TRIBUNAL QUE LO DICTA:<\/p>\n
Presidente D\u00aa. Yolanda Dome\u00f1o Nieto Magistrados D. I\u00f1igo Suarez de Odriozola D. Felipe Pe\u00f1alba Otaduy (Ponente) LUGAR:Donostia – San Sebasti\u00e1n FECHA:24 de noviembre de 2025 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.-Por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n se dict\u00f3 auto de fecha 24 de abril de 2025, cuya parte dispositiva dice as\u00ed:<\/p>\n
“SE DEBE ACORDAR: Declarar la falta de competencia objetiva de este Juzgado para conocer de la demanda planteada por el procurador Don Juan Ram\u00f3n \u00c1lvarez Ur\u00eda, en nombre y representaci\u00f3n de Do\u00f1a Teodora frente a Don Alexander , y en consecuencia debo abstenerme de conocer del presente procedimiento, indicando a la parte actora que los Juzgados de Familia son los competentes para conocer de la acci\u00f3n planteada, declar\u00e1ndose el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el art\u00edculo 48.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se hace especial imposici\u00f3n de costas a ninguna de las partes.”<\/p>\n
SEGUNDO.-Por la representaci\u00f3n procesal de D.\u00aa Teodora , se interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de fecha 24 de abril de 2025 dictado por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n. Elevados los autos a este Tribunal fue admitido el recurso, se\u00f1al\u00e1ndose d\u00eda para Votaci\u00f3n y Fallo.<\/p>\n
TERCERO.-En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas por la Ley.<\/p>\n
CUARTO.-Ha sido el Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Pe\u00f1alba Otaduy.<\/p>\n
PRIMERO.-El Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n por auto de fecha 24 de abril de 2025 ha declarado de o\ufb01cio su falta de competencia objetiva para conocer de la demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de comunidad de bienes de pareja de hecho interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de D\u00aa Teodora frente a D. Alexander . La resoluci\u00f3n entiende que, por raz\u00f3n de lo dispuesto en los apartados a) y c) del art.86.5 LOPJ, la parte debe acudir a los Juzgados de Familia.<\/p>\n
La representaci\u00f3n de la Sra. Teodora interpone recurso de apelaci\u00f3n frente a dicha resoluci\u00f3n e interesa su revocaci\u00f3n y el dictado de una nueva que declare la competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n para conocer del asunto.<\/p>\n
La parte apelante fundamenta su recurso en las alegaciones que, en s\u00edntesis, son las siguientes:<\/p>\n
1.- Vulneraci\u00f3n del art.86.5 LOPJ. Los Juzgados de Familia no pueden conocer de m\u00e1s materias que las explicitadas en el precepto. La competencia de los Juzgados de Familia en cuanto al conocimiento de la liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales se limita a los supuestos en que \u00e9sta traiga causa de un previo procedimiento de separaci\u00f3n o divorcio, que no es el caso.<\/p>\n
2.- Vulneraci\u00f3n de los arts.807 LEC en relaci\u00f3n con el art.806 LEC y el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. No cabe englobar la acci\u00f3n ejercitada con el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de San Sebasti\u00e1n de fecha 28 de junio de 2023 ya dejo claro que en el caso de autos cualquier otra cuesti\u00f3n patrimonial entre los litigantes deber\u00eda resolverse ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria y a trav\u00e9s del procedimiento declarativo correspondiente.<\/p>\n
Ninguna modi\ufb01caci\u00f3n se pretende a trav\u00e9s del presente procedimiento de lo dispuesto anteriormente por el Juzgado de Familia. Como consta en los t\u00edtulos de propiedad, los inmuebles fueron adquiridos por los litigantes al cincuenta por ciento con car\u00e1cter privativo.<\/p>\n
SEGUNDO.-Tal y como dispone el art.45.1 LEC, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposici\u00f3n legal no se hallen atribuidos a otros tribunales. Por otra parte, siendo posible de acuerdo con lo establecido en el art.98 LOPJ (actualmente derogado, pero vigente a la fecha de interposici\u00f3n de la demanda que ha dado origen al presente procedimiento) la atribuci\u00f3n a determinados Juzgados de Primera Instancia el conocimiento espec\u00ed\ufb01co de determinados asuntos, \u00e9stos extender\u00e1n su competencia “exclusivamente”a los procesos en que se ventiles aqu\u00e9llos.<\/p>\n
Constituye fundamento legal de la resoluci\u00f3n recurrida el art.86 LOPJ seg\u00fan redacci\u00f3n dada por la Ley Org\u00e1nica 1\/2025, de 2 de enero, que entr\u00f3 en vigor el 23 de enero de 2025, estableciendo su disposici\u00f3n transitoria novena en su apartado primero que las previsiones recogidas en la citada ley ser\u00e1n aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor. Sin embargo, la demanda que ha dado origen al presente procedimiento se interpuso el 7 de enero de 2025, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor del precepto invocado como fundamento legal del auto impugnado.<\/p>\n
