{"id":13394,"date":"2026-10-19T16:17:43","date_gmt":"2026-10-19T14:17:43","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/aap-de-la-rioja-de-21-de-octubre-de-2025\/"},"modified":"2026-10-20T13:49:30","modified_gmt":"2026-10-20T11:49:30","slug":"aap-de-la-rioja-de-21-de-octubre-de-2025","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/aap-de-la-rioja-de-21-de-octubre-de-2025\/","title":{"rendered":"AAP de La Rioja de 21 de octubre de 2025"},"content":{"rendered":"<h3>AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1<\/h3>\n<h3>LOGRO\u00d1O<\/h3>\n<p>AUTO: 00227\/2025 Modelo: N10300 AUTO DEFINITIVO TEXTO LIBRE C\/ MARQU S DE MURRIETA, 45-47, 3 PLANTA Tel\u00e9fono:941 296 568 Fax:941 296 488 Correo electr\u00f3nico:audiencia.provincial@larioja.org Equipo\/usuario: ASG N.I.G.26089 42 1 2024 0011097 ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000687 \/2025 Juzgado de procedencia:JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de LOGRO\u00d1O Procedimiento de origen:PMA MEDIDAS CAUTELARES 0000003 \/2024 Recurrente: Bibiana Procurador: REGINA DODERO DE SOLANO Abogado: YVONNE AGUIRRE GONZALEZ Recurrido: Berta Procurador: EVA FERICHE OCHOA Abogado:<\/p>\n<h3>AUTO N\u00ba 227 DE 2025<\/h3>\n<h3>ILMOS.SRES.<\/h3>\n<p>MAGISTRADOS:<\/p>\n<h3>DON FERNANDO FERRERO HIDALGO<\/h3>\n<h3>DO\u00d1A MARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER<\/h3>\n<h3>DON DAVID LOSADA DURAN<\/h3>\n<p>En Logro\u00f1o, a veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.<\/p>\n<h3>ANTECEDENTES DE HECHO<\/h3>\n<p>PRIMERO:En el procedimiento ordinario n\u00ba 1419\/2024, pieza de medidas cautelares 3\/2024, seguido en el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 4 de Logro\u00f1o a instancia de do\u00f1a Bibiana frente a do\u00f1a Berta , se dict\u00f3 auto de fecha 14 de mayo de 2025 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: DISPONGO:<\/p>\n<p>Que desestimo la solicitud de medidas cautelares formulada por Bibiana , todo ello con imposici\u00f3n de costas a la actora.<\/p>\n<p>SEGUNDO:Contra dicho Auto interpuso recurso de apelaci\u00f3n la representaci\u00f3n procesal de do\u00f1a Bibiana , y seguido el recurso por todos sus tr\u00e1mites, se se\u00f1al\u00f3 para la celebraci\u00f3n de la votaci\u00f3n y fallo el d\u00eda 8 de octubre de 2025. Es ponente do\u00f1a Mar\u00eda del Puy Aramend\u00eda Ojer FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO:Por otros\u00ed en el escrito de demanda instada por do\u00f1a Bibiana frente a do\u00f1a Berta , solicit\u00f3 la parte demandante la adopci\u00f3n de las siguientes medidas cautelares:<\/p>\n<p>1\u00ba anotaci\u00f3n preventiva de la demanda en el Registro de la propiedad n\u00ba 3 de Logro\u00f1o , donde se encuentran inscritos los bienes vivienda sita en Logro\u00f1o la DIRECCION000 y local en la DIRECCION001 de Logro\u00f1o 2\u00ba Se proh\u00edba a Do\u00f1a Berta disponer de los bienes relictos y de las cuentas bancarias tanto de Don Juan Luis como de las suyas propias , hasta que se liquide el r\u00e9gimen ganancial , para evitar alzamiento de bienes por parte de la demandada.<\/p>\n<p>3\u00ba Prohibici\u00f3n de enajenar con relaci\u00f3n a los saldos bancarios y otros bienes no sujetos a inscripci\u00f3n registral hasta que el litigio principal est\u00e9 resuelto 4\u00ba intervenci\u00f3n judicial de la herencia y formaci\u00f3n de inventario de los bienes y cuentas gananciales.<\/p>\n<p>5\u00ba nombramiento de administrador.<\/p>\n<p>SEGUNDO:Las medidas solicitadas fueron desestimadas por auto de fecha 14 de mayo de 2025, en el que razona la juez de instancia: que no se aprecian visos de fumus boni iuris, toda vez que la demanda, cuya pretensi\u00f3n principal es la declaraci\u00f3n de nulidad del testamento y de la instituci\u00f3n de la demandada como heredera, tal y como est\u00e1 redactada, y a salvo de lo que se resuelva en el procedimiento principal no tiene indicios de que pueda ser estimada. V\u00e9ase como se solicita la declaraci\u00f3n de nulidad de un testamento sin hacer referencia al hecho en virtud del cual el testamento pudiera ser nulo. Se se\u00f1ala que la instituci\u00f3n de heredera es nula, cuando en el testamento, otorgado conforme a la Legislaci\u00f3n Foral Vasca, no se instituye heredera a la Sra.