{"id":11457,"date":"2025-10-06T18:38:00","date_gmt":"2025-10-06T16:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stc-39-2002-de-14-de-febrero-de-2002\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:21","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:21","slug":"stc-de-14-de-febrero-de-2002","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stc-de-14-de-febrero-de-2002\/","title":{"rendered":"STC de 14 de febrero de 2002"},"content":{"rendered":"

\n STC de 14 de febrero de 2002<\/strong>\n<\/p>\n

\n Pleno. Sentencia 39\/2002, de 14 de febrero de 2002. Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad 1724\/95. Planteada por un Juzgado de Primera Instancia de Reus respecto del art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, redactado por el Decreto 1836\/1974, de 31 de mayo. Vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad conyugal: designaci\u00f3n de la ley nacional del marido para regir supletoriamente el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio. Derogaci\u00f3n del precepto legal.\n<\/p>\n

\n TEXTO<\/strong>\n<\/p>\n

\n El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por D. Manuel Jim\u00e9nez de Parga y Cabrera, Presidente; D. Pablo Garc\u00eda Manzano, D. Pablo Cach\u00f3n Villar, D. Fernando Garrido Falla, D. Vicente Conde Mart\u00edn de Hijas, D. Guillermo Jim\u00e9nez S\u00e1nchez, D.\u00aa Mar\u00eda Emilia Casas Baamonde, D. Javier Delgado Barrio, D.\u00aa Elisa P\u00e9rez Vera, D. Roberto Garc\u00eda-Calvo y Montiel y D. Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha pronunciado\n<\/p>\n

\n EN NOMBRE DEL REY<\/strong>\n<\/p>\n

\n la siguiente\n<\/p>\n

\n SENTENCIA<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 1724\/95, planteada por el Juzgado de Primera Instancia n\u00fam. 1 de Reus respecto del art. 9.2 del C\u00f3digo Civil. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, en la representaci\u00f3n que legalmente ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado D. Guillermo Jim\u00e9nez S\u00e1nchez, quien expresa el parecer del Tribunal.\n<\/p>\n

\n I. Antecedentes<\/strong>\n<\/p>\n

\n 1. El d\u00eda 12 de mayo de 1995 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal oficio remisorio del Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n\u00fam. 1 de Reus, de fecha 2 de mayo de 1995, al que se acompa\u00f1a, junto al testimonio del juicio ordinario de menor cuant\u00eda n\u00fam. 171\/94, el Auto de 11 de abril de 1995, por el que se acuerda plantear cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad respecto al art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, en su redacci\u00f3n anterior a la de la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, por su posible contradicci\u00f3n con los arts. 1.1, 9 y 14 de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n 2. El juicio de menor cuant\u00eda del que la presente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad trae causa fue promovido por D. Jos\u00e9 Antonio contra D.\u00aa Mar\u00eda, en solicitud de formaci\u00f3n de inventario de los bienes integrantes de la sociedad conyugal, a fin de que se proceda al aval\u00fao de los bienes inventariados, nombr\u00e1ndose contador-partidor, y a su adjudicaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Concluso el procedimiento el \u00f3rgano judicial acord\u00f3, por providencia de 13 de febrero de 1995, o\u00edr a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia o no de plantear cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad respecto al art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, en su redacci\u00f3n anterior a la de la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, “vigente el d\u00eda 3 de febrero de 1984 en que contrajeron matrimonio D. Jos\u00e9 Antonio y D.\u00aa Mar\u00eda, y, por tanto, aplicable, pese a su posterior derogaci\u00f3n por la Ley 11\/1990, de 15 de febrero, al presente caso por la expresa remisi\u00f3n que al mismo hac\u00edan los art\u00edculos 9.3 y 16.1 del propio CC”, por si pudiera ser o no “contrario a los art\u00edculos 1, 9, 14 y concordantes del texto\n<\/p>\n

\n constitucional que reconocen los principios constitucionales de igualdad y no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo como derechos fundamentales, o si, por el contrario, siendo clara la inconstitucionalidad sobrevenida de dicha norma no es siquiera preciso un pronunciamiento expl\u00edcito del Tribunal Constitucional sobre su nulidad…”.\n<\/p>\n

\n Evacuado el tr\u00e1mite de alegaciones conferido no estimaron pertinente el planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad las representaciones procesales de ambas partes, mientras que el Ministerio Fiscal s\u00ed consider\u00f3 procedente hacerlo.\n<\/p>\n

\n 3. En la fundamentaci\u00f3n del Auto de 11 de abril de 1995, de planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, el \u00f3rgano judicial proponente realiza, en s\u00edntesis, las siguientes consideraciones:\n<\/p>\n

\n a) Comienza por referirse a las razones que, en su opini\u00f3n, hacen conveniente en este supuesto, pese a ser anterior a la Constituci\u00f3n la norma cuestionada y, en consecuencia, poder aplicar directamente el apartado 3 de la Disposici\u00f3n derogatoria CE, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En primer lugar, que los doce a\u00f1os transcurridos desde la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n y la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, la cual modifica varios art\u00edculos del C\u00f3digo Civil en aplicaci\u00f3n del principio de no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo (entre ellos el que es objeto de la presente cuesti\u00f3n), han dado lugar a muchos “matrimonios mixtos” tanto en Catalu\u00f1a como en las dem\u00e1s Comunidades Aut\u00f3nomas con su propio Derecho civil, por lo que el problema exige una soluci\u00f3n global. En segundo t\u00e9rmino, que, dada la vaguedad de los t\u00e9rminos del Pre\u00e1mbulo y la insuficiencia de las normas transitorias de la Ley 11\/1990, la cuesti\u00f3n suscitada en el caso sometido a su enjuiciamiento es la de determinar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico al que han estado sometidos los c\u00f3nyuges desde la celebraci\u00f3n de su matrimonio el d\u00eda 3 de febrero de 1984.\n<\/p>\n

\n Y, finalmente, que cabe la posibilidad, aun cuando \u00e9sta sea remota, de que el Tribunal Constitucional declare la norma cuestionada conforme a la CE.\n<\/p>\n

\n A continuaci\u00f3n se\u00f1ala que de los hechos admitidos por ambas partes litigantes y de los medios de prueba practicados resultan suficientemente acreditadas las siguientes premisas: 1) Que D. Jos\u00e9 Antonio, de vecindad civil com\u00fan, y D.\u00aa Mar\u00eda, de vecindad catalana, contrajeron matrimonio en Cambrils (Tarragona) el d\u00eda 3 de febrero de 1984 sin otorgar capitulaciones matrimoniales. 2) Y que desde entonces hasta el momento de su separaci\u00f3n de hecho (18 de abril de 1989) residieron habitualmente en la mencionada localidad de este partido judicial de Reus.\n<\/p>\n

