S E N T E N C I A N.\u00ba 000059\/2026 ILMOS.\/ILMAS. SRES.\/SRAS.<\/p>\n
En Donostia – San Sebasti\u00e1n, a 29 de enero de 2026 La Secci\u00f3n N\u00ba 2 de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, constituida por los\/as Ilmos\/Ilmas. Sres.\/Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Juicio verbal (Desahucio precario – 250.1.2) 0000161\/2025 – 0 del Secci\u00f3n Civil del Tribunal de Instancia de Donostia\/San Sebasti\u00e1n.<\/p>\n
Plaza n\u00ba 5, a instancia de D. Jes\u00fas , apelante – demandado, representado por el procurador D I\u00d1IGO NAVAJAS SAIZ y defendido por el letrado D. PAULO RUIZ HOURCADETTE, contra D.\u00aa Jose\ufb01na , apelada – demandante, representada por el procurador D. JUAN ANTONIO ODRIOZOLA SEBASTIAN y defendida por el letrado D. JUAN CARLOS MARIA BARRERO DE LA FUENTE; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 30 de junio de 2025.<\/p>\n
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n
PRIMERO.-El 30 de junio de 2025 el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 5 de Donostia-San Sebasti\u00e1n dict\u00f3 sentencia que contiene el siguiente Fallo:<\/p>\n
“1.- ESTIMO \u00cdNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador D. Juan Antonio Odriozola Sebasti\u00e1n, actuando en nombre y representaci\u00f3n de D\u00f1a. Eulalia con DNI NUM000 y bajo la direcci\u00f3n del Letrado D.<\/p>\n
Juan Barrero de la Fuente frente a D. Daniel con DNI NUM001 y, por ende, CONDENO a este \u00faltimo a entregar a la primera la posesi\u00f3n de la vivienda sita en el DIRECCION000 , de la localidad de Donostia-San Sebasti\u00e1n (Gipuzkoa) 2.- PUBL\u00cdQUESE la presente resoluci\u00f3n, llev\u00e1ndose el original al Libro de sentencias dejando testimonio literal en las presentes actuaciones y NOTIF\u00cdQUESE en los t\u00e9rminos legalmente procedentes.<\/p>\n
Todo con expresa condena en costas a la parte demandada y mediando declaraci\u00f3n de su temeridad.”<\/p>\n
SEGUNDO.-Noti\ufb01cada a las partes la resoluci\u00f3n de referencia, se interpuso Recurso de Apelaci\u00f3n contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia Provincial se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda para Votaci\u00f3n y Fallo.<\/p>\n
TERCERO.-En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas por la Ley.<\/p>\n
CUARTO.-Ha sido Ponente en esta instancia el Ilmo. Magistrado D. ALFREDO VALD\u00c9S-BANGO SOLER.<\/p>\n
PRIMERO.-T\u00e9rminos en los que aparece planteado el con\ufb02icto en esta instancia.<\/p>\n
1.- Por la representaci\u00f3n procesal de D.\u00aa Eulalia se interpuso demanda de juicio verbal contra D. Daniel ejercitando una acci\u00f3n de desahucio por precario. En lo b\u00e1sico aduce que el demandado ocupa sin t\u00edtulo alguno la vivienda de su propiedad desde el fallecimiento de la madre de esta, D.\u00aa Concepci\u00f3n , acaecido el 16 de noviembre de 2023, sin que el demandado tenga la condici\u00f3n de pareja de hecho de aquella.<\/p>\n
2.- Por el demandado se contesta la demanda. Alega, esencialmente, que fue pareja de hecho y que, por ello, goza de los derechos, especialmente sucesorios, que el Derecho Civil Vasco le otorga. A\u00f1ade que goza de un derecho de retenci\u00f3n, t\u00edtulo posesorio derivado de los gastos incurridos en la vivienda.<\/p>\n
3.- La sentencia de instancia estima \u00edntegramente la demanda. Considera acreditado que el demandado no goza de t\u00edtulo alguno que le habilite a ocupar la vivienda. Por el contrario, no considera probada la condici\u00f3n formal de pareja de hecho, pues no consta inscrito el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco. Por otro lado, no considera como t\u00edtulo posesorio habilitante el derivado de los gastos incurridos en el sostenimiento de la vivienda.<\/p>\n
