{"id":11448,"date":"2025-10-06T18:37:59","date_gmt":"2025-10-06T16:37:59","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/resolucion-de-la-dgrn-de-11-de-marzo-de-2003\/"},"modified":"2026-10-19T16:20:03","modified_gmt":"2026-10-19T14:20:03","slug":"resolucion-de-la-dgrn-de-11-de-marzo-de-2003","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/resolucion-de-la-dgrn-de-11-de-marzo-de-2003\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la DGRN\/DGSJFP de 11 de marzo de 2003"},"content":{"rendered":"

\n Resoluci\u00f3n de la DGRN de 11 de marzo de 2003<\/strong>\n<\/p>\n

\n RESOLUCI\u00d3N de 11 de marzo de 2003, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Reus, D. Jos\u00e9 Mar\u00eda, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n\u00famero 1 de Reus, D. Jos\u00e9 Luis a inscribir una escritura de manifestaci\u00f3n de herencia, en virtud de apelaci\u00f3n del recurrente.\n<\/p>\n

\n TEXTO<\/strong>\n<\/p>\n

\n En el recurso interpuesto, a efectos doctrinales, por el Notario de Reus, D. Jos\u00e9 Mar\u00eda, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n\u00famero 1 de Reus, D. Jos\u00e9 Luis a inscribir una escritura de manifestaci\u00f3n de herencia, en virtud de apelaci\u00f3n del recurrente.\n<\/p>\n

\n Hechos<\/strong>\n<\/p>\n

\n I<\/strong>\n<\/p>\n

\n El 12 de abril de 1995, ante el Notario de Reus D. Jos\u00e9 Mar\u00eda, se otorg\u00f3 por D.\u00aa Mar\u00eda, por s\u00ed y en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, escritura de manifestaci\u00f3n de herencia.\n<\/p>\n

\n II<\/strong>\n<\/p>\n

\n Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad n\u00famero 1 de los de Reus, acompa\u00f1ado de acta de notoriedad para la declaraci\u00f3n de herederos abintestato del causante as\u00ed como acta de manifestaciones autorizada en Reus por D. Jos\u00e9 Mar\u00eda, se suspendi\u00f3 la inscripci\u00f3n porque al haber fallecido el causante el d\u00eda 17 de febrero de 1995, es decir con posterioridad a la entrada en vigor de la ley de 15 de octubre de 1990 que modific\u00f3 el art\u00edculo noveno apartado ocho del C\u00f3digo Civil, los derechos que por ministerio de la ley se atribuyen al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite se rigen por la misma ley que regula los efectos del matrimonio y siendo \u00e9sta la de sociedad de gananciales, le corresponde al c\u00f3nyuge viudo \u00fanicamente un tercio en usufructo de los bienes de la herencia y existiendo menores de edad representados por su madre que sale beneficiada y aquellos perjudicados, existe una clara oposici\u00f3n de intereses no resultando aplicable el principio de exclusi\u00f3n voluntaria de la ley aplicable (art\u00edculo 6.2 del C\u00f3digo Civil) dada la existencia de los indicados menores de edad. Subsanable. Contra la presente calificaci\u00f3n puede interponerse recurso gubernativo en el plazo de cuatro meses a contar desde esta fecha, ante el Excelent\u00edsimo Se\u00f1or Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a, conforme a los art\u00edculos 66 de la Ley Hipotecaria y 112 y siguientes del Reglamento Hipotecario. Reus 3 de julio de 1995. El Registrador de la Propiedad: Jos\u00e9 Luis.\n<\/p>\n

\n III<\/strong>\n<\/p>\n

\n D. Jos\u00e9 Mar\u00eda interpone recurso gubernativo, a efectos doctrinales, alegando la importancia y frecuencia del problema planteado. Informa lo siguiente: Sucintamente considerado, el tema estriba en determinar qu\u00e9 ley se debe aplicar en el supuesto de concurrir varios ordenamientos jur\u00eddicos en una sucesi\u00f3n. Concretamente se trata de determinar el significado del siguiente p\u00e1rrafo: “los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite se regir\u00e1n por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, siempre a salvo las leg\u00edtimas de los descendientes.” En esencia, caben dos interpretaciones: 1. La ley que rige los efectos del matrimonio regula todas y cada una de las atribuciones que corresponden al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite. Esta es la interpretaci\u00f3n del Registrador: al ser el usufructo vidual intestado catal\u00e1n un derecho sucesorio que se concede ex lege, la atribuci\u00f3n del mismo se verificar\u00e1 de conformidad con la ley que rige el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial. 2. La ley que rige los efectos del matrimonio se aplica s\u00f3lo a las atribuciones legales de car\u00e1cter familiar que surgen a favor del viudo al fallecer su c\u00f3nyuge, pero no a las atribuciones legales que correspondan al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite por ministerio de la ley ligadas al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, sean de car\u00e1cter familiar o sucesorio. Por tanto, quedan fuera del precepto los derechos abintestato, con la consecuencia de que dicho precepto no regir\u00eda la atribuci\u00f3n del usufructo universal al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite en la herencia intestada del c\u00f3nyuge premuerto, que se considera consiste en otorgar a la norma la extensi\u00f3n que le corresponde sin extensiones injustificadas.\n<\/p>\n