De todas formas, tal y como dispone la disposici\u00f3n transitoria s\u00e9ptima de la Ley Org\u00e1nica 1\/2025, de 2 de enero, en la misma fecha prevista para la constituci\u00f3n de los Tribunales de Instancia que establece la disposici\u00f3n transitoria primera de esta Ley Org\u00e1nica se constituir\u00e1 una Secci\u00f3n de Familia, Infancia y Capacidad en aquellos Tribunales de Instancia de los partidos judiciales donde, con anterioridad a dicha fecha, se hubiera acordado por el Consejo General del Poder Judicial la especializaci\u00f3n de uno o m\u00e1s juzgados en alguna de las materias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 86.5 de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, pasando los jueces y juezas de estos juzgados especializados a ocupar plaza en esta Secci\u00f3n, disponiendo expresamente en sus p\u00e1rrafos segundo y tercero: “Las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad constituidas conforme a lo previsto en el p\u00e1rrafo anterior mantendr\u00e1n el conocimiento de los asuntos, tanto en materia de familia como en otras materias, en los t\u00e9rminos establecidos en el acuerdo de especializaci\u00f3n. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podr\u00e1 acordar modi\ufb01car o dejar sin efecto el acuerdo de especializaci\u00f3n, en cuyo caso la plaza integrada en la Secci\u00f3n de Familia, Infancia y Capacidad conocer\u00e1 de las cuestiones que se susciten en materia de familia conforme lo previsto en el art\u00edculo 86.5 de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio”. Por consiguiente, hasta que exista acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que modi\ufb01que o deje sin efecto el acuerdo de especializaci\u00f3n, las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad constituidas (que no lo estaban a fecha de interposici\u00f3n de la demanda, pues la Ley Org\u00e1nica 1\/2025, de 2 de enero, no hab\u00eda entrado en vigor; y que, por lo que ata\u00f1e a San Sebasti\u00e1n, se constituir\u00e1 el 31 de diciembre de este a\u00f1o integrada por dos plazas) mantienen el conocimiento de los asuntos en los t\u00e9rminos establecidos en el acuerdo de especializaci\u00f3n. Y, en este sentido, la junta sectorial de Jueces de Primera Instancia con competencia en materia de familia y capacidad de las personas de Donostia-San Sebasti\u00e1n, que se celebr\u00f3 por \u00faltima vez de 30 de enero de 2024, delimit\u00f3 sus competencias ci\u00f1\u00e9ndolas al conocimiento de los procedimientos de “liquidaci\u00f3n de r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial ( art.807 LEC)”.<\/p>\n
Los Juzgados de Familia, creados inicialmente por Real Decreto de 3 de julio de 1981, tienen, conforme a la disposici\u00f3n \ufb01nal de la Ley 30\/1981, de 7 de julio, una competencia objetiva perfectamente delimitada asumiendo las funciones atribuidas en la citada Ley a los Juzgados de Primera Instancia, habiendo aclarado de manera rotunda la jurisprudencia que a las parejas de hecho no puede aplicarse por analog\u00eda la regulaci\u00f3n establecida para el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial porque al no haber matrimonio, no hay r\u00e9gimen<\/p>\n
econ\u00f3mico matrimonial (as\u00ed, STS 299\/2008, de 8 de mayo, con cita de la STS de 27 de mayo de 1998). En este sentido, el art.806 LEC utiliza la expresi\u00f3n “c\u00f3nyuges” y el art.807 LEC, al regular la competencia para conocer del procedimiento para la liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial previsto en los arts.806 y siguientes LEC, la atribuye al “Juzgado de Primera Instancia que est\u00e9 conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separaci\u00f3n o divorcio”.<\/p>\n
La Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco tiene competencia para la conservaci\u00f3n, modi\ufb01caci\u00f3n y desarrollo del Derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios hist\u00f3ricos que integran el Pa\u00eds Vasco ( art\u00edculo 10, apartado 5 de la Ley Org\u00e1nica 3\/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonom\u00eda para el Pa\u00eds Vasco). En desarrollo de dicha competencia la CAPV dict\u00f3 la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho (LPHPV), modi\ufb01cada por la Ley 5\/2025, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco (LDCV).<\/p>\n
Se trata de una norma sustantiva y no regula el aspecto procesal de las parejas de hecho. Por tanto, algunos aspectos de la regulaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de las parejas de hecho se encuentran sometidos a la legislaci\u00f3n estatal y otros a la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica.<\/p>\n
