{"id":11445,"date":"2025-10-06T18:37:59","date_gmt":"2025-10-06T16:37:59","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-14-de-septiembre-de-2009\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:21","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:21","slug":"sts-de-14-de-septiembre-de-2009","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-14-de-septiembre-de-2009\/","title":{"rendered":"STS de 14 de septiembre de 2009"},"content":{"rendered":"

\n STS de 14 de septiembre de 2009<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la Villa de Madrid, a catorce de septiembre de dos mil nueve.\n<\/p>\n

\n Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casaci\u00f3n interpuesto ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Secci\u00f3n 4\u00aa, por D. Leonardo, representado por el Procurador de los Tribunales D. Ram\u00f3n Feixo Bergada contra la Sentencia dictada, el d\u00eda 4 de noviembre de 2003, en el rollo de apelaci\u00f3n n\u00ba 83\/2003, que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en su d\u00eda contra la Sentencia que hab\u00eda pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 30 de Barcelona, en los autos de juicio declarativo de mayor cuant\u00eda n\u00ba 348\/1999. Ante esta Sala comparecen la Procuradora D.\u00aa. Marta Ru\u00edz Roldan en nombre y representaci\u00f3n de D. Leonardo en concepto de parte recurrente. Asimismo comparece el Procurador D. Alfonso de Murga Florido, en representaci\u00f3n de D. Victorio, y en concepto de parte recurrida.\n<\/p>\n

\n ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong>\n<\/p>\n

\n PRIMERO.<\/strong> Ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 30 de Barcelona, interpuso demanda de juicio ordinario de mayor cuant\u00eda, D. Victorio contra D. Leonardo, en reclamaci\u00f3n de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: “…dicte sentencia en la que:<\/em>\n<\/p>\n

\n 1\u00ba.- Se declare la nulidad de los testamentos otorgados por D.\u00aa Milagrosa en 32 agosto 1967, 29 enero 1970, 28 noviembre 1970, 12 enero 1976, 10 abril 1981, 14 noviembre 1986, 15 junio 1987,<\/em>\n<\/p>\n

\n 2\u00ba.- Se declare que el \u00faltimo testamento v\u00e1lido de D.\u00aa Milagrosa fue otorgado en Barcelona, ante el Notario D. Federico Tr\u00edas de Bes, en 22 agosto 1947, en el que design\u00f3 como herederos por parte iguales a sus dos hijos, D. Victorio y D. Leonardo.\n<\/p>\n

\n 3\u00ba.- Se declare indigno a D. Leonardo para suceder a su madre D.\u00aa Milagrosa, por haber incurrido en maniobras dolosas y enga\u00f1osas para forzar a su madre a otorgar los testamentos declarados nulos.<\/em>\n<\/p>\n

\n 4\u00ba.- Se declare que D. Leonardo pose\u00eda como fiduciario de D.\u00aa Milagrosa los siguientes bienes:<\/em>\n<\/p>\n

\n a) El 9,64 % de las acciones de COMPLEJO INMOBILIARIO, S.A.; el 55,56 % de las acciones de INMOBILIARIA SOL Y MAR, S.A.; el 45,64 % de las acciones de INMOBILIARIA POMARET, S.A., EL 50 % de las acciones de INMOBILIARIA MATEU, S.A. EL 50 % DE MATEU, S.A., el 40,21 % de las acciones de FURQUET, S.A.; el 50 % de las acciones de BAALBECK, S.A., as\u00ed como la parte residual deduciendo las que fueran propiedad de D. Jos\u00e9 Pablo de las acciones de las sociedades constituidas para ostentar el patrimonio de dichas sociedades o de las que les hubieran sucedido.<\/em>\n<\/p>\n

\n b) Las acciones cotizadas en Bolsa de BANCO CENTRAL HISPANO, S.A.; de COMPA\u00d1\u00cdA ESPA\u00d1OLA DE PETROLEOS, S.A., de UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.; de SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A.; de FUERZAS HIDROEL\u00c9CTRICAS DE ANDORRA, S.A.; SOCIEDAD ANONIMA CROS, S.A.; ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, S.A; UNI\u00d3N EL\u00c9CTRICA FENOSA, S.A., yde GENERAL AZUCARERA DE ESPA\u00d1A, S.A., que figuren a nombre de D. Leonardo, sin haber sido incluidas en la herencia de D. Jos\u00e9 Pablo.<\/em>\n<\/p>\n

\n c) El 40,21 % de la finca sita en Barcelona, DIRECCION000, NUM000 – NUM001.\n<\/p>\n

\n d) Todas las obras de arte, mobiliario y objetos decorativos que se encuentren en poder de D. Leonardo, y muy especialmente en la AVENIDA000, NUM002, en la CALLE000, NUM003 – NUM004 y en la finca DIRECCION001, que hubieran pertenecido a D.\u00aa Milagrosa, y que no figuren rese\u00f1adas en el dictamen emitido en el proceso seguido en Navarra por el perito D. Bernardo.\n<\/p>\n

\n e) Todas las joyas pose\u00eddas por D.\u00aa Milagrosa, y singularmente las relacionadas con el hecho 29, apartado f) de esta demanda.<\/em>\n<\/p>\n

\n f) Las cantidades que hubieran figurado depositadas en bancos extranjeros de las que hubiera podido disponer D.\u00aa Milagrosa.\n<\/p>\n

\n g) Cualesquiera otros bienes figuraran a su nombre en Cajas, Bancos o Entidades financieras, conjuntamente con su madre D.\u00aa Milagrosa, o de los que \u00e9sta tuviera facultades de disposici\u00f3n.<\/em>\n<\/p>\n

\n 5\u00ba.- Se condene a D. Leonardo a reintegrar a la herencia los bienes detallados en el pedimento anterior.<\/em>\n<\/p>\n

\n 6\u00ba.- Subsidiariamente, de no darse lugar a los pedimentos anteriores, se condene a D. Leonardo a abonar a D. Victorio la leg\u00edtima que a \u00e9ste le corresponde en la herencia de su madre D.\u00aa Milagrosa, m\u00e1s los intereses legales de dicha leg\u00edtima desde el fallecimiento de D.\u00aa Milagrosa en 11 enero 1998.<\/em>\n<\/p>\n

\n 7\u00ba.- Se condene a D. Leonardo al pago de las costas”.<\/em>\n<\/p>\n

\n Admitida a tr\u00e1mite la demanda fue emplazado el demandado, alegando la representaci\u00f3n de D. Leonardo loa hechos y fundamentos de derecho que estim\u00f3 de aplicaci\u00f3n al caso, para terminar suplicando: “… dicte Sentencia en la se absuelva a mi mandante de todas las pretensiones, principales y subsidiarias, formuladas contra \u00e9l en la demandada, con expresa imposici\u00f3n de las costas al actor”.<\/em>\n<\/p>\n

\n Contestada la demanda y dado el oportuno traslado, se presentaron los respectivos escritos de r\u00e9plica y d\u00faplica y habi\u00e9ndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practic\u00f3 la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.\n<\/p>\n

\n El Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 30 de Barcelona dict\u00f3 Sentencia, con fecha 22 de noviembre de 2002 y con la siguiente parte dispositiva: “FALLO: Que estimando<\/em>\n<\/p>\n

\n parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Montero Brusell, en nombre y representaci\u00f3n de D. Victorio, contra D. Leonardo:<\/em>\n<\/p>\n

\n 1\u00ba.- No ha lugar a declarar la nulidad de los testamentos otorgados por D.\u00aa Milagrosa en fecha 31\/08\/1967, 29\/01\/1970, 29\/11\/1970, 12\/01\/1976, 10\/04\/1981, 14\/11\/1986 y 15\/06\/1987.<\/em>\n<\/p>\n

\n 2\u00ba.- No ha lugar a declarar que el \u00fanico testamento v\u00e1lido de D.\u00aa Milagrosa fue el otorgado en Barcelona, ante el Notario D. Federico Tr\u00edas de Bes, en fecha 22\/08\/1947.<\/em>\n<\/p>\n

\n 3\u00ba.- No ha lugar a declarar indigno a D. Leonardo para suceder a su madre D.\u00aa Milagrosa.\n<\/p>\n

\n 4\u00ba.- Declaro que D. Leonardo pose\u00eda como fiduciario de D.\u00aa Milagrosa los siguientes bienes:<\/em>\n<\/p>\n

\n a) el 9,64 % de las acciones de COMPLEJO INMOBILIARIO, S.A.<\/em>\n<\/p>\n

\n b) el 55,56 % de las acciones de INMOBILIARIA SOL Y MAR, S.A.<\/em>\n<\/p>\n

\n c) el 45,64 % de las acciones de INMOBILIARIA MATEU, S.A.<\/em>\n<\/p>\n

\n d) el 45,64 % de las acciones de INMOBILIARIA POMARET, S.A.<\/em>\n<\/p>\n

\n e) el 50 % de las acciones de BAALBECK, S.A.<\/em>\n<\/p>\n

\n f) el 40,21 % de la finca sita en Barcelona, DIRECCION000, NUM000 – NUM001\n<\/p>\n

\n 5\u00ba.- Condeno a D. Leonardo a reintegrar a la herencia los bienes detallados en el apartado anterior.<\/em>\n<\/p>\n

