BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001 TEL. : 94-4016664 Fax \/ Faxa : 94-4016992 Correo electr\u00f3nico\/ Helbide probauzitegia.3a.bizkaia@justizia.eus<\/p>\n
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NIG PV \/ IZO EAE: 48.04.2-18\/028373 NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48020.42.1-2018\/0028373 Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Prozedura arrunteko apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL 366\/2020 O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia : Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 8 de Bilbao \/ Bilboko Lehen Auzialdiko 8 zenbakiko Epaitegia Autos de Procedimiento ordinario 825\/2018 (e)ko autoak Recurrente \/ Errekurtsogilea: Amparo Procurador\/a\/ Prokuradorea:VERONICA VAZQUEZ FONTAO Abogado\/a \/ Abokatua: JON ANDER BILBAO SACRISTAN Recurrido\/a \/ Errekurritua: Marcos Procurador\/a \/ Prokuradorea: MARIA TERESA BAJO AUZ Abogado\/a\/ Abokatua: MILAGROS VICENTE ZORRILLA S E N T E N C I A N.\u00ba 263\/2021 ILMAS. SRAS.<\/p>\n
En Bilbao, a siete de septiembre de dos mil veintiuno.<\/p>\n
La Audiencia Provincial de Bizkaia, Secci\u00f3n Tercera, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 825\/2018, del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 8 de Bilbao, a instancia de D\u00aa. Amparo , apelante – demandante, representada por la procuradora D.\u00aa VERONICA VAZQUEZ FONTAO y defendida por el letrado D. JON ANDER BILBAO SACRISTAN; contra D. Marcos , apelado – demandado, representado por la procuradora D.\u00aa MARIA TERESA BAJO AUZ y defendido por la letrada D.\u00aa MILAGROS VICENTE ZORRILLA; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 2 de junio de 2020.<\/p>\n
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n
PRIMERO. – Que la referida Sentencia de instancia, de fecha 2 de junio de 2020, es del tenor literal siguiente:<\/p>\n
“Desestimar la demanda presentada por la Procuradora Sra. V\u00e1zquez Fontao en nombre y representaci\u00f3n de D\u00f1a. Amparo contra D. Marcos absolviendo al expresado demandado de todos los pedimentos contenidos en la demanda, con expresa imposici\u00f3n de costas a la demandante.”<\/p>\n
SEGUNDO .- Que publicada y noti\ufb01cada dicha resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de la demandante se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelaci\u00f3n, y dado traslado a la contraparte, por un plazo de diez d\u00edas, transcurrido el mismo se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de los autos la formaci\u00f3n del presente rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero de registro 366\/20 y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n
TERCERO .- No siendo necesaria la celebraci\u00f3n de vista, se se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 12 de mayo de 2021 para deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y fallo del presente recurso.<\/p>\n
CUARTO. – Que en la tramitaci\u00f3n del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n
VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada DO\u00d1A ANA ISABEL GUTI\u00c9RREZ GEGUNDEZ.<\/p>\n
PRIMERO.- Por la representaci\u00f3n de la Sra. Amparo se interpuso recurso de apelaci\u00f3n denunciando como primer motivo sustentador del mismo, la err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba, as\u00ed como la incorrecta interpretaci\u00f3n de los pactos habidos entre partes y de la jurisprudencia existente en orden a la concesi\u00f3n de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica con motivo del cese de la convivencia de la pareja de hecho. As\u00ed tras determinar en su consideraci\u00f3n y contexto la jurisprudencia que estimaba aplicable, ven\u00eda en destacar que no ha sido valorado en la sentencia de la instancia el abandono de la actividad que ven\u00eda desarrollando la Sra. Amparo por mor de la dedicaci\u00f3n al hogar y a la crianza del hijo en com\u00fan, destacando en este sentido que conforme a la jurisprudencia que determinaba exist\u00eda un empobrecimiento como abandono de la actividad en bene\ufb01cio propio de la dedicaci\u00f3n al hogar, y a la familia. Empobrecimiento que estimaba deb\u00eda ser restaurado por medio de una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. Ven\u00eda en exponer como datos el propio tenor del trabajo del Sr. Marcos dedicado al transporte de mercanc\u00edas por carretera; ha colaborado adem\u00e1s del trabajo de la familia en la actividad profesional del demandado. Incid\u00eda en la estrategia empresarial del Sr. Marcos , sobre cuya consideraci\u00f3n precisaba que, pese a que la Sra. Amparo ha estado dada de alta como aut\u00f3noma, no ha tenido capacidad decisiva y de gesti\u00f3n alguna. Determinaba y desde el an\u00e1lisis que de la prueba veri\ufb01caba que,el \u00fanico que ha mejorado de fortuna ha sido el Sr. Marcos . Incid\u00eda en que la Sra. Amparo proced\u00eda del sector de la asistencia dom\u00e9stica y a partir del a\u00f1o 2.002 es contratada por su pareja, y posteriormente dada de alta como aut\u00f3noma en el sector del transporte de mercanc\u00edas algo totalmente dispar. Por dem\u00e1s la Sra. Amparo no recibi\u00f3 compensaci\u00f3n alguna.<\/p>\n
Insist\u00eda a lo largo de sus alegaciones que la sentencia no ha valorado su\ufb01cientemente el apoyo de la Sra.<\/p>\n
Amparo a la familia y a la propia empresa y\/o actividad del Sr. Marcos . Igualmente, precisaba que, conforme al pacto regulador de las relaciones econ\u00f3micas de la pareja, se\u00f1alando desde la doble determinaci\u00f3n del mismo que a su entender no debe operar, la dedicaci\u00f3n de la Sra. Amparo al hogar. Instaba la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida y la \u00edntegra estimaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n
La representaci\u00f3n del Sr. Amparo formul\u00f3 oposici\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto de contrario, instando la con\ufb01rmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida al estimar la misma ajustada a derecho.<\/p>\n