<\/p>\n<p>Berta . En la demanda se confunde la instituci\u00f3n de la desheredaci\u00f3n ( Arts. 848 y ss del Cci.) con la incapacidad para suceder por indignidad ( art. 756 Cc .i), y s\u00f3lo se cita, o bien art\u00edculos del c\u00f3digo civil que se re\ufb01eren a la desheredaci\u00f3n o bien legislaci\u00f3n foral gallega, navarra, catalana, pero en ning\u00fan caso, las normas conforme a las cuales se otorg\u00f3 el testamento. En relaci\u00f3n con la desheredaci\u00f3n, cabe se\u00f1alar que se trata de una disposici\u00f3n testamentaria que ha de realizar el testador con base en las causas legalmente tasadas. Mientras que, en el supuesto de autos, lo que se pretende es que judicialmente se declare que la demandada no tiene derecho a heredar. En de\ufb01nitiva, no existe correlaci\u00f3n entre lo que se pide y los hechos y fundamentos jur\u00eddicos en virtud de los cuales se presenta tal petici\u00f3n.<\/p>\n<p>TERCERO:Frente a dicho auto se alza en apelaci\u00f3n la parte solicitante de las medidas, alegando, en s\u00edntesis: error en la valoraci\u00f3n de la prueba, concretamente en la apreciaci\u00f3n del &#8220;periculum in mora&#8221;, y vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; en el procedimiento principal se ejercita acci\u00f3n de nulidad de disposiciones testamentarias, por lo que la conservaci\u00f3n del caudal relicto durante la sustanciaci\u00f3n del proceso es esencial para garantizar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse; do\u00f1a Berta ha manifestado expresamente su voluntad de &#8220;dejar sin nada a sus hijos&#8221; y de &#8220;quedarse con todo&#8221;, a lo que se a\u00f1ade la existencia de una demanda de divorcio interpuesta ante el Juzgado de familia de Logro\u00f1o (docs. 6 y 7), el contrato de residencia y escrito en el que expresamente el padre de la demandante solicitaba que no se autorizaba la visita de Berta (doc. 4) y la disposici\u00f3n unilateral de fondos comunes. Todo ello con\ufb01gura un contexto que permite apreciar una clara apariencia de buen derecho y el testamento cuya nulidad se solicita otorga a la demandada la plena disposici\u00f3n de todos los bienes del causante. El hecho invalidante del testamento es la desaparici\u00f3n sobrevenida de la causa de la liberalidad, por haber desaparecido el motivo que razonablemente impuls\u00f3 al testador a otorgar dicha disposici\u00f3n (la convivencia y v\u00ednculo afectivo conyugal). Aunque el testamento no utilice la f\u00f3rmula t\u00e9cnica de instituci\u00f3n de heredera, la demandada es bene\ufb01ciaria del conjunto de bienes del causante, lo que en la pr\u00e1ctica equivale a una instituci\u00f3n de heredera universal. Asimismo las partes no ostentaban la vecindad de Alava ( Vizcaya ) ya que llevaban m\u00e1s de 15 a\u00f1os viviendo en La Rioja , tal y como se acredit\u00f3 con el certi\ufb01cado de empadronamiento que se aport\u00f3 en la vista oral de la medida cautelar. La demanda no sostiene que la demandada est\u00e9 desheredada ni que sea indigna para suceder, sino que las disposiciones testamentarias<\/p>\n<p>a su favor son nulas por abuso de derecho y desaparici\u00f3n sobrevenida de la causa se alega un hecho claro (ruptura familiar y amenazas de privaci\u00f3n patrimonial a los hijos), se acredita mediante prueba directa (audios, testi\ufb01cales, documentos) y se solicita una medida l\u00f3gica y proporcionada (intervenci\u00f3n y protecci\u00f3n cautelar del caudal relicto). Las medidas solicitadas son necesarias para evitar que la bene\ufb01ciaria del testamento disponga libremente de los bienes mientras se tramita el procedimiento de nulidad. Asimismo las partes no ostentaban la vecindad de Alava ( Vizcaya ) ya que llevaban m\u00e1s de 15 a\u00f1os viviendo en La Rioja , tal y como se acredit\u00f3 con el certi\ufb01cado de empadronamiento que se aport\u00f3 en la vista oral de la medida cautelar. La denegaci\u00f3n de las medidas solicitadas, pese a la gravedad de los hechos denunciados y a las pruebas que acreditan el riesgo, deja sin protecci\u00f3n efectiva el derecho de la recurrente a que su futura sentencia tenga efectividad ( art. 24 CE ).Alega adem\u00e1s la improcedencia de imponerle las costas.