\n La l\u00ednea argumental fundamental consiste en que el legislador de 1990 no pretend\u00eda alterar el juego sucesorio ni romper el principio de unidad de sucesi\u00f3n caracter\u00edstico de nuestro ordenamiento jur\u00eddico sino simplemente acabar con las discriminaciones entre c\u00f3nyuges asegurando el principio de igualdad. Adem\u00e1s, es tradici\u00f3n en nuestro sistema que la mayor amplitud de los derechos del viudo no depende del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial. As\u00ed, por ejemplo, en Navarra y en Derecho com\u00fan existe un r\u00e9gimen matrimonial de comunidad pr\u00e1cticamente id\u00e9ntico (de conquistas y de comunidad) y sin embargo en el primer caso se atribuye al viudo el usufructo universal y en el segundo tan s\u00f3lo sobre el tercio de mejora. Por otra parte, se arguyen tres bloques argumentales m\u00e1s: a) los puntos de conexi\u00f3n empleados para atribuir los diversos derechos que corresponden al viudo s\u00f3lo son jur\u00eddicamente id\u00f3neos si el art\u00edculo 9.8 in fine se entiende referido \u00fanicamente a los de derecho familiar.\n<\/p>\n

\n De este modo: – los beneficios familiares, derivados de la celebraci\u00f3n del matrimonio, tienen como punto de conexi\u00f3n la ley que regula los efectos del matrimonio (\u00faltimo inciso del art\u00edculo 9.8). – los beneficios de car\u00e1cter sucesorio siguen dependiendo de la ley que regula la sucesi\u00f3n (la ley personal del causante; primer inciso del art\u00edculo 9.8). b) El respeto de las normas reguladoras de la sucesi\u00f3n intestada. Dado que no pueden llegarse a soluciones distintas en el orden de suceder seg\u00fan cual sean las normas reguladoras del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial. c) El respeto al principio de unidad en la ley reguladora. Principio b\u00e1sico que no cabe alterar, sujetando una misma sucesi\u00f3n a dos leyes diferentes. En cuanto a la calificaci\u00f3n del acta de declaraci\u00f3n de herederos abintestato, destaca el recurrente que no est\u00e1 sujeta a calificaci\u00f3n, al fundarse a su vez la calificaci\u00f3n negativa de la escritura de adjudicaci\u00f3n de herencia en la previo acta de declaraci\u00f3n de herederos, en el que se asignaba al viudo el usufructo universal. La calificaci\u00f3n del acta debe participar de los previsto en el art\u00edculo 100 del Reglamento\n<\/p>\n

\n Hipotecario, por las siguientes razones: en base al art\u00edculo 979 LEC, participa de la naturaleza de las actas de notoriedad notariales; la calificaci\u00f3n registral no puede convertirse en una segunda instancia dadas las diferencias entre la calificaci\u00f3n registral y el recurso judicial. Concluye, el recurrente afirmando que la calificaci\u00f3n de las actas notariales de declaraci\u00f3n de herederos ab intestato, en cuanto acto de jurisdicci\u00f3n voluntaria, se somete a los t\u00e9rminos del art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario, que permite calificar ciertos extremos -competencia, congruencia, formalidades extr\u00ednsecas, obst\u00e1culos que surjan del mismo Registro, pero no el juicio del Notario declarando quien hereda y qu\u00e9 hereda.\n<\/p>\n

