e9dito) con el n\u00famero 4738 0000 00 004915. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n
Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
As\u00ed por esta nuestra sentencia, de la que se unir\u00e1 certi\ufb01caci\u00f3n al rollo, de\ufb01nitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n
PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la \ufb01rman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo la Secretario certi\ufb01co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
No hay incongruencia.La constituci\u00f3n de la garant\u00eda hipotecaria adolece del vicio de nulidad por falta de consentimiento; el poder utilizado por su expareja para actuar en nombre de la propietaria no es v\u00e1lido, al estar t\u00e1citamente revocado y sin vigencia. El acreedor hipotecario no actu\u00f3 con la diligencia exigible.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2363,2360,2288,2362,2357,2359],"materia":[1174],"organo":[1885],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13466","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-contrato-de-mandato","tag-falta-de-diligencia-del-acreedor-hipotecario","tag-ley-2-2003","tag-no-hay-incongruencia","tag-nulidad-garantia-hipotecaria","tag-uso-de-poder-tacitamente-revocado","materia-ley-2-2003-de-7-de-mayo-reguladora-de-las-parejas-de-hecho","organo-seccion-5a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13466","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13466"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13466"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13466"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13466"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13466"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13466"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13466"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}