Resoluci\u00f3n de 13 de marzo de 2024, de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Bilbao n.\u00ba 10, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un decreto de adjudicaci\u00f3n en una ejecuci\u00f3n hipotecaria seguida contra la herencia yacente de la titular registral.<\/p>\n
En el recurso interpuesto por do\u00f1a M. L. B., procuradora de los tribunales, en nombre y representaci\u00f3n de \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb, contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la Propiedad de Bilbao n\u00famero 10, do\u00f1a Mar\u00eda Jos\u00e9 Miranda de las Heras, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un decreto de adjudicaci\u00f3n en una ejecuci\u00f3n hipotecaria seguida contra la herencia yacente de la titular registral.<\/p>\n
Hechos I En decreto dictado el d\u00eda 15 de diciembre de 2022 por el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 8 de Bilbao, reca\u00eddo en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria n\u00famero 792\/2021, seguido a instancia de \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb, se acord\u00f3 la adjudicaci\u00f3n a favor de la entidad actora de una vivienda, finca registral n\u00famero 3.642 de Sondika, inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao n\u00famero 10.<\/p>\n
II<\/p>\n
\u00abDe conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 322 de la Ley Hipotecaria, pongo en su conocimiento que el testimonio expedido por don J. D. P., como Letrado del Juzgado de Primera Instancia n\u00famero ocho de Bilbao, con fecha dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s del Decreto de quince de diciembre de dos mil veintid\u00f3s y del Decreto aclaratorio de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s, dictados en procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria n\u00famero 792\/2021-B, que motiv\u00f3 el asiento de presentaci\u00f3n n\u00famero 1200 del Diario 49, presentada en este Registro de Bilbao N\u00famero 10, el d\u00eda veinticuatro de marzo de dos mil veintitr\u00e9s [sic], entrada 1469, en uni\u00f3n de la aportaci\u00f3n con fecha diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s de un testimonio judicial librado por el<\/p>\n
Presentado testimonio expedido el d\u00eda 18 de enero de 2023 por don J. D. P., letrado del Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 8 de Bilbao, compresivo del citado decreto de fecha 15 de diciembre de 2022, y de decreto aclaratorio de fecha 19 de diciembre de 2022, en el Registro de la Propiedad de Bilbao n\u00famero 10, fue objeto de la siguiente nota de calificaci\u00f3n:<\/p>\n
mismo Letrado con fecha cuatro de octubre de dos mil veintitr\u00e9s, ha sido calificada con nota negativa de suspensi\u00f3n con fecha de hoy, del siguiente tenor literal: ”Calificado el precedente documento no se accede a la inscripci\u00f3n solicitada teniendo en cuenta los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:<\/p>\n
Hechos:<\/p>\n
Se pretende la inscripci\u00f3n de un decreto de adjudicaci\u00f3n en una ejecuci\u00f3n hipotecaria seguida contra la herencia yacente de la titular registral e hipotecante, sin que se justifique la demanda a los herederos de la misma o al Estado o Comunidad Aut\u00f3noma de Pa\u00eds Vasco. Tampoco consta la situaci\u00f3n arrendaticia de la vivienda que se ejecuta.<\/p>\n
En cuanto al primer defecto, la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su art\u00edculo 540 establece que la ejecuci\u00f3n podr\u00e1 continuarse frente al que se acredite que es el sucesor de quien en el t\u00edtulo ejecutivo aparezca como ejecutado. Y para acreditar esta sucesi\u00f3n habr\u00e1n de presentarse al Tribunal los documentos fehacientes en que aqu\u00e9lla conste. Si se hubiera despachado ya ejecuci\u00f3n, se notificar\u00e1 la sucesi\u00f3n al ejecutado, continu\u00e1ndose la ejecuci\u00f3n frente a quien resulte ser sucesor.<\/p>\n
Para los casos en que la herencia no haya sido aceptada por los herederos, el art\u00edculo 798 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil determina que el administrador de los bienes representar\u00e1 a la herencia en todos los pleitos que estuviesen principiados al fallecer el causante.<\/p>\n
Esta doctrina ha sido matizada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2021 que comienza reconociendo que, con car\u00e1cter general, el registrador debe verificar que la titular registral o, caso de haber fallecido, sus herederos, han tenido posibilidad de ser parte en el proceso. No obstante, advierte el Tribunal que, como ya hab\u00eda sostenido en su Sentencia de 3 de marzo de 2011, si existiera alg\u00fan indicio de la existencia de cualquier heredero, previa averiguaci\u00f3n de su identidad y domicilio, habr\u00eda de darse cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: ”Por disposici\u00f3n del Tribunal, tambi\u00e9n se notificar\u00e1 la pendencia del proceso a las personas que, seg\u00fan los mismos autos, puedan verse afectadas por la resoluci\u00f3n que ponga fin al procedimiento. Esta comunicaci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes est\u00e1n utilizando el proceso con fines fraudulentos. Con car\u00e1cter general, cuando se demande a los ignorados herederos de una persona que ha fallecido sin otorgar testamento y no se conozcan parientes con derecho a la sucesi\u00f3n intestada ni concurran indicios de su existencia el juzgado deber\u00eda notificar la pendencia del proceso al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros, en aplicaci\u00f3n de lo prescrito en el citado art\u00edculo 150.2 LEC. Esta norma, se complementa con otras que tratan de preservar el inter\u00e9s del Estado y, en general las administraciones p\u00fablicas, respecto de los derechos sucesorios que pudieran corresponderle. En concreto, se complementa con el art\u00edculo 6 del RD 1373\/2009, de 28 de agosto, que aprueba el Reglamento General de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas, que con car\u00e1cter general dispone: \u20181. Los que por raz\u00f3n de su cargo o empleo p\u00fablico tuvieran noticia del fallecimiento intestado de alguna persona que carezca de herederos leg\u00edtimos, estar\u00e1n obligados a dar cuenta del mismo a la Delegaci\u00f3n de Econom\u00eda y Hacienda de la provincia en la que, seg\u00fan su informaci\u00f3n, el causante hubiera tenido su \u00faltimo domicilio\u2019 Y tambi\u00e9n con el art\u00edculo 791.2 LEC que, en caso de intervenci\u00f3n judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesi\u00f3n intestada, junto a la ocupaci\u00f3n de los libros, papeles y correspondencia del difunto, y el inventario y dep\u00f3sito de bienes, prescribe: \u2018En la misma resoluci\u00f3n ordenar\u00e1 de oficio la comunicaci\u00f3n a la Delegaci\u00f3n de Econom\u00eda y Hacienda correspondiente por si resultare procedente la<\/p>\n
Fundamentos de Derecho:<\/p>\n
declaraci\u00f3n de heredero abintestato a favor del Estado, con traslado del resultado de las diligencias realizadas y de la documentaci\u00f3n recabada al amparo del apartado 1\u2019\u201d.<\/p>\n
A la vista de la se\u00f1alada Sentencia, la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica ha completado su doctrina para estos casos concluyendo que cuando se demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades: a) Que se conozca o se tengan indicios de la existencia de concretas personas llamadas a la herencia. En este caso, habr\u00e1 de dirigirse la demanda contra estos herederos, previa averiguaci\u00f3n de su identidad y domicilio, b) Que no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes conocidos con derecho a la sucesi\u00f3n intestada). En estos supuestos, adem\u00e1s de emplazar a los ignorados herederos por edictos, se debe comunicar al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al citado art\u00edculo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n