\n IV<\/strong>\n<\/p>\n

\n D. Jos\u00e9 Luis, Registrador de la Propiedad de Reus, n\u00famero 1 informa en defensa de su nota lo siguiente: 1. respecto del acta notarial de declaraci\u00f3n de herederos, no considera que la calificaci\u00f3n de la misma se encuentre sujeta al art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario, dado el distinto car\u00e1cter de los documentos judiciales y notariales. Por lo que se encuentra en el \u00e1mbito general del art\u00edculo 18 de la Ley Hipotecaria., encontrando diferencias con otros tipos de actas y especialmente con las de protocolizaci\u00f3n de un laudo arbitral que participa del car\u00e1cter jurisdiccional. Cita, al respecto el Auto de 26 de julio de 1993 del Presidente del Tribunal de Justicia de Catalu\u00f1a que considera revisable por el Registrador el fondo de una declaraci\u00f3n judicial de abintestato. 2. Respecto del alcance del art\u00edculo 9.8. del C\u00f3digo Civil, en su redacci\u00f3n por ley 11\/1990, de 15 de octubre. Desde STS de 27 de noviembre de 1868 y 6 de junio de 1873, nuestra jurisprudencia considera v\u00e1lido el otorgamiento de testamento seg\u00fan la capacidad y forma del testador determinado por su ley personal. Tras la redacci\u00f3n original del precepto en 1889, la jurisprudencia (STS de 29 de octubre de 1955, STS 30 de junio de 1962) establece que no ha lugar la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial por posterior adquisici\u00f3n de otra ley personal del marido, bajo la cual fallece. La modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil por Ley 11\/1990, s\u00f3lo pretende evitar discriminaciones por raz\u00f3n de sexo no otorgar soluciones distintas. Alega adem\u00e1s el Registrador la ponencia espa\u00f1ola en el X d\u00e9cimo Congreso internacional del Notariado Latino (1969), as\u00ed como diversos trabajos doctrinales relativos a la aproximaci\u00f3n de los derechos del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial. Afirma que puede haber desarmon\u00eda entre los criterios de una y otra ley, que produzcan apor\u00edas a la hora de practicar tales operaciones. As\u00ed, observa: Ciertos reg\u00edmenes admiten la llamada sociedad-continuada en vida del c\u00f3nyuge viudo y bajo la administraci\u00f3n de \u00e9ste, es decir, la indivisi\u00f3n entre los herederos del c\u00f3nyuge premuerto y el sup\u00e9rstite, mientras \u00e9ste viva, de los bienes que integraron su sociedad o comunidad conyugal. Es el caso del r\u00e9gimen de Arag\u00f3n. Y, en cambio, abundan los reg\u00edmenes sucesorios en los cuales no pueden imponerse dilaciones para la pr\u00e1ctica de la partici\u00f3n, o, por lo menos, no se puede impedir a ning\u00fan herederos que la pida y exija inmediatamente. Tambi\u00e9n pueden confluir un r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial en el cual se autoricen capitulaciones matrimoniales que prevea la partici\u00f3n conjunta del caudal com\u00fan o de los de ambos c\u00f3nyuges, que no autorice tales delegaciones de facultades, o ni siquiera acepte la posibilidad de imponer a los herederos la partici\u00f3n conjunta de ambas herencias como si formaran un solo todo, de modo tal que alg\u00fan heredero pudiera recibir todo su haber de uno s\u00f3lo de los caudales y otro heredero de la otra herencia tambi\u00e9n \u00fanicamente. A su juicio, los principios del respeto a los derechos adquiridos y de la consideraci\u00f3n preferente a la validez inicial de un acto, que no debe\n<\/p>\n

\n ser turbada por la aplicaci\u00f3n de una ley determinada posteriormente. Finalmente, informa que por ministerio de la ley se comprender\u00edan los de naturaleza sucesoria y los de naturaleza familiar y en orden a los derechos transitorios correspondientes a las sucesiones abiertas con posterioridad a 1990 relativos a matrimonios celebrados antes de esa fecha, regir\u00e1 la DT 12 del C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n V<\/strong>\n<\/p>\n

\n El Presidente del Tribunal Superior de Justicia dict\u00f3 Auto desestimando el recurso en base a la siguiente motivaci\u00f3n: Una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica, hist\u00f3rica, sistem\u00e1tica y literal se opone frontalmente a la sugestiva posici\u00f3n del recurrente. En primer lugar vela mejor por la defensa del principio de igualdad el vincular los efectos sucesorios a un sistema pactado o pactable matrimonial, parigualando a ambos c\u00f3nyuges y as\u00ed es el esp\u00edritu de la ley reformadora de 1990, como puede leerse en su Pre\u00e1mbulo.\n<\/p>\n

