Sala de lo Civil Sentencia n\u00fam. 468\/2018 Fecha de sentencia: 19\/07\/2018 Tipo de procedimiento: CASACI\u00d3N E INFRACCI\u00d3N PROCESAL N\u00famero del procedimiento: 2396\/2015 Fallo\/Acuerdo:<\/p>\n
Fecha de Votaci\u00f3n y Fallo: 04\/07\/2018 Ponente: Excma. Sra. D.\u00aa M.\u00aa Angeles Parra Lucan Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BILBAO. SEC. 5.\u00aa Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia: Ilmo. Sr. D. Jos\u00e9 Mar\u00eda Llorente Garc\u00eda Transcrito por: LEL Nota:<\/p>\n
CASACI\u00d3N E INFRACCI\u00d3N PROCESAL n\u00fam.: 2396\/2015 Ponente: Excma. Sra. D.\u00aa M.\u00aa Angeles Parra Lucan Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia: Ilmo. Sr. D. Jos\u00e9 Mar\u00eda Llorente Garc\u00eda TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil Sentencia n\u00fam. 468\/2018 Excmos. Sres. y Excma. Sra.<\/p>\n
D. Francisco Marin Castan, presidente D. Jose Antonio Seijas Quintana D. Antonio Salas Carceller<\/p>\n
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas D. Eduardo Baena Ruiz D.\u00aa M.\u00aa Angeles Parra Lucan En Madrid, a 19 de julio de 2018.<\/p>\n
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por D.<\/p>\n
Pedro Miguel , representado por la procuradora D.\u00aa M.\u00aa del Carmen Ortiz Cornago bajo la direcci\u00f3n letrada de D. Jos\u00e9 Luis S\u00e1daba Su\u00e1rez, contra la sentencia n.\u00ba 103\/2015 dictada en fecha 25 de mayo por la Secci\u00f3n 5.\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizkaia en el recurso de apelaci\u00f3n n.\u00ba 49\/2015 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.\u00ba 1496\/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 13 de Bilbao, sobre nulidad contractual.<\/p>\n
Ha sido parte recurrida D.\u00aa Flor , representada por la procuradora D.\u00aa M.\u00aa Lourdes Fern\u00e1ndez-Luna Tamayo y bajo la direcci\u00f3n letrada de D. Karmelo Ruiz de Alegr\u00eda Mart\u00edn.<\/p>\n
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.\u00aa M.\u00aa Angeles Parra Lucan.<\/p>\n
PRIMERO.- Tramitaci\u00f3n en primera instancia 1.- D.\u00aa Flor interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Desiderio y D. Pedro Miguel en la que solicitaba se dictara sentencia por la que se estime la demanda y se declare lo siguiente:<\/p>\n
\u00aba) La nulidad radical del poder para formalizar la garant\u00eda hipotecaria, sobre la vivienda de la actora sita en TRAVESIA000 , n.\u00ba NUM000 de Bilbao, que se halla en ejecuci\u00f3n bajo n\u00famero de autos 1115\/08, del Juzgado de 1.\u00aa Instancia n.\u00ba 2 de Bilbao, subsistiendo el resto de las condiciones del pr\u00e9stamo entre los dos contratantes demandados. \u00bbb) Se proceda a declarar la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria seguido bajo n\u00famero de autos 1115\/08 se\u00f1alado. \u00bbc) Se proceda a ordenar la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de hipoteca que \ufb01gura en el Registro de la Propiedad n.\u00ba 6 de Bilbao, sobre dicha vivienda, as\u00ed como el resto de anotaciones derivadas de dicha anotaci\u00f3n de hipoteca (certi\ufb01caci\u00f3n de cargas, anotaci\u00f3n de demanda, etc.), originados por la garant\u00eda hipotecaria que se anula. \u00bbY de forma subsidiaria, para el caso de no estimarse en su integridad la anterior petici\u00f3n respecto a los dos demandados, se declare lo siguiente: \u00bb1.-) La nulidad del pr\u00e9stamo personal suscrito el 16 de enero de 2008 entre D. Pedro Miguel y D. Desiderio , por su car\u00e1cter usurario y leonino, y en consecuencia, la nulidad de la hipoteca que garantiza dicho pr\u00e9stamo, con sus consecuencia legales. \u00bb2.-) La nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria seguido bajo n\u00famero de autos 1115\/08, en el Juzgado de 1.\u00aa Instancia n.\u00ba 2 de Bilbao. \u00bb3.-) Se proceda a ordenar la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de hipoteca que \ufb01gura en el Registro de la Propiedad n.\u00ba 6 de Bilbao, sobre dicha vivienda, as\u00ed como el resto de anotaciones derivadas de dicha hipoteca (certi\ufb01caci\u00f3n de cargas, anotaci\u00f3n de demanda, etc.). \u00bbEn cualquiera de los casos, y para el supuesto de sentencia estimatoria que adquiera \ufb01rmeza, se haya adjudicado a un tercero adquiriente por medio del procedimiento ejecutivo 1115\/08 en curso u otros terceros, siendo despose\u00edda de su vivienda mi representada, se indemnice por los demandados a la actora en el importe de 210.000 euros, como valor de la vivienda que se hace constar por los propios demandados en la escritura hipotecaria. \u00bbIgualmente se solicita la condena en costas a los demandados\u00bb.<\/p>\n
2.- La demanda fue presentada el 17 de diciembre de 2013 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 13 de Bilbao y fue registrada con el n.\u00ba 1496\/13 . Una vez fue admitida a tr\u00e1mite, se procedi\u00f3 al emplazamiento de la parte demandada.<\/p>\n
3.- D. Pedro Miguel contest\u00f3 a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimaci\u00f3n de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora.<\/p>\n
No habiendo comparecido la parte demandada D. Desiderio dentro del plazo para contestar a la demanda y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 496.1 LEC , se le declara en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda procesal mediante diligencia de 6 de marzo de 2014.<\/p>\n
4.- Tras seguirse los tr\u00e1mites correspondientes, la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 13 de Bilbao dict\u00f3 sentencia de fecha 11 de noviembre de 2014 , con el siguiente fallo:<\/p>\n