\n 6\u00ba.- Declaro que D. Victorio, en su condici\u00f3n de hijo de D.\u00aa Milagrosa, tiene la cualidad de legitimario en la herencia de su difunta madre, y por tanto, tiene derecho a percibir en concepto de leg\u00edtima la cantidad de 522.620.916 pesetas, esto es, TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UNA MIL CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (3.141.014,97 Euros), m\u00e1s la octava parte del valor de los siguientes bienes que se determinar\u00e1 en ejecuci\u00f3n de sentencia:<\/em>\n<\/p>\n

\n a) Obras de arte, mobiliario y objetos decorativos que se encuentren en poder de D. Leonardo, y muy especialmente en las fincas sitas en AVENIDA000 n\u00ba NUM002 de Barcelona, CALLE000 n\u00ba NUM000 – NUM004 de Barcelona y en la DIRECCION001 de Campins, que hubieran pertenecido a la causante, y que no figuren rese\u00f1adas en el dictamen emitido en el proceso seguido en Navarra por el perito D. Bernardo.\n<\/p>\n

\n b) Joyas donadas por D.\u00aa Milagrosa que fueron rese\u00f1adas en el Hecho 29.f de la demanda.<\/em>\n<\/p>\n

\n c) Acciones, dep\u00f3sitos y saldos bancarios existentes a nombre de la causante en el extranjero.<\/em>\n<\/p>\n

\n 7\u00ba.- Condeno a D. Leonardo a abonar a D. Victorio la total cantidad que resulte en virtud de la anterior declaraci\u00f3n m\u00e1s el inter\u00e9s legal de dicha suma a contar desde la fecha de fallecimiento de la causante (11 enero 1998).<\/em>\n<\/p>\n

\n 8\u00ba.- No ha lugar a hacer expresa imposici\u00f3n de las costas causadas en autos.<\/em>\n<\/p>\n

\n SEGUNDO.<\/strong> Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelaci\u00f3n D. Leonardo. Sustanciada la apelaci\u00f3n, la Secci\u00f3n 4\u00aa de la Audiencia Provincial de Barcelona dict\u00f3 Sentencia, con fecha 4 de noviembre de 2003, con el siguiente fallo: ” Que DESESTIMANDO el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de D. Leonardo contra la<\/em> sentencia dictada en fecha 4 de noviembre de 2002, por el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 30 de Barcelona, en autos de Juicio de Mayor Cuant\u00eda n\u00famero 348\/1999, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la citada resoluci\u00f3n, imponiendo las costas de esta alzada a la parte recurrente”.<\/em>\n<\/p>\n

\n TERCERO.<\/strong> Anunciado recurso de casaci\u00f3n por D. Leonardo contra la sentencia de apelaci\u00f3n, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Ram\u00f3n Feix\u00f3 Bregada lo interpuso, articul\u00e1ndolo en los siguientes motivos:\n<\/p>\n

\n Primero: Infracci\u00f3n de los art\u00edculos 2.1a), 27, 28 y 35 de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.\n<\/p>\n

\n Segundo: Incumplimiento de la Disposici\u00f3n Transitoria de la Ley 11\/90.\n<\/p>\n

\n Tercero: Infracci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola e inaplicaci\u00f3n de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicaci\u00f3n del punto 3 de la Disposici\u00f3n Derogatoria de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.\n<\/p>\n

\n Cuarto: Infracci\u00f3n de los art\u00edculos 14 y 24.1 de la Constituci\u00f3n y su interpretaci\u00f3n por el Tribunal Constitucional en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 10 y 416.1.1\u00ba de la Ley de Enjuiciamiento Civil.\n<\/p>\n

\n Quinto: Infracci\u00f3n del art\u00edculo 2.3 del C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.\n<\/p>\n

\n Sexto: Infracci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo Civil, y en los art\u00edculos 2,3 y 92 de la Ley del Registro Civil.\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptimo: Infracci\u00f3n del art\u00edculo 6.4 del C\u00f3digo Civil, por inexistencia de fraude de Ley en la manifestaci\u00f3n de D.\u00aa. Milagrosa de mantener la vecindad Navarra.\n<\/p>\n

\n Octavo: Infracci\u00f3n del art\u00edculo 6.4 del C\u00f3digo Civil, por existencia de fraude de Ley en la actuaci\u00f3n procesal de D. Victorio.\n<\/p>\n

\n Noveno: Infracci\u00f3n del art\u00edculo 14.5 del C\u00f3digo Civil por exigir la reiteraci\u00f3n de la voluntad de mantener la vecindad adquirida.\n<\/p>\n

\n D\u00e9cimo: Infracci\u00f3n de los art\u00edculos 658, 668, 675 y 739 del C\u00f3digo Civil, Leyes 149, 267 y 270 de la Ley 1\/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Navarra, y art\u00edculos 101, 110 y 370.2 del C\u00f3digo de Sucesiones por causa de muerte en el Derecho Civil de Catalu\u00f1a.\n<\/p>\n

\n CUARTO.<\/strong> Recibidos los autos y formado el presente rollo, se person\u00f3 la Procuradora D.\u00aa Marta Ruiz Rold\u00e1n en nombre y representaci\u00f3n de D. Leonardo en concepto de parte recurrente. Asimismo se person\u00f3 el Procurador D. Alfonso de Murga Florido, en nombre y representaci\u00f3n de D. Victorio, en concepto de parte recurrida.\n<\/p>\n

\n La Procuradora Sra. Ruiz Roldan, en representaci\u00f3n del recurrente, present\u00f3 escrito desistiendo del sostenimiento del motivo d\u00e9cimo de casaci\u00f3n; asimismo el Procurador Sr. Murga Florido, en representaci\u00f3n del recurrido present\u00f3 escrito solicitando la remisi\u00f3n de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a, por entender que corresponde a este \u00f3rgano la competencia para su conocimiento. Por Auto de 30 de noviembre de 2004 se acord\u00f3 tener por desistido al recurrente del motivo d\u00e9cimo formulado en el escrito de interposici\u00f3n del recurso y declarar la competencia de esta Sala para su conocimiento, pronunciamiento \u00e9ste \u00faltimo que fue confirmado por Auto de 15 de febrero de 2005, por el que se desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte recurrida.\n<\/p>\n

\n Admitido el recurso por Auto de fecha 28 de octubre de 2008 y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Alfonso de Murga Florido, en nombre y representaci\u00f3n de D. Victorio, impugn\u00f3 el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.\n<\/p>\n

\n QUINTO.<\/strong> Se se\u00f1al\u00f3 como d\u00eda para votaci\u00f3n y fallo del recurso el cinco de marzo de dos mil nueve, siendo suspendido dicho se\u00f1alamiento acord\u00e1ndose que la sentencia se dicte por el Pleno de los Magistrados de la Sala, se\u00f1al\u00e1ndose para dicha votaci\u00f3n y fallo el d\u00eda veinte de julio de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.\n<\/p>\n

\n Ha sido Ponente el Magistrado Excma. Sra. D.\u00aa Encarnaci\u00f3n Roca Trias,\n<\/p>\n

\n FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong>\n<\/p>\n

\n PRIMERO.<\/strong> Resumen de hechos probados<\/em>:\n<\/p>\n

\n 1\u00ba D. Jose Pablo, de vecindad civil catalana de origen, compareci\u00f3 junto con su esposa el 8 de enero de 1965, ante el Juzgado de Paz de Betelu, Navarra. Declar\u00f3 que estaba residiendo en dicha localidad desde 1962 y que deseaba adquirir la vecindad civil de Navarra; esta declaraci\u00f3n hubo de ser reiterada por D. Jose Pablo ante el Registro civil de Pamplona el 21 de noviembre de 1968 y caus\u00f3 inscripci\u00f3n marginal en la de nacimiento de ambos c\u00f3nyuges, al ser adquirida dicha vecindad civil por la esposa, D.\u00aa Milagrosa, en virtud del principio de unidad familiar, establecido en el Art. 15.3 CC, vigente en aquel momento.\n<\/p>\n

\n 2\u00ba D. Jos\u00e9 Pablo falleci\u00f3 en Barcelona en 1986, donde siempre hab\u00edan residido los c\u00f3nyuges.\n<\/p>\n

\n 3\u00ba El 20 de febrero de 1996, D.\u00aa Milagrosa declar\u00f3 ante el encargado del Registro civil su voluntad de conservar la vecindad civil de Navarra.\n<\/p>\n

\n 4\u00ba D.\u00aa Milagrosa falleci\u00f3 el 11 de enero de 1998 en Barcelona.\n<\/p>\n

\n 5\u00ba D. Victorio demand\u00f3 a su hermano D. Leonardo, heredero de D.\u00aa Milagrosa, donde ped\u00eda que: a) se declarase la nulidad de los testamentos otorgados por la causante desde 1967 hasta junio de 1987 y que su sucesi\u00f3n deb\u00eda regirse por el otorgado en Barcelona en 1947; b) se declarase la indignidad del heredero D. Leonardo; c) se declarase que D. Leonardo era titular fiduciario de una serie de bienes que describ\u00eda en la demanda, que deb\u00eda restituir a la herencia, y, subsidiariamente, que se condenase a D. Leonardo a abonar al demandante D. Victorio la leg\u00edtima que le correspondiera en la herencia de su madre D.\u00aa Milagrosa, con sus correspondientes intereses, todo ello de acuerdo con el Derecho civil catal\u00e1n, aplicable seg\u00fan el demandante, a la sucesi\u00f3n de su madre. El demandado se opuso a la demanda negando que la sucesi\u00f3n de D.\u00aa Milagrosa debiera regirse por el Derecho catal\u00e1n, ya que en virtud de lo dispuesto en el Art. 9. 8 CC, al tener D.\u00aa Milagrosa la vecindad civil navarra en el momento de su fallecimiento, deb\u00eda aplicarse lo establecido en el Fuero Nuevo, que deb\u00eda regir su sucesi\u00f3n.\n<\/p>\n