En el caso de autos, los litigantes se constituyeron en pareja de hecho el 17 de agosto de 2004 al amparo de la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, que en su art\u00edculo 5.1 dispone que los miembros de la pareja de hecho podr\u00e1n regular las relaciones patrimoniales derivadas de su uni\u00f3n mediante documento p\u00fablico o privado, estableciendo el art.6 que, en defecto de pacto expreso, los miembros de la pareja podr\u00e1n adherirse a las cl\u00e1usulas que con car\u00e1cter general se establezcan y que prever\u00e1n los efectos que se relacionan en los apartados 1 y 2 del citado precepto. El hecho de que los miembros de la pareja de hecho hayan decidido regular sus relaciones patrimoniales conforme a las normas reguladoras del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de la sociedad de gananciales, como sucede en el caso de autos, no los convierte en matrimonio. La instituci\u00f3n matrimonial ha sido excluida al constituirse en pareja de hecho, por lo que la decisi\u00f3n de sus integrantes conlleva exclusivamente la consecuencia de que las reglas establecidas para el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de gananciales son las que van a regir los aspectos patrimoniales de su convivencia y, en su caso, las consecuencias econ\u00f3micas de su ruptura. Y, por tanto, la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sus relaciones patrimoniales habr\u00e1n de seguir el cauce procesal del juicio declarativo correspondiente por raz\u00f3n de la cuant\u00eda ante el Juzgado de Primera Instancia competente territorialmente. Es cierto que puede darse la circunstancia, como es el caso, de que el Juzgado de Familia conozca del procedimiento de relaciones paterno-\ufb01liales por ser los litigantes padres de hijos menores de edad, pero sea el Juzgado de Primera Instancia el que conozca del proceso declarativo que aborde los aspectos patrimoniales derivados de la ruptura de la pareja de hecho. Son las consecuencias del r\u00e9gimen legal vigente de aplicaci\u00f3n a fecha de interposici\u00f3n de la demanda, sin perjuicio de que lo que pueda acordar el Consejo General del Poder Judicial una vez constituidas las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad en los Tribunales de Instancia vistas las competencias previstas para \u00e9stas en el art.86.5 LOPJ y, especialmente, en sus apartados a) y n).<\/p>\n
Por \u00faltimo, el pronunciamiento de la sentencia de fecha 28 de junio de 2023 de medidas paterno\ufb01liales dictada por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de San Sebasti\u00e1n, con competencias en materia de familia, sobre la atribuci\u00f3n del uso de la vivienda familiar en un r\u00e9gimen de guarda y custodia compartida, adoptado a resultas del acuerdo alcanzado por ambos progenitores, se enmarca en el \u00e1mbito propio de las competencias de los Juzgados de Familia y no constituye ninguna actuaci\u00f3n propia de una liquidaci\u00f3n de un patrimonio en com\u00fan.<\/p>\n
Por todo lo anteriormente expuesto, procede, con estimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, revocar el auto recurrido y determinar que el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n es competente objetivamente para conocer de la demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de comunidad de bienes de pareja de hecho interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de D\u00aa Teodora frente a D. Alexander .<\/p>\n
TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art.394 por remisi\u00f3n del art.398.1 LEC, la estimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n determina que no se condene en las costas derivadas del mismo a ninguno de los litigantes.<\/p>\n
CUARTO.-La disposici\u00f3n adicional 15\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8, aplicable a este caso, que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resoluci\u00f3n se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n de la totalidad del dep\u00f3sito.<\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo expuesto, PARTE DISPOSITIVA ESTIMARel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n de D\u00aa Teodora contra el auto de fecha 24 de abril de 2025, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n en los autos n\u00ba<\/p>\n
307\/2025, REVOCANDOel mismo y, en su lugar, se dicta nueva resoluci\u00f3n por la que se determina que el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de San Sebasti\u00e1n es competente objetivamente para conocer de la demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de comunidad de bienes de pareja de hecho interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de D\u00aa Teodora frente a D. Alexander .<\/p>\n
No se efect\u00faa imposici\u00f3n a ninguna de las partes de las costas causadas en ambas instancias.<\/p>\n
Devu\u00e9lvase a D\u00aa Teodora el dep\u00f3sito constituido para recurrir, expidi\u00e9ndose por el Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devoluci\u00f3n.<\/p>\n
Contra la presente resoluci\u00f3n NO CABE RECURSO ALGUNO.<\/p>\n
Lo acuerdan y \ufb01rman Sus Se\u00f1or\u00edas. Doy fe.<\/p>\n
La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n
Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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