\n Hist\u00f3ricamente y leyendo el anterior texto del mismo art\u00edculo 9.8, sin el inciso a\u00f1adido, la interpretaci\u00f3n estricta patrocinada por el recurrente resulta ininteligible (a menos que se mire desde la perspectiva de derecho Civil regional) y perturbadora. Sistem\u00e1ticamente, es evidente que el art\u00edculo 9.8 en su general contexto, se refiere al r\u00e9gimen sucesorio en su generalidad, sin restricciones, y s\u00f3lo as\u00ed es compatible su menci\u00f3n \u00faltima a los derechos legitimarios de los descendientes. Finalmente, la interpretaci\u00f3n literal del precepto no encierra mayores dudas y no es l\u00edcito al int\u00e9rprete distinguir donde la ley no distingue. Se a\u00f1ada, que debe convenirse con el legislador en el hecho de que existan intereses enfrentados entre la madre y los hijos menores, de suerte que es permisible la exclusi\u00f3n de la ley aplicable al amparo del art\u00edculo 6.2 del C\u00f3digo Civil. En nada se pronuncia en orden a la calificaci\u00f3n del acta notarial de notoriedad de herederos abintestato.\n<\/p>\n

\n VI<\/strong>\n<\/p>\n

\n El recurrente apela ante esta Direcci\u00f3n General insistiendo en su argumentaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Fundamentos de Derecho Vistos los art\u00edculos 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 9.2, 9.3, 9.8, 12 y 16 del C\u00f3digo Civil, en redacci\u00f3n dada, a los primeros, por la Ley 11\/ 1990 y en redacci\u00f3n original; art\u00edculo 209 bis del Reglamento Notarial, Resoluciones de 29 de septiembre de 1992, 10 de enero de 1994, 6 de marzo de 1997; 25 de junio de 1997 y 19 de noviembre de 1998 y entre otras, la STS de 29 de marzo de 1999.\n<\/p>\n

\n 1. Se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de manifestaci\u00f3n de herencia cuyo t\u00edtulo sucesorio es el acta de notoriedad para la declaraci\u00f3n de herederos abintestato del causante, de vecindad catalana adquirida por residencia, otorgada por la viuda por s\u00ed y en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, en el que la primera se adjudicaba la mitad indivisa de los bienes por sus gananciales, y la otra mitad en usufructo vitalicio en pago de sus derechos viduales en la sucesi\u00f3n, correspondiendo la nuda propiedad a sus dos hijos menores de edad.\n<\/p>\n

\n Considera el Registrador que al haber fallecido el causante con posterioridad a la entrada en vigor de la ley de 15 de octubre de 1990, que modific\u00f3 el art\u00edculo 9.8 del C\u00f3digo Civil, los derechos que por ministerio de la ley se atribuyen al c\u00f3nyuge\n<\/p>\n

\n sup\u00e9rstite se rigen por la misma ley que regula los efectos del matrimonio y siendo \u00e9sta la de sociedad legal de gananciales, le corresponde a la viuda \u00fanicamente un tercio en usufructo de los bienes de la herencia y que existiendo menores de edad representados por su madre existe un claro conflicto de intereses no siendo aplicable el principio de exclusi\u00f3n voluntaria de la ley aplicable del art\u00edculo (6.2 Cc).\n<\/p>\n

\n 2. Se plantean, pues, dos cuestiones. La primera, en orden al alcance de la calificaci\u00f3n por el Registrador del acta de notoriedad que constituye el t\u00edtulo sucesorio. La segunda, respecto al fondo del asunto relativa al alcance e interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 9.8 Cc en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 9.2 y 9.3 del mismo C\u00f3digo.\n<\/p>\n

\n Comenzando por \u00e9ste \u00faltimo tema, la entrada en vigor de la citada ley 11\/1990 de 15 de octubre, supone un replanteamiento de cu\u00e1l sea la ley aplicable a los derechos del sup\u00e9rstite en el conjunto de la sucesi\u00f3n abierta por el fallecimiento de su c\u00f3nyuge. Es de hacer notar que dicha ley ser\u00e1 aplicable tanto a los conflictos surgidos en el derecho Internacional como en el derecho Interregional.\n<\/p>\n

\n La apertura de una sucesi\u00f3n siempre es un fen\u00f3meno complejo en el que pueden ser calificados diversos elementos: capacidad, forma, leg\u00edtimas… y que en numerosos casos exige la calificaci\u00f3n de elementos previos: filiaci\u00f3n, matrimonio… Esta compleja calificaci\u00f3n produce en ocasiones inadaptaciones entre las instituciones en juego, de las que es claro ejemplo la situaci\u00f3n del c\u00f3nyuge viudo, en la cual se puede producir una duplicidad de derechos o bien la ausencia de los mismos seg\u00fan sean relacionados los relativos al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial y los correspondientes a la sucesi\u00f3n del c\u00f3nyuge premuerto.\n<\/p>\n