\n b) Por \u00faltimo considera que el art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, aplicable al presente caso pese a su posterior modificaci\u00f3n por la Ley 11\/1990, podr\u00eda ser contrario a los arts. 1, 9 y 14 CE al discriminar “injustificadamente a la mujer (D.\u00aa Mar\u00eda, en el presente caso) al\n<\/p>\n

\n someterla al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial (sociedad de gananciales, en el presente caso) de la Ley personal (Derecho Civil com\u00fan, en el presente caso) del marido (D. Jos\u00e9 Antonio, en el presente caso)”.\n<\/p>\n

\n Siendo clara la inconstitucionalidad de la norma cuestionada (afirma el \u00f3rgano proponente) es preciso un pronunciamiento expl\u00edcito del Tribunal Constitucional sobre su nulidad, ya que el fallo de este litigio depende de su validez. En efecto, de declararse \u00e9sta, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial que existi\u00f3 entre las partes hubiera sido la sociedad de gananciales prevista en el C\u00f3digo Civil com\u00fan, como alega la parte demandante, y, en consecuencia, deber\u00eda, en principio, estimarse la demanda.\n<\/p>\n

\n Por el contrario, si se estima inconstitucional la norma cuestionada, deber\u00edan desestimarse \u00edntegramente las pretensiones de la parte actora, dado que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial hubiera sido, dado que considera que la laguna legal que entonces se ocasionar\u00eda deber\u00eda integrarse con la noci\u00f3n residual de residencia habitual, el de separaci\u00f3n de bienes determinado en la Compilaci\u00f3n Civil catalana.\n<\/p>\n

\n 4. La Secci\u00f3n Segunda de este Tribunal, por providencia de 18 de julio de 1995, acord\u00f3 tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Juez de Primera Instancia n\u00fam. 1 de Reus y o\u00edr al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez d\u00edas y a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, alegase lo que estimara oportuno acerca de la admisibilidad de la presente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad ante la posible falta de condiciones procesales constitucional y legalmente exigibles y, en concreto, si la norma cuestionada es aplicable al caso y de su validez depende la decisi\u00f3n del proceso.\n<\/p>\n

\n 5. El Fiscal General del Estado evacu\u00f3 el tr\u00e1mite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el d\u00eda 6 de septiembre siguiente, en el que manifiesta, en s\u00edntesis, que la norma cuestionada parece que no es aplicable al caso y que de su validez no depende la decisi\u00f3n del proceso, ya que la cuesti\u00f3n se suscita en un proceso que “tiene por objeto \u00fanica y exclusivamente la formaci\u00f3n del inventario de una sociedad de gananciales como ejecuci\u00f3n de una Sentencia de separaci\u00f3n en la que se ordenaba la disoluci\u00f3n de dicha sociedad”.\n<\/p>\n

\n De modo que la norma cuestionada debi\u00f3 ser impugnada en el proceso de separaci\u00f3n, en el que la parte que plantea su posible inconstitucionalidad reconoci\u00f3 que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico que regulaba dicho matrimonio era el de gananciales.\n<\/p>\n

\n Asimismo a\u00f1ade que el art. 9.3 CC., tanto en su antigua como en su nueva redacci\u00f3n, establece la posibilidad de que los c\u00f3nyuges pacten los efectos econ\u00f3micos del matrimonio, siempre que los convenios celebrados al efecto est\u00e9n de acuerdo, en cuanto a su contenido y forma, con las normas que el mismo precepto se\u00f1ala, y solamente cuando falten o sean insuficientes los indicados acuerdos determina el mencionado art\u00edculo el r\u00e9gimen normativo que subsidiariamente ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n De este precepto se infiere, pues, que las partes pueden, mediante el correspondiente pacto, establecer el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial que va a regir entre ellas, de forma que si eligieron t\u00e1citamente, al no otorgar capitulaciones matrimoniales, el r\u00e9gimen ganancial como propio de su matrimonio, \u00e9ste es el que ha regido sus relaciones econ\u00f3micas, sin que tenga aplicaci\u00f3n la norma cuestionada, porque la voluntad de los c\u00f3nyuges en cuanto al r\u00e9gimen econ\u00f3mico se ha manifestado durante el matrimonio y\n<\/p>\n

\n en los procedimientos de separaci\u00f3n y de jurisdicci\u00f3n voluntaria. No es admisible ni l\u00f3gico que en toda la trayectoria procesal no haya alegado la mujer la debatida norma y la alegue ahora \u00fanicamente por razones de conveniencia.\n<\/p>\n

\n 6. Por providencia de 16 de enero de 1996 la Secci\u00f3n Segunda de este Tribunal acord\u00f3 admitir a tr\u00e1mite la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada por el Juez de Primera Instancia n\u00fam. 1 de Reus relativa a la supuesta inconstitucionalidad del art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, en la redacci\u00f3n anterior a la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, en cuanto podr\u00eda vulnerar los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE.\n<\/p>\n

\n Asimismo orden\u00f3 dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia e Interior, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince d\u00edas, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen procedentes. Finalmente resolvi\u00f3 publicar la incoaci\u00f3n de la presente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad en el “Bolet\u00edn Oficial del Estado”.\n<\/p>\n

\n 7. El Presidente del Senado, a trav\u00e9s de escrito fechado el 23 de enero de 1996, registrado en este Tribunal el d\u00eda 25 de enero siguiente, solicit\u00f3 se tuviera por personada a dicha C\u00e1mara, ofreciendo su colaboraci\u00f3n a los efectos del art. 88.1 LOTC.\n<\/p>\n

\n 8. Mediante escrito fechado el 29 de enero de 1996, que tuvo entrada en este Tribunal el 31 de enero siguiente, el Presidente del Congreso de los Diputados puso en conocimiento de este Tribunal que la Mesa de la C\u00e1mara hab\u00eda acordado no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones, poniendo a disposici\u00f3n del Tribunal las actuaciones de la C\u00e1mara que pudiera precisar.\n<\/p>\n

\n 9. El Abogado del Estado, en representaci\u00f3n del Gobierno de la Naci\u00f3n, se person\u00f3 mediante escrito registrado el 2 de febrero de 1996 solicitando que se declare mal planteada la cuesti\u00f3n por falta de objeto; subsidiariamente, que se declare inconstitucional el inciso segundo del art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, en su redacci\u00f3n anterior a la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, que reza: “y, en su defecto, por la ley nacional del marido al tiempo de la celebraci\u00f3n”.\n<\/p>\n

