BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001 TEL. : 94-4016664 Fax\/ Faxa : 94-4016992 NIG PV \/ IZO EAE: 48.04.2-18\/002925 NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48020.42.1-2018\/0002925 Recurso apelaci\u00f3n juicio verbal LEC 2000 \/ Hitz.jud.ap.2L 28\/2019 O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia : Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 10 de Bilbao \/ Bilboko Lehen Auzialdiko 10 zk.ko Epaitegia Autos de Juicio verbal 83\/2018 (e)ko autoak Recurrente \/ Errekurtsogilea: Sacramento Procurador\/a\/ Prokuradorea:IKER LEGORBURU URIARTE Abogado\/a \/ Abokatua: GOTXON LEGARRETA GONDRA Recurrido\/a \/ Errekurritua: Pablo Jes\u00fas Procurador\/a \/ Prokuradorea: LUCILA CANIVELL CHIRAPOZU Abogado\/a\/ Abokatua: LEIRE ARANA SANCHEZ S E N T E N C I A N.\u00ba 125\/2019 ILMAS. SRAS.<\/p>\n
En BILBAO (BIZKAIA), a cuatro de abril de dos mil diecinueve.<\/p>\n
La Audiencia Provincial de Bizkaia – Secci\u00f3n Tercera, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Juicio verbal 83\/2018 del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 10 de Bilbao, a instancia de Sacramento , apelante – demandado, representado por el procurador D.<\/p>\n
IKER LEGORBURU URIARTE y defendido por el letrado D. GOTXON LEGARRETA GONDRA, contra D. Pablo Jes\u00fas , apelado- demandante, representado por la procuradora D.\u00aa LUCILA CANIVELL CHIRAPOZU y defendido por la letrada D.\u00aa LEIRE ARANA SANCHEZ; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 2 de noviembre de 2018 .<\/p>\n
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n
PRIMERO.- Con fecha 19 de febrero de 2016 se dict\u00f3 sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:<\/p>\n
“Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora D\u00f1a. Lucila Canivel Chirapozu present\u00f3, en nombre y representaci\u00f3n de D. Pablo Jes\u00fas , frente a D\u00f1a. Sacramento , acuerdo:<\/p>\n
PRIMERO.- Declarar que la parte demandada ocupa la vivienda sita en Bilbao CP NUM001 , en DIRECCION000 n\u00ba NUM002 NUM003 sin t\u00edtulo alguno y por tanto en situaci\u00f3n de precario SEGUNDO.- Haber lugar al desahucio por precario de la vivienda sita en el expresado domicilio en Bilbao; condenando a la demandada a dejar libre, vacua y expedita la mencionada vivienda a disposici\u00f3n de la parte actora, bajo apercibimiento de su lanzamiento y de cuantas personas por ella autorizadas ocuparan la vivienda TERCERO.- Condenar a la demandada al pago de las costas causadas en esta instancia”.<\/p>\n
SEGUNDO.- Publicada y noti\ufb01cada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de la parte demandada se interpuso en tiempo y en forma Recurso de Apelaci\u00f3n que, admitido en ambos efectos por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y dados los oportunos traslados comparecieron la partes por medio de sus Procuradores; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de autos y personamientos efectuados la formaci\u00f3n del presente Rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero 28\/2019 de Registro y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de su clase.<\/p>\n
TERCERO.- No siendo necesaria la celebraci\u00f3n de vista, se se\u00f1al\u00f3 deliberaci\u00f3n y fallo el d\u00eda 3 de abril de 2019 en el presente recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n
VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada D\u00f1a. CARMEN KELLER ECHEVARRIA FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Como motivos del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de instancia se alegan, el relativo a la falta de legitimaci\u00f3n activa, en base a sostener que seg\u00fan la demandada hoy apelante existe una hija fruto de la relaci\u00f3n entre ella e Santos , la cual ser\u00eda copropietaria junto con Pablo Jes\u00fas y con DYA y Cruz Roja de Bizkaia de la vivienda descrita en la demanda , porque DYA y Cruz Roja de Bizkaia tampoco han instado demanda y seg\u00fan la demandada apelante consiente la ocupaci\u00f3n de la vivienda y son conocedores de la \ufb01liaci\u00f3n de la hija de la pareja de hecho, y existe un defecto procesal en cuanto que la menor se encuentra empadronada en la vivienda y no se dirige reclamaci\u00f3n frente a la