{"id":13457,"date":"2026-10-20T09:32:23","date_gmt":"2026-10-20T07:32:23","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-gipuzkoa-de-5-de-junio-de-2018\/"},"modified":"2026-11-05T11:22:14","modified_gmt":"2026-11-05T10:22:14","slug":"sap-de-gipuzkoa-de-5-de-junio-de-2018","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-gipuzkoa-de-5-de-junio-de-2018\/","title":{"rendered":"SAP de Gipuzkoa de 5 de junio de 2018"},"content":{"rendered":"<h3>AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA &#8211; SECCI\u00d3N TERCERA<\/h3>\n<h3>GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA &#8211; HIRUGARREN SEKZIOA<\/h3>\n<p>SAN MARTIN 41-2\u00aa planta &#8211; C.P.\/PK: 20007 Tel.: 943-000713 Fax \/ Faxa: 943-000701 NIG PV \/ IZO EAE: 20.01.2-16\/001208 NIG CGPJ \/ IZO BJKN :20071.42.1-2016\/0001208 Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Proz.arr.ap.2L 3348\/2017 O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia : UPAD de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Tolosa \/ Tolosako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zk.ko ZULUP Autos de Procedimiento ordinario 207\/2016 (e)ko autoak Recurrente \/ Errekurtsogilea: Joaquina Procurador\/a\/ Prokuradorea:VEGA PEREZ ARROYO Abogado\/a \/ Abokatua: LAURA GARCIA IBARROLA Recurrido\/a \/ Errekurritua: Aquilino Procurador\/a \/ Prokuradorea: MARIA DEL CARMEN CHIMENO RODRIGUEZ Abogado\/a\/ Abokatua: ANE MIREN ARRESE IMAZ S E N T E N C I A N\u00ba 55\/2018 ILMOS\/AS. SRES\/AS.<\/p>\n<h3>D\u00aa. JUANA MAR\u00cdA UNANUE ARRATIBEL<\/h3>\n<h3>D\u00aa. MARIA DEL CARMEN BILDARRAZ ALZURI<\/h3>\n<h3>D. JORGE JUAN HOYOS MORENO<\/h3>\n<p>En DONOSTIA \/ SAN SEBASTIAN, a 5 de junio de dos mil dieciocho.<\/p>\n<p>La Audiencia Provincial de Gipuzkoa &#8211; Secci\u00f3n Tercera, constituida por los\/as Ilmo\/as. Sres\/as. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario n\u00ba 207\/16<\/p>\n<p>de la Upad de Primera Instancia n\u00ba 2 de Tolosa, a instancia de D\u00aa Joaquina , apelante, representada por la Procuradora Sra. Vega P\u00e9rez Arroyo y defendida por la Letrado Sra. Laura Garc\u00eda Ibarrola, contra D. Aquilino , apelado, representado por la Procuradora Sra. Carmen Chimeno Rodriguez y defendido por la Letrada Sra.<\/p>\n<p>Ane Miren Arrese Imaz; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 12 de abril de 2017.<\/p>\n<h3>ANTECEDENTES DE HECHO<\/h3>\n<p>PRIMERO.- Por la Upad de Primera Instancia n\u00ba 2 de Tolosa se dict\u00f3 sentencia con fecha 12 de abril de 2017, que contiene el siguiente FALLO :<\/p>\n<p>&#8220;DESESTIMANDO la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales D\u00f1a. Vega P\u00e9rez Arroyo en nombre y representaci\u00f3n de D\u00f1a. Joaquina , contra D. Aquilino , representado por la Procuradora de los Tribunales D\u00f1a. Carmen Chimeno Rodr\u00edguez, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al demandado de los pedimentos de la demanda, con imposici\u00f3n de costas a la parte actora.&#8221;<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Noti\ufb01cada a las partes la resoluci\u00f3n de referencia, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra ella, que fue admitido y previa la formulaci\u00f3n por las partes de los oportunos escritos de alegaciones, se elevaron los autos a este Tribunal, dict\u00e1ndose resoluci\u00f3n se\u00f1alando el d\u00eda 11 de mayo de 2018 para la deliberaci\u00f3n y votaci\u00f3n.<\/p>\n<p>TERCERO.-Con fecha 17 de octubre de 2.017 se produce en virtud del Real Decreto 902\/2017 la transformaci\u00f2n de la Secci\u00f2n 3\u00ba con competencia Civil y Penal en Secci\u00f3n Exclusiva Penal desde dicha fecha y con competencia exclusiva en materia de Violencia sobre la Mujer , si bien debiendo continuarse la tramitaci\u00f3n de los asuntos civiles que hubieran entrado en la Secci\u00f3n hasta dicha fecha , en que la misma constituida por cuatro Magistrados pasando a quedar constituida por los tres Magistrdaos que ahora conforman la Secci\u00f3n.<\/p>\n<p>VISTO.- Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D\u00aa JUANA MAR\u00cdA UNANUE ARRATIBEL.<\/p>\n<h3>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/h3>\n<p>Se aceptan los de la resoluci\u00f3n recurrida en lo que no se opongan a los que a continuaci\u00f3n se exponen y ;<\/p>\n<p>PRIMERO.- En el recurso de apelaci\u00f3n se impugna:<\/p>\n<p>1.- el pronunciamiento de la sentencia sobre el papel desarrollado por la Sra Mendicute en la mercantil Forma Empresas EK , S.L. , error en la valoraci\u00f3n de la prrueba , ya que en el fundamento segundo entiende que el Sr Aquilino se encargaba de las gestiones administrativas de la mercantil , siendo la Sra Joaquina la encargada del area comercial, sin tener en cuenta que en el peri\u00f3do en que la pareja estaba unida nunca se celebraron juntas de socios , sin que la demandante tuviera acceso a las cuentas de resultados , balances o memorias anuales desde su constituci\u00f3n en el a\u00f1o 2.010 , que el control \u00fanico de la mercantil como administrador \u00fanico de la misma correspond\u00eda en todos sus aspectos al Sr Aquilino , que lo que hizo fue utilizar a la misma para el pago de la aportaci\u00f3n par constituir la empresa sin ni siquiera entregarles nada a cambio , ni un salario ni hacerle participe de los bene\ufb01cios.<\/p>\n<p>Siendo l\u00f3gico que cuando pidi\u00f3 a su ex pareja la salida de la mercanti no admitiera la misma ese acuerdo por la cantidad de 1.500 euros.<\/p>\n<p>2.- impugnaci\u00f3n del pronunciamiento de la sentencia sobre la actividad laboral a nterior a la formaci\u00f3n de la mercantil FormaEmpresas EK , S.L. , que la misma trabajo como captadora en la diversas empresas del Sr Aquilino y posteriormen , en la misma con el alta de auton\u00f3mos y posteriro baja sin su consentimiento del citado r\u00e9gimen , siendo achacable al Sr Aquilino el que la Sra Joaquina no pueda percibir en el futura una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, que la suma se\u00f1alada que percibe el Sr Aquilino de 1.395 euros , siendo superiores sus ingresos.<\/p>\n<p>3.- omisi\u00f3n de pronunciamiento sobre el empobrecimiento de la Sra Joaquina .<\/p>\n<p>4.- se impugna el pronunciamiento en costas.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- En la demanda que interpone D\u00aa Joaquina re\ufb01ere los siguientes hechos: .- que en el a\u00f1o 1.989 la actora y el demandado Aquilino se\u00f1ala que comenzaron una relaci\u00f3n de noviazgo que fue consolidandose y que di\u00f3 lugar a una convivencia de pareja , pudiendo ser equiparada a la de un matrimonio , fuerte , s\u00f3lida y estable hasta agosto de 2.013.<\/p>\n<p>.- desde el primer momento y en la plena dedicaci\u00f3n de la actora al que hasta 2.013 fue su pareja sentimental , cambiando se residencia para favorecer el desarrollo profesional del demandado. .-en un primer momento residiron en Ordizia , en la actula residencia del demandado, y que pertenec\u00eda en propiedad a los padres de esta. .-En 1.992 \ufb01jaron su residencia en Tolosa , hasta que \ufb01jaron su domicilio com\u00fan en San Sebastian , en la CALLE000 n\u00ba NUM000 &#8211; NUM001 , de la que eran due\u00f1os los padres de la actora. .-y en la que conviv\u00eda la actora con su hija mayor , Estela , antes de conocer al Sr Aquilino . .- de dicha relaci\u00f3n de pareja nacio una hija Montserrat el NUM002 de 1.994. .- en un paso para formalizar la pareja y aportar seguridad a la familia la misma al completo se empadrono el 29 de abril de 1.998 en el citado domicilio de la CALLE000 , siendo este el \u00faltimo domicilio familiar. .- cuando la actora conoci\u00f3 con 30 a\u00f1os al demandado se dedicaba al cuidado de su hija , sus padres y las labores dom\u00e9sticas , adem\u00e1s , de puntualmente al sector comercial en diferentes empresas. .-por expreso deseo del demandado la actora , adem\u00e1s , de abonar su carrera profesional , que poco a poco empezaba a labrarse , se traslado a las distintas localidades en las que el demandado ejercicia su actividad profesional, dedicandose al mantenimiento dom\u00e9stico del hogar y adem\u00e1s , a trabajar directamente en las actividades mercantiles del demandado , entre ellas , la Academia Empresas S.L. y FormaEmpresas EK, S.L. .- el exito profesional del que disfrutaba el demandado y de los que disfrutaba la familia y de los que hoy disfruta en exclusiva el demandado , reside en que durante 25 a\u00f1os de relaci\u00f3n , solo permiti\u00f3 a la demandante salvo , en alguna peque\u00f1a ocasi\u00f3n , trabajar para \u00e9l en sus distintas formulas empresariales. .- es decir , el demandado permiti\u00f3 el empobrecimiento directo de quien era su pareja, al no permitir su acceso al mercado laboral , en su propio bene\ufb01cio. .- ha sido la aportaci\u00f3n de la actora de su esfuerzo y su trabajo en el hogar com\u00fan y en las distintas formulas empresariales le ha causado a este aumento del patrimonio en relaci\u00f3n a la demandante , es decir , un enriquecimiento injusto. .