<\/p>\n<p>CUARTO:En el escrito de recurso de apelaci\u00f3n, la parte apelante pretende, como ya pretendi\u00f3 en el acto de la vista, introducir una nueva alegaci\u00f3n que no hab\u00eda realizado en la demanda, cual es la procedencia de la nulidad del testamento que nos ocupa por: sic en el escrito de recurso de apelaci\u00f3n: las partes no ostentaban la vecindad de &#8220;Alava ( Vizcaya )&#8221;, ya que llevaban m\u00e1s de 15 a\u00f1os viviendo en La Rioja , tal y como se acredit\u00f3 con el certi\ufb01cado de empadronamiento que se aport\u00f3 en la vista oral de la medida cautelar.Se re\ufb01ere a un certi\ufb01cado de empadronamiento que no fue admitido en el acto de la vista, por referirse a hechos no alegados en el escrito de demanda tal como acertadamente resolvi\u00f3 la juez de instancia. Extempor\u00e1neas alegaciones que tampoco van a considerarse en esta alzada. Al respecto, como dijimos en sentencia de esta Audiencia Provincial de la Rioja de fecha 29 de octubre de 2021, N\u00ba de Recurso: 88\/2021, N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 488\/2021:<\/p>\n<p>En este sentido, la secci\u00f3n primera de la Audiencia Provincial de Guadalajara en su sentencia de 23 de marzo de 2016 ha razonado que &#8220;es preciso recordar el principio de preclusi\u00f3n, en virtud del cual las manifestaciones que hagan los litigantes en los escritos rectores del proceso han de ser vinculantes en cuanto a lo que es objeto del debate, en acatamiento de las reglas de la buena fe que son directriz esencial en todo procedimiento, conforme el art\u00edculo 11.1 de la LOPJ , y en semejantes t\u00e9rminos la STS de 31 de marzo de 1995 , no siendo admisible que se planteen cuestiones nuevas en base a a\ufb01rmaciones diferentes de aquellas de las que se parte en los escritos rectores de la litis, pues ello causar\u00eda indefensi\u00f3n a la adversa, en cuanto no pudieron ser objeto de argumentaci\u00f3n por la parte contraria. Implicando lo contrario infracci\u00f3n del art\u00edculo 24 de la CE , al no darse a la contraparte la posibilidad de alegar y probar lo que estime conveniente cara a su derecho, tal y como apunt\u00f3 la STC de 28 de septiembre de 1992 , que razon\u00f3 la introducci\u00f3n de hechos posteriores a la fase expositiva del proceso que suponen una modi\ufb01caci\u00f3n sustancial de los t\u00e9rminos del debate procesal que afecta al principio de contradicci\u00f3n y por ende, al fundamental derecho de defensa, criterio mantenido por otras resoluciones del Alto Tribunal, donde se\u00f1alan que el principio de preclusi\u00f3n referido al planteamiento de cuestiones nuevas pero igualmente aplicable a la apelaci\u00f3n, prohibiendo la introducci\u00f3n de cuestiones nuevas, doctrina recogida por la AP de esta ciudad, entre otras, en sentencia de 9 de marzo de 2000 .&#8221;<\/p>\n<p>QUINTO:La adopci\u00f3n de las medidas cautelares reguladas en los art\u00edculos 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene determinada por su necesidad para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pueda otorgarse en eventual sentencia estimatoria, si concurren los presupuestos previstos en el art. 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 726.1.\u00b0 ), de modo que no puedan verse impedida o di\ufb01cultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso (art. 721.1 y 727.11\u00aa ), por lo que con ella no se protege la ejecuci\u00f3n sino la efectividad de la Sentencia, siendo sus caracter\u00edsticas la temporalidad, provisionalidad, instrumentalidad y variabilidad.