3.- Frente a dicha resoluci\u00f3n interpone recurso de apelaci\u00f3n la representaci\u00f3n procesal de D. Daniel solicitando su revocaci\u00f3n, dict\u00e1ndose otra que desestime \u00edntegramente la demanda.<\/p>\n
La parte apelante basa su recurso en las alegaciones que, en s\u00edntesis, son las siguientes: (i)Error en la valoraci\u00f3n de la prueba. Considera que de la practicada se in\ufb01ere que s\u00ed goza de la condici\u00f3n de pareja de hecho aunque no inscrita. (ii)Error en la aplicaci\u00f3n del derecho. A\ufb01rma que la inscripci\u00f3n de las parejas de hecho en el registro no es constitutiva, sino declarativa, tal y como reconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (se\u00f1ala, en particular, la STC 40\/2022, de 21 de marzo, recurso de amparo 2524\/2020). (iii)Error en la aplicaci\u00f3n del derecho. De forma subsidiaria, reitera la existencia de un derecho de retenci\u00f3n del poseedor de buena fe derivado de los gastos realizados en aquella hasta su satisfacci\u00f3n. (iv)Error en la aplicaci\u00f3n del derecho. Impugna el apelante la declaraci\u00f3n de temeridad en la condena en costas, al no estar justi\ufb01cada en modo alguno.<\/p>\n
4.- La representaci\u00f3n de D.\u00aa Eulalia se opone al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto e interesa su desestimaci\u00f3n \u00edntegra y la con\ufb01rmaci\u00f3n de la sentencia recurrida con condena en costas a la parte apelante.<\/p>\n
SEGUNDO.-Sobre la condici\u00f3n de pareja de hecho y las consecuencias de la falta de inscripci\u00f3n en el Registro de Parejas de Hecho del Pa\u00eds Vasco, en orden a la atribuci\u00f3n de derechos.<\/p>\n
I.- Sobre la condici\u00f3n de pareja de hecho. Como primer motivo de su recurso, la apelante considera que la sentencia yerra al no atender a su condici\u00f3n de pareja de hecho, derivada de las propias circunstancias f\u00e1cticas, que considera acreditadas.<\/p>\n
El motivo debe ser desestimado. A diferencia de lo que a\ufb01rma el apelante, la sentencia recurrida parte del car\u00e1cter acreditado de la convivencia more uxorio[a la manera de una esposa] del ahora recurrente, como no pod\u00eda ser menos atendida la prueba practicada, sin que la misma sea discutida. La raz\u00f3n decisoria de la sentencia no se apoya sobre la ausencia de convivencia more uxorio.Esta mantiene que la falta de inscripci\u00f3n de la pareja de hecho en el registro administrativo instituido por la administraci\u00f3n de Euskadi conlleva que no quepa bene\ufb01ciarse de los derechos atribuidos a las parejas de hecho inscritas, no siendo, por ello, t\u00edtulo posesorio.<\/p>\n
II. Sobre las consecuencias de la falta de inscripci\u00f3n en el Registro de Parejas de Hecho del Pa\u00eds Vasco, en orden a la atribuci\u00f3n de derechos.<\/p>\n
Como segundo motivo de apelaci\u00f3n se alega por el recurrente que, conforme la doctrina del Tribunal Constitucional, la inscripci\u00f3n registral no es constitutiva sino potestativa y que, en consecuencia, la condici\u00f3n<\/p>\n
de pareja de hecho no necesariamente resulta de la inscripci\u00f3n, sino que puede acreditarse por otros medios, como considera que ha hecho.<\/p>\n
El motivo debe ser desestimado.<\/p>\n
Conforme dispone el art. 47 de la Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco (en adelante, LDCPV), “son legitimarios: los hijos o descendientes en cualquier grado y el c\u00f3nyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por su cuota usufructuaria, en concurrencia con cualquier clase de herederos.<\/p>\n