\n 6\u00ba La sentencia del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 30 de Barcelona de 27 de noviembre de 2002 estim\u00f3 en parte la demanda. Con relaci\u00f3n a lo planteado en el recurso de casaci\u00f3n, que es lo relativo a la fijaci\u00f3n de la vecindad civil que ostentaba D.\u00aa Milagrosa en el momento de su fallecimiento a los efectos de determinar la ley que rige su sucesi\u00f3n, los argumentos de la sentencia son los siguientes: a) que declarada la vecindad civil navarra del esposo de la causante D.\u00aa Milagrosa, resulta obligado concluir que \u00e9sta la adquiri\u00f3 por raz\u00f3n de matrimonio y ella misma lo declar\u00f3 as\u00ed; b) respecto a la residencia de D.\u00aa Milagrosa durante m\u00e1s de diez a\u00f1os en Catalu\u00f1a sin declaraci\u00f3n en contrario, debe partirse de la base de que al no ganar la vecindad civil navarra por declaraci\u00f3n de voluntad, no puede aplicarse el vigente Art. 15 CC, de modo que la adquisici\u00f3n se produjo ex lege<\/em> y ciertamente D.\u00aa Milagrosa no realiz\u00f3 ninguna declaraci\u00f3n de querer conservar la vecindad civil de Navarra; c) las declaraciones de que manten\u00eda la vecindad civil efectuadas en los testamentos otorgados ante Notario en Navarra carecen de virtualidad al no haberse efectuado ante el Juez encargado del Registro civil y respecto de la realizada ante dicho funcionario del Registro civil en 1996 carece de valor por entender que en el momento en que la realiz\u00f3, ya hab\u00eda adquirido la vecindad civil catalana por residencia continuada en Catalu\u00f1a. De ah\u00ed que al tener D.\u00aa Milagrosa la vecindad civil catalana en el momento de fallecer, su sucesi\u00f3n se rige por el C\u00f3digo de sucesiones de Catalu\u00f1a y no por el derecho navarro.\n<\/p>\n

\n 7\u00ba El demandado D. Leonardo apel\u00f3 dicha sentencia. La Audiencia Provincial de Barcelona, secci\u00f3n 4\u00aa, en sentencia de 4 noviembre 2003, desestim\u00f3 el recurso y confirm\u00f3 la sentencia apelada. Por la importancia que tiene en el presente recurso de casaci\u00f3n, se reproduce a continuaci\u00f3n el Fundamento jur\u00eddico segundo de la sentencia recurrida. “Centrado el primer motivo del recurso en la determinaci\u00f3n de la vecindad civil de la causante en el momento de su fallecimiento, entendemos que esta Sala debe partir, en todo caso, del respeto a los hechos declarados probados en la<\/em> Sentencia del TSJ de Navarra de 3 de marzo de 1994, relativa a la sucesi\u00f3n del esposo de D.\u00aa Milagrosa y padre de los ahora litigantes, D. Jos\u00e9 Pablo, por constituir cosa juzgada.<\/em>\n<\/p>\n

\n Sentado lo anterior, como es sabido, debe indicarse que el<\/em> art. 14.5 del C\u00f3digo Civil, precepto aplicable a todo el territorio nacional, dispone claramente:<\/em>\n<\/p>\n

\n \u00abLa vecindad civil se adquiere:<\/em>\n<\/p>\n

\n 1\u00ba. Por residencia continuada durante dos a\u00f1os, siempre que el interesado manifieste ser \u00e9sa su voluntad.<\/em>\n<\/p>\n

\n 2\u00ba. Por residencia continuada de diez a\u00f1os, sin declaraci\u00f3n en contrario durante este plazo.<\/em>\n<\/p>\n

\n Ambas declaraciones se har\u00e1n constar en el Registro Civil y no precisan ser reiteradas\u00bb. y, por su parte, el<\/em> art. 14.6 agrega:<\/em>\n<\/p>\n

\n \u00abEn caso de duda prevalecer\u00e1 la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento\u00bb.<\/em>\n<\/p>\n

\n De la redacci\u00f3n de este art\u00edculo, se entiende que la declaraci\u00f3n de adquisici\u00f3n de vecindad civil debe efectuarse ante el Registro Civil o, en su caso, ante el Registro Consular u otro \u00f3rgano competente, sin que puedan tener consideraci\u00f3n de declaraci\u00f3n de adquisici\u00f3n de la vecindad civil las manifestaciones contenidas en una escritura p\u00fablica u otro documento p\u00fablico u oficial, dado que no se trata simplemente de la exteriorizaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de voluntad, sino que es precisa su constancia expresa en el Registro Civil, momento a partir del cual despliega eficacia la manifestaci\u00f3n y se produce la adquisici\u00f3n de la vecindad civil.<\/em>\n<\/p>\n

\n En similares t\u00e9rminos, el<\/em> art\u00edculo 225 del Reglamento del Registro Civil establece que el cambio de vecindad civil se produce \u00abipso iure\u00bb por la residencia habitual durante diez a\u00f1os seguidos en provincia o territorio de diferente legislaci\u00f3n civil, a no ser que antes de terminar este plazo el interesado formule la declaraci\u00f3n en contrario.<\/em>\n<\/p>\n

\n As\u00ed, el elemento determinante para la adquisici\u00f3n de la vecindad civil es el de la residencia, identific\u00e1ndose el lugar de \u00abresidencia habitual\u00bb con el de domicilio civil, seg\u00fan el<\/em> art. 40 del CC, siendo independiente de la vecindad administrativa o de la inscripci\u00f3n en el padr\u00f3n municipal<\/em> (SSTS 30-10-1901, 30-4-1909, 18-5-1932, 3-6\u00ad1934, 11-10-1960, 10-11-1961 ), y as\u00ed lo confirma la<\/em> STS de 15-11-1991 se\u00f1alando que \u00abseg\u00fan constante doctrina jurisprudencial emanada de la Sala 1\u00aa del TS, el domicilio no debe confundirse con la vecindad, seg\u00fan la Ley municipal, y que s\u00f3lo deben merecer la calificaci\u00f3n de principios de prueba las certificaciones del censo de poblaci\u00f3n, censo electoral y padr\u00f3n de habitantes\u00bb; y se reitera en la<\/em> STS 30-1-93, con cita, a su vez, de la de ( 8-3-1983 C-Ad), que \u00ablas vecindades administrativas no siempre coinciden con el efectivo domicilio, teniendo escasa influencia las certificaciones administrativas que derivan de los datos del padr\u00f3n municipal de habitantes, siendo el lugar de residencia habitual aquel que corresponde a la residencia permanente e intencionada en un precisado lugar debiendo tenerse en cuenta la efectiva vivencia y habitualidad, con ra\u00edces familiares y econ\u00f3micas\u00bb.<\/em>\n<\/p>\n

\n As\u00ed pues, en este sentido, es doctrina jurisprudencial reiterada la que se\u00f1ala que los simples datos del padr\u00f3n de habitantes no hacen prueba plena de la residencia a<\/em>\n<\/p>\n

\n efectos civiles, dado que lo \u00fanico que prueba dicho Padr\u00f3n por s\u00ed solo es la realidad de haberse hecho por el declarante y funcionario en su caso en \u00e9l interviniente las manifestaciones que contiene, pero no que las mismas sean exactas.<\/em>\n<\/p>\n

\n Partiendo de las anteriores consideraciones, examinada de nuevo la prueba aportada por cada parte y valorando en conjunto su resultado, obtiene la Sala id\u00e9nticas conclusiones que el juzgador a quo en orden a la vecindad civil catalana de D.\u00aa Milagrosa al tiempo de su fallecimiento.<\/em>\n<\/p>\n

\n As\u00ed, en primer t\u00e9rmino, D.\u00aa Milagrosa, junto con su esposo, su hijo y demandado D. Leonardo y la esposa de \u00e9ste, D.\u00aa Esperanza, comparecieron ante el<\/em> Juzgado de Paz de Betelu el d\u00eda 8 de enero de 1965 y manifest\u00f3 que \u00abdesde el a\u00f1o sesenta y dos tiene su residencia en Betelu y haciendo uso de la facultad que le concede el<\/em> art. 15 del C\u00f3digo Civil desea ganar la vecindad navarra y para ello formula la presente declaraci\u00f3n\u00bb (folio 1569).<\/em>\n<\/p>\n

\n Conforme a la doctrina expuesta, tal comparecencia no supuso la adquisici\u00f3n de la vecindad foral navarra por parte de D.\u00aa Milagrosa pues dicha declaraci\u00f3n no fue realizada ante el Encargado del Registro Civil.<\/em>\n<\/p>\n