<\/p>\n<p>De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 728 de la Lec, para obtener la tutela cautelar, son presupuestos imprescindibles la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), el peligro en la mora procesal (periculum in mora), proporcionalidad de la medida solicitada y la prestaci\u00f3n de cauci\u00f3n.<\/p>\n<p>La apariencia de buen derecho implica un juicio de probabilidad sobre la existencia del inter\u00e9s jur\u00eddico que se postula, debiendo aparecer como veros\u00edmil o probable, sin &#8220;prejuzgar&#8221; la decisi\u00f3n sobre el fondo, debiendo aportar la parte que solicita la medida cautelar una justi\ufb01caci\u00f3n inicial de su derecho, fumus bonis iuris, ordinariamente presentando un principio de prueba por escrito, (tambi\u00e9n se puede ofrecer &#8220;por otros medios&#8221;) que funde dicha apariencia de derecho a su favor.<\/p>\n<p>Por otro lado, el peligro en la mora procesal es el peligro de insatisfacci\u00f3n del derecho aparente derivado del retraso en obtener la resoluci\u00f3n de\ufb01nitiva; siendo \u00e9sta la justi\ufb01caci\u00f3n de la medida cautelar, con lo que se pretende neutralizar los eventuales da\u00f1os que se pudieren generar, anticipando provisionalmente los efectos de la sentencia de\ufb01nitiva, y que, por ello, deber\u00e1n ser justi\ufb01cados, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n<p>Es requisito para que una medida cautelar sea adoptada, que exista un riesgo real de que, mientras se sustancia el proceso de declaraci\u00f3n, el demandado pueda intentar maniobras fraudulentas que pongan en peligro o<\/p>\n<p>hagan imposible una futura ejecuci\u00f3n &#8211; periculum in mora-, ( STC 148\/93 de 29 abril), y \u00e9ste no se presume ni se sobreentiende, es obligaci\u00f3n de quien pide la medida cautelar a\ufb01rmar y probar la existencia del mismo.<\/p>\n<p>La instrumentalidad, idoneidad y homogeneidad de la medida alude a la necesaria correlaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de la medida con las consecuencias que naturalmente han de derivarse de la resoluci\u00f3n \ufb01nal.<\/p>\n<p>Finalmente, quien obtiene a su favor una medida cautelar debe prestar cauci\u00f3n su\ufb01ciente para responder de los da\u00f1os y perjuicios que pueda causarle al demandado si se demuestra que la medida carec\u00eda de fundamento y es posteriormente revocada.<\/p>\n<p>SEXTO:En el caso que nos ocupa, la parte demandante solicita en la demanda: se DECLARE:<\/p>\n<p>1\u00ba) La ine\ufb01cacia de la instituci\u00f3n de heredera hecha en favor de la demandada en el testamento otorgado por el causante Don Juan Luis el 4 de agosto de 2006 , n\u00ba de protocolo 731, ante el Ilustre Notario Jose Maria Juanperez Iturri y por consiguiente la apertura de la sucesi\u00f3n intestada a favor de sus hijos Bibiana y Don Justiniano , revocando los derechos sucesorios del c\u00f3nyuge viudo , ya que la separaci\u00f3n de hecho justi\ufb01ca la apertura de sucesi\u00f3n abintestato a favor de los hijos y se les reconozca como herederos leg\u00edtimos.<\/p>\n<p>2\u00ba La nulidad de todas las actuaciones realizadas, en su caso, como consecuencia del referido testamento .<\/p>\n<p>Contrariamente a lo alegado por la parte apelante, en el testamento otorgado por el causante don Juan Luis el 4 de agosto de 2006, n\u00ba de protocolo 731, don Juan Luis no instituy\u00f3 heredera a do\u00f1a Berta , ni el testamento cuya nulidad se solicita otorga a la demandada la plena disposici\u00f3n de todos los bienes del causante, ni la demandada es bene\ufb01ciaria del conjunto de bienes del causante,sino que don Juan Luis leg\u00f3 do\u00f1a Berta el usufructo de su herencia, y la nombr\u00f3 comisaria, encomend\u00e1ndole, para despu\u00e9s de su fallecimiento, la designaci\u00f3n de sucesor o sucesores y la distribuci\u00f3n de sus bienes, siendo mientras no haga uso del poder testatorio, administradora del caudal relicto. Todo ello conforme a la Ley 3\/1992, de 1 de julio vigente al momento del otorgamiento, actual Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, que entr\u00f3 en vigor el 3 de octubre de 2015.