Por su parte, el art. 54 LDCPV dispone que: “El c\u00f3nyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, adem\u00e1s de su leg\u00edtima, tendr\u00e1 un derecho de habitaci\u00f3n en la vivienda conyugal o de la pareja de hecho, mientras se mantenga en estado de viudedad, no haga vida marital ni tenga un hijo no matrimonial o no constituya una nueva pareja de hecho”.<\/p>\n
Conforme dichos preceptos, por consiguiente, las parejas de hecho gozan de la condici\u00f3n de legitimarios y, adem\u00e1s, de otros derechos hereditarios, entre los que se encuentra el derecho de habitaci\u00f3n.<\/p>\n
Mas la propia norma (Disposici\u00f3n adicional segunda) aclara que “las referencias contenidas en la presente ley a las parejas de hecho se entender\u00e1n efectuadas a las inscritas en el registro establecido en el art\u00edculo 4 de la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho”.<\/p>\n
Esto es, los derechos derivados de la norma civil foral se supeditan a la inscripci\u00f3n registral de la pareja de hecho lo que, igualmente, no pod\u00eda ser de otra manera, pues el art. 3 de la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, dispone que “la inscripci\u00f3n de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, que se crear\u00e1 al efecto, tendr\u00e1 car\u00e1cter constitutivo, de modo que a las no inscritas no les ser\u00e1 aplicable la presente ley”.<\/p>\n
Frente a lo dicho no cabe, como hace la recurrente, invocar la existencia de discriminaci\u00f3n o de vulneraci\u00f3n de principio de igualdad ( art. 14 CE), con apoyo en la STC 40\/2022, de 21 de marzo de 2022. Esta resoluci\u00f3n no concluye, a diferencia de lo a\ufb01rmado por la recurrente, el car\u00e1cter discriminatorio de la necesaria inscripci\u00f3n registral de las parejas de hecho a los efectos de la adquisici\u00f3n de determinados derechos. Antes al contrario, la referida sentencia reitera la posici\u00f3n del Tribunal Constitucional sobre las uniones de hecho ante el Derecho, disponiendo que:<\/p>\n
“En la STC 93\/2013, de 23 de abril, FJ 8, caracterizamos ya la heterog\u00e9nea noci\u00f3n de “uni\u00f3n de hecho” por referencia a ciertas notas comunes que permiten identi\ufb01carla como “una relaci\u00f3n estable de convivencia more uxorio, cuyo elemento de\ufb01nitorio com\u00fan queda cifrado en la voluntad libremente con\ufb01gurada de permanecer al margen del Derecho en cuanto a las consecuencias jur\u00eddicas inherentes a la instituci\u00f3n matrimonial a que se re\ufb01ere el art. 32 CE”. Al estar tal decisi\u00f3n estrechamente relacionada al libre desarrollo de la personalidad, resulta consustancial a la misma la libertad de decisi\u00f3n que posibilita a quienes la integran gobernarse libremente en la esfera jur\u00eddica de su \u00e1mbito privado propio, sin interferencias no justi\ufb01cadas de los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n
No obstante, hemos admitido tambi\u00e9n en la citada STC 93\/2013 que la uni\u00f3n de hecho, en cuanto realidad socialmente relevante que es, puede ser objeto de tratamiento y consideraci\u00f3n por el legislador, lo que supone -en la mayor parte de los casos- que, respetando la libertad de decisi\u00f3n que la caracteriza, su reconocimiento jur\u00eddico quede supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones materiales y formales, como leg\u00edtimamente se exige para reconocer el derecho a determinadas prestaciones sociales ( STC 51\/2014, de 7 de abril, FJ 3).<\/p>\n
En todo caso, su r\u00e9gimen jur\u00eddico debe ser eminentemente dispositivo y no imperativo; es decir, sujeto a su previa asunci\u00f3n por los miembros de la pareja mediante una expl\u00edcita declaraci\u00f3n de voluntad. Las condiciones materiales y formales que en cada caso se establezcan son garant\u00eda de que la atribuci\u00f3n de derechos, que la norma reconoce, satisface elementales exigencias de seguridad jur\u00eddica y evita el fraude en la reclamaci\u00f3n de los bene\ufb01cios que otorga.<\/p>\n
