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NIG PV \/ IZO EAE: 01.02.2-19\/004147 NIG CGPJ \/ IZO BJKN :01059.42.1-2019\/0004147 Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Prozedura arrunteko apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL 403\/2020 – A UPAD CIVIL O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia: Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Vitoria-Gasteiz – UPAD Civil \/ Arlo Zibileko ZULUP – Gasteizko Lehen Auzialdiko 1 zenbakiko Epaitegia Autos de Procedimiento ordinario 396\/2019 (e)ko autoak Recurrente: Noelia Procuradora:MARIA DE LAS MERCEDES MARCO SAENZ DE ORMIJANA Abogado: AITOR ORTEGA ZUFIRIA Recurrente: Germ\u00e1n Procuradora: MARIA PILAR ELORZA BARRERA Abogada: MARIA TERESA DIAZ DE APODACA DIAZ APELACI\u00d3N CIVIL La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz compuesta por los Ilmos. Sres. D\u00aa. Mercedes Guerrero Romeo, Presidente, D . Emilio Ram\u00f3n Villalain Ruiz y D. David Losada Dur\u00e1n, Magistrados, ha dictado el d\u00eda veintisiete de octubre de dos mil veinte, EN NOMBRE DEL REY la siguiente<\/p>\n
En el recurso de apelaci\u00f3n civil, Rollo de Sala n\u00ba 403\/20 procedente del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Vitoria-Gasteiz, Autos de Juicio Ordinario n\u00ba 396\/19, promovido por D\u00aa. Noelia , dirigida por el Letrado D. Aitor Ortega Zu\ufb01ria, y representada por la Procuradora D\u00aa. Mar\u00eda de las Mercedes Marco Saez de Ormijana, y por D. Germ\u00e1n , dirigido por la Letrada D\u00aa. Mar\u00eda Teresa D\u00edaz de Apodaca D\u00edaz y representado por la Procuradora D\u00aa Mar\u00eda Pilar Elorza Barrera, frente a la sentencia n\u00ba 84\/20 dictada el 06-03-20, y siendo Ponente el Ilmo. Sr.<\/p>\n
Magistrado D. David Losada Dur\u00e1n.<\/p>\n
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Vitoria-Gasteiz se dict\u00f3 sentencia n\u00ba 84\/20 cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:<\/p>\n
” Que estimando parcialmente la demanda formulada por D\u00aa. Noelia contra D. Germ\u00e1n debo condenar y condeno a D. Germ\u00e1n al abono de 60, m\u00e1s los intereses expresado en el fundamento de derecho tercero de esta resoluci\u00f3n.<\/p>\n
Todo ello sin imposici\u00f3n de costas.”<\/p>\n
SEGUNDO.- Frente a la anterior resoluci\u00f3n, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de D\u00aa. Noelia y deD. Germ\u00e1n , recurso que se tuvo por interpuesto con fecha 24-04- 20 y 08-07-20 respectivamente, d\u00e1ndose el correspondiente traslado a la contraparte por diez d\u00edas para alegaciones, presentando la representaci\u00f3n de ambas partesescrito de oposici\u00f3n al recurso planteado de contrario, y elev\u00e1ndose, seguidamente, los autos a esta Audiencia Provincial con emplazamiento de las partes.<\/p>\n
TERCERO.- Recibidos los autos en la Secretar\u00eda de esta Sala y comparecidas las partes, con fecha 31-07-20 se mand\u00f3 formar el correspondiente Rollo de apelaci\u00f3n, registr\u00e1ndose y turn\u00e1ndose la ponencia al Ilmo. Sr.<\/p>\n
Magistrado D. David Losada Dur\u00e1n, y por resoluci\u00f3n de fecha 21-09-20 se se\u00f1al\u00f3 para deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y fallo el 20-10-20.<\/p>\n
CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.<\/p>\n
PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.<\/p>\n
Por la representaci\u00f3n procesal de D\u00f1a. Noelia se present\u00f3 demanda de reclamaci\u00f3n de cantidad frente a D.<\/p>\n
Germ\u00e1n , en relaci\u00f3n con dos conceptos:<\/p>\n
– -Por las cantidades que la actora deb\u00eda abonar a LANBIDE como consecuencia de haberse declarado la percepci\u00f3n indebida de las mismas en concepto de Renta de Garant\u00eda de Ingresos (RGI) y Prestaci\u00f3n Complementaria de Vivienda (PCV).<\/p>\n