SEGUNDO.- Como bien recoge la sentencia recurrida la demandante Sra. Amparo pretende con fundamento en la Ley 2\/2003 de 7 de mayo reguladora de parejas de hecho y en el pacto regulador existente entre partes de las relaciones econ\u00f3mico patrimoniales la aportaci\u00f3n del demandado Sr. Marcos de una pensi\u00f3n de 600 \u20ac<\/p>\n
pensi\u00f3n que se solicita como consecuencia del desequilibrio econ\u00f3mico que la ruptura de la pareja de hecho le ha supuesto y ello por los argumentos y presupuestos que alegaba.<\/p>\n
La representaci\u00f3n del Sr. Marcos se opuso a la demanda.<\/p>\n
Como se ha expresado dentro de los argumentos y fundamentos del recurso de apelaci\u00f3n que signi\ufb01ca la parte apelante, indicaba la incorrecta aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia aplicable al caso en este sentido debemos hacer referencia al igual que as\u00ed lo recoge a la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 15 de Enero 2.018 “………………FUNDAMENTOS DE DERECHO 2.- En efecto, la demandante solicit\u00f3 una pensi\u00f3n y la sentencia recurrida con\ufb01rma la medida de la sentencia de primera instancia que la concedi\u00f3, sin a\ufb01rmar expresamente con fundamento en qu\u00e9 precepto, pero apoyando su decisi\u00f3n en la transcripci\u00f3n de jurisprudencia en la que se razonaba a veces sobre el art. 97 CC , otras sobre el art. 1438 CC y otras sobre el enriquecimiento injusto. La sentencia de la Audiencia, para con\ufb01rmar la de primera instancia, dice que da por reproducida la jurisprudencia citada en ella y, aunque tampoco basa su decisi\u00f3n en precepto alguno, la valoraci\u00f3n que hace de los hechos es un compendio de los criterios que se recogen en los arts. 97 y 1438 CC (la dedicaci\u00f3n a la familia y los hijos) y de los que justi\ufb01car\u00edan una aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento. Dada la poca claridad de la sentencia recurrida acerca del fundamento por el que se concede la pensi\u00f3n no es reprochable que el recurrente invoque como infringidos todos los preceptos y doctrina citados por dicha sentencia para fundamentar su decisi\u00f3n.<\/p>\n
QUINTO.- Derecho aplicable y doctrina de la sala .- 2.- Sentado lo anterior, hay que destacar que en el Derecho civil estatal no existe una regulaci\u00f3n general de las parejas no casadas. El legislador ha equiparado a algunos efectos las parejas no casadas al matrimonio ( arts. 101 , 320.1 , 175.4 CC , arts. 12.4 , 16.1.b , 24.1 LAU ). Pero esto no ha sucedido con la pensi\u00f3n compensatoria reconocida en el art. 97 CC . Son admisibles gen\u00e9ricamente los pactos entre los convivientes por los que, al amparo del art. 1255 CC , adopten acuerdos en los que prevean compensaciones por desequilibrios en el momento de la ruptura de la convivencia. Sin embargo, no existe una previsi\u00f3n legal que contemple para el caso de extinci\u00f3n de la pareja una compensaci\u00f3n de ning\u00fan tipo (ni alimenticia en caso de necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro c\u00f3nyuge).<\/p>\n
3.- De forma categ\u00f3rica, sin distinguir entre parejas constituidas por la mera convivencia y parejas formalizadas y sin contemplar tampoco la posibilidad de que por acuerdo de los interesados pudiera excluirse el r\u00e9gimen legal, la sentencia del Tribunal Constitucional 93\/2013, de 23 de abril , declar\u00f3 que las reglas que imponen a los integrantes de una pareja estable el derecho a una pensi\u00f3n sin que as\u00ed lo hayan acordado \u00abvulneran la libertad de decisi\u00f3n consagrada en el art. 10.1 CE , al responder b\u00e1sicamente a un modelo imperativo alejado del r\u00e9gimen dispositivo que resultar\u00eda acorde a las caracter\u00edsticas de las uniones de hecho y a las exigencias del libre desarrollo de la personalidad\u00bb [FFJJ 9, 10 b) y c), 11 b) a d), 13].<\/p>\n
En particular, con este argumento el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de las normas contenidas en el articulado de la Ley foral navarra 6\/2000, de 3 de julio, para la igualdad jur\u00eddica de las parejas estables, que permit\u00edan exigir una pensi\u00f3n peri\u00f3dica o una pensi\u00f3n de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a los miembros de una pareja aunque no hubieran acordado nada sobre el particular. Pero a\u00f1ade la citada sentencia del Tribunal Constitucional que tal declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad lo es \u00abindependientemente de que las reglas generales de responsabilidad por enriquecimiento injusto puedan tener su proyecci\u00f3n en determinados supuestos y de que los miembros de la pareja puedan libremente establecer los pactos que tengan por convenientes al respecto, lo que resulta inconstitucional es la imperatividad de la previsi\u00f3n en los t\u00e9rminos referidos\u00bb.<\/p>\n
4.- La interpretaci\u00f3n del Tribunal Constitucional ha reforzado la l\u00ednea jurisprudencial de esta sala que de que no cabe aplicar por analog\u00eda legis las normas del matrimonio a los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio o uni\u00f3n de hecho, pero no descarta que pueda recurrirse, en defecto de pacto, a principios generales, como el del enriquecimiento injusto.<\/p>\n
a) En efecto, frente a una l\u00ednea anterior, la sentencia del Pleno 611\/2005, de 12 de septiembre, declar\u00f3 que no cabe la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las normas propias del matrimonio.<\/p>\n