- adem\u00e1s , no solo ese empobrecimiento de la actora surgue del hecho de su dedicaci\u00f3n en exclusiva al Sr Aquilino , ya que la actora tuvo que suscribir un pr\u00e9stamo personal de un principal de 18.000 euros , que tuvo que solicitar en el a\u00f1o 2.009 para atender una deuda del hoy demandante con la mercantil La Academia Empresas S.L. contraida como consecuencia de la actividad mercantil que el Sr Aquilino desarrollo en esta empresa y que a d\u00eda de hoya asciende a 8.157 , 61 euros a favor del Banco de Santander.<\/p>\n<p>La acci\u00f3n que se articula tiene su fundamento en el instituto del enriquecimiento injusto.<\/p>\n<p>Solicitando una pensi\u00f2n mensual de 1.200 euros o subsidiarimente , la que se considere tras el recibimiento del pleito a prueba y que se actualizara en funci\u00f3n de las variaciones del IPC.<\/p>\n<p>Con la demanda se acompa\u00f1a: .- libro de familia. .-certi\ufb01cado del padr\u00f3n del Ayuntamiento de San Sebastian de 25-01-2.016 en que obra que desde 29-04-1.998 se hallaban empadronados en la CALLE000 n\u00ba NUM000 &#8211; NUM001 los litigantes y la hija del primer matrimonio de la actora y la hija en comun de los mismos. .- hoja de vida laboral de la actora. .- hoja del pr\u00e9stamo.<\/p>\n<p>En la contestaci\u00f3n a la demanda se di\ufb01ere de la fecha de inicio de la convivencia que se cifra en el a\u00f1o 1.990 cuando el demandado se traslada a Tolosa , compartiendo vivienda con la hija de la actora y otra pareja de amigos , que cuando se conocieron trabaja la actora en el Supermercado BM de Lazkao y que cuando inician la convivencia se trasladan de Tolosa a Ordizia y Lazkao a sus respectivso trabajos.<\/p>\n<p>Que en 1.991 el demandando comienza a trabajar en San Sebastian para Mudespa , que la actora estuvo activa laboralmente hasta el a\u00f1o 1.991 , fecha en la que percibi\u00f3 el desempleo hasta febrero de 1.995 y al extingirse la misma estuvo de baja repetidas veces hasta septiembre de 2.000.<\/p>\n<p>Que el traslado de Tolosa a San Sebastina fue de comun acuerdo y resideron en diveras viviendas antes de la CALLE000 .<\/p>\n<p>Que los gastos de las menores han sido asumidos por ambos y posteriormente , se les ha ofrecido trabajo en la empresa que form\u00f3 con la actora , que solo acept\u00f3 Estela que ces\u00f3 en la misma en mayo de 2.015.<\/p>\n<p>Que los gastos de la vivienda de la CALLE000 fueron abonados por el demandado , tanto durante la convivencia como despu\u00e9s del cese de esta , hasta el mes de julio de 2.015 , inclusive.<\/p>\n<p>Que cuando conoci\u00f3 al demandado la actora no desempe\u00f1aba actividad laboral , que el demandado respeto la esfera laboral de la actora y le animo a trabajar en la empresa que constituyen ambos , que incierto el exito empresarial al que se alude Que durante la convivencia la actora dispuso de sus cuentas y productos bancarios , nunca dispusieron de cuentas en com\u00fan los litigantes.<\/p>\n<p>No se ha dado empobrecimiento de la actora el pr\u00e9stamo al que alude es un pr\u00e9stamo personal de ambos , com\u00fan y que se abona por la empresa.<\/p>\n<p>Y se insta la desestimaci\u00f2n de la demanda.<\/p>\n<p>Con la misma se aporta: .- empadronamiento del Ayuntamiento de Ordizia en que obra que estuvo empadronado en dicha localidad en dos per\u00edodos de 1-03-1981 a 12-07-1.994 y 28-09-2.015 a 28-07-2.016. .- hoja de vida laboral del demandado. .- nota simple informativa del Registro de la Propiedad de la vivienda de la CALLE000 a nombre de los padres de la actora. .- IRPF de Estela de FormaEmpresas EK , S.L. del a\u00f1o 2.014 , 2.015. .- certi\ufb01caci\u00f3n de Lysus Technology en que obra que el demandado fue delegado de dicha empresa en Gipuzkoa y en mayo de 2.015 le solicit\u00f3 un puesto como administrativa a favor de Estela , puesto que ocupa desd dicha fecha a la fecha de la certi\ufb01caci\u00f2n 19 de agosto de 2.016. .- escritura de constituci\u00f3n de Forma Empresas Ek , S.L. con fecah 21 de enero de 2.010 por parte de ambos litigantes. .- facturas de gastos de la vivienda de la CALLE000 abonadas por la empresa anterior. .- extracto de cuenta bancaria Banco Santander de la mercantil antes mencionada. .- extractos de la misma entidad de la cuenta del demandado. .- certi\ufb01caci\u00f3n del administrador de la Comunidad de la CALLE000 de 2.016 en que obra que el demandado abono 6.333, 60 euros en concepto de gastos generales y cuotas de 1-08-2.009 a 8-11-2.013. .- libro mayor de la mercantil en que constan abonos de salarios a la actora en el per\u00edodo de 1-011-2.010 a 31-12-2.010. .- contrato de 19-06-2.006 de contrato de agencia entre el demandado y EDP Editores S.L. .- contrato similar con fecha 22 de enero de 2.008 con La Academia Estudios Universitarios S.L. .- contrato similar con Grupo Corpodat S.L. de 17 de septiembre de 2.010. .- declaraci\u00f2n de impuesto de sociedades de FormaEmpresas Ek, S.L. de 18 de agosto de 2.010, 2.011. .- declaraci\u00f3n de la renta del demandado de 2.009 , 2.010 , 2.011, 2.012, 2.013 , 2.014. .-n\u00f3minas del demandado de 2.016. .- hoja de vida laboral de Estela . .- sentencia de separaci\u00f3n de la actora y Alfonso En la sentencia se desestima la demanda.<\/p>\n<p>TERCERO.- Determinante en esta materia carente per se regulaci\u00f3n se haga menci\u00f3n a la doctrina jurisprudencial en la materia , en concreto , en una sentencia de esta A.P. de 3 de mayo de 2.007 se expone que:&#8221;La falta de una normativa positiva concreta para los casos de extinci\u00f3n de la uni\u00f3n &#8220;more uxorio &#8221; ha dado lugar a una jurisprudencia dis\u00edmil, salvo en la admisibilidad general de los pactos expresos o t\u00e1citos (&#8220;falta concludentia&#8221;), con acogimiento de soluciones de comunidad de bienes (ad ex. Sentencia 4 junio 1998 ) o de sociedad irregular (ad ex. Sentencias 18 mayo 1992 , 18 febrero 1993, 18 marzo 1995 ), que ha efectuado un notorio esfuerzo para proporcionar remedio jur\u00eddico a las peculidaridades casu\u00edsticas, lo que ha dado lugar<\/p>\n<p>a diversas soluciones, no necesariamente re\u00f1idas entre s\u00ed. Y en tal sentido, dejando a un lado admisiones hipot\u00e9ticas ( Sentencias 27 mayo , 20 octubre y 24 noviembre 1994 ), son de destacar las Sentencias de 13 de junio de 1986, que aplica el principio de la buena y la sanci\u00f3n del abuso del derecho en sinton\u00eda con una interpretaci\u00f3n acorde con la realidad social; 11 de diciembre de 1992 , que aplic\u00f3 la doctrina del enriquecimiento injusto 16 de diciembre de 1996 , indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios del art. 1902 CC en atenci\u00f3n a que hubo promesa de matrimonio; y aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art. 96 en relaci\u00f3n con el 40.1 ambos del C\u00f3digo Civil por lo que respecta al uso de la vivienda familiar; 10 de marzo de 1998 , principio de protecci\u00f3n del conviviente m\u00e1s d\u00e9bil, que tambi\u00e9n se menciona en la de 27 de marzo de 2001 , y se rati\ufb01ca en la de 17 de enero de 2003 ; 27 de marzo de 2001, que alude a las doctrinas del enriquecimiento injusto, aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de pensi\u00f3n compensatoria del art. 97 CC y principio de protecci\u00f3n del conviviente perjudicado; y 5 de julio de 2001, sobre aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art. 97 CCivil.<\/p>\n<p>El Tribunal Supremo, en su sentencia n\u00fam. 7\/2003, de 17 de enero , expresa: Lo que, respecto a la normativa, ha declarado reiteradamente esta Sala es que no es aplicable a la uni\u00f3n de hecho la regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico- matrimonial ( sentencias de 21 de octubre de 1992 , 27 de mayo de 1994 , 20 de octubre de 1994, 24 de noviembre de 1994 , 30 de diciembre de 1994 , 4 de marzo de 1997. Aplicando los principios generales del Derecho, ha declarado la atribuci\u00f3n de vivienda familiar a la conviviente m\u00e1s d\u00e9bil ( sentencia de 10 de marzo de 1998 ), y recientemente, ha aplicado por analog\u00eda la norma de la pensi\u00f3n compensatoria del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo Civil ( sentencia de 5 de julio de 2001 y 16 de julio de 2002 ). En de\ufb01nitiva, no se acepta la igualdad o asimilaci\u00f3n al matrimonio, sino que se trata de proteger a la parte que ha quedado perjudicado por raz\u00f3n de la convivencia y se pretende evitar el perjuicio injusto para el m\u00e1s d\u00e9bil ( sentencia de 10 de marzo de 1998, cuyo p\u00e1rrafo ha sido transcrito y 27 de marzo de 2001).<\/p>\n<p>Por lo tanto, de la doctrina jurisprudencial expuesta habr\u00e1 de concluirse necesariamente:<\/p>\n<p>1.- Que la uni\u00f3n more uxorio constituye una realidad social que cuando re\u00fane determinados requisitos, han merecido el reconocimiento como una modalidad de familia, aunque sin equivalencia con el matrimonio.<\/p>\n<p>2.