{"id":13463,"date":"2026-10-20T09:32:24","date_gmt":"2026-10-20T07:32:24","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-de-1-de-junio-de-2017\/"},"modified":"2026-11-05T11:22:14","modified_gmt":"2026-11-05T10:22:14","slug":"sap-de-bizkaia-de-1-de-junio-de-2017","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-de-1-de-junio-de-2017\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 1 de junio de 2017"},"content":{"rendered":"<h3>AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA &#8211; SECCI\u00d3N TERCERA<\/h3>\n<h3>BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA &#8211; HIRUGARREN SEKZIOA<\/h3>\n<p>BARROETA ALDAMAR 10-3\u00aa planta &#8211; C.P.\/PK: 48001 Tel.: 94-4016664 Fax \/ Faxa: 94-4016992 NIG PV \/ IZO EAE: 48.04.2-15\/006849 NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48020.42.1-2015\/0006849 A.p.ordinario L2 \/ E_A.p.ordinario L2 161\/2017 O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia : Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Bilbao \/ Bilboko Lehen Auzialdiko 2 zk.ko Epaitegia Autos de Procedimiento ordinario 262\/2015 (e)ko autoak Recurrente \/ Errekurtsogilea: Consuelo Procurador\/a\/ Prokuradorea:RICARDO BRAVO BLAZQUEZ Abogado\/a \/ Abokatua: ASIER GARCIA LLANO Recurrido\/a \/ Errekurritua: Mateo Procurador\/a \/ Prokuradorea: MARIA BEGO\u00d1A JAUREGUI LARRINAGA Abogado\/a\/ Abokatua: JORGE MARTINEZ MARTINEZ S E N T E N C I A N\u00ba 222\/2017 ILMOS\/AS. SRES\/AS.<\/p>\n<h3>D\/D\u00aa. MARIA CONCEPCION MARCO CACHO<\/h3>\n<h3>D\/D\u00aa. ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ<\/h3>\n<h3>D\/D\u00aa. CARMEN KELLER ECHEVARRIA<\/h3>\n<p>En BILBAO (BIZKAIA), a uno de junio de dos mil diecisiete.<\/p>\n<p>La Audiencia Provincial de Bizkaia &#8211; Secci\u00f3n Tercera, constituida por los\/as Ilmo\/as. Sres\/as. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 262\/2015 del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Bilbao, a instancia de Consuelo apelante &#8211; demandante, representado\/ a por el\/la Procurador\/a Sr.\/a. RICARDO BRAVO BLAZQUEZ y defendido\/a por el\/la Letrado\/a Sr.\/a. ASIER GARCIA LLANO, contra D.\/D\u00aa. Mateo apelado &#8211; demandado, representado\/a por el\/la Procurador\/a Sr.\/a.<\/p>\n<p>MARIA BEGO\u00d1A JAUREGUI LARRINAGA y defendido\/a por el\/la Letrado\/a D\/D\u00aa. JORGE MARTINEZ MARTINEZ;<\/p>\n<p>todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha de tres de febrero de dos mil diecisiete .<\/p>\n<p>Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n<h3>ANTECEDENTES DE HECHO<\/h3>\n<p>PRIMERO.- Que el fallo de la referida Sentencia de instancia de fecha 3 de febrero 2017 es del tenor literal siguiente:<\/p>\n<p>&#8220;Que con desestimaci\u00f3n de la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Bravo en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Consuelo , absuelvo al demandado D. Mateo de las pretensiones deducidas por la actora, y con imposici\u00f3n a \u00e9sta de condena en las costas procesales de la presente instancia&#8221;.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Que publicada y noti\ufb01cada dicha resoluci\u00f3n a las partes litigantes por la representaci\u00f3n procesal de Consuelo se interpuso en tiempo y forma recurso de apelaci\u00f3n que admitido por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y subsiguiente remisi\u00f3n de los autos comparecieron estas por medio de sus Procuradores; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de los autos y personamientos efectuados la formaci\u00f3n del presente rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero AOR 161\/2017 de Registro y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n<p>TERCERO.- Que por providencia de la Sala de fecha 27 de abril de 2017 se se\u00f1al\u00f3 para deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y fallo del recurso el d\u00eda 30 de mayo de 2017.<\/p>\n<p>CUARTO.- Que en la tramitaci\u00f3n del presente recurso se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n<p>VISTOS , siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada D\u00aa CARMEN KELLER ECHEVARRIA.<\/p>\n<h3>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/h3>\n<p>PRIMERO.