\n Al respecto, es posible concebir dos posiciones: considerar que los efectos del matrimonio incluyen el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial establecido al iniciarse la relaci\u00f3n matrimonial, a salvo el conflicto m\u00f3vil, o entender que puesto que \u00e9ste, en todos las legislaciones civiles espa\u00f1olas, es mutable, el legislador de nuestro C\u00f3digo se refiere exclusivamente a los derechos ligados al matrimonio, de car\u00e1cter familiar, que puedan integrarse en la sucesi\u00f3n cualquiera que sea el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial que rija las relaciones patrimoniales entre los esposos.\n<\/p>\n

\n 3. Para la resoluci\u00f3n del tema planteado es preciso partir del principio de unidad y universalidad sucesoria, caracter\u00edstico de nuestro sistema que parte del concepto de nacionalidad, como pa\u00eds que ha sufrido una fuerte emigraci\u00f3n y al igual que las legislaciones del sur de Europa, y se formula en el art\u00edculo 9.8 del C\u00f3digo Civil. Este, en efecto, en su primer inciso, establece: “la sucesi\u00f3n por causa de muerte se regir\u00e1 por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el pa\u00eds donde se encuentren”.\n<\/p>\n

\n La excepci\u00f3n posterior, basada en el principio de conservaci\u00f3n de negocio sucesorio – favor testamenti-, no afecta al car\u00e1cter imperativo de los derechos legitimarios, que se rigen por la ley sucesoria \u00fanica. (Cfr. STS de 21 de marzo de 1999, que reafirma la prevalencia de la uniformidad de la sucesi\u00f3n, y las cautelas aplicables a sus excepciones -en el caso, reenv\u00edo de segundo grado desde la ley inglesa a la espa\u00f1ola-).\n<\/p>\n

\n En este contexto sistem\u00e1tico se sit\u00faa el p\u00e1rrafo 3.o referente a la ley aplicable a los derechos del c\u00f3nyuge viudo en la sucesi\u00f3n introducido por la Ley 11\/1990.\n<\/p>\n

\n El mismo, con t\u00e9cnica id\u00e9ntica a la empleada para regular el favor testamenti, salva las leg\u00edtimas si bien -curiosamente- s\u00f3lo las de los descendientes.\n<\/p>\n

\n Este precepto con antecedentes en el borrador de la Comisi\u00f3n General de Codificaci\u00f3n de 1981 y en los sucesivos anteproyectos, debe su dicci\u00f3n definitiva a una enmienda presentada en la tramitaci\u00f3n parlamentaria y opta por una f\u00f3rmula de inferior t\u00e9cnica que la elegida en el art\u00edculo 16.2 p\u00e1rrafo in fine, o cualquier forma de adaptaci\u00f3n directa de los derechos del c\u00f3nyuge. Es al inicio del matrimonio y no en el momento de aplicaci\u00f3n de la conexi\u00f3n sucesoria cuando se determinan, en principio, los efectos del matrimonio.\n<\/p>\n

\n En efecto, la remisi\u00f3n que realiza el precepto a la ley aplicable a los efectos del matrimonio no es clara pues no ser\u00e1 el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial el que determine la conexi\u00f3n en cuanto el art\u00edculo 9.3 se encarga de prever una soluci\u00f3n para el conflicto m\u00f3vil, evitando la inmutabilidad del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial (cfr. Res. de 6 de mayo de 1977).\n<\/p>\n

\n Es la posibilidad postconstitucional de modificar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico conyugal, en los ordenamientos civiles que establec\u00edan esa prohibici\u00f3n (C\u00f3digo Civil y Compilaci\u00f3n de Vizcaya) la que conduce a reflexiones sobre cu\u00e1les son los efectos matrimoniales a los que se refiere el p\u00e1rrafo 2.o del art\u00edculo 9.\n<\/p>\n

\n Los efectos del matrimonio, seg\u00fan son contemplados en dicho precepto, difieren en su \u00e1mbito de la redacci\u00f3n anterior a la ley 11\/1990. Entonces se opon\u00edan los efectos personales a los patrimoniales, por lo que el campo de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 9.2 se circunscrib\u00eda a los primeros en tanto no gozaran de una norma m\u00e1s especial (vgr. filiaci\u00f3n) discuti\u00e9ndose su extensi\u00f3n al denominado r\u00e9gimen matrimonial primario.\n<\/p>\n