\n Posteriormente, su esposo D. Jos\u00e9 Pablo, mediante mandatario con poder especial, reiter\u00f3 ante el se\u00f1or Juez Municipal, Encargado del Registro Civil de Pamplona -oficina n\u00famero 2- el 21 de noviembre de 1968, acto en el que present\u00f3 certificaci\u00f3n expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Betelu, en la que se hac\u00eda constar que dicho se\u00f1or resid\u00eda en Betelu desde hac\u00eda m\u00e1s de dos a\u00f1os, declaraci\u00f3n \u00e9sta que s\u00ed caus\u00f3 la correspondiente inscripci\u00f3n marginal en la de nacimiento de D. Jos\u00e9 Pablo, as\u00ed como en la de su esposa y causante D.\u00aa Milagrosa.\n<\/p>\n

\n Por tanto, debemos partir del hecho declarado probado por la<\/em> sentencia del TSJ de Navarra de fecha 3 de marzo de 1994, de la adquisici\u00f3n de la vecindad navarra por parte del esposo de la causante, en virtud, no ya de su declaraci\u00f3n ante el<\/em> Juzgado de Paz de Betelu, de fecha 8 de enero de 1965, sino de la que efectu\u00f3 el 21 de noviembre de 1968 ante el se\u00f1or Juez Municipal Encargado del Registro Civil de Pamplona.<\/em>\n<\/p>\n

\n En consecuencia, como acertadamente se\u00f1ala el Magistrado Juez a quo, no consta en las actuaciones que D.\u00aa Milagrosa emitiera declaraci\u00f3n expresa ante el Juez Encargado del Registro Civil de Pamplona en 1968, tras los dos supuestos a\u00f1os de residencia en Navarra, sino que fue su esposo D. Jos\u00e9 Pablo, mediante mandatario con poder especial quien efectu\u00f3 tal declaraci\u00f3n.<\/em>\n<\/p>\n

\n Y, consecuentemente, D.\u00aa Milagrosa no adquiri\u00f3 la vecindad foral navarra por manifestaci\u00f3n expresa y residencia continuada de dos a\u00f1os sino de conformidad con el derogado<\/em> art\u00edculo 14.4 del C\u00f3digo Civil que impon\u00eda a la mujer casada la vecindad del marido, y dicha declaraci\u00f3n fue suficiente para causar nota marginal en la inscripci\u00f3n de nacimiento de la causante.<\/em>\n<\/p>\n

\n Por tanto, si bien las<\/em> sentencias del TSJ de Navarra de 3 de marzo de 1994, y la<\/em> sentencia del TSJ de CATALU\u00d1A de 13 de mayo de 1999, siguiendo a la anterior, han se\u00f1alado que la nueva vecindad adquirida por declaraci\u00f3n expresa ante el Registro<\/em>\n<\/p>\n

\n Civil, no se pierde por residencia continuada en otro territorio, sin declaraci\u00f3n en contrario, ello debe entenderse en el supuesto de declaraci\u00f3n expresa, lo que, como hemos dicho, no ocurre en el presente caso, en el que D.\u00aa Milagrosa no adquiri\u00f3 la vecindad civil navarra por declaraci\u00f3n expresa ante el Encargado del Registro Civil sino por seguir la vecindad adquirida por su esposo.<\/em>\n<\/p>\n

\n Consecuentemente, por entender, como lo hace el Magistrado Juez a quo que dicha vinculaci\u00f3n de la mujer casada a la vecindad civil de su esposo dej\u00f3 de surtir efecto en 1978 con la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, en la fecha de su publicaci\u00f3n, el 29 de diciembre de 1978, al quedar derogado dicho precepto por ser claramente inconstitucional, y a tenor de la<\/em> Disposici\u00f3n Derogatoria, apartado 3, a tenor del cual, quedaban derogadas cuantas disposiciones se opusieran a lo establecido en la Constituci\u00f3n, D.\u00aa Milagrosa, por residencia continuada en la ciudad de Barcelona durante m\u00e1s de diez a\u00f1os, recuper\u00f3 la vecindad civil catalana, en fecha 29 de diciembre 1988.<\/em>\n<\/p>\n

\n De igual modo, aun cuando entendi\u00e9ramos que dicha vinculaci\u00f3n a la vecindad civil del esposo finaliz\u00f3 en fecha 20 de abril de 1986, con el fallecimiento de D. Jos\u00e9 Pablo, en consecuencia, D.\u00aa Milagrosa, recuper\u00f3 la vecindad civil catalana por residencia continuada en la ciudad de Barcelona durante m\u00e1s de diez a\u00f1os, en fecha 20 de abril de 1996, sin que tenga efecto la declaraci\u00f3n prestada en fecha 20 de febrero de 1996, obrante al folio 3212, tomo IV, por su evidente car\u00e1cter fraudulento.<\/em>\n<\/p>\n

\n Y en este sentido, llegamos a dicha conclusi\u00f3n del fraude de ley, pues las pruebas practicadas en el procedimiento y, concretamente, las testificales […], la declaraci\u00f3n prestada ante la Polic\u00eda en fecha 3 de septiembre de 1987, en la que hace constar como domicilio el de la AVENIDA000 n\u00famero NUM NUM002 de Barcelona, y, finalmente, el fallecimiento de la causante en fecha 11 de enero de 1998 en la Cl\u00ednica del Pilar de Barcelona, acreditan todas ellas que D.\u00aa Milagrosa ten\u00eda su residencia habitual y permanente en la AVENIDA000 n\u00famero NUM NUM002 de Barcelona, excepto tres meses al a\u00f1o en los que resid\u00eda en el PASEO Mar\u00edtimo de Sitges, por lo que la declaraci\u00f3n prestada en fecha 20 de febrero de 1996, cuando faltaban dos meses para que se cumplieran los diez a\u00f1os del fallecimiento de su esposo D. Jose Pablo, ha de concluirse, sin g\u00e9nero de dudas, que la misma no tuvo otra finalidad que la de acogerse a una aparente vecindad foral navarra (ley de cobertura) para eludir la aplicaci\u00f3n de la ley sucesoria del Derecho Civil Catal\u00e1n (Codi de Successions) y, de esta forma, privar a su hijo y demandante D. Alejandro, de su derecho a percibir el importe de la leg\u00edtima que le corresponde por aplicaci\u00f3n del<\/em> art\u00edculo 355 del Codi de Successions, lo que evidentemente integra un claro supuesto de fraude de ley.\n<\/p>\n

\n En definitiva, acreditada la recuperaci\u00f3n de la vecindad civil catalana de la causante, su sucesi\u00f3n se rige por el derecho civil catal\u00e1n siendo por ello de aplicaci\u00f3n el Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya,<\/em> Ley 40\/1991, de 30 de diciembre.\n<\/p>\n

\n En consecuencia, este primer motivo de recurso debe ser desestimado, confirm\u00e1ndose \u00edntegramente la resoluci\u00f3n que es objeto del mismo.<\/em>\n<\/p>\n

\n 7\u00ba. Contra esta sentencia presenta el demandado D. Leonardo recurso de casaci\u00f3n, al amparo de lo establecido en el Art. 477 LEC. El auto de esta Sala de 28 octubre 2008 admiti\u00f3 el recurso, que se formula dividido en diez motivos, desisti\u00e9ndose del \u00faltimo.\n<\/p>\n

\n SEGUNDO.<\/strong> Los problemas que se plantean a esta Sala en el enjuiciamiento de la cuesti\u00f3n suscitada sobre la ley reguladora de la sucesi\u00f3n de D.\u00aa Milagrosa y que han sido recogidos de forma amplia y pormenorizada en los motivos del recurso de casaci\u00f3n presentado por el demandado D. Leonardo, pueden agruparse en torno a tres grupos de cuestiones, que a su vez presentan distintos problemas: 1\u00ba La principal viene referida a la determinaci\u00f3n de la vecindad civil de la causante en el momento de su fallecimiento. 2\u00ba La segunda, se refiere a la concurrencia o no de fraude de ley en la declaraci\u00f3n de D.\u00aa Milagrosa de querer mantener o conservar la vecindad civil navarra, y la 3\u00aa viene a referirse a las otras cuestiones planteadas en otros motivos del recurso. De acuerdo con esta sistem\u00e1tica, se van a examinar los distintos motivos de casaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n TERCERO.<\/strong> Previo: la competencia del juez ordinario para declarar la derogaci\u00f3n de una norma por inconstitucionalidad sobrevenida.<\/em>\n<\/p>\n

\n Previamente al examen de las cuestiones relacionadas con la vecindad civil, esta Sala debe examinar el contenido del primer motivo del recurso de casaci\u00f3n, que se formula por infracci\u00f3n de los Arts. 2.1,a), 27, 28 y 35 de la LO 2\/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Se se\u00f1ala que la inconstitucionalidad de un precepto de ley s\u00f3lo puede ser declarada por el Tribunal constitucional, de acuerdo con lo que establece su Ley org\u00e1nica en los Arts. 2.1,a), 27, 28 y 35; se\u00f1ala que hay que distinguir entre normas derogadas por oponerse a la Constituci\u00f3n y normas declaradas inconstitucionales, de acuerdo con lo que se\u00f1ala la STC 11\/1981 y reproduce en apoyo de su argumentaci\u00f3n, la STC 39\/2002, de 14 de febrero, en la que se declar\u00f3 la inconstitucionalidad del Art. 9.2 CC en relaci\u00f3n a la ley nacional del marido como punto de conexi\u00f3n para determinar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial en los matrimonios de distinta vecindad civil. Dice que el juez deber\u00eda haber planteado la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, porque la Ley Org\u00e1nica le obliga y que al no hacerlo, la Audiencia Provincial no pudo desconocer lo dicho en la Disposici\u00f3n transitoria de la Ley 11\/1990.\n<\/p>\n