- Se alega como primer motivo del recurso que la sentencia estima no acreditados los requisitos para conceder la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica solicitada, siendo as\u00ed que ello no es imputable a la parte hoy apelante ya que se precis\u00f3 el auxilio judicial para obtener la documentaci\u00f3n precisa al respecto y dicho auxilio no se produjo. En segundo lugar se alega que la sentencia recoge que no se ha acreditado la p\u00e9rdida de oportunidades laborales o que hubiera un pacto expreso entre las partes , cuando respecto de la p\u00e9rdida de oportunidades laborales , se ha acreditado que para cuando decidieron trasladarse a M\u00e9xico la apelante estaba trabajando en un colegio, el cual le hab\u00eda ofertado renovar el contrato para el siguiente a\u00f1o escolar, que estos hechos ocurrieron en 2009, por lo que no se pod\u00eda aportar otra cosa que la declaraci\u00f3n de la hoy apelante. Y respecto de que hubiera un pacto expreso entre las partes, aunque la otra parte lo niega de facto exist\u00eda ya que quien se encargaba del menor y la casa era la recurrente. Se alega el art\u00edculo 6 de la Ley 2\/2003, de 7 de mayo , reguladora de las parejas de hecho en el Pa\u00eds Vasco, para proceder la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>La contraparte se opone al recurso.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Por lo que hace a la carga de la prueba , se impone recordar, de una parte, que a prop\u00f3sito de la distribuci\u00f3n probatoria, debe signi\ufb01carse que la doctrina de la carga de la prueba&#8221;onus probandi &#8220;\u00bb&#8221; tiene como \ufb01nalidad prioritaria e inmediata determinar a cu\u00e1l de los litigantes ha de perjudicar la falta de prueba de un hecho relevante para la decisi\u00f3n del proceso. Solamente ha de acudirse a ella, pues, cuando por existir a\ufb01rmaciones sobre hechos que no resulten llanamente admitidas, precisan de la actividad ordenada a formar la convicci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional, y de cuyo resultado \u00e9sta no aparezca demostrada.<\/p>\n<p>Otra cosa es que para determinar cu\u00e1l de los litigantes haya de soportar los efectos desfavorables de la precitada falta sea preciso averiguar a cu\u00e1l de ellos incumb\u00eda la carga, &#8220;poder de ejercicio facultativo cuya inobservancia s\u00f3lo acarrea consecuencias perjudiciales, sin constituir acto il\u00edcito jur\u00eddicamente reprochable ni coercible con sanciones&#8221;, de acreditar el hecho de que se trate.<\/p>\n<p>El \ufb01n \u00faltimo de la actividad probatoria es la demostraci\u00f3n de las a\ufb01rmaciones de hecho realizadas por las partes en sus actos alegatorios como fundamento de sus respectivas pretensiones. Desde esta perspectiva, y como regla general, es indiferente cu\u00e1l de los litigantes logre la justi\ufb01caci\u00f3n de un hecho dado. A esto se re\ufb01ere el principio denominado de \u00abadquisici\u00f3n procesal\u00bb &#8220;Vide, SS.T.S., Sala Primera, de 22 de marzo de 1983 EDJ1983\/1849 (30 de noviembre de 1993) EDJ1993\/10912 &#8220;, seg\u00fan el cual \u00ab&#8230;el material instructorio valorable se compone de todo lo alegado y probado por las dos partes, de manera que las alegaciones de una parte o las pruebas que practique pueden aprovechar tambi\u00e9n a la contraria\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 10 de mayo de 1993 EDJ1993\/4362 &#8220;.<\/p>\n<p>Como tiene declarado con reiteraci\u00f3n el Tribunal Supremo: \u00ab&#8230; cuando el hecho est\u00e9 acreditado en autos es irrelevante cu\u00e1l sea la parte que haya suministrado el material probatorio con tal de que el Organo Judicial pueda extraer y valorar el hecho proclamado ( Sentencias 3 de junio de 1935 , 7 de noviembre de 1940 y 30 de junio de 1942 )&#8230;\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 26 de septiembre de 1991 &#8220;; \u00ab&#8230; si los hechos est\u00e1n su\ufb01cientemente acreditados en autos, es irrelevante cu\u00e1l sea la parte que haya suministrado el material de prueba, con tal que el \u00f3rgano decisor pueda extraer, valorar y concretar el hecho proclamado ( SS. de 10 de marzo de 1981 EDJ1981\/1400 , 6 de marzo y 30 de noviembre de 1982 , 26 de febrero de 1983 y 26 de septiembre de 1991 EDJ1991\/9006)&#8230;\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 15 de julio de 1992 EDJ1992\/7896 &#8220;; lo relevante es que un \u00ab&#8230; hecho aparezca su\ufb01cientemente demostrado, para lo que no viene a ser decisorio si la aportaci\u00f3n proviene del actor o del demandado , tom\u00e1ndose para ello cuantos datos obren en el proceso ( sentencias de 2 de febrero de 1952 , 30 de diciembre de 1954 , 23 de septiembre de 1986 EDJ1986\/5665 , 24 de julio , 28 de noviembre de 1989 EDJ1989\/10655 y 10 de mayo de 1990 EDJ1990\/4911)&#8230;\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 