Con posterioridad, se ha reiterado la doctrina de que debe excluirse la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la pensi\u00f3n compensatoria a los supuestos de ruptura de la convivencia en parejas de hecho, bien reiterando la doctrina para casos de pensi\u00f3n compensatoria, bien al solucionar otros problemas jur\u00eddicos planteados con ocasi\u00f3n del cese de la convivencia de parejas ( sentencias 927\/2005, de 5 de diciembre , 299\/2008, de 8 de mayo , 1040\/2008, de 30 de octubre , 1155\/2008, de 11 de diciembre , 416\/2011, de 16 de junio , 130\/2014, de 6 de marzo , y 713\/2015, de 16 de diciembre ). b) La sala se ha pronunciado sobre la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto en la liquidaci\u00f3n de relaciones patrimoniales entre los miembros de una pareja no matrimonial: bien para apreciar su existencia cuando concurren sus presupuestos ( sentencia 306\/2011, de 6<\/p>\n
mayo), bien para negarla cuando existe una normativa espec\u00ed\ufb01ca que regula el supuesto concreto ( sentencia 927\/2005, de 5 de diciembre, en el caso de un condominio regulado por los arts. 392 ss. CC).<\/p>\n
c) De modo se\u00f1alado, la sala se ha ocupado de la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto para el reconocimiento de una pensi\u00f3n compensatoria. As\u00ed, se apreci\u00f3 que concurr\u00edan los presupuestos del enriquecimiento en las sentencias 584\/2003, de 17 de junio, y 1016\/2016, de 6 de octubre. Por el contrario, no se aprecia enriquecimiento injusto en los casos que dan lugar a las sentencias 611\/2005, de 12 de septiembre, 387\/2008, de 8 de mayo, y 1040\/2008, de 30 de octubre.<\/p>\n
SEXTO.- Estimaci\u00f3n del recurso Aplicando la anterior doctrina de la sala al presente caso, el recurso, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n, debe ser estimado.<\/p>\n
1.- La sentencia recurrida no invoca ning\u00fan precepto ni explica cu\u00e1l es el fundamento y la naturaleza jur\u00eddica de la pensi\u00f3n que otorga. Ello di\ufb01culta el control de la \ufb01nalidad a la que responde la pensi\u00f3n concedida, el an\u00e1lisis de cu\u00e1l es su causa y, en consecuencia, la valoraci\u00f3n de si los criterios con los que se adopta la decisi\u00f3n de conceder la pensi\u00f3n y \ufb01jar su cuant\u00eda se adaptan a la \ufb01nalidad y naturaleza de la pensi\u00f3n con arreglo a las normas de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
La sentencia recurrida \u00abda por reproducida\u00bb la jurisprudencia citada por la sentencia de primera instancia y que sirvi\u00f3 a esta como fundamento de la pensi\u00f3n compensatoria concedida. Puesto que no existe un reconocimiento legal expreso de pensi\u00f3n compensatoria en el \u00e1mbito de las parejas de hecho, cabe pensar que la sentencia da por bueno que su fundamento deriva de la interpretaci\u00f3n legal mantenida por la jurisprudencia.<\/p>\n
Lo que sucede es que la sentencia de primera instancia transcribe, sin an\u00e1lisis alguno y sin estructura identi\ufb01cable, varias sentencias sobre pensi\u00f3n compensatoria y otros aspectos de relaciones patrimoniales, dictadas tanto por esta sala como por diferentes Audiencias Provinciales y referidas a uniones matrimoniales y a parejas no casadas.<\/p>\n
Ello hace dif\u00edcil conocer en qu\u00e9 concreta doctrina, de las que se han venido sosteniendo a lo largo del tiempo, y a veces de manera heterog\u00e9nea en la pr\u00e1ctica de los tribunales de instancia, se est\u00e1 apoyando la sentencia recurrida, puesto que a todas ellas se hace referencia en las sentencias citadas (entre otras, aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art. 97 CC o del art. 1438 CC, doctrina del enriquecimiento injusto).<\/p>\n
2.- La sentencia recurrida utiliza la expresi\u00f3n \u00abpensi\u00f3n compensatoria\u00bb siguiendo la terminolog\u00eda del art.<\/p>\n
97 CC hasta la reforma de 8 de julio de 2005 (que sustituy\u00f3 en ese precepto el t\u00e9rmino pensi\u00f3n por el de compensaci\u00f3n, si bien siguen hablando de pensi\u00f3n los arts. 99 , 100 o 101 CC), pero, como ha quedado dicho, esta sala, desde su sentencia de Pleno 611\/2005, de 12 de septiembre , ha descartado la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del r\u00e9gimen matrimonial al cese de la convivencia de una pareja no casada.<\/p>\n
3.- La sentencia recurrida, adem\u00e1s, vincula la pensi\u00f3n que reconoce a la aplicaci\u00f3n del principio que proh\u00edbe el enriquecimiento injusto. Pero la doctrina del enriquecimiento injusto requiere la concurrencia de un aumento del patrimonio del enriquecido, un correlativo empobrecimiento del actor, la falta de causa que justi\ufb01que el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicaci\u00f3n de tal principio. En el caso, sin embargo, no puede compartirse la valoraci\u00f3n de la sentencia recurrida, a la vista de los hechos probados.<\/p>\n
Durante la convivencia, la actora no se dedic\u00f3 en exclusiva a la atenci\u00f3n de los hijos y del hogar familiar, y el hecho de una mayor dedicaci\u00f3n a los hijos no comport\u00f3 un empobrecimiento de la actora y un enriquecimiento del demandado; la convivencia no implic\u00f3 una p\u00e9rdida de expectativas ni el abandono de una actividad en bene\ufb01cio propio por la dedicaci\u00f3n en bene\ufb01cio del demandado, ni el desentendimiento de su propio patrimonio, ni le impidi\u00f3 obtener bene\ufb01cios mediante el desarrollo de una actividad remunerada. La pensi\u00f3n que se concede en la instancia, por lo dem\u00e1s, no trata de ser respuesta a un enriquecimiento injusto, sino que atiende, aceptando el razonamiento de la demandante, al riesgo de que quedara sin empleo, lo que se consideraba posible por la situaci\u00f3n \ufb01nanciera de la empresa en la que la actora estaba trabajando y la participaci\u00f3n que en la misma ten\u00edan la propia actora y el demandado, lo que podr\u00eda dar lugar al \ufb01n del empleo tras el cese de la convivencia.<\/p>\n
S\u00c9PTIMO.- La estimaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n da lugar a que se case y anule la sentencia recurrida en el sentido de dejar sin efecto su pronunciamiento con\ufb01rmatorio de la sentencia de primera instancia relativo a la obligaci\u00f3n del demandado al pago de una pensi\u00f3n compensatoria a favor de la demandante. En consecuencia, se estima el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandado en el \u00fanico extremo de anular el pronunciamiento relativo a la obligaci\u00f3n de pago de la pensi\u00f3n compensatoria…………………”<\/p>\n