\n El motivo se desestima.\n<\/p>\n

\n La disposici\u00f3n derogatoria 3 CE establece que “asimismo quedar\u00e1n derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constituci\u00f3n” y de acuerdo con esta disposici\u00f3n, los jueces no deben aplicar la ley preconstitucional cuando sea contraria a lo dispuesto en la Constituci\u00f3n, por haber sido derogada por \u00e9sta. En este sentido resulta muy recomendable la lectura atenta de la STC 39\/2002, de 14 febrero, que el recurrente cita como argumento en apoyo de su razonamiento. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional resuelve una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad presentada por un juez de 1\u00aa Instancia acerca del ajuste a la constituci\u00f3n del Art. 9.2 CC, que establec\u00eda como punto de conexi\u00f3n para la determinaci\u00f3n del r\u00e9gimen de bienes de un matrimonio con distinta nacionalidad\/vecindad civil, la ley del marido en el momento de contraer matrimonio, de acuerdo con la redacci\u00f3n anterior a la ley 11\/1990 (redactado por el Decreto 1836\/1974, de 31 de mayo y mantenido por la ley 21\/1987, de 11 noviembre ). El Tribunal Constitucional se\u00f1ala, con abundante cita de su propia jurisprudencia, que\n<\/p>\n

\n “[…] cuando la duda de constitucionalidad se plantea en relaci\u00f3n con normas preconstitucionales este Tribunal ha declarado con reiteraci\u00f3n que esta circunstancia no impone, por si misma y de modo absoluto, que el \u00f3rgano judicial deba abstenerse de plantear la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, ya que si bien puede examinar y resolver por s\u00ed mismo la eventual contradicci\u00f3n con el ordenamiento constitucional<\/em> de una norma anterior a la Constituci\u00f3n, tambi\u00e9n puede optar por deferir la cuesti\u00f3n a esta jurisdicci\u00f3n […]”<\/em>. Est\u00e1 claramente admitida, pues, la posibilidad de que el juez ordinario declare la derogaci\u00f3n por inconstitucionalidad sobrevenida de normas anteriores a la Constituci\u00f3n, lo que es una consecuencia clara de la fuerza de la propia norma derogatoria, que obliga a los jueces y tribunales del mismo modo que las otras disposiciones constitucionales y, adem\u00e1s, de la vinculaci\u00f3n que produce la propia Constituci\u00f3n que como norma suprema, ha expulsado del ordenamiento aquellas reglas anteriores que contradigan los derechos fundamentales en ella reconocidos (en un sentido muy parecido, la STS de 21 de septiembre 1999, que declar\u00f3 derogado el Art. 47.2 LRC ). Por tanto, el juez puede declarar la derogaci\u00f3n por inconstitucionalidad sobrevenida y no se requiere el planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, aunque puede optar por ella como reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional citada.\n<\/p>\n

\n CUARTO.<\/strong> La constitucionalidad de la regla de la unidad familiar para atribuir a la mujer casada la vecindad civil de su marido.<\/em>\n<\/p>\n

\n A la cuesti\u00f3n que se enuncia se refieren los motivos segundo, quinto, sexto y noveno que se van a resumir, para despu\u00e9s realizar su an\u00e1lisis de forma conjunta.\n<\/p>\n

\n El segundo motivo denuncia el incumplimiento de la disposici\u00f3n transitoria de la Ley 11\/1990. Dicha disposici\u00f3n permite a la mujer casada recuperar la vecindad civil que ostentaba antes de contraer matrimonio con dos condiciones: que lo solicite de forma expresa y que lo haga en el plazo de un a\u00f1o desde la entrada en vigor de la ley 11\/1990. Seg\u00fan el recurrente, dicha DT demuestra que el legislador estaba convencido de la vigencia del Art. 14.4 CC antes de la entrada en vigor de la ley de 1990, porque sino todas las mujeres habr\u00edan readquirido la vecindad civil ope legis<\/em> a la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n. Esta norma no impone a la mujer casada la obligaci\u00f3n de efectuar la declaraci\u00f3n de voluntad de recuperar la vecindad perdida que s\u00f3lo ocurrir\u00e1 si se efect\u00faa la declaraci\u00f3n. Por ello entiende el recurrente que una vez transcurrido el plazo de un a\u00f1o previsto en la ley de 1990 sin haber hecho expresa manifestaci\u00f3n de voluntad, “es cuando puede afirmarse que se ha producido la declaraci\u00f3n de mantenimiento de la vecindad adquirida con anterioridad”. Por ello entiende el recurrente que el silencio de D.\u00aa Milagrosa tiene el valor de una declaraci\u00f3n de mantenimiento de la vecindad civil navarra adquirida por matrimonio.\n<\/p>\n

\n El quinto motivo del recurso se\u00f1ala la infracci\u00f3n del Art. 2.3 CC, en relaci\u00f3n con el Art. 9.3 CE. Dice que la sentencia impugnada entiende que el requisito de la manifestaci\u00f3n de voluntad de adquirir la vecindad civil del marido ha de ser expresa y realizada en forma, lo que supone reconocer efectos retroactivos al Art. 14.4 CC redactado por la ley 11\/1990 y ello es contrario a la Constituci\u00f3n y al Art. 2.3 CC. Se\u00f1ala que el recuperar o no la vecindad es un derecho y no una obligaci\u00f3n legal y por tanto es renunciable; adem\u00e1s, la vecindad adquirida por raz\u00f3n de matrimonio no es un acto nulo, porque era\n<\/p>\n

\n v\u00e1lido de acuerdo con la legislaci\u00f3n vigente, sino que ser\u00eda anulable, si el interesado ejerciera la concreta acci\u00f3n, lo que no ha ocurrido en este caso.\n<\/p>\n

\n El sexto motivo denuncia la infracci\u00f3n del Art. 327 CC y de los Arts. 2, 3 y 92 LRC. Se dice que la seguridad jur\u00eddica exige que las circunstancias que afectan al estado civil de las personas consten en el Registro civil y por ello se inscribe lo relativo a la nacionalidad y la vecindad civil. Aunque la modificaci\u00f3n de la vecindad civil de D.\u00aa Milagrosa se lleva a cabo por el marido, mientras la persona afectada no haga la manifestaci\u00f3n expresa correspondiente, la inscripci\u00f3n de la vecindad da fe de la que se ostenta y por ello el 7 de junio de 1996 se inscribe una manifestaci\u00f3n de D.\u00aa Milagrosa en el sentido de que era su voluntad conservar la vecindad civil de Navarra que ostentaba, de modo que las inscripciones que constan en la de nacimiento de D.\u00aa Milagrosa perduraron hasta su muerte.\n<\/p>\n

\n El noveno motivo denuncia la infracci\u00f3n del Art. 14.5 CC por exigir la reiteraci\u00f3n de la voluntad de mantener la vecindad de origen. Dice que de acuerdo con el Art. 14.5 CC, la vecindad adquirida no tiene que ser reiterada y ello de acuerdo con la sentencia de este Tribunal de 21 de septiembre de 2000 y el Art. 65 LRC, que establece que una vez prestada la declaraci\u00f3n no necesita ser reiterada y que se har\u00e1n constar en el Registro civil. Fue significativo el silencio de D.\u00aa Milagrosa en relaci\u00f3n a la vecindad adquirida por raz\u00f3n de matrimonio, sin necesidad de hacer manifestaci\u00f3n expresa de ello y, en consecuencia, tampoco era preciso que se realizara ninguna otra declaraci\u00f3n ante el Encargado del Registro civil, m\u00e1ximo cuando la ley que lo exige es posterior a la Constituci\u00f3n. Seg\u00fan este motivo, debe declararse que D.\u00aa Milagrosa no tuvo ninguna necesidad de hacer declaraci\u00f3n alguna para mantener la vecindad civil navarra que hab\u00eda adquirido en 1968 y siempre dese\u00f3 mantener, no haciendo uso de ninguna de las posibilidades que se le ofrecieron en 1975 y 1990 mediante la declaraci\u00f3n ante el Encargado del Registro civil y desde 1978 por la v\u00eda de la defensa de Derechos Fundamentales de la Persona.\n<\/p>\n

\n Los motivos no se estiman.\n<\/p>\n

\n La complejidad de este asunto viene provocada por la falta de diligencia del legislador en la regulaci\u00f3n de esta materia. Debe ponerse de relieve que la derogaci\u00f3n del denominado principio de unidad familiar en la vecindad civil, en cuya virtud la ley del marido determinaba la de la esposa y la de los hijos in potestate,<\/em> se mantuvo hasta la reforma efectuada en 1990; sin embargo, la ley 14\/1975, de 2 de mayo ya excluy\u00f3 la comunicaci\u00f3n a la mujer casada de la nacionalidad espa\u00f1ola que adquir\u00eda su marido (Art. 21 CC, redactado por ley 14\/1975 ).\n<\/p>\n