En relaci\u00f3n a esta petici\u00f3n, la causa de pedir se sit\u00faa en que las cantidades percibidas por tales prestaciones, y que en virtud de resoluci\u00f3n administrativa la demandante se ve en la obligaci\u00f3n de devolver, se aportaron en bene\ufb01cio de la unidad convivencial habida entre las partes, articulada como una uni\u00f3n de hecho.<\/p>\n
En los expedientes administrativos en los que se declararon las cantidades como percibidas indebidamente, la demandante alcanz\u00f3 un acuerdo por el que la devoluci\u00f3n se efectuar\u00eda mediante pagos mensuales de 30 .<\/p>\n
– -Por el importe que la demandante a\ufb01rma haber aportado para la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo NU-….-R .<\/p>\n
Por la representaci\u00f3n procesal de D. Germ\u00e1n se present\u00f3 escrito oponi\u00e9ndose a la demanda. En dicho escrito se reconoc\u00eda la existencia de una uni\u00f3n de hecho de la que nacieron dos hijos. Tambi\u00e9n se reconoci\u00f3 que la demandante era la titular de las ayudas de RGI y PCV de lo que deriv\u00f3 su responsabilidad por las incidencias derivadas de estas prestaciones a la parte demandante. En cuanto a la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo, la parte demandada neg\u00f3 que D\u00f1a. Noelia efectuara aportaci\u00f3n dineraria alguna.<\/p>\n
La sentencia de instancia estim\u00f3 parcialmente la demanda, condenado a la parte demandada al abono de la cantidad de 60 por el importe de los pagos ya realizados, al tiempo de presentar la demanda, por la parte actora en concepto de devoluci\u00f3n de la cantidad que se hab\u00eda declarado indebidamente percibida. No obstante, se desestim\u00f3 la condena al pago de cantidades futuras, por tratarse de cr\u00e9ditos inexistentes, y la condena de la demandada a la devoluci\u00f3n del dinero que la demandante a\ufb01rmaba haber aportado para la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo.<\/p>\n
Disconforme con la resoluci\u00f3n de primera instancia, D\u00f1a. Noelia interpuso recurso de apelaci\u00f3n con el que pretende que se estime su petici\u00f3n de condena de futuro al pago de la mitad de cada uno de los plazos de 30 mensuales convenidos con Lanbide; y, tambi\u00e9n, pretende la condena de la demandada al pago de la cantidad de dinero que la recurrente sostiene que aport\u00f3 para la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo.<\/p>\n
Por su parte, D. Germ\u00e1n present\u00f3 impugnaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, solicitando la \u00edntegra desestimaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n
Cada una de las partes se opuso a las pretensiones que, en esta alzada, se han formulado por la contraria.<\/p>\n
SEGUNDO.- Devoluci\u00f3n de cantidades indebidamente percibidas en concepto de RGI y PCV.<\/p>\n
Por razones sistem\u00e1ticas, analizaremos en primer lugar la impugnaci\u00f3n de la sentencia por medio de la cual D. Germ\u00e1n pretende la revocaci\u00f3n de su obligaci\u00f3n al pago de la mitad de las cantidades que su expareja ya hab\u00eda abonado para la devoluci\u00f3n de prestaciones indebidas. Ello se debe a que el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n supone la correlativa desestimaci\u00f3n del primer motivo del recurso de apelaci\u00f3n de D\u00f1a. Noelia , que pretend\u00eda la condena de aquel al pago, no solo de las cantidades ya abonadas, sino de las que se vayan abonando en el futuro por el mismo concepto de devoluci\u00f3n.<\/p>\n
La parte recurrente considera que no existe fundamento jur\u00eddico para su condena toda vez que D\u00f1a. Noelia es la titular administrativa de la prestaci\u00f3n asistencial que representa la RGI-PCV. Adem\u00e1s, insiste en la falta de t\u00edtulo jur\u00eddico por el que deba responder dado que las partes, en su uni\u00f3n de hecho, decidieron libremente organizar su vida econ\u00f3mica de modo que cada uno gestionara sus recursos y sin que la parte demandante hubiera acreditado que los ingresos indebidamente percibidos fueran destinados a la satisfacci\u00f3n de las necesidades de la familia o del recurrente.<\/p>\n