Hasta aqu\u00ed la rese\u00f1a de la sentencia expresada.<\/p>\n
En id\u00e9ntica determinaci\u00f3n puede hacerse referencia a la Audiencia Provincial de Las Palmas, Secci\u00f3n 3\u00aa, Sentencia 459\/2019 de 5 Jul. 2019——pues el motivo por el que se desestima en la sentencia apelada la pretensi\u00f3n de pensi\u00f3n compensatoria y la acci\u00f3n subsidiaria de enriquecimiento injusto no es la duraci\u00f3n de la convivencia sino porque no es posible reconocer una pensi\u00f3n compensatoria en caso de inexistencia de matrimonio y porque no se acreditan los presupuestos exigidos para el reconocimiento subsidiario de una indemnizaci\u00f3n por enriquecimiento injusto.<\/p>\n
Y as\u00ed y en relaci\u00f3n a la pensi\u00f3n compensatoria y por mucho que insista la parte apelante, no solo no es posible su reconocimiento si no hay matrimonio entre los convivientes como bien motiva la sentencia apelada con cita de numerosas sentencias, debiendo a\u00f1adirse la \u00faltima del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2018 que trata la cuesti\u00f3n y que cas\u00f3 precisamente una sentencia en la que se reconoc\u00eda una pensi\u00f3n compensatoria en una relaci\u00f3n more uxorio, consign\u00e1ndose en la misma que ” La interpretaci\u00f3n del Tribunal Constitucional ha reforzado la l\u00ednea jurisprudencial de esta sala que de que no cabe aplicar por analog\u00eda legis las normas del matrimonio a los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio o uni\u00f3n de hecho, pero no descarta que pueda recurrirse, en defecto de pacto, a principios generales, como el del enriquecimiento injusto.<\/p>\n
a) En efecto, frente a una l\u00ednea anterior, la sentencia del Pleno 611\/2005, de 12 de septiembre, declar\u00f3 que no cabe la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las normas propias del matrimonio.<\/p>\n
Con posterioridad, se ha reiterado la doctrina de que debe excluirse la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la pensi\u00f3n compensatoria a los supuestos de ruptura de la convivencia en parejas de hecho, bien reiterando la doctrina para casos de pensi\u00f3n compensatoria, bien al solucionar otros problemas jur\u00eddicos planteados con ocasi\u00f3n del cese de la convivencia de parejas ( sentencias 927\/2005, de 5 de diciembre , 299\/2008, de 8 de mayo , 1040\/2008, de 30 de octubre , 1155\/2008, de 11 de diciembre , 416\/2011, de 16 de junio , 130\/2014, de 6 de marzo , y 713\/2015, de 16 de diciembre ). b) La sala se ha pronunciado sobre la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto en la liquidaci\u00f3n de relaciones patrimoniales entre los miembros de una pareja no matrimonial: bien para apreciar su existencia cuando concurren sus presupuestos ( sentencia 306\/2011, de 6 mayo), bien para negarla cuando existe una normativa espec\u00ed\ufb01ca que regula el supuesto concreto ( sentencia 927\/2005, de 5 de diciembre, en el caso de un condominio regulado por los arts. 392 ss. CC).<\/p>\n
c) De modo se\u00f1alado, la sala se ha ocupado de la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto para el reconocimiento de una pensi\u00f3n compensatoria. As\u00ed, se apreci\u00f3 que concurr\u00edan los presupuestos del enriquecimiento en las sentencias 584\/2003, de 17 de junio, y 1016\/2016, de 6 de octubre. Por el contrario, no se aprecia enriquecimiento injusto en los casos que dan lugar a las sentencias 611\/2005, de 12 de septiembre, 387\/2008, de 8 de mayo, y 1040\/2008, de 30 de octubre.—————” Hasta aqu\u00ed la referencia a la resoluci\u00f3n mencionada.<\/p>\n
Igualmente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Secci\u00f3n 2\u00aa, Sentencia 334\/2020 de 22 oct.<\/p>\n
2020, tras hacerse eco de la mencionada sentencia del T.S. de 15 de enero de 2.018 explicita las siguientes consideraciones c) De modo se\u00f1alado, la sala se ha ocupado de la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto para el reconocimiento de una pensi\u00f3n compensatoria. As\u00ed, se apreci\u00f3 que concurr\u00edan los presupuestos del enriquecimiento en las sentencias 584\/2003, de 17 de junio, y 1016\/2016, de 6 de octubre. Por el contrario, no se aprecia enriquecimiento injusto en los casos que dan lugar a las sentencias 611\/2005, de 12 de septiembre, 387\/2008, de 8 de mayo, y 1040\/2008, de 30 de octubre.<\/p>\n
La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2003 detalla cuando puede considerarse que existe un enriquecimiento injusto: Esta situaci\u00f3n tiene lugar cuando se ha producido un resultado por virtud del cual una persona se enriquece a expensas de otra que, correlativamente, se empobrece careciendo de justi\ufb01caci\u00f3n o de causa (base) que lo legitime, de tal manera que surge una obligaci\u00f3n cuya prestaci\u00f3n tiende a eliminar el bene\ufb01cio del enriquecimiento indebido (“in quantum locupletiores sunt”). El enriquecimiento, como ya advierte la mejor doctrina, se produce, no solo cuando hay un aumento del patrimonio, o la recepci\u00f3n de un desplazamiento patrimonial, sino tambi\u00e9n por una no disminuci\u00f3n del patrimonio (“damnum cessans”). El empobrecimiento no tiene porqu\u00e9 consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la p\u00e9rdida de expectativas y el abandono de la actividad en bene\ufb01cio propio por la dedicaci\u00f3n en bene\ufb01cio de otro. La correlaci\u00f3n entre ambos es la medida en que uno determina el otro, y la falta de causa no es otra cosa que la carencia de raz\u00f3n jur\u00eddica que fundamente la situaci\u00f3n. La causa (en el sentido de “raz\u00f3n” o “base” su\ufb01ciente) no es, desde el punto de vista jur\u00eddico, otra cosa – como sostiene un importante sector doctrinal- que un concepto-v\u00e1lvula para poder introducir elementos de car\u00e1cter valorativo, y decidir de tal manera acerca de la justi\ufb01caci\u00f3n, o falta de la misma, en un supuesto determinado. Una excesiva generalizaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto puede crear riesgos para la seguridad jur\u00eddica, pero su aplicaci\u00f3n a supuestos concretos y a concretos intereses, otorgando en favor de un sujeto concreto una acci\u00f3n de restituci\u00f3n constituye un postulado de justicia insoslayable. La comunidad de vida, o el haber gozado de una<\/p>\n