- La falta de una normativa positiva para los casos de extinci\u00f3n de la uni\u00f3n more uxorio , ha dado lugar a una jusrisprudencia disimil, salvo en la admisibilidad general de los pactos expresos o t\u00e1citos (falta concludentia), con acogimiento de comunidad de bienes ( S. 4 junio 1998 ), o de sociedad irregular ( S. 18 mayo 1.992 y 18 marzo 1.995).<\/p>\n<p>3.- Que para entender que existi\u00f3 la voluntad de crear una sociedad civil entre los integrantes de la uni\u00f3n, es preciso, adem\u00e1s de la&#8221; affectio societatis&#8221; ex. art. 1.665 del C.Civil EDL 1889\/1, la puesta en com\u00fan del dinero, bienes o industria, para que toda sociedad pueda tener existencia&#8221;.<\/p>\n<p>En sentencia de esta Sala de 3 de julio de 2.013 se recoge que:&#8221;En efecto para la soluci\u00f3n de la controversia planteada, de la naturaleza de la relaci\u00f3n familiar que ha vinculado a los litigantes, catalogaci\u00f3n como &#8220;uni\u00f3n de hecho&#8221; o &#8220;more uxorio &#8221; que no se cuestiona, resulta decisiva a la hora de resolver la presente controversia, ya que ha sido precisamente en el marco de esta uni\u00f3n, durante la vigencia de la misma, y al amparo de la libertad contractual, que consagra nuestro ordenamiento jur\u00eddico civil en el art. 1.255 del C\u00f3digo Civil que los litigantes formalizaron, en el pleno ejercicio de sus derechos, de forma libre y consciente, la compra por mitad y proindiviso de los inmuebles de cuya divisi\u00f3n se trata en virtud de la escritura p\u00fablica de compraventa de fecha de 29 de septiembre de 1998; documentaci\u00f3n p\u00fablica que tuvo acceso al Registro de la Propiedad.<\/p>\n<p>La Sentencia del Tribunal Supremo de 22-1-01 , invocada por la parte actora, &#8220;Dice la sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 1992, citada por extenso en la de 23 de julio de 1998 que &#8220;esta Sala entiende que no cabe la posibilidad de considerar que toda uni\u00f3n paramatrimonial (more uxorio ), por el mero y exclusivo hecho de iniciarse, haya de llevar aparejado el surgimiento autom\u00e1tico de un r\u00e9gimen de comunidad de bienes (ll\u00e1mese gananciales, sociedad universal de ganancias, condominio ordinario o de cualquiera otra forma), sino que habr\u00e1n de ser los convivientes interesados los que, por pacto expreso o por sus &#8220;facta concludentia&#8221; (aportaci\u00f3n continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo com\u00fan) evidencien que su inequ\u00edvoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos (suponemos que a t\u00edtulo oneroso) durante la duraci\u00f3n de la uni\u00f3n de hecho&#8221;; doctrina que reitera la sentencia de 27 de mayo de 1998 seg\u00fan la cual &#8220;del hecho de que exista una convivencia &#8220;more uxorio &#8221; no se puede deducir sin m\u00e1s aquella voluntad; si alguna deducci\u00f3n l\u00f3gica cabe hacer es la de que cada uno conserva su total independencia frente al otro; que no quieren contraer obligaciones rec\u00edprocas personales y patrimoniales que nacen del matrimonio. Naturalmente que cabe que los convivientes regulen las consecuencias de su estado como tengan por conveniente, respetando los l\u00edmites generales del art. 1255 del C\u00f3digo Civil ; o bien que conductas signi\ufb01cativas o de actos con ese mismo car\u00e1cter patenticen que quieran constituir una sociedad o una comunidad de bienes&#8221;.<\/p>\n<p>En esta l\u00ednea sobre el posible pacto entre los miembros de la uni\u00f3n de hecho de someterse a alguno de los reg\u00edmenes econ\u00f3mico-matrimoniales regulados en el C\u00f3digo Civil , cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18-5-02 que establece &#8220;&#8230;ello no quiere decir que haya de rechazarse de plano la posible aplicabilidad de la normativa que disciplina el r\u00e9gimen ganancial matrimonial, si expresamente se pacta, lo que signi\ufb01car\u00eda dar otro aspecto al problema en cuanto a si dichos convenios est\u00e1n dotados de la licitud y fuerza obligatoria conforme al art\u00edculo 1.255 del C\u00f3digo Civil.A este respecto hay que hacer constar que la Recomendaci\u00f3n n\u00famero R(88)-3 del Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa, fechada el 7 de marzo de 1988, est\u00e1 orientada para que los contratos de naturaleza patrimonial entre personas que viven juntas como parejas no casadas o que se regulan las relaciones patrimoniales entre las mismas, ya sea por el periodo ulterior a su cesaci\u00f3n, no puedan tenerse como nulos, por la \u00fanica raz\u00f3n de haberse concertado en dichas situaciones&#8221;.<\/p>\n<p>La Sentencia de 5-12-2005 establece:La reciente sentencia del Pleno de esta Sala de 12 de septiembre de 2005 resume la doctrina jurisprudencial acerca de este punto, declarando que la uni\u00f3n de hecho se rige primordialmente por la voluntad de los convivientes y, en consecuencia, los efectos que produzca la ruptura de la uni\u00f3n &#8220;ser\u00e1n efectos jur\u00eddicos derivados o propios de la instituci\u00f3n que en cada caso proceda y no precisamente del matrimonio. As\u00ed, en la actualidad es frecuente la adquisici\u00f3n de vivienda en proindiviso, incluso por personas que piensan contraer matrimonio en un futuro m\u00e1s o menos pr\u00f3ximo, y en tal caso lo procedente ser\u00e1 aplicar las reglas de la disoluci\u00f3n de la comunidad de bienes o &#8220;divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan&#8221;, seg\u00fan los arts. 400 y siguientes del C\u00f3digo Civil.&#8221;<\/p>\n<p>En consecuencia, la demostraci\u00f3n de una voluntad expresa o t\u00e1cita de los convivientes de hacer comunes todos o alguno de los bienes adquiridos durante la convivencia puede determinar la existencia de una comunidad en sentido jur\u00eddico, en concordancia con nuestra jurisprudencia m\u00e1s reciente sobre la naturaleza y efectos de las uniones de hecho,&#8230;&#8221;.<\/p>\n<p>En la misma l\u00ednea, cabe citar la Sentencia de 19-10-2006.<\/p>\n<p>Razones de m\u00e9todo l\u00f3gico y de econom\u00eda procesal aconsejan el estudio y la resoluci\u00f3n conjunta de los tres motivos del presente recurso de casaci\u00f3n, todos ellos formulados al amparo del ordinal cuarto del art\u00edculo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en la medida en que responden a un mismo planteamiento y suscitan una misma y \u00fanica cuesti\u00f3n, desde distintos aspectos, cual es la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de la comunidad de bienes o de la sociedad de gananciales para regular las consecuencias econ\u00f3micas derivadas de la disoluci\u00f3n o ruptura de la uni\u00f3n de hecho o convivencia &#8220;more uxorio &#8221; habida en su d\u00eda entre los litigantes, atendiendo a la voluntad de \u00e9stos de constituir una comunidad de bienes o una sociedad universal de ganancias revelada de &#8220;facta concludentia&#8221;.<\/p>\n<p>La adecuada respuesta a la cuesti\u00f3n suscitada pasa, ante todo, por poner de mani\ufb01esto que la jurisprudencia de esta Sala se ha esforzado en destacar que la realidad social que encierra la convivencia a modo marital o las uniones de hecho ha carecido hasta fechas muy recientes de toda consideraci\u00f3n jur\u00eddica, lo que no signi\ufb01caba que tales uniones fueran contrarias a la ley, ni que la jurisprudencia se desentendiera de ellas. \u00c9sta se ha referido a las mismas como familia natural &#8211; sentencia de 29 de octubre de 1997 -, situaci\u00f3n de hecho con trascendencia jur\u00eddica &#8211; sentencia de 10 de marzo de 1998 -, realidad jur\u00eddica con efectos jur\u00eddicos &#8211; sentencia de 27 de marzo de 2001 -, o como realidad social admitida por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo -sentencia de 5 de julio de 2001 -.<\/p>\n<p>En las sentencias de 17 de enero de 2003 y de 5 de febrero de 2004, recogiendo la doctrina sentada en anteriores resoluciones, se destaca el car\u00e1cter alegal y ajur\u00eddico, que no ilegal o antijur\u00eddico, de las uniones de hecho, que producen o pueden producir una serie de efectos con trascendencia jur\u00eddica que no son ignorados por el jurista en general, ni por el Juez en particular, y que deben ser resueltos con arreglo al sistema de fuentes del Derecho.<\/p>\n<p>Y se ha destacado tambi\u00e9n &#8211; sentencias de 17 de enero de 2003 y de 12 de septiembre de 2005, esta \u00faltima de Pleno- que se encuentran afectadas por principios de rango constitucional, y en particular, por la libertad como valor superior del ordenamiento jur\u00eddico &#8211; art\u00edculo 1.1 de la Constituci\u00f3n &#8211; que obliga a los poderes p\u00fablicos a promover las condiciones para su realidad y efectividad &#8211; art\u00edculo 9.2 de la Constituci\u00f3n &#8211; y justi\ufb01ca, como se precisa en la sentencia de 12 de septiembre de 2005, que el T\u00edtulo relativo a los derechos y deberes fundamentales tenga como p\u00f3rtico la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los dem\u00e1s &#8211; art\u00edculo 10.1 de la Constituci\u00f3n , sin olvidar el principio de igualdad que impide todo trato discriminatorio &#8211; art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n &#8211; y la expresa protecci\u00f3n a la familia &#8211; art\u00edculo 39.1 de la Constituci\u00f3n -, no solo la fundada en el matrimonio, sino tambi\u00e9n en la convivencia &#8220;more uxorio &#8220;.