La tesis de la parte demandante consiste en que los ingresos obtenidos por las dos prestaciones, RGI y PCV, se destinaron al bene\ufb01cio de la unidad familiar; de modo que habi\u00e9ndose bene\ufb01ciado el demandado de tales cantidades, debe contribuir proporcionalmente a la carga que representa la obligaci\u00f3n de devolver aquellas cantidades que se ha declarado, en v\u00eda administrativa, que fueron indebidamente percibidas.<\/p>\n
En este litigio, ni se ha alegado ni se ha probado que las partes inscribieran su relaci\u00f3n de pareja en el registro de parejas de hecho, por lo que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de su uni\u00f3n no entra en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley del Parlamento Vasco 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, habida cuenta de la expresa exclusi\u00f3n contenida en su art\u00edculo 3.1.<\/p>\n
En consecuencia, la controversia debe ser resuelta mediante los criterios establecidos por la jurisprudencia.<\/p>\n
La STS 299\/2008, de 8 de mayo, establece que las relaciones econ\u00f3micas entre los miembros de la pareja de hecho deben regirse por la ley espec\u00ed\ufb01ca, por los pactos expresos o t\u00e1citos que hayan alcanzado los miembros de la pareja al respecto y, en \u00faltima instancia, por la aplicaci\u00f3n de la t\u00e9cnica del enriquecimiento injusto.<\/p>\n
Descartada la aplicaci\u00f3n de la normativa espec\u00ed\ufb01ca, constatamos que no existe prueba sobre los pactos que alcanzaron las partes en orden a disciplinar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la pareja, de lo que debemos inferir que no se pact\u00f3 un r\u00e9gimen de comunidad sobre los ingresos que cada uno obtuviera, sino que la voluntad de las partes fue la de llevar vidas econ\u00f3micas independientes. En la demanda, solo se hace referencia a la circunstancia de que las prestaciones obtenidas bajo la titularidad de la demandante redundaron en bene\ufb01cio del demandado en cuanto integrante de la unidad convivencial, pero nada se ha acreditado sobre los pactos que pudieron alcanzar las partes para ordenar sus relaciones econ\u00f3micas; en la contestaci\u00f3n a la demanda solo se indic\u00f3 desconocimiento sobre las vicisitudes del procedimiento administrativo por el que se resolvi\u00f3 la existencia de prestaciones indebidas y la correlativa obligaci\u00f3n de proceder a su devoluci\u00f3n.<\/p>\n
La actividad probatoria sobre los pactos de los miembros de la pareja en torno a la vida econ\u00f3mica de la misma tiene una importancia fundamental en estos supuestos, puesto que la constataci\u00f3n de una realidad f\u00e1ctica, la uni\u00f3n de hecho, sin disciplina jur\u00eddica que la regule, obliga al juzgador a contemplar un abanico de posibilidades tan amplio como la autonom\u00eda de la voluntad permita idear. En abstracto, es perfectamente posible que las partes pactaran crear una comunidad com\u00fan, bajo el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la comunidad de bienes de los art\u00edculos 392 y ss. CC; o bien el mantenimiento de vidas econ\u00f3micas separadas, atendiendo al abono de los gastos comunes, por mitad o de forma desigual en atenci\u00f3n a las respectivas capacidades econ\u00f3micas de los miembros de la pareja, pero con derecho de reembolso entre estos en favor de aquel que haya atendido la totalidad del gasto o que nada de lo anterior sucediera.<\/p>\n
La citada STS 299\/2008 de 8 de mayo, indic\u00f3 que no es posible ni aplicar anal\u00f3gicamente el r\u00e9gimen matrimonial de sociedad de gananciales, ni presumir la existencia de un pacto a favor de la constituci\u00f3n de una comunidad de bienes universal. Por ello, la falta de prueba sobre los acuerdos alcanzados por las partes<\/p>\n