\n Comienza su razonamiento recordando que el texto cuestionado es tan s\u00f3lo el \u00faltimo inciso del art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, en el cual se establece que las relaciones personales entre los c\u00f3nyuges se regir\u00e1n, en defecto de los criterios anteriormente sentados, “por la ley nacional del marido al tiempo de su celebraci\u00f3n” (se entiende que del matrimonio). Tal redacci\u00f3n fue introducida en la reforma del T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Civil operada por la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973, texto articulado de 31 de mayo de 1974, por lo que, al tratarse de un precepto preconstitucional, habr\u00eda perdido ya su vigencia en virtud de su incompatibilidad con los arts. 14 y 32 CE, y de ah\u00ed que la cuesti\u00f3n se desplazar\u00eda a c\u00f3mo integrar la laguna producida por la p\u00e9rdida de vigencia de la norma que establece el punto de conexi\u00f3n que ahora se cuestiona de inconstitucionalidad, cuesti\u00f3n que, seg\u00fan reiteradamente ha afirmado este Tribunal, es ajena a la jurisdicci\u00f3n constitucional, pero que en cambio s\u00ed ha sido abordada por el Tribunal Supremo, el cual ha entendido que debe acudirse a la ley de la residencia habitual com\u00fan inmediatamente posterior a la celebraci\u00f3n del matrimonio, lo cual\n<\/p>\n

\n llevar\u00eda a entender que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio habr\u00eda sido el de separaci\u00f3n de bienes y, por tanto, proceder\u00eda la desestimaci\u00f3n de la demanda.\n<\/p>\n

\n Contin\u00faa el Abogado del Estado su razonamiento recogiendo el precedente constituido por el ATC 438\/1990, de 18 de diciembre, que declar\u00f3 terminada una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad como consecuencia de la desaparici\u00f3n sobrevenida de su objeto al haber recibido el precepto cuestionado una nueva redacci\u00f3n acomodada a la Constituci\u00f3n en la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, que entr\u00f3 en vigor despu\u00e9s de admitida la cuesti\u00f3n. Con mayor motivo habr\u00eda de ser aplicada la nueva norma en un proceso que se inicia una vez que hab\u00eda entrado ya en vigor la nueva redacci\u00f3n del precepto del C\u00f3digo Civil adoptada por la tan reiterada Ley 11\/1990. Ahora bien, como no deja de ser sostenible la aplicaci\u00f3n al caso de la norma cuestionada de inconstitucionalidad, atendido que el matrimonio se celebr\u00f3, y se decret\u00f3 la separaci\u00f3n, con anterioridad a la vigencia de la Ley 11\/1990, examina la constitucionalidad del precepto cuestionado a la luz de los arts. 14 y 32 CE.\n<\/p>\n

\n Entiende el Abogado del Estado que, de los preceptos constitucionales citados en el Auto de planteamiento, el m\u00e1s adecuado ser\u00eda el art. 14 CE, el cual proh\u00edbe expresamente que prevalezca cualquier discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo u otra circunstancia personal, como podr\u00eda ser el estado civil, prohibici\u00f3n que alcanza tambi\u00e9n al legislador. A\u00f1ade que deber\u00eda haberse citado tambi\u00e9n el art. 32.1 CE que garantiza al hombre y a la mujer la plena igualdad jur\u00eddica en el matrimonio, pero que dicha omisi\u00f3n no impide que, de conformidad con lo establecido en el art. 39.2 LOTC, pueda producirse una declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad fundada en este precepto. Concluye que la inconstitucionalidad del punto de conexi\u00f3n subsidiario, consistente en la ley personal del marido al tiempo de la celebraci\u00f3n del matrimonio, es manifiesta y ha sido se\u00f1alada por la doctrina m\u00e1s autorizada, pues, establecida por el art. 14 CE la prohibici\u00f3n de discriminar por raz\u00f3n de sexo o de estado civil, resulta imposible hacer compatible el inciso cuestionado de la norma con los preceptos constitucionales citados, sin que, por otra parte, quepa acudir a la supuesta neutralidad material de las normas de conflicto, toda vez que, trat\u00e1ndose de un supuesto de derecho interregional determinante de la aplicabilidad de alguno de los Derechos civiles coexistentes dentro de un Ordenamiento \u00fanico, todos ellos est\u00e1n sujetos por igual a la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n 10. El Fiscal General del Estado formul\u00f3 alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el d\u00eda 9 de febrero de 1996, solicitando la desestimaci\u00f3n de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad.\n<\/p>\n

\n Tras centrar la cuesti\u00f3n suscitada en el marco del proceso judicial en el que se plantea, razona que la interpretaci\u00f3n efectuada por el Juez proponente de los p\u00e1rrafos 2 y 3 del art. 9 del C\u00f3digo Civil llevar\u00eda a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del art. 9.2 de dicho cuerpo legal, pues supone que en los casos en que los c\u00f3nyuges tienen distinta vecindad civil uno de los efectos del matrimonio (el econ\u00f3mico) ha de regirse por la ley personal del marido, suponiendo ello una discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo sin causa razonable que lo justifique. Ahora bien, esta conclusi\u00f3n, que, seg\u00fan el Fiscal se deduce de una primera lectura de los preceptos indicados, ha de examinarse detenidamente para dilucidar si tal inconstitucionalidad es tan solo aparente, es decir, si se trata de una conclusi\u00f3n meramente formal sin contenido contradictorio con el derecho fundamental, o, por el contrario, estamos ante una inconstitucionalidad material que vulnera el art. 14 CE.\n<\/p>\n

\n El Ministerio p\u00fablico llama la atenci\u00f3n sobre el hecho de que en el proceso a quo se dilucidaban los efectos econ\u00f3micos del matrimonio, de suerte que la norma del art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, que se refiere a los efectos personales del matrimonio, no es de aplicaci\u00f3n directa, sino que entra en juego \u00fanicamente en virtud de la remisi\u00f3n que a ella efect\u00faa el art. 9.3, y s\u00f3lo como consecuencia de no haberse pactado el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial aplicable en capitulaciones matrimoniales, permitidas tanto por el Derecho civil com\u00fan como por el Derecho foral catal\u00e1n. Pues bien, la previsi\u00f3n de que mediante capitulaciones matrimoniales pueda determinarse el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio hace que el r\u00e9gimen resultante de la aplicaci\u00f3n de la norma de cuya constitucionalidad se duda resulte un r\u00e9gimen querido y determinado libremente por los c\u00f3nyuges a trav\u00e9s de una opci\u00f3n t\u00e1cita por el r\u00e9gimen legal subsidiario determinado por la normativa civil o foral que resulte aplicable. En suma, en la medida en que se est\u00e1 ante una norma dispositiva, no existe imposici\u00f3n de un r\u00e9gimen econ\u00f3mico determinado por la preferencia de la ley personal del marido, lo cual permite concluir que la norma enjuiciada no resulta contraria al principio de no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo consagrado en el art. 14 CE. Otra cosa ser\u00eda, concluye el Fiscal, que la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, aun sobre el mismo precepto legal, se hubiese suscitado en un litigio relativo a los efectos personales del matrimonio, en el que se plantear\u00eda en su m\u00e1s profunda y radical dimensi\u00f3n la conexi\u00f3n \u00edntima entre la norma cuestionada y las pretensiones deducidas en el proceso.\n<\/p>\n