\n En su actual dicci\u00f3n, como se ha indicado, se determinan inicialmente los efectos del matrimonio -personales y patrimoniales- estableciendo normas subsidiarias de conflicto en el supuesto de concurrir leyes personales distintas, las cuales regir\u00e1n con car\u00e1cter com\u00fan en todos los \u00e1mbitos en que se despliega la eficacia del matrimonio. Difiere del sistema anterior en que entonces la conexi\u00f3n se analizaba s\u00f3lo en el momento final – posean o hayan pose\u00eddo, dec\u00eda el precepto-, y s\u00f3lo subsidiariamente, m\u00e1s con una determinaci\u00f3n nula (STC 1\/1981 y 4\/1981) en cuanto discriminatoria -ley personal del marido en el momento de la celebraci\u00f3n del matrimonio-. Es decir, salvado el principio constitucional de igualdad de los esposos al que se dirigen las conexiones establecidas en la norma, -ratio que poco tiene que ver con la soluci\u00f3n que ahora se analiza-, la eficacia de la ley matrimonial se despliega tanto en la regulaci\u00f3n del \u00e1mbito personal, como en la del r\u00e9gimen econ\u00f3mico, y \u00e9stas en orden a sus reglas especiales de car\u00e1cter econ\u00f3mico (gananciales, conquistas, comunidad o separaci\u00f3n de bienes -cfr. art. 16 in fine-) como en su estatuto b\u00e1sico (vivienda habitual, predetracciones en raz\u00f3n del matrimonio, r\u00e9gimen de la potestad dom\u00e9stica y restantes figuras tuitivas que pueda contemplar la legislaci\u00f3n material aplicable). Abarcar\u00e1 tambi\u00e9n, en su caso, los reg\u00edmenes especiales de viudedad, siempre que vengan acompa\u00f1ados de las condiciones\n<\/p>\n

\n de vecindad civil y r\u00e9gimen econ\u00f3mico que permitan su aplicaci\u00f3n (Cfr. art. 16 Cc y regulaci\u00f3n foral de las viudedades).\n<\/p>\n

\n Al excepcionar el p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 9.o Cc. la validez de los pactos y capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio, no pretende establecer la inmutabilidad, en todo caso, de los dem\u00e1s efectos personales o econ\u00f3micos -primarios- del matrimonio, sino tan s\u00f3lo ampliar la ley material por las que es posible alterar, por pacto, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico (no s\u00f3lo por la ley fijada como com\u00fan, en el p\u00e1rrafo anterior, sino la correspondiente a la nacionalidad o residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento).\n<\/p>\n

\n Si los esposos adquieren posteriormente una ley personal com\u00fan, vigente en el momento en que sobrevenga la calificaci\u00f3n de la ley reguladora pactando el r\u00e9gimen legal de esta vecindad, los efectos del matrimonio, personales y patrimoniales, se unir\u00e1n nuevamente. As\u00ed, vgr., no puede negarse la fealdat a la viuda navarra, como su esposo, bajo r\u00e9gimen pactado de conquistas, porque la ley aplicable al inicio de su matrimonio condujera al derecho com\u00fan, si el esposo fallece bajo vecindad navarra.\n<\/p>\n

\n Las reglas establecidas en el art\u00edculo 9.2, dictado, como se ha recordado, con manifiesta extrapolaci\u00f3n en un contexto de no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo, se dirigen, en consecuencia, a fijar desde el momento temporal inicial del matrimonio una ley com\u00fan, m\u00e1s no a declarar su inmutabilidad y en nada empece los derechos del c\u00f3nyuge que determine la ley sucesoria.\n<\/p>\n

\n 4. La hermen\u00e9utica flexible elegida permite afrontar la cuesti\u00f3n planteada en el art\u00edculo 9.8 desde otra \u00f3ptica que permita conciliar los intereses en juego.\n<\/p>\n