\n QUINTO.<\/strong> Los argumentos del recurrente obligan a esta Sala a examinar las cuestiones que se estudian a continuaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n A) La constitucionalidad del<\/em> Art. 14.4CC. El Art. 14.4 CC, redactado de acuerdo con el Decreto 1836\/1974, de 31 de mayo y que no fue reformado hasta la ley 11\/1990, dec\u00eda: “la mujer casada seguir\u00e1 la condici\u00f3n del marido”. Se trataba por tanto, de una norma preconstitucional que conten\u00eda una flagrante lesi\u00f3n del derecho a la igualdad de los c\u00f3nyuges, cuando establec\u00eda un trato discriminatorio entre el marido y la mujer, dado que impon\u00eda a \u00e9sta una vecindad civil, independientemente de su voluntad, de forma\n<\/p>\n

\n que los sucesivos cambios que experimentara la del marido la iban a afectar a ella, tanto si deseaba adquirirla como si no. Ya hemos citado antes la STC 39\/2002, que declar\u00f3 la inconstitucionalidad sobrevenida y, por tanto, la derogaci\u00f3n, del Art. 9.2 CC, por ser contrario al principio de igualdad, se\u00f1alando dicha sentencia que dicha norma “[…] representa una expl\u00edcita interdicci\u00f3n de determinadas diferencias hist\u00f3ricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos, como por la pr\u00e1ctica social, a sectores de la poblaci\u00f3n en posiciones, no s\u00f3lo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona reconocida en el Art. 10.1 CE “, entre las cuales, evidentemente, se encuentra el sexo como criterio de diferenciaci\u00f3n jur\u00eddica, que en este supuesto se une el de la igualdad en el matrimonio.\n<\/p>\n

\n El argumento que utiliza la mencionada sentencia para declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del Art. 9.2 CC es el siguiente: “[…] no cabe duda de que el Art. 9.2 CC, al establecer la ley nacional del marido al tiempo de la celebraci\u00f3n del matrimonio como punto de conexi\u00f3n, aun cuando sea residual, para la determinaci\u00f3n de la ley aplicable, introduce una diferencia de trato entre el var\u00f3n y la mujer pese a que ambos se encuentran, en relaci\u00f3n al matrimonio, en la misma situaci\u00f3n jur\u00eddica. El precepto cuestionado se opone, por tanto, no s\u00f3lo al Art. 14 CE, sino tambi\u00e9n al m\u00e1s espec\u00edfico, que proclama que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jur\u00eddica (Art. 32 CE ), pues no existe ninguna justificaci\u00f3n constitucionalmente aceptable para la preferencia por la normativa relacionada con el var\u00f3n” y acaba diciendo que “[…]La mera utilizaci\u00f3n de un punto de conexi\u00f3n que da preferencia al var\u00f3n supone en s\u00ed, superada la llamada neutralidad formal de las normas de conflicto, una vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad”.\n<\/p>\n

\n El anterior razonamiento obliga a analizar el ajuste del Art. 14.4 CC, en la redacci\u00f3n vigente hasta 1990 y en cuya virtud D.\u00aa Milagrosa habr\u00eda adquirido la vecindad civil navarra, como consecuencia de la opci\u00f3n efectuada por su marido en 1968. Resulta claro que los mismos argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional en relaci\u00f3n a la inconstitucionalidad del Art. 9.2 CC, se proyectan a la adquisici\u00f3n de la vecindad civil por parte de la mujer casada. La imposibilidad de que \u00e9sta adquiriera una vecindad distinta de la del marido o mantuviera la suya de origen a pesar del matrimonio constitu\u00eda una discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo que hac\u00eda ilusoria, al menos en este punto, la norma del Art. 32. 1 CE, que establece la igualdad jur\u00eddica en el matrimonio. Por ello el mismo pre\u00e1mbulo de la Ley 11\/1990 dec\u00eda que el prop\u00f3sito de dicha ley era “eliminar las discriminaciones que por raz\u00f3n de sexo a\u00fan perduran en la legislaci\u00f3n civil y perfeccionar el desarrollo normativo de la igualdad”. Esta opci\u00f3n fue tambi\u00e9n sostenida por la STS de 6 octubre 1986, aunque no hubo que aplicarla en aquel caso por tratarse de un matrimonio muy anterior a la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n. No cabe duda, pues, de la inconstitucionalidad sobrevenida de la norma contenida en el Art. 14.4 CC, por ser contraria al principio de igualdad entre los c\u00f3nyuges consagrado en los Arts. 14 y 32.1 CE, puesto que imped\u00eda a la mujer la autonom\u00eda en la adquisici\u00f3n de una vecindad civil independiente de la de su marido.\n<\/p>\n

\n B) Consecuencias de la inconstitucionalidad sobrevenida.<\/em> La consecuencia de todo lo anterior es que la norma contenida en el Art. 14.4 CC qued\u00f3 derogada por inconstitucionalidad sobrevenida en el momento de entrada en vigor de la Constituci\u00f3n en 1978.\n<\/p>\n

\n C) Los efectos de la derogaci\u00f3n del Art. 14.4 CC en la vecindad civil de D.\u00aa Milagrosa. Para determinar los efectos que dicha derogaci\u00f3n produjo en la situaci\u00f3n jur\u00eddica de D.\u00aa Milagrosa debe recordarse aqu\u00ed que a) D.\u00aa Milagrosa hab\u00eda adquirido la vecindad civil navarra como consecuencia de haberla adquirido su marido y, por tanto, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el Art. 15.5 CC, sustituido en la reforma de 1974, por el Art. 14.4 CC; b) D.\u00aa Milagrosa, aunque es redundante con lo anterior, no hab\u00eda efectuado ninguna declaraci\u00f3n de voluntad favorable a querer adquirir la vecindad; c) Est\u00e1 probado que la causante, cuya vecindad civil se discute, hab\u00eda residido siempre en Barcelona, salvo cortos periodos de tiempo.\n<\/p>\n

\n La constataci\u00f3n de que el Art. 14.4 CC hab\u00eda quedado derogado en virtud del p\u00e1rrafo 3 de la disposici\u00f3n derogatoria de la Constituci\u00f3n implica que dicha norma hab\u00eda dejado de aplicarse y que a partir de la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, nada imped\u00eda a D.\u00aa Milagrosa adquirir por s\u00ed misma la vecindad civil del lugar de su efectiva residencia, que como consta probado, fue siempre Catalu\u00f1a. D.\u00aa Milagrosa mantuvo la residencia en Catalu\u00f1a durante un periodo de diez a\u00f1os despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n por lo que adquiri\u00f3 por s\u00ed misma la vecindad civil del lugar de su residencia, que seg\u00fan las pruebas aportadas fue Catalu\u00f1a y en consecuencia, desde diciembre de 1988 ostent\u00f3 la vecindad civil catalana, en virtud de lo dispuesto en el Art. 14, 3, 1\u00ba CC, entonces vigente.\n<\/p>\n

\n D) El significado de las declaraciones posteriores de D.\u00aa Milagrosa. Esta soluci\u00f3n tropieza en el presente procedimiento, con el problema del significado de las declaraciones de D.\u00aa Milagrosa relativas que ostentaba la vecindad civil de Navarra efectuadas en dos testamentos otorgados en 1986 y 1987 y, adem\u00e1s, la declaraci\u00f3n de voluntad de querer conservarla realizada en la declaraci\u00f3n ante el Encargado del Registro civil en 1996.\n<\/p>\n

\n Antes de entrar a examinar el concreto problema planteado, debe advertirse que las normas sobre vecindad civil tienen naturaleza imperativa, de modo que la adquisici\u00f3n, p\u00e9rdida y cambio de vecindad se rigen por las reglas establecidas en el T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo civil, que no pueden ser objeto de cambio por los interesados. S\u00f3lo en aquellos casos en que la ley lo acepta, se admite la eficacia de las declaraciones de voluntad, como ocurre en los diferentes supuestos de opci\u00f3n (Arts. 14.3,4, 14.4 y 15.1 CC) y en las declaraciones de adquirir la vecindad del lugar de residencia (Art. 14.5,1\u00ba ) y de conservar la vecindad originaria (Art. 14.5,2\u00ba CC ), siempre en las condiciones y la forma establecida legalmente en las disposiciones citadas.\n<\/p>\n

\n Por ello debe concluirse que no habiendo efectuado D.\u00aa Milagrosa la declaraci\u00f3n ante el funcionario autorizado, que es el Encargado del Registro civil, la declaraci\u00f3n realizada en los testamentos otorgados en Navarra en 1986 y 1987 no tuvo el efecto del Art. 14.3,2\u00ba CC, que habr\u00eda determinado que no se adquiera la vecindad del lugar de residencia. Pero es que, adem\u00e1s, era cierto que en aquel momento ten\u00eda la vecindad civil navarra, puesto que no adquiri\u00f3 la catalana por residencia hasta el a\u00f1o 1988.\n<\/p>\n

\n Respecto de la declaraci\u00f3n efectuada en 1996 ante el Encargado del Registro civil de Pamplona, no pudo producir el denominado “efecto conservativo”, porque en el momento de efectuar la declaraci\u00f3n no ostentaba la vecindad civil navarra, sino la catalana y siendo como son las normas sobre vecindad civil de car\u00e1cter imperativo y no\n<\/p>\n