\n 11. Por providencia de fecha de 12 de febrero de 2002, se se\u00f1al\u00f3 para deliberaci\u00f3n y votaci\u00f3n de la presente Sentencia el d\u00eda 14 del mismo mes y a\u00f1o.\n<\/p>\n

\n II. Fundamentos jur\u00eddicos<\/strong>\n<\/p>\n

\n 1. El Auto del Juez de Primera Instancia n\u00fam. 1 de Reus, de 11 de abril de 1995, cuestiona la constitucionalidad del art. 9.2 del C\u00f3digo Civil en la redacci\u00f3n anterior a la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, por estimarlo contrario a los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE. De la fundamentaci\u00f3n de tal Auto puede desprenderse, sin esfuerzo interpretativo alguno, que tan s\u00f3lo se cuestiona el \u00faltimo inciso del p\u00e1rrafo aludido, en cuanto que, en defecto de los puntos de conexi\u00f3n principalmente establecidos para la determinaci\u00f3n de la ley aplicable a las relaciones personales entre c\u00f3nyuges, impone la aplicaci\u00f3n de la “ley nacional del marido al tiempo de la celebraci\u00f3n” del matrimonio. Tal preferencia del var\u00f3n sobre la mujer discrimina a \u00e9sta injustificadamente, siendo preciso, entiende el Juez proponente de la cuesti\u00f3n, un pronunciamiento expreso de este Tribunal dada la existencia de un elevado n\u00famero de “matrimonios mixtos” (expresi\u00f3n con la que alude a la circunstancia de que los c\u00f3nyuges tengan distinta vecindad civil), lo que aconseja que se resuelva con car\u00e1cter general el problema que \u00e9stos suscitan, consideraci\u00f3n que en el caso que da lugar al planteamiento de la presente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad resulta reforzada por la insuficiencia de las disposiciones transitorias de la Ley 11\/1990 para determinar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico en el que estuvieron casadas las partes del proceso a quo.\n<\/p>\n

\n 2. Un an\u00e1lisis consecuente con la naturaleza de las peticiones de quienes han intervenido en este proceso constitucional exige iniciar nuestro enjuiciamiento con el estudio de la petici\u00f3n principal del Abogado del Estado, el cual entiende que la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad carece de objeto y que, por ello, debe declararse mal planteada. Se basa para sustentar tal afirmaci\u00f3n en un doble argumento:\n<\/p>\n

\n a) De una parte, en que el car\u00e1cter preconstitucional de la norma cuestionada habr\u00eda determinado la p\u00e9rdida de vigencia de \u00e9sta por incompatibilidad con los arts. 14 y 32 CE, de suerte que la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, no habr\u00eda producido propiamente la derogaci\u00f3n de la norma anterior, sino la introducci\u00f3n de un nuevo r\u00e9gimen jur\u00eddico plenamente acomodado a los preceptos constitucionales, desplaz\u00e1ndose as\u00ed la cuesti\u00f3n al entendimiento de c\u00f3mo habr\u00eda de llenarse la laguna legal existente en el lapso temporal que media entre la p\u00e9rdida de vigencia del inciso cuestionado, producida por la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, y la publicaci\u00f3n de la Ley 11\/1990, que adopta nuevos criterios de determinaci\u00f3n de la normativa aplicable, cuesti\u00f3n que, como reiteradamente se ha afirmado, no corresponde resolver al Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus competencias propias y espec\u00edficas.\n<\/p>\n

\n Ahora bien, esta argumentaci\u00f3n no puede ser compartida dado que hace supuesto de la cuesti\u00f3n. En efecto, la p\u00e9rdida de vigencia del inciso cuestionado se habr\u00eda producido por aplicaci\u00f3n de la Disposici\u00f3n derogatoria tercera de la Constituci\u00f3n a causa de su incompatibilidad con los preceptos constitucionales, que es precisamente lo que el \u00f3rgano judicial plantea como duda de constitucionalidad. Pues bien, cuando la duda de constitucionalidad se plantea en relaci\u00f3n con normas preconstitucionales este Tribunal ha declarado con reiteraci\u00f3n que esta circunstancia no impone, por s\u00ed misma y de modo absoluto, que el \u00f3rgano judicial deba abstenerse de plantear la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, ya que, si bien puede examinar y resolver por s\u00ed mismo la eventual contradicci\u00f3n con el ordenamiento constitucional de una norma anterior a la Constituci\u00f3n, tambi\u00e9n puede optar por deferir la cuesti\u00f3n a esta jurisdicci\u00f3n constitucional (SSTC 17\/1981, de 1 de junio; 83\/1984, de 24 de julio; 155\/1987, de 14 de octubre; 105\/1988, de 8 de junio, y 126\/1997, de 3 de julio, entre otras).\n<\/p>\n

\n b) Una segunda l\u00ednea argumental viene a sostener que el art. 9.2 CC pod\u00eda ser ya aplicado en el proceso a quo en la nueva redacci\u00f3n dada por la Ley 11\/1990, por lo que la cuesti\u00f3n carec\u00eda ab initio de objeto. Este razonamiento vendr\u00eda avalado, en opini\u00f3n del Abogado del Estado, por el criterio seguido en el ATC 438\/1990, de 18 de diciembre, que declar\u00f3 terminada una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad por desaparici\u00f3n sobrevenida del objeto dado que el precepto cuestionado hab\u00eda recibido nueva redacci\u00f3n acomodada a la Constituci\u00f3n por la Ley 11\/1990, de 15 de octubre, que entr\u00f3 en vigor despu\u00e9s de admitida la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad.\n<\/p>\n