En cuanto a las notificaciones, debe recordarse que la notificaci\u00f3n por v\u00eda edictal tiene car\u00e1cter supletorio y excepcional y solo debe emplearse cuando se hayan agotado, razonablemente, las posibilidades de efectuar una notificaci\u00f3n personal. En esa l\u00ednea, la reciente Sentencia n\u00famero 26\/2020, de 24 de febrero, de la sala Primera del Tribunal Constitucional ha vendido a recoger y concretar su doctrina a prop\u00f3sito de la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 24.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola por las notificaciones por edictos reiterando dicho car\u00e1cter excepcional.<\/p>\n
En el caso que nos ocupa, el procedimiento se ha seguido contra la herencia yacente de la titular registral, constando que \u201cse notific\u00f3 la resoluci\u00f3n al ejecutado\u201d, desconoci\u00e9ndose la forma en que se han hecho las citaciones y sin que se aclare a qu\u00e9 ejecutado se refiere.<\/p>\n
Tras la resoluci\u00f3n de 25 de julio de 2023 desestimatoria del recurso gubernativo interpuesto por la Caja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito, se vuelve a presentar en este Registro de la Propiedad la misma documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada de nuevos documentos, en concreto: el Libro de Familia, certificado de defunci\u00f3n, certificado negativo del Registro General de Actos de \u00daltima Voluntad de do\u00f1a N. B. Z. G. y la escritura p\u00fablica de renuncia a su herencia de sus tres hijas.<\/p>\n
Pues bien, una vez acreditado ante este Registro de la Propiedad que do\u00f1a N. B. Z. G. ha fallecido sin testamento, que existen tres hijas quienes probablemente pudieran haber sido las personas llamadas a la herencia aunque no se ha aportado el acta de declaraci\u00f3n de herederos abintestato, y acreditado tambi\u00e9n que estas tres hijas han renunciado en escritura p\u00fablica a la herencia de su madre, sigue siendo necesario emplazar a los ignorados herederos por edictos, as\u00ed como comunicar al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al citado art\u00edculo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n
Como establece la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica en resoluci\u00f3n de 25 de abril de 2017, en los casos de procedimientos seguidos contra la herencia yacente del titular registral, a la vista de la renuncia de los hijos y herederos de \u00e9ste, el juez, ante la posibilidad de que el Estado se convirtiera en heredero, debe dar traslado d\u00e9 la demanda ejecutiva al abogado del Estado.<\/p>\n
Y es que lo realmente decisivo es si la ejecuci\u00f3n se ha dirigido frente a alguna persona cierta y determinada que pueda considerarse como interesada en la herencia, situaci\u00f3n que no concurre en este caso porque ninguna de las tres hijas ha sido demandada y adem\u00e1s, las tres han renunciado a la herencia de su mache. Adem\u00e1s en la nueva documentaci\u00f3n aportada consta una diligencia de ordenaci\u00f3n del Juzgado, de fecha 23 de noviembre de 2021, que dice textualmente que \u201cno ha lugar a tener por subrogadas a L. G. Z., A. G. Z. y B. E. G. Z. en la posici\u00f3n qu\u00e9 ocupaba N. B. Z. G. como parte ejecutada\u201d.<\/p>\n
En cuanto al segundo defecto, relativo a la declaraci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n arrendaticia de la vivienda adjudicada, es doctrina reiterada de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica que, en los supuestos de transmisi\u00f3n judicial de una finca, se dan<\/p>\n
los derechos de tanteo y retracto establecidos en la Ley y que, por consiguiente, es necesario para su inscripci\u00f3n que se justifique haberse hecho las notificaciones oportunas para su ejercicio o, en otro caso, la manifestaci\u00f3n sobre la libertad de arrendamientos de la finca adjudicada. La doctrina expuesta no ser\u00e1 aplicable cuando se trate de arrendamientos de vivienda concertados, bien antes de entrar en vigor de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos introducida por la Ley 4\/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilizaci\u00f3n y fomento del mercado del alquiler de viviendas, esto es, el 6 de junio de 2013; o bien tras la entrada en vigor el Real Decreto-ley 7\/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, es decir, a partir del d\u00eda 6 de marzo de 2019.<\/p>\n
El art\u00edculo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que en caso de enajenaci\u00f3n forzosa derivada de una ejecuci\u00f3n hipotecaria, el arrendatario de vivienda tendr\u00e1 derecho a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco a\u00f1os de duraci\u00f3n del contrato, por tanto, es necesario que se declare la situaci\u00f3n arrendaticia de la finca porque, al tratarse de una vivienda, el posible arrendamiento subsistir\u00eda durante el plazo de cinco a\u00f1os desde su formalizaci\u00f3n.<\/p>\n
Respecto de este segundo defecto tambi\u00e9n se aporta ahora nueva documentaci\u00f3n consistente en una copia del acta de lanzamiento firmada por la comisi\u00f3n judicial encargada de la misma. Pero este documento no puede suplir a la declaraci\u00f3n de la situaci\u00f3n arrendaticia de la finca que, en la adjudicaci\u00f3n por subasta, tiene que realizar el adjudicatario porque la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica al tratar la forma en que debe hacerse constar la libertad de arrendamiento de la finca para que la inscripci\u00f3n pueda realizarse, dadas las particularidades de la transmisi\u00f3n en estos casos, establece que dicha manifestaci\u00f3n puede y debe hacerla el adquirente en las propias actuaciones judiciales, ante notario, o mediante instancia firmada o ratificada ante el registrador, no bastando una mera alegaci\u00f3n de que del procedimiento no resulta la existencia de arrendatarios y sin que la misma pueda ser inferida de otros datos o documentos, al ser una manifestaci\u00f3n de contenido expreso y especifico. As\u00ed, en caso de que la finca se halle arrendada, es el nuevo propietario quien, a fin de cuentas, tiene la obligaci\u00f3n de notificar al arrendatario para que ejercite el retracto cuando el vendedor no cumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n de notificarle la venta que iba a realizar para que pudiera ejercer el tanteo (art\u00edculo 25.3 de la de la Ley 29\/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos).<\/p>\n
Vistos los art\u00edculos 18,20 de la Ley Hipotecaria, 100, 166.1 de su Reglamento, 150.2, 522.1, 540, 790, 791, 795 y 798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, 110 a 117 de la Ley 5\/2015 de 25 de junio de Derecho Civil Vasco, 930 a 958 bis del C\u00f3digo Civil, 13 y 25.3 de la Ley de arrendamientos urbanos, Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2020 y 9 de septiembre de 2021 y Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de febrero de 2020 y Resoluciones de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica de 25 de abril de 2017, 14 y 25 de octubre de 2021, 1 de febrero, 10 de agosto, 24 de octubre y 2 de diciembre de 2022, 14 de febrero de 2023 y 28 de julio de 2023, resulta la siguiente Calificaci\u00f3n:<\/p>\n
Se suspende la inscripci\u00f3n solicitada por los siguientes defectos:<\/p>\n
1. No se acredita que se haya comunicado al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros, de la pendencia del proceso.<\/p>\n
2. No consta la situaci\u00f3n arrendaticia de la vivienda que es objeto de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
No se practica anotaci\u00f3n de suspensi\u00f3n por no haberse solicitado.<\/p>\n
Contra esta calificaci\u00f3n (\u2026) La registradora Fdo. Mar\u00eda Jos\u00e9 Miranda de las Heras. Este documento ha sido firmado con firma electr\u00f3nica cualificada por Mar\u00eda Jos\u00e9 Miranda de las Heras registrador\/a de Registro Propiedad de Bilbao 10 a d\u00eda diecinueve de octubre del dos mil veintitr\u00e9s.\u00bb<\/p>\n