\n En efecto, es posible considerar que los derechos sucesorios del sup\u00e9rstite participan siempre de la naturaleza de las mortis causa capiones -en una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 16.2 del C\u00f3digo Civil, del que el 9.8 no ser\u00eda m\u00e1s que generalizaci\u00f3n- de tal suerte que la ley aplicable ser\u00eda la correspondiente al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de los consortes, como consecuencia familiar y sucesoria del mismo, determinado por la ley que regula los efectos del matrimonio. M\u00e1s, en otro polo argumental tambi\u00e9n puede sostenerse que siendo esencial a la seguridad jur\u00eddica la uniformizaci\u00f3n de las soluciones a adoptar en las relaciones jur\u00eddicas complejas sucesorias, cuando intervienen en las mismas elementos personales que se rigen por diversas leyes, debe regir el principio de unidad en la ley sucesoria, en la globalidad de sus relaciones, cualesquiera que sea la singularidad de los elementos personales que la integren y sin m\u00e1s excepciones que las derivados de la concurrencia de otros estatutos preferentes por lo que los derechos del c\u00f3nyuge se regir\u00e1n por la ley sucesoria del causante, debiendo ser interpretada la remisi\u00f3n a la ley que rige los efectos del matrimonio, exclusivamente a los ligados a los efectos personales o estatuto primario patrimonial (Cfr. a\u00f1o de luto, tenuta, aventajas, ajuar dom\u00e9stico, viudedades forales en su consideraci\u00f3n familiar, o cualesquiera otras que determine la ley aplicable).\n<\/p>\n

\n Fallecido que sea uno de los esposos, para establecer los derechos en la sucesi\u00f3n del sup\u00e9rstite, se deber\u00e1 calificar su ley personal com\u00fan sobrevenida (lo que se presume por efecto del art\u00edculo 69 Cc.) o bien se determinar\u00e1 en la forma establecida en el art\u00edculo 9.2; a fin de aislar los derechos configurados como vinculados al mismo (Cfr. art. 16.2;\n<\/p>\n

\n 1321 Cc…) y las normas imperativas que deben prevalecer sobre las disposiciones del causante o los derechos conyugales del viudo.\n<\/p>\n

\n Esta interpretaci\u00f3n armonizadora de los art\u00edculos 9.2, 9.8 y 16.2 del C\u00f3digo Civil es congruente con el principio de la unidad de la sucesi\u00f3n, impide fraccionar la misma en estatutos inconciliables, siendo aplicable id\u00e9ntica soluci\u00f3n tanto a la sucesi\u00f3n testada como a la intestada, sin afectar al orden sucesorio determinado por la ley personal del causante ni extraer conclusiones no coherentes con los distintos reg\u00edmenes econ\u00f3micos y sucesorios pues no existiendo, por ejemplo, mejora en la sucesi\u00f3n de un catal\u00e1n, no puede considerarse, en el mismo ejemplo, derecho del sup\u00e9rstite cuyo matrimonio se rigi\u00f3 por gananciales el usufructo del art. 834 Cc.\n<\/p>\n

\n Es adem\u00e1s coherente esta argumentaci\u00f3n con los instrumentos internaciones vigentes, a\u00fan no habiendo sido ratificados aun por Espa\u00f1a. Cabe citar, al respecto, la Convenci\u00f3n de la Haya de 14 de marzo de 1978, relativa a la ley aplicable a los reg\u00edmenes matrimoniales (ley aplicable en Pa\u00edses Bajos, Luxemburgo, Francia y Austria) que excluye expresamente de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n los derechos sucesorios del c\u00f3nyuge viudo y la Convenci\u00f3n tambi\u00e9n de la Haya de 1 de agosto de 1989 relativa a la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte (en vigor en Pa\u00edses Bajos, Luxemburgo, Suiza y Argentina), que excluye las cuestiones relevantes relativas al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, as\u00ed como los derechos y bienes creados o transmitidos por t\u00edtulo distinto de la sucesi\u00f3n tales como la propiedad conjunta de varias personas con reversi\u00f3n al sobreviviente.\n<\/p>\n

\n Esta Convenci\u00f3n establece en su art\u00edculo 7 que sus normas regir\u00e1n, entre otras, la determinaci\u00f3n de las partes correspondientes a herederos y legatarios, atribuciones establecidas previamente sobre la sucesi\u00f3n, cuotas disponibles, reservas o leg\u00edtimas as\u00ed como otras cuestiones consideradas por el Derecho del Estado contratantes sujetas a la ley sucesoria.\n<\/p>\n

\n 5. A\u00fan cabr\u00eda dudar acerca de una cuesti\u00f3n de Derecho transitorio cual es la aplicabilidad a los matrimonios contra\u00eddos con posterioridad a la reforma del C\u00f3digo Civil o bien a los causantes fallecidos con posterioridad cualquiera que sea la fecha en que se hubiere contra\u00eddo el matrimonio, antes o despu\u00e9s de 1990.\n<\/p>\n