\n depender de la voluntad de las personas tener una u otra vecindad, excepto en los casos y con los requisitos establecidos en la ley vigente en cada momento, no puede darse a esta declaraci\u00f3n de voluntad el efecto que se pretende, dado que, adem\u00e1s, no resid\u00eda D.\u00aa Milagrosa en Navarra, por lo que no puede equipararse a la adquisici\u00f3n prevista en el Art. 14.5 CC, vigente en el momento de efectuar la citada declaraci\u00f3n de “conservar”.\n<\/p>\n

\n Adem\u00e1s, debe recordarse aqu\u00ed que por las mismas razones que se exponen, la declaraci\u00f3n de voluntad debe ser expresa y realizarse en la forma prevista en la ley, que por otra parte, no prev\u00e9 una declaraci\u00f3n de “conservaci\u00f3n”, que resulta in\u00fatil a los efectos de la determinaci\u00f3n de la vecindad porque o bien se ostenta la que se ostenta y que aparece determinada seg\u00fan lo legalmente establecido, o bien no es la v\u00eda correcta para adquirir otra distinta.\n<\/p>\n

\n En consecuencia, aunque por distintos argumentos a los utilizados en la sentencia recurrida, cabe concluir que D.\u00aa Milagrosa ostentaba la vecindad civil catalana en el momento de su fallecimiento, al quedar derogado el Art. 14.4 CC por la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n y tener desde esta fecha D.\u00aa Milagrosa la autonom\u00eda para adquirir una vecindad civil distinta de la de su marido por residencia de diez a\u00f1os en un lugar distinto del correspondiente a la vecindad civil que se ostenta.\n<\/p>\n

\n SEXTO.<\/strong> La opci\u00f3n concedida en la<\/em> Disposici\u00f3n transitoria de la Ley 11\/1990.\n<\/p>\n

\n Resta por examinar un punto importante en el razonamiento del recurrente, que se contiene en el segundo motivo ya resumido. Se refiere al para el recurrente, “incumplimiento” de la Disposici\u00f3n transitoria 1 de la Ley 11\/1990, que estableci\u00f3 que “la mujer casada que hubiere perdido su vecindad por seguir la condici\u00f3n de su marido, podr\u00e1 recuperarla declar\u00e1ndolo as\u00ed ante el Encargado del Registro civil en el plazo de un a\u00f1o a partir de la publicaci\u00f3n de esta Ley”.\n<\/p>\n

\n La derogaci\u00f3n de la norma del Art. 14.4 CC no produjo efectos retroactivos a las situaciones ya consolidadas con anterioridad a su entrada en vigor. Pero la doctrina que aqu\u00ed se sostiene y aplica se centra en la aplicaci\u00f3n posterior de los principios contenidos en la Constituci\u00f3n por una derogaci\u00f3n sobrevenida de la norma estudiada. En el caso que se concluya que la disposici\u00f3n transitoria transcrita tuvo como finalidad la de permitir a las mujeres casadas en la situaci\u00f3n que en ella se preve\u00eda optar por la vecindad civil de origen, sin tener en cuenta esta derogaci\u00f3n, deber\u00eda considerarse que la citada Disposici\u00f3n transitoria conten\u00eda una norma inconstitucional, por haber olvidado el legislador dicha derogaci\u00f3n por incompatibilidad con el principio de igualdad entre los c\u00f3nyuges y obligar\u00eda a esta Sala a plantear la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Art. 5.1 LOPJ obliga a los jueces a interpretar y aplicar las leyes “seg\u00fan los preceptos y principios constitucionales”, estableciendo la denominada interpretaci\u00f3n secundum constitutionem<\/em>, que debe ser utilizada en este punto por esta Sala.\n<\/p>\n

\n De acuerdo con esta t\u00e9cnica, debe entenderse que la citada Disposici\u00f3n transitoria se aplicar\u00e1 en aquellos casos en que la mujer no haya adquirido la vecindad civil de origen en el momento de entrar en vigor la ley 11\/1990, puesto que otra cosa ser\u00eda tanto como afirmar que la mujer casada sigui\u00f3 estando vinculada a la vecindad civil del marido en el periodo siguiente a la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, que consagraba el principio\n<\/p>\n

\n de igualdad entre los c\u00f3nyuges y se mantendr\u00eda en vigor una disposici\u00f3n que en este punto, limitaba la igualdad de la mujer por estar casada. La Disposici\u00f3n transitoria de la ley 11\/1990 no es la \u00fanica forma de recuperar la vecindad civil perdida por el matrimonio, puesto que segu\u00edan funcionando los distintos sistemas establecidos en el Art. 14 CE, es decir, la de residencia de dos a\u00f1os, con declaraci\u00f3n favorable y la de 10 a\u00f1os, sin declaraci\u00f3n en contra, que a partir de la derogaci\u00f3n por inconstitucionalidad sobrevenida del Art. 14.4 CE, permitieron a las mujeres casadas adquirir una vecindad distinta de la de su marido, cerrando el ciclo la citada disposici\u00f3n transitoria cuando ello no hubiese ocurrido. De este modo, al haber quedado excluido por la norma constitucional el principio de unidad familiar, la mujer casada pudo adquirir, con independencia de su c\u00f3nyuge una vecindad civil distinta de la que ostentaba su marido, cumpliendo los requisitos exigidos en el C\u00f3digo. Y ello es lo que ocurri\u00f3 en el presente caso, puesto que residiendo D.\u00aa Milagrosa en Barcelona, seg\u00fan se ha probado, adquiri\u00f3 la vecindad civil catalana en 1988, es decir, diez a\u00f1os despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, por no haber efectuado una declaraci\u00f3n en contra de la misma, por lo que al estar consolidada esta situaci\u00f3n en el momento de entrada en vigor de la ley 11\/1990, no tuvo necesidad de efectuar la opci\u00f3n prevista en la disposici\u00f3n transitoria de esta ley.\n<\/p>\n

\n S\u00c9PTIMO.<\/strong> El fraude a la ley en la adquisici\u00f3n de la vecindad civil.<\/em>\n<\/p>\n

\n El tema se plantea en los motivos s\u00e9ptimo y octavo, que se van a examinar conjuntamente.\n<\/p>\n

\n El s\u00e9ptimo motivo denuncia la infracci\u00f3n del Art. 6.4 CC por inexistencia de fraude de ley en la manifestaci\u00f3n de D.\u00aa Milagrosa de mantener su vecindad civil navarra. Dice el recurrente que D.\u00aa Milagrosa efectu\u00f3 a lo largo de su vida diversas manifestaciones de voluntad relativas a que ostentaba la vecindad civil navarra antes y despu\u00e9s de haberla adquirido por raz\u00f3n de matrimonio y que su voluntad era conservarla. Acept\u00f3 que la hab\u00eda adquirido ex lege<\/em> y en los dos testamentos que otorg\u00f3 en Pamplona manifest\u00f3 que ostentaba aquella vecindad. Al no haber ejercido nunca su derecho a no ser discriminada por raz\u00f3n de sexo, ratific\u00f3 la adquisici\u00f3n de la vecindad civil navarra, de la que no se vio privada por la entrada en vigor de la CE. Adem\u00e1s, resulta extra\u00f1o que la Audiencia declare fraudulenta la declaraci\u00f3n de querer mantener la vecindad civil navarra y, en cambio, no imponga la anulaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n, infringiendo as\u00ed los Arts. 327 CC y 2, 3 y 92 LRC. Por ello si antes de cumplirse los diez a\u00f1os de la muerte de su marido D.\u00aa Milagrosa comparece declarando que desea mantener la vecindad civil navarra y ello para evitar que pueda surtir efecto la p\u00e9rdida autom\u00e1tica, no comete un acto en fraude a la ley.\n<\/p>\n

\n El octavo motivo denuncia la infracci\u00f3n del Art. 6.4 CC, por existir fraude a la ley en la reclamaci\u00f3n de la leg\u00edtima catalana por parte del demandante D. Victorio. Argumenta que la demanda no va dirigida de forma directa a la reclamaci\u00f3n de la leg\u00edtima, sino a la impugnaci\u00f3n de la vecindad civil de D.\u00aa Milagrosa adquirida por raz\u00f3n de matrimonio; por ello la reclamaci\u00f3n de la leg\u00edtima enmascara dicha reclamaci\u00f3n por medio de la que se ejerce un derecho que tuvo la causante y que no ejerci\u00f3, por lo que constituye un aut\u00e9ntico fraude de ley porque el demandante no est\u00e1 legitimado para impugnar un derecho personal\u00edsimo.\n<\/p>\n

\n Se estiman ambos motivos.\n<\/p>\n

\n El Art. 16, 1, 2\u00aa CC, al establecer las normas sobre conflictos de leyes, se remite a lo dispuesto en el cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo preliminar, con la excepci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del Art. 12 “sobre calificaci\u00f3n, remisi\u00f3n y orden p\u00fablico”. La consecuencia es clara: se aplica el Art. 12.4 CC en el derecho interregional, que establece que “se considerar\u00e1 como fraude de ley la utilizaci\u00f3n de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa espa\u00f1ola”. En principio, por tanto, el recurrente ha equivocado la cita de la norma alegada como infringida: no se trata del Art. 6.4 CC, sino del Art. 12.4, aplicable por remisi\u00f3n del Art. 16.1 CC al derecho interregional.\n<\/p>\n