III Solicitada calificaci\u00f3n sustitutoria, correspondi\u00f3 la misma al registrador de la Propiedad de Gernika-Lumo, don Germ\u00e1n Barbier Gaminde, quien, mediante nota de fecha 14 de noviembre de 2023, confirm\u00f3 la calificaci\u00f3n de la registradora de la Propiedad de Bilbao n\u00famero 10.<\/p>\n
IV Contra la nota de calificaci\u00f3n sustituida, do\u00f1a M. L. B., procuradora de los tribunales, en nombre y representaci\u00f3n de \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb, interpuso recurso el d\u00eda 13 de diciembre de 2023 con arreglo a las siguientes alegaciones:<\/p>\n
\u00abAntecedentes de hecho:<\/p>\n
En el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria se han practicado las actuaciones que a continuaci\u00f3n se detallan y que han quedado debidamente acreditadas con la documentaci\u00f3n que ha sido aportada al expediente:<\/p>\n
Hace menci\u00f3n al Exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 8 de Bilbao al Juzgado de Sondika, se trata del exhorto inicial, el que se remiti\u00f3 en origen para notificar la demanda con sus documentos anexos y el auto despachando ejecuci\u00f3n y requerir de pago a la demandada N. B. Z. G.<\/p>\n
La diligencia de notificaci\u00f3n y requerimiento es de fecha 13.09.2021 y se practica con la persona provista de n\u00fam. de DNI (\u2026), que es A. G. Z. (por error el funcionario indica que comparece la demandada que en esa fecha ya estaba fallecida).<\/p>\n
De igual modo, da traslado del escrito de manifestaciones de 24.09.2021 presentado por una de las hijas, B. E. G. Z. con fecha de entrada en el Decanato de Bilbao el 27.09.2021 con el acompa\u00f1a copia de su DNI y certificado literal de defunci\u00f3n de su madre N. B. Z. G.<\/p>\n
\u2013 El 10.06.2021 Caja Laboral present\u00f3 demanda de ejecuci\u00f3n hipotecaria frente a do\u00f1a N. B. Z. G.; turn\u00e1ndose en el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 08 de Bilbao autos 792\/2021-B.<\/p>\n
\u2013 El 18.06.2021 se dict\u00f3 auto despachando ejecuci\u00f3n a favor de Caja Laboral Popular Cooperativa de Cr\u00e9dito, parte ejecutante, contra N. B. Z. G., parte ejecutada sobre el bien hipotecado cuya inscripci\u00f3n a favor de Caja Laboral se pretende y que es la vivienda del piso (\u2026) finca registral n\u00fam. 3.642 de Sondika, inscrita en el Registro de la Propiedad n.\u00ba 10 de Bilbao, al libro 67, folio 168, N\u00famero fijo: N-9869331-N. As\u00ed mismo, se requiere de pago a la ejecutada.<\/p>\n
\u2013 El 15.09.2021 Caja Laboral presenta un escrito en el que se pone en conocimiento del Juzgado que est\u00e1 conociendo de la causa, del fallecimiento de la demandada N. B. Z. G. el 15\/08\/2021, hecho que ha tenido conocimiento a trav\u00e9s de una de sus hijas, L. Z. G., aportando como documentaci\u00f3n acreditativa de este extremo: el certificado literal de defunci\u00f3n, el Libro de Familia, as\u00ed como Copia del DNI de L. Z. G. En dicho escrito, adem\u00e1s, Caja Laboral comunica el domicilio de otra de sus hijas, A. G. Z. y hace constar que la fallecida se encontraba divorciada.<\/p>\n
\u2013 El 17.09.2021 el Juzgado dicta Diligencia de Ordenaci\u00f3n que une nuestro escrito de 15.09.2021, tiene por acreditado documentalmente el fallecimiento de N. B. Z. G. y por identificados los nombres y domicilios de los sucesores de N. B. Z. G. y en base a ello acuerda de conformidad con el art\u00edculo 16.2 LEC notificar a las sucesoras de la existencia del proceso y se les emplaza para que comparezcan, y suspender el curso del proceso.<\/p>\n
\u2013 El 23.11.2021 se dicta Diligencia de Ordenaci\u00f3n la cual contiene varios pronunciamientos, entre los cuales se encuentran los siguientes:<\/p>\n
As\u00ed mismo, dicha diligencia de ordenaci\u00f3n da traslado de un escrito de 09.11.2021 presentado conjuntamente por las 3 hijas de la fallecida N. B. Z. G. con el que aportan a los autos la escritura de renuncia de los derechos hereditarios que les pudieran corresponder de su madre. En la misma se indica que la fallecida se encontraba divorciada.<\/p>\n
En base a ello, el Juzgado acuerda no ha lugar a tener por subrogadas a L. G. Z., A. G. Z. y B. E. G. Z.<\/p>\n
El 13.12.2021 Caja Laboral aporta a los autos el Certificado de \u00daltimas Voluntades expedido con fecha 07.12.2021, la fallecida no otorg\u00f3 testamento.<\/p>\n
El 17.12.2021 el Juzgado dicta Diligencia de Ordenaci\u00f3n que acuerda:<\/p>\n
1. continuar la ejecuci\u00f3n frente a la herencia yacente de N. B. Z. G., la cual pasa a ocupar la posici\u00f3n como ejecutada que ostentaba la Sra. Z. G.<\/p>\n
2. Requerir de pago a la herencia yacente de N. B. Z. G. por medio de edictos.<\/p>\n
3. Notificar del auto despachando ejecuci\u00f3n de 18.06.2021 a la herencia yacente de N. B. Z. G.<\/p>\n
El 10.01.2022 el Juzgado dicta Diligencia de Ordenaci\u00f3n que une ejemplar de la publicaci\u00f3n en el BOE de 21.12.2021 de requerimiento de pago a la herencia yacente de la Sra. Z. G.<\/p>\n
El 09.09.2022 recae Decreto que acuerda convocar subasta sobre la finca ejecutada notificando por edictos a la herencia yacente de N. B. Z. G. y como interesadas a las hijas de la finada Sra. Z.<\/p>\n
Celebrada la subasta del inmueble objeto de ejecuci\u00f3n, la misma no recibi\u00f3 pujas, solicitando Caja Laboral la adjudicaci\u00f3n del inmueble a su favor.<\/p>\n
El 15.12.2022 recay\u00f3 decreto de adjudicaci\u00f3n a favor de Caja Laboral del inmueble cuya inscripci\u00f3n se pretende, el mismo fue posteriormente rectificado por resoluci\u00f3n de 19.12.2022.<\/p>\n
Ambas resoluciones devinieron firmes: (\u2026) Fundamentos de Derecho:<\/p>\n
Sobre la calificaci\u00f3n del registrador de la Propiedad.<\/p>\n
Previa. Improcedencia de la calificaci\u00f3n negativa.<\/p>\n
Entiende esta parte que dicha calificaci\u00f3n no es ajustada a Derecho puesto que se han cumplido con todas las exigencias y garant\u00edas legales en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria (\u2026) I.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el primer defecto a que alude la calificaci\u00f3n:<\/p>\n
1. No se acredita que se haya comunicado al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n a falta de otros, de la pendencia del proceso.<\/p>\n
T\u00edtulo v\u00e1lido y suficiente para inscribir.<\/p>\n
Tal y como establece el art\u00edculo 673 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el testimonio del decreto de adjudicaci\u00f3n: \u201cSer\u00e1 t\u00edtulo bastante para la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad el testimonio, expedido por el Secretario Judicial, del decreto de adjudicaci\u00f3n, comprensivo de la resoluci\u00f3n de aprobaci\u00f3n del remate, de la adjudicaci\u00f3n al acreedor o de la transmisi\u00f3n por convenio de realizaci\u00f3n o por persona o entidad especializada, y en el que se exprese, en su caso, que ha consignado el precio, as\u00ed como las dem\u00e1s circunstancias necesarias para la inscripci\u00f3n con arreglo a la legislaci\u00f3n hipotecaria\u201d.<\/p>\n
El Registrador de la Propiedad se debe adecuar a la realidad f\u00e1ctica inscribiendo la finca a nombre de su actual propietario (que legalmente lo es, est\u00e9 inscrita la finca a su nombre o no, ya que nuestro Ordenamiento Jur\u00eddico no impone la obligatoriedad de la inscripci\u00f3n registral).<\/p>\n
a)<\/p>\n
Es un derecho acreditado que el Juzgado ha dictado una resoluci\u00f3n firme, adjudicando la finca objeto de la presente reclamaci\u00f3n a favor de mi representada y ordenando la cancelaci\u00f3n de la hipoteca ejecutada y de las cargas posteriores a la misma.<\/p>\n
En el caso de que el Juzgado admitiera la argumentaci\u00f3n recogida en la calificaci\u00f3n, ello implicar\u00eda admitir la \u201cnulidad\u201d de actuaciones en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria retrotrayendo las actuaciones al momento de presentaci\u00f3n de la demanda, en el que habr\u00eda que notificar la pendencia del proceso al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n