\n Frente a lo expuesto cabe oponer, como m\u00e1s adelante apunta incluso el propio Abogado del Estado, que la aplicabilidad al caso de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona puede sustentarse en varios argumentos, entre los cuales alude a que el matrimonio (cuyo r\u00e9gimen econ\u00f3mico habr\u00e1 de determinarse en funci\u00f3n de la constitucionalidad del precepto cuestionado) se celebr\u00f3 (y su separaci\u00f3n se decret\u00f3) bajo la vigencia de la norma cuestionada. A ello podr\u00eda a\u00f1adirse que la determinaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio se produjo al tiempo de su celebraci\u00f3n, seg\u00fan la ley aplicable, en funci\u00f3n de la vecindad civil de los contrayentes, por lo que el efecto jur\u00eddico de la aplicaci\u00f3n de la norma cuestionada, consistente en el se\u00f1alamiento o fijaci\u00f3n de qu\u00e9 legislaci\u00f3n civil, com\u00fan o foral, determinar\u00eda tal r\u00e9gimen atendida la inexistencia de capitulaciones matrimoniales, habr\u00eda agotado sus efectos en su aplicaci\u00f3n instant\u00e1nea, sin que el cambio normativo posterior haya de llevar consigo una alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio as\u00ed establecido.\n<\/p>\n

\n En esta circunstancia (haberse producido ya el efecto jur\u00eddico derivado de la aplicaci\u00f3n de la norma cuestionada) reside, adem\u00e1s, la nota distintiva con el precedente citado por el Abogado del Estado, y otros que podr\u00edan citarse, como el estudiado en el ATC 43\/1995, de 7 de febrero. En efecto, en el caso del ATC 438\/1990, de 18 de diciembre, a que hace referencia el Abogado del Estado se cuestionaba el art. 159 CC, que daba preferencia a la madre para hacerse cargo del cuidado de los hijos cuando los padres viv\u00edan separados y no hab\u00eda acuerdo o decisi\u00f3n judicial motivada en la excepcionalidad, pero tal art\u00edculo hab\u00eda sido reformado, de suerte que se eliminaban las objeciones de constitucionalidad propuestas por el Juez. La norma por su propia naturaleza y la de la materia regulada, hab\u00eda de ser aplicada en su nueva redacci\u00f3n al dictar sentencia, por lo que la regla de derecho de cuya constitucionalidad se dudaba hab\u00eda dejado de ser aplicable al caso. En el supuesto resuelto en el ATC 43\/1995, de 7 de febrero, se dudaba de la constitucionalidad del art. 54 de la Ley del Registro Civil, en la redacci\u00f3n dada a este texto por la Ley 17\/1977, de 4 de enero, que no autorizaba la imposici\u00f3n de nombres extranjeros a los ciudadanos espa\u00f1oles. La publicaci\u00f3n de la Ley 20\/1994, de 6 de junio, que hizo desaparecer tal prohibici\u00f3n, elimin\u00f3 de ra\u00edz la eventual contradicci\u00f3n de la norma contemplada con la Constituci\u00f3n, pues el Juez deb\u00eda adoptar su decisi\u00f3n de acuerdo con el texto de la disposici\u00f3n vigente en el momento de resolver, es decir, conforme a un precepto de cuya constitucionalidad no se dudaba ya. En cambio, en el proceso en el que esta cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad se plantea, de lo que se trata es de determinar cu\u00e1l fue el r\u00e9gimen econ\u00f3mico-matrimonial que qued\u00f3 establecido por la aplicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n vigente al tiempo de la celebraci\u00f3n del matrimonio. La norma cuestionada produjo su efecto, consistente en la determinaci\u00f3n de conforme a qu\u00e9 ordenamiento, com\u00fan o foral, quedar\u00eda establecido el r\u00e9gimen econ\u00f3mico- matrimonial, y, fijado as\u00ed el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio por aplicaci\u00f3n de la norma de conflicto vigente al tiempo de su celebraci\u00f3n, la modificaci\u00f3n de tal norma no produce la alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico-matrimonial que resulta aplicable. Y es que, a diferencia de los otros dos supuestos estudiados, en los cuales las normas cuestionadas de inconstitucionalidad proporcionaban al Juez una regla de Derecho en que sustentar la resoluci\u00f3n del caso sometido a su enjuiciamiento, en la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad que ahora se resuelve el Juez no ha de tomar una decisi\u00f3n conforme a la ley vigente al tiempo de adoptarla, sino que ha de aplicar una norma que produjo un efecto jur\u00eddico instant\u00e1neo en el pasado y que prolonga sus efectos en el tiempo presente.\n<\/p>\n

\n En todo caso, y esta consideraci\u00f3n resulta definitiva a los efectos de rechazar las objeciones procesales opuestas, en la reciente STC 109\/2001, de 26 de abril (FJ 3, con cita de las SSTC 157\/1990, de 18 de octubre, FJ2; 222\/1992, de 11 de diciembre, FJ2; 238\/1992, de 17 de diciembre, FJ 1; 114\/1994, de 14 de mayo, FJ 2; 126\/1997, de 3 de julio, FJ 4), record\u00e1bamos que nuestra funci\u00f3n no es la de resolver controversias interpretativas o dudas sobre el alcance de los preceptos legales o, dicho de otra manera, la interpretaci\u00f3n de la legalidad que subyace a la cuesti\u00f3n, sino enjuiciar la conformidad con la Constituci\u00f3n de una norma con rango de ley que sea aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, conforme disponen los arts. 163 CE y 35.1 LOTC. En ese planteamiento los \u00f3rganos jurisdiccionales que formularon la cuesti\u00f3n parten de una determinada interpretaci\u00f3n del precepto cuestionado, debiendo precisarse que dicha interpretaci\u00f3n debe ser el presupuesto de partida para el ejercicio de la funci\u00f3n que nos viene atribuida cuando, como ocurre aqu\u00ed, dicha interpretaci\u00f3n no puede tacharse de irrazonable o de inconsistente en s\u00ed misma.\n<\/p>\n

\n 3. Las alegaciones del Fiscal General del Estado nos llevan a anteponer su estudio a la argumentaci\u00f3n de fondo sobre la constitucionalidad del inciso del art. 9.2 CC que formul\u00f3 el Abogado del Estado, con cuyas alegaciones aconseja la l\u00f3gica expositiva que concluyamos.\n<\/p>\n