\u00abEstimo parcialmente la demanda deducida por la representaci\u00f3n procesal de D.\u00aa Flor contra D. Desiderio y D. Pedro Miguel y: \u00bb1. Declaro la nulidad de la garant\u00eda hipotecaria sobre la vivienda de la actora, sita en la TRAVESIA000 n.\u00ba NUM000 de Bilbao, concedida mediante escritura p\u00fablica de 16 de enero de 2008 por D. Desiderio en nombre de D.\u00aa Flor a favor de D. Pedro Miguel , por inexistencia de consentimiento de la propietaria al haberse realizado por el sr. Desiderio sin ostentar su leg\u00edtima representaci\u00f3n, haciendo uso de un poder notarial t\u00e1citamente revocado. \u00bb2. Ordeno la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dicha garant\u00eda hipotecaria en el Registro de la Propiedad n.\u00ba 6 de Bilbao, libr\u00e1ndose el oportuno mandamiento. \u00bb3. No ha lugar a declarar la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria n.\u00ba 1115\/08 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 2 de Bilbao para le ejecuci\u00f3n de hipoteca cuya nulidad se declara en esta resoluci\u00f3n, sin perjuicio de solicitar esta declaraci\u00f3n ante el mencionado Juzgado\u00bb.<\/p>\n
SEGUNDO.- Tramitaci\u00f3n en segunda instancia 1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de D. Pedro Miguel .<\/p>\n
2.- La resoluci\u00f3n de este recurso correspondi\u00f3 a la Secci\u00f3n 5.\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizcaia, que lo tramit\u00f3 con el n\u00famero de rollo 49\/2015 y tras seguir los correspondientes tr\u00e1mites dict\u00f3 sentencia en fecha 25 de mayo de 2015 , con el siguiente fallo:<\/p>\n
\u00abQue desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el procurador sr. Sant\u00edn D\u00edez, en nombre y representaci\u00f3n de D. Pedro Miguel , contra la sentencia dictada el d\u00eda 8 de noviembre de 2014 por la Ilma. Sra.<\/p>\n
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 13 de Bilbao, en los autos de Juicio Ordinario n.\u00ba 1496\/13 a que este rollo se re\ufb01ere; debemos con\ufb01rmar y con\ufb01rmamos dicha resoluci\u00f3n, con expresa imposici\u00f3n a la parte apelante de las costas de esta alzada\u00bb.<\/p>\n
TERCERO .- Interposici\u00f3n y tramitaci\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y recurso de casaci\u00f3n 1.- D. Pedro Miguel interpuso recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n
El motivo del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal fue:<\/p>\n
\u00ab\u00danico.- Por infracci\u00f3n de las normas procesales reguladoras de la sentencia ( art. 469.1-2.\u00ba LEC ), en concreto se denuncia la vulneraci\u00f3n del principio de congruencia en tanto que la sentencia de la Secci\u00f3n Quinta de la Audiencia Provincial de Vizcaya infringe los preceptos contenidos en los art\u00edculos 216 , 217 y 218 LEC . \u00bbAsimismo se denuncia vulneraci\u00f3n, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n (ex art. 469.1-4.\u00ba LEC ), en concreto infracci\u00f3n del principio de justicia rogada, con la consiguiente vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a tutela judicial efectiva consagrado en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola \u00bb.<\/p>\n
Los motivos del recurso de casaci\u00f3n fueron:<\/p>\n
\u00abPrimero.- Recurso de casaci\u00f3n en su modalidad de oposici\u00f3n a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo expresada en las sentencias de 10 de julio de 1946 , 3 de julio de 1962 , 14 de junio de 1965 , 22 de marzo de 1986 , 1 de julio de 1975 , 24 de octubre de 2008 que interpretan y aplican el art\u00edculo 1735 del C\u00f3digo Civil . \u00bbDebe declararse la vigencia de la jurisprudencia a tenor de la cual la revocaci\u00f3n del mandato, ya sea t\u00e1cita o expresa, debe comunicarse al mandatario. \u00bbSegundo.- Recurso de casaci\u00f3n en su modalidad de oposici\u00f3n a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo expresada en las sentencias de 24 de octubre de 2008 y sentencia de 1 de julio de 1971 que interpretan y aplican el art\u00edculo 1738 del C\u00f3digo Civil . \u00bbDebe declararse que conforme a los principios generales en materia de representaci\u00f3n se permite la actuaci\u00f3n del mandatario con los efectos obligatorios correspondientes, con posterioridad al cese o revocaci\u00f3n del mandato, pues dicha decisi\u00f3n debe ser comunicada al mandatario tanto si es expresa como si nos encontramos ante la revocaci\u00f3n t\u00e1cita prevista en el art\u00edculo 1735 del CC , porque como dispone el art\u00edculo 1738 del CC lo realizado por el mandatario ignorando la muerte del mandante o cualquiera de las circunstancias que hacen cesar el mandato, es v\u00e1lido y produce todos sus efectos respecto a terceros que hayan contratado con \u00e9l de buena fe\u00bb.<\/p>\n
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dict\u00f3 auto de fecha 21 de febrero de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:<\/p>\n
\u00abAdmitir el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y admitir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por D.<\/p>\n
Pedro Miguel contra la sentencia dictada con fecha de 25 de mayo de 2015 por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Secci\u00f3n 5.\u00aa), en el rollo de apelaci\u00f3n n.\u00ba 49\/2015 , dimanante del juicio ordinario n.\u00ba 1496\/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 13 de Bilbao\u00bb.<\/p>\n
3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposici\u00f3n al recurso de casaci\u00f3n e infracci\u00f3n procesal, lo que hizo mediante la presentaci\u00f3n del correspondiente escrito.<\/p>\n
4.- Por providencia de 12 de junio de 2018 se nombr\u00f3 ponente a la que lo es en este tr\u00e1mite y se acord\u00f3 resolver los recursos sin celebraci\u00f3n de vista, se\u00f1al\u00e1ndose para votaci\u00f3n y fallo el 4 de julio de 2018, en que ha tenido lugar.<\/p>\n