En el caso que, nos ocupa, consta en autos la escritura de renuncia de derechos hereditarios de los llamados a la herencia. Este hecho acredita totalmente que \u00e9stos conoc\u00edan la existencia de las deudas y derechos y, habi\u00e9ndolo sopesado, decidieron renunciar a la misma.<\/p>\n
En el presente caso, la Sra. Registradora se excede en su funci\u00f3n calificadora entrando a valorar y cuestionar la actuaci\u00f3n del Sr. Juez que ha dictado la resoluci\u00f3n judicial que acuerda la adjudicaci\u00f3n del inmueble a favor de Caja Laboral que se niega a inscribir, lo que, sin duda, es una funci\u00f3n que compete en exclusiva al \u00f3rgano judicial, no correspondiendo al Registrador de la Propiedad determinar la eficacia o validez de las actuaciones practicadas por el Juzgado.<\/p>\n
El art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario faculta al Registrador para examinar las formalidades extr\u00ednsecas del documento, no las formalidades intr\u00ednsecas de un procedimiento judicial del que es responsable el Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia, correspondiendo a \u00e9l como garante del procedimiento, supervisar si se han cumplido las normas procesales, y tambi\u00e9n si han sido emplazados todos los agentes a quienes puede interesar o afectar la resoluci\u00f3n final.<\/p>\n
En este caso, se dict\u00f3 una sentencia que declarada firme, lo que significa que, lo ordenado por el Magistrado en su fallo debe cumplirse en sus propios t\u00e9rminos, no pudiendo la Sra. Registradora atribuirse facultades que no le corresponden y que ni siquiera le otorga la norma.<\/p>\n
Notificaci\u00f3n del procedimiento conforme a la LEC.<\/p>\n
Como consta en la documentaci\u00f3n aportada a este expediente las notificaciones se practicaron conforme a la LEC y adem\u00e1s mediante edictos y publicaci\u00f3n en el BOE.<\/p>\n
Asimismo, como se ha indicado, se hace constar expresamente que los sucesores llamados a la herencia de la fallecida se personaron en el procedimiento de ejecuci\u00f3n comunicando el fallecimiento de la demandada y aportaron al mismo la escritura de renuncia de derechos hereditarios.<\/p>\n
En base a lo anterior, el Sr. Juez acord\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n frente a la herencia yacente de la Sra. Z. G., acordando notificar a la misma el auto despachando ejecuci\u00f3n y requiri\u00e9ndosele de pago por medio de edictos conviniendo su publicaci\u00f3n en el BOE.<\/p>\n
Continuando el procedimiento por sus tr\u00e1mites legalmente establecidos, celebrada la subasta, por decreto firme de fecha 15.12.2022, se aprueba la adjudicaci\u00f3n a favor del acreedor hipotecario de la finca hipotecada.<\/p>\n
La negativa de la Sra. Registradora a inscribir el decreto de adjudicaci\u00f3n firme radica en la falta de notificaci\u00f3n del procedimiento al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, por considerar que el emplazamiento por edictos no era suficiente.<\/p>\n
La argumentaci\u00f3n vertida en la nota de calificaci\u00f3n nada tiene que ver con el supuesto que nos ocupa, no estamos en un supuesto en el que no existan interesados en la herencia, sino que, existen y \u00e9stos han renunciado a la misma.<\/p>\n
La Doctrina de la DGRN impone que toda actuaci\u00f3n que pretenda tener reflejo registral debe articularse, entre otros, mediante la intervenci\u00f3n en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015).<\/p>\n
Si bien, en ning\u00fan caso se considera al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma personas determinadas como posibles llamados a la herencia, \u00e9stos, en este caso podr\u00edan haber sido<\/p>\n
b)<\/p>\n
conocedores de este procedimiento pues, el edicto estuvo disponible en el tabl\u00f3n de anuncios el plazo legalmente establecido y fue adem\u00e1s publicado en el BOE.<\/p>\n
La Sentencia del Tribunal Supremo 141\/2011, de 3 de marzo, viene a decir que cuando se demande a los ignorados herederos de una persona que ha fallecido sin otorgar testamento y no se conozcan parientes con derecho a la sucesi\u00f3n intestada ni concurran indicios de su existencia, el Juzgado deber\u00eda notificar la pendencia del proceso al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la v\u00eda civil. Reiteramos, en este caso, si se conoc\u00edan parientes con derecho a la herencia, con lo cual no resulta preciso la notificaci\u00f3n al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea se pronuncia la reciente Resoluci\u00f3n de 10 de mayo de 2023 de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, a la vista de la se\u00f1alada Sentencia, este Centro Directivo modific\u00f3 la doctrina para estos casos, afirmando que cuando se demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades:<\/p>\n
\u2013 Que se conozca o se tenga indicios de la existencia de concretas personas llamadas a la herencia. En este caso, habr\u00e1 de dirigirse la demanda contra las mismas, previa averiguaci\u00f3n de su identidad y domicilio.<\/p>\n
\u2013 O que no se conozca o no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes conocidos con derecho a la sucesi\u00f3n intestada). En estos supuestos, adem\u00e1s de emplazar a los ignorados herederos por edictos, se debe comunicar al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada af [sic] falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al art\u00edculo 150.2 de la LEC.<\/p>\n
II.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el segundo defecto a que alude la calificaci\u00f3n:<\/p>\n
2.<\/p>\n
No consta la situaci\u00f3n arrendaticia de la vivienda que es objeto de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
Se hace preciso indicar que Caja Laboral ya tiene posesi\u00f3n del inmueble cuya inscripci\u00f3n se pretende, pues la toma de posesi\u00f3n judicial se celebr\u00f3 el pasado 15.06.2023 como ya se dej\u00f3 constancia en este expediente mediante la aportaci\u00f3n de la correspondiente Diligencia de Ordenaci\u00f3n de 19.06.2023 que acordaba dejar unida a autos el Acta de Lanzamiento de la vivienda de fecha 15 de junio de 2023.<\/p>\n
En el propio Acta de Lanzamiento se constata que la vivienda se encontraba vac\u00eda y libre de ocupantes, otorgando la autoridad judicial a Caja Laboral la plena posesi\u00f3n de la misma.<\/p>\n
Por otro lado, cabe matizar que no consta inscripci\u00f3n alguna de arrendamiento en el Registro de la Propiedad.\u00bb<\/p>\n
V La registradora de la Propiedad emiti\u00f3 informe el d\u00eda 29 de diciembre de 2023 ratific\u00e1ndose en su nota de calificaci\u00f3n y elev\u00f3 el expediente a esta Direcci\u00f3n General.<\/p>\n
Trasladado lo anterior al caso nos ocupa, es claro que nos encontramos ante el primero de los supuestos. El Juzgado consider\u00f3 la existencia de posibles herederos; la demandada falleci\u00f3 con posterioridad a haberse interpuesto la demanda y las herederas interesadas en la herencia se personaron en el procedimiento comunicando el fallecimiento y adem\u00e1s que hab\u00edan renunciado a la herencia, aportando la escritura notarial de renuncia.<\/p>\n
Es por ello que, a la vista de la documentaci\u00f3n presentada y de la recient\u00edsima doctrina mantenida por este Centro Directivo, las notificaciones practicadas en el procedimiento de ejecuci\u00f3n resultan suficientes, no siendo exigible la notificaci\u00f3n al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n
El juez ha considerado suficiente la legitimaci\u00f3n pasiva de la herencia yacente, considerando suficiente el emplazamiento edictal efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la herencia.<\/p>\n