Resta se\u00f1alar, por \u00faltimo, que tales l\u00edmites y condicionamientos no operan respecto a aquellas medidas legales que tutelen derechos fundamentales de cualquiera de los componentes de la uni\u00f3n de hecho, ni a las que reconozcan un contenido adicional a los que la Constituci\u00f3n establece”.<\/p>\n
A lo que, m\u00e1s adelante, a\u00f1ade la sentencia que “[n]o se pretende aqu\u00ed cuestionar ni privar de legitimidad a la exigencia de inscripci\u00f3n registral, requisito que, en relaci\u00f3n con las uniones de hecho hemos ya declarado conforme a la Constituci\u00f3n por perseguir una leg\u00edtima \ufb01nalidad de seguridad jur\u00eddica y evitaci\u00f3n del fraude ( STC 51\/2014, a la que antes hicimos referencia)”.<\/p>\n
Para agotar la respuesta, y ya sobre la base de la existencia de una convivencia more uxorio, debemos a\u00f1adir que es pac\u00ed\ufb01ca la doctrina de nuestro Tribunal Supremo que considera que la mera convivencia no es t\u00edtulo que le permita mantener la posesi\u00f3n de la vivienda.<\/p>\n
As\u00ed, en su sentencia 690\/2011, de 6 de octubre, en un asunto en el que se cuestionaba que en caso de crisis de la pareja, el miembro no titular de la vivienda deb\u00eda gozar de derechos a la posesi\u00f3n de la vivienda y no ser considerado simple precarista, el Tribunal Supremo concluy\u00f3 que no.<\/p>\n
En palabras de la Sala: “La principal raz\u00f3n de la desestimaci\u00f3n del motivo reside en la STS 611\/2005, de 12 septiembre, que proclama: a) “[…] que la uni\u00f3n de hecho es una instituci\u00f3n que no tiene nada que ver con el matrimonio – STC 184\/1990 y la 222\/92, por todas-, aunque las dos est\u00e9n dentro del derecho de familia.<\/p>\n
Es m\u00e1s, hoy por hoy, con la existencia jur\u00eddica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la uni\u00f3n de hecho est\u00e1 formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias”; b) “Por ello debe huirse de la aplicaci\u00f3n por “analog\u00eda legis” de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC , ya que tal aplicaci\u00f3n comporta inevitablemente una penalizaci\u00f3n de la libre ruptura de la pareja, y m\u00e1s especialmente una penalizaci\u00f3n al miembro de la uni\u00f3n que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada m\u00e1s parad\u00f3jico que imponer una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al r\u00e9gimen jur\u00eddico que prev\u00e9 dicha compensaci\u00f3n para el caso de ruptura del matrimonio por separaci\u00f3n o divorcio”. Esta sentencia ha sido seguida por otras, especialmente las 160\/2006, de 22 febrero ; 1048\/2006, de 19 octubre y 240\/2008, de 27 marzo, sentencia esta a la que nos referimos a continuaci\u00f3n. De acuerdo con ello, esta Sala ha abandonado algunas posturas que la citada STS 611\/2005 llama “dis\u00edmiles”, para acogerse a la no aplicaci\u00f3n por analog\u00eda a las parejas no casadas, de las normas reguladoras de los efectos del matrimonio y del divorcio”.<\/p>\n
Y, por lo que respecta al precario, la sentencia 240\/2008, de 27 de marzo, en un supuesto en el que la discusi\u00f3n se produjo entre el conviviente que ocup\u00f3 el piso propiedad de su pareja premuerta y quienes pidieron la devoluci\u00f3n fueron los herederos de \u00e9sta \u00faltima, el Tribunal Supremo dispuso: “[…] no puede considerarse que el recurrente ostente ning\u00fan t\u00edtulo que le permita mantener la posesi\u00f3n de la vivienda propiedad de la premuerta.<\/p>\n