\n El Fiscal General del Estado aduce que a la aplicaci\u00f3n del cuestionado inciso final del art. 9.2 CC (regulador de la ley aplicable a las relaciones personales entre c\u00f3nyuges), se llega en el proceso a quo por la remisi\u00f3n que a \u00e9l hace el art. 9.3 CC (sobre ley aplicable a las relaciones patrimoniales entre c\u00f3nyuges). Como tal remisi\u00f3n s\u00f3lo entra en juego en defecto o por insuficiencia de capitulaciones matrimoniales, permitidas tanto por el r\u00e9gimen civil com\u00fan como por el foral catal\u00e1n, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial resultante de la aplicaci\u00f3n de la norma de cuya constitucionalidad se duda es un r\u00e9gimen querido y determinado libremente por los c\u00f3nyuges a trav\u00e9s de una opci\u00f3n t\u00e1cita por el r\u00e9gimen legal subsidiario civil com\u00fan o foral que resulte aplicable.\n<\/p>\n

\n Consecuentemente, en la medida en que se est\u00e1 ante una norma dispositiva, no existe imposici\u00f3n de un r\u00e9gimen econ\u00f3mico determinado por la preferencia de la ley personal del marido, por lo que la norma no ser\u00eda contraria al principio de no discriminaci\u00f3n en virtud del sexo, consagrado en el art. 14 CE. Otra cosa ser\u00eda, concluye el Ministerio p\u00fablico, que la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, aun en relaci\u00f3n con el mismo precepto legal, se hubiese planteado en un litigio sobre los efectos personales del matrimonio [en cuyo caso, a\u00f1adimos nosotros, la regla legal, si llegara a ser de aplicaci\u00f3n, s\u00ed ser\u00eda imperativa], guardando por consiguiente la conexi\u00f3n \u00edntima entre la norma cuestionada y las pretensiones deducidas en el proceso que se exige legal y constitucionalmente.\n<\/p>\n

\n Pues bien, este Tribunal no puede sino admitir la necesidad, reiteradamente afirmada, de que entre la norma de cuya constitucionalidad se duda y las pretensiones de las partes exista una \u00edntima conexi\u00f3n, dado que uno de los requisitos legal y constitucionalmente exigibles para poder plantear una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad es, precisamente, que el fallo de la Sentencia, en el que se resuelve sobre las pretensiones de las partes, dependa de la adecuaci\u00f3n de la ley a la Constituci\u00f3n. Ahora bien, de ello no se derivan diferentes exigencias de adecuaci\u00f3n constitucional seg\u00fan que la norma cuestionada tenga car\u00e1cter dispositivo o imperativo. Al margen de que la posibilidad de que los particulares puedan desplazar la aplicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n dispositiva encuentra siempre determinados l\u00edmites, en unas ocasiones generales y en otras acotados por la propia norma que establece tal posibilidad, no parece adecuado afirmar que no hacer uso del margen de autonom\u00eda reconocido en la norma implique una opci\u00f3n voluntaria de sometimiento a la regulaci\u00f3n dispositivamente introducida en la norma, sino que la aplicaci\u00f3n de la misma deriva del car\u00e1cter vinculante del Derecho, por lo que las mismas exigencias de adecuaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n deber\u00e1n entrar en juego.\n<\/p>\n

\n Dicho de otro modo, y ci\u00f1\u00e9ndonos al caso concreto, una vez que los contrayentes decidieron no hacer uso de la posibilidad de otorgar capitulaciones matrimoniales para determinar as\u00ed el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de su matrimonio, la norma de conflicto que establece conforme a qu\u00e9 ley personal habr\u00e1 de determinarse el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio deber\u00e1 ajustarse a los preceptos constitucionales. La circunstancia de si se utiliz\u00f3 o no la posibilidad de otorgar capitulaciones matrimoniales determinar\u00e1 si la previsi\u00f3n subsidiaria de la ley es aplicable al caso o no, lo que tendr\u00e1 incidencia a la hora de efectuar el juicio de relevancia, pero, efectuado \u00e9ste, la constitucionalidad de la norma se somete a los comunes u ordinarios par\u00e1metros de control. De lo que se duda\n<\/p>\n

\n no es de la constitucionalidad del r\u00e9gimen econ\u00f3mico que haya de regir entre las partes del proceso a quo, sino de la utilizaci\u00f3n de la ley personal del marido como punto de conexi\u00f3n, resultando indiferente para exigir su adecuaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n que tal punto de conexi\u00f3n sea el primero establecido en la norma de conflicto o que, por el contrario, existan otros de preferente aplicaci\u00f3n en los que se reconozca a las partes cierto margen dispositivo. Todos los puntos de conexi\u00f3n, con independencia de si son establecidos en primer t\u00e9rmino o con car\u00e1cter subsidiario, han de ajustarse a la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n 4. Lo anteriormente razonado nos coloca ya en situaci\u00f3n de afrontar si el art. 9.2 CC, al establecer la nacionalidad del marido al tiempo de contraer el matrimonio como punto de conexi\u00f3n para la determinaci\u00f3n de la ley aplicable a las relaciones personales del matrimonio y, en defecto o por insuficiencia de capitulaciones matrimoniales, como consecuencia del reenv\u00edo efectuado en el n\u00fam. 3 del mismo precepto, tambi\u00e9n a las relaciones patrimoniales entre los c\u00f3nyuges, es o no contrario al art. 14 CE as\u00ed como al art. 32 CE, al que se refiere el Abogado del Estado en sus alegaciones como posible fundamento, en aplicaci\u00f3n del art. 39.2 LOTC, de una Sentencia estimatoria de la presente cuesti\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Para efectuar el enjuiciamiento apuntado bueno ser\u00e1 recordar la doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la igualdad y las prohibiciones de discriminaci\u00f3n, recogida de forma extensa y precisa en la reciente STC 200\/2001, de 4 de octubre, en cuyo fundamento jur\u00eddico 4 se puntualizan los siguientes extremos:\n<\/p>\n

\n “a ) El art. 14 CE contiene en su primer inciso una cl\u00e1usula general de igualdad de todos los espa\u00f1oles ante la Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad, por una conocida doctrina constitucional, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes p\u00fablicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados id\u00e9nticamente en sus consecuencias jur\u00eddicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificaci\u00f3n de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas.\n<\/p>\n

\n Como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22\/1981, de 2 de julio, recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relaci\u00f3n con el art. 14 CEDH, el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracci\u00f3n de cualquier elemento diferenciador de relevancia jur\u00eddica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulaci\u00f3n de una determinada materia supone una infracci\u00f3n del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan s\u00f3lo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificaci\u00f3n objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jur\u00eddicas y, en consecuencia, veda la utilizaci\u00f3n de elementos de diferenciaci\u00f3n que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificaci\u00f3n razonable. Lo que proh\u00edbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, seg\u00fan criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Tambi\u00e9n es necesario, para que sea constitucionalmente l\u00edcita la diferencia de trato, que las consecuencias jur\u00eddicas que se deriven de tal distinci\u00f3n sean proporcionadas a la\n<\/p>\n