PRIMERO.- Resumen de antecedentes 1.- El presente recurso plantea como cuesti\u00f3n jur\u00eddica la de la validez de la hipoteca constituida por el apoderado para garantizar un pr\u00e9stamo personal concedido a su favor mediante el uso de un poder que le hab\u00eda otorgado la propietaria de la vivienda diecisiete a\u00f1os antes. El poder confer\u00eda al apoderado amplias facultades respecto de la vivienda, incluida la facultad de venderla o de constituir hipoteca para garantizar pr\u00e9stamos, y se otorg\u00f3 en un contexto en el que se iba a constituir un pr\u00e9stamo hipotecario para \ufb01nanciar la compra de la vivienda. Pese a la existencia del poder, ese pr\u00e9stamo hipotecario para \ufb01nanciar la vivienda lo concert\u00f3 personalmente la propietaria. Poco despu\u00e9s de otorgar el poder, termin\u00f3 la relaci\u00f3n sentimental que hab\u00eda existido entre las partes, sin que tuvieran m\u00e1s contacto.<\/p>\n
El apoderado est\u00e1 en rebeld\u00eda y el recurso de casaci\u00f3n lo interpone el tercero que le concedi\u00f3 el pr\u00e9stamo y a cuyo favor se constituy\u00f3 la garant\u00eda, que las sentencias de instancia han declarado nula.<\/p>\n
2.- La sentencia de primera instancia recoge como hechos probados, asumidos por la sentencia recurrida, los siguientes:<\/p>\n
\u00ab1. La demandante mantuvo una relaci\u00f3n con el Sr. Desiderio desde el a\u00f1o 1987, durante la cual se hab\u00edan \ufb01rmado diversos documentos por la Sra. Flor para la intervenci\u00f3n formal en operaciones inmobiliarias gestionadas por el Sr. Desiderio , esencialmente en subastas judiciales. Precisamente en una de estas operaciones el Sr. Desiderio ofreci\u00f3 a la actora la posibilidad de adquirir por subasta judicial la vivienda litigiosa, a lo que ella accedi\u00f3. Formalmente la Sra. Flor apareci\u00f3 como adquirente de la misma por t\u00edtulo de compraventa de 30 de enero de 1991 en venta judicial, pero el precio no fue satisfecho en ese momento por la actora sino presumiblemente por el Sr. Desiderio , en la cantidad de 1.467.000 ptas. Este le dijo a la Sra.<\/p>\n
Flor que a efectos de que ella pagara el precio se iba a constituir un pr\u00e9stamo hipotecario sobre esa vivienda y tendr\u00eda que ir pagando las cuotas. En el contexto de esta operaci\u00f3n el Sr. Desiderio obtuvo de la Sra. Flor la \ufb01rma de un poder el 27 de febrero de 1991 a su favor por el que le conced\u00eda amplias facultades respecto de la vivienda litigiosa, incluso la facultad de venderla o de constituir hipoteca para garantizar pr\u00e9stamos. Asimismo, el 28 de abril de ese a\u00f1o la demandante \ufb01rm\u00f3 una escritura de pr\u00e9stamo hipotecario sobre esa vivienda, por importe de 4.000.000 pesetas, siendo ella la que ha abonado todos los plazos del mismo hasta su cancelaci\u00f3n.<\/p>\n
El importe del pr\u00e9stamo no se recibi\u00f3 por la demandante sino por el Sr. Desiderio , sin que se haya acreditado para qu\u00e9 \ufb01nes lo destin\u00f3. \u00bb2. La Sra. Flor realiz\u00f3 los pagos de las cuotas del pr\u00e9stamo entendiendo que era la forma en la que pagaba el precio de adquisici\u00f3n conforme se le hab\u00eda indicado por su pareja. Por tanto es su leg\u00edtima propietaria. \u00bb3. La relaci\u00f3n entre la Sra. Flor y el Sr. Desiderio termin\u00f3 ese a\u00f1o 1991, sin que tuvieran m\u00e1s contacto. \u00bb4. En el a\u00f1o 2008, el Sr. Desiderio hizo uso del poder notarial que le hab\u00eda concedido la Sra. Flor para, sin su conocimiento ni consentimiento, emplearlo para conseguir un pr\u00e9stamo personal de 141.000 euros, que fue mediado por una empresa especializada y en el que aparec\u00eda como acreedor prestamista Pedro Miguel .<\/p>\n
El plazo de devoluci\u00f3n del pr\u00e9stamo era de 6 meses. El Sr. Desiderio compareci\u00f3 ante notario exhibiendo el poder, que no hab\u00eda sido revocado formalmente por la Sra. Flor , con el objeto de poder hipotecar la vivienda para garantizar el pr\u00e9stamo y as\u00ed obtener su concesi\u00f3n, a sabiendas de que no iba a devolver el capital. Actu\u00f3 con el \u00fanico objeto de recibir el dinero, sin intenci\u00f3n alguna de cumplir con su obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n y a<\/p>\n
sabiendas del perjuicio que causaba a la Sra. Flor , pues la operaci\u00f3n estaba avocada a la ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda hipotecaria. \u00bbLlegada la fecha del vencimiento, el Sr. Desiderio no devolvi\u00f3 ninguna cantidad, por lo que el acreedor inici\u00f3 el proceso de ejecuci\u00f3n hipotecaria que se sigue actualmente ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00b0 2. \u00bbEl 16 de septiembre de 2008 la Sra. Flor tuvo conocimiento, por primera vez, del uso de ese poder para constituir la hipoteca cuando fue requerida de pago en la ejecuci\u00f3n hipotecaria, procediendo a revocar dos d\u00edas despu\u00e9s el poder notarial\u00bb.<\/p>\n
3.- En virtud de denuncia de la Sra. Flor , se instruyeron diligencias penales que terminaron por sentencia \ufb01rme de la Audiencia Provincial de Bizcaia de 17 de octubre de 2012 , por la que se absolvi\u00f3 al Sr. Desiderio del delito de estafa.<\/p>\n
4.- Tras auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013 por el que se inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de la Audiencia Provincial, el 17 de noviembre de 2013, la Sra. Flor interpuso demanda contra el Sr. Desiderio y el Sr. Pedro Miguel .<\/p>\n
De modo principal solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad radical del poder para formalizar la garant\u00eda hipotecaria (con subsistencia del pr\u00e9stamo personal entre los demandados), la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria y la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de la hipoteca. De forma subsidiaria solicit\u00f3 la nulidad del pr\u00e9stamo personal suscrito entre los demandados e, igualmente, la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria y la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de la hipoteca.<\/p>\n