misma , y que la existencia de los presuntos derechos hereditarios de la hija supondr\u00eda una modi\ufb01caci\u00f3n del coe\ufb01ciente del actor titularidad minoritario. En segundo lugar y por lo que hace al precario se alega que la existencia de los presuntos derechos hereditarios de la hija supondr\u00eda una modi\ufb01caci\u00f3n del coe\ufb01ciente del actor titularidad minoritario y la declaraci\u00f3n de la menor como titular de la vivienda. En tercer lugar se alega error en la apreciaci\u00f3n de la prueba ante la existencia de dicha menor, nacida el NUM000 \/2014 constante la pareja de hecho entre la demandada con Santos . Error en la aplicaci\u00f3n del derecho solicitando la aplicaci\u00f3n por analog\u00eda del art. 116 del C\u00ba.c . Finalmente se solicita la no imposici\u00f3n de las costas por estimaci\u00f3n del recurso y subsidiariamente por la existencia de dudas de hecho y derecho y la condici\u00f3n de la demandada del bene\ufb01cio de asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
La contraparte se opone al recurso.<\/p>\n
SEGUNDO.- En orden a la valoraci\u00f3n de la prueba recordar que como viene reiterando esta Sala en t\u00e9rminos generales son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y espec\u00ed\ufb01ca al ser sobradamente conocidas, las que expresan que el recurso de apelaci\u00f3n es de los llamados de plena jurisdicci\u00f3n, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de \u00e9stas tanto la comprobaci\u00f3n de la adecuaci\u00f3n e idoneidad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que se contiene en la resoluci\u00f3n recurrida, como la revisi\u00f3n de todas aquellas operaciones relativas a la valoraci\u00f3n global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a id\u00e9nticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez “a quo”, en la sentencia apelada. Cuando la cuesti\u00f3n debatida por la v\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n es la valoraci\u00f3n de la prueba llevada a cabo por el Juez “a quo” sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciaci\u00f3n probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne<\/p>\n
del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediaci\u00f3n, contradicci\u00f3n, concentraci\u00f3n y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posici\u00f3n, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, as\u00ed como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narraci\u00f3n de los hechos y la raz\u00f3n del conocimiento de \u00e9stos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoraci\u00f3n en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte inform\u00e1tico del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez “a quo”. De ah\u00ed que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), \u00fanicamente deba ser recti\ufb01cado, bien cuando en verdad sea \ufb01cticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un mani\ufb01esto y claro error del Juzgador “a quo” de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modi\ufb01caci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica establecida en la resoluci\u00f3n apelada. La revisi\u00f3n jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jur\u00eddica claramente perge\u00f1ada por el legislador: infracci\u00f3n de las normas que regulan la valoraci\u00f3n de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnaci\u00f3n de la sentencia ( art\u00edculo 458.1 LEC . O Como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 , que la ponderaci\u00f3n probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que sabido es, opera con las ventajas que con\ufb01eren la inmediaci\u00f3n, oralidad y contradicci\u00f3n, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuesti\u00f3n tiene el Tribunal de apelaci\u00f3n, \u00e9ste se limita a veri\ufb01car si en la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma il\u00f3gica, arbitraria o contraria a las m\u00e1ximas de experiencia o a las reglas de la sana cr\u00edtica. As\u00ed mismo y en cuanto a la valoraci\u00f3n de la prueba es preciso traer a colaci\u00f3n la reiterada doctrina del T.C. relativa a que el recurso de apelaci\u00f3n con\ufb01ere plenas facultades al \u00f3rgano judicial “ad quem” para resolver cuantas cuestiones se le planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un “novum iudicium” (entre otras SSTC 194\/1990, de 29 de noviembre FJ-5 ;<\/p>\n