Fundamentos de Derecho Vistos los art\u00edculos 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola; 2, 3, 18, 20, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria; 6, 150 y 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 100 y 140 del Reglamento Hipotecario; la Sentencia del Tribunal Constitucional n\u00famero 26\/2020, de 24 de febrero; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1992, 7 de julio de 2005, 12 de junio de 2008, 3 de marzo de 2011, 28 de junio y 21 de octubre de 2013, 6 de febrero de 2020 y 9 de octubre de 2021; las Resoluciones de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado de 27 de noviembre de 2002, 7 y 8 de abril de 2003, 23 de marzo y 22 de junio de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto de 2008, 6 de junio y 11 de julio de 2009, 8 de noviembre de 2010, 2 de septiembre de 2011, 11 de mayo de 2012, 28 de enero, 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 29 de enero, 8 de mayo y 2 de octubre de 2014, 29 de enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 de mayo, 17 de julio, 22 de octubre y 9 de diciembre de 2015, 17 de marzo, 17 de mayo, 8 y 23 de septiembre, 4 de octubre y 15 de noviembre de 2016, 22 de mayo, 18 de octubre y 18 de diciembre de 2017, 15 de febrero, 20 de julio, 15 de noviembre y 18 de diciembre de 2018 y 17 de enero, 8 de mayo, 6 de septiembre, 4 de noviembre y 12 de diciembre de 2019, y las Resoluciones de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica de 10 de agosto, 30 de septiembre y 19 de octubre de 2020, 14 y 28 de enero, 3 de febrero, 18 de mayo, 23 de julio y 14 y 25 de octubre de 2021, 1 de febrero, 24 de octubre y 2 de diciembre de 2022 y 14 de febrero, 20 de abril, 10 de mayo y 25 de julio de 2023 (esta \u00faltima, relativa al mismo supuesto de hecho).<\/p>\n
1. Se discute en este expediente si es inscribible o no la adjudicaci\u00f3n resultante de un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria seguido contra la herencia yacente de la titular registral e hipotecante.<\/p>\n
En decreto dictado el d\u00eda 15 de diciembre de 2022 reca\u00eddo en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria n\u00famero 792\/2021-B, seguido en el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 8 de Bilbao a instancia de \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb, frente a la herencia yacente de do\u00f1a N. B. Z. G., se acord\u00f3 la adjudicaci\u00f3n a favor de la entidad actora de una vivienda, finca registral n\u00famero 3.642 de Sondika, inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao n\u00famero 10.<\/p>\n
La registradora suspendi\u00f3 la inscripci\u00f3n solicitada por dos defectos: (i) no resultar acreditado el fallecimiento de do\u00f1a N. B. Z. G. ni que la demanda se haya dirigido personalmente contra alguno de sus herederos o, en defecto de \u00e9stos, se haya justificado la notificaci\u00f3n por edictos a los ignorados herederos as\u00ed como la comunicaci\u00f3n de la pendencia del proceso al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros; y (ii) no constar la situaci\u00f3n arrendaticia de la vivienda que es objeto de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
La recurrente niega que sea necesario notificar la pendencia del procedimiento al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, porque ese requisito resulta exigible cuando no existan interesados en la herencia y, en este caso, existen y han renunciado a la misma. En cuanto al segundo de los defectos, sostiene que del acta de lanzamiento que se acompa\u00f1a resulta que la vivienda se encuentra vac\u00eda y libre de ocupantes y adem\u00e1s no consta inscripci\u00f3n alguna de arrendamiento en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n
2. El primero de los defectos se\u00f1alados ya fue recurrido ante este Centro Directivo, que se pronunci\u00f3 al respecto en Resoluci\u00f3n de 25 de julio de 2023, confirmando la calificaci\u00f3n de la registradora. Ahora, sin embargo, la registradora reconoce en su informe que ya ha sido acreditado ante el Registro tanto el fallecimiento de do\u00f1a N. B. Z.<\/p>\n
G como la renuncia de tres hijas a la herencia con la pertinente escritura p\u00fablica, pero no as\u00ed su condici\u00f3n de herederas mediante la correspondiente declaraci\u00f3n de herederos (do\u00f1a N. B. Z. G. falleci\u00f3 intestada) y mantiene que sigue siendo necesario emplazar a los ignorados herederos por edictos, as\u00ed como comunicar al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al art\u00edculo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n
Para analizar esta cuesti\u00f3n conviene tener en cuenta los siguientes datos:<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 10 de junio de 2021 la recurrente present\u00f3 demanda de ejecuci\u00f3n hipotecaria frente a do\u00f1a N. B. Z. G.<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 18 de junio de 2021 se dict\u00f3 auto despachando ejecuci\u00f3n a favor de \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb, parte ejecutante, contra do\u00f1a N. B. Z. G., parte ejecutada, requiri\u00e9ndole de pago.<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 15 de septiembre de 2021 \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb present\u00f3 un escrito en el que puso en conocimiento del Juzgado el fallecimiento de la demandada, do\u00f1a N. B. Z. G., el d\u00eda 15 de agosto de 2021.<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 17 de septiembre de 2021 el Juzgado dict\u00f3 diligencia de ordenaci\u00f3n reconociendo tener por acreditado documentalmente el fallecimiento de do\u00f1a N. B. Z. G. y por identificados los nombres y domicilios de sus sucesores, acordando notificarles la existencia del proceso y emplazarles para que comparezcan.<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 23 de noviembre de 2021 se dict\u00f3 diligencia de ordenaci\u00f3n que, entre otras cosas, daba traslado del escrito de manifestaciones de fecha 24 de septiembre de 2021 presentado por una de las hijas de la demandada, do\u00f1a B. E. G. Z., acompa\u00f1ando copia de su documento nacional de identidad y del certificado de defunci\u00f3n de su madre, y de un escrito de fecha 9 de noviembre de 2021 presentado conjuntamente por las tres hijas de la fallecida en el que manifestaban que su madre falleci\u00f3 en estado de divorciada de quien fue su \u00fanico esposo y acompa\u00f1aban escritura otorgada ante la notaria de Bilbao, do\u00f1a Carmen Velasco Ram\u00edrez, el d\u00eda 2 de noviembre de 2021, con el n\u00famero 1.630 de protocolo, en la que las tres renunciaban a los derechos hereditarios que les pudieran corresponder en la herencia de su madre. A la vista de estas circunstancias, el Juzgado acord\u00f3 no tener por subrogadas a las hijas de do\u00f1a N. B. Z. G. en el procedimiento.<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 13 de diciembre de 2021 \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb aport\u00f3 a los autos el certificado de Actos de \u00daltima Voluntad resultando que la fallecida no hab\u00eda otorgado testamento.<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 17 de diciembre de 2021 el Juzgado dict\u00f3 diligencia de ordenaci\u00f3n acordando, entre otras cosas, continuar la ejecuci\u00f3n frente a la herencia yacente de N. B. Z. G.<\/p>\n
\u2013 El d\u00eda 9 de septiembre de 2022 de dict\u00f3 decreto acordando convocar la subasta sobre la finca ejecutada notificando por edictos a la herencia yacente de do\u00f1a N. B. Z. G. y como interesadas a las hijas de la finada do\u00f1a N. B. Z. G y el d\u00eda 15 de diciembre de 2022 recay\u00f3 el decreto de adjudicaci\u00f3n a favor de \u00abCaja Laboral Popular, Cooperativa de Cr\u00e9dito\u00bb del inmueble hipotecado, posteriormente rectificado por resoluci\u00f3n de fecha 19 de diciembre de 2022.<\/p>\n
3. Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo respecto a la intervenci\u00f3n de la herencia yacente, es principio b\u00e1sico de nuestro sistema registral el de que todo t\u00edtulo que pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra \u00e9l (cfr. art\u00edculos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta \u00faltima que no hace sino desenvolver en el \u00e1mbito registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicci\u00f3n de la indefensi\u00f3n (cfr. art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria).<\/p>\n