El Sr. Desiderio fue declarado en rebeld\u00eda y el Sr Pedro Miguel contest\u00f3 a la demanda, solicitando su desestimaci\u00f3n. En s\u00edntesis, aleg\u00f3: que desconoc\u00eda la relaci\u00f3n de la demandante con el Sr. Desiderio , pero que el dinero del pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria concertado en el a\u00f1o 1991 sobre la vivienda lo percibi\u00f3 la Sra.<\/p>\n
Flor y fue el Sr. Desiderio quien meses antes hab\u00eda pagado el piso; que no es un prestamista profesional, pero que la entidad Credit Services le aconsej\u00f3 conceder el pr\u00e9stamo litigioso como forma de obtener rentabilidad a su dinero y que el pr\u00e9stamo no era usurario; que siempre ha actuado de buena fe, asesorado por una entidad profesional y especializada, con intervenci\u00f3n notarial e inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad; que la querella criminal fue interpuesta por la demandante en 2008 contra el Sr. Desiderio y contra el Sr. Pedro Miguel y, al decretar el sobreseimiento de la causa contra el Sr. Pedro Miguel , el auto del juzgado de 12 de enero de 2011 hizo constar que no exist\u00eda indicio alguno de que conociera que la denunciante ignoraba el contrato ni le era exigible una investigaci\u00f3n de tal extremo, pues el poder utilizado por el Sr. Desiderio no adolec\u00eda de defecto alguno y no estaba revocado; que el poder fue revocado por la Sra. Flor despu\u00e9s del otorgamiento de la escritura, por lo que aunque se hubiera consultado el Archivo de revocaci\u00f3n de poderes que estuvo vigente hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 , no hubiera podido encontrarse la revocaci\u00f3n; que se subsan\u00f3 la omisi\u00f3n referida al domicilio de la hipotecante no deudora con fecha 6 de marzo de 2008, conforme al art. 153 del Reglamento notarial; que la escritura de pr\u00e9stamo hipotecario es v\u00e1lida y e\ufb01caz.<\/p>\n
5.- La sentencia de primera instancia estim\u00f3 parcialmente la demanda: declar\u00f3 la nulidad de la garant\u00eda hipotecaria sobre la vivienda de la actora por inexistencia de consentimiento de la propietaria al haberse realizado por el Sr. Desiderio sin ostentar su leg\u00edtima representaci\u00f3n, haciendo uso de un poder notarial t\u00e1citamente revocado y orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dicha garant\u00eda hipotecaria en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n
Valor\u00f3 que las circunstancias en las que se hab\u00eda otorgado el poder hab\u00edan cambiado en los dieciocho a\u00f1os transcurridos (cuando se otorg\u00f3 eran pareja y se iba a pedir un pr\u00e9stamo hipotecario para \ufb01nanciar la vivienda), lo que era perfectamente conocido por el apoderado, que sab\u00eda que el poder estaba extinguido cuando lo utiliz\u00f3. A\u00f1adi\u00f3 que:<\/p>\n
\u00abEn todo caso no se considera que el acreedor hipotecario pueda ampararse en la buena fe para mantenerse ajeno a las consecuencias antijur\u00eddicas del contrato que \ufb01rm\u00f3, pues no actu\u00f3 con la m\u00ednima diligencia que le era exigible para cerciorarse de que la propietaria del inmueble realmente estaba al tanto de la operaci\u00f3n.<\/p>\n
No se preocup\u00f3 realmente de la efectividad de su garant\u00eda hipotecaria, no exigi\u00f3 la tasaci\u00f3n de la \ufb01nca para saber cu\u00e1l era su valor real, no intent\u00f3 comprobar su real situaci\u00f3n posesoria. Simplemente se \ufb01o de lo que manifestaba el deudor, a quien no conoc\u00eda de nada y sabiendo que el poder de representaci\u00f3n de la propietaria era muy antiguo y adem\u00e1s solo se aportaba fotocopia. El Sr. Pedro Miguel dice en el juicio que si el notario lo daba por v\u00e1lido \u00e9l no ten\u00eda por qu\u00e9 dudar. No se comparte el argumento pues, con independencia de las responsabilidades en las que este profesional pudiera incurrir, el acreedor es quien tiene que asegurarse con unas m\u00ednimas comprobaciones de la solvencia del deudor y de la garant\u00eda que le ofrece. De hecho, no se molest\u00f3 siquiera en indagar la capacidad econ\u00f3mica del deudor para devolver el pr\u00e9stamo, con\ufb01\u00f3 en las recomendaciones de la empresa intermediaria.<\/p>\n
\u00bbEn de\ufb01nitiva, no puede darse por cierto que actuara en connivencia del Sr. Desiderio , pero sin duda su total desinter\u00e9s por el \u00e9xito de la operaci\u00f3n y por la viabilidad de la garant\u00eda fueron elementos y piezas clave para permitir que el deudor consiguiera lo que se hab\u00eda propuesto: recibir dinero sin nada a cambio, perjudicando a la Sra. Flor sobre quien recaer\u00eda el peso de pagar, con su casa, el pr\u00e9stamo\u00bb.<\/p>\n
Declar\u00f3 en cambio no haber lugar a la declaraci\u00f3n de la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria, sin perjuicio de que se solicitara esta declaraci\u00f3n ante el juzgado en el que se estaba tramitando.<\/p>\n
6.- El demandado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue desestimado por la Audiencia Provincial.<\/p>\n
La sentencia tuvo en cuenta, en s\u00edntesis, las siguientes razones:<\/p>\n
i) Frente a lo que sosten\u00eda el demandado apelante, no hay incongruencia entre lo pedido en la demanda y lo concedido en el fallo de la sentencia de primera instancia. ii) El juez civil puede valorar de modo diferente al penal lo acontecido, m\u00e1xime cuando la sentencia era absolutoria para el Sr. Desiderio y se hab\u00eda producido el sobreseimiento contra el Sr. Pedro Miguel . iii) Es doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recogida en las sentencias de 24 de octubre de 2008 y 13 de febrero de 2014 , que el art. 1738 CC requiere, para su aplicaci\u00f3n, dos condiciones: que el tercero con el que contrata el mandatario haya actuado de buena fe y que dicho mandatario, en el momento de hacer uso del poder, ignorara la muerte del mandante o la concurrencia de cualquier otra de las causas que hacen cesar el mandato. iv) La acci\u00f3n de nulidad de la hipoteca por falta de consentimiento, dada la revocaci\u00f3n del poder, es imprescriptible. Asume el razonamiento del juzgado, seg\u00fan el cual, la constituci\u00f3n de la garant\u00eda hipotecaria en 2008 adolece del vicio de nulidad por falta de consentimiento porque el poder empleado para actuar en nombre de la propietaria no era v\u00e1lido, al estar t\u00e1citamente revocado y sin vigencia.<\/p>\n