consideraci\u00f3n social y material equiparada a la de su compa\u00f1ero (a que se hace referencia en la resoluci\u00f3n de la instancia), no constituyen justi\ufb01caci\u00f3n del desequilibrio patrimonial producido en virtud de las respectivas actividades y circunstancias espec\u00ed\ufb01cas del caso, sumamente signi\ufb01cativas. …<\/p>\n
La citada sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 cita tres sentencias que no consideraron que existiera enriquecimiento injusto (las sentencias 611\/2005, de 12 de septiembre, 387\/2008, de 8 de mayo, y 1040\/2008, de 30 de octubre) De su examen se desprende que uno de los criterios a seguir es la existencia o no de formaci\u00f3n de un patrimonio com\u00fan, cosa que falta en este caso.<\/p>\n
Otro criterio es lo que se denomina “p\u00e9rdida de oportunidad” como criterio para determinar si ha habido empobrecimiento, que se determina comparando los ingresos del conviviente antes del inicio de la convivencia, durante la misma y al \ufb01nal. En este caso, de los autos resulta que durante ninguno de esos tres momentos la demandante tuvo ingresos de ning\u00fan tipo. No es sino otra manera de decir lo mismo, agregar que la demandante no ha visto nunca disminuidos sus ingresos ni ha perdido su trabajo ni ha sido impedida para acceder al mercado laboral por el desarrollo de la convivencia.<\/p>\n
El mero hecho de que la demandante haya contribuido a las tareas del hogar no determina por si solo un enriquecimiento injusto, puesto que no consta probado que el demandado no contribuyera igualmente a las mismas. No se da, por tanto, nunca un enriquecimiento del var\u00f3n.—————-” Expresa la Audiencia Provincial de Vizcaya, Secci\u00f3n 5\u00aa, Sentencia 9\/2019 de 16 Ene. 2019,————–SEGUNDO.Sentados en la forma expuesta los t\u00e9rminos del debate en esta alzada y en lo que resulta de plena aplicaci\u00f3n al supuesto que aqu\u00ed nos ocupa comenzaremos recordando la doctrina contenida en la reciente STS de 15 de enero de 2018 en relaci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n de pensi\u00f3n compensatoria tras el cese de la convivencia more uxoris.<\/p>\n
Se\u00f1ala dicha resoluci\u00f3n que “- en el Derecho civil estatal no existe una regulaci\u00f3n general de las parejas no casadas. El legislador ha equiparado a algunos efectos las parejas no casadas al matrimonio ( arts. 101, 320.1, 175.4 CC, arts. 12.4, 16.1.b, 24.1 LAU). Pero esto no ha sucedido con la pensi\u00f3n compensatoria reconocida en el art. 97 CC. Son admisibles gen\u00e9ricamente los pactos entre los convivientes por los que, al amparo del art. 1255 CC, adopten acuerdos en los que prevean compensaciones por desequilibrios en el momento de la ruptura de la convivencia. Sin embargo, no existe una previsi\u00f3n legal que contemple para el caso de extinci\u00f3n de la pareja una compensaci\u00f3n de ning\u00fan tipo (ni alimenticia en caso de necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro c\u00f3nyuge).<\/p>\n
3.- De forma categ\u00f3rica, sin distinguir entre parejas constituidas por la mera convivencia y parejas formalizadas y sin contemplar tampoco la posibilidad de que por acuerdo de los interesados pudiera excluirse el r\u00e9gimen legal, la sentencia del Tribunal Constitucional 93\/2013, de 23 de abril, declar\u00f3 que las reglas que imponen a los integrantes de una pareja estable el derecho a una pensi\u00f3n sin que as\u00ed lo hayan acordado “vulneran la libertad de decisi\u00f3n consagrada en el art. 10.1 CE, al responder b\u00e1sicamente a un modelo imperativo alejado del r\u00e9gimen dispositivo que resultar\u00eda acorde a las caracter\u00edsticas de las uniones de hecho y a las exigencias del libre desarrollo de la personalidad” [FFJJ 9, 10 b) y c), 11 b) a d), 13].<\/p>\n
En particular, con este argumento el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de las normas contenidas en el articulado de la Ley foral navarra 6\/2000, de 3 de julio, para la igualdad jur\u00eddica de las parejas estables, que permit\u00edan exigir una pensi\u00f3n peri\u00f3dica o una pensi\u00f3n de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a los miembros de una pareja, aunque no hubieran acordado nada sobre el particular. Pero a\u00f1ade la citada sentencia del Tribunal Constitucional que tal declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad lo es “independientemente de que las reglas generales de responsabilidad por enriquecimiento injusto puedan tener su proyecci\u00f3n en determinados supuestos y de que los miembros de la pareja puedan libremente establecer los pactos que tengan por convenientes al respecto, lo que resulta inconstitucional es la imperatividad de la previsi\u00f3n en los t\u00e9rminos referidos”.<\/p>\n
4.- La interpretaci\u00f3n del Tribunal Constitucional ha reforzado la l\u00ednea jurisprudencial de esta sala que de que no cabe aplicar por analog\u00eda legis las normas del matrimonio a los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio o uni\u00f3n de hecho, pero no descarta que pueda recurrirse, en defecto de pacto, a principios generales, como el del enriquecimiento injusto.<\/p>\n
a) En efecto, frente a una l\u00ednea anterior, la sentencia del Pleno 611\/2005, de 12 de septiembre, declar\u00f3 que no cabe la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las normas propias del matrimonio.<\/p>\n