No alega ning\u00fan t\u00edtulo que justi\ufb01que su posesi\u00f3n y le permita oponerla frente a la acci\u00f3n de desahuciopor precariointerpuesta por los titulares de la vivienda. Esta falta es determinante para el \u00e9xito de la acci\u00f3n ejercitada por los herederos”.<\/p>\n
Doctrina que debemos aplicar igualmente en nuestro recurso.<\/p>\n
III.- Sobre la condici\u00f3n del apelante a los efectos de la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art. 453 CC. Su no condici\u00f3n de poseedor de buena fe a tales efectos.<\/p>\n
Como tercer motivo de apelaci\u00f3n, se\u00f1ala el apelante que la sentencia yerra en la aplicaci\u00f3n del derecho al no considerar su condici\u00f3n de poseedor de buena fe, a los efectos de ejercitar un derecho de retenci\u00f3n sobre la cosa pose\u00edda por los gastos necesarios y \u00fatiles efectuados sobre la cosa.<\/p>\n
El motivo debe ser desestimado. La sentencia realiza una correcta aplicaci\u00f3n de la doctrina de la Sala Primera condensada, recientemente, en la sentencia 876\/2024, de 18 de junio.<\/p>\n
En esta, por lo que respecta a dicho derecho de retenci\u00f3n, se dispone: “1.- En los \u00faltimos a\u00f1os, la sala ha conformado un cuerpo de doctrina sobre los derechos del poseedor en relaci\u00f3n con los gastos necesarios y los gastos \u00fatiles en la cosa pose\u00edda y la exigencia de la buena fe y las situaciones de precario a los efectos de obtener el reembolso de tales gastos, o correlativamente un derecho de retenci\u00f3n sobre el inmueble mientras no le sean reembolsados, constituido b\u00e1sicamente por las sentencias123\/2018, de 7 de marzo, 586\/2019, de 6 de noviembre, 614\/2020, de 17 de noviembre, y 755\/2021, de 3 de noviembre, que su vez, compendian y sistematizan otras muchas anteriores.<\/p>\n
2.- En tales resoluciones hemos declarado que de la regulaci\u00f3n contenida en los arts. 453 y 454 CC se desprenden con claridad las siguientes reglas: (i) todo poseedor (a\u00fan sin ser de buena fe) tiene derecho al abono de los gastos necesarios; (ii) s\u00f3lo el poseedor de buena fe tiene derecho al abono de los gastos \u00fatiles o del aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa (opci\u00f3n que corresponde a quien haya vencido en la posesi\u00f3n); (iii) el poseedor de buena fe tambi\u00e9n tiene derecho en ambos casos (gastos necesarios y \u00fatiles) a la retenci\u00f3n de la cosa en garant\u00eda del derecho de abono; (iv) ning\u00fan poseedor, aunque sea de buena fe, puede exigir el abono de los gastos suntuarios (de puro lujo o recreo).<\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia de esta sala ha interpretado el art. 453 CC tanto en lo que se re\ufb01ere a la distinci\u00f3n de los conceptos de gastos necesarios y gastos \u00fatiles, como en relaci\u00f3n con el concepto de buena fe en las situaciones de tenencia de las \ufb01ncas en precario, a los efectos de determinar la existencia o no de un derecho de retenci\u00f3n de la \ufb01nca, como t\u00edtulo enervante de una eventual acci\u00f3n de desahucio.<\/p>\n
3.- En particular, la sala ha abordado en distintos precedentes la cuesti\u00f3n de si el precarista puede tener la condici\u00f3n de poseedor de buena fe a los efectos de obtener el reembolso de los gastos \u00fatiles hechos en la \ufb01nca durante el tiempo de duraci\u00f3n del precario, cuesti\u00f3n que ha resuelto en sentido negativo, con la consecuencia de haber negado correlativamente el derecho de retenci\u00f3n para oponerse al desahucio.<\/p>\n
En este sentido, la sentencia 133\/1948, de 17 de mayo, ya a\ufb01rm\u00f3 que:<\/p>\n