v) Comparte el razonamiento de la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 que el acreedor hipotecario demandado no actu\u00f3 con la m\u00ednima diligencia que le era exigible para cerciorarse de que la propietaria del inmueble estaba al tanto de la operaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a las circunstancias.<\/p>\n
Dice la sentencia de la Audiencia:<\/p>\n
\u00ab[S]abedor el Sr. Desiderio de la revocaci\u00f3n del poder, en este momento poco importa que el Sr. Pedro Miguel lo supiera o no o con\ufb01ara en la intervenci\u00f3n del notario para estimar correcto el uso de un poder cuanto menos sospechoso por su antig\u00fcedad (1991), y quien pese a acudir a ver por fuera la \ufb01nca, como admite en su declaraci\u00f3n en el presente procedimiento (minuto 10,06 y ss Cd n\u00b0 1) no intent\u00f3 comprobar la realidad de la autorizaci\u00f3n para la constituci\u00f3n de la hipoteca de una vivienda a nombre de persona distinta de quien era el prestatario, cuando, adem\u00e1s, estamos ante una \ufb01nanciaci\u00f3n fuera de los canales habituales ante la intervenci\u00f3n de una intermediadora \ufb01nanciera como Credit Services que es con la quien se pone en contacto el Sr. Desiderio , quien busca al prestamista el Sr. Pedro Miguel , conoci\u00e9ndose ambos en el Notario, y quien se encarga de toda la tramitaci\u00f3n del contrato de pr\u00e9stamo y de la garant\u00eda hipotecaria\u00bb.<\/p>\n
SEGUNDO.- Recursos de casaci\u00f3n y de infracci\u00f3n procesal Frente a la sentencia de apelaci\u00f3n, el demandado interpuso recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, fundado en un motivo, y recurso de casaci\u00f3n fundado en dos motivos.<\/p>\n
En el escrito de oposici\u00f3n la parte recurrida plantea la caducidad de la instancia al amparo del art. 237 LEC , por haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o sin actividad procesal. Se rechaza por lo que se dice a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
Es un\u00e1nime en la doctrina y en la jurisprudencia de esta sala la exigencia de un presupuesto subjetivo para apreciar la caducidad de la instancia, esto es, el abandono del proceso, la inactividad imputable a las partes, sin que sea su\ufb01ciente que haya transcurrido el plazo de dos a\u00f1os. Es decir, que la caducidad viene provocada por la inactividad de las partes cuando, pudi\u00e9ndolo hacer, no impulsan el procedimiento, sin que en el presente caso pueda imputarse tal inactividad o abandono a la recurrente (con anterioridad, en este sentido, sentencias 106\/2000, de 14 de febrero , y 582\/1995 de 14 junio , con cita de otras anteriores).<\/p>\n
TERCERO.- Recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal 1.- Formulaci\u00f3n del motivo.<\/p>\n
El motivo denuncia \u00abinfracci\u00f3n de las normas procesales reguladoras de la sentencia ( art. 469.1.2.\u00ba LEC ), en concreto se denuncia la vulneraci\u00f3n del principio de congruencia en tanto que la sentencia de la Secci\u00f3n Quinta de la Audiencia Provincial de Vizcaya infringe los preceptos contenidos en los arts. 216 , 217 y 218 LEC . Asimismo se denuncia vulneraci\u00f3n, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el<\/p>\n
art. 24 CE (ex art. 469.1.4.\u00ba LEC ), en concreto infracci\u00f3n del principio de justicia rogada, con la consiguiente vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE .<\/p>\n
En el desarrollo del motivo se razona que el suplico de la demanda ped\u00eda la nulidad radical del poder para formalizar la garant\u00eda hipotecaria y que la sentencia, tras reconocer que el poder era v\u00e1lido cuando se otorg\u00f3, concede la nulidad de la hipoteca con el argumento de que el poder hab\u00eda sido t\u00e1citamente revocado, lo que la demandante no inst\u00f3. A\u00f1ade que este modo de proceder supone alterar y modi\ufb01car el debate, lo que le ha causado indefensi\u00f3n.<\/p>\n
Realiza adem\u00e1s otras consideraciones acerca de los pronunciamientos que sobre esta cuesti\u00f3n contiene la sentencia penal dictada por la Audiencia en el sentido de que la constituci\u00f3n de una hipoteca en el a\u00f1o 1991 por la Sra. Flor no era concluyente en orden a extinguir el apoderamiento, que no proced\u00eda la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art. 102 CC o que, de haber existido revocaci\u00f3n t\u00e1cita, ello no signi\ufb01caba necesariamente el conocimiento por parte del acusado (Sr. Desiderio ) de querer enga\u00f1ar a la querellante (Sra. Flor ). Tambi\u00e9n denuncia lo que a su juicio son incongruencias, al considerar revocado un poder por el cese de la relaci\u00f3n sentimental entre poderdante y apoderado cuando lo cierto es que la demandante invocaba la vinculaci\u00f3n del poder a las gestiones bancarias previas necesarias para la hipoteca constituida por la propia Sra. Flor en 1991.<\/p>\n
2.- Desestimaci\u00f3n del motivo .<\/p>\n
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
1.\u00aa) Con car\u00e1cter general, venimos considerando que \u00abel deber de congruencia se resume en la necesaria correlaci\u00f3n que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [peticio?n] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia\u00bb ( sentencias 173\/2013, de 6 de marzo ). De tal forma que, para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede m\u00e1s de lo pedido ( ultra petita ), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ( extra petita ) y tambi\u00e9n si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ( infra petita ), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimaci\u00f3n t\u00e1cita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestaci\u00f3n a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito\u00bb ( sentencias 468\/2014, de 11 de septiembre , y 375\/2015, de 6 de julio ).<\/p>\n