21\/1993, de 18 de enero, FJ 4 ; 272\/1994, de 17 de octubre FJ 2 ; y 152\/1998, de 13 de julio FJ 2). El Juez o Tribunal de apelaci\u00f3n puede as\u00ed valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderaci\u00f3n que haya efectuado el Juez “a quo”, pues en esto consiste, precisamente, una de las \ufb01nalidades inherentes al recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
As\u00ed pues, en la valoraci\u00f3n de la prueba, en principio, debe primar la realizada al efecto por el juzgador de la primera instancia al estar dotada de la su\ufb01ciente objetividad e imparcialidad de la que carecen las partes al defender particulares intereses, facultad \u00e9sta que si bien sustra\u00edda a las partes litigantes, en cambio, s\u00ed se les atribuye la de aportaci\u00f3n de los medios probatorios que queden autorizados por la ley en observancia a los principios dispositivo y de aportaci\u00f3n de parte, seg\u00fan recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 y 7 de octubre de 1997 , sin que ello signi\ufb01que que ante el planteamiento de un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por una de las partes litigantes el tribunal de la segunda instancia venga obligado a acatar autom\u00e1ticamente los razonamientos valorativos efectuados por el unipersonal de primer grado, habida cuenta que esa valoraci\u00f3n probatoria tiene los propios l\u00edmites que imponen la l\u00f3gica y la racionalidad. De ah\u00ed que el Tribunal Constitucional en sentencia 102\/1994, de 11 de abril , expresara como el recurso de apelaci\u00f3n otorga plenas facultades al Tribunal “ad quem” para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un “novum iudicium”, de lo que cabe colegir que el deber del tribunal de apelaci\u00f3n de comprobar si pese a las facultades del \u00f3rgano judicial “a quo” para la apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba, se incurri\u00f3 por el mismo, para la obtenci\u00f3n de sus resultados, en falta de l\u00f3gica o se omiti\u00f3 todo g\u00e9nero de consideraciones sobre los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, pues de ser as\u00ed, el \u00f3rgano judicial de segunda instancia vendr\u00eda obligado a corregir el indebido proceder del de instancia.<\/p>\n
TERCERO.- Legitimaci\u00f3n activa. Tal y como recoge la sentencia de instancia ” Seg\u00fan reiterada jurisprudencia cualquier comunero tiene legitimaci\u00f3n activa para interponer acciones en bene\ufb01cio de la comunidad, salvo que conste o se acredite la oposici\u00f3n de la mayor\u00eda de los comuneros. Como se\u00f1ala la SAP Bizkaia, secci\u00f3n 5, de 25 de mayo de 2018 :<\/p>\n
“Trat\u00e1ndose los de autos de bienes que se reconocen en la demanda pertenecientes a la sociedad conyugal del actor y su esposa y madre del demandado, extinta en su d\u00eda y a la fecha pendiente de liquidaci\u00f3n, esta comunidad post- matrimonial comporta que los c\u00f3nyuges mantienen la comunidad que ostentaban en los bienes gananciales; y si cabe discutir cu\u00e1l es la naturaleza jur\u00eddica de este patrimonio colectivo o comunidad, esto es, si resultan de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 392 y ss del C\u00f3digo Civil o el r\u00e9gimen de la comunidad hereditaria antes de la partici\u00f3n en funci\u00f3n de la remisi\u00f3n que el C\u00f3digo Civil hace a la partici\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la<\/p>\n
herencia en su art\u00edculo 1410 , ocurre que tanto en un caso como en otro no es cuestionable la legitimaci\u00f3n del coheredero o copart\u00edcipe para la reclamaci\u00f3n de bienes o derechos de la comunidad, la que viene determinada por el derecho com\u00fan ejercitado y el bene\ufb01cio pretendido ( SSTS de 22 de mayo de 1993 y 8 de febrero y 14 de marzo de 1994 entre otras), presumi\u00e9ndose que aun cuando expresamente no lo indique, act\u00faa en bene\ufb01cio de la comunidad y que cuenta con consentimiento al menos de la mayor\u00eda de los comuneros, por todas STS de 6 febrero de 1984 , exigi\u00e9ndose \u00fanicamente que cuente con la conformidad