Con posterioridad, se ha reiterado la doctrina de que debe excluirse la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la pensi\u00f3n compensatoria a los supuestos de ruptura de la convivencia en parejas de hecho, bien reiterando la doctrina<\/p>\n
para casos de pensi\u00f3n compensatoria, bien al solucionar otros problemas jur\u00eddicos planteados con ocasi\u00f3n del cese de la convivencia de parejas ( sentencias 927\/2005, de 5 de diciembre, 299\/2008, de 8 de mayo , 1040\/2008, de 30 de octubre, 1155\/2008, de 11 de diciembre, 416\/2011, de 16 de junio, 130\/2014, de 6 de marzo , y 713\/2015, de 16 de diciembre ).<\/p>\n
b) La sala se ha pronunciado sobre la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto en la liquidaci\u00f3n de relaciones patrimoniales entre los miembros de una pareja no matrimonial: bien para apreciar su existencia cuando concurren sus presupuestos ( sentencia 306\/2011, de 6 mayo), bien para negarla cuando existe una normativa espec\u00ed\ufb01ca que regula el supuesto concreto ( sentencia 927\/2005, de 5 de diciembre, en el caso de un condominio regulado por los arts. 392 ss. CC).<\/p>\n
c) De modo se\u00f1alado, la sala se ha ocupado de la aplicaci\u00f3n de la doctrina del enriquecimiento injusto para el reconocimiento de una pensi\u00f3n compensatoria. As\u00ed, se apreci\u00f3 que concurr\u00edan los presupuestos del enriquecimiento en las sentencias 584\/2003, de 17 de junio, y 1016\/2016, de 6 de octubre. Por el contrario, no se aprecia enriquecimiento injusto en los casos que dan lugar a las sentencias 611\/2005, de 12 de septiembre, 387\/2008, de 8 de mayo, y 1040\/2008, de 30 de octubre.<\/p>\n
Debe desde la doctrina expuesta descartarse la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo Civil que pretende esta apelante y frente a la cual se ha opuesto por el demandado, y a \u00e9l se atiende en la sentencia de primera instancia, el pacto regulador de las relaciones econ\u00f3mico patrimoniales que suscribieron los aqu\u00ed litigantes el 30 de junio de 2006 al amparo de la Ley 2\/2003 de 7 de mayo del Parlamento Vasco cuyos art\u00edculos 5 y 6 permiten que las parejas de hecho regulen las relaciones personales y patrimoniales derivadas de su uni\u00f3n mediante documento p\u00fablico o privado, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse, en defecto de pacto expreso a las cl\u00e1usulas que con car\u00e1cter general se establecen en el art\u00edculo 6 de dicha Ley 2\/2003 de 7 de mayo .<\/p>\n
En la Estipulaci\u00f3n 4 de dicho pacto (documento n\u00ba 11 de la contestaci\u00f3n a la demanda) se establece ” 4.- En caso de cese de la pareja de hecho se se\u00f1alar\u00e1 una pensi\u00f3n peri\u00f3dica para la parte que la necesitara para atender adecuadamente su sustento en uno de los siguientes casos:<\/p>\n
a) Si la uni\u00f3n hubiera supuesta disminuci\u00f3n en la capacidad del solicitante de la pensi\u00f3n para obtener ingresos b) Si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo le impidiera la realizaci\u00f3n de actividades laborales o las di\ufb01cultara seriamente ” Y en la estipulaci\u00f3n 5 ” 5.- En caso de cese de la pareja se se\u00f1alar\u00e1 una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del miembro de la pareja que, sin retribuci\u00f3n o con retribuci\u00f3n insu\ufb01ciente, haya trabajado para el hogar com\u00fan o para el otro miembro, en el caso de que se haya generado por este motivo una situaci\u00f3n de desigualdad en el patrimonio de ambos que implique un enriquecimiento injusto” Se aduce por la parte apelante incursa a la Sra. Rita en una suerte de vicio del consentimiento cuando suscribi\u00f3 tal pacto pero no deja de ser \u00e9sta una manifestaci\u00f3n de parte interesada carente de cualquier soporte objetivo en las actuaciones. Y en cualquier caso, seg\u00fan lo que hemos venido indicando, de no atenderse a dicho pacto habr\u00eda de acudirse para el establecimiento de una compensaci\u00f3n al instituto del enriquecimiento injusto que es precisamente al que se remite la transcrita Estipulaci\u00f3n 5. Doctrina del enriquecimiento injusto que como tambi\u00e9n expone la ya citada STS de 15 de enero de 2018 “-.requiere la concurrencia de un aumento del patrimonio del enriquecido, un correlativo empobrecimiento del actor, la falta de causa que justi\ufb01que el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicaci\u00f3n de tal principio “…..”.<\/p>\n
Hasta aqu\u00ed la rese\u00f1a de la sentencia mencionada.<\/p>\n
TERCERO.- Expuestas las anteriores precisiones, y desde el contexto de las mismas es necesario obviamente para llegar a la conclusi\u00f3n debida el an\u00e1lisis de la prueba practicada y en este sentido hemos visto denuncia la parte apelante la err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba.<\/p>\n
En orden a la valoraci\u00f3n de la prueba dec\u00edamos en nuestra sentencia de fecha AP Vizcaya, sec. 3\u00aa, S 31-1-2008 en la cual recog\u00edamos la Sentencia de la sentencia de la PA de Pontevedra de 16 de noviembre de 2006 que re\ufb02ejaba “……………….haci\u00e9ndose eco de variada jurisprudencia son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y espec\u00ed\ufb01ca al ser sobradamente conocidas, las que nos dicen que el recurso de apelaci\u00f3n es de los llamados de plena jurisdicci\u00f3n, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de \u00e9stas tanto la comprobaci\u00f3n de la adecuaci\u00f3n e idoneidad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que se contiene en la resoluci\u00f3n recurrida, como la revisi\u00f3n de todas aquellas operaciones relativas a la valoraci\u00f3n global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a id\u00e9nticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez “a quo”, en la sentencia apelada. Cuando la cuesti\u00f3n debatida por la v\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n es la valoraci\u00f3n de la<\/p>\n