17 de febrero de 1992 EDJ1992\/1440 &#8220;; \u00ab&#8230; cuando los hechos declarados responden al material probatorio, directo e indirecto, vertido en las actuaciones, no cabe sino una valoraci\u00f3n del mismo, con abstracci\u00f3n de quien de los litigantes lo haya aportado &#8230; ( Sentencias de 29 de noviembre de 1950 , 13 de enero y 23 de junio de 1951 ; 9 de abril y 30 de junio de 1954 y 30 de noviembre de 1982 EDJ1982\/7402)&#8230;\u00bb<\/p>\n<p>&#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 13 de febrero de 1992 &#8220;; \u00ab&#8230; la doctrina de esta Sala mantiene la tesis de que lo \u00fatil procesalmente, es que el Tribunal haya podido formar elementos de juicio que comporten su convicci\u00f3n siendo irrelevante la procedencia subjetiva del instrumental probatorio que haya contribuido a integrar la convicci\u00f3n del juzgador para establecer el &#8220;factum&#8221; como sustrato del tema litigioso, por lo que el motivo ha de perecer\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 26 de abril de 1993 EDJ1993\/3870 &#8220;.<\/p>\n<p>En cambio, es precisamente si no logra quedar acreditado un determinado hecho cuando ha de determinarse a cu\u00e1l de los litigantes ha de perjudicar su falta. La doctrina del \u00ab onus probandi \u00bb y los criterios legales establecidos al efecto se ordenan prioritariamente a suministrar al juzgador la regla de juicio que, en tales casos, le permitan resolver el con\ufb02icto sometido a su enjuiciamiento, pues de otro modo no podr\u00eda fallar quebrantando el principio \u00abnon liquet\u00bb ( art. 1 C.C .). S\u00f3lo mediata o indirectamente aquellos criterios tienen la virtualidad de orientar la actividad de las partes distribuyendo entre ellos la carga de probar. Desde antiguo acostumbra a acudirse a ciertas reglas que atienden al car\u00e1cter a\ufb01rmativo o negativo del hecho necesitado de prueba. As\u00ed en el Derecho Romano se acu\u00f1aron los brocardos \u00ab Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat \u00bb &#8220;Vide, SS.T.S., Sala Primera, 1 de diciembre de 1944 (; 19 de febrero de 1945 (C.D., 158); 8 de marzo de 1991 (; 28 de julio de 1993 EDJ1993\/7710 (; 28 de noviembre de 1996 EDJ1996\/9050 (y 28 de febrero de 1997 EDJ1997\/1279 , entre otras&#8221;; \u00ab Necessitas probandi incumbit ei qui agit \u00bb; \u00ab onus probando incumbit actori\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 9 de febrero de 1935 &#8220;; \u00abPer rerum naturam &#8220;factum&#8221; negantis probatio nulla est\u00bb;<\/p>\n<p>\u00abreus in excipiendo \ufb01t actor\u00bb &#8220;Cfr., SS.T.S., Sala Primera, 7 de noviembre de 1940 (y 19 de diciembre d3e 1959 &#8220;, o \u00abnegativa non sunt probanda\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 1 de diciembre de 1944 )&#8221;.<\/p>\n<p>Con todo, el origen particular de estas m\u00e1ximas, su defectuosa interpretaci\u00f3n por los glosadores y comentaristas y, singularmente, su mani\ufb01esta insu\ufb01ciencia para resolver todos los supuestos problem\u00e1ticos las convirti\u00f3 en blanco de aceradas cr\u00edticas que, progresivamente, han provocado su rechazo generalizado.<\/p>\n<p>Obs\u00e9rvese que no siempre es f\u00e1cil discernir cuando nos hallamos ante una a\ufb01rmaci\u00f3n o una negaci\u00f3n; que los hechos negativos son, ante todo, hechos y, por ende, necesitados de prueba.<\/p>\n<p>Tampoco resultan satisfactorios, por an\u00e1logas razones &#8220;y particularmente su relatividad&#8221;, los principios que, en abstracto, atribuyen al demandante la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensi\u00f3n en tanto que se hace recaer sobre el demandado la prueba de los hechos modi\ufb01cativos, impeditivos, extintivos o excluyentes.<\/p>\n<p>De ah\u00ed que, asimismo fuera severamente criticada la regla contenida en el art. 1.214 C.C ., a cuyo tenor \u00abincumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinci\u00f3n al que la opone\u00bb, sugiri\u00e9ndose ciertos criterios complementarios o correctores como los principios de normalidad, facilidad y \ufb02exibilidad probatoria a la luz del caso concreto, sin perjuicio de preconizar, como regla, que cada parte debe probar aquellos hechos que integran el supuesto de hecho previsto en la norma que le favorece.