<\/p>\n<p>Paralelamente a lo anterior, la misma doctrina jurisprudencial, en l\u00ednea con la del Tribunal Constitucional, se ha preocupado de precisar que la uni\u00f3n de hecho es una instituci\u00f3n que nada tiene que ver con el matrimonio -sentencia de 12 de septiembre de 2005 y sentencias del Tribunal Constitucional 184\/90 y 222\/92, por todas-,<\/p>\n<p>aunque una y otra se sit\u00faen dentro del derecho de familia. Aun m\u00e1s: hoy en d\u00eda -como dice la sentencia de 12 de septiembre de 2005 -, con la existencia del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la uni\u00f3n de hecho est\u00e1 formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias.<\/p>\n<p>Es, pu\u00e9s, consustancial a esa diferencia entre la uni\u00f3n de hecho y el matrimonio y a la voluntad de eludir las consecuencias derivadas del v\u00ednculo matrimonial que se encuentra insita en la convivencia &#8220;more uxorio &#8221; el rechazo que desde la jurisprudencia se proclama de la aplicaci\u00f3n por &#8220;analog\u00eda legis&#8221; de las normas propias del matrimonio, entre las que se encuentran las relativas al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial; lo que no empece a que puedan \u00e9stas, y, en general, las reguladoras de la disoluci\u00f3n de comunidades de bienes o de patrimonios comunes, ser aplicadas, bien por pacto expreso, bien por la v\u00eda de la &#8220;analog\u00eda iuris&#8221; -como un mecanismo de obtenci\u00f3n y de aplicaci\u00f3n de los principios inspiradores del ordenamiento a partir de un conjunto de preceptos y su aplicaci\u00f3n al caso no regulado-, cuando por &#8220;facta concludentia&#8221; se evidencie la inequ\u00edvoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio com\u00fan &#8211; sentencia de 22 de febrero de 2006 &#8211; &#8221; Y la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 8-5-2008 detalla la \u00faltima posici\u00f3n jurisprudencial al respecto en los siguientes t\u00e9rminos: &#8221; Previamente, debe recordarse que tanto las sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 14\/1990 y 222\/1992), como las de esta Sala (17 mayo 1998 y las all\u00ed citadas, as\u00ed como la de 12 septiembre 2005) proclaman la diferencia entre la uni\u00f3n de hecho y el matrimonio. La sentencia de esta Sala de 12 septiembre 2005 declara que &#8220;la uni\u00f3n de hecho es una instituci\u00f3n que no tiene nada que ver con el matrimonio &#8211; Sentencia del Tribunal Constitucional 184\/1990 y la 222\/92, por todas-, aunque las dos est\u00e9n dentro del derecho de familia. Es m\u00e1s, hoy por hoy, con la existencia jur\u00eddica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la uni\u00f3n de hecho est\u00e1 formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias. Por ello debe huirse de la aplicaci\u00f3n por &#8220;analog\u00eda legis&#8221; de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 C\u00f3digo Civil , ya que tal aplicaci\u00f3n comporta inevitablemente una penalizaci\u00f3n de la libre ruptura de la pareja, y m\u00e1s especialmente una penalizaci\u00f3n al miembro de la uni\u00f3n que no desea su continuidad&#8221;. Es cierto que esta \u00faltima sentencia se pronuncia en un supuesto de reclamaci\u00f3n de una cantidad semejante a la de la pensi\u00f3n compensatoria del art. 97 CC , pero sus planteamientos generales son coincidentes con sentencias anteriores relacionadas con reclamaciones relativas a la liquidaci\u00f3n econ\u00f3mica de los bienes adquiridos durante la convivencia, ya sea de forma individual por uno de los convivientes, ya sea en comunidad.<\/p>\n<p>Los criterios utilizados por esta Sala en relaci\u00f3n a esta problem\u00e1tica pueden resumirse a los efectos de la soluci\u00f3n que debe darse a este recurso:<\/p>\n<p>1\u00ba Esta Sala ha declarado siempre que debe estarse a los pactos que hayan existido entre las partes relativos a la organizaci\u00f3n econ\u00f3mica para la posterior liquidaci\u00f3n de estas relaciones ( STS de 18 febrero 2003). La sentencia de 12 septiembre 2005, seguida por la de 22 febrero 2006, declara de forma contundente que &#8220;las consecuencias econ\u00f3micas del mismo deben ser reguladas en primer lugar por ley espec\u00ed\ufb01ca; en ausencia de la misma se regir\u00e1n por el pacto establecido por sus miembros, y, a falta de ello, en \u00faltimo lugar por aplicaci\u00f3n de la t\u00e9cnica del enriquecimiento injusto&#8221;.<\/p>\n<p>2\u00ba No se requiere que el pacto regulador de las consecuencias econ\u00f3micas de la uni\u00f3n de hecho sea expreso.<\/p>\n<p>Esta Sala ha admitido los pactos t\u00e1citos, que se pueden deducir de los facta concludentia, debidamente probados durante el procedimiento ( SSTS de 4 junio 1998 y 26 enero 2006). Por ello esta Sala ha entendido que se puede colegir la voluntad de los convivientes de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la convivencia siempre que pueda deducirse una voluntad inequ\u00edvoca en este sentido Las sentencias de 21 octubre 1992, 27 mayo 1998 y 22 enero 2001 admiten que se pueda probar la creaci\u00f3n de una comunidad por medio de los facta concludentia, que consistir\u00e9 en la &#8220;aportaci\u00f3n continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo com\u00fan&#8221;.<\/p>\n<p>3\u00ba Sin embargo, no puede aplicarse por analog\u00eda la regulaci\u00f3n establecida para el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial porque al no haber matrimonio, no hay r\u00e9gimen ( Sentencia de 27 mayo 1998). La consecuencia de la exclusi\u00f3n del matrimonio es precisamente, la exclusi\u00f3n del r\u00e9gimen. A pesar de ello, en los casos de la disoluci\u00f3n de la convivencia de hecho, no se impone la sociedad de gananciales, sino que se deduce de los hechos que se declaran probados que hubo una voluntad de constituir una comunidad, sobre bienes concretos o sobre una pluralidad de los mismos.<\/p>\n<p>4\u00ba Los bienes adquiridos durante la convivencia no se hacen comunes a los convivientes, por lo que pertenecen a quien los haya adquirido; s\u00f3lo cuando de forma expresa o de forma t\u00e1cita (por medio de hechos concluyentes) se pueda llegar a determinar que se adquirieron en com\u00fan, puede producirse la consecuencia de la existencia de dicha comunidad.&#8221;.<\/p>\n<p>Pu\u00e9s bien, de cuanto se ha dicho se sigue no ya, que tambi\u00e9n, la imposibilidad de aplicar directa o indirectamente normas reguladoras de la instituci\u00f3n matrimonial, sino la necesidad de preservar la libertad de los integrantes de la pareja de hecho quienes optaron por convivir de tal manera precisamente para huir de la aplicaci\u00f3n de aquellas normas respecto de las cuales expresaron t\u00e1citamente su rechazo.<\/p>\n<p>Que ello sea as\u00ed, no supone que el mero hecho de la convivencia no genere una comunidad, desde luego afectiva, pero tambi\u00e9n econ\u00f3mica a partir de la conjunta satisfacci\u00f3n de los gastos precisos para el desenvolvimiento de la pareja. Aunque reiteremos nuestra completa reticencia a aplicar anal\u00f3gicamente normas matrimoniales, es inevitable la alusi\u00f3n a la regulaci\u00f3n de la &#8220;potestad dom\u00e9stica&#8221; en el C\u00f3digo Civil para explicar nuestra posici\u00f3n. Seg\u00fan nuestro punto de vista los gastos efectuados por los miembros de la pareja susceptibles de ser encuadrados en el concepto de potestad dom\u00e9stica del art. 1319, no son susceptibles de reclamaci\u00f3n y\/o repetici\u00f3n con car\u00e1cter general al conviviente ya por v\u00eda de acci\u00f3n, ya por v\u00eda de reconvenci\u00f3n salvo que se acredite la existencia de pactos al respecto -expresos o derivados de hechos concluyentes- que indiquen lo contrario.<\/p>\n<p>N\u00f3tese, sin embargo, que todo ello es ajeno a la eventual constituci\u00f3n de una comunidad general sobre los bienes adquiridos constante su relaci\u00f3n por los convivientes y\/o adscritos por los mismos al desenvolvimiento de su vida en com\u00fan o sobre alg\u00fan bien en particular adquirido en tales circunstancias. La propiedad de esos bienes tal y como ha quedado dicho no es com\u00fan sino que pertenece al miembro de la pareja que lo hubiera adquirido. Y &#8221; s\u00f3lo cuando de forma expresa o de forma t\u00e1cita (por medio de hechos concluyentes) se pueda llegar a determinar que se adquirieron en com\u00fan, puede producirse la consecuencia de la existencia de dicha comunidad &#8220;.<\/p>\n<p>En la sentencia del Pleno del T.S. de 15 de enero de 2.018 se\u00f1ala que:&#8221;1.