“[c]omo solamente cabe reputar poseedor de buena fe, conforme al art. 433, al que ignora que [en] su t\u00edtulo o modo de adquirir existe un vicio que lo invalide, resulta evidente que el derecho a la retenci\u00f3n de la cosa \u00fanicamente puede reconocerse en el poseedor con t\u00edtulo, es decir, en el poseedor civil, pero no en el precarista, que carece de t\u00edtulo y goza s\u00f3lo de la mera tenencia o posesi\u00f3n natural de la cosa, y por tal motivo no puede retener \u00e9sta en su poder por los gastos que en la misma hubiere realizado, ni impedir el desahucio […]”.<\/p>\n
Doctrina que fue posteriormente reiterada por la sentencia 442\/1984, de 9 de julio, que precis\u00f3 la exigencia de buena fe en el sentido de relacionarla y vincularla tambi\u00e9n a la existencia de un t\u00edtulo su\ufb01ciente de la posesi\u00f3n, que niega en el precarista; as\u00ed como por las sentencias 326\/1997, de 21 de abril, 726\/2000, de 13 de septiembre, y 469\/2002, de 20 de mayo.<\/p>\n
4.- M\u00e1s recientemente, las sentencias 123\/2018, de 7 de marzo, y 755\/2021, de 3 de noviembre, han reiterado y con\ufb01rmado la doctrina que interpreta el art. 453 CC, en el sentido de reconocer el derecho de retenci\u00f3n de la cosa \u00fanicamente al poseedor civil, pero no al precarista, que carece de t\u00edtulo y goza s\u00f3lo de la tenencia o posesi\u00f3n natural de la cosa.<\/p>\n
El derecho de retenci\u00f3n act\u00faa como garant\u00eda del derecho de abono de los gastos o mejoras hechas en la \ufb01nca, de forma que aquel derecho s\u00f3lo existir\u00e1 cuando exista este derecho de reembolso, pues como derecho de garant\u00eda es accesorio de la obligaci\u00f3n a cuyo aseguramiento sirve (aunque no siempre que existe el derecho de reembolso se reconoce tambi\u00e9n el de retenci\u00f3n, ex art. 453-I CC).<\/p>\n
En consecuencia, en las situaciones de precario, donde concurren la falta de t\u00edtulo su\ufb01ciente y de buena fe (derivada del conocimiento por el precarista de su falta de t\u00edtulo), no existe ni el derecho de reembolso de los gastos \u00fatiles ni el derecho de retenci\u00f3n que garantiza su efectividad”.<\/p>\n
Expuesto lo anterior, frente a lo sentado por nuestro m\u00e1s alto tribunal, la apelante se\u00f1ala que reclama los gastos incurridos antes de encontrarse en situaci\u00f3n de precario, habiendo sido poseedor con justo t\u00edtulo y buena fe. Mas, en primer lugar, no consta por lado alguno elemento probatorio que sustente dicha a\ufb01rmaci\u00f3n y, en segundo lugar, como se\u00f1ala el precepto, el requisito subjetivo del que depende el ejercicio del derecho de retenci\u00f3n (que no el derecho de ser resarcido de los gastos) es que el poseedor sea de buena fe y quien se encuentra en precario, como se reitera, no es considerado como tal.<\/p>\n
TERCERO. – Sobre la declaraci\u00f3n de temeridad.<\/p>\n
La sentencia de instancia impone a la parte demandada las costas de primera instancia, con declaraci\u00f3n expresa de temeridad. Se apoya en “lo endeble de la posici\u00f3n procesal asumida vis-\u00e0-vis la jurisprudencia del Alto Tribunal”.<\/p>\n
La parte apelante combate este pronunciamiento alegando que carece de fundamento y la complejidad de las cuestiones planteadas.<\/p>\n
El motivo debe ser estimado.<\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de las normas sobre costas, vigentes al momento de incoar el procedimiento, la desestimaci\u00f3n \u00edntegra de la demanda ya hubiera justi\ufb01cado la condena en costas a la parte actora por aplicaci\u00f3n del criterio de vencimiento objetivo ( art. 394.1 LEC, en la redacci\u00f3n vigente cuando se inco\u00f3 el procedimiento en primera instancia), por lo que la declaraci\u00f3n expresa de temeridad a\u00f1ade los efectos del art. 394.3 LEC.<\/p>\n