impide analizar la controversia desde la perspectiva de los art\u00edculos 392 y ss CC, como se solicitaba dentro de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de la demanda.<\/p>\n
Por ello, y atendido el sistema de fuentes normativas establecido por la jurisprudencia, la controversia debe resolverse desde la perspectiva del enriquecimiento injusto. El enriquecimiento que la demandante imputa al demandado es la falta de emprobrecimiento ( damnus cesans) por no haber atendido a la devoluci\u00f3n de unas cantidades de las que, sostiene, se bene\ufb01ciaron los dos miembros de la pareja.<\/p>\n
Llegados a este punto, se pone en evidencia la falta de actividad probatoria que justi\ufb01car\u00eda el \u00e9xito de la demanda.<\/p>\n
Dado que hemos considerado que las partes mantuvieron su vida econ\u00f3mica independiente, las incidencias que se hayan producido en relaci\u00f3n con prestaciones de las que solamente la demandante era titular no pueden ser oponibles al otro miembro de la pareja. Desde esta perspectiva, no podemos admitir que el hecho de que la ayuda se otorgue en atenci\u00f3n a una determinada unidad de convivencia en el plano administrativo suponga necesariamente, en la perspectiva civil, que el demandado tenga una obligaci\u00f3n civil de responder por las incidencias en la obtenci\u00f3n de dicha ayuda.<\/p>\n
En cuanto al bene\ufb01cio obtenido, no consta m\u00e1s que una gen\u00e9rica alusi\u00f3n a la satisfacci\u00f3n de las necesidades de la familia. No concurre en este procedimiento una alegaci\u00f3n f\u00e1ctica o una actividad probatoria que arrojen luz al modo en el que se desenvolvi\u00f3 la vida econ\u00f3mica de la pareja en la gesti\u00f3n de sus ingresos y la satisfacci\u00f3n de las cargas de la familia. En particular, debemos se\u00f1alar que el extracto de cuenta presentado por la demandante se re\ufb01ere a un periodo temporal cuyo primer movimiento es de 25 de septiembre de 2018, momento en el que la relaci\u00f3n de pareja ya hab\u00eda \ufb01nalizado, cese que se sit\u00faa por la propia demandante en el a\u00f1o 2017.<\/p>\n
Tambi\u00e9n debemos tener en cuenta que la propia prueba documental de la demandante pone en evidencia que la causa por la que se acord\u00f3 la existencia de cantidades percibidas, indebidamente, en sede administrativa fue el hecho de que el recurrente estuviera prestando actividad laboral remunerada. Esta circunstancia nos impide inferir, por v\u00eda de presunci\u00f3n del art\u00edculo 386 LEC, que la inexistencia de cualquier otra fuente de ingresos en la pareja suponga necesariamente que el recurrente se bene\ufb01ci\u00f3 de las cantidades percibidas.<\/p>\n
Existe un \u00faltimo fundamento que impedir\u00eda la aplicaci\u00f3n del principio general de prohibici\u00f3n del enriquecimiento sin causa. La demandante era la titular de la prestaci\u00f3n y, por tanto y frente a la administraci\u00f3n, la responsable de comunicar cualquier incidencia relativa a la percepci\u00f3n de la RGI y PCV. Por lo tanto la demandante era la responsable de comunicar a la administraci\u00f3n la circunstancia de que el demandado se encontraba percibiendo ingresos y, por tanto, que la capacidad econ\u00f3mica de la unidad convivencial se hab\u00eda modi\ufb01cado. El incumplimiento de dicho deber es a ella imputable, a falta de alegaci\u00f3n y prueba de cualquier circunstancia en contrario. Ante dicha omisi\u00f3n, no puede pretender derivar su responsabilidad al demandado bajo la \ufb01gura del enriquecimiento sin causa, pues la causa del desplazamiento patrimonial consistente en la devoluci\u00f3n de cantidades indebidamente percibidas se debi\u00f3 a la omisi\u00f3n, por parte de la demandante, que le era jur\u00eddicamente exigible en virtud de la normativa administrativa de aplicaci\u00f3n. El deber de responder del incumplimiento de dicha obligaci\u00f3n administrativa es lo que constituye la causa del desplazamiento patrimonial analizado.<\/p>\n