En el caso no hay incongruencia. La sentencia de primera instancia ya razon\u00f3 que, aunque el suplico de la demanda literalmente ped\u00eda la declaraci\u00f3n de nulidad radical del poder para formalizar la garant\u00eda hipotecaria, no supon\u00eda incongruencia la declaraci\u00f3n de nulidad de la garant\u00eda hipotecaria por inexistencia del poder por estar revocado porque en la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de la demanda se hac\u00eda expresa referencia a la revocaci\u00f3n t\u00e1cita del poder y a la nulidad del contrato de garant\u00eda hipotecaria por inexistencia de consentimiento y el demandado se hab\u00eda defendido de estas alegaciones.<\/p>\n
La sentencia recurrida, por su parte, observ\u00f3 que de la demanda se infer\u00eda que no hab\u00eda existido por parte de la demandante consentimiento para constituir la hipoteca sobre su vivienda en garant\u00eda del contrato de pr\u00e9stamo entre los demandados, negando la validez del poder esgrimido para ello por el Sr. Desiderio , aduciendo a tal efecto diversos hechos f\u00e1cticos en atenci\u00f3n a los cuales consideraba que el poder o bien se hab\u00eda extinguido por cumplir su funci\u00f3n (otorgamiento de pr\u00e9stamo hipotecario ante La Caixa el d\u00eda 25 de abril de 1991) o bien se hab\u00eda revocado t\u00e1citamente al romper su relaci\u00f3n de pareja a \ufb01nales de 1991, sin que tuviera sentido que se usase 17 a\u00f1os despu\u00e9s (v\u00e9ase el relato de hechos de la demanda, hecho segundo), en coincidencia con el relato de la querella (doc. n\u00b0 1 contestaci\u00f3n) y su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica en el apartado de formas de revocaci\u00f3n legal o t\u00e1cita de poderes. Como argument\u00f3 la sentencia recurrida, no hay duda de que la pretensi\u00f3n de la demanda, y de lo que se ha defendido la parte demandada, es que la ausencia de poder y con ello de consentimiento para la constituci\u00f3n de la hipoteca, ten\u00eda como consecuencia su nulidad, como lo evidencia el hecho de que de igual modo se ped\u00eda en el suplico de la demanda que se cancelase la anotaci\u00f3n de hipoteca (inscripci\u00f3n) y las que de ella trajeran causa y que se declarase nulo el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria, todo lo cual solo era posible si la constituci\u00f3n de la hipoteca era nula.<\/p>\n
2.\u00aa) Por otra parte, no debe confundirse el vicio de incongruencia con el acierto del razonamiento jur\u00eddico, que solo es revisable en casaci\u00f3n ( sentencia 580\/2016 de 30 de julio ). En el caso, la parte recurrente impugna en este motivo las razones por las que la sentencia recurrida considera que el poder estaba revocado, y las valoraciones jur\u00eddicas no est\u00e1n sometidas al recurso de infracci\u00f3n procesal.<\/p>\n
3.\u00aa) En particular, por lo que se re\ufb01ere a la e\ufb01cacia de la sentencia penal que absolvi\u00f3 al Sr. Desiderio del delito de estafa, tampoco se tratar\u00eda del vicio de incongruencia.<\/p>\n
Hay que recordar que, en l\u00ednea con la jurisprudencia constitucional, esta sala ha a\ufb01rmado que el art. 222.4 LEC se re\ufb01ere a sentencias \ufb01rmes dictadas por \u00f3rganos de la jurisdicci\u00f3n civil cuando se trata de de\ufb01nir<\/p>\n
relaciones jur\u00eddicas de tal car\u00e1cter, por lo que dif\u00edcilmente puede atribuirse efectos de cosa juzgada, siquiera como prejudicial, a lo decidido por otras jurisdicciones. \u00danicamente en cuanto a la \ufb01jaci\u00f3n de hechos pudiera producirse tal efecto, pues la circunstancia de que los hechos enjuiciados hayan sido objeto de un proceso ante otra jurisdicci\u00f3n no impide a los \u00f3rganos del orden jurisdiccional civil examinarlos bajo el prisma del ordenamiento civil, teniendo que aceptar las conclusiones obtenidas en aquel proceso en aras del principio de seguridad jur\u00eddica ( sentencias de la Sala Primera 23\/2012, de 26 de enero , y 532\/2013, de 19 de septiembre ).<\/p>\n
En el caso, adem\u00e1s, los razonamientos de la sentencia penal que invoca la parte recurrente se dirigieron a excluir que existiera enga\u00f1o bastante para una condena penal del apoderado, y la misma sentencia penal absolutoria termin\u00f3 a\ufb01rmando que:<\/p>\n
\u00abEn de\ufb01nitiva, todas esas circunstancias conducen a la sala considerar que se ha producido por parte del acusado un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el C\u00f3digo Civil para el contrato de mandato, al otorgar un contrato en perjuicio de este, con mala fe y dolo de car\u00e1cter civil, con abuso o uso indebido de las facultades otorgadas por el poder, que deben ser enjuiciadas por los tribunales civiles, pero no cabe considerar que la utilizaci\u00f3n de un poder que se encontraba vigente en el momento del hecho constituya un enga\u00f1o, ya con respecto a la querellante, ya con respecto al prestamista se\u00f1or Pedro Miguel , pues en de\ufb01nitiva, lo que subyace es que en el caso de que la querellante hubiera sido consultada ella en absoluto hubiera dado el consentimiento para dicho contrato, pero esta deducci\u00f3n de la falta de consentimiento, y las consecuencias perjudiciales para la misma, no puede equivaler en absoluto a la causaci\u00f3n por parte del acusado de un enga\u00f1o en el contrato de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria\u00bb.<\/p>\n
CUARTO.- Recurso de casaci\u00f3n 1.- Formulaci\u00f3n del primer motivo.<\/p>\n