- Hay que comenzar descartando la aplicaci\u00f3n de las leyes dictadas por la Comunidad Valenciana para regular las uniones de hecho, a las que el recurrente alude en su recurso de casaci\u00f3n y en las que, si bien no se establec\u00eda una pensi\u00f3n compensatoria , se reconoc\u00eda la posibilidad de pacto que la acordara ( art. 7 de la Ley 5\/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas; con anterioridad art. 4 de la Ley 1\/2001, de 6 de abril , por la que se regulaban las uniones de hecho de la Comunidad Valenciana). Ello en atenci\u00f3n a que la sentencia del Tribunal Constitucional 110\/2016, de 9 de junio, declar\u00f3 la nulidad, entre otros, del precepto que as\u00ed lo establec\u00eda en la Ley de 2012, como consecuencia de la falta de competencia de la Comunidad Valenciana para regular las consecuencias civiles de las \u00abuniones de hecho formalizadas\u00bb. 2.- Sentado lo anterior, hay que destacar que en el Derecho civil estatal no existe una regulaci\u00f3n general de las parejas no casadas. El legislador ha equiparado a algunos efectos las parejas no casadas al matrimonio ( arts. 101, 320.1, 175.4 CC, arts. 12.4, 16.1.b, 24.1 LAU). Pero esto no ha sucedido con la pensi\u00f3n compensatoria reconocida en el art. 97 CC Son admisibles gen\u00e9ricamente los pactos entre los convivientes por los que, al amparo del art. 1255 CC , adopten acuerdos en los que prevean compensaciones por desequilibrios en el momento de la ruptura de la convivencia. Sin embargo, no existe una previsi\u00f3n legal que contemple para el caso de extinci\u00f3n de la pareja una compensaci\u00f3n de ning\u00fan tipo (ni alimenticia en caso de necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro c\u00f3nyuge).<\/p>\n<p>3.- De forma categ\u00f3rica, sin distinguir entre parejas constituidas por la mera convivencia y parejas formalizadas y sin contemplar tampoco la posibilidad de que por acuerdo de los interesados pudiera excluirse el r\u00e9gimen legal, la sentencia del Tribunal Constitucional 93\/2013, de 23 de abril , declar\u00f3 que las reglas que imponen a los integrantes de una pareja estable el derecho a una pensi\u00f3n sin que as\u00ed lo hayan acordado \u00abvulneran la libertad de decisi\u00f3n consagrada en el art. 10.1 CE , al responder b\u00e1sicamente a un modelo imperativo alejado del r\u00e9gimen dispositivo que resultar\u00eda acorde a las caracter\u00edsticas de las uniones de hecho y a las exigencias del libre desarrollo de la personalidad\u00bb (FFJJ 9, 10 b) y c), 11 b) a d), 13).<\/p>\n<p>En particular, con este argumento el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de las normas contenidas en el articulado de la Ley foral navarra 6\/2000, de 3 de julio , para la igualdad jur\u00eddica de las parejas estables, que permit\u00edan exigir una pensi\u00f3n peri\u00f3dica o una pensi\u00f3n de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a los miembros de una pareja aunque no hubieran acordado nada sobre el particular. Pero a\u00f1ade la citada sentencia del Tribunal Constitucional que tal declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad lo es \u00abindependientemente de que las reglas generales de responsabilidad por enriquecimiento injusto puedan tener su proyecci\u00f3n en determinados supuestos y de que los miembros de la pareja puedan libremente establecer los pactos que tengan por convenientes al respecto, lo que resulta inconstitucional es la imperatividad de la previsi\u00f3n en los t\u00e9rminos referidos\u00bb.<\/p>\n<p>4.- La interpretaci\u00f3n del Tribunal Constitucional ha reforzado la l\u00ednea jurisprudencial de esta sala que de que no cabe aplicar por analog\u00eda legis las normas del matrimonio a los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio o uni\u00f3n de hecho, pero no descarta que pueda recurrirse, en defecto de pacto, a principios generales, como el del enriquecimiento injusto.<\/p>\n<p>a) En efecto, frente a una l\u00ednea anterior, la sentencia del Pleno 611\/2005, de 12 de septiembre, declar\u00f3 que no cabe la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las normas propias del matrimonio.<\/p>\n<p>Con posterioridad, se ha reiterado la doctrina de que debe excluirse la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la pensi\u00f3n compensatoria a los supuestos de ruptura de la convivencia en parejas de hecho, bien reiterando la doctrina para casos de pensi\u00f3n compensatoria , bien al solucionar otros problemas jur\u00eddicos planteados con ocasi\u00f3n del cese de la convivencia de parejas ( sentencias 927\/2005, de 5 de diciembre, 299\/2008, de 8 de mayo, 1040\/2008, de 30 de octubre, 1155\/2008, de 11 de diciembre, 416\/2011, de 16 de junio, 130\/2014, de 6 de marzo, y 713\/2015, de 16 de diciembre). b) La sala se ha pronunciado sobre la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto en la liquidaci\u00f3n de relaciones patrimoniales entre los miembros de una pareja no matrimonial: bien para apreciar su existencia cuando concurren sus presupuestos ( sentencia 306\/2011, de 6 mayo), bien para negarla cuando existe una normativa espec\u00ed\ufb01ca que regula el supuesto concreto ( sentencia 927\/2005, de 5 de diciembre, en el caso de un condominio regulado por los arts. 392 ss. CC).<\/p>\n<p>c) De modo se\u00f1alado, la sala se ha ocupado de la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto para el reconocimiento de una pensi\u00f3n compensatoria . As\u00ed, se apreci\u00f3 que concurr\u00edan los presupuestos del enriquecimiento en las sentencias 584\/2003, de 17 de junio, y 1016\/2016, de 6 de octubre. Por el contrario, no se aprecia enriquecimiento injusto en los casos que dan lugar a las sentencias 611\/2005, de 12 de septiembre, 387\/2008, de 8 de mayo, y 1040\/2008, de 30 de octubre.<\/p>\n<p>2-.La sentencia recurrida utiliza la expresi\u00f3n \u00abpensi\u00f3n compensatoria \u00bb siguiendo la terminolog\u00eda del art.<\/p>\n<p>97 CC hasta la reforma de 8 de julio de 2005 (que sustituy\u00f3 en ese precepto el t\u00e9rmino pensi\u00f3n por el de compensaci\u00f3n, si bien siguen hablando de pensi\u00f3n los arts. 99, 100 o 101 CC), pero, como ha quedado dicho, esta sala, desde su sentencia de Pleno 611\/2005, de 12 de septiembre, ha descartado la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del r\u00e9gimen matrimonial al cese de la convivencia de una pareja no casada.<\/p>\n<p>3.- La sentencia recurrida, adem\u00e1s, vincula la pensi\u00f3n que reconoce a la aplicaci\u00f3n del principio que proh\u00edbe el enriquecimiento injusto. Pero la doctrina del enriquecimiento injusto requiere la concurrencia de un aumento del patrimonio del enriquecido, un correlativo empobrecimiento del actor, la falta de causa que justi\ufb01que el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicaci\u00f3n de tal principio. En el caso, sin embargo, no puede compartirse la valoraci\u00f3n de la sentencia recurrida, a la vista de los hechos probados.<\/p>\n<p>Durante la convivencia, la actora no se dedic\u00f3 en exclusiva a la atenci\u00f3n de los hijos y del hogar familiar, y el hecho de una mayor dedicaci\u00f3n a los hijos no comport\u00f3 un empobrecimiento de la actora y un enriquecimiento del demandado; la convivencia no implic\u00f3 una p\u00e9rdida de expectativas ni el abandono de una actividad en bene\ufb01cio propio por la dedicaci\u00f3n en bene\ufb01cio del demandado, ni el desentendimiento de su propio patrimonio, ni le impidi\u00f3 obtener bene\ufb01cios mediante el desarrollo de una actividad remunerada. La pensi\u00f3n que se concede en la instancia, por lo dem\u00e1s, no trata de ser respuesta a un enriquecimiento injusto, sino que atiende, aceptando el razonamiento de la demandante, al riesgo de que quedara sin empleo, lo que se consideraba posible por la situaci\u00f3n \ufb01nanciera de la empresa en la que la actora estaba trabajando y la participaci\u00f3n que en la misma ten\u00edan la propia actora y el demandado, lo que podr\u00eda dar lugar al \ufb01n del empleo tras el cese de la convivencia&#8221;.<\/p>\n<p>En la Ley de Parejas de Hecho del Pa\u00eds Vasco Ley 2\/2003 de 7 de mayo , en su art 5 , establece en su n\u00famero 1 que:&#8221; Los miembros de la pareja de hecho podr\u00e1n regular las relaciones personales y patrimoniales derivadas de su uni\u00f3n mediante documento p\u00fablico o privado, con indicaci\u00f3n de sus respectivos derechos y deberes, as\u00ed como de las compensaciones econ\u00f3micas para el caso de la disoluci\u00f3n de la pareja.<\/p>\n<p>Y en el n\u00famero 3 :&#8221;3. A falta de pacto expreso el r\u00e9gimen econ\u00f3mico-patrimonial de las parejas de hecho reguladas en \u00e9sta ley ser\u00e1 el de separaci\u00f3n de bienes establecido en el C\u00f3digo Civil&#8221;.<\/p>\n<p>Y en el art 6 del mismo cuerpo :&#8221;En defecto de otro pacto expreso, los miembros de la pareja podr\u00e1n adherirse a las cl\u00e1usulas que con car\u00e1cter general se establezcan. Dichas cl\u00e1usulas generales prever\u00e1n:<\/p>\n<p>1.