<\/p>\n<p>El Tribunal Supremo acude con cierta frecuencia al principio de normalidad. As\u00ed, v. gr., la S.T.S., Sala Primera, de 13 de octubre de 1998 EDJ1998\/23359 , se\u00f1ala que: \u00ab&#8230; la conocida regla &#8220;incubit probatio qui dicit non qui negat&#8221;, no tiene valor absoluto y axiom\u00e1tico, y que la moderna doctrina viene a atribuir al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su pretensi\u00f3n o necesarios para que nazca la acci\u00f3n ejercitada, as\u00ed como al demandado incumbe, en general, la prueba de los hechos impeditivos y la de los extintivos; pero quien act\u00faa frente al estado normal de las cosas o situaciones de hecho y de Derecho ya producidas, debe probar el hecho impediente de la constituci\u00f3n v\u00e1lida del derecho que reclama o su extinci\u00f3n, como tambi\u00e9n tiene declarado esta Sala ( sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1971 EDJ1971\/183)\u00bb. Y acude,<\/p>\n<p>asimismo, al principio de \ufb02exibilidad. En este sentido, se ha a\ufb01rmado \u00ab&#8230; la sentencia, que ha interpretado correctamente la doctrina legal sobre lacarga de la prueba , seg\u00fan criterios \ufb02exibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso, seg\u00fan la naturaleza de los hechos a\ufb01rmados o negados y a la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte ( SS. de 23 de septiembre EDJ1986\/5667 , 20 de octubre EDJ1986\/6523 y 19 de noviembre de 1986 y 24 de abril y 29 de mayo de 1987 EDJ1987\/4253)\u00bb &#8220;Vide, SS.T.S., Sala Primera, de 18 de mayo de 1988 EDJ1988\/4241 (y 3 de abril de 1992 EDJ1992\/3260 , entre otras&#8221;. O a la doctrina de la facilidad &#8220;o su inverso \u00abde la di\ufb01cultad\u00bb&#8221; que para probar haya tenido cada una de las partes. Se habla as\u00ed de que recae: \u00ab&#8230; sobre la demandada la carga de probar como hecho extintivo de la acci\u00f3n, de f\u00e1cil justi\ufb01caci\u00f3n para ella, la cancelaci\u00f3n o resoluci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual constituida con el pretendido responsable&#8230;\u00bb<\/p>\n<p>&#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 15 de noviembre de 1991 &#8220;; o se dice que: \u00ab&#8230; al actor le basta con probar los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama, pues si el demandado no se limita a negar tales hechos, sino que alega otros, su\ufb01cientes para impedir, extinguir o quitar fuerza al efecto jur\u00eddico reclamado en la demanda, tendr\u00e1 \u00e9l que probarlos, como habr\u00e1 de probar tambi\u00e9n aquellos hechos que por su naturaleza especial o car\u00e1cter negativo no podr\u00edan ser demostrados por la parte adversa sin grandes di\ufb01cultades&#8230;\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 3 de junio de 1935 &#8220;; habi\u00e9ndose se\u00f1alado tambi\u00e9n que se deben \u00ab&#8230; tener en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en el hecho que haya de acreditarse, incluso la mayor o menor di\ufb01cultad por una u otra parte para su demostraci\u00f3n, habida cuenta ad exemplum del aspecto positivo o negativo del mismo&#8230;\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 26 de septiembre de 1991 EDJ1991\/10852 (&#8220;; o que \u00ab&#8230; de lo que se trata, como se ha repetido, es de una probanza eludida por el interesado, no obstante haber estado a su alcance, sin mayor esfuerzo&#8230;\u00bb &#8220;Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 18 de noviembre de 1988 EDJ1988\/9085 &#8220;. El art.<\/p>\n<p>217 LEC 1\/2000 ha acogido estas orientaciones, estableciendo que: \u00ab Carga de la prueba . 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resoluci\u00f3n semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisi\u00f3n, desestimar\u00e1 las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, seg\u00fan corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, seg\u00fan las normas jur\u00eddicas a ellos aplicables, el efecto jur\u00eddico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvenci\u00f3n. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la e\ufb01cacia jur\u00eddica de los hechos a que se re\ufb01ere el apartado anterior. 4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad il\u00edcita corresponder\u00e1 al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicar\u00e1n siempre que una disposici\u00f3n legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. 6 . Para la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los apartados anteriores de este art\u00edculo el tribunal deber\u00e1 tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio\u00bb.<\/p>\n<p>TERCERO.