Este principio deriva a su vez de la legitimaci\u00f3n registral pues si conforme al art\u00edculo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripci\u00f3n implica una presunci\u00f3n \u00abiuris tantum\u00bb de exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los t\u00edtulos otorgados en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n de documentos judiciales contemplado en el art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario.<\/p>\n
El respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios p\u00fablicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligaci\u00f3n de cumplir las resoluciones judiciales. Pero<\/p>\n
no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en \u00abVistos\u00bb, que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligaci\u00f3n de calificar determinados extremos, entre los cuales no est\u00e1 el fondo de la resoluci\u00f3n, pero s\u00ed el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede alg\u00fan derecho que podr\u00eda ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensi\u00f3n proscrita, como se ha dicho, por nuestra Constituci\u00f3n (cfr. art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola), ya que precisamente el art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial \u00ablos obst\u00e1culos que surjan del Registro\u00bb, y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido o\u00eddo el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.<\/p>\n
Como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2013, el registrador \u00ab(…) deb\u00eda tener en cuenta lo que dispone el art\u00edculo 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros p\u00fablicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situaci\u00f3n jur\u00eddicos que surja de ellas, salvo que existan obst\u00e1culos derivados del propio Registro conforme a su legislaci\u00f3n espec\u00edfica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS n\u00fam. 295\/2006, de 21 de marzo, \u201cno puede practicarse ning\u00fan asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a trav\u00e9s de procedimiento judicial en que haya sido parte\u201d\u00bb.<\/p>\n
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia n\u00famero 266\/2015, de 14 de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensi\u00f3n (art\u00edculo 24.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola) y al proceso con todas las garant\u00edas (art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola) de la demandante, titular registral, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00ab(…) el reconocimiento de circunstancias favorables a la acusaci\u00f3n particular, (…) no puede deparar efectos inaudita parte respecto de quien, ostentando un t\u00edtulo inscrito, no dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por m\u00e1s que el disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extra registral que a aqu\u00e9l le era desconocida. El \u00f3rgano judicial venia particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses por la estimaci\u00f3n de una petici\u00f3n acusatoria que interesaba hacer valer derechos posesorios en conflicto con aqu\u00e9llos, con el fin de que tambi\u00e9n pudieran ser o\u00eddos en defensa de los suyos propios\u00bb.<\/p>\n
En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina que este Centro Directivo ha venido manteniendo estos \u00faltimos a\u00f1os es que toda actuaci\u00f3n que pretenda tener reflejo registral debe articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervenci\u00f3n en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (vid. Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015 y dem\u00e1s citadas en los \u00abVistos\u00bb).<\/p>\n
Esta doctrina se fue matizando en los \u00faltimos pronunciamientos en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente gen\u00e9rico y no haya ning\u00fan interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimaci\u00f3n pasiva de la herencia yacente.<\/p>\n
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en su Sentencia n\u00famero 590\/2021, de 9 de septiembre, dictada como culminaci\u00f3n de un juicio verbal tramitado para impugnar una nota de calificaci\u00f3n registral, analiza el emplazamiento a la herencia yacente. Comienza el Tribunal reconociendo que, con car\u00e1cter general, el registrador debe \u00abverificar que la titular registral o, caso de haber fallecido, sus herederos (quienes seg\u00fan la informaci\u00f3n registral son titulares de derechos afectados por la sentencia objeto de inscripci\u00f3n), han tenido posibilidad de ser parte\u00bb.<\/p>\n
Procede a continuaci\u00f3n a delimitar el alcance de la figura del administrador judicial de los bienes de una herencia yacente: \u00abLa administraci\u00f3n judicial de la herencia se regula en la Ley de enjuiciamiento civil en el marco de lo que se denomina la intervenci\u00f3n judicial del<\/p>\n
caudal hereditario, secci\u00f3n 2.\u00aa del cap\u00edtulo I (De la divisi\u00f3n de la herencia), del t\u00edtulo II (De la divisi\u00f3n judicial de patrimonios), del libro IV (De los procesos especiales).<\/p>\n
El fallecimiento de una persona sin haber otorgado testamento, si acaece con unas circunstancias que dan a entender que nadie se har\u00e1 cargo de la sucesi\u00f3n, provoca la intervenci\u00f3n judicial para asegurar el enterramiento del causante y la integridad de los bienes de la herencia (art. 790.1 LEC). Era lo que tradicionalmente se conoc\u00eda por prevenci\u00f3n del abintestato y tiene por finalidad asegurar que la sucesi\u00f3n intestada pueda ser una realidad. En un primer momento, esta intervenci\u00f3n se dirige a adoptar de oficio e inaudita parte las medidas para el aseguramiento de los bienes, papeles, libros y efectos susceptibles de sustracci\u00f3n u ocultaci\u00f3n, y a trav\u00e9s de los cuales, se puede constituir el caudal hereditario, as\u00ed como de los cr\u00e9ditos, fincas o rentas (art\u00edculo 790 LEC).<\/p>\n
Adoptadas estas medidas, la actuaci\u00f3n judicial se encamina a la comprobaci\u00f3n de la existencia de disposici\u00f3n testamentaria, y de si el fallecido tiene o no parientes que puedan ser llamados a suceder (art\u00edculo 791.1 LEC). Esta intervenci\u00f3n judicial desemboca en la formaci\u00f3n de un inventario y en la determinaci\u00f3n de medidas para la administraci\u00f3n del caudal hereditario (art\u00edculos 791.2, 794 y 795 LEC).<\/p>\n
As\u00ed, con la finalidad de preservar la integridad del patrimonio relicto y garantizar los derechos e intereses de los llamados por el testamento o por la ley a suceder al causante, el juez puede acordar por medio de auto motivado las medidas de administraci\u00f3n, custodia y conservaci\u00f3n del caudal relicto que considere necesarias (art\u00edculo 795.1 LEC). La ley pretende que, llegados a esa fase de la intervenci\u00f3n judicial, una vez realizado el inventario, se adopten medidas de conservaci\u00f3n, mientras no concluya la declaraci\u00f3n de herederos o, en su caso, se apruebe la partici\u00f3n.<\/p>\n
Fuera de estos casos y de otros expresamente previstos en la legislaci\u00f3n civil (instituci\u00f3n de heredero bajo condici\u00f3n suspensiva en los casos del art. 803-II CC, espera de un nasciturus [art\u00edculos 966 y 967 CC], reserva del derecho a deliberar del heredero [art\u00edculo 1020 CC]), no est\u00e1 previsto el nombramiento de un administrador judicial. Sin perjuicio de que pudiera ser acordada como medida cautelar, a instancia de parte, est\u00e1 claro que la ley no precept\u00faa el nombramiento de administrador judicial cuando en un juicio declarativo es demandada una persona que ha fallecido hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os sin que se conozcan sus herederos y, por ello, la demanda se dirige contra la herencia yacente y los ignorados herederos.<\/p>\n