<\/p>\n<p>No habiendo sido instituida heredera la demandada, dif\u00edcilmente puede prosperar la pretensi\u00f3n de la demandante de declarar la ine\ufb01cacia de una instituci\u00f3n de heredera que no ha tenido lugar. El poder testatorio aportado no constituye principio de prueba de justi\ufb01caci\u00f3n inicial del derecho a favor de la demandante, faltando el fumus bonis iuris, tal como ha razonado la juez de instancia.<\/p>\n<p>Por lo que sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la prueba que se practique en el procedimiento principal, y sin prejuzgar el fondo del asunto, no concurren los presupuestos legalmente exigidos para la adopci\u00f3n de medidas cautelares, tal como ha acordado la juez a quo, procediendo la desestimaci\u00f3n del recurso.<\/p>\n<p>SEPTIMO:El art. 736 de la Lec dispone: 1. Contra el auto en que el tribunal deniegue la medida cautelar s\u00f3lo cabr\u00e1 recurso de apelaci\u00f3n, al que se dar\u00e1 una tramitaci\u00f3n preferente. Las costas se impondr\u00e1n con arreglo a los criterios establecidos en el art\u00edculo 394.<\/p>\n<p>Por lo que procede mantener la imposici\u00f3n de las costas de la instancia a la parte solicitante de las medidas, y desestimado el recurso, se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante, ex art 398 de la Lec.<\/p>\n<p>Vistos los art\u00edculos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>PARTE DISPOSITIVA<\/h3>\n<p>La Sala acuerda: desestimar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de do\u00f1a Bibiana contra el auto de fecha 14 de mayo de 2025, dictado en la pieza de medidas cautelares 3\/2024, seguida en el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 4 de Logro\u00f1o, que ha dado lugar al recurso de apelaci\u00f3n n\u00ba 687\/2025, con\ufb01rmando dicha resoluci\u00f3n, con imposici\u00f3n de las costas del recurso de apelaci\u00f3n a la parte apelante.<\/p>\n<p>Contra este auto no cabe recurso alguno.<\/p>\n<p>Rem\u00edtase testimonio de esta resoluci\u00f3n al juzgado de procedencia, con devoluci\u00f3n de los autos en su caso, interes\u00e1ndose acuse de recibo.<\/p>\n<p>As\u00ed por este nuestro auto, del que se unir\u00e1 certi\ufb01caci\u00f3n literal al rollo de apelaci\u00f3n, lo acordamos, mandamos y \ufb01rmamos.<\/p>\n<p>La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada s\u00f3lo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n<p>Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con \ufb01nes contrarios a las leyes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contrariamente a lo alegado por la parte apelante, en el testamento otorgado por el causante don Juan Luis el 4 de agosto de 2006, n\u00ba de protocolo 731, don Juan Luis no instituy\u00f3 heredera a do\u00f1a Berta , ni el testamento cuya nulidad se solicita otorga a la demandada la plena disposici\u00f3n de todos los bienes del causante, ni la demandada es beneficiaria del conjunto de bienes del causante,sino que don Juan Luis leg\u00f3 do\u00f1a Berta el usufructo de su herencia, y la nombr\u00f3 comisaria, encomend\u00e1ndole, para despu\u00e9s de su fallecimiento, la designaci\u00f3n de sucesor o sucesores y la distribuci\u00f3n de sus bienes, siendo mientras no haga uso del poder testatorio, administradora del caudal relicto. Todo ello conforme a la Ley 3\/1992, de 1 de julio vigente al momento del otorgamiento, actual Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, que entr\u00f3 en vigor el 3 de octubre de 2015. No habiendo sido instituida heredera la demandada, dif\u00edcilmente puede prosperar la pretensi\u00f3n de la<br \/>\ndemandante de declarar la ineficacia de una instituci\u00f3n de heredera que no ha tenido lugar. 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