En el primer motivo el recurrente denuncia infracci\u00f3n del art. 1735 CC . Alega que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo a tenor de la cual la revocaci\u00f3n del mandato, ya sea t\u00e1cita o expresa, debe comunicarse al mandatario. Cita las sentencias de 10 de julio de 1946 , 3 de julio de 1962 , 14 de junio de 1965 , 22 de marzo de 1986 , 1 de julio de 1975 , 24 de octubre de 2008 , que interpretan y aplican el art. 1735 CC .<\/p>\n
En su desarrollo, el recurrente alega que la sentencia recurrida basa la revocaci\u00f3n del poder en el cese de la relaci\u00f3n afectiva existente entre la poderdante y el apoderado, lo que considera absurdo si se tiene en cuenta que el poder se otorg\u00f3 precisamente en el momento en que dicha relaci\u00f3n tocaba a su \ufb01n, por lo que considera que la supuesta revocaci\u00f3n t\u00e1cita nunca lleg\u00f3 a conocimiento del apoderado y mucho menos del propio recurrente o del notario que autoriz\u00f3 la escritura. Reitera el argumento de los efectos vinculantes de la sentencia absolutoria penal y que, en todo caso, corresponder\u00eda al mandante desplegar la diligencia debida para hacer llegar al apoderado su voluntad de revocaci\u00f3n.<\/p>\n
2.- Desestimaci\u00f3n del primer motivo .<\/p>\n
El motivo se desestima por las razones que exponemos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
El art. 1735 CC , cuya infracci\u00f3n denuncia el recurrente en este primer motivo, contiene un supuesto espec\u00ed\ufb01co de revocaci\u00f3n impl\u00edcita del poder (aceptando la aplicaci\u00f3n de las normas del mandato a las relaciones representativas, dada la ausencia de disciplina legal en nuestro C\u00f3digo civil) y que consiste en que el poderdante nombra un nuevo apoderado para el mismo negocio. No es esto lo que ha sucedido en el presente caso litigioso ni es el art. 1735 CC el aplicado por la sentencia recurrida, lo que ser\u00eda su\ufb01ciente para desestimar el motivo del recurso. Pero si, en aras de agotar la respuesta a los argumentos del recurrente, tenemos en cuenta el asunto que plantea de la carga del poderdante de noti\ufb01car la revocaci\u00f3n, el motivo debe ser igualmente desestimado por varias razones.<\/p>\n
En primer lugar, el recurrente no es el apoderado, sino el \u00abtercero\u00bb con el que aqu\u00e9l contrat\u00f3, lo que es relevante a efectos de precisar la protecci\u00f3n que se le dispensa y la raz\u00f3n fundamental por la que esta sala considera que, en el presente caso, no debe quedar protegido, tal y como se analizar\u00e1 en el segundo motivo del recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n
En cualquier caso, contra lo que dice el recurrente, el efecto que persigue la revocaci\u00f3n es que el representado no siga vinculado por la actuaci\u00f3n del representante y se alcanza tambi\u00e9n cuando se considera probado que el representante la conoci\u00f3 o pudo conocerla con una diligencia que las circunstancias del caso concreto demanden. Y en el presente supuesto litigioso, tal y como ha quedado recogido en el primer fundamento de derecho de esta sentencia, la Audiencia Provincial, con\ufb01rmando la sentencia de primera instancia, considera probado que el representante, Sr. Desiderio , conoc\u00eda y sab\u00eda que no pod\u00eda usar el poder pasados diecisiete a\u00f1os desde la p\u00e9rdida de relaci\u00f3n con la apoderada.<\/p>\n
El recurrente tambi\u00e9n menciona su propia falta de conocimiento de la revocaci\u00f3n, que es una cuesti\u00f3n que es tenida en cuenta en el art. 1734 CC cuando establece la carga del representado de noti\ufb01car a los terceros la revocaci\u00f3n del poder dado para contratar con determinadas personas, lo que no ocurre en el presente caso.<\/p>\n
Esta circunstancia es tambi\u00e9n relevante en la aplicaci\u00f3n del art. 1738 CC , que es objeto de atenci\u00f3n en el an\u00e1lisis del segundo motivo del recurso de casaci\u00f3n, por lo que nos remitimos a lo que all\u00ed diremos.<\/p>\n
En el desarrollo del motivo, adem\u00e1s, el recurrente mantiene que el poder estaba vigente y que, en su caso, de no estarlo, ser\u00eda la propia poderdante quien deber\u00eda asumir las consecuencias de no haber noti\ufb01cado al apoderado la revocaci\u00f3n. Sucede, sin embargo, en primer lugar, que la sentencia recurrida, con propios argumentos y por remisi\u00f3n a los empleados por la sentencia recurrida, explica los motivos por los que considera que el Sr.<\/p>\n
Desiderio sab\u00eda que el poder no estaba vigente. Y, en segundo lugar, por lo que se re\ufb01ere a la protecci\u00f3n del tercero, que es el objeto fundamental de este litigio, debe estarse a la aplicaci\u00f3n del art. 1738 CC , del que nos ocupamos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
3.- Formulaci\u00f3n del segundo motivo.<\/p>\n
En el segundo motivo se denuncia infracci\u00f3n del art. 1738 CC . Se alega que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo expresada en las sentencias de 24 de octubre de 2008 y sentencia de 1 de julio de 1971 que interpretan y aplican el art. 1738 CC .<\/p>\n
En su desarrollo se sostiene que debe declararse que, conforme a los principios generales en materia de representaci\u00f3n, se permite la actuaci\u00f3n del mandatario con los efectos obligatorios correspondientes, con posterioridad al cese o revocaci\u00f3n del mandato, pues dicha decisi\u00f3n debe ser comunicada al mandatario tanto si es expresa como si nos encontramos ante la revocaci\u00f3n t\u00e1cita prevista en el art. 1735 CC , porque como dispone el art. 1738 CC lo realizado por el mandatario ignorando la muerte del mandante o cualquiera de las circunstancias que hacen cesar el mandato, es v\u00e1lido y produce todos sus efectos respecto a terceros que hayan contratado con \u00e9l de buena fe.<\/p>\n
4.- Desestimaci\u00f3n del segundo motivo .<\/p>\n