prueba llevada a cabo por el Juez “a quo” sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciaci\u00f3n probatoria realizada por el Juez ante la que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediaci\u00f3n, contradicci\u00f3n, concentraci\u00f3n y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posici\u00f3n, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, as\u00ed como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narraci\u00f3n de los hechos y la raz\u00f3n del conocimiento de \u00e9stos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoraci\u00f3n en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte inform\u00e1tico del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez “a quo”. De ah\u00ed que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 EDJ 1985\/148 , 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990, 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 EDJ 1994\/8153 , entre otras), \u00fanicamente deba ser recti\ufb01cado, bien cuando en verdad sea \ufb01cticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un mani\ufb01esto y claro error del Juzgador “a quo” de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modi\ufb01caci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica establecida en la resoluci\u00f3n apelada. La revisi\u00f3n jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jur\u00eddica claramente perge\u00f1ada por el legislador: infracci\u00f3n de las normas que regulan la valoraci\u00f3n de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnaci\u00f3n de la sentencia ( art\u00edculo 458.1 LEC EDL 2000\/77463 EDL2000\/77463 EDL2000\/77463 )……….”<\/p>\n
Hasta aqu\u00ed la referencia de la sentencia mencionada.<\/p>\n
CUARTO.- Se ha de comenzar se\u00f1alando que son hechos no controvertidos que las partes han formado pareja de hecho en fechas que se han relacionado a\u00f1o 1.998, y\/o a\u00f1o 2,000 y en todo caso la pareja tuvo un hijo en com\u00fan D. Luis Carlos nacido en fecha NUM000 de 2.001. Mediante la oportuna resoluci\u00f3n administrativa en fecha 10 de junio de 2.015 se inscribi\u00f3 la Constituci\u00f3n como Pareja de Hecho de los hoy litigantes en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco con los efectos constitutivos que a tal consideraci\u00f3n le otorga la Ley 2\/2003 Reguladora de Parejas de Hecho. Tras las oportunas declaraciones mediante la correspondiente Resoluci\u00f3n se resuelve cancelar la inscripci\u00f3n de pareja de hecho de los hoy litigantes del registro correspondiente de Parejas de Hecho y ello en fecha 4 de mayo re 2.017.<\/p>\n
Se puede se\u00f1alar, y tal y como lo re\ufb02eja de sentencia de la instancia y as\u00ed resulta que la demandante hab\u00eda convivido con el demandado durante 21 a\u00f1os. Y en todo caso de lo que antecede y como correctamente destaca la sentencia recurrida la pareja de hecho que constituyeron los litigantes dur\u00f3 al menos 17 a\u00f1os.<\/p>\n
Es igualmente determinado que los Srs. Marcos Amparo establecieron y concertaron un pacto regulador de las relaciones econ\u00f3mico-matrimoniales el cual se encuentra re\ufb02ejado en su contenido en los documentos 3 de la demanda y documento 2 A de la contestaci\u00f3n a la demanda. No es necesario transcribir el citado documento dado que la lectura del mismo deviene incontestablemente necesaria y, por dem\u00e1s consta perfectamente delimitado en la sentencia recurrida, siendo de sobra conocido. Es necesario recordar del mismo que acogen el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la pareja el de Separaci\u00f3n de Bienes, estableciendo en el punto 4 como par\u00e1metros para el caso del cese de la convivencia, el se\u00f1alamiento de una pensi\u00f3n peri\u00f3dica para la parte que se viera m\u00e1s necesitada y para atender adecuadamente a su sustento, dentro de los casos que detalla; en el punto 5 para el caso de cese de la convivencia se\u00f1ala compensaci\u00f3n a favor del miembro de la pareja que sin retribuci\u00f3n o con retribuci\u00f3n insu\ufb01ciente haya trabajado para el hogar com\u00fan o para el otro miembro en el caso de que por este motivo se haya generado una situaci\u00f3n de desigualdad.<\/p>\n
Pues bien, expresado lo que antecede, y reexaminadas las actuaciones, estas no permiten llegar a conclusiones divergentes de las explicitadas en la resoluci\u00f3n recurrida, se incide como es visto en el recurso de apelaci\u00f3n en el \u00e1mbito de atenci\u00f3n al hogar de la Sra. Amparo , signi\ufb01cando igualmente aquellas determinaciones que, con relaci\u00f3n a la falta de autonom\u00eda sobre la empresa o las actividades mercantiles ejercidas, ello expuesto sucintamente, respecto del Sr. Marcos se determinaban.<\/p>\n
La sentencia recurrida analiza la prueba practicada as\u00ed en primer lugar la versi\u00f3n del Sr. Marcos que pone de mani\ufb01esto que cuando naci\u00f3 el hijo de ambos Luis Carlos la demandante estuvo al cuidado del menor durante algunos a\u00f1os volviendo posteriormente a trabajar como aut\u00f3noma. Como cada uno ten\u00eda un sector. Que ambos se pusieron por su cuenta. Incidi\u00f3, tal y como destaca la sentencia recurrida que, cada uno ten\u00eda sus bene\ufb01cios, ambos ten\u00edan bene\ufb01cios. Por el contrario, y tal y como destaca la sentencia recurrida y resulta del Acto de Juicio la Sra. Amparo incide en unas manifestaciones contrarias, se\u00f1alando fundamentalmente que solo ha \ufb01rmado n\u00f3minas, que el negocio lo puso el Sr. Marcos sin conocimiento de ella, niega que tuviera empleados en este sentido, explicaba que era una empresa \ufb01cticia creada por el demandado. Incid\u00eda b\u00e1sicamente en el<\/p>\n
hecho del car\u00e1cter \ufb01cticio tanto de la titularidad de los camiones, como de la empresa, se\u00f1alando que todo lo manejaba el Sr. Marcos . En de\ufb01nitiva, ven\u00eda en a\ufb01rmar b\u00e1sicamente que ella no ten\u00eda actuaci\u00f3n independiente alguna en el \u00e1mbito comercial, siendo el Sr. Marcos quien manejaba todo, encontr\u00e1ndose, la misma al margen del control de la actividad mercantil.<\/p>\n