\n La ausencia de norma transitoria, en este punto, en la ley 11\/90, conduce, como observa el Registrador, a la aplicaci\u00f3n subsidiaria de las contenidas en el C\u00f3digo Civil y singularmente, dado que se trata de derechos sucesorios como se ha querido demostrar, ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n la Dt 12.o de suerte que ser\u00e1 aplicable la ley vigente en el momento de la apertura de la sucesi\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Obs\u00e9rvese la injusticia material -adem\u00e1s del resultado absurdo- que supondr\u00eda esta soluci\u00f3n en orden a la alteraci\u00f3n del estatuto personal y econ\u00f3mico de los esposos en el momento de la celebraci\u00f3n del matrimonio, -incluso con proyecci\u00f3n en su eficacia sobre la sucesi\u00f3n de uno de ellos-, si fuere sostenida otra tesis que condujere a ligar la sucesi\u00f3n del esposo con unos efectos pretendidamente inmutables ab origine vinculados por siempre a una econom\u00eda conyugal variable por pacto.\n<\/p>\n

\n 6. La calificaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de herencia cuya inscripci\u00f3n se pretend\u00eda, se basaba en el t\u00edtulo sucesorio de los intervinientes en la misma, herederos abintestato seg\u00fan fueron declarados por notoriedad en un acta notarial.\n<\/p>\n

\n Desde el 30 de abril de 1992, la Ley de Enjuiciamiento Civil, atribuye, como competencia exclusiva al Notario la funci\u00f3n de declarar respecto de determinados parientes el t\u00edtulo sucesorio abintestato, que antes de esa norma era atribuci\u00f3n judicial.\n<\/p>\n

\n Se trata pues, de un documento notarial singular que, por mandato legal participa de la misma naturaleza de jurisdicci\u00f3n voluntaria que gozaba el pronunciamiento judicial sustituido y en consecuencia, los efectos de ese documento notarial, son los mismos que en su momento tuvieron los documentos judiciales en relaci\u00f3n al t\u00edtulo sucesorio abintestato. Por ello, debe participar, tambi\u00e9n, congruentemente, del mismo orden de revisi\u00f3n en el juicio de notoriedad declarado.\n<\/p>\n

\n Es decir, no trat\u00e1ndose de un documento judicial, por identidad de raz\u00f3n y aplicaci\u00f3n directa del art\u00edculo 979 LEC, la calificaci\u00f3n registral, abarcar\u00e1 la congruencia del acta con el grupo de parientes declarados herederos, sus formalidades extr\u00ednsecas, conforme a la legislaci\u00f3n notarial y los obst\u00e1culos que surjan del Registro (ex art. 100 R.H), m\u00e1s no el fondo del juicio de notoriedad \u00fanicamente sujeto a control judicial.\n<\/p>\n

\n A la misma conclusi\u00f3n se llegar\u00eda adem\u00e1s, alegando la eficacia que en s\u00ed mismo debe atribuirse al documento p\u00fablico que, en cualquier materia, contenga un juicio notarial de notoriedad, bajo la responsabilidad del funcionario que tiene atribuidas tales competencias.\n<\/p>\n

\n 7. En cuanto a la eventual necesidad de defensor judicial en la partici\u00f3n, rechazada la exclusi\u00f3n voluntaria de la ley aplicable, en los t\u00e9rminos que resultan de los anteriores fundamentos, s\u00f3lo la existencia de un conflicto de intereses, conforme la legislaci\u00f3n catalana podr\u00eda conducir a la necesidad de su nombramiento, cuesti\u00f3n que si bien actualmente no corresponde a la competencia de este Centro Directivo, al ser aplicable en el momento de la calificaci\u00f3n el art. 163 Cc. (Cfr. D.A 10.o LOPJ; Res. 19.11.98) debe tenerse presente la adjudicaci\u00f3n del \u00fanico bien, de car\u00e1cter ganancial, en cuotas indivisas, sin formaci\u00f3n por tanto de lotes previamente inventariados por lo que le ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n la doctrina de la resoluci\u00f3n de 10 de enero de 1994, surgiendo, en su caso, un eventual conflicto a la liquidaci\u00f3n de la comunidad ordinaria creada.\n<\/p>\n

\n Esta Direcci\u00f3n General ha acordado estimar el recurso a efectos doctrinales planteado, en los t\u00e9rminos que resultan de los anteriores Fundamentos de Derecho.\n<\/p>\n

\n Madrid, 11 de marzo de 2003.-La Directora General, Ana L\u00f3pez-Mon\u00eds Gallego.\n<\/p>\n

\n Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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