En este sentido, seg\u00fan la jurisprudencia, la declaraci\u00f3n de temeridad al condenado en costas debe identi\ufb01carse sistem\u00e1ticamente con una forma aventurada o aviesa de litigar. As\u00ed, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de abril de 1950 a\ufb01rmaba que litigaba temerariamente “no s\u00f3lo quien litiga maliciosamente sino quien lo hace sin raz\u00f3n derecha”. Por su parte, en la sentencia 21 de diciembre de 1985, el Tribunal Supremo concluy\u00f3 que: “Habr\u00e1 por lo tanto lugar a la declaraci\u00f3n de temeridad cuando se litiga deforma maliciosa, a sabiendas de la injusticia de la pretensi\u00f3n, y cu\u00e1ndo de modo negligente se contin\u00faa el procedimiento pese a conocer lo improcedente de la pretensi\u00f3n”, manteniendo en el proceso posiciones absolutamente faltas de sentido o raz\u00f3n”.<\/p>\n
Como se\u00f1ala la sentencia AP Barcelona, Secci\u00f3n 11.\u00aa, 200\/2024, de 7 de marzo:<\/p>\n
“La declaraci\u00f3n de temeridad exige que la parte a la que se impute haya litigado sin ning\u00fan tipo de fundamento ni raz\u00f3n defendible hasta el punto de revelar con ello la ausencia de cualquier clase de justi\ufb01caci\u00f3n leg\u00edtima para su actuaci\u00f3n. Habr\u00e1 por lo tanto lugar a la declaraci\u00f3n de temeridad cuando se litiga de forma maliciosa, a sabiendas de la injusticia de la pretensi\u00f3n, y cuando de modo negligente se contin\u00faa el procedimiento pese a conocer lo improcedente de la pretensi\u00f3n ( STS de 21 de diciembre de 1985)”.<\/p>\n
Pero, igualmente es cierto que la declaraci\u00f3n de temeridad, en cuanto goza de un cierto car\u00e1cter sancionador, debe ser adecuadamente fundamentada por quien la sostiene y apreciada de forma restrictiva. Y, en el caso que nos ocupa, no se aprecia una especial fundamentaci\u00f3n, pues el juzgador invoca un argumento gen\u00e9rico, sin concretar porqu\u00e9 considera que existe una debilidad procesal merecedora de tal reproche. Pi\u00e9nsese que en el caso, el apelante acredita un periodo de tiempo considerable, as\u00ed como la a convivencia En conclusi\u00f3n, estimamos este motivo de apelaci\u00f3n, lo que implica la estimaci\u00f3n parcial del recurso, debiendo revocar parcialmente la sentencia en el \u00fanico sentido de dejar sin efecto la declaraci\u00f3n de temeridad, manteni\u00e9ndose todo lo dem\u00e1s acordado.<\/p>\n
CUARTO.- R\u00e9gimen de costas del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el art. 394.2 LEC, por remisi\u00f3n del art.398.1 LEC, en su versi\u00f3n vigente al momento de interposici\u00f3n de la demanda, si fuere parcial la estimaci\u00f3n o desestimaci\u00f3n de las pretensiones, cada parte abonar\u00e1 las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, con devoluci\u00f3n del del dep\u00f3sito constituido, en su caso, para recurrir ( disposici\u00f3n adicional 15.\u00aa, apartado 9, LOPJ).<\/p>\n
QUINTO.- La disposici\u00f3n adicional 15.\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8, aplicable a este caso que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resoluci\u00f3n se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n de la totalidad del dep\u00f3sito.<\/p>\n
En virtud de la potestad jurisdiccional que nos viene conferida por la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, en nombre del Rey, FALLAMOS ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de D. Daniel contra la sentencia n.\u00ba 333\/2025, de 30 de junio dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 5 de DonostiaSan Sebasti\u00e1n en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente, en el \u00fanico sentido de dejar sin efecto la declaraci\u00f3n de temeridad, manteni\u00e9ndose todo lo dem\u00e1s acordado.<\/p>\n