- Es necesario recordar como premisa de partida a tener en cuenta en este procedimiento, que lo que procede es efectuar una traspolaci\u00f3n de si las circunstancias que concurren en el caso son incardinables en los presupuestos para considerar err\u00f3nea la prueba; y de ello se hace necesario examinar las pruebas que en el caso se aportan, y que a lo largo del desarrollo del juicio oral se practicaron quedando su\ufb01cientemente reproducidas en soporte inform\u00e1tico que proceder\u00e1 ser reexaminado por esta Sala, por ser cuesti\u00f3n de prueba el hecho alegado para sostener la demanda; no sin antes recordar que como viene reiterando esta Sala en t\u00e9rminos generales son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y espec\u00ed\ufb01ca al ser sobradamente conocidas, las que expresan que el recurso de apelaci\u00f3n es de los llamados de plena jurisdicci\u00f3n, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de \u00e9stas tanto la comprobaci\u00f3n de la adecuaci\u00f3n e idoneidad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que se contiene en la resoluci\u00f3n recurrida, como la revisi\u00f3n de todas aquellas operaciones relativas a la valoraci\u00f3n global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a id\u00e9nticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez &#8220;a quo&#8221;, en la sentencia apelada. Cuando la cuesti\u00f3n debatida por la v\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n es la valoraci\u00f3n de la prueba llevada a cabo por el Juez &#8220;a quo&#8221; sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciaci\u00f3n probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediaci\u00f3n, contradicci\u00f3n, concentraci\u00f3n y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posici\u00f3n, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, as\u00ed como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narraci\u00f3n de los hechos y la raz\u00f3n del conocimiento de \u00e9stos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoraci\u00f3n en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte inform\u00e1tico del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez &#8220;a quo&#8221;. De ah\u00ed que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso<\/p>\n<p>valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), \u00fanicamente deba ser recti\ufb01cado, bien cuando en verdad sea \ufb01cticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un mani\ufb01esto y claro error del Juzgador &#8220;a quo&#8221; de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modi\ufb01caci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica establecida en la resoluci\u00f3n apelada. La revisi\u00f3n jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jur\u00eddica claramente perge\u00f1ada por el legislador: infracci\u00f3n de las normas que regulan la valoraci\u00f3n de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnaci\u00f3n de la sentencia ( art\u00edculo 458.1 LEC ). O Como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 , que la ponderaci\u00f3n probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que sabido es, opera con las ventajas que con\ufb01eren la inmediaci\u00f3n, oralidad y contradicci\u00f3n, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuesti\u00f3n tiene el Tribunal de apelaci\u00f3n, \u00e9ste se limita a veri\ufb01car si en la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma il\u00f3gica, arbitraria o contraria a las m\u00e1ximas de experiencia o a las reglas de la sana cr\u00edtica. As\u00ed mismo y en cuanto a la valoraci\u00f3n de la prueba es preciso traer a colaci\u00f3n la reiterada doctrina del T.C. relativa a que el recurso de apelaci\u00f3n con\ufb01ere plenas facultades al \u00f3rgano judicial &#8220;ad quem&#8221; para resolver cuantas cuestiones se le planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un &#8220;novum iudicium&#8221; (entre otras SSTC 194\/1990, de 29 de noviembre FJ-5 ;<\/p>\n<p>21\/1993, de 18 de enero , FJ 4 ; 272\/1994, de 17 de octubre FJ 2 ; y 152\/1998, de 13 de julio FJ 2). El Juez o Tribunal de apelaci\u00f3n puede as\u00ed valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderaci\u00f3n que haya efectuado el Juez &#8220;a quo&#8221;, pues en esto consiste, precisamente, una de las \ufb01nalidades inherentes al recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n<p>As\u00ed pues, en la valoraci\u00f3n de la prueba, en principio, debe primar la realizada al efecto por el juzgador de la primera instancia al estar dotada de la su\ufb01ciente objetividad e imparcialidad de la que carecen