El recurrente reitera en el desarrollo de este motivo segundo la cita del art. 1735 CC , de cuya interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n al caso ya nos hemos ocupado en el primer motivo, y a lo dicho nos remitimos. Procede ahora que nos ocupemos \u00fanicamente de la infracci\u00f3n denunciada del art. 1738 CC .<\/p>\n
El motivo se desestima por las siguientes razones.<\/p>\n
Lo realizado tras la extinci\u00f3n del poder es nulo ( art. 1259 CC ), no vincula al representado (mandante, art. 1727 CC ), y frente al tercero es responsable el representante (mandatario, art. 1725 CC ). El art. 1738 CC protege al representante cuando act\u00faa desconociendo la extinci\u00f3n del poder y, en tal caso, a\ufb01rma la continuidad de la relaci\u00f3n representativa frente a los terceros de buena fe.<\/p>\n
Esta sala ha reiterado que la aplicaci\u00f3n del art. 1738 CC requiere dos presupuestos: que el tercero con el que contrata el representante haya actuado de buena fe, o sea, que desconociera la anterior extinci\u00f3n del mandato; y que dicho representante, en el momento de hacer uso del poder, ignorara la concurrencia de cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato ( sentencias 984\/2008, de 24 de octubre , 98\/2014, de 13 de febrero Rc. 200\/2012 , 4\/2015 , de 22 de enero).<\/p>\n
En el presente caso, la sentencia recurrida no es contraria a la doctrina de la sala porque considera probado, como ya se ha explicado, que el representante conoc\u00eda que no pod\u00eda hacer uso del poder, lo que excluye la posibilidad de encaje en el supuesto de hecho del art. 1738 CC . Pero adem\u00e1s, y esto es verdaderamente relevante a juicio de esta sala, de los hechos probados, tampoco se in\ufb01ere que la diligencia del recurrente fuera la su\ufb01ciente para desplegar la protecci\u00f3n que dispensa el precepto, pues ser\u00eda precisa una con\ufb01anza razonable en la aparente subsistencia del poder que, en el caso, no se da.<\/p>\n
Basta recordar a estos efectos, como dice la sentencia recurrida, que estamos ante el uso de un poder cuanto menos sospechoso por su antig\u00fcedad (1991) y que el recurrente, pese a acudir a ver por fuera la \ufb01nca, no intent\u00f3 comprobar la realidad de la autorizaci\u00f3n para la constituci\u00f3n de la hipoteca de una vivienda a nombre de persona distinta de quien era el prestatario, a quien conoci\u00f3 en la notar\u00eda. Frente a ello, no es su\ufb01ciente el argumento del recurrente, mantenido en todas las instancias y reiterado ahora en casaci\u00f3n, de que si el notario dio por v\u00e1lido el poder y el registrador de la propiedad lo cali\ufb01c\u00f3, \u00e9l no ten\u00eda por qu\u00e9 dudar. En cualquier caso, el car\u00e1cter sospechoso del poder otorgado en 1991 para hipotecar una vivienda comprada por la poderdante ese mismo a\u00f1o, en garant\u00eda de un pr\u00e9stamo a la propia poderdante, era m\u00e1s que evidente en 2008 para hipotecar esa misma vivienda, no ya en garant\u00eda de otro pr\u00e9stamo a la propietaria, la poderdante, sino de un pr\u00e9stamo personal a quien solo formalmente, dado lo muy perjudicial de la operaci\u00f3n para la poderdante, pod\u00eda seguir consider\u00e1rsele su apoderado.<\/p>\n
QUINTO.- Costas y dep\u00f3sitos 1.- Desestimados los recursos de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal, se imponen a la parte recurrente las costas generadas por ambos recursos.<\/p>\n
2.- Procede acordar tambi\u00e9n la p\u00e9rdida de los dep\u00f3sitos constituidos, de conformidad con la disposici\u00f3n adicional 15.\u00aa, apartado 9, de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial .<\/p>\n
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le con\ufb01ere la Constituci\u00f3n, esta sala ha decidido 1.\u00ba- Desestimar el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por D.<\/p>\n
Pedro Miguel contra la sentencia dictada con fecha de 25 de mayo de 2015 por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Secci\u00f3n 5.\u00aa), en el rollo de apelaci\u00f3n n.\u00ba 49\/2015 , dimanante del juicio ordinario n.\u00ba 1496\/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 13 de Bilbao.<\/p>\n
2.\u00ba- Imponer las costas de ambos recursos a la parte recurrente con p\u00e9rdida del dep\u00f3sito constituido para recurrir.<\/p>\n
L\u00edbrese a la mencionada Audiencia la certi\ufb01caci\u00f3n correspondiente con devoluci\u00f3n de los autos y rollo de apelaci\u00f3n remitidos.<\/p>\n
Notif\u00edquese esta resoluci\u00f3n a las partes e ins\u00e9rtese en la colecci\u00f3n legislativa.<\/p>\n
As\u00ed se acuerda y \ufb01rma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La sentencia recurrida explica los motivos por los que considera que el representante sab\u00eda que no pod\u00eda usar el poder pasados 17 a\u00f1os desde la p\u00e9rdida de la relaci\u00f3n con la apoderada; no es aplicable el art. 1738 CC; poder sospechoso por su antig\u00fcedad; de los hechos probados no se infiere que la diligencia del recurrente fuera suficiente para obtener la protecci\u00f3n que dispensa el precepto.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2360,2358,2362,2357,2361,2359],"materia":[1174],"organo":[1875],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13465","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-falta-de-diligencia-del-acreedor-hipotecario","tag-inexistencia-de-consentimiento","tag-no-hay-incongruencia","tag-nulidad-garantia-hipotecaria","tag-ruptura-pareja-de-hecho","tag-uso-de-poder-tacitamente-revocado","materia-ley-2-2003-de-7-de-mayo-reguladora-de-las-parejas-de-hecho","organo-sala-de-lo-civil","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13465"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13465"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13465"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13465"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}