\n finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, no s\u00f3lo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino tambi\u00e9n que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relaci\u00f3n existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 22\/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49\/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2\/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23\/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209\/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209\/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20\/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110\/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176\/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340\/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 117\/1998, de 2 de junio, FJ 8, por todas).\n<\/p>\n

\n b) La virtualidad del art. 14 CE no se agota, sin embargo, en la cl\u00e1usula general de igualdad con la que se inicia su contenido, sino que a continuaci\u00f3n el precepto constitucional se refiere a la prohibici\u00f3n de una serie de motivos o razones concretos de discriminaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Esta referencia expresa a tales motivos o razones de discriminaci\u00f3n no implica el establecimiento de una lista cerrada de supuestos de discriminaci\u00f3n (STC 75\/1983, de 3 de agosto, FJ 6), pero s\u00ed representa una expl\u00edcita interdicci\u00f3n de determinadas diferencias hist\u00f3ricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos como por la pr\u00e1ctica social, a sectores de la poblaci\u00f3n en posiciones, no s\u00f3lo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE (SSTC 128\/1987, de 16 de julio, FJ 5; 166\/1988, de 26 de septiembre, FJ 2; 145\/1991, de 1 de julio, FJ 2).\n<\/p>\n

\n En este sentido el Tribunal Constitucional, bien con car\u00e1cter general en relaci\u00f3n con el listado de los motivos o razones de discriminaci\u00f3n expresamente prohibidos por el art. 14 CE, bien en relaci\u00f3n con alguno de ellos en particular, ha venido declarando la ilegitimidad constitucional de los tratamientos diferenciados respecto de los que operan como factores determinantes o no aparecen fundados m\u00e1s que en los concretos motivos o razones de discriminaci\u00f3n que dicho precepto proh\u00edbe, al tratarse de caracter\u00edsticas expresamente excluidas como causas de discriminaci\u00f3n por el art. 14 CE (con car\u00e1cter general respecto al listado del art. 14 CE, SSTC 83\/1984, de 8 de febrero, FJ 3; 20\/1991, de 31 de enero, FJ 2; 176\/1993, de 27 de mayo, FJ 2; en relaci\u00f3n con el sexo, entre otras, SSTC 128\/1987, de 16 de julio, FJ 6; 207\/1987, de 22 de diciembre, FJ 2; 145\/1991, de 1 de julio, FJ 3; 147\/1995, de 16 de octubre, FJ2; 126\/1997, de 3 de julio, FJ 8; en relaci\u00f3n con el nacimiento, SSTC 74\/1997, de 21 de abril, FJ 4; 67\/1998, de 18 de marzo, FJ 5; ATC 22\/1992, de 27 de enero; en relaci\u00f3n con la edad, STC 31\/1984, de 7 de marzo, FJ 11).\n<\/p>\n

\n No obstante este Tribunal ha admitido tambi\u00e9n que los motivos de discriminaci\u00f3n que dicho precepto constitucional proh\u00edbe puedan ser utilizados excepcionalmente como criterio de diferenciaci\u00f3n jur\u00eddica (en relaci\u00f3n con el sexo, entre otras, SSTC 103\/1983, de 22 de noviembre, FJ 6; 128\/1987, de 26 de julio, FJ 7; 229\/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 126\/1997, de 3 de julio, FJ 8; en relaci\u00f3n con las condiciones personales o sociales, SSTC 92\/1991, de 6 de mayo, FF JJ 2 a 4; 90\/1995, de 8 de julio, FJ 4; en relaci\u00f3n con la edad, STC 75\/1983, de 3 de agosto, FFJJ 6 y 7; en relaci\u00f3n con la raza, STC 13\/2001, de 29 de enero, FJ 8), si bien en tales supuestos el canon de control, al enjuiciar la legitimidad de la diferencia y las exigencias de proporcionalidad, resulta\n<\/p>\n

\n mucho m\u00e1s estricto, as\u00ed como m\u00e1s rigurosa la carga de acreditar el car\u00e1cter justificado de la diferenciaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Al respecto tiene declarado que, a diferencia del principio gen\u00e9rico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y s\u00f3lo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminaci\u00f3n contenidas en el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciaci\u00f3n establecida ex costitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la parificaci\u00f3n, de manera que s\u00f3lo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciaci\u00f3n jur\u00eddica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho m\u00e1s estricto, as\u00ed como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad (SSTC 126\/1997, de 3 de julio, FJ 8, con cita de las SSTC 229\/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 75\/1983, de 3 de agosto, FFJJ 6 y 7; 209\/1988, de 10 de noviembre, FJ 6). Tambi\u00e9n resulta que en tales supuestos la carga de demostrar el car\u00e1cter justificado de la diferenciaci\u00f3n recae sobre quien asume la defensa de la misma y se torna a\u00fan m\u00e1s rigurosa que en aquellos casos que quedan gen\u00e9ricamente dentro de la cl\u00e1usula general de igualdad del art. 14 CE, al venir dado el factor diferencial por uno de los t\u00edpicos que el art. 14 CE concreta para vetar que en ellos pueda basarse la diferenciaci\u00f3n, como ocurre con el sexo, la raza, la religi\u00f3n, el nacimiento y las opiniones (STC 81\/1982, de 21 de diciembre, FJ 2).”\n<\/p>\n

\n 5. Pues bien, de acuerdo a los anteriores par\u00e1metros ha de coincidirse con el criterio sustentado tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado para el caso en que, como as\u00ed hemos razonado con anterioridad, puedan y deban superarse los obst\u00e1culos procedimentales para la admisi\u00f3n de la presente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad que cada uno opuso y que han sido ya estudiados.\n<\/p>\n