Por dem\u00e1s y a la vista de estas manifestaciones, debe se\u00f1alarse la actividad profesional de la Sra. Amparo resulta b\u00e1sicamente precisado de la documental en que consta su vida laboral durante 15 a\u00f1os 11 meses y cinco d\u00edas, constando posteriormente de Alta en el R\u00e9gimen Especial de Trabajadores Aut\u00f3nomos desde el 1 de Julio de 2.006 hasta el 30 de septiembre de 2.016, aport\u00e1ndose determinadas declaraciones de IRPF y de IVA. Es de rese\u00f1ar y de observar como sus cuentas bancarias de Kutxabank y del BBVA determinan sus ingresos y gastos.<\/p>\n
Igualmente, y respecto del Sr. Marcos consta aportados los documentos que se re\ufb01eren a su actividad profesional as\u00ed declaraciones de IRPF y en ello de la actividad de la empresa. Consta igualmente la existencia de sus cuentas del Banco de Santander y de Kutxabank y de Liberbank en donde aparecen igualmente los ingresos y los gastos, igualmente queda constancia del inmueble Unifamiliar en Resines (Cantabria) afecto a una hipoteca, y de la adquisici\u00f3n de un trastero en DIRECCION000 .<\/p>\n
De la prueba expuesta, y del examen del conjunto de la prueba practicada, las conclusiones que obtiene la sentencia recurrida estimamos son ajustadas a derecho, pues es lo cierto que si bien, se desprende que el Sr. Marcos ostenta una mejor posici\u00f3n econ\u00f3mica, ello no resulta de aquellas premisas de las que parte la parte apelante, es decir la existencia de un desequilibrio por causa del exclusivo cuidado y atenci\u00f3n de la Sra.<\/p>\n
Amparo a la familia, y ello por cuanto que efectivamente tras haber determinado su propia actividad laboral, se dedic\u00f3 de forma exclusiva al cuidado de la familia los primero a\u00f1os de vida del hijo en com\u00fan Luis Carlos , emprendiendo posteriormente su actividad profesional en la empresa de transportes de la que aparece como titular, pese a determinar la Sra. Amparo que ello era un situaci\u00f3n \ufb01cticia, lo que existen documentaci\u00f3n que as\u00ed permite determinarlo.<\/p>\n
Si ello es as\u00ed, y en su consideraci\u00f3n fundamental se parte de una situaci\u00f3n de separaci\u00f3n de bienes, la conclusi\u00f3n que resulta es, la que se\u00f1ala la sentencia recurrida que no se ha precisado un empobrecimiento de la actora, y consiguiente enriquecimiento del actor como consecuencia de la dedicaci\u00f3n a la familia de la Sra. Amparo .<\/p>\n
De lo que antecede procede desestimar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto al estimar que la sentencia recurrida realiza un an\u00e1lisis de la prueba en t\u00e9rminos de sana cr\u00edtica, alejado de car\u00e1cter absurdo o il\u00f3gico de la misma, por lo que procede la con\ufb01rmaci\u00f3n de dicha sentencia.<\/p>\n
No se hace expreso pronunciamiento en costas de esta alzada, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 y 394 de La LEC.<\/p>\n
QUINTO -. La disposici\u00f3n adicional 15.\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisi\u00f3n del recurso y la con\ufb01rmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito.<\/p>\n
VISTOS los preceptos legales citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y en nombre de S.M. el Rey.<\/p>\n
DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACI\u00d3N INTERPUESTO POR LA REPRESENTACI\u00d3N DE LA SRA. Amparo Y CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR EL JUZGADO DE INSTANCIA N\u00ba 8 DE LOS DE BILBAO, EN SUS AUTOS DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO N\u00daMRO 825\/18, Y DE QUE ESTE ROLLO DIMANA Y CONFIRMAMOS DICHA RESOLUCI\u00d3N TODO ELLO SIN EXPRESO PRONUNCIAMIENTO EN COSTAS DE ESTA ALZADA.<\/p>\n
Trans\ufb01\u00e9rase el dep\u00f3sito por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos inadmitidos y desestimados.<\/p>\n
MODO DE IMPUGNACI\u00d3N: contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC).<\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante<\/p>\n
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC).<\/p>\n
Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4703 0000 00 0366 20. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n
Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
Firme que sea la presente resoluci\u00f3n, devu\u00e9lvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con certi\ufb01caci\u00f3n literal de esta resoluci\u00f3n, para su conocimiento y ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n
PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la \ufb01rman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certi\ufb01co.<\/p>\n
_________________________________________________________________________________________________________________________ La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n
Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n
_________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pareja de hecho inscrita con pacto regulador de relaciones patrimoniales y previsi\u00f3n de pensi\u00f3n peri\u00f3dica para la parte m\u00e1s necesitada de protecci\u00f3n en caso de ruptura en los casos que detalla. No concurren. No cabe aplicar por analog\u00eda legis las normas del matrimonio a la ruptura de la convivencia more uxorio.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[2294,2288,2295,1049,2296],"materia":[1174],"organo":[1883],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13449","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-cese-convivencia","tag-ley-2-2003","tag-pacto-regulador-relaciones-patrimoniales","tag-pareja-de-hecho-inscrita","tag-pension-compensatoria","materia-ley-2-2003-de-7-de-mayo-reguladora-de-las-parejas-de-hecho","organo-seccion-3a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13449"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13449"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13449"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13449"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}