- La contribuci\u00f3n al mantenimiento de la vivienda y de los gastos comunes, mediante aportaci\u00f3n econ\u00f3mica o trabajo personal. Se considerar\u00e1 contribuci\u00f3n a los gastos comunes el trabajo dom\u00e9stico, la colaboraci\u00f3n personal o profesional no retribuida o insu\ufb01cientemente retribuida a la profesi\u00f3n o a la empresa del otro miembro, as\u00ed como los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporci\u00f3n a sus ingresos respectivos, y, si \u00e9stos no fueran su\ufb01cientes, en proporci\u00f3n a sus patrimonios. No tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de gastos comunes los derivados de la gesti\u00f3n y la defensa de los bienes propios de cada miembro, ni, en general, los que respondan al inter\u00e9s exclusivo de uno de los miembros de la pareja. Ninguno de los miembros podr\u00e1 enajenar, gravar o, en general, disponer de su derecho sobre los bienes comunes de cualquier forma que comprometa su uso sin el consentimiento del otro.<\/p>\n<p>2.- Los efectos del cese, se\u00f1al\u00e1ndose:<\/p>\n<p>a) Una pensi\u00f3n peri\u00f3dica para el miembro de la pareja que la necesitara para atender adecuadamente su sustento en uno de los siguientes casos:<\/p>\n<p>1.- Si la uni\u00f3n hubiera supuesto disminuci\u00f3n en la capacidad del solicitante de obtener ingresos.<\/p>\n<p>2.- Si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo le impidieran la realizaci\u00f3n de actividades laborales o las di\ufb01cultara seriamente.<\/p>\n<p>b) Una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del miembro de la pareja que, sin retribuci\u00f3n o con retribuci\u00f3n insu\ufb01ciente, haya trabajado para el hogar com\u00fan o para el otro miembro, en el caso de que se haya generado por este motivo una situaci\u00f3n de desigualdad entre el patrimonio de ambos que implique un enriquecimiento injusto.<\/p>\n<p>c) El derecho del superviviente, en el caso de extinci\u00f3n de la pareja por muerte o declaraci\u00f3n de fallecimiento de uno de sus componentes, cuando existiese convivencia y siempre que no perjudique a la leg\u00edtima de los herederos forzosos, a la propiedad del ajuar dom\u00e9stico y al uso de la vivienda com\u00fan durante el a\u00f1o siguiente a la defunci\u00f3n, salvo si constituyera nueva pareja de hecho o contrajera matrimonio&#8221;.<\/p>\n<p>CUARTO.- En el supuesto de autos , \ufb01jada la normativa y Jurisprudencia anterior no puede dejar de anunciarse que en la demanda se determina con absoluta claridad la acci\u00f3n ejercitada que no tiene por objeto regular los efectos de la ruptura de la pareja de hecho , sino que lo que se ejercita es la acci\u00f3n de enriquecimiento injusto.<\/p>\n<p>Es decir , se\u00f1alar que la editio actionis no es obligatoria en nuestro ordenamineto , lo que vinculan son los hechos que se proporcionan en el escrito rector de la litis , pero sin se desigan de manera expresa la misma los t\u00e9rminos del debate quedan delimitados en cuanto a los requisitos de dicha acci\u00f3n ejercitada.<\/p>\n<p>Como se se\u00f1ala en las sentencias del T.S. de 27-05-2011en: &#8220;nuestro ordenamiento jur\u00eddico descarta la obligaci\u00f3n de expresi\u00f3n nominal de la acci\u00f3n, de modo que las interpuestas no se cali\ufb01can por la denominaci\u00f3n que den las partes, sino por los hechos alegados y las pretensiones verdaderamente formuladas; lo importante no es el nomen iuris que las partes den a la acci\u00f3n ni como la identi\ufb01quen, sino lo que realmente se ejercita, la pretensi\u00f3n, la &#8220;res quia agitur&#8221;, la identi\ufb01caci\u00f3n de la controversia, imprescindible par que el proceso opere como instrumento de resoluci\u00f3n de con\ufb02ictos intersubjetivos y alcance sus \ufb01nes de justicia. Por tanto, la cali\ufb01caci\u00f3n en derecho de la acci\u00f3n ejercitada se entiende comprendida en el \u00e1mbito de operatividad del postulado &#8220;iura novit curia&#8221;, y ni vincula al Tribunal la denominaci\u00f3n dada a aquella por las partes, ni cabe admitir que aplicar la norma adecuada a los hechos litigiosos pueda producir indefensi\u00f3n a las mismas, defendidas por expertos en derecho STS de 2 de octubre de 2005)&#8221;.<\/p>\n<p>Por lo que se enunciara que la acci\u00f3n de enriquecimiento injusto como principio general del derecho, tiene su raz\u00f3n jur\u00eddica en la atribuci\u00f3n patrimonial no justi\ufb01cada, de tal manera que, como declara el \u00a7 812 del BBG alem\u00e1n, &#8220;quien obtiene algo sin causa jur\u00eddica por la prestaci\u00f3n de otro o de cualquier otra forma a costa del mismo, est\u00e1 obligado para con \u00e9l a la restituci\u00f3n&#8221;.<\/p>\n<p>Constituyen presupuestos para el ejercicio de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa los siguientes:<\/p>\n<p>a) un enriquecimiento por parte de la demandada representado por la obtenci\u00f3n de una ventaja patrimonial;<\/p>\n<p>b) el correlativo empobrecimiento de la otra parte, como p\u00e9rdida o perjuicio patrimonial;<\/p>\n<p>c) inexistencia de causa que justi\ufb01que la atribuci\u00f3n patrimonial del enriquecido;<\/p>\n<p>d) inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n por el enriquecimiento injusto ; y e) subsidiariedad en el sentido de que s\u00f3lo cabe acudir a la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto en defecto de acciones espec\u00ed\ufb01cas, como remedio residual o subsidiario, pues si existen acciones espec\u00ed\ufb01cas, estas son las que deben ser ejercitadas.<\/p>\n<p>En este sentido, la STS de 7 de abril de 2016, entre otras, se\u00f1ala: &#8220;la jurisprudencia ha declarado con reiteraci\u00f3n ( sentencia 887\/2011, de 25 de noviembre, con cita de la 529\/2010, de 23 de julio) que \u00ablos requisitos para apreciar una situaci\u00f3n de injusto enriquecimiento son, en primer lugar, el enriquecimiento de una persona, como incremento patrimonial; en segundo lugar, el correlativo empobrecimiento de la otra parte, como p\u00e9rdida o perjuicio patrimonial; en tercer lugar, inexistencia de causa que justi\ufb01que la atribuci\u00f3n patrimonial del enriquecido, presupuesto que no se da cuando media una relaci\u00f3n jur\u00eddica que la fundamente: car\u00e1cter de subsidiariedad que se ha destacado jurisprudencialmente (as\u00ed, sentencias de 4 de noviembre de 2004 y 24 de junio de 2010, que cita otras anteriores). La misma sentencia sostiene que el enriquecimiento sin causa supone una subsidiariedad que implica la falta de causa que justi\ufb01que la atribuci\u00f3n patrimonial y si \u00e9sta se ha hecho a plena voluntad y a sabiendas por el autor, no puede luego ampararse en una falta de causa\u00bb. Como tambi\u00e9n recuerda la sentencia 162\/2008, 29 de febrero, no cabe apreciar enriquecimiento injusto cuando el<\/p>\n<p>bene\ufb01cio patrimonial de una de las partes es consecuencia de pactos libremente asumidos, debiendo exigirse para considerar un enriquecimiento como il\u00edcito e improcedente que el mismo carezca absolutamente de toda raz\u00f3n jur\u00eddica, es decir, que no concurra justa causa, entendi\u00e9ndose por tal una 7 situaci\u00f3n que autorice el bene\ufb01cio obtenido, sea porque existe una norma que lo legitima, sea porque ha mediado un negocio jur\u00eddico v\u00e1lido y e\ufb01caz. Seg\u00fan una de las \u00faltimas sentencias de esta Sala que analiza en profundidad esta \ufb01gura \u00ab(n)o hay tal falta de causa cuando la atribuci\u00f3n patrimonial corresponde a una relaci\u00f3n jur\u00eddica patrimonial o a un precepto legal, pues cuando existe un contrato v\u00e1lido o cuando el legislador, por razones de inter\u00e9s social, tolera consecuencias en casos concretos, no puede sostenerse que los bene\ufb01ciados indirectamente por ella se enriquezcan injustamente\u00bb ( sentencia 387\/2015, de 29 de junio). Adem\u00e1s, la jurisprudencia mantiene el requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n por enriquecimiento injusto . En este sentido, y adem\u00e1s de las citadas por la recurrente, la sentencia 859\/2011, de 7 de diciembre, analiza los diferentes criterios doctrinales al respecto, decant\u00e1ndose por entender, citando la sentencia 159\/2007, de 22 de febrero, que \u00absolo cabe acudir a la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto en defecto de acciones espec\u00ed\ufb01cas, como remedio residual o subsidiario, &#8220;pues si existen acciones espec\u00ed\ufb01cas, estas son las que deben ser ejercitadas y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para el ejercicio de la acci\u00f3n de enriquecimiento legitiman para el ejercicio de la acci\u00f3n de enriquecimiento , como se dice en las sentencias de 19 de febrero de 1999 o de 28 de febrero de 2003, que recogen una amplia doctrina, si bien se ha de destacar que otras sentencias sientan un criterio distinto, como la ya citada de 19 de marzo de 1993, y las de 14 de diciembre de 1994, 18 de diciembre de 1996, 5 de marzo de 1997, si bien como ha se\u00f1alado la sentencia de 19 de febrero de 1999, la negaci\u00f3n de la subsidiariedad constituye en tales decisiones un obiter dictum&#8221;. Y las sentencias de 4-6-07, 30-4-07, 19-5-06, 3-1-06 y 21-10-05 mantienen igualmente el requisito de la subsidiariedad, declarando la de 2006 que solo puede acudirse a la acci\u00f3n por enriquecimiento injusto cuando no exista una acci\u00f3n que concreta y espec\u00ed\ufb01camente se otorgue por el legislador para remedio de un hipot\u00e9tico enriquecimiento sin causa&#8221;.