\n La aplicaci\u00f3n de esta regla ha sido objeto de discusi\u00f3n por parte de la doctrina espa\u00f1ola especialmente a partir de la sentencia de este Tribunal, de 5 abril 1994, que declar\u00f3 efectuada en fraude de ley la adquisici\u00f3n de la vecindad vizca\u00edna por unos c\u00f3nyuges que hab\u00edan residido m\u00e1s de dos a\u00f1os en una villa sometida a este Derecho, otorgando dos d\u00edas despu\u00e9s sendos testamentos que declararon sometidos al Derecho foral, en los que nombraron herederos a sus nietos y separaron de la herencia expresamente a sus dos hijos. Puede ocurrir que el cambio de vecindad obedezca a la realizaci\u00f3n de un fraude pero siempre debe probarse y no puede deducirse del simple hecho de la adquisici\u00f3n de una vecindad civil distinta de la que se ostenta. Y ello porque:\n<\/p>\n

\n 1\u00ba El cambio de la vecindad civil debe realizarse siempre por alguno de los medios previstos legalmente en el Art. 14 CC; se trata de normas que, como ya se ha dicho, exigen unos requisitos que deben cumplirse de forma imperativa.\n<\/p>\n

\n 2\u00ba Es evidente que el cambio de vecindad civil comportar\u00e1 el cambio del r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a las relaciones de quien efect\u00faa la declaraci\u00f3n o bien deja transcurrir el plazo de 10 a\u00f1os sin efectuar ninguna declaraci\u00f3n en contrario. Pero esto no admite que todo cambio deba ser considerado fraudulento, sino solo aquel que persigue una probada finalidad de defraudar la norma aplicable.\n<\/p>\n

\n 3\u00ba La igualdad entre los ordenamientos jur\u00eddicos espa\u00f1oles implica que la ley de cobertura sea igual a la ley inicialmente aplicable; por tanto, no puede utilizarse un argumento relacionado con la problem\u00e1tica de la mayor o menor legitimidad de los derechos auton\u00f3micos para considerar que existe fraude cuando se utiliza una ley que permite los cambios de vecindad civil para alterar el punto de conexi\u00f3n y as\u00ed permitir la aplicaci\u00f3n de otra ley m\u00e1s favorable a los intereses del declarante.\n<\/p>\n

\n Consecuencia de todo lo anterior es que no debe admitirse que la declaraci\u00f3n de D.\u00aa Milagrosa fuese realizada en fraude de ley, como, adem\u00e1s, concluy\u00f3 la sentencia del TSJN en la sentencia de 3 marzo 1994 con relaci\u00f3n a la vecindad civil navarra adquirida por el marido de D.\u00aa Milagrosa.\n<\/p>\n

\n Sin embargo, la estimaci\u00f3n de estos motivos no comporta la del recurso de casaci\u00f3n, porque como ya se ha dicho antes, esta fue una declaraci\u00f3n carente de utilidad al ostentar D.\u00aa Milagrosa la vecindad civil catalana cuando la efectu\u00f3 y resultar extempor\u00e1nea dicha declaraci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n OCTAVO.<\/strong> El tercer motivo del recurso denuncia la infracci\u00f3n del Art. 14 CE y la inaplicaci\u00f3n de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicaci\u00f3n del punto 3 de la disposici\u00f3n derogatoria CE. La tesis mantenida por el recurrente en este motivo consiste en que la derogaci\u00f3n del Art. 14.4 CC, aunque se produjo formalmente el 29 diciembre 1978 no pudo surtir efecto sino despu\u00e9s de publicada la Ley 11\/1990. En resumen, afirma el recurrente que desde la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, las mujeres casadas pudieron pedir la recuperaci\u00f3n de su vecindad de origen y caso de neg\u00e1rsela, haber acudido al amparo; por tanto, adquirieron un derecho a poder cambiar la vecindad civil, que se pudo ejercitar hasta el 29 de diciembre de 1993, en que este derecho prescribi\u00f3 por el transcurso de 15 a\u00f1os.\n<\/p>\n

\n No se estima este motivo.\n<\/p>\n

\n La argumentaci\u00f3n de este motivo es absolutamente artificiosa; se basa en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para reclamar el cumplimiento de un derecho fundamental. En primer lugar hay que se\u00f1alar que los derechos fundamentales rigen en cualesquiera situaciones originadas despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, aunque no cabe otorgarle una retroactividad de grado m\u00e1ximo, puesto que no pueden revisarse situaciones consolidadas antes de la entrada en vigor de la misma. Adem\u00e1s, los derechos fundamentales son irrenunciables, por aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el Art. 6.2 CC, aunque es cierto que queda a la libre voluntad de las personas decidir o no sobre la oportunidad de su ejercicio. Por tanto, al no ser necesaria el ejercicio de la opci\u00f3n, tal como ya se ha afirmado en el Fundamento s\u00e9ptimo de esta sentencia y sentados los principios generales sobre la eficacia de la Constituci\u00f3n en estos aspectos, deben rechazarse los argumentos sostenidos en este motivo. Adem\u00e1s, debe recordarse que aqu\u00ed no se trata de discutir la violaci\u00f3n de un derecho fundamental, ni del ejercicio para su protecci\u00f3n por parte de la persona afectada. Aqu\u00ed s\u00f3lo se discute cu\u00e1l es la ley aplicable a la sucesi\u00f3n de D.\u00aa Milagrosa y para ello hay que determinar su vecindad civil.\n<\/p>\n

\n Estos mismos argumentos deben considerarse suficientes para el rechazo del cuarto motivo, donde se denuncia la infracci\u00f3n de los Arts. 14 y 24.1 CE y su interpretaci\u00f3n por el Tribunal constitucional en relaci\u00f3n con los Arts. 10 y 416.1 LEC. Se dice que la acci\u00f3n que se deriva de la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales, en este caso, la igualdad, tiene el car\u00e1cter de personal\u00edsima y no puede ser ejercitada por nadie m\u00e1s que por el afectado y que la establecida en la disposici\u00f3n transitoria de la ley 11\/1990 se refiere de forma exclusiva a la mujer discriminada. Por tanto, fallecida la titular del derecho, D.\u00aa Milagrosa, nadie pod\u00eda pedir en sede jurisdiccional, que le fuera restituido el derecho conculcado.\n<\/p>\n

\n NOVENO.<\/strong> La estimaci\u00f3n parcial del recurso de casaci\u00f3n, con la aceptaci\u00f3n de los motivos s\u00e9ptimo y octavo, no implica la casaci\u00f3n de la sentencia recurrida porque dicha estimaci\u00f3n no afecta al n\u00facleo esencial del recurso. En consecuencia, se desestima el recurso de casaci\u00f3n presentado por la representaci\u00f3n procesal de D. Leonardo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 4 noviembre 2003.\n<\/p>\n

\n Las costas del recurso de casaci\u00f3n no se imponen a ninguna de las partes, por tratarse de un asunto que presenta problemas debatidos en derecho.\n<\/p>\n

\n Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espa\u00f1ol.\n<\/p>\n

\n FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n 1\u00ba Desestimar el recurso de casaci\u00f3n presentado por la representaci\u00f3n procesal de D. Leonardo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secci\u00f3n Cuarta, de 4 noviembre de 2003, dictada en el rollo de apelaci\u00f3n n\u00ba 83\/2003.\n<\/p>\n

\n 2\u00ba No ha lugar a casar la sentencia recurrida, que resulta confirmada con este alcance.\n<\/p>\n

\n 3\u00ba No imponer las costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente.\n<\/p>\n

\n L\u00edbrese a la mencionada Audiencia la certificaci\u00f3n correspondiente, con devoluci\u00f3n de los autos y rollo de apelaci\u00f3n remitidos.\n<\/p>\n

\n As\u00ed por esta nuestra sentencia, que se insertar\u00e1 en la COLECCI\u00d3N LEGISLATIVA pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.- Roman Garcia Varela.- Xavier O’Callaghan Mu\u00f1oz.- Jes\u00fas Corbal Fern\u00e1ndez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Jose Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller.-Encarnacion Roca Trias.- Rubricado.<\/strong>\n<\/p>\n

\n PUBLICACI\u00d3N.- Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMA. SRA. D.\u00aa. Encarnaci\u00f3n Roca Trias, Ponente que ha sido en el tr\u00e1mite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia P\u00fablica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el d\u00eda de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un hijo reclama la leg\u00edtima catalana en la herencia de su madre, que adquiri\u00f3 la vecindad navarra en 1968 al seguir la de su marido y vivi\u00f3 siempre en Barcelona. El Tribunal Supremo, en Pleno, desestima el recurso del hermano heredero: el art. 14.4 CC, que impon\u00eda a la mujer la vecindad del marido, qued\u00f3 derogado en 1978 por inconstitucional, la causante gan\u00f3 la vecindad catalana en 1988 por residencia y su declaraci\u00f3n de 1996 de conservar la navarra fue ineficaz, aunque no fraudulenta.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[],"materia":[1178],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11445","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","materia-derecho-interregional-conflicto-de-leyes-civiles-y-titulo-preliminar-del-codigo-civil","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11445"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11445"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11445"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11445"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}