las partes al defender particulares intereses, facultad \u00e9sta que si bien sustra\u00edda a las partes litigantes, en cambio, s\u00ed se les atribuye la de aportaci\u00f3n de los medios probatorios que queden autorizados por la ley en observancia a los principios dispositivo y de aportaci\u00f3n de parte, seg\u00fan recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 y 7 de octubre de 1997 , sin que ello signi\ufb01que que ante el planteamiento de un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por una de las partes litigantes el tribunal de la segunda instancia venga obligado a acatar autom\u00e1ticamente los razonamientos valorativos efectuados por el unipersonal de primer grado, habida cuenta que esa valoraci\u00f3n probatoria tiene los propios l\u00edmites que imponen la l\u00f3gica y la racionalidad. De ah\u00ed que el Tribunal Constitucional en sentencia 102\/1994, de 11 de abril , expresara como el recurso de apelaci\u00f3n otorga plenas facultades al Tribunal &#8220;ad quem&#8221; para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un &#8220;novum iudicium&#8221;, de lo que cabe colegir que el deber del tribunal de apelaci\u00f3n de comprobar si pese a las facultades del \u00f3rgano judicial &#8220;a quo&#8221; para la apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba, se incurri\u00f3 por el mismo, para la obtenci\u00f3n de sus resultados, en falta de l\u00f3gica o se omiti\u00f3 todo g\u00e9nero de consideraciones sobre los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, pues de ser as\u00ed, el \u00f3rgano judicial de segunda instancia vendr\u00eda obligado a corregir el indebido proceder del de instancia.<\/p>\n<p>Teniendo en cuenta todo ello lo cierto es que examinadas las actuaciones por el \u00f3rgano a quo se llev\u00f3 a cabo el requerimiento de prueba solicitado ala adversa d\u00e1ndose cuenta de su aportaci\u00f3n y traslado a la adversa sin que se denunciase en el momento oportuno posible de\ufb01ciencia o infracci\u00f3n alguna, y es lo cierto que como la propia recurrente reconoce en su recurso ninguna prueba se aporta por la misma para acreditar los requisitos que precisan la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica solicitada .La sentencia de instancia recoge la fundamentaci\u00f3n de la sentencia de esta audiencia Provincial de fecha 23711\/16, y en su fundamento tercero analiza la ausencia probatoria que se da en el presente supuesto a tales efectos, sin que exista prueba aportada en esta alzada que permita variar dicha fundamentaci\u00f3n, lo que conlleva necesariamente a la desestimaci\u00f3n del recurso.<\/p>\n<p>CUARTO.- Las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante, art.s 394 y 398LEC.<\/p>\n<p>QUINTO.- La disposici\u00f3n adicional 15\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisi\u00f3n del recurso y la con\ufb01rmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito.<\/p>\n<h3>FALLAMOS<\/h3>\n<p>Que Desestimando el recurso de apelaci\u00f3n formulado por Consuelo contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Bilbao, en autos de Procedimiento Ordinario n\u00ba 262\/2015 de fecha de tres de febrero de dos mil diecisiete, debemos Con\ufb01rmar como Con\ufb01rmamos dicha resoluci\u00f3n con imposici\u00f3n de las costas de esta alzada a la parte apelante.<\/p>\n<p>Trans\ufb01\u00e9rase el dep\u00f3sito por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos inadmitidos y desestimados.<\/p>\n<p>MODO DE IMPUGNACI\u00d3N: contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del TS, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn ).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn ).<\/p>\n<p>Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4703 0000 00 0161 17. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un &#8220;Recurso&#8221; c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n<p>Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n<p>As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n<p>PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los\/las Ilmos\/as. Sres\/as. Magistrados\/as que la \ufb01rman y le\u00edda por el\/la Ilmo\/a. Magistrado\/a Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certi\ufb01co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuesti\u00f3n procesal. Carga de prueba y valoraci\u00f3n.Debe primar la valoraci\u00f3n de la prueba realizada por el juzgador de primera instancia, salvo que adolezca de falta de l\u00f3gica y racionalidad. 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