Todo ello sin hacer especial imposici\u00f3n de las costas procesales de la apelaci\u00f3n, con devoluci\u00f3n del dep\u00f3sito constituido para recurrir.<\/p>\n
Contra la presente resoluci\u00f3n podr\u00e1n las partes interponer en el plazo de los veinte d\u00edas siguientes a su noti\ufb01caci\u00f3n recurso de casaci\u00f3n ante este mismo \u00f3rgano.<\/p>\n
Rem\u00edtanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez \ufb01rme, a los efectos pertinentes.<\/p>\n
As\u00ed, por esta nuestra sentencia, de la que se llevar\u00e1 certi\ufb01caci\u00f3n al rollo, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n
Devu\u00e9lvase a D. Jes\u00fas el dep\u00f3sito constituido para recurrir, expidi\u00e9ndose por el\/la Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devoluci\u00f3n.<\/p>\n
MODO DE IMPUGNACI\u00d3N:contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3Nante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la noti\ufb01caci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC).<\/p>\n
Para interponer el recurso ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sitode 50 euros, sin cuyo requisito no ser\u00e1 admitido a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones que este tribunal tiene abierta en el BANCO SANTANDER con el n\u00famero 1858\/0000\/12\/1407\/25, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06-casaci\u00f3n. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponerel recurso ( DA 15.\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n
Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n
As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n
La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n
Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n
PUBLICACI\u00d3N.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los\/las Ilmos.\/Ilmas. Sres.\/Sras.<\/p>\n
Magistrados\/as que la \ufb01rman y le\u00edda por el\/la Ilmo.\/Ilma. Magistrado\/a Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, el\/la Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia, certi\ufb01co.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Esto es, los derechos derivados de la norma civil foral se supeditan a la inscripci\u00f3n registral de la pareja de hecho lo que, igualmente, no pod\u00eda ser de otra manera, pues el art. 3 de la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, dispone que “la inscripci\u00f3n de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, que se crear\u00e1 al efecto, tendr\u00e1 car\u00e1cter constitutivo, de modo que a las no inscritas no les ser\u00e1 aplicable la presente ley”. Frente a lo dicho no cabe, como hace la recurrente, invocar la existencia de discriminaci\u00f3n o de vulneraci\u00f3n de principio de igualdad.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[948,720,2275],"materia":[1247],"organo":[1887],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-13399","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-inscripcion","tag-legitima","tag-registro-de-parejas-de-hecho-del-pais-vasco","materia-seccion-primera-de-la-legitima","organo-seccion-2a-audiencia-provincial-de-gipuzkoa","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/13399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13399"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=13399"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=13399"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=13399"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=13399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}