La demanda se basaba, en \u00faltimo lugar, en la doctrina de los actos propios. La demandante se\u00f1al\u00f3 que, una vez alcanzado el acuerdo con la administraci\u00f3n para la veri\ufb01caci\u00f3n de pagos mensuales por importe de 30 , el demandado asumi\u00f3 su responsabilidad y consinti\u00f3 el pago de la mitad de dichos importes, 15 ) en octubre y noviembre de 2018. El demandado niega que dichos abonos respondieran al concepto indicado. Consideramos que estos pagos no son su\ufb01cientemente descriptivos de los hechos que pretende con\ufb01gurar la demandante pues no excluyen el concepto de ayuda puntual que reconoci\u00f3 el demandado en el acto de la vista.<\/p>\n
Por todo ello, procede la estimaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la revocaci\u00f3n de la condena de D. Germ\u00e1n al pago de la cantidad de 60 . Este pronunciamiento supone la correlativa desestimaci\u00f3n del recurso promovido por la contraparte en relaci\u00f3n a la misma cuesti\u00f3n.<\/p>\n
TERCERO.- Reembolso de la aportaci\u00f3n dineraria de la demandante para la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo.<\/p>\n
D\u00f1a. Noelia pretende, en su recurso de apelaci\u00f3n, que se condene al demandado a devolverle la cantidad de 2.770 que, sostiene, se obtuvo con la venta de un veh\u00edculo de su propiedad y se destin\u00f3 a la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo con matr\u00edcula NU-….-R .<\/p>\n
La sentencia de primera instancia desestim\u00f3 esta petici\u00f3n porque no consider\u00f3 probado que el dinero de la venta del veh\u00edculo propiedad de la demandante se invirtiera en la adquisici\u00f3n del veh\u00edculo NU-….-R .<\/p>\n
Como destaca la sentencia apelada, la parte demandante no ha aportado documentaci\u00f3n relativa a la compra del segundo veh\u00edculo, el precio pagado por el mismo o movimientos de dinero que acrediten el empleo de la cantidad percibida por la venta del primer veh\u00edculo. En de\ufb01nitiva, lo que pretende la parte apelante es que, por v\u00eda de presunci\u00f3n judicial se acredite el hecho de que el precio del veh\u00edculo NU-….-R se pag\u00f3 con el dinero propiedad de la demandante. Esta presunci\u00f3n se basa en el indicio de la proximidad temporal entre la venta del primer veh\u00edculo y la adquisici\u00f3n del segundo.<\/p>\n
La presunci\u00f3n que se pretende es tipo judicial, regulada en el art\u00edculo 386 LEC, y requiere de un enlace preciso y directo entre los hechos indiciarios y la conclusi\u00f3n probatoria que se pretende alcanzar. Compartimos el criterio de la magistrada de instancia de que el mero factor temporal es insu\ufb01ciente para entender dicho enlace l\u00f3gico. Un periodo de tres meses no permite apreciar una proximidad temporal signi\ufb01cativa; por otro lado, el a\ufb01anzamiento de la presunci\u00f3n se hubiera podido obtener si se hubiera acreditado el movimiento del dinero percibido por la demandante desde la venta de su veh\u00edculo hasta la adquisici\u00f3n del segundo veh\u00edculo.<\/p>\n
Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelaci\u00f3n de D\u00f1a. Noelia .<\/p>\n
CUARTO.- Costas de la instancia.<\/p>\n
La estimaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n promovida por D. Germ\u00e1n provoca que la demanda sea \u00edntegramente desestimada, por lo que condenamos a la parte demandante al pago de las costas procesales causadas en la instancia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 394 LEC.<\/p>\n
QUINTO.- Costas de la apelaci\u00f3n.<\/p>\n
La desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n promovido por D\u00f1a. Noelia determina que la recurrente deba ser condenada al pago de las costas procesales causadas por el mismo, art\u00edculo 398 LEC.<\/p>\n
La estimaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n presentada por D. Germ\u00e1n justi\ufb01ca que no emitamos especial pronunciamiento de las costas de esta alzada derivadas de dicha impugnaci\u00f3n.<\/p>\n
DESESTIMAR el recurso presentado por D\u00f1a. Noelia y ESTIMAR el recurso presentado por D. Germ\u00e1n contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Vitoria en autos de juicio ordinario 396\/2019, REVOCANDO la misma y, en su lugar, emitimos los siguientes pronunciamientos:<\/p>\n
PRIMERO.- DESESTIMAMOS \u00cdNTEGRAMENTE la demanda presentada por D\u00f1a. Noelia .<\/p>\n
SEGUNDO.- Condenamos a la parte demandante al pago de las costas procesales de la instancia.<\/p>\n
TERCERO.- Condenamos a D\u00f1a. Noelia al pago de las costas causadas por el recurso de apelaci\u00f3n, sin efectuar especial imposici\u00f3n de las costas causadas por la impugnaci\u00f3n presentada por D. Germ\u00e1n .<\/p>\n
Dese el destino legal al dep\u00f3sito constituido para recurrir.<\/p>\n
MODO DE IMPUGNACI\u00d3N: contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE d\u00edas h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn).<\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 interponerse recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC).<\/p>\n
Si el recurso de casaci\u00f3n se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracci\u00f3n de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad Aut\u00f3noma, y el estatuto de Autonom\u00eda ha previsto esta atribuci\u00f3n, corresponder\u00e1 conocer a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco ( art. 478.1.2\u00ba LEC).<\/p>\n
Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros se si trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en Banco Santander con el n\u00famero 0008-0000-00-0403-20. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un ” Recurso” c\u00f3digo 06 para recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo<\/p>\n
04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n
Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n
_________________________________________________________________________________________________________________________ La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n
Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n
_________________________________________________________________________________________________________________________ PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la \ufb01rman y le\u00edda por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia, certi\ufb01co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las relaciones econ\u00f3micas de la pareja de hecho se rigen por la ley espec\u00edfica, por los pactos alcanzados y, en \u00faltima instancia, por el enriquecimiento injusto. La devoluci\u00f3n de cantidades indebidamente percibidas en concepto de RGI y PCV corresponde a la titular de la prestaci\u00f3n; no cabe derivar su responsabilidad al demandado bajo la figura del enriquecimiento injusto.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2305,2298,2288,2306,1063,2304],"materia":[1174],"organo":[1890],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13451","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-derivacion-de-responsabilidad","tag-falta-de-pacto","tag-ley-2-2003","tag-no-enriquecimiento-injusto","tag-pareja-de-hecho-no-inscrita","tag-rgi","materia-ley-2-2003-de-7-de-mayo-reguladora-de-las-parejas-de-hecho","organo-seccion-1a-audiencia-provincial-de-alava","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13451"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13451"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13451"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13451"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}