de la mayor\u00eda de los intereses en la comunidad, pero bien entendido que no es necesario que dicha conformidad conste de manera expresa en el proceso, bastando sencillamente que no conste o se acredite la oposici\u00f3n de la mencionada mayor\u00eda; de tal manera que no constando la expresa oposici\u00f3n de los coparticipes debe entenderse que aquel comunero o comuneros actuantes lo hacen en bene\ufb01cio e inter\u00e9s de la comunidad, salvo que se acredite la oposici\u00f3n mani\ufb01esta de la mayor\u00eda de las cuotas indivisas, pues para que esa oposici\u00f3n sea e\ufb01caz es necesario que la misma conste de una manera clara e indubitada, sin que pueda inferirse de la ausencia del procedimiento del comunero a quien se atribuye dicha manifestaci\u00f3n, y ello para no atribuir a nadie declaraciones o intenciones que no consten con claridad, ni obstaculizar de forma innecesaria el derecho de todos los condue\u00f1os de administrar la cosa com\u00fan, e instar en juicio su defensa y reivindicaci\u00f3n ( STS de 19 Febrero 1974 , 5 Marzo 1982 y 14 Mayo 1985 ). En este sentido, como se dijera en la STS de 20 diciembre 1989 , es inveterada la doctrina jurisprudencial, seg\u00fan la cual siempre que no conste la indubitada oposici\u00f3n de la mayor\u00eda de los condue\u00f1os lo que viabiliza la acci\u00f3n ejercitada por uno de los dos propietarios pro indiviso y con igual participaci\u00f3n sobre la \ufb01nca en bene\ufb01cio de la comunidad (incluso aunque no conste que la administraci\u00f3n de la \ufb01nca haya sido otorgada al accionante), es que la oposici\u00f3n debe ser acreditada su\ufb01cientemente y no contradicha por la actuaci\u00f3n del contradictor. De tal forma que, si no consta de forma expresa la oposici\u00f3n, ha de presumirse que es bene\ufb01ciosa “prima facie” para la comunidad (as\u00ed, la SAP de Madrid (19\u00aa), de 17 junio 1999 ).”. En el caso de autos de conformidad con el documento n\u00ba 2 de la demanda, el actor es titular de las 5\/6 partes de la vivienda, mientras que DYA y Cruz Roja son titulares de 1\/12 cada una. El actor goza de legitimaci\u00f3n activa, pues es obvio que no consta la voluntad contraria de la mayor\u00eda de comuneros. Por lo que hace a la existencia de la supuesta hija y sus derechos hereditarios no se aporta ninguna prueba de que la menor Jacinta sea hija de D. Santos . A\u00fan cuando naci\u00f3 vigente la situaci\u00f3n de pareja de hecho con la demandada, no existe prueba que acredite que el Sr. Santos reconoci\u00f3 la \ufb01liaci\u00f3n y en el caso de parejas de hecho no existe ninguna presunci\u00f3n de la \ufb01liaci\u00f3n, al contrario de lo que ocurre en el art\u00edculo 116 CC para el matrimonio, por lo que no cabe hablar de posibles o presunto derechos hereditarios , ni de una merma por tanto en el coe\ufb01ciente de titularidad del actor, ni de la aplicaci\u00f3n por analog\u00eda del art. 116 del C\u00ba.C .<\/p>\n
CUARTO.- En cuanto a la estimaci\u00f3n del precario tal y como recoge la sentencia : la parte actora ha acreditado ser copropietaria de 5\/6 partes de la vivienda sita en Bilbao, en DIRECCION000 n\u00ba NUM002 NUM003 ; as\u00ed se demuestra con la escritura notarial aportada como documento n\u00ba 2 de la demanda. La \ufb01nca a la que se re\ufb01ere la acci\u00f3n de desahucio est\u00e1 perfectamente identi\ufb01cada. La demandada se encuentra en posesi\u00f3n de la \ufb01nca, tal y como se reconoce en la contestaci\u00f3n, y carece de todo t\u00edtulo para ocupar la vivienda. El hecho de la existencia de pareja de hecho tal y como recoge la resoluci\u00f3n recurrida ” se le podr\u00eda reconocer, a lo sumo, el derecho al uso de la vivienda durante el a\u00f1o siguiente al fallecimiento del causante ( art\u00edculo 6.2.c de la Ley 2\/2003 de Parejas de Hecho en el Pa\u00eds Vasco , cuya aplicaci\u00f3n da por buena la parte actora). Pero dicho a\u00f1o ya ha transcurrido.”. Por \u00faltimo la demandada no abona renta ni merced a los actuales propietarios, tal y como se mantiene en la demanda y no es negado tal hecho por tanto el recurso debe ser desestimado.<\/p>\n