\n Para realizar el juicio sobre la vulneraci\u00f3n del principio de igualdad venimos exigiendo, de un lado que, como consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categor\u00edas de personas (STC 181\/2000, de 29 de junio, FJ 10), y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparaci\u00f3n sean, efectivamente, homog\u00e9neas o equiparables, es decir, que el t\u00e9rmino de comparaci\u00f3n no resulte arbitrario o caprichoso (SSTC 148\/1986, de 25 de noviembre, FJ 6; 29\/1987, de 6 de marzo, FJ 5; 1\/2001, de 15 de enero, FJ 3). Y, una vez verificado que tanto uno como otro presupuesto se cumplen, habremos de entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la norma. Pues bien, no cabe duda de que el art. 9.2 CC, al establecer la ley nacional del marido al tiempo de la celebraci\u00f3n del matrimonio como punto de conexi\u00f3n, aun cuando sea residual, para la determinaci\u00f3n de la ley aplicable, introduce una diferencia de trato entre el var\u00f3n y la mujer pese a que ambos se encuentran, en relaci\u00f3n al matrimonio, en la misma situaci\u00f3n jur\u00eddica. El precepto cuestionado se opone, por tanto, no s\u00f3lo al art. 14 CE, sino tambi\u00e9n al m\u00e1s espec\u00edfico art. 32 CE, que proclama que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jur\u00eddica, pues no existe ninguna justificaci\u00f3n constitucionalmente aceptable para la preferencia por la normativa relacionada con el var\u00f3n. Este Tribunal, partiendo de la Constituci\u00f3n y de los textos comunitarios e internacionales sobre la igualdad, ha reaccionado siempre frente a toda norma o acto aplicativo que supusiese la discriminaci\u00f3n de la mujer, aline\u00e1ndose as\u00ed tanto con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 22 de febrero de 1994, caso Burghartz, en relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n del apellido familiar) como con la del Tribunal de Justicia de las\n<\/p>\n

\n Comunidades Europeas y otros Tribunales Constitucionales. En este mismo sentido, la Sentencia de 22 de febrero de 1983 del Tribunal Constitucional Federal Alem\u00e1n, con relaci\u00f3n a un supuesto que guarda esencial identidad al que es objeto de nuestro estudio, declar\u00f3 inconstitucional el art. 15, apartados 1 y 2, primer p\u00e1rrafo, de la Ley de Introducci\u00f3n del C\u00f3digo Civil Federal en cuanto establec\u00eda la ley personal del marido como punto de conexi\u00f3n para la determinaci\u00f3n de la ley aplicable a los efectos econ\u00f3micos del matrimonio, afirmando que tal preferencia resulta contraria al principio de igualdad, con independencia de que el resultado de la aplicaci\u00f3n de la norma sea o no m\u00e1s beneficioso para la mujer, pues basta con la preterici\u00f3n de \u00e9sta para que haya de entenderse lesionado el art. 3.2 de la Ley Fundamental, y sin que pueda considerarse que constituya una justificaci\u00f3n constitucionalmente leg\u00edtima del otorgamiento de preferencia a la ley personal del marido a los indicados efectos que el establecimiento de tal punto de conexi\u00f3n confiera una mayor certeza a la determinaci\u00f3n de la ley aplicable a los efectos econ\u00f3micos del matrimonio.\n<\/p>\n

\n Con id\u00e9ntica orientaci\u00f3n sentido la Corte Constitucional italiana sostuvo en su Sentencia de 26 de febrero de 1987 que la preferencia por la ley nacional del marido como punto de conexi\u00f3n en una norma de Derecho internacional privado semejante a la aqu\u00ed estudiada es contraria al principio de no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo y, con car\u00e1cter espec\u00edfico, al derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jur\u00eddica.\n<\/p>\n

\n Como ya se ha anticipado el desajuste de la norma cuestionada con la Constituci\u00f3n tiene lugar con independencia de si el resultado de su aplicaci\u00f3n en cada caso concreto es m\u00e1s o menos favorable a la mujer.\n<\/p>\n

\n Ello depender\u00e1 de la ordenaci\u00f3n sustantiva del r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio que resulte aplicable, pero, antes de ello, la discriminaci\u00f3n constitucionalmente proscrita reside en la utilizaci\u00f3n en la norma de conflicto de un punto de conexi\u00f3n que no sea formalmente neutro.\n<\/p>\n

\n La mera utilizaci\u00f3n de un punto de conexi\u00f3n que da preferencia al var\u00f3n supone en s\u00ed, superada la llamada neutralidad formal de las normas de conflicto, una vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad.\n<\/p>\n

\n Todo ello conduce derechamente a la estimaci\u00f3n de la presente cuesti\u00f3n, restando \u00fanicamente por precisar que no es a este Tribunal, sino a los \u00f3rganos judiciales, a quienes les corresponde integrar, por los medios que el Ordenamiento jur\u00eddico pone a su disposici\u00f3n, la eventual laguna que la anulaci\u00f3n del inciso del precepto cuestionado pudiera producir en orden a la fijaci\u00f3n de un punto de conexi\u00f3n subsidiario.\n<\/p>\n

\n FALLO<\/strong>\n<\/p>\n

\n En atenci\u00f3n a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCI\u00d3N DE LA NACI\u00d3N ESPA\u00d1OLA,\n<\/p>\n

\n Ha decidido<\/strong>\n<\/p>\n

\n Estimar la presente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad y, en virtud de ello, declarar inconstitucional y derogado por la Constituci\u00f3n el art. 9.2 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan la\n<\/p>\n

\n redacci\u00f3n dada por el texto articulado aprobado por el Decreto 1836\/1974, de 31 de mayo, en el inciso “por la ley nacional del marido al tiempo de la celebraci\u00f3n”.\n<\/p>\n

\n Publ\u00edquese esta Sentencia en el “Bolet\u00edn Oficial del Estado”.\n<\/p>\n

\n Dada en Madrid, a catorce de febrero de dos mil dos.-Manuel Jim\u00e9nez de Parga y Cabrera.-Pablo Garc\u00eda Manzano.-Pablo Cach\u00f3n Villar.-Fernando Garrido Falla.-Vicente Conde Mart\u00edn de Hijas.-Guillermo Jim\u00e9nez S\u00e1nchez.-Mar\u00eda Emilia Casas Baamonde.- Javier Delgado Barrio.-Elisa P\u00e9rez Vera.-Roberto Garc\u00eda-Calvo y Montiel.-Eugeni Gay Montalvo.-Firmado y rubricado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un juzgado de Reus pregunta si es constitucional el art\u00edculo 9.2 del C\u00f3digo Civil de 1974, que, a falta de capitulaciones, remit\u00eda a la ley nacional del marido para fijar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de c\u00f3nyuges de distinta vecindad civil. El Tribunal Constitucional estima la cuesti\u00f3n y declara inconstitucional y derogado ese inciso por discriminar a la mujer (art\u00edculos 14 y 32 de la Constituci\u00f3n), sea cual sea el resultado en cada caso, y deja a los jueces integrar la laguna.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[],"materia":[1178],"organo":[1873],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11457","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","materia-derecho-interregional-conflicto-de-leyes-civiles-y-titulo-preliminar-del-codigo-civil","organo-tribunal-constitucional","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11457"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11457"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11457"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11457"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}