<\/p>\n<p>De esta forma, se ha buscado y encontrado fundamento a la compensaci\u00f3n del conviviente que ha visto empeorada su situaci\u00f3n econ\u00f3mica a resultas de la ruptura de la relaci\u00f3n en la \ufb01gura del enriquecimiento injusto , ampliamente considerado, y gravitando en torno a la denominada &#8220;p\u00e9rdida de oportunidad&#8221;, que ser\u00eda -como explica la sentencia deL T.S. 12 de septiembre de 2005 &#8211; el factor de soporte que vendr\u00eda de alg\u00fan modo a sustituir al concepto de &#8220;empeoramiento&#8221; que ha de cali\ufb01car el desequilibrio.<\/p>\n<p>La misma Jurisprudencia ha explicado, adem\u00e1s, que el enriquecimiento , como advierte la mejor doctrina, se produce no s\u00f3lo cuando hay un aumento del patrimonio o la recepci\u00f3n de un desplazamiento patrimonial, sino , tambi\u00e9n , cuando se da una no disminuci\u00f3n del patrimonio (&#8220;damnun cessans&#8221;); y que el empobrecimiento no tiene por qu\u00e9 consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la p\u00e9rdida de expectativas y el abandono de la actividad en bene\ufb01cio propio por la dedicaci\u00f3n en bene\ufb01cio de otro.<\/p>\n<p>La relevancia de la problem\u00e1tica se ha dejado sentir en la actuaci\u00f3n de los Tribunales y tambi\u00e9n ha incidido en el campo legislativo, muy puntualmente en lo que hace referencia a la legislaci\u00f3n estatal, y con mayor intensidad, aunque condicionada por las respectivas posibilidades legislativas, en la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica, que ha realizado un destacado esfuerzo por acomodar el ordenamiento jur\u00eddico a la realidad social.<\/p>\n<p>QUINTO.- Dado que esta v\u00eda , la del enriquecimiento injusto , es la acogida en la demanda procede acreditar los requisitos de la citada instituci\u00f3n, es decir , el enriquecimiento de una de las partes coet\u00e1neo al empobrecimiento de la otra parte , sin causa que justi\ufb01que dicha situaci\u00f3n , sin obligaci\u00f2n en consecuencia de admitir ese empeoramiento por la otra parte.<\/p>\n<p>En estos supuestos mediante este instituto , en el \u00e1mbito de las parejas de hecho, se analizan estos parametros en orden a \ufb01jar un a modo de pensi\u00f2n compensatoria como en los supuesto de ruptura matrimonial, no solo en lo que los conyuges se hallen en r\u00e9gime de sociedad de gananciales , sino tambi\u00e9n como se\u00f1ala la sentencia del T.S. de 20 de febrero de 2.018 se\u00f1ala que &#8221; Esta sala ha declarado, en relaci\u00f3n con ello en sentencia 678\/2015, de 17 de noviembre : Se trata de una norma de liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de separaci\u00f3n de bienes que no es incompatible con la pensi\u00f3n compensatoria , aunque pueda tenerse en cuenta a la hora de \ufb01jar la compensaci\u00f3n, y que puede hacerse efectiva bien en el proceso conyugal o en un procedimiento independiente&#8221;.<\/p>\n<p>Para ello sera fundamental , la sentencia del T.S. de 8 de mayo de 2.008 : &#8220;Esta Sala ha declarado siempre que debe estarse a los pactos que hayan existido entre las partes relativos a la organizaci\u00f3n econ\u00f3mica para la posterior liquidaci\u00f3n de estas relaciones ( STS de 18 febrero 2003). La sentencia de 12 septiembre 2005, seguida por la de 22 febrero 2006, declara de forma contundente que &#8220;las consecuencias econ\u00f3micas del mismo deben ser reguladas en primer lugar por ley espec\u00ed\ufb01ca; en ausencia de la misma se regir\u00e1n por el pacto establecido por sus miembros y, a falta de ello, en \u00faltimo lugar por aplicaci\u00f3n de la t\u00e9cnica del enriquecimiento injusto &#8220;.<\/p>\n<p>En el supuesto de autos , la existencia de la convivencia more uxorio no se discute y la causa petendi de la acci\u00f3n ejercitada es el enriquecimiento injusto derivado , ya que la \ufb01gura de la acci\u00f3n de enriquecimiento injusto puede, en la pr\u00e1ctica, ser v\u00eda adecuada para la obtenci\u00f3n de indemnizaciones a la ruptura de la uni\u00f3n de hecho, siempre que concurran los requisitos que la jurisprudencia tiene delimitados para que juegue la misma( T.S. sentencia de 12 de septiembre de 2.005) y as\u00ed este instituto se ha considerado como el adecuado para la \ufb01jaci\u00f3n de una indemnizaci\u00f3n en caso de ruptura de la convivencia en estos supuestos.<\/p>\n<p>Por ello , la primera premisa que se tiene que analizar sera determinar los hechos en que se funda dicha situaci\u00f3n de empobrecimiento y por ende y en consecuencia , el enriquecimiento para poder analizar la acci\u00f3n ejercitada.<\/p>\n<p>Y ello se determina , de manera principal , en el abandono de la actividad laboral por parte de la apelante y de otro , en la contribuci\u00f3n de la misma en la actividad de la empresa constituida por ambos.<\/p>\n<p>Para ello , se analizara la prueba practicada, en concreto , se debe atender a las hojas de vida laboral de la de la actora se desprende que durante el peri\u00f3do en la misma que se establece la convivencia , 1.998 a 2.013, desempe\u00f1o actividad laboral de 1.982 a 1.987 , posteriormente , prestaci\u00f3n de desempleo y nuevamente , en 1.997 se reinicia la actividad laboral hasta el 2.010 , folio 622.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n , la actora establece que el primer lugar de residencia com\u00fan fue en Ordizia , de los padrones consta la inscripci\u00f3n en el de Idizabal hasta el a\u00f1o 1.992 de la actora , folio 610, y desde 1.998 en San Sebastian , folio 616.<\/p>\n<p>Obra en los folios 624 extractos de cuentas de la actora del per\u00edodo de 1-1-2.004 a 31-0-2.015 de Kutxabank.<\/p>\n<p>De la declaraci\u00f3n de la renta de la actora del a\u00f1o 2.010 obra 10.036, 60 euros por rendimientos de trabajo, folio 651.<\/p>\n<p>Extracto de la cuenta de Banco Santander de la actora de 3-12-1.998 a 09-12-2.013 , folio 674 y siguientes.<\/p>\n<p>En el acto del juicio el demandado manifest\u00f3 que:&#8221;relaci\u00f3n dur\u00f3 24 a\u00f1os , convivian juntos sin casarse , en 2.010 constituye FormEmpresa , trabajaba para ella y recibian los dos socios emolumentos en 2.010, la sociedad estuvo instalda su domiclio social CALLE000 hasta 2.013 y la sociedad pagaba la luz , gas , cuando se abri\u00f3 la sociedad abrio cuenta a nombre de la empresa el podia efectuar operaciones con ella , era administrador \u00fanico , cuando se constituye trabajaba como autonomo y dado de alta en ese r\u00e9gimen , se encargaba de la administraci\u00f3n , cuando se rompe la relaci\u00f3n la sociedad sede dos a\u00f1os desde 1 de agosto de 2.013 hasta junio de 2.013 en la CALLE000 , se le quitaron las llaves no podia acudir al citado domicilio , ahora domiliciada la empresa en Ordizia en casa de su familia , no tiene dinero para un alquiler.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de la ruptura en agosto le paga 1.200 a Joaquina y 300 a Estela ,igual en octubre y noviembre no es compensar nada sino que se ponga a trabajar en la empresa , hubo ruptura afectiva pero no tenian haber laboral.<\/p>\n<p>La Sra Joaquina trabajo en la empresa.<\/p>\n<p>Se conocen 1.989 -90 empiezan a convivir en Beasaian , el vivia en Ordizia en ese fecha y ella en Idizabal con su ex marido se estaban divorciando y en 1.990 en Tolosa empiezan a convivir con otra pareja y Estela .<\/p>\n<p>Ella trabaja en Uvesco y el agencia seguros Zurich en Ordizia y cuando comienzan a convivir iban cada uno a su trabajo , en 1991 en otra compa\u00f1ia en Mudespa por cuenta ajena , se van a Donosti para vivir ellos solos con la hija , al formar una unidad familiar priemro zona DIRECCION000 , CALLE001 , Zubiaurre y a la CALLE000 propiedad de los padres de la actora en agosto de 1.996 un mes despu\u00e9s comprarla los padres de la actora , nace su hija y ella no trabajaba , no abandona su actividad por tener un hijo , luego trabaja en un correduria por cuenta ajena y el dinero lo aporta a la casa.<\/p>\n<p>De su cuenta tambi\u00e9n ha abonado gastos de la CALLE000 , hasta la fecha que se va pagaba un alquiler en B como le solicitaba la propiedad se comenzo por 300 euros , no era una cantidad importante.<\/p>\n<p>La actora su vida laboral cotizaciones hasta 2.010 , pero no trabajaba no le impidio trabajar , en enero de 2.010 se constituye FormaEmprasa le propone entrar a ella en la sociedad y ella trabajo como autonoma presentaba facturas y otras para la propia empresa, cuando presentaba facturas se ingresaban en sus cuentas , nunca han tenido cuentas conjuntas cada uno las suyas.<\/p>\n<p>Se constituye en 2.010 y hubo un problema de liquidez , contrato con Academia Empresas para cursos de formaci\u00f3n y lo que tenian que abonarle a su empresa Forma Empresa no les abonan y los dos tiene que perdir prestamo para pagar a sus agentes ,entre otras a Lidia .