QUINTO.- Costas de instancia. Tampoco puede acceder el tribunal a la petici\u00f3n de la apelante, en su recurso de apelaci\u00f3n, de que, al menos, por existir serias dudas, no se impongan las costas causadas en la primera instancia. Y es que,como en todo pleito existen dudas de hecho o de derecho, que, precisamente, avocan al mismo, para eximir del pago de las costas al litigante vencido hay que entender que no basta con cualquier duda, producto de uninterpretaci\u00f3n interesada, sino que es preciso que se trate de dudas importantes, graves, excepcionales o acerca de cuestiones en las que existan resoluciones contradictorias de los tribunales, o en asuntos verdaderamente oscuros, imposibles de resolver sin un pronunciamiento judicial al respecto, pues la esencia de todo litigio est\u00e1 en la incertidumbre y la posibilidad de varias soluciones, aunque solo una es la m\u00e1s correcta.<\/p>\n
En otro caso, nunca se impondr\u00eda el pago de las costas, que quedar\u00eda reservado al supuesto de que estuviera mani\ufb01estamente claro que no se plantearan, lo que equivaldr\u00eda a haber actuado en el pleito con temeridad, suponiendo tal interpretaci\u00f3n la vuelta de facto a un criterio ya superado, como es el subjetivo de la temeridad, que la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, tras su reforma por ley 34\/1.984, de 6 de Agosto, y la actual rechazan abiertamente, acogiendo el principio objetivo del vencimiento “.Todo ello sin perjuicio del re\ufb02ejo que conforme se prev\u00e9 en la LEC ha de tener la condici\u00f3n de la recurrente de bene\ufb01ciaria de la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
Desestimado el recurso las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante, art.s 394 y 398 LEC.<\/p>\n
Vistos los preceptos legales citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y en nombre de S.M. el Rey.<\/p>\n
Que Desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de Sacramento contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba10 de Bilbao en autos de Juicio Verbal 83\/2018 de fecha 2 de noviembre de 2018, debemos con\ufb01rmar como con\ufb01rmamos dicha resoluci\u00f3n con expresa imposici\u00f3n de las costas de esta alzada a la parte apelante.<\/p>\n
MODO DE IMPUGNACI\u00d3N : contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del TS. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn ).<\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del TS por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn ).<\/p>\n
Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4703000000002819. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n
Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
As\u00ed por esta nuestra sentencia, de la que se unir\u00e1 certi\ufb01caci\u00f3n al rollo, de\ufb01nitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n
PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la \ufb01rman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certi\ufb01co. ________________________________________________________________ _______________________________________________________________<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Un comunero tiene legitimaci\u00f3n activa para accionar en beneficio de la comunidad, salvo que conste la oposici\u00f3n expresa de la mayor\u00eda. En las parejas de hecho no existe ninguna presunci\u00f3n de filiaci\u00f3n, al contrario del matrimonio. El derecho al uso de la vivienda durante el a\u00f1o siguiente al fallecimiento del causante del art. 6.2.c) de la Ley 2\/2003, ya transcurrido. Ha lugar al desahucio.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2310,2311,2309,2288,2312,787,1069,2313],"materia":[1174],"organo":[1883],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13453","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-accion-de-desahucio-vivienda","tag-derechos-hereditarios","tag-falta-de-legitimacion-activa","tag-ley-2-2003","tag-nacimiento-hijo","tag-pareja-de-hecho","tag-precario","tag-valoracion-prueba","materia-ley-2-2003-de-7-de-mayo-reguladora-de-las-parejas-de-hecho","organo-seccion-3a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13453"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13453"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13453"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13453"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}