De tal forma que no cab\u00eda desatender el mandamiento judicial y denegar la inscripci\u00f3n porque en el proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia en rebeld\u00eda contra los ignorados herederos de quien aparec\u00eda como titular registral, fallecida hac\u00eda m\u00e1s de treinta a\u00f1os, no se hubiera nombrado administrador judicial que representara los eventuales derechos o intereses de los demandados\u00bb.<\/p>\n
No obstante, advierte el Tribunal que, como ya hab\u00eda sostenido en su Sentencia de 3 de marzo de 2011, si existiera alg\u00fan indicio de la existencia de cualquier heredero, previa averiguaci\u00f3n de su identidad y domicilio, habr\u00eda de darse cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: \u00abPor disposici\u00f3n del Tribunal, tambi\u00e9n se notificar\u00e1 la pendencia del proceso a las personas que, seg\u00fan los mismos autos, puedan verse afectadas por la resoluci\u00f3n que ponga fin al procedimiento. Esta comunicaci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes est\u00e1n utilizando el proceso con fines fraudulentos\u00bb.<\/p>\n
A partir de esa premisa concluye la citada Sentencia: \u00abCon car\u00e1cter general, cuando se demande a los ignorados herederos de una persona que ha fallecido sin otorgar testamento y no se conozcan parientes con derecho a la sucesi\u00f3n intestada ni concurran indicios de su existencia, el juzgado deber\u00eda notificar la pendencia del proceso al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros, en aplicaci\u00f3n de lo prescrito en el citado art\u00edculo 150.2 LEC.<\/p>\n
Esta norma se complementa con otras que tratan de preservar el inter\u00e9s del Estado y, en general las administraciones p\u00fablicas, respecto de los derechos sucesorios que pudieran corresponderle. En concreto, se complementa con el art\u00edculo 6 del RD 1373\/2009, de 28 de<\/p>\n
agosto, que aprueba el Reglamento General de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas, que con car\u00e1cter general dispone: \u201c1. Los que por raz\u00f3n de su cargo o empleo p\u00fablico tuvieran noticia del fallecimiento intestado de alguna persona que carezca de herederos leg\u00edtimos, estar\u00e1n obligados a dar cuenta del mismo a la Delegaci\u00f3n de Econom\u00eda y Hacienda de la provincia en la que, seg\u00fan su informaci\u00f3n, el causante hubiera tenido su \u00faltimo domicilio.\u201d<\/p>\n
Y tambi\u00e9n con el art\u00edculo 791.2 LEC que, en caso de intervenci\u00f3n judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesi\u00f3n intestada, junto a la ocupaci\u00f3n de los libros, papeles y correspondencia del difunto, y el inventario y dep\u00f3sito de bienes, prescribe: \u201cEn la misma resoluci\u00f3n ordenar\u00e1 de oficio la comunicaci\u00f3n a la Delegaci\u00f3n de Econom\u00eda y Hacienda correspondiente por si resultare procedente la declaraci\u00f3n de heredero abintestato a favor del Estado, con traslado del resultado de las diligencias realizadas y de la documentaci\u00f3n recabada al amparo del apartado 1\u201d\u00bb.<\/p>\n
A la vista de la se\u00f1alada Sentencia, este Centro Directivo modific\u00f3 la doctrina para estos casos, afirmando que cuando se demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades: (i) que se conozca o se tengan indicios de la existencia de concretas personas llamadas a la herencia. En este caso, habr\u00e1 de dirigirse la demanda contra estos herederos, previa averiguaci\u00f3n de su identidad y domicilio, y (ii) que no se tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la herencia yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes conocidos con derecho a la sucesi\u00f3n intestada). En estos supuestos, adem\u00e1s de emplazar a los ignorados herederos por edictos, se debe comunicar al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesi\u00f3n intestada a falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al citado art\u00edculo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n
En este expediente, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, que la demanda se dirigi\u00f3 contra la titular registral mientras viv\u00eda, que tras su fallecimiento se han efectuado averiguaciones tendentes a identificar a sus herederas, que las propias hijas de la demandada, como posibles herederas, se dirigieron al Juzgado dando traslado de la escritura de renuncia a la herencia de su madre y que dicha renuncia fue posterior al inicio del procedimiento, no puede concluirse que se haya producido indefensi\u00f3n de la herencia yacente y que sea necesario emplazar a los ignorados herederos por edictos ni comunicar al Estado o a la Comunidad del Pa\u00eds Vasco la pendencia del proceso.<\/p>\n
Por tanto, este defecto debe ser revocado.<\/p>\n
4. El \u00faltimo de los defectos recogidos en la nota de calificaci\u00f3n impugnada alude a que no consta declaraci\u00f3n de estar o no la finca arrendada a efectos del posible derecho de tanteo y retracto.<\/p>\n
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, en los supuestos de transmisi\u00f3n judicial de una finca, se dan los derechos de tanteo y retracto establecidos en la Ley y que, por consiguiente, es necesario para su inscripci\u00f3n que se justifique haberse hecho las notificaciones oportunas para su ejercicio o, en otro caso, la manifestaci\u00f3n sobre la libertad de arrendamientos de la finca adjudicada.<\/p>\n
Sentado lo anterior, resulta esencial para la resoluci\u00f3n del presente recurso tener en cuenta los diversos cambios legislativos que ha experimentado la Ley de Arrendamientos Urbanos, por tratarse de una edificaci\u00f3n urbana.<\/p>\n
Respecto de los contratos de arrendamiento concertados con posterioridad a la Ley 4\/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilizaci\u00f3n y fomento del mercado del alquiler de viviendas, cuya entrada en vigor se produjo el d\u00eda 6 de junio de 2013, como puso de relieve la Resoluci\u00f3n de 24 de marzo de 2017, y reiteraron las de 14 de septiembre y 11 de octubre de 2018, 4 de julio de 2019 y, m\u00e1s recientemente, las de 8 de<\/p>\n
febrero y 10 de agosto de 2022, deber\u00e1 tenerse en cuenta, para determinar la existencia del derecho de retracto, si el arrendamiento ha tenido acceso o no al Registro de la Propiedad, puesto que de este extremo depender\u00e1 la continuaci\u00f3n o no del arrendamiento tras la adjudicaci\u00f3n de la finca.<\/p>\n
La modificaci\u00f3n operada por la Ley 4\/2013, de 4 de junio, alcanz\u00f3 tambi\u00e9n al art\u00edculo 13.1, relativo a la resoluci\u00f3n del derecho del arrendador, de modo que qued\u00f3 con la siguiente redacci\u00f3n: \u00abSi durante la duraci\u00f3n del contrato el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustituci\u00f3n fideicomisaria, la enajenaci\u00f3n forzosa derivada de una ejecuci\u00f3n hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opci\u00f3n de compra, quedar\u00e1 extinguido el arrendamiento. Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del art\u00edculo 7 y en el art\u00edculo 14, se except\u00faan los supuestos en los que el contrato de arrendamiento hubiera accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resoluci\u00f3n del derecho del arrendado. En este caso continuar\u00e1 el arrendamiento por la duraci\u00f3n pactada. Cuando se trate de un arrendamiento sobre finca no inscrita se estar\u00e1 a la duraci\u00f3n establecida en el apartado 4 del art\u00edculo 9\u00bb.<\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 7.2, en su redacci\u00f3n dada por la Ley 4\/2013, de 4 de junio, dispon\u00eda que \u00aben todo caso, para que los arrendamientos concertados sobre fincas urbanas surtan efecto frente a terceros que hayan inscrito su derecho, dichos arrendamientos deber\u00e1n inscribirse en el Registro de la Propiedad\u00bb.<\/p>\n
De una interpretaci\u00f3n conjunta del citado art\u00edculo y de lo dispuesto en el art\u00edculo 13.1 antes transcrito, resulta la extinci\u00f3n del contrato de arrendamiento salvo que se hubiese inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad al derecho, en este supuesto la hipoteca que se ejecuta y que determina la extinci\u00f3n del derecho del arrendador y en consecuencia del propio contrato de arrendamiento y con \u00e9l sus derechos accesorios como el derecho de retracto.<\/p>\n