<\/p>\n<p>El pr\u00e9stamo personal piden dos socios al 50% , asociado a una cuenta del Santander de ella pero los reembolsos los efectua la empresa , no le debe ninguna cantidad por ese credito a FormaEmpresas se ha pagado su parte por la empresa, se cancelo en septiembre del a\u00f1o pasao.<\/p>\n<p>A \ufb01nales de 2.010 ella se aparta de la empresa hsta mayo de 2.016 no le pregunta no se interesa por la empresa y en mayo de 2.016 se le exige junta y se convoca a su abogado , en 2.013 y 2.014 hay bene\ufb01cios estan en reservas menos los costes el cobra 1.395 euros por la gesti\u00f2n que efectua.<\/p>\n<p>Estela trabajo empresa , en la vida laboral no aparece FormaEmpresa como cotizante , sino como autonoma , colaboro con ellos , no convivian ya con la actora y \ufb01rman un contrato de autonoma , pero se le abona por concepto de seguridad social y los trabajos realizados.<\/p>\n<p>Lo unico tiene que cuando se inicia convivencia es un 50% de la empresa , no tiene met\u00e1lico , no tiene ahorro , solo un veh\u00edculo, no es cierto tenga exito profesional , no tiene patrimonio vive de su trabajo , vive en casa de su madre acogido , no puede coger alquiler , desde 2.013 se rompe la relaci\u00f3n o\ufb01cialmente y se va de casa hasta la demanda no ha tenido ninguna comunicaci\u00f2n con ella , no habla con ella desde 2.013 0 2.014.<\/p>\n<p>El ha presentado los libros , declaraciones de la renta , no sabe nada de los ingresos de la Sra Joaquina y en paralelo su hija en com\u00fan le ha presentado demanda de alimentos , su hija hace dos a\u00f1os y medio no habla con \u00e9l , no sabe nada de ella , se cambio los apellidos , le da pena le pida dinero y no le hable.<\/p>\n<p>Le ha ofrecido se cree FormEmpresa y que siguiera trabajando , seimpre ha mantenido la misma postura y el 50% del fondo de comercio ante notario&#8221;.<\/p>\n<p>Estela declar\u00f3 que:&#8221; le daban 300 euros como una paga , cuando termino carrera ,como era de los dos , le pidio n\u00f3mina , en 2.013 le dice no quiere tener contacto con \u00e9l y llega a un acuerdo seguros sociales no le iba a pagar la central les ofrecia 25 euros por alumnos y el le ofrece la misma cantidad y se da de alta , as\u00ed esta un a\u00f1o.<\/p>\n<p>Al a\u00f1o salio una ley no podia haber tutores y su funci\u00f3n desaparecio le llamaron central y decide irse a Madrid , la manera saber lo que pasaba alli era porque estaba ella.<\/p>\n<p>Cuando entra en la empresa su madre era comercial , mucha calle y telefono , en la otra empresa hizo practicas y Aquilino encontro esa matriz y crearon la otra empresa.<\/p>\n<p>La gesti\u00f2n con S.S. se imagina la haria el demandado , su madre no tiene conocimientos , en 2.013 le pide contrato laboral, se di\u00f3 de alta como tutora hacia factura y el le pagaba religiosamente.<\/p>\n<p>Hasta el 2.014 la formaci\u00f3n era libre , pero cambia el tema las franquicias no era tales y ponen agentes , la matriz necesitaban gente tenian hacer trabajo en la central y por eso le contrataron, no el ha hecho carta de recomendaci\u00f3n el demandado.<\/p>\n<p>El \u00faltimo a\u00f1o tenian comerciales les hacia parte del trabajo y la cartera de clientes se qued\u00f3 en casa su madre.<\/p>\n<p>La o\ufb01cina era en su casa , le propuso hacer fuera pero no quiso , el \u00faltimo a\u00f1o cuando le dice que le ponga n\u00f3mina y ponga una o\ufb01cina.<\/p>\n<p>La ruptura en 2.013 y luego quedaban abajo en el portal , los primeros cinco meses tenia llaves y entro y luego le pidieron la llave.<\/p>\n<p>No ha tenido su madre procedimiento alguno por los alimentos con su padre , su hermana no estaba a gusto y se tuvieron que poner las tres a trabajar, cambio las claves de la empresa , no ha podido ver cuentas de la empresa su madre&#8221;.<\/p>\n<p>La Sra Lidia re\ufb01ere que:&#8221; ha trabajado dos a\u00f1os en FormaEmpresas de 2.008 a 2.010 , hacia matriculas y buscar clientes a comisi\u00f3n , a cambio de una comisi\u00f3n , formaban gente , iban de empresa a empresa a entregar curso , Joaquina le ense\u00f1o , tenia cartera de clientes.<\/p>\n<p>La Sra Joaquina no estuvo per\u00edodos de baja, captaba clientes como ella, coincidio con Estela y tambi\u00e9n estaba Aquilino , tenia m\u00e1s contacto con ella.<\/p>\n<p>Estaba de autonoma no ha tenido problemas de cobrar facturas.<\/p>\n<p>Deja de trabajar y ella seguia.<\/p>\n<p>En el trabajo se hizo amiga de ella, no es amiga personal.<\/p>\n<p>No le consta FormaEmpresa que tuviera un pr\u00e9stamo en 2.010&#8243; Felix que:&#8221; era cliente de FormaEmpresa en 2.008 , 2.009 y 2.010 , trabaja en resturante en la Plaza Easo de San Sebastian , conoce empresa por amistad con Aquilino y Joaquina , ella venia a ofrecer contratos de formaci\u00f3n y se les pagaba la factura cuando la presentaban.<\/p>\n<p>El contacto para contratar cursos era ella.<\/p>\n<p>Tiene amistad personal con los dos , no conoce donde iba a parar el dinero que pagaba de las facturas&#8221;.<\/p>\n<p>Es decir , ha quedado acreditada la actividad laboral de la Sra Joaquina durante el per\u00edodo de la convivencia , as\u00ed como que hasta la fecha de constituci\u00f2n de la empresa en com\u00fan , el demandado habia trabajado por cuenta ajena para distintas empresas , sustancialmente , aseguradoras.<\/p>\n<p>Por otro lado , no consta la existencia de cuentas comunes para subvenir a las necesidades de la convivencia.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n , consta la creaci\u00f3n de una empresa por ambos , como socios y que en el demandado desempe\u00f1a su actividad laboral , que un peri\u00f3do la actora desempe\u00f1o actividad laboral en la misma constando abonos de salarios en el libro mayor al folio 293, as\u00ed como en la declaraci\u00f3n de renta de ese a\u00f1o , 2.010 , con ingresos de rendimientos de trabajo , que la forma de efectuar dicha actividad era como aut\u00f3noma.<\/p>\n<p>No hay constancia de cual fuera la causa del abandono de la misma ni que se hubiera liquidado la participaci\u00f3n de la misma en la citada mercantil.<\/p>\n<p>Por lo que prima facie no concurren los requisitos para la acci\u00f3n ejercitada , dado que el a modo de pensi\u00f3n compensatoria que como derecho personal se reconoce al conyuge al que la separaci\u00f2n o divorcio produce un empeoramiento de su situaci\u00f3n debe producirse en el momento de la ruptura y traer causa de la misma, de lo expuesto no consta que esta situaci\u00f3n de empobrecimiento y consiguiente enriquecimiento se haya producido , pu\u00e9s ha quedado probado que formaba parte de la empresa como socia , pudiera permanecer en la misma con dicha condici\u00f3n con la particpaci\u00f3n en los bene\ufb01cios de la misma , situaci\u00f3n distinta de la examinada en la sentencia del T.S. de 7 de marzo de 2.018 , por lo que no pueden apreciarse los requisitos de la acci\u00f2n ejercitada.<\/p>\n<p>SEXTO.- La desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n implica en aplicaci\u00f3n del principio del vencimiento la imposici\u00f3n de las costas de la alzada al apelante , arts 397 y 398-1 de la L.E.Civil.<\/p>\n<p>Vistos los art\u00edculos pertinentes y dem\u00e1s de general aplicaci\u00f3n .<\/p>\n<h3>FALLAMOS<\/h3>\n<p>Desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n de D\u00aa Joaquina contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 2 de Tolosa de fecha 12 de abril de 2.017 y ; debemos con\ufb01rmar y con\ufb01rmamos la resoluci\u00f3n recurrida con imposici\u00f3n de las costas de la alzada a la apelante.<\/p>\n<p>Trans\ufb01\u00e9rase por el letrado Judicial de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de recursos desestimados el dep\u00f3sito constituido para recurrir.<\/p>\n<p>Dentro del plazo legal devu\u00e9lvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia junto al testimonio de la presente resoluci\u00f3n para su ejecuci\u00f3n y cumplimiento.<\/p>\n<p>MODO DE IMPUGNACI\u00d3N: contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del TS. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn).<\/p>\n<p>Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 1895 0000 00 3348\/17. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un &#8220;Recurso&#8221; c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n<p>Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n<p>As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n<p>PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los\/las Ilmos\/as. Sres\/as. Magistrados\/as que la \ufb01rman y le\u00edda por el\/la Ilmo\/a. Magistrado\/a Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Secretario Judicial, certi\ufb01co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No cabe aplicar por analog\u00eda legis las normas propias del matrimonio a las uniones more uxorio. Pareja de hecho inscrita sin pacto regulador de relaciones patrimoniales. 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