Consecuentemente con lo anterior y en cuanto al ejercicio de retracto, habr\u00e1 que distinguir si el contrato de arrendamiento tuvo o no acceso al Registro de la Propiedad y si lo hizo \u00abcon anterioridad a los derechos determinantes de la resoluci\u00f3n del derecho del arrendador\u00bb. Esto es, con anterioridad a la hipoteca o al embargo que se ejecuta.<\/p>\n
En este \u00faltimo caso, la persistencia del arrendamiento tras la adjudicaci\u00f3n de la vivienda provocar\u00e1 que el arrendatario pueda, en su caso, ejercitar su derecho de retracto contra el adjudicatario en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 25.<\/p>\n
En el caso de que el arrendamiento se haya inscrito en el Registro de la Propiedad con posterioridad a la inscripci\u00f3n de la hipoteca, o a la anotaci\u00f3n preventiva del embargo o a la inscripci\u00f3n derecho que provoque la resoluci\u00f3n de la titularidad del arrendador, puesto que el contrato de arrendamiento se extinguir\u00e1 \u00abipso iure\u00bb conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 13.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos antes transcrito, no habr\u00e1 lugar a retracto.<\/p>\n
Si el arrendamiento de vivienda no ha accedido al Registro de la Propiedad, l\u00f3gicamente no habr\u00e1 lugar a derecho alguno.<\/p>\n
5. La doctrina expuesta no ser\u00e1 aplicable cuando se trate de arrendamientos de vivienda concertados, bien antes de entrar en vigor de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos introducida por la Ley 4\/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilizaci\u00f3n y fomento del mercado del alquiler de viviendas, esto es, el d\u00eda 6 de junio de 2013; o bien tras la entrada en vigor el Real Decreto-ley 7\/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, es decir, a partir del d\u00eda 6 de marzo de 2019.<\/p>\n
El art\u00edculo 13.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, conforme a la redacci\u00f3n vigente hasta el 6 de junio de 2013, dispon\u00eda un plazo m\u00ednimo de subsistencia para el arrendamiento de vivienda de cinco a\u00f1os, plazo que habr\u00eda de respetarse, aunque se produjera la ejecuci\u00f3n de la hipoteca que gravaba la finca y aunque el arrendamiento no figurase inscrito en el Registro: \u00abSi durante los cinco primeros a\u00f1os de duraci\u00f3n del contrato el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto<\/p>\n
convencional, la apertura de una sustituci\u00f3n fideicomisaria, la enajenaci\u00f3n forzosa derivada de una ejecuci\u00f3n hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opci\u00f3n de compra, el arrendatario tendr\u00e1 derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco a\u00f1os, sin perjuicio de la facultad de no renovaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 9.1. En contratos de duraci\u00f3n pactada superior a cinco a\u00f1os, si, transcurridos los cinco primeros a\u00f1os del mismo, el derecho del arrendador quedara resuelto por cualquiera de las circunstancias mencionadas en el p\u00e1rrafo anterior, quedar\u00e1 extinguido el arrendamiento. Se except\u00faa el supuesto en que el contrato de arrendamiento haya accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resoluci\u00f3n del derecho del arrendador. En este caso, continuar\u00e1 el arrendamiento por la duraci\u00f3n pactada\u00bb.<\/p>\n
Incluso para los arrendamientos de vivienda derivados de estos contratos anteriores al d\u00eda 6 de junio de 2013, debe aclararse que, a partir del d\u00eda 6 de junio de 2018, es decir, una vez transcurridos los cinco a\u00f1os de plazo m\u00ednimo a que se refer\u00eda este precepto, quedar\u00e1n extinguidos cuando se resuelva el derecho del arrendador como consecuencia de una ejecuci\u00f3n de hipoteca u otro procedimiento de ejecuci\u00f3n forzosa, siendo por tanto ya innecesario exigir la declaraci\u00f3n arrendaticia a los efectos de los derechos de tanteo y retracto regulados en el art\u00edculo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.<\/p>\n
El vigente art\u00edculo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificado por el Real Decreto-ley 7\/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, dispone, en similares t\u00e9rminos a los anteriores, lo siguiente:<\/p>\n
\u00ab1. Si durante los cinco primeros a\u00f1os de duraci\u00f3n del contrato, o siete a\u00f1os si el arrendador fuese persona jur\u00eddica, el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustituci\u00f3n fideicomisaria, la enajenaci\u00f3n forzosa derivada de una ejecuci\u00f3n hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opci\u00f3n de compra, el arrendatario tendr\u00e1 derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco a\u00f1os o siete a\u00f1os respectivamente, sin perjuicio de la facultad de no renovaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 9.1.<\/p>\n
En contratos de duraci\u00f3n pactada superior a cinco a\u00f1os, o siete a\u00f1os si el arrendador fuese persona jur\u00eddica, si, transcurridos los cinco primeros a\u00f1os del mismo, o los primeros siete a\u00f1os si el arrendador fuese persona jur\u00eddica, el derecho del arrendador quedar\u00e1 resuelto por cualquiera de las circunstancias mencionadas en el p\u00e1rrafo anterior, quedar\u00e1 extinguido el arrendamiento. Se except\u00faa el supuesto en que el contrato de arrendamiento haya accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resoluci\u00f3n del derecho del arrendador. En este caso, continuar\u00e1 el arrendamiento por la duraci\u00f3n pactada.\u00bb<\/p>\n
En consecuencia, esta Direcci\u00f3n General ha acordado estimar parcialmente el recurso, revocar la nota de calificaci\u00f3n en cuanto al primero de los defectos se\u00f1alados y confirmar el segundo.<\/p>\n
Contra esta resoluci\u00f3n los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificaci\u00f3n, siendo de aplicaci\u00f3n las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los art\u00edculos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.<\/p>\n
Madrid, 13 de marzo de 2024.\u2013La Directora General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, Mar\u00eda Ester P\u00e9rez Jerez. https:\/\/www.boe.es<\/p>\n
De este modo, y de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 25 de la Ley de Arrendamientos de Urbanos, deber\u00e1 rechazarse la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de la vivienda si no se acredita, debidamente, bien que se han llevado a cabo las notificaciones previstas, bien que se ha realizado la oportuna manifestaci\u00f3n de que la finca se encuentra libre de arrendatarios.<\/p>\n
Se confirma este \u00faltimo defecto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Direcci\u00f3n revoca el primer defecto se\u00f1alado por la registradora, de que, fallecida la titular registral, no se acredita que la demanda se haya dirigido personalmente contra alguno de sus herederos o por edictos a los ignorados herederos, as\u00ed como al Estado o a la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco como posibles sucesores intestados<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[1090,1091],"materia":[1210],"organo":[1905],"tipo_resolucion":[1912],"ambito":[1915],"class_list":["post-13416","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-ejecucion-hipotecaria","tag-herencia-yacente","materia-capitulo-cuarto-de-la-sucesion-legal-o-intestada","organo-direccion-general-de-seguridad-juridica-y-fe-publica-antes-dgrn","tipo_resolucion-resolucion","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13416"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13416"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13416"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13416"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}